sábado, 29 de abril de 2017

Fuerte reclamo de legisladores de Cambiemos al I.A.P.V.


Ante diversas expresiones de preocupación frente a eventuales dificultades que tendría el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) para dar respuesta a las numerosas demandas de soluciones habitacionales como producto de supuestas decisiones del gobierno nacional, los bloques de diputados y senadores de Cambiemos evaluaron la situación a partir de la cual realizaron distintas consideraciones. 
En ese sentido se indicó que entre 2008 y 2015 el IAPV finalizó, sumando viviendas del Programa FONAVI y de Programas Federales, un total de 9.211 unidades, vale decir a razón de un promedio de 1151 por año. Entre 2000 y 2003, en plena crisis, en un contexto recesivo y de bajísimos precios de nuestra producción exportable, y sólo con recursos del Programa FONAVI, se terminaron viviendas a razón de un promedio de 1.130 por año, vale decir casi la misma cantidad que en el período 2008-2015, en el que se inyectaron al sistema no sólo los recursos FONAVI, que de hecho se incrementaron como consecuencia del aumento de la recaudación fiscal, sino también una importante cantidad de fondos de los denominados "Programas Federales", que - a diferencia del FONAVI que se distribuye entre las provincias por medio de un coeficiente fijado en la ley - se fijaron de absolutamente discrecional por parte del Poder Ejecutivo Nacional, constituyendo esta herramienta una más de las que sirvieron para disciplinar gobernadores durante la "década ganada". Llama poderosamente la atención la enorme diferencia entre la cantidad de recursos con los que contó el IAPV en ambos períodos y la exigua diferencia en el logro de la cantidad de viviendas finalizadas; lo que demuestra a las claras la ineficiencia que ha venido caracterizando al instituto provincial de vivienda. Es también sorprendente que a nivel nacional, sumando lo hecho por todos los institutos provinciales de vivienda, en 2015, último año de gestión de Cristina Fernández de Kirchner, se finalizaron sólo 27.813 viviendas, menos que las 28.405 que se finalizaron en 2001 y las 36.581 en 2000, en la peor de las crisis y cuando sólo se disponía de recursos FONAVI. 
Por otro lado, es menester reconocer que el gobierno nacional del presidente Macri se encuentra empeñado firmemente en el desarrollo de un federalismo sólido y próspero en todo el territorio nacional. Este objetivo empezó a concretarse al abrir el diálogo y el intercambio de ideas entre jurisdicciones. Hasta hace no mucho tiempo era imposible imaginar las reuniones periódicas que existen entre gobernadores y funcionarios provinciales con autoridades nacionales para exponer las dificultades y buscar soluciones en conjunto. En este sentido, la preocupación del gobierno nacional por implementar políticas públicas destinadas a hacer realidad el derecho a una vivienda digna es innegable y se ve reflejada en un conjunto de programas y proyectos articulado de manera coherente. A través del Plan Nacional de Vivienda, inédito en el país, el Estado nacional ayuda de distinta manera a todos los sectores sociales para que cada vez más argentinos puedan tener su casa propia. Para los sectores sociales más vulnerables se está impulsando la construcción de viviendas sociales y proyectos de mejora del hábitat urbano; para los sectores de ingresos medios se han reformulado y mejorado las distintas líneas del ProCreAr; y para las familias con ingresos superiores a 4 veces el salario mínimo vital y móvil, se han lanzado los créditos hipotecarios con plazos de hasta 30 años y tasas bajas. No podemos dejar de señalar que en 2016 el IAPV recibió más de 830 millones de pesos de programas federales de vivienda(además de 425 millones del FONAVI), cifra sólo superada por el IPV de la Provincia de Buenos Aires, con algo más de 1.198 millones de pesos. Si hacemos la cuenta de recursos per cápita la diferencia es abrumadora a favor de Entre Ríos. Y en 2017 ya se han transferido al IAPV más de 252 millones de pesos, superando largamente lo recibido por las provincias hermanas de la Región Centro, y aún a la provincia de Buenos Aires. Si sumamos los programas de hábitat y vivienda de la Secretaría de Vivienda de la Nación, Entre Ríos recibió en lo que va del año más de 662 millones de pesos. En términos porcentuales Entre Ríos está al 26 de Abril de 2017 en el primer lugar de todo el país, con más del 10% de las transferencias para viviendas a a los diversos entes ejecutores, de modo tal que mal puede hablarse de recorte de fondos ni nada que se le parezca. 
Las autoridades del IAPV deben extremar esfuerzos para utilizar con la mayor eficiencia y transparencia posibles los recursos públicos de los que dispone, para poder dar respuesta así al enorme déficit de vivienda que sufren miles y miles de familias entrerrianas privadas todavía de este derecho fundamental, a pesar de las extraordinariamente favorables condiciones que imperaron hasta hace poco y que fueron lastimosamente desperdiciadas, como lo muestran las estadísticas oficiales sin dar lugar a ningún tipo de dudas. 
GRACIAS POR SU DIFUSION 
CARLOS M. JUAREZ PRENSA 
FOTOS: GERMAN ALDANA
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domingo, 5 de marzo de 2017

Entrevista en Impacto Regional

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jueves, 23 de febrero de 2017

