lunes, 26 de marzo de 2012

Gas del Estado: a 20 años de su entrega, "diputruchos" mediante

Por José Antonio Artusi
Se cumplen 20 años de una fecha ingrata y vergonzoza: el 26 de Marzo de 1992, el peronismo, con el apoyo de socios como la UCEDE (partido en el que militaba el actual Vicepresidente), consumaba el que quizás sea el mayor fraude de la historia parlamentaria argentina: la aprobación de la privatización de la empresa Gas del Estado con un quórum falso, al que accedió con la presencia en las bancas de colaboradores de legisladores justicialistas, los famosos "diputruchos".

Presidió esa vergonzoza sesión el diputado del PJ de la Provincia de Buenos Aires Alberto Pierri. Juan Abrahan Kenan, "asesor" del diputado Julio Manuel Samid, fue el único en ser identificado, pero no fue el único diputrucho, hubo cinco más, todos colaboradores de diputados peronistas. El Presidente del bloque del PJ era Jorge Matzkin. La Cámara de Diputados no impuso ninguna sanción ante tamaña irregularidad y consintió el fraude, pero la Justicia condenó en 1994 a Samid y Kenan a algunos meses de prisión en suspenso, confirmando el delito cometido. Pero ya era tarde, el 28 de Diciembre de 1992 (sí, el 28 de Diciembre) la privatización de Gas del Estado había sido consumada.
Los antecedentes de Gas del Estado se remontan al 1° de Agosto de 1929, - durante la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen, que había creado YPF 7 años antes - cuando su Director, el Gral. Ing. Enrique Mosconi dispuso la toma del mercado de combustibles líquidos y determinó que los precios serían determinados por el Estado nacional y no por empresas extranjeras.
El 5 de Marzo de 1945 se decretó la nacionalización del gas y el 1° de Enero de 1946 se creó la Dirección Nacional de Gas del Estado, como ente separado de YPF, siendo su primer Director el Ing. Julio Canessa, formado en la doctrina y concepción estratégica de Mosconi.
La Constitución de 1949 estableció en su Artículo 40 que "los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás formas naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias".
Resulta al menos paradójico que quienes se dicen seguidores del movimiento político que fundó Juan Domingo Perón hayan actuado con tanta determinación para liquidar una empresa identificada con uno de los logros más trascendentales de su primer gobierno, que logró que Argentina cuente con uno de los gasoductos más extensos del mundo. Pero no debiera sorprendernos, se trata de una más de las permanentes manifestaciones que hacen de la contradicción permanente un rasgo central de su identidad; rasgo evidenciado con patética contundencia cuando entonaron las estrofas de us marcha partidaria cuando consumaron la entrega de YPF en el recinto de la Cámara de Diputados.
Gas del Estado llegó a ser la tercer empresa de su tipo en el mundo, y era considerada, junto a la estatal francesa Gaz de France, uno de los mejores ejemplos en prestación del servicio público de gas natural. Al momento de su privatización era la segunda empresa en facturación en la Argentina, detrás de YPF.
La privatización, descuartización y extranjerización de Gas del Estado no fue un hecho aislado; formó parte del proceso de desgüace del Estado, entrega de nuestros recursos estratégicos y pérdida de la soberanía energética y la renta hidrocarburífera que comenzó en 1989 con Carlos Menem y continúa hoy, a pesar de los maquillajes y esfuerzos dialécticos que se intentan desde el gobierno nacional.
Gas del Estado, tasada por técnicos de Petrobras en 25 mil millones de dólares, se vendió por la décima parte y se convirtió en 11 sociedades privadas con mayoría de capitales extranjeros, rompiendo el modelo nacional integrado, racional y centralizado, como corresponde a un recurso estratégico no renovable.
Luego de la entrega se dejaron de construir gasoductos troncales y se sólo se hicieron para exportar, alternativa inconcebible en un país como el nuestro que dista de tener reservas de magnitud como para darse el lujo de la exportación.
Las consecuencias de todo este desgraciado proceso están a la vista: disminución de la producción y el horizonte de reservas, necesidad creciente de importar gas a precios cada vez más altos, falta de una empresa clave para la intervención del Estado en un mercado estratégico, provincias enteras sin acceso al gas natural, sectores carenciados de la sociedad obligados a consumir costoso gas en garrafas, cortes en el suministro a industrias, y aumento inminente vía recorte de subsidios a usuarios de gas natural.
No habrá solución a estos problemas si no media un cambio profundo y genuino en la política energética nacional, volviendo a la senda de Yrigoyen y Mosconi de la que nunca debimos apartarnos.-
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jueves, 22 de marzo de 2012

SOMOS LA VIDA, SOMOS LA PAZ, SOMOS EL JUICIO A LA JUNTA MILITAR. DEBEMOS SER LA DEMOCRACIA SOCIAL

A 36 años del golpe de Estado del 24 de Marzo de 1976, el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos adhiere y convoca a participar de todas las actividades previstas para recordar la fecha, en procura de no olvidar nuestro pasado, para que NUNCA MÁS existan dictaduras, terrorismo de Estado y violaciones aberrantes a los derechos humanos en nuestro país.

