sábado, 26 de mayo de 2012

NO ES VERDAD QUE SE CUMPLA LALEY DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS

Por José Antonio Artusi
No es verdad, como han sostenido recientemente legisladores oficialistas, que se remitan fondos a Entre Ríos en estricto cumplimiento de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos.
Es imperioso recordar que el ARTICULO 7º de la LEY Nº 23548 establece que “el monto a distribuir a las provincias, no podrá ser inferior al treinta y cuatro por ciento (34%) de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central, tengan o no el carácter de distribuibles por esta Ley.” Enfatizamos lo de “tengan o no el carácter de distribuibles” – o, como se dice habitualmente, coparticipables -, dado que en los últimos años la matriz impositiva de nuestro país ha cambiado como consecuencia del aumento de la participación en el total de la recaudación de las retenciones a las exportaciones y la incorporación de otros tributos como el impuesto al cheque, que no son coparticipables, al menos no en su totalidad. Ello ha llevado a que en los últimos años este artículo 7º de la ley de coparticipación federal de impuestos se incumpla sistemáticamente, con un notable perjuicio económico para las provincias, que vulnera el federalismo fiscal y transforma en una quimera las autonomías de los estados provinciales, sometiendo a sus gobernadores a una penosa sumisión al gobierno central. Es por eso que son numerosas las iniciativas legislativas, tanto a nivel provincial como nacional, para intentar revertir esta situación. En un proyecto de ley del Senador por la Provincia de Santa Fe Rubén Giustiniani se propone concretamente la cancelación de la deuda acumulada por este concepto. Se señala en los fundamentos de esa iniciativa que “se puede observar que en cinco años esta resignación de fondos de las provincias, por el incumplimiento de la garantía del 34% establecida en el artículo 7 de la Ley de Coparticipación, asciende en valores nominales sin actualización a la suma de $ 60.566 millones.” De modo tal que, teniendo en cuenta que la alícuota de coparticipación que le corresponde a Entre Ríos es el 5,07%, tendríamos que sólo por este ítem y sólo por ese período de 5 años, la Nación adeudaría a nuestra provincia una suma superior a los 3.070 millones de pesos, sin contar los intereses. El 28 de mayo de 2008, hace 4 años, presentamos un proyecto de ley en el que proponíamos “instruir al Poder Ejecutivo Provincial a promover y tramitar una demanda de la Provincia de Entre Ríos en contra del Estado Nacional, cuyo objeto será que se condene a la Nación abonar a la Provincia las sumas que correspondan por concepto de coparticipación tributaria federal, que resulten suficientes para compensar las pérdidas sufridas por la Provincia por el ejercicio inconstitucional, arbitrario y abusivo que llevó a cabo la Nación de sus facultades en materia fiscal”; y que “el Poder Ejecutivo Provincial, asimismo, deberá solicitar en la demanda a que se refiere el artículo anterior, que las compensaciones que se reclamen deberán tener como piso la garantía establecida en el Art. 7 de la ley 23.548, cuya aplicación también se encomienda demandar. Y todo ello con más los intereses que correspondan.”. Además del incumplimiento del piso del 34%, nos referimos concretamente en ese proyecto a otros ítems como el fondo de los ATN, normas operativas internas de la AFIP, el 15% de la masa coparticipable bruta que va a la ANSES, la inconstitucionalidad del impuesto al cheque, y las retenciones a las exportaciones, todas cuestiones que redundan en la crisis del federalismo fiscal que denunciamos. Obviamente, jamás fue tratado. Pero buena parte de los argumentos que allí exhibimos siguen teniendo plena vigencia. Es imperioso que se reconozca que sin revisar la relación fiscal entre la Nación y las provincias no habrá posibilidad alguna de emprender un camino sostenible de crecimiento y desarrollo para todos los entrerrianos.

José Antonio Artusi fue diputado provincial en Entre Ríos (2007-2011) y actualmente es Presidente del Comité Provincial de la UCR de Entre Ríos.- Leer más...