SALTO GRANDE ES NACIONAL, Y ES UN PROYECTO INCONCLUSO


Por José Antonio Artusi / "... Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias...." Del artículo 40 de la Constitución de 1949. Inspiración del convencional entrerriano Arturo Sampay. Esa reforma constitucional nació viciada y tuvo como único fin la reelección de Perón, tal como lo denunciara Moisés Lebensohn en su histórico discurso en la convención; pero la nacionalización de los hidrocarburos fue un gran avance que todos haríamos bien en reivindicar, y que lamentablemente radicales y peronistas traicionamos en la reforma del 94, también generada por la posibilidad de incluir la reelección presidencial; que la sabia Constitución de 1853 no contemplaba. 
Pero volvamos al artículo 40; parece que algunos compañeros se olvidaron. Ironías de la historia, Sampay era concordiense. 
Salto Grande es nacional, mejor dicho, binacional. Entre Ríos tiene que percibir regalías y excedentes de Salto Grande como corresponde, no como durante los más de 12 años de gobiernos peronistas que retacearon recursos a las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones a partir de una resolución de Duhalde. Decir que vamos a provincializar Salto Grande es demagogia inconducente. Salto Grande, como el petróleo, es nacional. En el caso del petróleo, debería serlo, pero esa es otra historia. 
La discusión de las tarifas eléctricas pasa por otro lado; y si los recursos de la CAFESG se recuperan a partir de la paulatina normalización de los cuadros tarifarios es mucho lo que puede hacerse en se sentido a fines de promover algunas actividades estratégicas para el desarrollo regional; en vez de financiar proyectos de dudosa rentabilidad social y generalmente con sospechosos sobreprecios. 
Lo que hay que hacer con Salto Grande es finalizarla. Es una obra inconclusa. Hay que transformarla en un proyecto estratégico que haga realidad los propósitos múltiples que con acierto se incorporaron en el convenio de 1946 con este orden de prioridades: agua potable y saneamiento, navegación, energía eléctrica, riego. Sólo de esa manera podrá convertirse en una efectiva herramienta de promoción del desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de los entrerrianos.-
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viernes, 16 de diciembre de 2016

Diputados de Cambiemos proponen crear la Federación Entrerriana de Municipios

El proyecto, que ingresó al recinto de la Cámara de Diputados en la sesión del 6 de diciembre pasado, fue presentado por el radical José Antonio Artusi y firman como coautores todos los diputados del bloque Cambiemos. 
El artículo 1º de la iniciativa establece la adhesión de la Provincia a la Ley Nacional Nº 24.807, que dispone la creación de la Federación Argentina de Municipios, y convoca a las Legislaturas y gobiernos provinciales a sancionar las leyes de adhesión y “disponer las medidas gubernamentales conducentes a promover en sus respectivas jurisdicciones con el objetivo de contribuir a fortalecer el quehacer de las administraciones municipales y favorecer el desarrollo local”. Según señala el segundo artículo de la iniciativa que promueve Artusi, la Federación Entrerriana de Municipios será una “entidad pública no estatal que nucleará a los Municipios de la provincia de Entre Ríos”. Contará con personería jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones de conformidad con las capacidades reconocidas por el Código Civil Argentino a las entidades públicas no estatales. “Actuará bajo el régimen de esta ley y las disposiciones que la propia entidad adopte para reglar y ordenar su funcionamiento, conforme a los procedimientos que resulten de su estatuto orgánico y en concordancia con lo preceptuado en la presente norma”, se lee en otro de los artículos. Sus metas serán “contribuir al fortalecimiento de un sistema de democracia representativa y participativa, pluralista y federal, y defender la vigencia de la autonomía municipal”, además de constituirse en “el ámbito institucional natural de convergencia de los municipios, desarrollando acciones dirigidas a fortalecer su rol y mejorar su gestión institucional”. Otro de los objetivos de la Federación será “representar a los municipios asociados ante los Poderes Ejecutivos, Legislativos y Judiciales de la Nación y la Provincia, agencias, entidades y organismos extranjeros e internacionales, organizaciones, asociaciones y programas vinculados al quehacer municipal”. Se trata de un proyecto legislativo que establece que será una “entidad pública no estatal que nucleará a los Municipios de la provincia de Entre Ríos” • Tendrá domicilio legal en Villaguay, pero podrá funcionar en forma rotativa y periódica en cada lugar de la provincia donde decidan reunirse sus órganos de conducción”, se indica en la iniciativa a la que tuvo acceso APFDigital El proyecto también crea una “Comisión Asesora Permanente”, que estará integrada por cuatro diputados y cuatro senadores (tres por la mayoría y uno por la minoría) y tendrá como objetivo “velar por el respeto de la autonomía municipal y el federalismo” y “coordinar con el Poder Ejecutivo actividades de fomento de la autonomía, capacitación del personal, modernización de la administración municipal y promoción del desarrollo económico local”, entre otros. La Federación deberá rendir informe sobre ingresos percibidos y erogaciones realizadas ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia. “El domicilio legal y la sede de la Federación Entrerriana de Municipios se establece en la ciudad de Villaguay, pudiendo funcionar en forma rotativa y periódica en cada lugar de la provincia donde decidan reunirse sus órganos de conducción y dirección”, establece el artículo 14 del proyecto presentado por el diputado Artusi.
Fundamentos:  En los fundamentos de la iniciativa que presentó, Artusi manifestó que el proyecto “reproduce, con ligeras modificaciones, el de nuestra autoría que fuera presentado en esta Cámara el 22 de abril de 2008 y que, lamentablemente, al no ser tratado, fue archivado el 11 de abril de 2013”. Los municipios tienen problemáticas similares e intereses que suelen ser coincidentes, lo cual constituye “una razón más que suficiente para abordar la experiencia de organizar un ámbito asociativo que permita a los municipios discutir sobre problemas e intereses comunes y encontrarles soluciones en conjunto”. Otro de los puntos que se destacan es que la Federación posibilitará el abordaje de “temáticas vinculadas a la relación con la Provincia, en particular en lo que hace a la asignación de recursos financieros y al gasto público en obras”. En otro de los párrafos del proyecto al que tuvo acceso esta Agencia se aclara: “Por cierto que sería una ingenuidad suponer que la sola aprobación de un texto normativo dará vida a la Federación Entrerriana de Municipios. Lo que se propone aquí es brindar un marco jurídico básico que sirva de herramienta a los gobiernos locales de nuestra provincia para encarar la conformación de una instancia que sirva a sus necesidades, lo que redundará en beneficios sus comunidades”. 
 Fuente: APFDigital
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"La decisión de acusar es coherente y responsable"

