jueves, 29 de noviembre de 2007

Educación: sin cambios a la vista

Por Nélida Baigorria

El 20 de octubre se publicó en LA NACION, con el título “La mediocridad educativa en América latina”, un artículo del periodista Andrés Oppenheimer. Después de un viaje por los estados asiáticos, documenta la alta calidad de sus sistemas educativos y la compara con la mediocridad de los de América latina. Ejemplifica cómo, en busca de la excelencia, en la India, los niños, cuyos padres desean inscribirlos en jardines de infantes deben rendir examen para obtener la admisión y establece, entonces, la diferencia con lo que ocurre en América latina, donde en muchos países de la región “hay tan poco énfasis en la calidad de la educación que uno puede ir desde el jardín de infantes hasta las grandes universidades, como la Universidad Autónoma Nacional de México o la de Buenos Aires, sin jamás haber tenido que aprobar un examen de admisión”. Agrega el autor que ese trabajo de investigación y cotejo surgió a raíz de un informe del Banco Mundial sobre la calidad de la enseñanza en América latina, cuya calificación incluyó “una crítica devastadora”.

Siete días después, el seis de noviembre, este diario publicó otro trabajo atinente a la cuestión educativa, escrito por Claudio Escribano, enviado especial al Foro Iberoamérica, en Santiago de Chile. En las exposiciones de los representantes de los distintos países hubo coincidencias absolutas en cuanto al valor de la educación para el desarrollo de los pueblos y el perfeccionamiento humano. El columnista, con gran acierto, destaca la intervención del politicólogo argentino Natalio Botana cuando recordó, en el Foro, que desde 1840 Manuel Montt –presidente de Chile, además de protector de Sarmiento– sostenía que sin educación gratuita, obligatoria y laica no se construye ciudadanía.

Sergio Ramírez, ex vicepresidente de Nicaragua, habló del carácter de la brecha en este momento histórico: “Antes los extremos de la desigualdad iban de quienes tenían más a quienes tenían menos. Ahora, entre quienes saben más y quienes saben menos”. En cuanto al criterio sustentado por los representantes del mundo empresario, Escribano tomó nota de las palabras del paulista Roberto Teixida al referirse a los avances que en el terreno educativo se están produciendo en la gestión del presidente Lula da Silva. “Antes, los personajes más importantes de un gobierno eran el ministro de Economía y el presidente del Banco Central; ahora son los ministros de Educación y Salud.”

La lectura de estas definiciones de políticos, intelectuales y empresarios exhuma de nuestros recuerdos la ardua lucha que durante décadas libramos muchos argentinos en defensa de la educación popular como primer motor para investir de dignidad la vida personal y garantizar, simultáneamente, el avance del país hacia el desarrollo y el estado de bienestar de su pueblo.

Sin embargo, y pese a la incesante brega, nunca pudimos vencer la progresiva destrucción de nuestro brillante sistema educativo. Nacido a fines del siglo XIX, su concepción filosófica parecería ser hoy el numen que inspira a las naciones que están a la vanguardia del mundo y a aquellas, cuyas armas básicas para derrotar el subdesarrollo son las que brinda la educación de su pueblo.

El ejemplo de la pequeña Finlandia, que encabeza la nómina de las naciones con la mejor calidad de enseñanza –además, brindada por el Estado–, debería inducirnos a un acto de contrición por el bien perdido.

¿Qué lugar ocupa la Argentina frente a países que, hasta ayer colonias o protectorados, mueven todos sus recursos para asegurar el derecho humano concretado en el lema “educación para todos”? ¿Se cumple en nuestra tierra la categórica certeza del empresario brasileño en el sentido de que el ministro de Educación es el funcionario más importante del gabinete presidencial? ¿La educación popular es prioridad auténtica en la gestión del Gobierno, lo fue en las enunciaciones electorales de todos los candidatos o se trató sólo de un recurso dialéctico y de buen tono para atraer los votos que se juzgan imprescindibles, con el fin de saciar las enfermizas ansias de poder que aquejan a tantos políticos al margen de todo compromiso ético?

El 28 de octubre, los argentinos nos pronunciamos, en un proceso electoral extraordinariamente complejo, en el que la hibridación de los partidos políticos tradicionales y la denigrante aparición de las listas colectoras determinaron que gran parte de la ciudadanía dudara tanto antes de emitir su voto como para no haber tenido, en absoluto, el fervor cívico de otros comicios. La campaña previa fue opacada por la ausencia de debates para confrontar ideas. Hubo una medrosa actitud de ciertos candidatos ante temas que pudieran generar la repulsa de grupos de presión poderosísimos y, con ella, frustrar su acceso a una banca o a un cargo ejecutivo. Todo ello impulsó a que la cuestión educativa se diluyera en el discurso retórico con los ditirambos y los lugares comunes que por su vacuidad revelan que nada habrá de cambiarse. Tal vez, alguna estructura que no afecte el gobierno de la educación y el principio de la subsidiariedad del Estado.

En efecto: en la campaña electoral todos hablaron del “cambio”. Hasta se asistió a una sorprendente transformación en la personalidad de ciertos candidatos. En lugar de la incontinencia verbal ríspida y agresiva, que parece no producir réditos en las urnas, se escogió un tono de templanza, por consejo, sin duda, de algún asesor de imagen que conoce el pensamiento de los clásicos griegos acerca de la necesidad de practicar esa virtud en el ejercicio de la función pública.

¿Se trataron, acaso, los aspectos filosóficos que establecen la teleología del proceso educativo? Con millones de argentinos que no han concluido la escuela primaria o que padecen alguna de las formas de analfabetismo, ¿podrán elegir los padres la educación que quieren para sus hijos, cotejar planes de estudio, exigir garantías de calidad pedagógica? ¿Qué ocurriría con esas familias desguarnecidas si el Estado democrático, en aras del principio de subsidiariedad, no siguiera el mandato constitucional y no ejerciera el derecho inalienable de garantizar para todos los habitantes la igualdad de oportunidades?

¿Se conoce alguna propuesta acerca del hombre que queremos formar, de la armónica correlación entre ciencias y humanidades, de los fines y objetivos de la educación, del Estatuto del Docente, de las camarillas corporativas vitalicias que ejecutan a pie juntillas las teorías abstrusas surgidas de gabinetes que no conocen aula, tiza y pizarra, porque se movieron siempre en el mundo de los contratos con organismos nacionales o internacionales de donde proceden sus frondosos currículos, del destierro del facilismo, que destruyó el hábito del trabajo, fomentó la indisciplina, apañó la violencia, suprimió las mesas examinadoras para la promoción final, humilló al docente con sugerencias indecorosas, siempre subrepticias, para ocultar el fracaso escolar y la deserción con la presencia en clase de repetidores e insolentes; de la calidad de la enseñanza, los aportes estatales y la competencia de los títulos “oficiales” que otorga el sector de propiedad privada?

No hay respuesta para estos interrogantes porque no figuraron en la agenda del proselitismo político. El sociólogo Filmus y sus adláteres de Flacso –institución de la cual el Ministerio de Educación semeja una filial– ya han consumado su objetivo con dos leyes de las que fueron “partícipes necesarios” o ejecutores (la ley federal, en 1993, y LA NACIONal, en 2006). En ambas el principio de subsidiariedad del Estado queda en resguardo, y fue perfeccionado en la última con nuevas atribuciones, para despejar el camino hacia una total privatización de la enseñanza. Tal es el logro soñado por las corporaciones educativas de propiedad privada, sean éstas religiosas o laicas.

El artículo de Oppenheimer también nos incluye. Seguiremos con nuestra mediocridad educativa, porque la mayoría relativa del pueblo ha dado el beneplácito con su voto, y la oposición, fragmentada, no se ha expedido. Por otra parte, el designado ministro de Educación, profesor Juan C. Tedesco, ha manifestado públicamente que su aceptación del cargo no es sino la continuidad de un proyecto que acompañó desde su jerarquía de viceministro de la gestión anterior. También destacó que en la ley nacional de educación y en los demás instrumentos legales vigentes están las disposiciones para cumplir los objetivos que se aspira alcanzar con el paso de los años.

Mientras tanto, el sociólogo Filmus y la señora Giannettasio –que colaboró con evidente celo en la gestión de la ministra Decibe, durante la presidencia de Carlos Menem, cuyas políticas apoyó, para hacer luego lo mismo con las del presidente Kirchner– no descenderán al llano. Por el contrario: ocuparán bancas en el Congreso y, desde ahí, en su tarea parlamentaria, podrán elaborar nuevos parches legislativos, nuevos engendros pedagógicos asistidos por los “elencos técnicos” que saldrán indemnes de la catástrofe educativa que dilapidó el esfuerzo de un siglo.

La autora es miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Sociales de Mendoza.

Fuente: La Nación Leer más...

jueves, 22 de noviembre de 2007

A 100 años del petróleo argentino, poco para festejar, mucho por hacer...

Por José Antonio Artusi

El 13 de Diciembre se cumplirán 100 años del descubrimiento del petróleo argentino, en Comodoro Rivadavia. Los argentinos tendremos pocos motivos para festejar, pero muchos desafíos por delante.
Desde 1907 hasta 1989, con aciertos y errores, con marchas y contramarchas, con luces y sombras, bajo gobiernos conservadores, radicales, peronistas, militares y desarrollistas, Argentina tuvo sin embargo una política de Estado en materia de recursos petroleros, marcada por la consigna de que el petróleo era un recurso estratégico de la Nación, cuya explotación debía efectuarse en beneficio del conjunto de los argentinos. Hasta el menem-kirchnerismo.
Ningún país del mundo hizo el desastre que hizo la Argentina con sus recursos petroleros y gasíferos:
En la República Oriental del Uruguay ANCAP no se toca. En Brasil, Petrobras es una empresa de economía mixta bajo control del gobierno nacional. La participación accionaria del Estado nacional en el capital social no puede ser menor al 50 % más una acción. Bolivia ha nacionalizado su petróleo. En Noruega, Statoil es una empresa mixta con un activo rol del Estado...
Los responsables de la entrega más ignominiosa de los recursos naturales en toda la historia nacional tienen nombre y apellido: Carlos Saúl Menem, Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández, y el "diputrucho", entre otros, ocupan un lugar de privilegio en esa galería de la infamia.
Es imprescindible volver a una política petrolera y gasífera que tenga como centro la defensa del interés nacional, al servicio de la mejora de la calidad de vida de todos los argentinos. No será posible si el Estado nacional no recupera la renta petrolera y la invierte con sentido estratégico para asegurar la utilización más racional de los recursos.
Si bien los recientes aumentos a las retenciones a las exportaciones configuran una razonable disociación entre el precio internacional y el costo interno de producción, cabe preguntarse si no son también una medida para hacer bajar el precio de las acciones de Repsol YPF y favorecer de esta manera las ambiciones de empresarios amigos del Presidente de adquirir parte de su paquete accionario. A YPF no la tienen que comprar los amigos del Presidente con maniobras turbias, hay que anular su viciada y fraudulenta privatización y volver a configurar una eficiente empresa petrolera nacional como la que consolidó el Gral. Ing. Enrique Mosconi en la década de 1920, con espíritu patriótico y visión estratégica de futuro.
El accionar y la prédica de Hipólito Yrigoyen, Marcelo de Alvear, Enrique Mosconi y Arturo Illia son hitos ineludibles que deben guiar la senda de recuperación del petróleo, al servicio de todos los argentinos.- Leer más...

