miércoles, 28 de junio de 2017

EL DIPUTADO ARTUSI PARTICIPO EN EL FORO URBANO NACIONAL REALIZADO EN MENDOZA






El diputado provincial José Antonio Artusi (Cambiemos) participó en el Foro Urbano Nacional que tuvo lugar en Mendoza el Sábado 24 de Junio. Se trató de una jornada de trabajo organizada por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y el Programa Hábitat de Naciones Unidas, que tuvo como objetivo avanzar en la implementación en Argentina de la Nueva Agenda Urbana surgida de la cumbre de Hábitat 3 en Quito el año pasado, y generar diálogos y propuestas para alimentar la elaboración del Plan Nacional Urbano y del Hábitat. 
En la ceremonia de apertura hicieron uso de la palabra el Intendente de la ciudad anfitriona, Rodolfo Suárez, el Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el Director de ONU Hábitat, Joan Clos. Posteriormente, Fernando Alvarez de Celis, Subsecretario de Planificación Territorial y Marina Klemensiewicz, Subsecretaria de Hábitat, se refirieron a los avances en la implementación de la Nueva Agenda Urbana en nuestro país y a los retos y desafíos del Plan Nacional Urbano y del Hábitat. En el espacio de talleres se debatió intensamente en grupos de trabajo sobre diversas líneas temáticas. El diputado José Antonio Artusi fue el informante de la Mesa 22 que analizó la cuestión de la gobernanza territorial. Participaron también en la mesa intendentes y funcionarios de las provincias de Córdoba y Mendoza, y la Presidente del Concejo Deliberante de Diamante, Lelia Recalde, quienes estuvieron acompañados por funcionarios de ONU Hábitat y de organismos internacionales de crédito. En relación a las conclusiones y recomendaciones que elaboró la mesa, el legislador uruguayense planteó que "coincidimos en la necesidad de contar con una ley nacional y normas provinciales sobre ordenamiento territorial, uso del suelo y desarrollo urbano, que deberían estar articuladas con planes estratégicos de desarrollo sostenible y con mecanismos de complementación entre políticas urbanas y políticas fiscales, de modo tal de recuperar parte de los recursos que la urbanización genera para financiar programas y proyectos que hagan que el derecho a la ciudad no sea una mera declamación y llegue efectivamente a todos los argentinos". Tras la presentación de los resultados de cada taller se realizó una devolución por parte de expertos en políticas urbanas, Elkin Velázquez y Marco Kamiya, de ONU Hábitat, Martim Smolka, Director para América Latina del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, y Fernando Alvarez de Celis, del gobierno nacional. El cierre estuvo a cargo de Joan Clos, Director de ONU Hábitat, quien brindó una disertación con definiciones contundentes a favor de orientar el desarrollo urbano hacia ciudades compactas, densas, bien diseñadas, sostenibles, y que brinden calidad de vida a los ciudadanos. Entre los conceptos vertidos por Joan Clos, cabe destacar los siguientes: "La urbanización debe generar valor y prosperidad"; "la urbanización siempre genera más valor del que cuesta"; "parte del valor generado por la urbanización hay que recuperarlo y reinvertirlo"; "hay que tener mecanismos de redistribución del valor generado por la urbanización"; "la cuestión es la distribución del valor"; "necesitamos densidad bien diseñada, estamos obligados a hacer buen diseño"; "la arquitectura tiene un valor social importantísimo"; "el diseño urbano crea valor". 
El Foro culminó con la lectura y firma de la declaración final, en la que se asumieron compromisos en pos de trabajar por el logro de los objetivos de la Nueva Agenda Urbana. El diputado Artusi manifestó su satisfacción por el éxito de la convocatoria y el intenso nivel de participación, y manifestó que dialogó con los funcionarios nacionales presentes en el Foro a los efectos de "promover una legislación nacional y provincial de ordenamiento territorial y desarrollo urbano que permita orientar las inversiones públicas y privadas y regular de manera eficiente y sostenible el crecimiento de las ciudades, para avanzar en el logro de brindar a todos condiciones de vida digna y acceso al suelo y a la vivienda; a servicios básicos y espacios públicos de calidad, en definitiva, concretar el derecho a la ciudad".-
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sábado, 29 de abril de 2017

Fuerte reclamo de legisladores de Cambiemos al I.A.P.V.