Declaración del Bloque de Diputados Provinciales de Cambiemos: 
"El juicio político al vocal del STJ Carlos Chiara Díaz, cuya acusación fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, es un hito relevante para la sociedad y las instituciones entrerrianas, porque se puso en marcha un mecanismo constitucional al que no estamos acostumbrados. 
Los informes que recibimos, la abundante y contundente documentación que comprueba las continuas irregularidades cometidas por el vocal suspendido, a lo largo de 74 páginas de análisis y merituación de las pruebas del dictamen de la Comisión de Juicio político que acompaña este comunicado, nos eximen de cualquier comentario adicional y avalan nuestra conducta y nuestro voto. Se inició así el proceso acusatorio para que, finalmente, sea la Cámara de Senadores quien juzgue. 
Hay ciudadanos que pueden no compartir el criterio seguido por los diputados del Bloque de Cambiemos. Es comprensible. La democracia moderna se basa en la representación del pueblo y en la toma de decisiones que, necesariamente, no van a ser del agrado de todos. Ahora bien, atribuir malicia o ineptitud a quienes no hacen lo que uno quiere es, sencillamente, no comprender en qué consiste la política democrática. 
Desde el Bloque de Cambiemos hemos mantenido una actitud seria y responsable, la cual no vamos a abandonar para caer en interesadas polémicas. Tampoco contestaremos agravios infundados. 
Ocurre que para cambiar no alcanza con tener coraje: hace falta trabajar. Lejos de las estridencias de quienes creen poseer la verdad, los diputados de Cambiemos trabajamos en el marco del rutinario funcionamiento de las instituciones. Quizás sea deslucido, pero la cultura democrática requiere de la normalidad, del diálogo. Todo eso es la buena política. 
La decisión de acusar no tiene como causa ningún acuerdo de impunidad, tampoco vamos a encubrir a nadie. Muy sencillamente, el Bloque de Diputados de Cambiemos ha obrado con coherencia: fuimos quienes pedimos abrir la investigación en el primer juicio político para Chiara Díaz, que llamativamente, el justicialismo rechazó sin ni siquiera analizarlo y tuvimos la misma actitud, fundada en un intenso debate interno, con el segundo juicio sobre el mismo magistrado.
Del mismo modo, pese a su manifiesta animadversión para con el Radicalismo, que tanto sufrió el gobierno de Montiel que lo tuvo como opositor desleal, pese a los tres procesos judiciales que tiene el magistrado y que no formaban parte de la denuncia, analizamos con responsabilidad todas las pruebas de juicio, y entendimos necesario apoyar la acusación. 
Quienes ahora descubren en el vocal acusado la salvaguarda de la ética republicana, debieran recordar que fue él quien encabezó, junto a la hoy presidente del Superior Tribunal, el desguace de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la condena judicial por un viático mal asignado al Dr. Rovira, vaya paradoja. 
Asimismo, nos presentamos ante el Procurador General para pedir que investigue la versión taquigráfica del descargo del magistrado ante la Comisión de Juicio Político, para que informe si sus denuncias representan delitos de otros jueces y funcionarios allí mencionados. Y actuaremos con la misma responsabilidad en el juicio político presentado a la Presidente del Tribunal, la Dra. Mizawak, pidiendo que se abra la investigación con la misma garantía del debido proceso que tuvo en este caso el Dr. Chiara Díaz. 
El Poder Judicial en particular y las instituciones públicas de la provincia en general, comienzan un proceso de mejora en su funcionamiento y de mayor transparencia en su accionar. En eso trabajamos. 
Por eso propusimos y logramos que se eliminen los gastos reservados para el STJ en el presupuesto 2017 y, ante denuncias serias pusimos en marcha los mecanismos constitucionales de investigación y juicio justo. El mes de marzo de este año presentamos un proyecto de ley para crear la Fiscalía Anticorrupción. Es ley nuestro proyecto para que los cargos de los organismos de control se designan por concurso, y el Presidente interino del Tribunal de Cuentas ya no responde al gobierno, porque logramos que sea un funcionario de carrera. Tiene media sanción la Ley de Ética Pública. Propusimos limitar los gastos reservados, el uso de los fueros, como el de vehículos oficiales. Por citar sólo algunos ejemplos. 
No vamos a actuar nunca a escondidas de la sociedad ni de sus instituciones. No vamos a encubrir a nadie. 
A integrantes de nuestro bloque no les ha temblado la mano para presentarse ante la Justicia ante hechos de corrupción, aún antes de ser legisladores, y lo haremos cada vez que lo estimemos necesario. 
Somos un bloque opositor y así lo hemos evidenciado en numerosos proyectos presentados y en nuestras expresiones públicas. La oposición la ejercemos de modo serio y responsable. Por eso no rehuimos el debate y el diálogo maduro en busca de acuerdos transparentes, en pos de construir una genuina cultura de la democracia pluralista que el kirchnerismo procuró destruir. 
Lo que pase en los poderes del Estado lo van a saber todos los ciudadanos de esta provincia. Hace ya un año que nuestra línea de conducta como bloque ha sido la misma: debate interno franco, investigación seria de los temas y toma de decisiones claras, transparentes y efectivas. No esperen otra cosa de nosotros".- 

Bloque de Diputados de Cambiemos: Sergio Kneeteman, Esteban Vittor, Ayelén Acosta, Martín Anguiano, José Antonio Artusi, Joaquín La Madrid, Gabriela Lena, Jorge Monge, Alberto Rotman, Fuad Sosa, María Alejandra Viola.
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sábado, 15 de octubre de 2016

El radicalismo uruguayense organizó un acto en homenaje a Yrigoyen a 100 años de su primera presidencia







El pasado día 12 de Octubre se realizó un acto de homenaje a Hipólito Yrigoyen, al cumplirse el centenario de la asunción de su primera presidencia de la República. Un numeroso grupo de afiliados y simpatizantes del centenario partido y de fuerzas integrantes de Cambiemos se congregó en torno al busto que perpetúa la memoria del prócer, donde fue colocada una ofrenda floral. Posteriormente hicieron uso de la palabra la Presidente electa del Comité Provincial de la Juventud Radical, Emilia Giménez, el Presidente del Comité de Municipio, Ernesto Bulay, Julio Tomás Aguirre, integrante de la Comisión Permanente de Homenaje a Yrigoyen, y el Presidente del Comité Departamental de la UCR de Uruguay, José Antonio Artusi. En la oportunidad se anunció que se procurará instalar, en la misma plazoleta, un monumento similar que recuerde a Arturo Umberto Illia. Durante su alocución, el diputado Artusi manifestó que le gustaría que posteriormente también se incluya un busto de Marcelo de Alvear, "otro gran presidente radical con el que hemos sido a veces un poco injustos".-
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sábado, 8 de octubre de 2016