La UCR se opone al nombramiento de Claudia Mizawak

El presidente del Comité Provincial de la UCR, Raymundo Kisser, hizo una presentación formal ante la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado, en la que rechaza el nombramiento de la fiscal de Estado, Claudia Mizawak, en el Superior Tribunal de Justicia:

Al señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Honorable Cámara de Senadores
Dr. Darío Argain
Su despacho
Habiendo tomado conocimiento que el Señor Gobernador de la Provincia, Dr. Jorge Pedro Busti, ha elevado a la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia, el Pliego de la Dra. Claudia Mónica Mizawak, DNI. 14.367.146 para que se le preste el respectivo acuerdo a los efectos de ser nombrada como vocal del Superior Tribunal de Justicia de la Pcia. de E. Ríos, y más precisamente para integrar la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penales, nos dirigimos a Ud. para manifestar nuestra mas enérgica y clara oposición a dicho acuerdo, en función de los argumentos que señalamos en esta presentación.
Debe quedar en claro que no cuestionamos la capacidad e idoneidad profesional de la Dra. Mizawak, como tampoco sus antecedentes profesionales, incluidos los laborales, académicos y su eventual participación en Conferencias, Congresos, Talleres y Simposios. Nuestro cuestionamiento va mucho mas allá de su idoneidad técnico-profesional, y apunta a su idoneidad política-institucional, para ocupar un cargo de suma relevancia, el cual se caracteriza por formar parte de uno de los tres Poderes del Estado, pero con el complemento de que su designación perdurará hasta que la propia nominada lo desee, o agote su función con una Jubilación.Advertimos que ante ese Superior Tribunal de Justicia en general, y fundamentalmente, ante la Sala que pasaría a integrar la Dra. Mizawak, se sustancian las principales causas donde están involucradas la gestión de Gobierno y las conductas de los funcionarios, lo cual pone de manifiesto que es razonable pensar que la misma tendría que juzgar estas causas, especialmente de un Gobierno del que ha venido formando parte desde hace mucho tiempo, por un lado, pero además, porque es de público y notorio, que la Dra. Mizawak ha sido la abogada personal del actual Gobernador de la Provincia, Dr. Jorge Pedro Busti. No hay dudas, que la designación de la Dra. Mizawak como integrante del Superior Tribunal de Justicia significará, una vez mas, provocar una lesión profunda al sistema Republicano y Democrático en la Provincia, ya que la independencia de Poderes continuará total y absolutamente diluida.
Las Instituciones no se perfeccionan, ni se logrará la calidad institucional, tan pregonada por el actual Gobierno, especialmente con motivo de la Reforma Constitucional, designando en la máxima Magistratura del Poder Judicial, no solo a amigos personales del Gobernador, sino a quien ha formado parte de su Gobierno, como ya se ha señalado; y máxime cuando muchos de sus actos son cuestionados judicialmente.Ninguna garantía se le podrá ofrecer a los entrerrianos, y especialmente al sector asalariado y pasivo de la Pcia. de E. Ríos, cuando muchas de las cuestiones que los afectan, terminan especialmente por vía de Amparos, en última consideración, ante la Sala del Excmo. Superior Tribunal que pasaría a integrar la Dra. Mizawak.No se respeta la división de poderes, la calidad Institucional, y el mejoramiento de las funciones del Estado, cuando en las máximas responsabilidades de decisión judicial se designan a quienes han estado involucrados, en los últimos años, en la gestión del actual Gobierno.
No debe escapar al conocimiento de nadie, que la actual gestión de Gobierno tendrá continuidad con el Gobernador electo, Sr. Urribarri, a partir del 10 de diciembre de 2007, el cual también ha sido parte, en cargos y funciones trascendentes, del actual Gobierno. De nada sirve impulsar una Reforma Constitucional, invocando para su justificación diversos argumentos, entre los cuales está la pretendida mejora de la calidad Institucional, cuando se está nombrando en las máximas responsabilidades, a personas que no están en condiciones de ofrecer las mínimas garantías a los ciudadanos entrerrianos, en cuanto a imparcialidad e idoneidad política para resolver lo que llegue a su consideración.Seguramente molesta, y hasta causa escozor en algunos sectores del actual Gobierno, e incluso del Gobierno que viene, cuando se señala que con esta designación de la Dra. Mizawak se incurrirá, una vez más, en abuso de Poder. Ya ocurrió ello con la designación del Dr. Castrillón, el cual, en otra Sala, del Superior Tribunal y en forma directa, debe también juzgar muchos actos del Gobierno, especialmente cuando llegan a su conocimiento las cuestiones contencioso-administrativas.Debe quedar igualmente en claro que con la posible designación de la Dra. Mizawak, como integrante del Superior Tribunal, una vez mas las acciones y omisiones del Gobierno Provincial actual, e incluso del venidero, serán juzgadas con una alta cuota de sospecha de parcialidad, que no se condice en lo mas mínimo con un sistema republicano. El derecho de defensa de los ciudadanos y habitantes entrerrianos, de prosperar esta nominación, quedará a merced de la voluntad subjetiva y parcial, que nadie puede ocultar, ni la propia postulada, cuando se deban resolver, no solo las cuestiones trascendentes de esta Provincia, sino incluso las de menor envergadura.Para concluir, debe quedar de manifiesto; para la Unión Cívica Radical, Distrito Entre Ríos, cuya representación ejercemos, que esta nominación que hoy propone el Gobernador Busti, que es la de la Dra. Mizawak, constituye un eslabón mas en la suma de ataques a las Instituciones de la República, en la que reiteradamente se ha incurrido, demostrándose, una vez mas, la enorme distancia entre el discurso y la acción concreta. No se puede estar permanentemente en el doble discurso, especialmente en estos tiempos de Reforma Constitucional, donde se pregona la necesidad de mejorar la calidad Institucional, y sin embargo, cuando hay posibilidad de cubrir cargos de máxima responsabilidad en el Poder Judicial, con personas que no deberían estar sospechadas de parcialidad, contando no solo con idoneidad académica, profesional y calidades humanas excelentes, y que con estos calificativos se pueden encontrar en la ciudadanía, se prefiere cubrir esos cargos con amigos personales, especialmente con quien ha sido hasta el presente, la defensora personal del Señor Gobernador Busti, y desde hace muchísimos años, generando, una vez más la falta de credibilidad en las Instituciones, como ya ha ocurrido con la cuestionada designación del Dr. Castrillón.
En mérito a lo señalado, la Unión Cívica Radical – Distrito Entre Ríos, manifiesta su más enérgica y categórica oposición, y rechazo a la nominación de la Dra. Claudia Mónica Mizawak, para integrar el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos.
Dejando claramente sentada la oposición de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos a la nominación que motiva la presente, saludamos a Ud. muy respetuosamente,

Raymundo Kisser Leer más...

domingo, 18 de noviembre de 2007

"Somos el único país del mundo que entregó su petróleo sin perder una guerra"

Por Gustavo Calleja

FUNDACIÓN ARTURO ILLIA PARA LA DEMOCRACIA Y LA PAZ

Instituto de la Energía y la Infraestructura

INFORME ENERGÉTICO- NOVIEMBRE DE 2007

De Arturo Illia al Secretario de Estado de los EEUU A. Harriman, quien lo presionaba para evitar la anulación de los contratos petroleros: “Los hemos anulado por una razón política: porque interfieren la soberanía económica de la Argentina; de manera que la resolución del Gobierno Argentino supera cualquier explicación de carácter jurídico”. (1963)

De Ricardo Balbín, Presidente del Comité Nacional de la UCRP, sobre los contratos frondizistas: “No es cuestión de revisar, es cuestión de anular. Así como afirmamos que condenamos el Plan Conintes, venimos a decir que se está perdiendo el petróleo y se está comprometiendo la petroquímica. Todo ello es anulable y lo serán en el tiempo”. (1960)


Del Gobernador Néstor Kirchner sobre el copamiento de YPF SA por parte de Repsol SA: “Repsol es una empresa que refina petróleo, no produce crudo ni explora y con la compra de YPF, va a combinar la refinación de los productos de petróleo con la producción de crudo, por lo que va a llegar a ser una de las empresas más importantes del mundo”. (mayo de 1999)

Temario:

Las elecciones y el sector energético.-
El accionar gubernamental.-
La profundidad de la crisis y las propuestas de los candidatos.-
Las soluciones kirchneristas.-
La causa esencial de la crisis.-
La situación internacional: Brasil y Argentina y los resultados de dos modelos.-
Conclusión.-

Las elecciones y el sector energético.-

Internamente, desde el punto de vista de la energía, han pasado las elecciones presidenciales sin que la grave crisis energética en que estamos insertos, haya sido un tema que preocupara a la ciudadanía, ni tampoco que fuera tratado con seriedad en las paupérrimas propuestas de los principales candidatos. Igual desatención ha abarcado a otros temas de singular importancia para la República, tales como, por ejemplo, el reordenamiento del sistema nacional del transporte; los cambios sustanciales que requiere el inequitativo sistema tributario; la regionalización político-económica que iguale las posibilidades de todos superando la actual desigualdad entre las distintas provincia, elimine el renovado caudillismo y la unitaria dependencia financiera; la reestructuración del sistema educativo nacional en pos de reimplantar la educación emancipadora e igualitaria de Sarmiento, Yrigoyen e Illia; el cambio profundo del sistema financiero para ponerlos al servicio de las actividades productivas y no al revés y la modificación de la ley electoral para que todos los ciudadanos valgan lo mismo en cuanto hace a la elección de sus diputados.

El Gobierno, al igual que los que lo precedieron, no ha modificado una sola norma del modelo energético neoliberal, privatizador y desregulador implantado por el Justicialismo en la década de los 90’, donde el entonces Gobernador Kirchner y la Presidenta electa fueron actores destacados. En ese proceso de depredación y saqueo, los hitos más trascendentes fueron las Leyes de Reforma del Estado, Emergencia Económica, Privatizaciones de YPF-con Federalización del Subsuelo incluida-, Gas del Estado (GdE), Agua y Energía Eléctrica y los ferrocarriles, e incluso la modificación constitucional de 1994, que otorga a las provincias el dominio originario del subsuelo pero por suerte, reserva con exclusividad para el Congreso Nacional la sanción del Código de Minería y, obviamente, la determinación de la posesión del dominio jurisdiccional o práctico del subsuelo.

El accionar gubernamental.-

La gestión Kirchner ha profundizado y emparchado el modelo neoliberal. Actuando con la misma lógica puramente electoral que aplica en todo su accionar y cuidándose de no afectar los interesas de los grupos económicos dominantes, en especial los productores petroleros, evitó por todos los medios que los cortes de gas natural y energía eléctrica llegaran masivamente a los hogares, como también que se modificaran sustancialmente los precios de los combustibles líquidos en los surtidores y las tarifas de gas natural y luz correspondientes a los usuarios domésticos, en especial en el área metropolitana; más específicamente, en el caso de los cortes de electricidad la preocupación se centró en la Capital Federal , Vicente López, San Isidro y los barrios céntricos de Avellaneda, Quilmes y La Plata, donde la situación es reflejada en los grandes medios informativos y vive un electorado no sensible a dádivas, como sucede en el segundo y tercer cordón del conurbano, donde los cortes eléctricos fueron y son moneda corriente. Cómo además el sistema energético sólo funciona con mínimos inconvenientes en primavera y en otoño y octubre fue un mes sin picos de altas temperaturas y con muy pocos días de frío intenso (la excepción a lo dicho, fue que al segundo día consecutivo de frío corrido tuvieron que volver a cortarle el gas natural y la energía a las industrias tal como lo hacían en pleno invierno), al Gobierno las cosas le salieron perfectas: para los votantes los problemas energéticos no existieron y así lo muestran casi unánimemente las encuestas más serias; la inseguridad, la desocupación, la pobreza, la educación, la salud, la inflación son algunos de los temas que más preocupan a los argentinos. En resumen, no solucionó ni esbozó una solución energética seria pero ganó las elecciones que era su gran preocupación; ahora es tiempo de ajustes.