Gustavo Calleja disertó en Gualeguaychú

El Cdor. Gustavo Calleja, ex Subsecretario de Combustibles, disertó en el Comité de la UCR de Gualeguaychú el Jueves 24 sobre YPF y el petróleo nacional.
El Presidente del Comité Departamental de la UCR de Gualeguaychú, Ricardo Rodríguez, dió la bienvenida a los presentes y presentó a Gustavo Calleja,quien es Presidente de la Fundación Arturo Illia y Vicepresidente del Grupo MORENO (Movimiento para la Recuparación de la Energía Nacional Orientadora). Durante la presidencia del Dr. Raúl Alfonsín se desempeñó como Subsecretario de Combustibles. El disertante invitado se refirió a la historia del petróleo en la Argentina y al rol relevante que tuvo la empresa YPF, creada y defendida por gobernantes y funcionarios radicales como Hipólito Yrigoyen, Enrique Mosconi, Marcelo de Alvear, Arturo Illia y Raúl Alfonsín. Calleja enfatizó la importancia que tuvo YPF como una herramienta estratégica, copiada por otros países como Brasil que ahora logró el autoabastecimiento mientras nosotros lo perdimos, hasta la entrega por parte del gobierno peronista de Carlos Menem y Néstor Kirchner. Esa herramienta permitía la captura de la renta petrolera para volcarla en la construcción de caminos, gasoductos y represas hidroeléctricas. Gustavo Calleja señaló que tras la expropiación parcial del paquete accionario de YPF falta aún continuar con muchas otras medidas, en el marco de una política energética diferente a la actual, para recuperar verdaderamente la soberanía energética, tales como auditorías integrales, recuperar las áreas en poder de las demás empresas, avanzar en la exploración marina, diversificar la matriz energética con represas y usinas nucleares, etc.. Tras la alocución del Cdor. Gustavo Calleja, los diputados nacionales Fabián Rogel y Jorge Chemes se refirieron a diversos proyectos de ley presentados en el Congreso, referidos a la creación de una comisión de auditoría integral de reservas de hidrocarburos, auditorías de los contratos de exploración y explotación, derogación de la denominada "ley corta" y transferencia de la administración de los yacimientos al Estado nacional, y derogación de los decretos de Menem que permitieron la entrega y extranjerización de nuestro patrimonio, y promoción de la sustitución de los combustibles fósiles por fuentes de energía no convencionales*. Estuvieron presentes en el acto, entre otros dirigentes, el Presidente del Comité de Municipio de la UCR de Gualeguaychú, Alfredo Vitale, los diputados nacionales (MC) Sergio Varisco y Guillermo Corfield, el diputado provincial (MC) Jaime Benedetti y el Presidente del Comité Provincial de la UCR de Entre Ríos, José Antonio Artusi, quien felicitó a los organizadores por la iniciativa y aprovechó la ocasión para invitar al acto de homenaje al Presidente Hipólito Yrigoyen y al Gral. Ing. Enrique Mosconi, a 90 años de la creación de YPF, que tendrá lugar el próximo día Sábado 2 de Junio a partir de las 19.00 horas en la Casa Radical de paraná. Han comprometido su presencia en ese acto la Vicepresidenta 1ª y el Presidente del Comité Nacional de la UCR, Alicia Mastandrea y Mario Barletta.- *  Los proyectos de ley mencionados pueden consultarse a través de los siguientes enlaces en la página web de la Cámara de Diputados de la Nación:




2361-D-2012LEYHIDROCARBUROS: REVERSION DE LAS CONCESIONES DE EXPLOTACION, PERMISOS DE EXPLORACION. DEROGACION DE LOS DECRETOS 1055/89; 1212/89 Y 1569/89



2360-D-2012LEYLEY 26197 DE HIDROCARBUROS: DEROGACION; TRANSFERENCIA DE LA EXPLOTACION Y EXPLORACION AL ESTADO.



2359-D-2012LEYCREACION DE UNA COMISION DE AUDITORIA DE LOS CONTRATOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS.



2358-D-2012LEYCREACION DE UNA COMISION DE AUDITORIA INTEGRAL DE RECURSOS HIDROCARBURIFEROS.



2630-D-2012LEYDECLARASE DE INTERES NACIONAL LA SUSTITUCIÓN PROGRESIVA DEL USO DE COMBUSTIBLES FOSILES POR FUENTES DE ENERGIA NO CONVENCIONALES PARA LA GENERACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA. SUSTITUCIÓN DEL ARTICULO 2° DE LA LEY 26190-.
Leer más...