Ante diversas expresiones de preocupación frente a eventuales dificultades que tendría el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) para dar respuesta a las numerosas demandas de soluciones habitacionales como producto de supuestas decisiones del gobierno nacional, los bloques de diputados y senadores de Cambiemos evaluaron la situación a partir de la cual realizaron distintas consideraciones. 
En ese sentido se indicó que entre 2008 y 2015 el IAPV finalizó, sumando viviendas del Programa FONAVI y de Programas Federales, un total de 9.211 unidades, vale decir a razón de un promedio de 1151 por año. Entre 2000 y 2003, en plena crisis, en un contexto recesivo y de bajísimos precios de nuestra producción exportable, y sólo con recursos del Programa FONAVI, se terminaron viviendas a razón de un promedio de 1.130 por año, vale decir casi la misma cantidad que en el período 2008-2015, en el que se inyectaron al sistema no sólo los recursos FONAVI, que de hecho se incrementaron como consecuencia del aumento de la recaudación fiscal, sino también una importante cantidad de fondos de los denominados "Programas Federales", que - a diferencia del FONAVI que se distribuye entre las provincias por medio de un coeficiente fijado en la ley - se fijaron de absolutamente discrecional por parte del Poder Ejecutivo Nacional, constituyendo esta herramienta una más de las que sirvieron para disciplinar gobernadores durante la "década ganada". Llama poderosamente la atención la enorme diferencia entre la cantidad de recursos con los que contó el IAPV en ambos períodos y la exigua diferencia en el logro de la cantidad de viviendas finalizadas; lo que demuestra a las claras la ineficiencia que ha venido caracterizando al instituto provincial de vivienda. Es también sorprendente que a nivel nacional, sumando lo hecho por todos los institutos provinciales de vivienda, en 2015, último año de gestión de Cristina Fernández de Kirchner, se finalizaron sólo 27.813 viviendas, menos que las 28.405 que se finalizaron en 2001 y las 36.581 en 2000, en la peor de las crisis y cuando sólo se disponía de recursos FONAVI. 
Por otro lado, es menester reconocer que el gobierno nacional del presidente Macri se encuentra empeñado firmemente en el desarrollo de un federalismo sólido y próspero en todo el territorio nacional. Este objetivo empezó a concretarse al abrir el diálogo y el intercambio de ideas entre jurisdicciones. Hasta hace no mucho tiempo era imposible imaginar las reuniones periódicas que existen entre gobernadores y funcionarios provinciales con autoridades nacionales para exponer las dificultades y buscar soluciones en conjunto. En este sentido, la preocupación del gobierno nacional por implementar políticas públicas destinadas a hacer realidad el derecho a una vivienda digna es innegable y se ve reflejada en un conjunto de programas y proyectos articulado de manera coherente. A través del Plan Nacional de Vivienda, inédito en el país, el Estado nacional ayuda de distinta manera a todos los sectores sociales para que cada vez más argentinos puedan tener su casa propia. Para los sectores sociales más vulnerables se está impulsando la construcción de viviendas sociales y proyectos de mejora del hábitat urbano; para los sectores de ingresos medios se han reformulado y mejorado las distintas líneas del ProCreAr; y para las familias con ingresos superiores a 4 veces el salario mínimo vital y móvil, se han lanzado los créditos hipotecarios con plazos de hasta 30 años y tasas bajas. No podemos dejar de señalar que en 2016 el IAPV recibió más de 830 millones de pesos de programas federales de vivienda(además de 425 millones del FONAVI), cifra sólo superada por el IPV de la Provincia de Buenos Aires, con algo más de 1.198 millones de pesos. Si hacemos la cuenta de recursos per cápita la diferencia es abrumadora a favor de Entre Ríos. Y en 2017 ya se han transferido al IAPV más de 252 millones de pesos, superando largamente lo recibido por las provincias hermanas de la Región Centro, y aún a la provincia de Buenos Aires. Si sumamos los programas de hábitat y vivienda de la Secretaría de Vivienda de la Nación, Entre Ríos recibió en lo que va del año más de 662 millones de pesos. En términos porcentuales Entre Ríos está al 26 de Abril de 2017 en el primer lugar de todo el país, con más del 10% de las transferencias para viviendas a a los diversos entes ejecutores, de modo tal que mal puede hablarse de recorte de fondos ni nada que se le parezca. 
Las autoridades del IAPV deben extremar esfuerzos para utilizar con la mayor eficiencia y transparencia posibles los recursos públicos de los que dispone, para poder dar respuesta así al enorme déficit de vivienda que sufren miles y miles de familias entrerrianas privadas todavía de este derecho fundamental, a pesar de las extraordinariamente favorables condiciones que imperaron hasta hace poco y que fueron lastimosamente desperdiciadas, como lo muestran las estadísticas oficiales sin dar lugar a ningún tipo de dudas. 
GRACIAS POR SU DIFUSION 
CARLOS M. JUAREZ PRENSA 
FOTOS: GERMAN ALDANA
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domingo, 5 de marzo de 2017