La profundidad de la crisis y las propuestas de los candidatos.-

Si tuviésemos que definir a la actual situación del área energética podemos afirmar que padece de una crisis de desinversión integral que comprende a todas las áreas que componen los subsectores hidrocarburífero y eléctrico, agravada porque otros sectores de la economía íntimamente relacionados, en especial, el transporte que en su visión más amplia atraviesa problemas similares. En lenguaje popular que hace referencia a las joyas de la abuela, podemos decir que las hemos malvendidos, gastado sus ahorros, instalado en su casa, fundido su auto, vaciado la bodega y las cámaras frigoríficas, vendido el inmuebles y transformados en locatarios que pagábamos carísimos alquileres y ahora, se nos acabó el efectivo, los bienes de consumo durable deben ser cambiados y la propiedad inmueble requiere numerosas reparaciones y gastos capitalizables, tenemos que decidir quien efectúa los gastos necesarios para poder seguir viviendo en la casa, porque el locador no lo hizo y nos amenaza con no hacerlo si previamente no le incrementamos el alquiler en forma significativa. Lo mismo que en el ejemplo de la abuela sucede en nuestra realidad: la caída de las reservas y de la producción hidrocarburíferas, la insuficiente capacidad y el atraso tecnológico de las refinerías (las mismas que existían en 1988), la falta de capacidad de generación y transporte de alta tensión en el sector eléctrico, la insuficiente red troncal de gas interna que, al igual que en 1989, deja afuera del sistema de gas por redes al 40 % de los habitantes, la minimización y desarticulación del sistema ferroviario, la obsolescencia de la red vial, son, sin dudas, los problemas más graves.-

Consecuentemente, debemos decidir quien se hace cargo de las multimillonarias inversiones en dólares que imprescindiblemente se requieren; y en este tema no existen más de dos posiciones, a saber:

a) las paga la renta petrolera, lo que implica concretar prioritariamente la recuperación de los yacimientos, que requiere la adopción de decisiones políticas de gran valentía y profundo sentido nacional, no presentes en ninguno de los dirigentes que asumen los roles del oficialismo y la oposición, tal como lo hicieron en su tiempo y con excelentes resultados, Marcelo T. de Alvear, Lázaro Cárdenas, Arturo Illia y Evo Morales o,

b) tal como lo proponían los tres candidatos principales, nos hacemos cargo todos los argentinos a través de aumentos de precios y tarifas directos e indirectos que, con la misma lógica aplicada por el capitalismo prebendario de los 90’, serán previos a la concreción de inversiones. Recordemos que aquellas inversiones no fueron realizadas en el momento debido, a pesar de exigírselos sus obligaciones legales y contractuales. Lógicamente, los “beneficiarios” serán los incumplidores de siempre, es decir, las mismas sociedades nacidas con el menemismo, con alguno que otro cambio en la composición accionaria, donde aparecen un conjunto de nuevos empresarios nacionales cercanos al oficialismo, cuya generosa situación financiera genera dudas de todo tipo.

No está demás recordar las características que tuvo el proceso privatizatizador: subvaluaciones e incluso ausencia de tasación oficial previa en el caso de YPF; mínimas ofertas en efectivo e implantación de un procedimiento de aceptación en pago de títulos públicos emitidos a esos efectos, al 100 % de su VN cuando los oferentes los adquirían en el mercado al 20 ó 30 % del mismo; supresión de toda penalidad por los incumplimientos en que incurrieran; libertad de precios en productos que antes eran considerados un servicio público o estaban controlados por el Estado (combustibles líquidos y GLP) o fijación de cuadros tarifarios calculados en base a modelos teóricos (gas natural y energía eléctrica en transporte y distribución) que nada tenían que ver con las inversiones realizadas ni con los valores de libros. De tal forma se permitió a los ganadores una ganancia excepcional –inexistente en cualquier otro país del mundo) y se obligó a los usuarios cautivos a volver a pagar vía tarifas las depreciaciones de activos que ya habían abonado o financiado en sus orígenes; eliminación de las obligaciones de invertir, como en el caso de las transportadoras y distribuidoras de gas natural y energía eléctrica, llegándose al extremo, en los inicios de la gestión Kirchner , de la sanción de las llamadas Leyes Techint y de Beneficios a la Exploración Hidrocarburífera , que desgravan y premias impositivamente a las inversiones en infraestructura y en exploración, etc…Es decir, que todos los argentinos volveremos a financiar un proceso de enriquecimiento que en nada garantiza la solución de los problemas actuales, pues quienes no cumplieron durante 27 años tampoco lo harán en el futuro.

La mayor crítica que se les puede hacer al Gobierno y a los principales candidatos es que consideran al petróleo como un commodity, un simple bien comercializable internacionalmente; tienen también una concepción similar para el gas; para ellos, el autoabastecimiento carece de sentido, porque siempre podremos importar a precio internacional y de esta forma, nos insertaremos en el mercado hidrocarburífero internacional; así lo determina los tres decretos desregulatorios de 1989 (nº 1.055; 1.212 y 1.589). Somos el único país del mundo que entregó su petróleo sin perder una guerra, también lo somos en considerarlo una simple mercancía y en ceder su administración soberana a estados provinciales, que es una vía indirecta de resignar la fijación de las políticas en los trusts internacionales que, por lógica, se apropian de la mayor parte de las riquezas que se generan.

Además, en cuanto a los servicios públicos derivados y esenciales, supeditan su prestación a los beneficios de las prestatarias y no a las necesidades de los usuarios; la concepción yrigoyenista expresada por Enrique Mosconi, Julio Canessa y Arturo Illia, se basa en que todos los habitantes tiene que acceder a los servicios públicos esenciales y permanecer en su uso, sin importar donde viven y cuanto ganan, como también que deben permitir el desarrollo de las actividades productivas; para ellos, sus precios tienen que ser fijados por las autoridades nacionales, libre de ingerencias extranjeras o de imposiciones como la llamada precio internacional. El concepto neoliberal, suavizado en la actualidad con el eufemismo de “tarifa social” para los que menos tienen o escondido bajo el “cuento” de los commodities, que los exime de cumplir con la prohibición de indexar, por ejemplo, esconde la cruda definición del mercado: el que no tiene recursos no accede ni permanece en el sistema de prestación de los servicios y, al igual que sucede con el sistema bancario, las actividades productivas están al servicio de los negocios de las empresas.

Tanto Carrió, como Fernandez de Kirchner y Lavagna rindieron examen ante los petroleros; lo pero es que lo aprobaron. Pare ello se comprometieron a respetarles sus contratos, a pesar de haber sido obtenidos ilegítimamente; privó la apreciación de que la seguridad jurídica consiste en avalar ilícitos, no en anularlos y someter a los corruptores y a los corrompidos a la justicia.

Las soluciones kirchneristas.-

De la gestión actual sólo son factibles de destacar el enfoque (pero no la implementación) relacionado con los serios problemas referidos al gas natural, donde la acentuada baja de las reservas, la caída de la producción –alarmante en el caso de Loma de la Lata- y la insuficiencia de la capacidad de la red troncal interna, lo obligaron a acercarse a Bolivia y Venezuela; como también a la concreción de contratos de participación, hasta hoy secretos, celebrados por ENARSA con empresas extranjeras, sobre las áreas marítimas. Todo ello implica el convencimiento gubernamental –aunque no lo manifieste -de que Argentina perderá su autoabastecimiento gasífero y que la situación empeorará en forma constante y alarmante.-

Ante la situación descripta, a la que debemos sumar la pérdida del autoabastecimiento de petróleo alcanzado en 1987, y como somos un país con una importancia superlativa del gas natural en la matriz energética (el 50 %), con reservas y producción en caída y con pocas posibilidades de encontrar nuevas reservas en tierra; debemos, inexorablemente importar gas natural (además de petróleo y derivados) y para ello solamente existen dos proveedores confiables: Bolivia y Venezuela. Del primero debemos esperar el desarrollo de sus actuales reservas, la aparición de otras y la construcción del gasoducto del NEA; es decir, estamos en el mediano plazo. Como la nacionalización de Evo Morales, que partió desde cero y obtuvo una importante recuperación de la decisión y de las riquezas de los bolivianos, no transformó enteramente en contratistas a las multinacionales, éstas han supeditado las nuevas inversiones a la obtención de más beneficios; de tal forma repiten conductas que los argentinos hemos padecido y padecemos. Después del fracaso de ENARSA en el desarrollo de las reservas de Bolivia, el último contrato celebrado por el actual gobierno reviste la categoría de interrumpible, pues para los bolivianos, primero está el mercado interno –en gran expansión- después los compromisos con Brasil y, si sobra algo, lo exportan a la Argentina; de estos malos compromisos surge la significativa caída de las importaciones con origen en Bolivia.

Venezuela es nuestro proveedor seguro para el largo plazo (entre 50 y 100 años) y para ello debemos avanzar sin demoras en la construcción del medio de transporte que se determine más conveniente: un gran gasoducto o la vía marítima. Personalmente y obviando el tema de costos que se diluye en el largo plazo y ante el problema de la seguridad energética, me inclino por el gran gasoducto, porque éste, en términos “pasarelianos”, no dobla y, consecuentemente, hace más difícil que ante un cambio de gobierno en Venezuela el gas se vaya para los EEUU. Habrá también que esperar que cual será el resultado del replanteo energético de Brasil, derivado del descubrimiento de Tupí.

Los contratos de participación celebrados por ENARSA son mantenidos en secreto; no han sido aprobados por el Poder Ejecutivo que tiene la facultad privativa según lo determina la Ley de Hidrocarburos vigente, ni publicados en el Boletín Oficial. Extraoficialmente sabemos que, en caso de ser positivos los estudios exploratorios, la participación de ENARSA en la UTE rondaría el 11 %, un porciento misérrimo en comparación con los que se aplican en el mundo. Además, con la Ley de beneficios impositivos para las inversiones en exploración, las compañías que exploran podrían desgravar esos costos; con lo cual gran parte de su capital en la UTE sería aportado por los argentinos.

Podemos señalar, en consecuencia, que si bien la realidad lo obligó a enfocar correctamente los problemas del gas , tanto la implementación con la defensa de los intereses nacionales fue pésima.

Ante la persistente y significativa del precio internacional del petróleo, el Gobierno sancionó la Resolución N º 394/07 modificando sustancialmente el régimen de los derechos de exportación sobre los bienes energéticos, ante la evidencia que la normativa vigente había quedado desactualizada. La medida permitirá recaudar, aproximadamente, U$S 1.000 anuales. La mecánica permite al Estado recaudar todo el excedente sobre los precios de corte establecido que son en dólares barril: 42 para el petróleo, y los rangos de 39 y 78 para las naftas, 22 y 42 para el fuel y 121 y 174 para los aceites. Des ahora para los productores de crudo y las refinadoras le deberá ser indistinto exportar o vender al mercado interno. Si se aplica correctamente, permitirá controlar los precios internos, que están sufriendo una creciente escalada, y deberá aparecer la nafta en todos los surtidores. La indignación de los refinadores (Esso Shell) está centrada en el incremento a las naftas que, hasta el momento les permitían recuperar en parte los resultados negativos de las ventas al surtidor y de las importaciones de gasoil. Los concesionarios de producción de la Ley 17.319 ya han amenazado con no hacer inversiones, cosa que no han realizado desde el momento en que hicieron cargo de las áreas; la disminución de las reservas y la producción es la muestra más elocuente. Además, cómo surge de los informes oficiales que Repsol-YPF SA –poseedora del 99 % del capital social de YPF SA- el costo total del petróleo es, aproximadamente, de U$S 6,70; como U$S 1,70 corresponden al costo de exploración y como esta actividad no la concreta en Argentina sino en el exterior, el costo en boca de pozo local es de U$S 5,00 el barril; por consiguiente, el margen bruto alcanza al 740 %.

Dentro del mantenimiento del sistema de mercado implantado por Menem en 1989 mediante los tres decretos desregulatorios: libre disponibilidad absoluta y privatización de YPF y de la totalidad de las áreas productivas es un avance que traslada hacia el fisco las ganancias extraordinarias ocasionadas por el aumento del precio internacional. Pero, en realidad sigue vigente el concepto de mercado pues de la libre disponibilidad sólo se afectó la apropiación de una parte de los ingresos, ni tampoco se termina con la aceptación del criterio del precio internacional El petróleo sigue siendo considerado un bien comercial común y no una materia prima estratégica y su régimen no está considerado como un servicio público donde todos los precios son fijados por el Estado, desde la boca de pozo al surtidor.