Homenaje a Hipólito Yrigoyen a 100 años de su 1ª presidencia

Resultado de imagen para Yrigoyen
La Unión Cívica Radical convoca a un Acto de Homenaje a Hipólito Yrigoyen con motivo de conmemorarse el Centenario de la asunción de su primera presidencia. 
El acto tendrá lugar frente al busto que perpetúa su memoria, en la plazoleta ubicada en Boulevard Yrigoyen entre 25 de Mayo y Urquiza, el próximo día Miercoles 12 de Octubre a las 18.30 horas. 
Se convoca por este medio a todos los afiliados y simpatizantes de la Unión Cívica Radical y a la ciudadanía en general a participar activamente en esta celebración yrigoyenista.-
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sábado, 1 de octubre de 2016

La Defensa Norte debe ser un proyecto integral

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miércoles, 21 de septiembre de 2016

LA REFORMA POLITICA EN ENTRE RIOS DEBE SER MUCHO MAS QUE UN MERO CAMBIO EN EL METODO DE VOTACIÓN


Por José Antonio Artusi 
Concurrí ayer a la jornada que realizó el Foro de la Reforma Electoral en Concepción del Uruguay, que contó con una muy buena disertación del Dr. Marcelo Bermalén y que luego permitió un rico debate coordinado por funcionarios del Tribunal Electoral. Comparto aquí, ampliadas, algunas de las reflexiones que formulé en esa oportunidad. 
En primer lugar, cabe saludar la iniciativa de desarrollar estos foros de discusión como método participativo de recibir inquietudes y puntos de vista que puedan enriquecer un proyecto del Poder Ejecutivo a enviar a la Legislatura. Los aportes de expertos con experiencia y trayectoria como el del Dr. Bermalén son muy útiles, porque generan un cúmulo de información y formación previas al debate, contribuyendo así a alejarlo de la "charla de café" o la catarsis colectiva que no acierta a diagnosticar las causas de los problemas ni mucho menos a proponer alternativas reparadoras con un mínimo rigor. 
Digamos que una verdadera reforma política, acorde a las necesidades que tenemos de consolidar y perfeccionar la democracia representativa, dista mucho de ser sólo una mera modificación en el método de votación, como si la cuestión se limitara a optar entre la boleta única en papel o la boleta única electrónica, como parece desprenderse de cierto impacto de la cuestión en los medios de comunicación. Cuando decimos "reforma política" pretendemos abarcar la reforma del sistema electoral, obviamente, pero a su vez vincularla con el régimen de partidos políticos - incluída su financiación - y otras cuestiones tales como el derecho al acceso a la información pública, la política de medios, la pauta publicitaria oficial, y la eliminación de prácticas clientelares con recursos del Estado. Y hasta podríamos decir que una reforma política que modifique en profundidad nuestras prácticas democráticas no puede escindirse de otras reformas, tales como la lucha contra la pobreza, la garantía de un ingreso mínimo indispensable para la subsistencia consagrado en el artículo 24 de la Constitución (pero no aplicado), la mejora del sistema educativo, la construcción de un modelo de seguridad social para el siglo XXI, etc.. Todo ello en la medida en que la pobreza y la marginación social extremas son incompatibles con una democracia social en la que todos tengamos los mismos derechos y las mismas posibilidades de participar en la cosa pública. 
Pero comencemos entonces, para no abarcar demasiado, con el régimen de partidos políticos. El artículo 29 de la Constitución, pendiente de reglamentación, establece claramente su carácter de "instituciones fundamentales del sistema democrático" a la vez que les otorga el monopolio de la postulación de candidatos para cargos públicos electivos. Consagra a su vez principios que deben regir su funcionamiento: democracia interna, representación proporcional de las minorías, financiamiento público, capacitación de sus afiliados, etc.. Una cuestión clave a definir, que condiciona otras como el método de votación, es si se mantiene el sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (obligatoriedad que puede referirse tanto a los ciudadanos como a los partidos, aún en caso de presentación de listas únicas), o si se retorna al antiguo sistema de elecciones internas convocadas por los propios partidos, alternativa que a su vez admite la modalidad cerrada (reservada sólo a afiliados) o bien abierta (donde pueden participar los afiliados más los ciudadanos independientes, vale decir no afiliados a ningún partido). Como suele suceder en estos casos, cada alternativa tiene ventajas y desventajas, que deben sopesarse cuidadosamente. Las PASO otorgan mayor posibilidad de participación a los ciudadanos en general, a la vez que relativizan el rol de los afiliados, por lo que han sido criticadas por debilitar el sistema de partidos. Por otro lado, al ser un proceso con participación y controles del Tribunal Electoral otorga a todos los participantes mayores garantías frente a la posible manipulación de eventuales oligarquías partidarias. En el proyecto de ley que presentamos los diputados del bloque de la UCR en el año 2010 (autoría del diputado Marcelo López) optamos por proponer en ese momento la derogación de la ley de primarias, pero es una cuestión que admite una evaluación a la luz de los resultados de los últimos procesos electorales. La crisis de los partidos políticos y del sistema que conforman es una cuestión compleja y multicausal, y pecaríamos de simplistas si se la adjudicamos en exclusividad a la implantación de las PASO. 
Otro aspecto crucial a definir gira en torno a la simultaneidad o separación de las elecciones provinciales frente a las nacionales. En el proyecto mencionado proponíamos fijar una fecha en la ley para las elecciones provinciales, en este caso el último Domingo de Septiembre, con lo que de hecho planteábamos la separación con respecto a las nacionales. La fijación por ley de la fecha del comicio quita la posibilidad de que el Poder Ejecutivo de turno especule en torno a sus propias conveniencias a la hora de determinarla; y la separación permite seguramente una mayor reflexión específica en relación a cada categoría de cargos por parte del ciudadano, disminuyendo así el efecto "arrastre". La simultaneidad genera menor cantidad de convocatorias y menores gastos, pero no parecen ser argumentos suficientes si de lo que se trata es de jerarquizar la democracia. Parece conveniente adentrarse en el análisis de la cuestión del método de votación sólo después de haber dilucidado las anteriores disyuntivas, las que podríamos plantear, sintetizando, como "primarias vs. internas" y "simultáneas vs. separadas", o al menos analizarlas de manera conjunta. Ello permitirá, facilitando el proceso de toma de decisiones, que algunas opciones se descarten de manera casi automática. Por ejemplo, si nos inclinamos por el sistema de elecciones PASO, y optamos a su vez por que se efectúen de manera simultánea con las nacionales (para citar un caso, como el año pasado), queda claro que no estaremos en condiciones de adoptar el sistema de boleta única en papel como el que tiene la provincia de Córdoba, en el que la totalidad de la oferta electoral está presente en un mismo trozo de papel. 
Yendo a los métodos de votación, y antes de abogar de manera terminante por una alternativa, digamos sin embargo algo que quedó absolutamente de manifiesto el año pasado: la boleta partidaria no va más. El proceso de diseño, impresión, distribución, disposición en el cuarto oscuro, control durante el comicio, escrutinio provisorio y escrutinio final fue un verdadero caos, quizás inédito o al menos pocas veces visto en la historia electoral, con todo lo que ello conlleva en términos de riesgo de distorsión de la voluntad popular. Genera, además, un derroche de papel absolutamente desaconsejado en términos económicos y ambientales. Descartado este sistema, que cumplió razonablemente un ciclo y aportó lo que tenía para dar, corresponde decidir con cual lo reemplazamos. Las alternativas que tenemos no son demasiadas, yo diría que básicamente 3: la boleta única en papel, la boleta única electrónica, y el voto electrónico o urna electrónica. Si dejamos de lado esta última opción, dados sus riesgos y la falta de garantías que todavía presenta, nos quedan dos, pero si consideramos que la boleta única en papel puede tener dos variantes volveríamos a tener tres; boleta única en papel para todos los cargos electivos (como en Córdoba), boleta única en papel para cada categoría de cargos (como en Santa Fe), o boleta única electrónica (como en la ciudad de Buenos Aires). En nuestro proyecto del año 2010 nos inclinábamos por la boleta única en papel que reúne la totalidad de la oferta electoral, al modo cordobés. Esta opción tiene la ventaja de la simplicidad, una única "boleta única", valga la redundancia, y una única urna, frente a cierta complejidad del modelo santafesino, con varias "boletas únicas", y varias urnas, por cada nivel o categoría de cargos. La boleta única electrónica, adoptada por la Ciudad de Buenos Aires, en principio con buenos resultados, admite sin embargo ciertas críticas que han sido formuladas en el debate de la reforma nacional, referidas por ejemplo a la posibilidad de identificar el voto con aplicaciones tecnológicas en los celulares, alimentando con ella la posibilidad de prácticas clientelares. Este sistema puede evaluarse en la medida en que estas críticas y precauciones sean lo suficientemente refutadas de manera contundente por la tecnología a aplicar y aceptadas en consecuencia por todos los partidos. De todos modos, la legislación porteña tuvo el mérito de incorporar en principio la boleta única, dejando abierta la posibilidad de acompañarla con dispositivos tecnológicos electrónicos. 
Lo que debe quedar absolutamente claro es que la reforma política que necesitamos los entrerrianos demanda un debate profundo, abierto a la participación de todos, sin apuros ni imposiciones de ninguna naturaleza, y requiere para su éxito el logro de acuerdos amplios que la legitimen. Comprometemos nuestra voluntad política de trabajar arduamente en pos de esos acuerdos.- 