Entrevista en Impacto Regional

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jueves, 23 de febrero de 2017

SALTO GRANDE ES NACIONAL, Y ES UN PROYECTO INCONCLUSO


Por José Antonio Artusi / "... Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias...." Del artículo 40 de la Constitución de 1949. Inspiración del convencional entrerriano Arturo Sampay. Esa reforma constitucional nació viciada y tuvo como único fin la reelección de Perón, tal como lo denunciara Moisés Lebensohn en su histórico discurso en la convención; pero la nacionalización de los hidrocarburos fue un gran avance que todos haríamos bien en reivindicar, y que lamentablemente radicales y peronistas traicionamos en la reforma del 94, también generada por la posibilidad de incluir la reelección presidencial; que la sabia Constitución de 1853 no contemplaba. 
Pero volvamos al artículo 40; parece que algunos compañeros se olvidaron. Ironías de la historia, Sampay era concordiense. 
Salto Grande es nacional, mejor dicho, binacional. Entre Ríos tiene que percibir regalías y excedentes de Salto Grande como corresponde, no como durante los más de 12 años de gobiernos peronistas que retacearon recursos a las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones a partir de una resolución de Duhalde. Decir que vamos a provincializar Salto Grande es demagogia inconducente. Salto Grande, como el petróleo, es nacional. En el caso del petróleo, debería serlo, pero esa es otra historia. 
La discusión de las tarifas eléctricas pasa por otro lado; y si los recursos de la CAFESG se recuperan a partir de la paulatina normalización de los cuadros tarifarios es mucho lo que puede hacerse en se sentido a fines de promover algunas actividades estratégicas para el desarrollo regional; en vez de financiar proyectos de dudosa rentabilidad social y generalmente con sospechosos sobreprecios. 
Lo que hay que hacer con Salto Grande es finalizarla. Es una obra inconclusa. Hay que transformarla en un proyecto estratégico que haga realidad los propósitos múltiples que con acierto se incorporaron en el convenio de 1946 con este orden de prioridades: agua potable y saneamiento, navegación, energía eléctrica, riego. Sólo de esa manera podrá convertirse en una efectiva herramienta de promoción del desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de los entrerrianos.-
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viernes, 16 de diciembre de 2016