Legalmente, con el pobre nivel de reservas que siempre tuvo la Argentina nunca debieron ser autorizadas las exportaciones, pues ello afecta al autoabastecimiento presente y futuro del mercado local. Por otra parte la Constitución Nacional obliga a explotar los recursos naturales contemplando las necesidades de las generaciones futuras. En cuanto a las referencias al precio internacional, además de implicar una resignación de la potestad del Estado Nacional en la política de precios básicos de la economía y ser un impulsar el proceso inflacionario en base a costos no internos que nos son ajenos, constituyen una violación a las disposiciones de la Ley de Convertibilidad, ratificado en este aspecto de prohibir las indexaciones hacia arriba, por la Ley de Emergencia Pública vigente. Si el Gobierno hubiese deseado salir del modelo energético neoliberal debería haber derogado los decretos de 1989, recuperar las áreas productivas y entregárselas a ENARSA, fijar oficialmente todos los precios que hacen al ciclo económico de los hidrocarburos y prohibir las exportaciones; no lo ha hecho porque comparte el modelo que tanto el Presidente actual como la electa, han contribuido a implantar.

Por otra parte, las inversiones en el área eléctrica so insuficientes; sólo permitirán prolongar los padecimientos actuales; en el caso de la generación y, en el sector transporte de alta tensión la continuidad de lo planes diseñados en la gestión aliancista de Daniel Montamat ha favorecido casi con exclusividad a las provincias patagónicas. La dos usinas térmicas encargadas a Siemens –que no ha desistido de sus reclamos ante el CIADI, a pesar de las declaraciones del Ministro De Vido- recién estarán en condiciones de generar para fines del 2008 y, además, su capacidad total (1.600 MW) apenas cubrirán los faltantes actuales. El Plan Energía Plus no ha generado el entusiasmo de los industriales, a causa de la incertidumbre que generan las conductas gubernamentales sobre la libertad de los precios de venta de la energía sobrante. El Plan Energía Delivery, de poco volumen y en base a unidades móviles terrestres y marítimas, está siendo morosamente implementado por ENARSA y, con suerte, algunas unidades comenzarán a producir a fines de enero. La elevación de la cota de Yacyretá avanza muy lentamente a pesar de que desde hace más de cinco años la Entidad dispone de U$S 140 millones anuales dentro del Presupuesto Nacional. El Gobierno ha anunciado cuatro veces la continuidad de Atucha II, sin que la realidad muestre avances significativos; debe quedar en claro que a pesar de ser una central de tecnología antigua –un Falcón, en términos de los técnicos- su aporte resulta más que necesario. De emprendimientos hidroeléctricos nadie habla; es bueno recordar la necesidad de Corpus y de las dos centrales faltantes en el sistema del Comahue. Las distribuidoras del área metropolitana, por boca de sus presidentes, han expresado que han realizado todas las inversiones posibles, que no son todas las necesarias. Este esbozo de problemas nos hace prever que en el verano que se aproxima los problemas serán más graves que en el verano anterior; y lo mismos puede esperarse para el invierno venidero.

La causa esencial de la crisis.-

Debemos tener presente que las desinversión no es producto de la crisis del 2001, pues según las empresas y sus voceros, en ese momento, la Ley de Emergencias Pública congeló las tarifas y se pararon las inversiones. Desde el mismo momento en que asume Carlos Menem, comenzó la apropiación de los bienes financiados por varias generaciones de compatriotas y, al mismo tiempo, se fabricaron las condiciones para favorecer el saqueo vía utilidades y operaciones financieras y se terminó la inversión productiva; ni siquiera se concretó aquella derivada de las ganancias de los propios negocios recibidos.

El abandono de las funciones estatales de todo tipo permitió que en el subsector de los hidrocarburos:

a) no se explorara;

b) se exportara gas y petróleo en abierta violación de la Constitución Nacional , de la Ley de Hidrocarburos que exige poseer reservas suficientes –que nunca tuvimos ni en petróleo ni en gas-, estar autoabastecidos –con un 40 % de los habitantes sin acceso a las redes de gas natural y sin reservas gigantescas, no lo estamos- y obtener precios favorables, circunstancia que las empresas generalmente obviaron en el caso del gas ;

c) no se invirtiera en refinación, por lo que trabajando a plena capacidad existen faltante permanentes de gasoil;

d) los yacimientos se explotaran en forma intensiva, favoreciendo los negocios financieros en desmedro de la obtención de una mayor cantidad de hidrocarburos y de la preservación del ambiente;

e) que el 90 % de la producción de petróleo y gas se concentrara en ocho consorcios multinacionales, agraviando las limitaciones fijadas por la Ley nº 17.319;

f) que las petroleras desconocieran la vigencia de la prohibición de indexar hacia arriba establecida en 1991 por la Ley de Convertibilidad y mantenida hasta la fecha por la Ley de Emergencia Pública vigente; salvo los precios del gas natural y la energía eléctrica para los usuario familiares (entre un 25 y un 30 % del total) y los precios en surtidor de los combustibles líquidos, todos los demás precios han seguido estando indexados, por ejemplo, las materias primas petroquímicas, los fertilizantes, los lubricantes, etc..;

g) que los marcos regulatorios eximieran a las licenciatarias, permisionarias y concesionarias de servicios eléctricos y de gas de efectuar las inversiones necesarias, al mismo tiempo que les generaran márgenes de utilidades únicos en el mundo (en el caso de las transportadoras de gas rodaban en el 50 % sobre ventas);

h) el mercado de comercialización de combustibles líquidos se concentrara día a día en dos empresas verticalmente integradas.

Como vemos, tal como lo sostiene Paul Samuelson, el mercado es altamente ineficiente; no previó la ausencia de inversiones.

La situación internacional. Brasil y Argentina: sus modelos y sus resultados.-

Varios hechos han acaparado la atención mundial, aunque en nuestro país, las empresas y los analistas y medios que les responden han centralizado las informaciones sobre el aumento del precio del petróleo; no es de extrañar, pues de acuerdo a la teoría de los commodities o del precio internacional, los precios internos deben seguir a los externos, aunque la relación con los costos internos no tenga nada que ver. De paso, evitan referirse al modelo nacional, centralizado, racional y con una acotada participación privada que se aplica en Brasil. Morales Solá en su columna habitual de La Nación del 16/11/07 pondera el descubrimiento y se explaya sobre el posible despegue de Brasil hacia su destino de potencia, que deberíamos haber hecho conjuntamente; pero nada dice sobre las distintas políticas aplicadas.

La escalada del precio internacional tiene varios aspectos: a) uno es el aumento constante del consumo, empujado por el no ahorro de EEUU y el gran crecimiento de China e India;

b) la no aparición de reservas en cantidades suficientes, circunstancia que valoriza el descubrimiento de Brasil;

c) con la excepción de Arabia Saudita, la dificultad de los demás integrantes de la OPEP para incrementar inmediata y sustancialmente la producción;

d) la apreciación del petróleo como elemento determinante de operaciones financiera (timba), en detrimento de dólar, que está vinculada a la crisis de la economía de los EEUU;

e) las posibilidades cada vez mas ciertas de que en el 2010 ó 2011 se tocará techo en la producción de petróleo

A lo expresado se agrega que las utilidades de las grandes petroleras del mundo han disminuido en relación al año anterior, en especial Exxon-Mobil, que hace pensar en sus dificultades en trasladar a los consumidores los incrementos de precio. Tampoco son ajenos la descompensación de los sectores refinadores, en especial el estadounidense y la voracidad fiscal de los estados.

Como señalamos, la noticia del descubrimiento de Brasil fue comentado pero menos, pues si bien el gobierno de Cardozo realizó una apertura del sector en desmedro del cuasi monopolio que ostentaba Petrobrás, las ideas rectoras nacidas en 1945, cuando el Gral Horta Barboza la creó a imagen y semejanza de la YPF de Mosconi; siempre para ellos el petróleo fue un bien estratégico y el logro del autoabastecimiento una imperiosa necesidad nacional en pos de ser una nación soberana.

No solamente copiaron YPF sino nuestra política. Yrigoyen, Alvear y Mosconi entendían que sin independencia económica resultaba ficticia la soberanía política. De allí el desarrollo independiente del sector y la lucha para obtener el autoabastecimiento, recién logrado en 1985: Incluso hechos tan criticables como el contrato de Perón con la Standard Oil de California y los contratos desarrollistas de Frondizi – una verdadera continuación del primero- alegaban en post de justificarlos, la necesidad de lograr el autoabastecimiento mediante la colaboración del capital extranjero. Petrobrás ha sido la herramienta fundamental en el logro del autoabastecimiento y debemos destacar que el capital extranjero tiene en Brasil un campo de acción determinado por el Estado Federal, tal como también sucede en Venezuela, México, Arabia Saudita en casi todos los países productores, con excepción de Argentina.

Los brasileños deberán determinar el perfil energético que asumirán, pero ya han anticipado que no abandonarán el desarrollo de los biocombustibles, ni de la energía nuclear e hidroeléctrica, ni el gas natural, que avanza en base a un modelo copiado de nuestra Gas del Estado

Conclusión.-

Así como fuimos pioneros en el desarrollo estatal del petróleo, en la captura de sus rentas, en el desarrollo del gas , hoy ostentamos el triste privilegio de haber sido el único país del mundo que entregó sus hidrocarburos sin perder una guerra, que renunció a la potestad de fijar su política petrolera, que entregó su petrolera pública a empresas que son herramientas de estados extranjeros, que permitió que se cobrara a sus habitantes el precio internacional por los combustibles producidos internamente, que permite que los estados provinciales administren en beneficio de las multinacionales y de los funcionarios actuantes, los bienes más importantes que poseemos todos los argentinos, pues fuimos todos quienes los descubrimos y desarrollamos.

No habrá solución viable a las necesidades del desarrollo y progreso nacional si no recuperamos nuestra renta petrolera. El modelo de mercado ha demostrado que es absolutamente impotente para proveer a las necesidades que la Argentina necesita.

En consecuencia, cobran plena vigencia las palabras de Arturo Illia sobre el mercado y los bienes estratégicos: “No hay país soberano que resigne el control de sus recursos estratégicos en manos de las leyes del mercado, a sabiendas de que ello significa hipotecar su crecimiento y desproteger a sus generaciones futuras”.

Buenos Aires, noviembre de 2007.-

Gustavo A. Calleja
Director Leer más...

sábado, 17 de noviembre de 2007

DRAGADO DEL RÍO URUGUAY: BASTA DE MENTIRAS!

Por José Antonio Artusi

"Llamarán a licitación pública nacional e internacional para el dragado del Río Uruguay" fue el título de una nota publicada en el sitio digital de noticias del gobierno de la Provincia de Entre Ríos. La nota consignaba que "el secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, se comprometió a agilizar el llamado a licitación para el dragado del Río Uruguay, que demandará alrededor de 90 millones de pesos, según reveló la diputada nacional Blanca Osuna tras un encuentro que mantuvo ayer en Capital Federal con el funcionario. “Esta es la primera vez que el Presupuesto Nacional, que respalda una inversión plurianual para el dragado del río” (sic), destacó la legisladora." No se haga ilusiones, la nota fue publicada el Miércoles 28 de Diciembre de 2005. (¿Que la inocencia nos valga...?).

La realidad indica que esta fue sólo una más de una larga, interminable, cadena de promesas incumplidas en materia de dragado del río Uruguay por parte de las autoridades nacionales. Podríamos aburrir citando una tras otra las declaraciones de funcionarios nacionales en este sentido. De tantas, y de tan incumplidas, ya debieran ser llamadas por su nombre: mentiras.