José Antonio Artusi es diputado provincial del bloque Cambiemos y preside el Comité Departamental de la Unión Cívica Radical de Uruguay.-
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domingo, 7 de agosto de 2016

SE REFORMO LA CARTA ORGANICA DE LA UCR DE ENTRE RIOS



Este sábado en la ciudad de Villaguay se llevó a cabo el Honorable Congreso Partidario de la UCR presidido por la mesa del mismo encabezada por Luis Kirpach (Islas del Ibicuy) en el cuál se reformó la Carta Orgánica con el objeto de adaptarla a la legislación vigente y modernizarla en consonancia a los tiempos que corren. En primer lugar se otorgó la posibilidad de votar a las autoridades partidarias a los afiliados de la Juventud Radical que hasta el día de hoy no podían hacerlo hasta cumplir los 30 años, esto era una deuda de larga data con los jóvenes que viene a dar nuevos vientos a nuestro partido. Coincidiendo con la postura con respecto a la necesidad de reformar el sistema electoral provincial y nacional, implementaremos la boleta única a partir de la próxima elección interna, reduciendo considerablemente los costos de confección de las mismas y transparentando aún más los comicios. Las minorías partidarias a partir de ahora van a ser representadas proporcionalmente en los vocales, el Congreso y la convención nacional a través de sistema Dont, cumpliendo con una gran demanda de la dirigencia y los afiliados. Los plenarios departamentales estarán compuestos por las fuerzas vivas del partido que son las autoridades partidarias y los representantes en cargos electivos de cada departamento. Esto hará que funcionen y sirvan para que todo afiliado emita su opinión ya que tendrán voz. A los efectos de trabajar y propugnar políticas en favor de la mujer y la diversidad sexual, cultural, social y religiosa se crean dos áreas en la órbita partidaria para que aborden estas temáticas. Se fija en este sentido también la integración en los organismos partidarios en un 30% como mínimo y un máximo del 70% de ambos sexos. Se crea el Tribunal electoral y el tribunal de ética partidario que hasta el día de hoy funcionaban juntos. Esto brinda un organismo abocado exclusivamente a los comicios internos con la independencia que requiere el caso y otro para cuidar y velar por la ética y moral partidaria investigando y juzgando las faltas a la Carta Orgánica. Se simplificó la convocatoria a elecciones para los comités de ciudad y comunas, se cambio el nombre del rectorado por "instituto" y se armonizó la forma de elección de los Diputados Provinciales cumpliendo así con la normativa electoral Se modernizó el sistema de citación de los congresales permitiendo el electrónico y se hace mas facil el sistema de presentación de listas partidarias. Con respecto al financiamiento partidario se realizó una gran apuesta, el partido mejoró la forma de recaudar los aportes haciéndolo más eficaz y directo. Ante esto el Presidente del Comité Provincial Fuad Sosa declaró "Hoy podemos decir que el partido esta funcionando, encaminado y cada día somos más fuertes demostrando que tomamos la posta y estamos a la altura de las circunstancias." "Fortalecer la UCR para consolidar Cambiemos es nuestra premisa, y con este arduo trabajo que fue reformar la Carta Orgánica estamos siguiendo ese camino. Se recorrió la provincia permitiendo que cada afiliado dé su opinión y plantee su reforma para que sea votada en el Congreso, que fue transversal a todos los grupos internos ya que todos estábamos de acuerdo en que había que reformarla" "Esto demuestra que los radicales unidos logramos grandes cosas, hay que seguir trabajando porque queda mucho por hacer pero los pilares de esta obra ya están plantados y tengo la tranquilidad de que hoy tenemos un partido activo."
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domingo, 20 de marzo de 2016