Diputados de Cambiemos proponen crear la Federación Entrerriana de Municipios

El proyecto, que ingresó al recinto de la Cámara de Diputados en la sesión del 6 de diciembre pasado, fue presentado por el radical José Antonio Artusi y firman como coautores todos los diputados del bloque Cambiemos. 
El artículo 1º de la iniciativa establece la adhesión de la Provincia a la Ley Nacional Nº 24.807, que dispone la creación de la Federación Argentina de Municipios, y convoca a las Legislaturas y gobiernos provinciales a sancionar las leyes de adhesión y “disponer las medidas gubernamentales conducentes a promover en sus respectivas jurisdicciones con el objetivo de contribuir a fortalecer el quehacer de las administraciones municipales y favorecer el desarrollo local”. Según señala el segundo artículo de la iniciativa que promueve Artusi, la Federación Entrerriana de Municipios será una “entidad pública no estatal que nucleará a los Municipios de la provincia de Entre Ríos”. Contará con personería jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones de conformidad con las capacidades reconocidas por el Código Civil Argentino a las entidades públicas no estatales. “Actuará bajo el régimen de esta ley y las disposiciones que la propia entidad adopte para reglar y ordenar su funcionamiento, conforme a los procedimientos que resulten de su estatuto orgánico y en concordancia con lo preceptuado en la presente norma”, se lee en otro de los artículos. Sus metas serán “contribuir al fortalecimiento de un sistema de democracia representativa y participativa, pluralista y federal, y defender la vigencia de la autonomía municipal”, además de constituirse en “el ámbito institucional natural de convergencia de los municipios, desarrollando acciones dirigidas a fortalecer su rol y mejorar su gestión institucional”. Otro de los objetivos de la Federación será “representar a los municipios asociados ante los Poderes Ejecutivos, Legislativos y Judiciales de la Nación y la Provincia, agencias, entidades y organismos extranjeros e internacionales, organizaciones, asociaciones y programas vinculados al quehacer municipal”. Se trata de un proyecto legislativo que establece que será una “entidad pública no estatal que nucleará a los Municipios de la provincia de Entre Ríos” • Tendrá domicilio legal en Villaguay, pero podrá funcionar en forma rotativa y periódica en cada lugar de la provincia donde decidan reunirse sus órganos de conducción”, se indica en la iniciativa a la que tuvo acceso APFDigital El proyecto también crea una “Comisión Asesora Permanente”, que estará integrada por cuatro diputados y cuatro senadores (tres por la mayoría y uno por la minoría) y tendrá como objetivo “velar por el respeto de la autonomía municipal y el federalismo” y “coordinar con el Poder Ejecutivo actividades de fomento de la autonomía, capacitación del personal, modernización de la administración municipal y promoción del desarrollo económico local”, entre otros. La Federación deberá rendir informe sobre ingresos percibidos y erogaciones realizadas ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia. “El domicilio legal y la sede de la Federación Entrerriana de Municipios se establece en la ciudad de Villaguay, pudiendo funcionar en forma rotativa y periódica en cada lugar de la provincia donde decidan reunirse sus órganos de conducción y dirección”, establece el artículo 14 del proyecto presentado por el diputado Artusi.
Fundamentos:  En los fundamentos de la iniciativa que presentó, Artusi manifestó que el proyecto “reproduce, con ligeras modificaciones, el de nuestra autoría que fuera presentado en esta Cámara el 22 de abril de 2008 y que, lamentablemente, al no ser tratado, fue archivado el 11 de abril de 2013”. Los municipios tienen problemáticas similares e intereses que suelen ser coincidentes, lo cual constituye “una razón más que suficiente para abordar la experiencia de organizar un ámbito asociativo que permita a los municipios discutir sobre problemas e intereses comunes y encontrarles soluciones en conjunto”. Otro de los puntos que se destacan es que la Federación posibilitará el abordaje de “temáticas vinculadas a la relación con la Provincia, en particular en lo que hace a la asignación de recursos financieros y al gasto público en obras”. En otro de los párrafos del proyecto al que tuvo acceso esta Agencia se aclara: “Por cierto que sería una ingenuidad suponer que la sola aprobación de un texto normativo dará vida a la Federación Entrerriana de Municipios. Lo que se propone aquí es brindar un marco jurídico básico que sirva de herramienta a los gobiernos locales de nuestra provincia para encarar la conformación de una instancia que sirva a sus necesidades, lo que redundará en beneficios sus comunidades”. 
 Fuente: APFDigital
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"La decisión de acusar es coherente y responsable"