viernes, 25 de mayo de 2012

El derecho a la vivienda digna: una asignatura pendiente

Por José Antonio Artusi
A pesar del crecimiento récord de la economía argentina en los últimos 9 años, la posibilidad concreta de disfrutar del derecho constitucional a una vivienda digna sigue siendo una utopía para millones de argentinos. Lamentablemente, se ha avanzado muy poco en relación a lo que se podría haber hecho en materia de construcción de viviendas, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo.
Veamos primero el aspecto cuantitativo. Algunos datos oficiales: en 1987 se terminaron en todo el país 37.840 viviendas FONAVI, lo que representaba una vivienda cada 824 habitantes. En 2010, año de la última auditoría publicada, se terminaron sólo 6.140 viviendas FONAVI. Hay que tener en cuenta que la operatoria estrictamente correspondiente al FONAVI ha sido complementada a partir del 2004 por los denominados “programas federales de vivienda”, que de “federales” no tienen nada, financiados directamente por el gobierno nacional, asignando discrecionalmente fondos por parte de éste a cada provincia. Pero aún si computamos las viviendas terminadas de estos programas en 2010, 28.407, y las sumamos a las 6.140 del FONAVI, llegamos a un total de 34.547, o sea 3.293 menos que en 1987. Esta cantidad representa una vivienda terminada cada 1.161 habitantes. Vale decir que en 2010, luego de un período inédito de crecimiento macroeconómico, se terminaron menos viviendas tanto en términos absolutos como porcentuales, que 23 años antes, cuando el país se recuperaba lenta y trabajosamente de las consecuencias políticas y socio-económicas de la peor dictadura que registre nuestra historia, en plena crisis de la deuda externa y cuando nuestra producción exportable registraba precios notoriamente inferiores a los del 2010. Estos datos, entre otros factores, permiten entender porqué – como señaló la Relatora especial de Naciones Unidas para el derecho a la vivienda digna, Raquel Rolnik – “las ocupaciones de tierras y viviendas han representado en la historia reciente la forma más común de acceso al suelo y a la vivienda para los sectores populares”; o que – como expresa el investigador Raúl Fernández Wagner, “de cada 10 personas que en la Región Metropolitana acceden a una vivienda, el 60% compra un lote o alquila un cuarto en el mercado informal”. Vale decir que las respuestas oficiales al problema de la vivienda han sido claramente insuficientes e inadecuadas, lo que ha generado como lógica consecuencia la adopción de estrategias alternativas por parte de los sectores populares, ante la natural y angustiante preocupación por encontrar algo tan elemental y vinculado a una existencia digna como un lugar adecuado para vivir. En muchos casos los programas estatales de vivienda no sólo han sido insuficientes en cantidad sino que por algunos de sus atributos han contribuido a agravar ciertos problemas de nuestras ciudades. En este sentido, cabe señalar que la vivienda digna es mucho más que un techo bajo el cual guarecerse y debería considerarse como un elemento que junto a otros conforma un hábitat, que a su vez debe permitir el desarrollo sostenible, la integración comunitaria, y la construcción de ciudadanía en el marco de una verdadera democracia social. Las propias auditorías del FONAVI muestran a las claras algunos de estos problemas cualitativos de las políticas públicas, aunque soslayan o no enfatizan lo suficiente otros tales como la inadecuada localización de la mayoría de los conjuntos de vivienda y la falta de políticas de gestión del suelo por parte de municipios y provincias. Estos factores determinan en ocasiones que las operatorias oficiales terminan siendo más funcionales a los intereses de las empresas constructoras y la especulación inmobiliaria que a las necesidades y derechos de sus supuestos beneficiarios. Veamos algunas aseveraciones extraídas de manera textual de la última auditoría publicada, correspondiente al año 2010: - “Falta de planificación integral, previsión y coordinación entre los organismos que intervienen en la ejecución y aprobación de las obras de infraestructura básica para el normal funcionamiento de los barrios. Esto se ve reflejado en una importante cantidad de predios los cuales no cuentan con los servicios básicos antes de ser iniciadas las obras de viviendas”. - “En la mayoría de las provincias no existe una planificación integral ni una coordinación entre los distintos organismos para la ejecución de las obras de equipamiento comunitario. Cabe destacar que si bien en muchos casos se dejan previstos los espacios destinados para estos, en general, su construcción no acompaña al de las obras de viviendas, motivo por el cual dichos espacios se transforman muchas veces en depósitos de desperdicios”. - “La falta de equipamiento comunitario al momento de la adjudicación de las viviendas genera un desequilibrio en la demanda de los centros periférico de salud, de educación, etc. Esta situación resulta aun mas grave cuando se trata de numerosos conjuntos agrupados que constituyen sectores urbanos de cierta magnitud obligando a sus habitantes a recorrer importantes distancias para acceder al equipamiento”. - “Los nuevos barrios que se generan a través de los diferentes programas en desarrollo se caracterizan, en general, por constituir una yuxtaposición de conjuntos, muchas veces desvinculados o con escasa conexión al tejido urbano consolidado, situación que supone la ausencia de una elaborada planificación urbana que tenga en cuenta el impacto resultante y las condiciones emergentes de la nueva intervención como, por ejemplo, conexión con el transporte público, servicio de recolección de basura, integración social, acceso a la salud y educación entre otros.” - “En muchos casos, se ha observado que estos no cuentan con los mínimos requerimientos para el tránsito vehicular lo cual hace prever circunstancias de total intransitabilidad en épocas de lluvias.” - “Respecto al diseño urbano y de acuerdo a lo observado, no se consideran factores tales como orientación, mínimo asoleamiento, topografía y condiciones de futura ampliación de las viviendas. Estas condiciones se reflejan en un diseño totalmente homogéneo y en una disposición monótona de las unidades.” - “Por lo general se emplean modelo de manzanas que permiten trabajar con lotes en espejo de dimensiones tales que generan terrenos que varían entre 200 y 300 m2 de superficie. Estos se repiten casi sin grandes variaciones y sin tener en cuenta, por lo general, la topografía, orientación, asoleamiento, ambiente social y estética, etc. Estas situaciones, sumadas a que en algunos casos no se le da continuidad a la trama existente, genera una incidencia en el costo de las redes de infraestructura y su mantenimiento.” - “En general, la implantación de los prototipos, apareados o en tira, se realiza en forma indiscriminada en el terreno, esto es, no teniendo en cuenta las situaciones de esquina y las orientaciones más favorables como así mismo las características topográficas de los mencionados predios. Será conveniente combinar tipologías de viviendas agrupadas de media densidad y baja altura que permitan procurar el uso racional y lógico del terreno. Resulta tan perjudicial dilapidar el uso de las tierras como ajustar excesivamente provocando problemas de hacinamiento.” - “Se reitera la necesidad de efectuar estudios previos de impacto urbano-ambiental que contemplen adecuadas regulaciones del uso del suelo como así mismo una planificación de crecimiento y desarrollo en áreas de futuros asentamientos los cuales por la importancia de su extensión se constituirán en nuevos sectores urbanos.” - “Será necesario que esta planificación prevea el equipamiento necesario que debe acompañar a las obras de viviendas a los fines del normal funcionamiento de los barrios, esto es, centros de salud, educación, seguridad, etc., como así también de espacios verdes y sectores comerciales. Se advierte esta situación ya que se han observado importantes sectores de viviendas ya entregados que carecían de los mismos. En futuras intervenciones se deberá realizar un análisis previo de las características de los predios a fin de verificar si es necesario realizar el saneamiento de los mismos. Así mismo se recomienda estudiar la posibilidad de implementar para futuras intervenciones el empleo de distintos prototipos en respuesta a las diferentes situaciones de implantación y orientación.” Todas estas afirmaciones, extraídas de un documento oficial, no hacen más que ratificar la necesidad de una profunda reforma urbana, que garantice a todos el derecho a vivir en viviendas dignas y en ciudades acordes con la sociedad democrática e inclusiva que pretendemos construir. En una segunda parte nos referiremos a las herramientas de gestión que permitirían avanzar en ese sentido. José Antonio Artusi fue diputado provincial en Entre Ríos (2007-2011) y actualmente es Presidente del Comité Provincial de la UCR de Entre Ríos.- Leer más...