TEXTO COMPLETO DE LA DECLARACIÓN DEL CONGRESO PROVINCIAL DE LA UNIÓN CÍVICA RADICAL DE ENTRE RÍOS

 
SITUACION NACIONAL 
A 100 días del inicio del gobierno nacional de Cambiemos, el Congreso Provincial de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos considera necesario efectuar un balance y poner en perspectiva los retos y desafíos que tendrá que enfrentar de aquí en adelante. 
La estrategia política y electoral que derivó en la construcción del frente Cambiemos, del que la Unión Cívica Radical fue activo impulsor y protagonista, demostró ser la adecuada para lograr el objetivo básico que el escenario del 2015 reclamaba: evitar la continuidad del Frente para la Victoria en el poder y lograr de ese modo la alternancia en el gobierno y la restitución del equilibrio político en nuestro país. El esfuerzo comprometido y responsable de militantes, dirigentes y candidatos de la Unión Cívica Radical a lo largo y a lo ancho del país fue clave para el logro de aquel triunfo y no hubiera sido posible sin él. El radicalismo entendió que era hora de privilegiar los reclamos más legítimos de un sector mayoritario de la sociedad en pos de recuperar la República, aún a sabiendas que ello conllevaría a tener que declinar en muchos casos legítimos intereses partidarios o personales. 
El peso de la gravosa hipoteca dejada por 12 años de desgobierno del peronismo kirchnerista no puede dejar de exhibirse con total claridad a la sociedad argentina. Hemos heredado problemas de todo tipo, y consideramos necesario alertar acerca de la dimensión y la gravedad de tales déficits a la hora de analizar los aciertos y errores de la administración encabezada por el Presidente Macri al intentar solucionarlos. 
En el campo económico, a pesar del “viento de cola” que sopló durante buena parte de las gestiones kirchneristas de la mano de la recuperación de los precios de nuestros bienes exportables y la baja de las tasas de interés, nos dejaron un país con altísima inflación y déficit fiscal, que no aprovechó adecuadamente la mejor oportunidad de la historia para modificar en profundidad su estructura productiva. El atraso tarifario, la distorsión del mercado de cambios, la destrucción del INDEC, las trabas al sector agropecuario y agroindustrial, la desinversión en materia de infraestructura, el atraso tecnológico, el manejo irresponsable de la deuda externa, la falta de acceso al crédito y muchas otras cuestiones conspiraron para debilitar la economía argentina y postergar su desarrollo. 
En el campo social, más allá de cierta retórica grandilocuente vociferada por los aparatos oficiales de propaganda, la realidad indica que no se avanzó de manera significativa en términos de reducción de la pobreza y la indigencia, y hoy tenemos un país con una distribución del ingreso más desigual que en los ´90. La marginación social y las dificultades de los sectores más desposeídos para satisfacer derechos humanos básicos como el acceso al trabajo digno, la educación, la salud y la vivienda son evidentes. En materia de inseguridad y penetración del narcotráfico hemos involucionado de manera notable. 
En la esfera política tuvimos durante más de una década gobiernos que desplegaron un autoritarismo populista, clientelar y demagógico, que intentó hasta sus últimos días ocultar su verdadero rostro a través del bombardeo de un sistema de propaganda en medios públicos y privados con generoso y poco transparente financiamiento estatal. La voluntad de hegemonía política se evidenció en la falta de diálogo con la oposición, la descalificación sistemática de todo aquel que osara cuestionar el falaz relato oficial, la degradación del Congreso como ámbito de debate plural y construcción de acuerdos, la manipulación de la Justicia, y la deliberada destrucción del federalismo fiscal como método de disciplinamiento de gobernadores e intendentes. Todo ello en el marco de un escandaloso e inédito clima de corrupción y saqueo de recursos públicos como parte de una estrategia de construcción política y búsqueda de la eternización en el poder por parte de funcionarios y empresarios que no pueden bajo ningún punto de vista justificar el sideral aumento de sus patrimonios. 
No puede obviarse que el gobierno de Cambiemos debió comenzar a trabajar desde esta pesada herencia para encarar el enorme desafío de encarrilar a la Argentina en la senda de la reconstrucción de las instituciones republicanas y en la generación de condiciones económicas que permitan progresar de manera sostenida hacia una sociedad más justa y solidaria. Es por ello que valoramos los anuncios del Presidente Macri en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación vinculados con el objetivo de profesionalizar y transparentar el Estado al servicio de todos los ciudadanos, en especial de los que menos tienen. Consideramos imperioso avanzar de manera decidida y rápida en la concreción de algunos anuncios efectuados en esa oportunidad, dirigidos a recomponer el poder adquisitivo de los argentinos de menos recursos y comenzar a resolver las numerosas deudas sociales que dejó la anterior administración: devolución del IVA para los productos de la canasta básica alimentaria, actualización automática de los montos de jubilaciones y asignaciones familiares, acceso verdaderamente universal a la AUH, aumento del mínimo no imponible y corrección de las escalas del impuesto a las ganancias en los salarios, atención de los juicios jubilatorios y diseño de una respuesta sustentable al reclamo del 82% móvil, universalidad de la educación a partir de los 3 años, etc.. Muchas de estas propuestas vienen siendo objeto de iniciativas de legisladores de nuestro partido. Saludamos en especial el compromiso de llegar al fin del presente mandato presidencial con la concreción por ley del Ingreso Ciudadano a la Niñez como un derecho universal, y como antesala de un sistema integral de seguridad social basado en la noción del ingreso ciudadano, que nos permita construir una sociedad más equitativa y acorde con el ideal de la democracia social que siempre defendimos y defenderemos. Algunas medidas dolorosas pero inevitables que debieron tomarse para revertir desequilibrios que se acumularon de manera irresponsable en el pasado deberán no obstante tener como complemento acciones destinadas a morigerar sus efectos sobre los sectores más vulnerables de la población. A modo de ejemplo, dejar sin efecto los aumentos de las tarifas eléctricas en las zonas del país que no dispongan de red domiciliaria de provisión de gas natural, tal como ha sido propuesto por legisladores nacionales de la UCR. 