Declaración del Bloque de Diputados Provinciales de Cambiemos: 
"El juicio político al vocal del STJ Carlos Chiara Díaz, cuya acusación fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, es un hito relevante para la sociedad y las instituciones entrerrianas, porque se puso en marcha un mecanismo constitucional al que no estamos acostumbrados. 
Los informes que recibimos, la abundante y contundente documentación que comprueba las continuas irregularidades cometidas por el vocal suspendido, a lo largo de 74 páginas de análisis y merituación de las pruebas del dictamen de la Comisión de Juicio político que acompaña este comunicado, nos eximen de cualquier comentario adicional y avalan nuestra conducta y nuestro voto. Se inició así el proceso acusatorio para que, finalmente, sea la Cámara de Senadores quien juzgue. 
Hay ciudadanos que pueden no compartir el criterio seguido por los diputados del Bloque de Cambiemos. Es comprensible. La democracia moderna se basa en la representación del pueblo y en la toma de decisiones que, necesariamente, no van a ser del agrado de todos. Ahora bien, atribuir malicia o ineptitud a quienes no hacen lo que uno quiere es, sencillamente, no comprender en qué consiste la política democrática. 
Desde el Bloque de Cambiemos hemos mantenido una actitud seria y responsable, la cual no vamos a abandonar para caer en interesadas polémicas. Tampoco contestaremos agravios infundados. 
Ocurre que para cambiar no alcanza con tener coraje: hace falta trabajar. Lejos de las estridencias de quienes creen poseer la verdad, los diputados de Cambiemos trabajamos en el marco del rutinario funcionamiento de las instituciones. Quizás sea deslucido, pero la cultura democrática requiere de la normalidad, del diálogo. Todo eso es la buena política. 
La decisión de acusar no tiene como causa ningún acuerdo de impunidad, tampoco vamos a encubrir a nadie. Muy sencillamente, el Bloque de Diputados de Cambiemos ha obrado con coherencia: fuimos quienes pedimos abrir la investigación en el primer juicio político para Chiara Díaz, que llamativamente, el justicialismo rechazó sin ni siquiera analizarlo y tuvimos la misma actitud, fundada en un intenso debate interno, con el segundo juicio sobre el mismo magistrado.
Del mismo modo, pese a su manifiesta animadversión para con el Radicalismo, que tanto sufrió el gobierno de Montiel que lo tuvo como opositor desleal, pese a los tres procesos judiciales que tiene el magistrado y que no formaban parte de la denuncia, analizamos con responsabilidad todas las pruebas de juicio, y entendimos necesario apoyar la acusación. 
Quienes ahora descubren en el vocal acusado la salvaguarda de la ética republicana, debieran recordar que fue él quien encabezó, junto a la hoy presidente del Superior Tribunal, el desguace de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la condena judicial por un viático mal asignado al Dr. Rovira, vaya paradoja. 
Asimismo, nos presentamos ante el Procurador General para pedir que investigue la versión taquigráfica del descargo del magistrado ante la Comisión de Juicio Político, para que informe si sus denuncias representan delitos de otros jueces y funcionarios allí mencionados. Y actuaremos con la misma responsabilidad en el juicio político presentado a la Presidente del Tribunal, la Dra. Mizawak, pidiendo que se abra la investigación con la misma garantía del debido proceso que tuvo en este caso el Dr. Chiara Díaz. 
El Poder Judicial en particular y las instituciones públicas de la provincia en general, comienzan un proceso de mejora en su funcionamiento y de mayor transparencia en su accionar. En eso trabajamos. 
Por eso propusimos y logramos que se eliminen los gastos reservados para el STJ en el presupuesto 2017 y, ante denuncias serias pusimos en marcha los mecanismos constitucionales de investigación y juicio justo. El mes de marzo de este año presentamos un proyecto de ley para crear la Fiscalía Anticorrupción. Es ley nuestro proyecto para que los cargos de los organismos de control se designan por concurso, y el Presidente interino del Tribunal de Cuentas ya no responde al gobierno, porque logramos que sea un funcionario de carrera. Tiene media sanción la Ley de Ética Pública. Propusimos limitar los gastos reservados, el uso de los fueros, como el de vehículos oficiales. Por citar sólo algunos ejemplos. 
No vamos a actuar nunca a escondidas de la sociedad ni de sus instituciones. No vamos a encubrir a nadie. 
A integrantes de nuestro bloque no les ha temblado la mano para presentarse ante la Justicia ante hechos de corrupción, aún antes de ser legisladores, y lo haremos cada vez que lo estimemos necesario. 
Somos un bloque opositor y así lo hemos evidenciado en numerosos proyectos presentados y en nuestras expresiones públicas. La oposición la ejercemos de modo serio y responsable. Por eso no rehuimos el debate y el diálogo maduro en busca de acuerdos transparentes, en pos de construir una genuina cultura de la democracia pluralista que el kirchnerismo procuró destruir. 
Lo que pase en los poderes del Estado lo van a saber todos los ciudadanos de esta provincia. Hace ya un año que nuestra línea de conducta como bloque ha sido la misma: debate interno franco, investigación seria de los temas y toma de decisiones claras, transparentes y efectivas. No esperen otra cosa de nosotros".- 