Mario Barletta participará del acto de homenaje a Yrigoyen y Mosconi en Paraná

El Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos se encuentra abocado a la organización de una serie de actos en homenaje al Presidente Hipólito Yrigoyen y el Gral. Ing. Enrique Mosconi, con motivo de cumplirse próximamente el 90º aniversario de la creación de la empresa YPF (Yacimientos Petroleros Fiscales).
El 3 de Junio de 1922 se crea YPF por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. El Presidente Yrigoyen debió recurrir a esta vía sobre el final de su mandato ante la férrea y absurda oposición de los senadores conservadores, que le impidieron tener una ley de petróleo que lo consideraba un recurso estratégico y lo ponía al servicio del desarrollo nacional. El Presidente Marcelo de Alvear continúa la política petrolera de Yrigoyen y designa al frente de la empresa al Gral. Ing. Enrique Mosconi, quien asume el 17 de Octubre de 1922. Entre esa fecha y el infame golpe "con olor a petróleo" del 6 de Septiembre de 1930, en menos de 8 años, de la mano de Mosconi y bajo gobiernos radicales YPF se convirtió en una de las principales empresas petroleras del mundo y en la compañía que sirvió de modelo a las demás empresas estatales latinoamericanas. 70 años más tarde, el peronismo del Presidente Menem y el Gobernador Kirchner inicia el proceso de privatización y extranjerización de YPF y se pone en marcha una política energética irracional y antinacional, que deja de considerar a los hidrocarburos un recurso estratégico, con sus lógicas consecuencias, la entrega, el vaciamiento, el saqueo y la pérdida del autoabastecimiento y la soberanía energética. Hoy tenemos la responsabilidad de recuperar YPF y el petróleo en serio, para todos los argentinos, para volver a ponerlos en la senda de la que nunca debimos habernos apartado. En ese desafío, recordar y honrar la memoria de Yrigoyen y Mosconi no es un mero ejercicio de nostalgia por las glorias pasadas. Es una ratificación política hacia el futuro, para levantar con más fuerza que nunca banderas que nos pertenecen por derecho propio, las de la defensa de YPF y la renta petrolera al servicio del desarrollo con autodeterminación, en pos de la mejora de la calidad de vida de todos nuestros conciudadanos en el marco de una verdadera democracia social.-