En el plano institucional, a 100 años del inicio del primer gobierno del Presidente Hipólito Yrigoyen, cuyo legado progresista y transformador reivindicamos con legítimo orgullo, consideramos también necesario avanzaren el camino de la reforma política y electoral, en pos de garantizar la transparencia y pureza de los comicios y jerarquizar los partidos políticos como actores insustituibles del sistema representativo. Creemos a su vez que es menester dar pasos concretos en pos de hacer efectivo el derecho al acceso a la información pública para transparentar la gestión, prevenir la corrupción y fomentar la posibilidad efectiva de la participación ciudadana. El reciente proyecto de ley de acceso a la información pública presentado por diputados nacionales de nuestro partido constituye un testimonio concreto de este compromiso. En lo atinente al federalismo, no podemos dejar de señalar que lo que no quiso hacer el kirchnerismo en 12 años lo deberá hacer el gobierno de Cambiemos en 4: restituir a las provincias de manera gradual y sostenible el 15% de la coparticipación que se destina a la ANSES y ya es una realidad concreta la eliminación de las retenciones a las economías regionales, recomponiendo de esta manera el federalismo fiscal y la autonomía de las provincias, en un marco de diálogo respetuoso y construcción común de un proyecto integral de desarrollo. Consideramos también, que estamos ante el peligro de cometer errores que podrían ser difíciles de reparar. Es el caso, por ejemplo, del decreto 267/2015 del Gobierno nacional en materia de comunicaciones, que ha abierto la puerta a una preocupante distorsión en el campo de los negocios de la provisión de servicios de radio y televisión. Hacemos nuestras en ese sentido las palabras del Presidente del Comité Nacional de la UCR, José Corral: “somos parte de un Gobierno al que apoyamos, pero sin dejar de decir lo que pensamos, porque esa es también nuestra función”.- 
SITUACION PROVINCIAL 
Tras doce años de gobiernos surgidos del peronismo, 4 de Busti y 8 de Urribarri, ha quedado claramente demostrada, a pesar de la formidable oportunidad que significó el contexto internacional, la incapacidad de estas gestiones para administrar con transparencia y eficiencia el Estado provincial. Especialmente preocupante es el incontrolable déficit fiscal y el endeudamiento heredado de la gestión de Sergio Urribarri, producto de 8 años de manejo irresponsable y hasta temerario de las cuentas públicas provinciales. Este desgobierno de las finanzas ha tenido como consecuencia la generación de enormes dificultades para continuar con la ejecución de obras públicas que se encontraban en marcha, provocando en muchos casos la paralización de las mismas. El déficit crónico como producto de un desmedido aumento del gasto público, sin que ello implique mejores prestaciones a los ciudadanos, ha llevado a la necesidad de un creciente endeudamiento a tasas usurarias, incluso para solventar gastos corrientes. Al momento de la finalización del mandato se hizo incluso evidente que el gobierno provincial tenía serias dificultades para abonar los sueldos de la administración pública, circunstancia que desde la UCR veníamos denunciando reiteradamente. De no haber sido por los adelantos de coparticipación que se instrumentaron desde el gobierno nacional estas dificultades hubieran sido aún mayores en los primeros meses de la gestión del Gobernador Bordet. Condenamos el oportunismo hipócrita de reclamar que se cumpla de inmediato la restitución a las provincias del 15% de la ANSES por parte de quienes no lo hicieron, ni como gobernador ni como intendentes, en los últimos 8 años. Si el Gobernador Bordet considera que incurriría en incumplimiento de los deberes de funcionario público si no reclamara lo que de todos modos el gobierno nacional se ha comprometido a reconocer, está tácitamente reconociendo que el Gobernador Urribarri incurrió en dicho incumplimiento, a pesar de la propuesta que hicieran diputados radicales en ese sentido durante su primer mandato. Consideramos injusto que todos los entrerrianos tengan que pagar la fiesta populista de Urribarri, con aumentos desmedidos de impuestos en una provincia que ya de por sí es una de las que mayor carga impositiva ejerce sobre sus ciudadanos y productores, afectando de esta manera la competitividad de nuestra economía y colocando a la provincia en una situación desventajosa en el contexto de la Región Centro y la Mesopotamia. Mientras el desmanejo del gobierno provincial se venía ocultando sistemáticamente a la ciudadanía, los hechos de corrupción se iban enquistando en el seno del poder, acompañando al descalabro financiero hechos ilícitos que además configuraban verdaderos “papelones” del gobernador Urribarri y algunos de sus funcionarios, entre tantos otros la presentación en Uganda de la fábrica de cosechadoras truchas financiada con fondos públicos, la cancelación fraudulenta de deudas millonarias de contribuyentes ante la ATER, la contratación directa – sin ningún tipo de licitación ni control – de la organización de eventos de la cumbre del Mercosur en la ciudad de Paraná, el financiamiento con fondos públicos del “sueño entrerriano” que incluyó hasta un parador en la costa atlántica, la contratación directa en innumerables oportunidades de publicidad oficial en diversos medios, el enriquecimiento desmedido del ex gobernador y sus familiares y la participación injustificada en sociedades de constitución por personas y en domicilios que resultan, por lo menos, sospechosos. Sin perjuicio de que el actual