Bloque de Diputados de Cambiemos: Sergio Kneeteman, Esteban Vittor, Ayelén Acosta, Martín Anguiano, José Antonio Artusi, Joaquín La Madrid, Gabriela Lena, Jorge Monge, Alberto Rotman, Fuad Sosa, María Alejandra Viola.
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sábado, 15 de octubre de 2016

El radicalismo uruguayense organizó un acto en homenaje a Yrigoyen a 100 años de su primera presidencia







El pasado día 12 de Octubre se realizó un acto de homenaje a Hipólito Yrigoyen, al cumplirse el centenario de la asunción de su primera presidencia de la República. Un numeroso grupo de afiliados y simpatizantes del centenario partido y de fuerzas integrantes de Cambiemos se congregó en torno al busto que perpetúa la memoria del prócer, donde fue colocada una ofrenda floral. Posteriormente hicieron uso de la palabra la Presidente electa del Comité Provincial de la Juventud Radical, Emilia Giménez, el Presidente del Comité de Municipio, Ernesto Bulay, Julio Tomás Aguirre, integrante de la Comisión Permanente de Homenaje a Yrigoyen, y el Presidente del Comité Departamental de la UCR de Uruguay, José Antonio Artusi. En la oportunidad se anunció que se procurará instalar, en la misma plazoleta, un monumento similar que recuerde a Arturo Umberto Illia. Durante su alocución, el diputado Artusi manifestó que le gustaría que posteriormente también se incluya un busto de Marcelo de Alvear, "otro gran presidente radical con el que hemos sido a veces un poco injustos".-
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sábado, 8 de octubre de 2016

Homenaje a Hipólito Yrigoyen a 100 años de su 1ª presidencia

Resultado de imagen para Yrigoyen
La Unión Cívica Radical convoca a un Acto de Homenaje a Hipólito Yrigoyen con motivo de conmemorarse el Centenario de la asunción de su primera presidencia. 
El acto tendrá lugar frente al busto que perpetúa su memoria, en la plazoleta ubicada en Boulevard Yrigoyen entre 25 de Mayo y Urquiza, el próximo día Miercoles 12 de Octubre a las 18.30 horas. 
Se convoca por este medio a todos los afiliados y simpatizantes de la Unión Cívica Radical y a la ciudadanía en general a participar activamente en esta celebración yrigoyenista.-
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sábado, 1 de octubre de 2016

La Defensa Norte debe ser un proyecto integral

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miércoles, 21 de septiembre de 2016