El programa de actos previsto para el Sábado 2 de Junio de 2012 incluye actividades en Villaguay y Paraná. En Villaguay, con la organización del Comité Departamental de la UCR y la Juventud Radical, se realizará el descubrimiento de una placa recordatoria en el Boulevard Enrique Mosconi. En Paraná, (Casa del Partido, San Martín 543) está prevista una Conferencia de Prensa a las 17.00 horas con la presencia de legisladores nacionales y posteriormente se llevará a cabo a partir de las 19.00 horas el Acto Central de Homenaje con la presencia, entre otros dirigentes, del Ing. Mario Barletta, Presidente del Comité Nacional de la UCR:  Leer más...

ENTRE RÍOS ES DISCRIMINADA EN LOS PROGRAMAS “FEDERALES” DE VIVIENDA

Por José Antonio Artusi
Venimos denunciando desde hace años la crisis del federalismo fiscal, que produce un efecto perverso al generar dependencia de las provincias hacia el gobierno nacional y por ende termina vulnerando la esencia de nuestra organización política federalista, o sea la autonomía de las provincias.
De esta manera, miles de millones de pesos por año, que corresponden a los entrerrianos, son apropiados de manera abusiva e ilegítima por el gobierno nacional, sin que nuestro gobierno atine siquiera a esbozar una mínima queja. No se trata de que los recursos no se inviertan en las provincias, obviamente; no podría ser de otro modo. Pero se invierten de una manera discrecional, a veces transfiriendo directamente fondos de la Nación a los municipios, a veces beneficiando excesivamente a unas provincias en detrimento de otras, y siempre ejerciendo un sometimiento político de las jurisdicciones provinciales.
Los denominados Programas Federales de Vivienda, que comenzaron a ejecutarse a partir del año 2004, son una prueba palpable de esta crisis, que refuta por completo la falaz alusión a un supuesto e inexistente “federalismo de los recursos”, que suele mencionar el Gobernador Urribarri. A diferencia de los fondos del FONAVI, que se distribuyen automáticamente entre las provincias de acuerdo a un índice fijado en la ley, los recursos de los programas “federales” de vivienda – que de federales no tienen nada – se reparten entre las distintas jurisdicciones de manera absolutamente discrecional, generando como podrá imaginarse rápidamente el lector profundas asimetrías y por ende notorias injusticias.
Según datos oficiales de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y el INDEC, entre 2004 y 2010 Entre Ríos recibió $ 306,48 por habitante desde los Programas "Federales" de Vivienda. Santa Cruz, en el mismo período, $ 2.279,09 por habitante, casi 7,5 veces más. Los entrerrianos estamos incluso por debajo de la media nacional, $ 328,40 por habitante.
Urge revertir esta situación, porque a pesar de la mayor inversión que suponen los programas federales de vivienda, aún con fondos extra a los del FONAVI (con los que por otra parte se construye hoy una cantidad insignificante de viviendas) no ha logrado llegarse a los ritmos de terminación de viviendas que se registraban en la década del 80 y del 90, con situaciones macroeconómicas muchísimo más gravosas que la que se vienen dando desde hace 9 años, en los que se verificó el período de mayor crecimiento del PBI de la historia argentina. Para corroborar esto, podríamos decir que en 1988 se terminaron 2.469 viviendas FONAVI en Entre Ríos. Luego, nunca más se alcanzó a superar esa cantidad. En 2010, 22 años después, se terminaron sólo 125 viviendas FONAVI. Aún si les sumamos las 2.339 viviendas terminadas de los programas "federales" llegamos a 2.464, o sea 5 menos que en el ´88. Avancemos tranquilos... Leer más...

martes, 8 de mayo de 2012

¡Devuélvannos lo que es de ustedes!

Repsol y la expropiación de YPF en Argentina
Por Jordi Borja
Acceder a nota completa en Café de las Ciudades Leer más...