Y lamentablemente, las perspectivas para el año que viene son aún peores. Una simple consulta al sitio web del Ministerio de Economía de la Nación permite observar que en el Presupuesto 2008, el Proyecto 16 "Dragado Río Uruguay", a cargo de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, tiene asignado un crédito de sólo $ 500.000. Esta cifra representa el 0.32% del total de lo presupuestado para el año que viene en el PROGRAMA 91 "FORMULACION Y CONDUCCION DE POLITICAS PORTUARIAS Y DE VIAS NAVEGABLES", que asciende a $ 154.152.049. De lo que se puede inferir sin demasiada sagacidad que se viene otro año sin dragado y con el Puerto de Concepción del Uruguay casi inactivo. En el presupuesto del año en curso se asignaban $ 3.000.000 al dragado del río Uruguay, aunque es prácticamente nulo lo que se ha hecho en la materia.
No está de más recordar que en el discurso de apertura de las Sesiones Ordinarias, el día 1º de marzo de 2006, el señor presidente de la Nación expresó textualmente: "Se realizaron importantes avances en el Proyecto de la Hidrovía Paraná-Paraguay y en el Río Uruguay se están ejecutando tareas de dragado y balizamiento hasta el puerto de Concepción, con una inversión aproximada entre el año 2006 y el 2008 de 90 millones de pesos."
La realidad, entonces, muestra que esos famosos 90 millones de pesos han brillado y brillan por su ausencia, y - lo que es peor - no se advierten los más mínimos indicios de que esta situación pueda revertirse en el corto plazo. Pero quizás más preocupante aún sea que estas reiteradas mentiras del gobierno nacional no encuentren el debido repudio y la consiguiente queja y demanda de parte del gobierno provincial, de la administración municipal de Concepción del Uruguay, y de los actores económicos y sociales directa e indirectamente vinculados a la actividad portuaria y al transporte fluvial. Parece primar una especie de nefasta tendencia a la resignación y al "no se puede". Es imperioso revertir este estado de cosas. Son muchísimos y de enorme magnitud los perjuicios que se derivan de la falta de dragado del río Uruguay y de la consiguiente postergación del puerto de Concepción del Uruguay: pérdida de puestos de trabajo, falta de de oportunidades de negocios para las empresas locales, encarecimiento de los fletes y pérdida de competitividad de las economías regionales, saturación del transporte carretero y por ende incremento de la siniestralidad vial, mayor grado de contaminación, mayor consumo de combustibles fósiles, etc..
Tampoco puede aceptarse como excusa de la inacción el conflicto con la República Oriental del Uruguay, dado que es obvio y evidente que la empresa Botnia no necesita del dragado para transportar su producción en barcazas de escaso calado desde Fray Bentos hasta el puerto de Nueva Palmira. El principal perjudicado por la falta de dragado del río Uruguay es el puerto de Concepción del Uruguay y la comunidad de su zona de influencia, en especial los trabajadores, los comerciantes y los pequeños y medianos empresarios que se ven privados de un elemento que dinamizaría notablemente la economía regional.

Se cumplen 6 años sin dragado del río Uruguay. En una época de inusual bonanza económica como producto de las condiciones internacionales, con superávit fiscal récord, con exportaciones récord, es sin embargo prácticamente nada lo que se ha hecho en 6 años, salvo perder el tiempo y renovar una tras otra promesas y anuncios que no se concretan. El Presidente Kirchner terminará su mandato sin cumplir con las promesas que le hizo a los uruguayenses en al menos dos oportunidades, en ocasión de su visita a Concepción del Uruguay para inaugurar la Defensa Sur, y anteriormente, en el año 2004, en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Esperemos que la Presidenta electa pueda concretar lo que la administración de su marido no pudo, no supo o no quiso hacer. Y que se acaben las mentiras.-

José Antonio Artusi
Diputado provincial electo por la UCR Leer más...

martes, 13 de noviembre de 2007

Gobierno local, desarrollo y ciudadanía

Por Fabio Quetglas / De la pirámide y la división de competencias a la retícula y la convergencia funcional.

Cuando hablamos con Marcelo Corti acerca de esta presentación, tratamos de conjugar dos espacios que se presentan disciplinariamente como separados, pero que sabemos que en la vida real, en la vida cotidiana, son espacios que convergen: la idea de la ciudad como una cuestión material y la idea de la ciudadanía como una construcción simbólica.

En realidad, la ciudad se expresa en la ciudadanía y hay ciertas cuestiones materiales que se transforman a la postre en barreras o posibilidades. Y al revés, en la construcción de la ciudadanía puede haber una reconfiguración, una resignificación, una apropiación distinta, mejor o peor (y, en cualquier caso, enriquecedora) de la ciudad. No creo que nadie piense que haya una visión material y otra teórica, política, ideológica o sociológica de la ciudad. La ciudad es una y tenemos que aprender a mirarla desde esa unidad.

La primera cuestión a subrayar, en esta presentación a vuelo de pájaro sobre las cuestiones de Ciudad y Ciudadanía, es que lamentablemente hay una larga tradición en América Latina que, directa o indirectamente, por acción u omisión, coloca al gobierno del nivel local en la categoría del gobierno pequeño, del primer escalón de la democracia. Y esto, en muchos aspectos, es lamentablemente verdad. Es una expresión que, aunque peyorativa, podemos constatar en la práctica: por ejemplo, la suma de los 2.300 gobiernos locales que hay en la Argentina ejecutan solamente el 7% del gasto público; entonces podemos darnos cuenta que subyace una concepción de "gobierno pequeño".

En nuestra consideración no concebimos al gobierno local como gobierno pequeño, sino como un espacio de gobierno cualitativamente diferenciado. Gobernar la ciudad, el espacio local, es simplemente diferente a gobernar otro nivel de gobierno. Sin embargo, hay una tendencia en el ámbito académico, por parte de los que nos dedicamos al desarrollo local, a sobreactuar la importancia del gobierno local. Y nos repetimos algo así como que "el gobierno local es lo más importante del mundo y los intendentes son la reserva moral del sistema político"; lo cierto es que ni eso es verdad, ni tampoco el otro extremo de considerar al gobierno local como gobierno de proximidad asistencial, que se encarga de limpiar la plaza, enterrar los muertos, y poco más…

Corresponde hacerse la pregunta: ¿por qué el gobierno local es cualitativamente diferente? Lo primero y lo más obvio es que es el gobierno de la proximidad, una característica que no tiene ningún otro nivel de gobierno. Se suman otras cuestiones, pero me voy a centrar en la de la proximidad, porque es un condicionante en la construcción de la legitimidad, un insumo indispensable para cualquier gobierno, de cualquier organización: una empresa, un equipo de fútbol o el Estado.

Hay muchos escritos sobre las ventajas de la proximidad en la producción de legitimidad. Al intendente al que todos conocen "de cerca" es más probable que una crisis del sistema político lo preserve. En Argentina lo hemos verificado. Al intendente que gobierna cerca de la gente es probable que mecanismos menos burocráticos le sean suficientes para tener consenso para las políticas complejas. Pero nadie dice que la proximidad también tiene un debe, un aspecto controversial, sobre lo que hay poco escrito (no sé si por pereza científica o por una cuestión ideológica). Seamos claros, cobrar impuestos de cerca es dificilísimo. La proximidad, que es una ventaja enorme para construir políticas publicas porque humaniza las condiciones de poder, es una gran desventaja cuando el Estado también tiene que construir un nivel de autonomía con los ciudadanos, que le permita mantener una relación basada en normas y alejada del más puro particularismo.

La ciudadanía es una relación emancipada con el poder y esa emancipación se funda en que tal relación esta sujeta a normas: en una relación de ciudadanía, el poder no puede cometer una bestialidad conmigo, sino que para actuar sobre mí precisa de una norma, y ésta para su construcción requiere (directa o indirectamente) del consenso democrático. Y en tanto mi relación sea más emancipada, hay más ciudadanía. Cuando la relación está mas sujeta a la arbitrariedad y el poder puede discrecionalmente operar sobre unos o sobre otros, hay menos ciudadanía.

La proximidad ayuda mucho en términos de humanización de poder, pero complica en términos de establecer para y en el Estado un nivel de autonomía suficiente para la construcción de la ciudadanía. Este es el laberinto de los gobiernos locales en la Argentina, a excepción de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, San Miguel de Tucumán y algunas otras grandes ciudades. Paraná esta en el límite, pero en el resto de las ciudades entrerrianas este también es el laberinto de los gobiernos locales. Porque no disponer de ese nivel de autonomía relativa hace a los gobiernos dependientes del resto del entramado jurisdiccional, del resto de la estatidad.

Esa dependencia se ha transformado en cultura política. Si el ciudadano ve que su Intendente, para obtener el beneficio de un programa, tiene que transmutarse, ¿por qué no se transmutaría él? Y si esa lógica se traslada sistemáticamente, la sociedad pierde mucho: no sólo los valores éticos de la autonomía política, sino también en previsibilidad y en criticidad a los programas públicos.



El segundo aspecto diferencial del gobierno local se sintetiza en una frase: la gente no vive en países, la gente vive en ciudades. A mí no me dice mucho sobre la calidad de vida de una persona el decir "vivo en los Estados Unidos", me dice mucho más "vivo en Chicago" porque mi realidad, el clima, las fiestas populares, los modos de vida, la calidad de las prestaciones sanitarias, la educación pública, etc., se resuelve muchísimo más en el ámbito de la ciudad. Cuando se mide calidad educativa, la Argentina en el promedio está siempre peleando el 3º o 4º lugar en América Latina, aunque la ciudad de Buenos Aires está despegada adelante; pero en las mediciones de criminalidad es al revés.

La otra cuestión es que mientras los otros niveles de gobierno, necesarios e indispensables, eslabones abstractos de la construcción de poder, gestionan lo relativo al mantenimiento y la reproducción estatal, al nivel local del gobierno todavía le toca administrar (y ojala cada vez más) las cosas vinculadas a la calidad de vida. Por lo tanto, no sólo es un gobierno cualitativamente diferente por la cuestión de la proximidad sino porque atiende las cuestiones vinculadas a la calidad de vida.

Y acá hay actualmente un cuello de botella. En los últimos quince años hay una presión creciente sobre los gobiernos locales para que expandan su agenda pública, de parte de la opinión pública y de la academia, pero no hay idéntica presión o reflexión sobre la conformación del Estado en la construcción de las herramientas necesarias para que el gobierno local pueda dar respuesta a esa agenda. Por ejemplo, con la cuestión del desarrollo. Hacer política de desarrollo no es tan fácil como levantarse un día a la mañana y proponérselo. Requiere de organización normativa, entrenamiento de personal, información, base de datos, vinculación con otros niveles de gobierno, conocimiento del territorio, etc.; aunque disponga de los recursos económicos, no lo puedo hacer de hoy para mañana casi en ningún caso.

Por lo tanto, toda la tarea de presión para la incorporación necesaria y legítima de nuevos temas a la agenda pública local golpea la legitimidad, en tanto los gobiernos locales no están en condiciones fiscales ni organizacionales de asumir un nuevo tema. Por ejemplo, las provincias petroleras argentinas hoy están en una situación de pleno empleo, reciben una cantidad importante de dinero por regalías y tanto autoridades como ciudadanos saben que si los pozos funcionan, eso es plata. Los trabajadores tienen salarios muy altos, tan altos que por primera vez en la historia argentina una demanda sindical fue para mover la base imponible del impuesto a las ganancias (en Santa Cruz). En esos lugares, las empresas requieren de infraestructura gruesa, pero también de proximidad. No hace falta ser un lúcido intendente para darse cuenta que montar una poderosa red de infraestructura para industrias petroleras es una inversión que indudablemente quedará obsoleta dentro de 10 años: son caminos que van a ir a la nada, porque el día que el petróleo no salga, ahí no habrá nada. Y muchas veces se tiene un debate social en términos de si se invierte para esa distancia no se cuántos millones de pesos para llegar a un lugar donde dentro de 10 años no habrá nada. Pero la debilidad de los gobiernos locales radica en que no tienen técnicos para discutir con las empresas. Disponen de la plata, y en definitiva la obra pública moviliza más los recursos humanos y terminan presionados por unas circunstancias donde ellos no tienen un problema fiscal que los limite, sino un problema de falta de recursos humanos, organización, planificación y hasta de una conciliación ideológica entre el presente y el futuro.