LA REFORMA POLITICA EN ENTRE RIOS DEBE SER MUCHO MAS QUE UN MERO CAMBIO EN EL METODO DE VOTACIÓN


Por José Antonio Artusi 
Concurrí ayer a la jornada que realizó el Foro de la Reforma Electoral en Concepción del Uruguay, que contó con una muy buena disertación del Dr. Marcelo Bermalén y que luego permitió un rico debate coordinado por funcionarios del Tribunal Electoral. Comparto aquí, ampliadas, algunas de las reflexiones que formulé en esa oportunidad. 
En primer lugar, cabe saludar la iniciativa de desarrollar estos foros de discusión como método participativo de recibir inquietudes y puntos de vista que puedan enriquecer un proyecto del Poder Ejecutivo a enviar a la Legislatura. Los aportes de expertos con experiencia y trayectoria como el del Dr. Bermalén son muy útiles, porque generan un cúmulo de información y formación previas al debate, contribuyendo así a alejarlo de la "charla de café" o la catarsis colectiva que no acierta a diagnosticar las causas de los problemas ni mucho menos a proponer alternativas reparadoras con un mínimo rigor. 
Digamos que una verdadera reforma política, acorde a las necesidades que tenemos de consolidar y perfeccionar la democracia representativa, dista mucho de ser sólo una mera modificación en el método de votación, como si la cuestión se limitara a optar entre la boleta única en papel o la boleta única electrónica, como parece desprenderse de cierto impacto de la cuestión en los medios de comunicación. Cuando decimos "reforma política" pretendemos abarcar la reforma del sistema electoral, obviamente, pero a su vez vincularla con el régimen de partidos políticos - incluída su financiación - y otras cuestiones tales como el derecho al acceso a la información pública, la política de medios, la pauta publicitaria oficial, y la eliminación de prácticas clientelares con recursos del Estado. Y hasta podríamos decir que una reforma política que modifique en profundidad nuestras prácticas democráticas no puede escindirse de otras reformas, tales como la lucha contra la pobreza, la garantía de un ingreso mínimo indispensable para la subsistencia consagrado en el artículo 24 de la Constitución (pero no aplicado), la mejora del sistema educativo, la construcción de un modelo de seguridad social para el siglo XXI, etc.. Todo ello en la medida en que la pobreza y la marginación social extremas son incompatibles con una democracia social en la que todos tengamos los mismos derechos y las mismas posibilidades de participar en la cosa pública. 
Pero comencemos entonces, para no abarcar demasiado, con el régimen de partidos políticos. El artículo 29 de la Constitución, pendiente de reglamentación, establece claramente su carácter de "instituciones fundamentales del sistema democrático" a la vez que les otorga el monopolio de la postulación de candidatos para cargos públicos electivos. Consagra a su vez principios que deben regir su funcionamiento: democracia interna, representación proporcional de las minorías, financiamiento público, capacitación de sus afiliados, etc.. Una cuestión clave a definir, que condiciona otras como el método de votación, es si se mantiene el sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (obligatoriedad que puede referirse tanto a los ciudadanos como a los partidos, aún en caso de presentación de listas únicas), o si se retorna al antiguo sistema de elecciones internas convocadas por los propios partidos, alternativa que a su vez admite la modalidad cerrada (reservada sólo a afiliados) o bien abierta (donde pueden participar los afiliados más los ciudadanos independientes, vale decir no afiliados a ningún partido). Como suele suceder en estos casos, cada alternativa tiene ventajas y desventajas, que deben sopesarse cuidadosamente. Las PASO otorgan mayor posibilidad de participación a los ciudadanos en general, a la vez que relativizan el rol de los afiliados, por lo que han sido criticadas por debilitar el sistema de partidos. Por otro lado, al ser un proceso con participación y controles del Tribunal Electoral otorga a todos los participantes mayores garantías frente a la posible manipulación de eventuales oligarquías partidarias. En el proyecto de ley que presentamos los diputados del bloque de la UCR en el año 2010 (autoría del diputado Marcelo López) optamos por proponer en ese momento la derogación de la ley de primarias, pero es una cuestión que admite una evaluación a la luz de los resultados de los últimos procesos electorales. La crisis de los partidos políticos y del sistema que conforman es una cuestión compleja y multicausal, y pecaríamos de simplistas si se la adjudicamos en exclusividad a la implantación de las PASO. 