gobernador miró para el costado cuando se sucedían los hechos antes indicados, e incluso ponderaba sin sonrojarse al gobierno de su antecesor, creemos que es una obligación ineludible para el actual gobierno provincial el dar la información necesaria y precisa del real estado de situación en que se recibió la administración. Consideramos a su vez que el Sr. Gobernador debe dar muestras concretas de un compromiso en pos de transparentar la administración y luchar en serio contra la corrupción. No constituye un buen ejemplo en este sentido la obstinación en designar funcionarios acusados de conductas reñidas con la correcta administración de bienes públicos. Es a su vez imprescindible que el Poder Judicial actúe investigando y condenando a los culpables de hechos de corrupción que no deben quedar impunes. A pesar de haber transcurrido casi 8 años de la sanción de la reforma de la Constitución Provincial, muchos de los nuevos derechos e institutos incorporados al texto constitucional carecen de aplicación práctica como producto de la falta de voluntad política que el peronismo ha tenido tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo. Constituyen asignaturas pendientes, entre otras, el garantizar el derecho al acceso a la información pública, la reglamentación de la publicidad oficial, el derecho a un ingreso mínimo (Art. 24), el Consejo Económico y Social, la designación del Defensor del Pueblo (a pesar de contar con la ley), el ente a cargo de la política ambiental, el fiscal anti-corrupción (art. 208), el régimen de comunas, etc.. El radicalismo ha presentado a través de sus legisladores numerosos proyectos tendientes a reglamentar y aplicar estos institutos, y aspiramos a que en el actual período se avance de manera significativa en este sentido. Al igual que en el ámbito nacional, consideramos necesario que los poderes del Estado, los partidos políticos, las universidades y las organizaciones de la sociedad civil se involucren en un debate amplio que nos permita generar acuerdos en torno a una profunda reforma política y electoral. Nuestros bloques legislativos han presentado en los dos últimos períodos legislativos iniciativas en tal sentido, que ponemos a disposición de todos como aportes a la discusión de ideas. Los entrerrianos tenemos una provincia endeudada y quebrada, con un Estado ineficiente y opaco, que no presta como corresponde los servicios básicos que la ciudadanía demanda, con notorios déficits de infraestructura que dificultan que el aparato productivo se pueda insertar de manera competitiva en la región y en el mundo en la era de la información. La salud y la educación públicas evidencian una crisis estructural que hace que muchos entrerrianos deban buscar en el sector privado las respuestas que el Estado debería brindar, generando de esta manera una sociedad fragmentada y que condena a muchos ciudadanos a recibir prestaciones insuficientes, en lo que constituye una injusticia flagrante, incompatible con la sociedad solidaria con la que soñamos. 
Como en el escenario nacional, la inseguridad y la penetración del narcotráfico y sus vínculos mafiosos con el poder se han agravado de manera notoria. A diferencia de lo que sucedió a nivel nacional, la constitución del Frente Cambiemos no alcanzó para lograr un cambio de signo político en el gobierno provincial, pero sí constituyó la herramienta electoral que permitió recomponer el equilibrio en la Legislatura y en muchos concejos deliberantes, así como recuperar numerosos municipios y comunas, en su mayoría gobernados por hombres y mujeres de la Unión Cívica Radical, entre ellos la ciudad capital de la provincia. 
El cambio que no fue posible en el 2015 deberá serlo en 2019 y por ello exhortamos a los partidos políticos con los que construimos Cambiemos a consolidar esta experiencia frentista, sobre la base del respeto mutuo y el diálogo permanente, de manera que trabajando en el fortalecimiento del frente afrontemos el desafío electoral de las legislativas de 2.017 y de cambio de gobierno del 2019 asegurando un triunfo en ambas instancias.- Se observan algunas dificultades en este sentido, por lo menos por ahora, dificultades que no tienen que ver solamente con la falta absoluta de integración de dirigentes de nuestro partido en los distintos cargos que dependen del Gobierno Nacional en Entre Ríos, sino con la inexistencia de un espacio institucional donde se debata, se definan y se asuman las distintas tomas de decisiones políticas que se encuentran definiendo unilateralmente en nombre del frente. No emitimos juicio, y tampoco avalamos, la decisión de incorporar a cambiemos dirigentes del peronismo que no integran la coalición, pero si pretendemos ser parte del ámbito donde se planifican y se toman este tipo de decisiones.- Por ello exigimos concretamente la conformación de una mesa provincial de Cambiemos, que deberá ser integrada mayoritariamente por la UCR y el PRO, donde se definan las políticas y se tomen las decisiones hacia el interior del espacio y hacia la sociedad, y que hasta que ello no suceda se desista de avanzar unilateralmente en la toma de decisiones.- 
El radicalismo entrerriano debe aportar a la consolidación de Cambiemos desde su propia identidad y su propia historia, que reivindicamos con orgullo a 125 años de la fundación de nuestro partido. Convocamos por lo tanto a todos nuestros militantes y dirigentes a trabajar denodadamente en pos de la unidad, fortalecimiento, modernización y movilización de la Unión Cívica Radical. En todos los departamentos, a lo largo y a lo ancho de la geografía provincial, en todas sus comunas y municipios, siendo oposición u oficialismo, los radicales seguimos teniendo el enorme desafío de construir una alternativa política que interprete los anhelos de los entrerrianos, para construir la provincia próspera, democrática, igualadora y libertaria que soñaron nuestros próceres.- 
Paraná, 19 de Marzo de 2016.
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jueves, 3 de marzo de 2016

Homenaje a "Rubito" Sosa

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