Los gobiernos locales son diferentes por su proximidad y porque su acción impacta sobre la calidad de vida, y ahora están bajo un estrés, que ejemplifico con el dato estadístico de que después del 2001 las ciudades intermedias que son centros de servicios de áreas rurales productoras de bienes transables están creciendo a tasas muy altas: Río Cuarto, Rafaela, etc. De necesitar 50 cuadras de asfalto pasar a necesitar 100 cuadras no es una diferencia sólo cuantitativa; empieza a ser cualitativa, porque en una ciudad de 30 mil habitantes con recursos no hay un problema de transporte público, pero en otra de 80 mil hay problemas aunque exista el dinero para resolverlos.

El cambio de agenda no es sólo cuantitativo sino cualitativo, y si no cambia la calidad del gobierno, ese desfasaje de centro de servicios a ciudad con actividades diversas, complejas, con servicios completos, tiene dos posibilidades de resolverse: o un reequilibrio demográfico, con ciudades atractivas que tienen productos de valor y buena imagen, o 40 mini-San Pablos, con los mismos problemas de San Pablo pero con ninguna de sus ventajas. Un mini - San Pablo entrerriano es Concordia. Tiene los mismos problemas de violencia urbana, inseguridad, calificación de recursos humanos, etc., con algo más de 100.000 habitantes.

Y la mala noticia del día es que, en mi opinión, y siendo favorable a los procesos de participación política y expansión de la democracia, la diferencia que hay en este salto de calidad que tienen que dar los gobiernos no se salva solo con participación. Tiene que haber un salto de calidad técnica de la política. Quizás, presionada desde la participación.



Hablábamos de la ciudad como espacio de realización de la ciudadanía, de esta relación emancipada, y la respuesta más fácil en la teoría es "fortalezcamos los gobiernos locales". Pero no sé si es esa la respuesta adecuada, porque es de ocasión. Tenemos una estatidad organizada según el poder industrial. Cada nivel de gobierno se encarga de un pedazo de la agenda: el gobierno local, de la plaza, de enterrar los muertos, de la poda de los árboles, de la lamparita; el gobierno provincial, de la salud, de la educación; el gobierno nacional de la política monetaria, controlar las fronteras, las relaciones exteriores. Y las áreas de convergencia son áreas de conflictividad, porque no queda muy claro a quien "le tocaba" hacerse cargo de un tema cuando pertenece a un área de convergencia.

Ese modelo, similar a una línea de montaje, donde se puede decir "fortalezcamos este eslabón", es un modelo que está cambiando; no porque lo decidió un teórico de la academia; sino por el impacto de las nuevas tecnologías en el Estado. Hay una creciente convergencia funcional, en la que cada vez se repiten más los esquemas como el siguiente: un nivel de gobierno crea un programa, otro nivel de gobierno califica los recursos y otro nivel de gobierno lo aplica. Es creciente este fenómeno de un nivel de gobierno que diseña o controla los estándares, o los financia, y otro nivel que se encarga de otro aspecto de su realización. Se rompe así la lógica de la división y se pasa a la lógica de la convergencia.

Por lo tanto, la vieja lectura que concluía: "fortalezcamos los gobiernos locales" es buena, pero insuficiente, porque podríamos repreguntarnos: en un modelo de convergencia funcional ¿qué es fortalecer los gobiernos locales? Porque en el modelo clásico, de separación de funciones, era "démosle mas plata a los gobiernos locales para que puedan desarrollar ágilmente su actividad". En el modelo de convergencia funcional, claramente no se trata de girar más recursos a los gobiernos locales; es una enorme transformación que implica "tengamos el mismo estatus de entrenamiento de los recursos humanos de los gobiernos locales respecto de otros niveles, que son sus interlocutores válidos". Hagamos que la convergencia funcional efectivamente funcione. Tengamos un nivel de conectividad válido. Manejemos los mismos estándares de evaluación. Si cambia la estatidad y la dinámica que la sostiene, no hay más posibilidades de que un gobierno diga "esto no es mí competencia". Por lo tanto, la lectura relativamente simplificada de "fortalezcamos los gobiernos locales" responde a un modelo anterior. Igualmente, yo quiero que se fortalezcan los gobiernos locales...

Hay una gran cantidad de temas sobre los que antes se pensaba que no correspondían a un gobierno local y que, lamentablemente, la dinámica demuestra que o bien se ocupa el gobierno local de una parte de la cuestión o eso no lo hace nadie. Por ejemplo: mi mujer es militante de la causa de género y ella dice que puede existir la ley nacional o provincial que sea necesaria, pero los problemas de género se resuelven en el espacio local, cuando hay compromiso del gobierno local.

¿Qué programa de empleabilidad puede ser medianamente eficaz si no se resuelve en el nivel local de gobierno?; ¿quien conoce las cuestiones de versatilidad de la mano de obra, requerimientos específicos, etc.? La convergencia funcional cambia cualitativamente el lugar del gobierno local y cambia la visión sobre qué es fortalecer el gobierno local.

Probablemente sea mejor para fortalecer el gobierno local cambiar la agenda de gobierno que tener más recursos (aunque ambas cosas son importantes), porque una gran cantidad de las cosas que hace está demostrado, paradójicamente, que lo podría hacer otro nivel de gobierno. Pero la realidad nos dice que, para que haya ejercicio real de la ciudadanía, tiene que haber una base material que sostenga la efectiva realización de derechos. Si bien no son términos conceptuales que uno pueda batir en el mismo bol, es muy difícil ser indigente y ciudadano. Esa relación emancipada se realiza después de cierto nivel de rentas.

En este sentido, hay una cuestión importante a poner en juego en los gobiernos locales en Argentina: lamentablemente, en muchas ciudades, cuando uno habla de desarrollo, en general la gente plantea esa cuestión del desarrollo en términos agrarios. La idea es que hay una ciudad que vive "sedentariamente" de un campo, que es el que produce, y que hay en la ciudad unos seres casi parasitarios que no producimos nada y que si al campo le va mejor, a nosotros también. Es la visión de la ciudad hotel. La vida productiva es reducida a lo que nos da la tierra.

No solo es una mentira sino que es una mentira peligrosa, porque nos libera de ver que la ciudad, aparte de ser un hábitat, un lugar de interrelación, etc., es la plataforma de muchas actividades económicas que desarrollamos todos los días; nos hace ver el territorio como un espacio segmentado, la ciudad y el campo. La verdad es que la ciudad y el campo forman parte de un sistema y que, en la medida que podamos administrar bien esa relación sistémica, será mejor tanto para la ciudad como para el campo. Este es un punto central, porque la agenda de la ciudad excede la ciudad. Un buen intendente es aquel que incide más allá de las fronteras de su ciudad. La ciudad no es un hotel. Tanto es así que el 85 % del PBI de la Argentina se produce en ciudades. Y la economía agraria (que en Argentina es poderosa todavía, porque en los países del primer mundo es el 4,5 o 6 % del Producto y en nuestro país llega al 15%, y está bien que así sea porque disponemos de un campo privilegiado) precisa, para realizarse, de ingenieros agrónomos que van a estudiar a un lugar en la ciudad, de una aduana, de puertos, de silos, de que se registren patentes, de que se hagan estudios en laboratorios. Una ciudad que también puede pensarse en término de proveedor económico de servicios de alta calidad, desarrollos culturales, industrias, comunicación y ejecución, cadenas de frío, plataformas logísticas, todo lo que hace a una ciudad económicamente más competente.

La ciudad es también un hábitat, pero aunque tenemos que vivir bien, no deja de ser la plataforma donde desarrollamos nuestras actividades económicas. En este sentido, no va a ocurrir naturalmente que tengamos una ciudad amigable a la ciudadanía, amigable al desarrollo institucional, amigable a la inversión: necesariamente lo tenemos que planificar. En general, las ciudades por donde uno pasea y le gusta son las que combinan estas tres esferas. Las que son sólo amigables al ejercicio ciudadano parecieran ser parques temáticos; las que son sólo amigables a las inversiones, como Hong Kong, son invivibles, y las que son sólo amigables a las instituciones también parecen de opereta, como Washington DC, donde parecería que falta el dinamismo que tienen las ciudades que son más amigables al ejercicio de la ciudadanía. En ese sentido, esa ciudad completa y que tiene una mirada territorial es una construcción de la planificación, no es un desarrollo natural.

La planificación, como consideración de las intervenciones sociales, se introduce en tanto que nosotros no queramos que en nuestro territorio pasen las cosas con esa dinámica del fatalismo. El mercadismo es una versión del fatalismo. Y en la historia de la humanidad, esta por demás demostrado que no es así. Muchas veces el hombre se plantó con su intervención frente a cosas que parecían fatales y las revirtió.

La planificación está hoy en día sometida a cinco grandes asedios que no sufría antes: cultura de proximidad, asedio mediático, transdisciplinariedad, inorganicidad de los conflictos sociales, información abundante.

El primero es la cultura de proximidad, que está instalada en todos nosotros, al interior de nuestra concepción del mundo ("un mundo pequeño"). Estamos entrando en una cultura de inmediatez. Va a ser más necesaria la planificación en un contexto de inmediatez; pero conceptualmente es un tema difícil de resolver: las cabezas pensando en tiempos inmediatos y la planificación exigiendo alguna mediatez.

El otro problema es que aun las planificaciones que fracasaban en los ‘50 y los ‘60 eran, al menos en un aspecto, "buenas", porque contribuían a ordenar la información. Hoy esa "legitimación" parece ridícula, a la luz de la disponibilidad de información existente y de las facilidades de acceso y acopio. Ni hablar de los otros tres temas: ¿cuanto impacta en un proceso planificador la inorganicidad social, la restricción disciplinar o el asedio mediático?

Y el tema de la planificación desemboca inevitablemente en la cuestión del Desarrollo: uno podría preguntarse si la Londres desvastada de la posguerra era una ciudad desarrollada, sí tenía la capacidad de reorganizarse, de sostener un orden normativo aún en situaciones extremas, de generar confianza, de responder a medio plazo al financiamiento que se le podía dar, etc. Claramente, por más que estuvieran pasando momentáneamente hambre, era una ciudad desarrollada. El enriquecimiento habla poco del desarrollo, mucho más nos dice del desarrollo la capacidad de respuestas. Está claro que el desarrollo no es el enriquecimiento y que se trata de un proceso que no es espontáneo, porque estas capacidades son de construcción transgeneracional.



Un ejemplo claro, que nos toca vivir ahora como una cuestión regional, tiene que ver con Venezuela. En Venezuela hay recursos como para hacer lo que uno quiera, pero no hay recursos humanos venezolanos preparados para hacer lo que el gobierno dice que es necesario. Si Argentina (vamos a suponer una hipótesis benevolente con nosotros) tuviera los recursos humanos, un poco de plata se consigue en el mercado de capitales; pero entrenar los recursos humanos, formar recursos humanos para consolidar el trabajo industrial ¿cuántos años lleva? Por más que se disponga de los recursos. Y si los tengo que importar, eso implica el doble de salario, pero además, no todas las competencias son transferibles; mientras tanto tengo que crear el entramado de escuelas, talleres, currículos, supervisiones, para quizás empezar a ver los resultados 5, 6 o 7 años después.

Les voy a contar la historia de una maldad... En los emiratos petroleros, por decisión de los príncipes, la mano de obra del sector, muy bien paga, se importa. Hasta las personas que limpian las oficinas del sector petrolero son extranjeras. Los ingenieros, por lo general, son muy buenos profesionales que traen las empresas desde cualquier lugar del mundo donde tengan capacidades. Ganan como mínimo 10 mil euros por mes y tienen que "bancarse" vivir en Yemen; van generalmente 2 o 3 años y se vuelven, porque es bastante inhóspito vivir ahí. Los mandos medios son de otros países árabes ó del Norte de África. A la población la mantienen bajo un esquema clientelar: no trabajan en el sector petrolero, a propósito, porque el trabajo los independizaría de la relación con el gobierno. Como están ahora, no pueden hacer sindicatos, paros, ni cortar rutas, ni nada; entonces llegaron a la conclusión de que era mas barato darle la bolsita a fin de mes, en versión argentina, que tener "ese lío". Un típico caso de no conducción de ciudadanía. Ellos manejan una perspectiva de que esta situación es eterna. Por supuesto que a los jeques no les importa nada, pero ante cualquier escenario de cambio económico o disminución de rentas de la industria petrolera, cuentan con una población que no sabe hacer nada. Entonces, la construcción del desarrollo es un fenómeno bien complejo que no tiene que ver sólo con la política económica. Está bien que hablen de desarrollo los economistas, pero no son los únicos que tienen que hablar.