Otro aspecto crucial a definir gira en torno a la simultaneidad o separación de las elecciones provinciales frente a las nacionales. En el proyecto mencionado proponíamos fijar una fecha en la ley para las elecciones provinciales, en este caso el último Domingo de Septiembre, con lo que de hecho planteábamos la separación con respecto a las nacionales. La fijación por ley de la fecha del comicio quita la posibilidad de que el Poder Ejecutivo de turno especule en torno a sus propias conveniencias a la hora de determinarla; y la separación permite seguramente una mayor reflexión específica en relación a cada categoría de cargos por parte del ciudadano, disminuyendo así el efecto "arrastre". La simultaneidad genera menor cantidad de convocatorias y menores gastos, pero no parecen ser argumentos suficientes si de lo que se trata es de jerarquizar la democracia. Parece conveniente adentrarse en el análisis de la cuestión del método de votación sólo después de haber dilucidado las anteriores disyuntivas, las que podríamos plantear, sintetizando, como "primarias vs. internas" y "simultáneas vs. separadas", o al menos analizarlas de manera conjunta. Ello permitirá, facilitando el proceso de toma de decisiones, que algunas opciones se descarten de manera casi automática. Por ejemplo, si nos inclinamos por el sistema de elecciones PASO, y optamos a su vez por que se efectúen de manera simultánea con las nacionales (para citar un caso, como el año pasado), queda claro que no estaremos en condiciones de adoptar el sistema de boleta única en papel como el que tiene la provincia de Córdoba, en el que la totalidad de la oferta electoral está presente en un mismo trozo de papel. 
Yendo a los métodos de votación, y antes de abogar de manera terminante por una alternativa, digamos sin embargo algo que quedó absolutamente de manifiesto el año pasado: la boleta partidaria no va más. El proceso de diseño, impresión, distribución, disposición en el cuarto oscuro, control durante el comicio, escrutinio provisorio y escrutinio final fue un verdadero caos, quizás inédito o al menos pocas veces visto en la historia electoral, con todo lo que ello conlleva en términos de riesgo de distorsión de la voluntad popular. Genera, además, un derroche de papel absolutamente desaconsejado en términos económicos y ambientales. Descartado este sistema, que cumplió razonablemente un ciclo y aportó lo que tenía para dar, corresponde decidir con cual lo reemplazamos. Las alternativas que tenemos no son demasiadas, yo diría que básicamente 3: la boleta única en papel, la boleta única electrónica, y el voto electrónico o urna electrónica. Si dejamos de lado esta última opción, dados sus riesgos y la falta de garantías que todavía presenta, nos quedan dos, pero si consideramos que la boleta única en papel puede tener dos variantes volveríamos a tener tres; boleta única en papel para todos los cargos electivos (como en Córdoba), boleta única en papel para cada categoría de cargos (como en Santa Fe), o boleta única electrónica (como en la ciudad de Buenos Aires). En nuestro proyecto del año 2010 nos inclinábamos por la boleta única en papel que reúne la totalidad de la oferta electoral, al modo cordobés. Esta opción tiene la ventaja de la simplicidad, una única "boleta única", valga la redundancia, y una única urna, frente a cierta complejidad del modelo santafesino, con varias "boletas únicas", y varias urnas, por cada nivel o categoría de cargos. La boleta única electrónica, adoptada por la Ciudad de Buenos Aires, en principio con buenos resultados, admite sin embargo ciertas críticas que han sido formuladas en el debate de la reforma nacional, referidas por ejemplo a la posibilidad de identificar el voto con aplicaciones tecnológicas en los celulares, alimentando con ella la posibilidad de prácticas clientelares. Este sistema puede evaluarse en la medida en que estas críticas y precauciones sean lo suficientemente refutadas de manera contundente por la tecnología a aplicar y aceptadas en consecuencia por todos los partidos. De todos modos, la legislación porteña tuvo el mérito de incorporar en principio la boleta única, dejando abierta la posibilidad de acompañarla con dispositivos tecnológicos electrónicos. 
Lo que debe quedar absolutamente claro es que la reforma política que necesitamos los entrerrianos demanda un debate profundo, abierto a la participación de todos, sin apuros ni imposiciones de ninguna naturaleza, y requiere para su éxito el logro de acuerdos amplios que la legitimen. Comprometemos nuestra voluntad política de trabajar arduamente en pos de esos acuerdos.- 

José Antonio Artusi es diputado provincial del bloque Cambiemos y preside el Comité Departamental de la Unión Cívica Radical de Uruguay.-
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