Y ahora que se ha puesto de moda la cuestión de desarrollo territorial y local quiero hacer dos o tres salvedades. La primera es que el desarrollo local no es la economía social; por lo menos, hay que comprender que no son sinónimos. Está bien que se armen cooperativas de artesanos para venderle a los turistas, que se cooperativice la economía primaria, todo eso está bien. Pero el desarrollo local es una visión de la política pública en el territorio orientada a fortalecer las capacidades sociales; y en ese proceso de fortalecimiento hay aspectos educativos, económicos, institucionales, infraestructurales, ambientales.

Tampoco el desarrollo local es el municipalismo. Está muy bien que las instituciones municipales sean autónomas y que la municipalidad funcione bien, pero la verdad es que el desarrollo local excede eso, aunque lo incluye. Y lo excede en esta visión de construcción de capacidades sociales. Uno podría preguntarse que rol juega la municipalidad en materia de construcción de capacidades sociales como respuesta, no sólo económica. Lo planteo como algo central del tema, sabiendo desde ya que hay una lógica económica, que es la lógica de la concentración territorial.

Basándose en alguna ventaja primaria original, en general las empresas de un sector tienden a concentrarse territorialmente. Cuando se hace un análisis de la geografía de las empresas sectoriales, uno se da cuenta que en Buenos Aires las curtiembres están todas en el mismo barrio y eso tiene que ver con la tendencia centrípeto-territorial que se genera a partir de las sinergias de proximidad. Creo que la primera tarea que es necesario hacer en materia de desarrollo en el gobierno local es saber qué ventajas genera mantener la economía en aglomeración, compatibles con una ciudad relativamente vivible: ver qué ventajas competitivas tengo y cómo genero una aglomeración positiva en términos de empleo, competitividad, etc. Y el rol más importante del gobierno local no es solo "hacer", sino "hacer con otros", sobre todo por aquello que dijimos de la convergencia funcional: saber dialogar interjurisdiccionalmente, porque el territorio no es exclusivamente del gobierno local, el gobierno local no es dueño del territorio.

Y para eso faltan algunas cosas, por lo cual los gobiernos locales hoy no pueden dialogar interjurisdiccionalmente. Hoy los gobiernos locales no tienen información. Si yo le pregunto al intendente cuál es la tasa de desempleo en Concepción del Uruguay, como no la mide el INDEC, no lo sabe; no sabe si son mujeres o varones o en qué segmento etario están los desocupados; por lo tanto, no saben si es re-entrenamiento o primer empleo lo que tiene que hacer. No hay capacidad de formulación de proyecto. En general solo puede decir "sí o no" pero no puede dialogar sobre proyectos, no puede negociar, porque no tiene capacidad de formulación. Sin capacidad proyectual, toda negociación es cuasi-irracional.

Viví la experiencia en Mocoretá, Corrientes, donde la ruta 14 pasa por el medio del pueblo. En el costo de la obra de la autovía, intentar circunvalar la ciudad debería ser el 1 por mil del presupuesto y habían previsto un puentecito. De 20.000 habitantes, vivían 10.000 de un lado y 10.000 del otro y preveían construir un puente. Entonces, se armó una comisión de vecinos, que propusieron hacer... tres puentecitos. No pidieron que se circunvale la ciudad, porque no tenían capacidad de formulación (no había arquitectos en la municipalidad) y llegaron a la conclusión de que tres puentecitos eran mejor que un puentecito.

Pasa con los planes de vivienda: los aceptas ahí donde los pongo o nada; como del otro lado no hay equipo para negociar y siempre hay gente que necesita viviendas, la solución es ponerlas donde quiera la agencia estatal que las financia, cuando quiera y como quiera.



Las otras cuestiones: la capacidad de gestión como correlato de un cierto poder planificador; y también la gobernabilidad. Planificar requiere un clima de gobernabilidad. Hoy tengo la sensación de que los gobiernos locales argentinos prescinden de la reflexión sobre construir gobernabilidad como requisito para planificar.

Esta idea de la convergencia funcional saca también al gobierno local de la punta de una pirámide, que es una idea muy cómoda: el gobierno en el extremo de la pirámide ordenando socialmente. Aceptar la lógica de la reticulación contra la lógica de la pirámide es hoy una restricción para planificar, porque la paradoja es que, si la pirámide funciona, en el mejor de los casos el gobierno local se para en la punta pretendiendo que el territorio es suyo y no se da cuenta de que si cambia el precio de la soja en China cambia la tasa de construcción de edificios en Rosario. Uno no es dueño del territorio, es dueño en el mejor de los casos de planificar reticularmente para tener un poco más de control sobre ciertas dinámicas territoriales.

Muchas gracias.

FQ

N. de la R.: Esta nota reproduce con algunos ajustes de edición la disertación ofrecida por el autor el pasado 29 de junio, en el curso "El desafío de construir ciudad desde la planificación", organizado por la Facultad de Ciencias de la Gestión – UADER, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina (donde fueron tomadas las fotos que ilustran la nota).

Fuente: Café de las Ciudades http://cafedelasciudades.com.ar/politica_61.htm Leer más...

Preocupante situación carcelaria en la Argentina

Por Rafael Barca

Los presos sin condena deben tener un trato diferenciado en relación con las personas ya condenadas.

El abandono y las condiciones inhumanas que en general imperan en el sistema penitenciario del país son más que preocupantes. La reciente muerte de más de 30 reclusos en la cárcel de Santiago del Estero eviden-cia, nuevamente, la necesidad de atender esta situación violatoria de los derechos humanos.
Un motivo de gran preocupación para Amnistía Internacional es el alto número de reclusos sin condena el Centro de Estudios Legales y Sociales señala que más del 66% de la población carcelaria se encuentra en esa situación que, además, resulta en superpoblación en los penales. Sin ir más lejos, en la cárcel de Santiago del Estero hay una población carcelaria que representa casi el triple del número de personas para las que el centro tiene capacidad.
El elevado número de presos sin condena en Argentina, que evidencia un deficiente funcionamiento tanto del sistema penitenciario como del sistema de justicia en su conjunto, ha sido motivo de condena recurrente por parte de Amnistía Internacional.
Por ello, exhortamos a las autoridades provinciales y nacionales a la elaboración de un Plan de Política Penitenciaria, en el que uno de los ejes sea el trato diferenciado para los presos sin condena.
Amnistía Internacional resalta que toda persona sospechosa, acusada, detenida o arrestada en relación a una infracción penal que aún no haya sido juzgada debe ser tratada de acuerdo con el principio de presunción de inocencia.
En términos reales, esto se traduce en que estos presos tiene derecho a permanecer separados de quienes han sido juzgados y condenados, derecho a la asistencia de un intérprete en su defensa, derecho limitado a ser visitado y atendido por su propio médico o su dentista, siempre que el detenido esté en condiciones de sufragar tal gasto, y derecho a comprar libros, material de escritura y publicaciones periódicas siempre que sean compatibles con la seguridad, el orden y la justicia, entre otros derechos.
La situación de los presos sin condena dista mucho aún del respeto de esos derechos. La normativa internacional es clara al respecto: el reto ahora es convertir esos derechos en realidades concretas.

(Red de diarios en periodismo social)

RAFAEL BARCA (*)

Fuente: "Río Negro"

(*) Director ejecutivo de Amnistía Internacional Argentina. Leer más...

Peleados, frustrados, aislados

Por Pepe Eliaschev

Una semana lamentable en la pasó lo que tenía que pasar, nada más. Era inexorable que Botnia comenzara a funcionar. No podía ignorarlo el gobierno argentino. Más allá de quejas costumbristas ("traición", "cuchillada en la espalda", "provocación", "nos tomaron por boludos", "nos sacó la escalera y nos dejó colgados del pincel"), lenguaje de tango más que de la vida real, la situación entre la Argentina y Uruguay tuvo desenlace previsible. ¿Hubiera acaso cambiado mucho que el doctor Tabaré Vázquez autorizara 72 horas después el comienzo de la actividad industrial largamente postergada, en vez de hacerlo en vísperas de la Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile? Es cierto que Vázquez dio el OK a la puesta en marcha justo en coincidencia con un evento diplomático, pero también es verdad que lo hizo como respuesta contundente a la actitud de Néstor Kirchner, que en la capital chilena primereó al uruguayo avalando explícitamente a los activistas de Gualeguaychú. Con Botnia funcionando, ahora se vive una nueva etapa en un litigio iniciado hace más de cuatro años, en octubre de 2003, cuando vecinos argentinos del río Uruguay denunciaron la eventual instalación de una planta de la Empresa Nacional de Celulosa (ENCE) en la uruguaya Fray Bentos, frente a Gualeguaychú, la cancillería argentina emitió su primer comunicado, admitiendo "preocupación" por el asunto y el presidente argentino Néstor Kirchner le ordenó al entonces canciller Rafael Bielsa hacer un "seguimiento" del tema. Ese mismo octubre de 2003, el gobierno del presidente Jorge Batlle autorizó la instalación de la española en Fray Bentos y enseguida la Argentina se quejó por escrito alegando que el proyecto fue autorizado "unilateralmente" por Uruguay, sin consulta previa a la Argentina, acto al que calificó de "contrario al Estatuto del Río Uruguay", un tratado bilateral de 1975 que reglamenta la administración compartida de esa vía fluvial. Cuatro años después, el pasado 29 de agosto se inauguró el puerto desde el cual Botnia exportará su pasta celulosa a Europa y Asia, y un mes más tarde Kirchner aceptó, hablando en Nueva York, que "la planta ya está ahí, no hay nada más que hacer", algo que negó tres días después, el 1° de octubre, aunque admitió con realismo que "no se podía generar expectativa de lograr la relocalización" de la papelera, "porque Uruguay" no lo acepta. Pese a que el puente fue cerrado para todo el mundo, el 7 de octubre, los asambleístas (que en Uruguay llaman piqueteros) cruzaron la frontera para armar una asamblea binacional con uruguayos en Nueva Palmira. Casi tres semanas más tarde, por primera vez, chocaron con fuerzas de seguridad uruguayas, forcejeando cuerpo a cuerpo en pleno río Uruguay. Así, el año de diálogo procurado por el embajador Yáñez Barnuevo, incluyendo trabajo, conversaciones y contactos al más alto nivel diplomático no pudo acortar distancias entre Uruguay y Argentina. Fuentes del gobierno del doctor Vázquez consideran que "Uruguay dio todo lo que podía. Botnia debió empezar hace 20 días y se está perdiendo mucho dinero. Esperamos hasta las elecciones, esperamos hasta la Cumbre. Más no podemos hacer". Fue con la firma de Arana, fechada el 8 de noviembre de 2007, que la Presidencia uruguaya publicó en su página web la resolución de autorización ambiental para el funcionamiento de la planta de Botnia. El conflicto con la Argentina por la planta de Botnia no ha permitido hasta hora visualizar en toda su dimensión el gran momento que comienza a vivir la economía uruguaya, que entra en la era de la celulosa, etapa superior de su joven desarrollo forestal. Botnia comienza a fabricar pasta de celulosa en su planta de Fray Bentos con madera de árboles uruguayos, lo que revela la importancia de un hecho que marca fuertemente el futuro uruguayo, con la perspectiva de que nuevas plantas como la inaugurada suministren en el futuro una sólida base de lanzamiento internacional para la riqueza forestal de ese país. Según evaluaciones uruguayas, esta planta permitirá por si sola que a mediados de la próxima década las exportaciones madereras totales de Uruguay superen los 750 millones de dólares anuales, más de la mitad de los cuales posibles por las colocaciones de celulosa en el exterior, valores prácticamente equivalentes a todas sus exportaciones principales de hoy. En la medida que las plantas de ENCE y Stora Enso se sumen a la oferta celulósica, y la de Weyerhaeuser a la de muebles y enchapados, la realidad de un Uruguay forestal se patentizará en su balanza comercial y en perspectivas de trabajo para los uruguayos. La fábrica de Fray Bentos no es un invento del doctor Vázquez. Es parte de uno de los principales proyectos de la democracia recuperada en 1985, luego de 12 años de dictadura cívico-militar. La ley forestal, apoyada por todos los partidos e impulsada por los gobiernos anteriores al de Vázquez, otorgó un subsidio para facilitar la implantación de bosques artificiales, se aprobó en 1987. Hoy los bosques artificiales superan las 650.000 hectáreas, en su mayoría implantados en terrenos no aptos para otras explotaciones. Bosques artificiales de eucaliptos y pinos cubren hoy el 4,5 por ciento del territorio uruguayo, fuente de trabajo (plantación, mantenimiento, cosecha y transporte, aparte de procesamiento industrial) para millares de uruguayos. Para colorados, blancos y frenteamplistas, todo este diseño promueve empleos mucho más permanentes que zafrales o periódicos, lo que permite sustento familiar en el campo y dar trabajo en zonas castigadas por la desocupación y la caída de las actividades tradicionales, estimulando un Uruguay productivo, que en apenas dos décadas pasó de poseer solamente muy acotados montes indígenas, amenazados por el uso como combustible, a disponer de una riqueza forestal importante e implantada sabiamente sobre terrenos de bajo índice de productividad. Para la mayor parte de los técnicos serios, Botnia es un hito en el porvenir forestal y fuente de muchos empleos para miles de jóvenes uruguayos, candidatos a la emigración tradicional en un país que ahora parece poder empezar a ofrecer perspectivas mejores. Al arrancar su ciclo productivo, Botnia está empleando a 6.500 trabajadores: es como si en la Argentina una empresa arrancara contratando a 78.000 empleados. Será una "cuestión uruguaya", pero la Argentina no puede negar o ignorar estas variables. El gobierno de Kirchner se manejó en este caso de acuerdo con sus criterios proverbiales, lo que Juan Carlos Portantiero, denominaba "democracia plebiscitaria". El eminente pensador socialista fallecido este año consideraba que el de Kirchner "es un gobierno que, dentro del respeto a la tradición electoral de la democracia, busca asumir carácter de democracia plebiscitaria (...), de relación directa del jefe político con la masa. Democracia que implica supresión de las mediaciones -de los partidos políticos-, junto con fuerte decisionismo y orientación por un programa que en sus líneas generales se dice progresista, pero que busca atacar la coyuntura, más que imaginar escenarios de largo plazo con políticas de reformas estructurales para una sociedad que no sólo tiene problemas de pobreza, indigencia, educación o salud, sino que también tiene problemas de mediocridad institucional". Esa noción le impidió liderar a la gente de Gualeguaychú de manera creativa y mostrando opciones más sólidas, asumiendo que en ocasiones un jefe popular puede y debe confrontar con las reacciones primarias de muchedumbres circunstanciales. Sobre el trasfondo del doloroso litigio con Uruguay, sobresale una reflexión aguda de Portantiero: "así como el Gobierno ha sido eficaz (...) para atacar situaciones de coyuntura, no tiene claro -o por lo menos no lo expresa- cuál es su horizonte de mediano plazo para la Argentina. El mundo ha cambiado rotundamente y (...) las ideas matrices del Gobierno con respecto a rasgos de país y de sociedad están un poco congeladas en la creencia, que fue exitosa en algún momento, de un país que no se integra abiertamente al mundo, que desde el punto de vista industrial supone la existencia de un capital nacional a partir del cual se pueden sustituir importaciones y de un agro que financia ese proyecto". En este sentido, el ex presidente uruguayo Julio M. Sanguinetti, subrayó que "seguimos hablando de hermandad, de apego a ley, de Mercosur, de integración, y no somos capaces de resolver un tema estrictamente técnico como es medir y controlar el margen de contaminación de un tipo de empresas que existen en todo el mundo". Por eso, confesaba Portantiero en octubre de 2006, "no sé si esa convicción coloca bien a la Argentina -aun cuando tenga éxito, como lo tiene actualmente- en el mundo. Me parece que ahí hay una falta de proyecto de mediano plazo, que obligaría a que la Argentina no piense su destino como lo pensaba en los años 60, sino como debe pensarlo en los años 2000". Remataba con conceptos de filosa actualidad: "Las ideas que muestra el Gobierno (...) aparentan ser un progreso con respecto a la manera loca con que la Argentina quiso vincularse al mundo en la época de Menem. Pero si son un progreso con respecto a aquello, no necesariamente son el camino del progreso en el mundo actual". Verdad potente aunque dolorosa: aunque la postura uruguaya exhibe flancos débiles y hasta criticables, la carga principal de la responsabilidad por lo sucedido recae en esta parte del río. Desde aquí corresponde empezar a reparar un perjuicio insoportable. Tarea ideal para Cristina Fernández de Kirchner.

Columna publicada en Diario Popular y El Día

Fuente: http://www.pepeeliaschev.com/
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domingo, 11 de noviembre de 2007

Los tránsfugas

POR OSVALDO ALVAREZ GUERRERO

Está bien que en el mundo todo cambia, que nada es para siempre y que nunca nos podemos bañar en las mismas aguas del río, que el cambio es vida y la fijeza perpetua es muerte... Pero todo tiene sus límites y ponderaciones: para que haya cambio tiene que haber previamente algo estable que ha de modificarse o mantenerse. De lo contrario, la misma idea de cambio sería impensable. Hay una tendencia natural de la lógica humana a respetar el principio de identidad. Una cosa son las aguas del río y otra distinta es la naturaleza humana. El cambio permanente, la fluidez eterna, se parece demasiado a la nada.

Esta idea, en los hechos, es una excusa para la eliminación de toda norma de conducta, la relatividad de cualquier persistencia y la justificación del transfuguismo político. Por eso el tránsfuga (el que cambia frecuentemente de partido motivado por intereses personales) en la teoría ética de la democracia no ofrece ninguna valoración positiva.

Sin embargo, el transfuguismo político es un fenómeno corriente, que tiene una larga historia y que en determinados momentos la sociedad admite. Convengamos que esa aceptación se parece demasiado al apoyo. Los tránsfugas se reproducen en casi toda Latinoamérica, en mayor o menor grado y proporción y también en España o Italia, lugares donde se constituyó durante décadas en un sistema de peculados y sobornos, en el cual las fuerzas políticas dominantes no se diferenciaban más que por el turno en que ocupaban el gobierno. A ese permanente intercambio de componentes se le da ahora el nombre popular de "chaquetismo" en España y en Centroamérica (los que se cambian de chaqueta, equivalente a nuestro cambio de camiseta.) Tanto es así, que el término chaquetismo ha sido incorporado, dado que su uso responde a una realidad muy expandida, al Diccionario de la Real Academia de la lengua. En Italia se llamó transformismo, que desembocó finalmente en el fascismo y en tiempos más actuales, en los escándalos del tiempo de "mani pulite" y ahora en la amenaza de nuevos fascismos y en la corrupción de la "Forza Italia" de Berlusconi.

En la Argentina, el transfuguismo se disfraza con la política de los acuerdos de escritorio o de cocina, según el nivel de los acordantes, y tiene también su historia y su presente. Yrigoyen denunció a ese sistema a principios del siglo XX como falaz y descreído, al acuerdismo con el término de contubernio y a sus alianzas las condenó como figuraciones y desfiguraciones de un mismo régimen. Pero el transfuguismo tiene un presente álgido: en las últimas elecciones se ha expresado con particular virulencia, tanto en el oficialismo como en la así llamada oposición. ¿Qué importancia da estar en el PRO, UNA o en el Frente para la Victoria, en la Concertación Plural o en la Coalición Cívica (nombres que carecen de toda significación de contenidos) excepto por las diversas posibilidades de acceder a algún espacio de poder en la extensa escala jerárquica de la función publica? Por otra parte, habría que advertir que un partido, por su propia naturaleza, no puede ser plural o transversal. Lo que debe ser plural es la sociedad. La política exige, en efecto, un cierto antagonismo, una cierta confrontación de idearios, un modelo de adversarios, no de enemigos. El consenso ha de limitarse a un acuerdo muy básico y elemental sobre las normas orgánicas de la Constitución. Pero no puede ni debe eliminar con los argumentos de las políticas de Estado para la educación, la salud, la seguridad o la economía de mercado el debate y el pluralismo de ideas y proyectos distintos en torno de estas cuestiones, bajo pena de transformar el acuerdo en hegemonismo absoluto y totalitario. Como dice Chantal Mouffe, "el adversario es una categoría crucial y un elemento constitutivo para la política democrática", en un libro esclarecedor y muy actual: "En torno a lo político" (Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2007).

Todas las listas de candidatos y seguramente la conformación de alianzas y contraalianzas en los bloques parlamentarios, con nombres y siglas provisorias que pasan rápidamente al olvido, han recibido y expulsado tránsfugas. Incluyendo a los presidenciales, que en algunos casos han asumido, con sus idas y vueltas, sus arreglos y odios circunstanciales, una tendencia a la histeria del tránsfuga existencial, que se confunde con el resentimiento a sí misma. Lo notable es que buena parte de la población los ha votado, a pesar de que esas conductas suelen ser criticadas y que la lealtad es un valor social generalmente encomiado por la sociedad.

El transformismo se da en sociedades en las que luego de momentos muy críticos de desajuste económico y social aparecen otros de remanso y de cierta prosperidad. Entonces las clases dirigentes se transforman en dominantes y una porción grande de la población cae en la marginalidad irrelevante para la continuidad del estado de cosas. Son precisamente los tiempos en que nada cambia. Ello ha conducido a la anomia social, el consenso hipócrita, las llamadas "políticas de Estado", la muerte de las ideologías, la futilidad de los casilleros políticos de izquierda, centro y derecha. Esa evolución uniformizadora de la política la guía hacia el pensamiento único: la crisis se seguirá reproduciendo significativamente y, entonces, es inevitable que prospere el oportunista acomodaticio. Admitamos que durante muchos años se fue imponiendo entre nosotros una cultura desprejuiciadamente pragmática, sin proyección de futuro y atada exclusivamente al éxito de las circunstancias.

Se podría hacer un gran diccionario de los tránsfugas. Aunque uno está tentado de hacer nombres, y algunos bien famosos, sería injusto incluir a unos desfachatados y excluir a otros más astutos y enmascarados tránsfugas.

A mi juicio, este fenómeno responde a varias cuestiones: en primer lugar, a la crisis ideológica de los partidos políticos y su virtual desaparición. Pero no es fácil determinar si los partidos decaen por la sobreabundancia de tránsfugas, por la suma de un individualismo cínico y acomodaticio o porque las propias organizaciones partidarias y su deformación en la partidocracia de burocracias corrompidas da lugar a la prosperidad de esos personajes.

Aunque la palabra está desprestigiada, es indudable que si una organización política no tiene principios, ideas ni proyectos identificatorios y diferenciadores, carece de la cohesión imprescindible. Históricamente la condición ideológica y la consecuente disciplina interna han sido sustanciales para las izquierdas. No así de las derechas conservadoras, que más bien se inclinan a la independencia partidaria y a la utilización de la tecnocracia apolítica. La cohesión y consistencia de los partidos de la ultra derecha se basan más bien en liderazgos personales y carismáticos.

El transfuguismo se da en los regímenes en los que existe un claro predominio de conservadurismo, moderantismo y en los llamados partidos de centro. Son acomodables. Cambian, pues, los ropajes, pero no los maniquíes. Pero quizá en todo esto tenga que ver una realidad apabullante: la decepción socialista, que ha renunciado a incluir en el debate los idearios originarios. Pero la crisis de la izquierda democrática es otro tema, que por ahora postergo.

OSVALDO ALVAREZ GUERRERO

Fuente: "Río Negro" Leer más...