Es nuestra obligación ejercitar la memoria y reflexionar de manera crítica acerca de las circunstancias que llevaron al trágico desenlace de la dictadura. Por eso, repudiamos como hemos hecho siempre a los usurpadores de la voluntad popular y renovamos nuestro compromiso inalterable con la democracia representativa y republicana y con la vigencia irrestricta del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos.
Lo hacemos desde nuestra pertenencia al partido político que, desde el primer momento en el gobierno a partir del 10 de Diciembre de 1983, logró que la Argentina pueda exhibir orgullosa ante el mundo su condición de único país que juzgó en el marco de la ley a los responsables del más aberrante proceso de violación sistemática de los derechos humanos más elementales.
Lo hacemos también recordando con respeto a todas sus víctimas, y rescatando en especial el ejemplo ciudadano, pacífico y militante de nuestros mártires, entre otros Sergio Karakachoff, Mario Abel Amaya y Angel Pissarello.
Lo hacemos recordando también, lamentablemente, que la violación a los derechos humanos y la abominable práctica de la "desaparición" de personas no comenzaron el 24 de marzo de 1976, sino antes, durante un gobierno surgido de la voluntad popular, como producto del accionar terrorista y criminal de bandas parapoliciales y paraestatales como la Triple A que contaron con la aquiescencia o la tolerancia de sectores vinculados al gobierno de turno.
Lo hacemos recordando también, aunque sea doloroso y algunos prefieran olvidarlo, que el gobierno del Presidente Raúl Alfonsín también ordenó juzgar, en el marco de la ley y con todas las garantías de defensa, a los responsables de violaciones a los derechos humanos por parte de bandas armadas que se habían arrogado la representación popular sin que nadie se las hubiera otorgado, y que fueron en muchos casos responsables de de baños de sangre y actos de violencia absolutamente injustificados, muchos de ellos durante la vigencia de las instituciones de la Constitución nacional.
Nuestro compromiso hoy, recuperada la democracia formal, es profundizarla y asegurarla para los tiempos, haciendo realidad el sueño de la democracia social y la vigencia plena de todos los derechos humanos, no sólo los políticos en el plano formal, sino también los económicos y sociales en el plano de la realidad cotidiana, para cumplir el mandato yrigoyeneano de lograr que la democracia no consista sólo en la garantía de la libertad política, sino que entrañe a la vez la posibilidad para todos de poder alcanzar un mínimum de felicidad siquiera.

José Antonio Artusi
Presidente
Comité Provincial de la UCR de Entre Ríos 
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miércoles, 14 de marzo de 2012

UN SISTEMA ENFERMO

Declaración del Presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos, José Antonio Artusi.-
A pesar del ampuloso y autopropagandista discurso oficial, trás casi una década de vigoroso crecimiento macroeconómico y aumento de la recaudación, la realidad en materia de salud pública en la Provincia de Entre ríos muestra una panorama francamente desalentador, que no se compadece con la mayor disponibilidad de recursos con las que ha contado la actual y las anteriores gestiones de gobierno, del mismo signo político desde 2003.


La suspensión de las prestaciones al IOSPER en clínicas y sanatorios por atrasos en los pagos y las dificultades y problemas de todo orden que deben sufrir quienes acuden a centros de salud y hospitales públicos son la manifestación más visible de la crisis en la coyuntura. Está claro que se sigue aplicando la vieja receta neoliberal de destinar los aportes de los trabajadores a otros menesteres sin importarles que miles de entrerrianos queden sin cobertura de su obra social, ni que profesionales que ejercen en su tierra puedan tener un marco de prevision.
Pero además, aunque menos visibles, problemas estructurales como la insuficiencia evidente de políticas de promoción, prevención y atención primaria de la salud, la demora en implementar el seguro provincial de salud, el retroceso en la regionalización hospitalaria, el incumplimiento de la clásula constitucional que ordena que los directores de hospital se designen por concurso, la falta de articulación del sector salud con otras areas de las políticas públicas como educación y vivienda, la insuficiencia de acciones en materia de educación sexual y salud sexual y reproductiva, la falta de avances en materia ambiental, entre tantas otras cuestiones, demuestran a las claras que se ha venido improvisando y colocando parches, sin un plan estratégico que de respuestas a la necesidad de revisar profundamente el sistema de salud, que - como en todo el país - se caracteriza por su fragmentación y desarticulación, en el que la masa de recursos que se invierten no se compadece con los resultados alcanzados.
Tras haber perdido lastimosamente 9 años al interrumpir la iniciativa de la última gestión radical que procuraba que el Estado provincial incursionara en la producción pública de medicamentos a través de una
empresa propia, con un laboratorio en marcha en la ciudad de Federal, ahora se reconoce que es necesario evaluar la posibilidad de avanzar en esta materia. No hay excusas más que la revancha politica y la intolerancia que hayan justificado en su momento la clausura del proyecto de laboratorio de Federal. cerrando una iniciativa que ya contaba con partes ejecutadas y previsiones presupuestarias, y que de haberse concretado hubiera signficado ahorros concretos y la posibilidad cierta de poner a disposición de todos los entrerrianos el acceso a medicamentos como un bien social.
Si no se pudo avanzar en la reforma del sistema de salud en épocas de vacas gordas, es al menos imperioso evitar que el inminente ajuste golpee sobre todo a quienes menos tienen, y en ese sentido la política sanitaria es fundamental para brindar igualdad de oportunidades a todos los entrerrianos para disfrutar efectivamente del derecho a la salud reconocido en la Constitución Provincial reformada en 2008.
En este sentido es menester señalar también la incomprensible demora en reglamentar nuevos derechos e institutos incorporados al texto constitucional. Basta leer el Artículo 19 para tomar conciencia de la enorme distancia que media entre el mandato constitucional y la dolorosa realidad:
"La Provincia reconoce la salud como derecho fundamental, desarrollando políticas de atención primaria. La asistencia sanitaria será gratuita, integral, adecuada y oportuna. Será prioritaria la inversión en salud, garantizando el primer nivel de atención, así como la formación y capacitación. Se implementará un seguro provincial de salud para toda la población y una progresiva descentralización hospitalaria. El medicamento es un bien social básico. El Estado regula y fiscaliza el circuito de producción, comercialización y consumo de éstos y de los productos alimenticios, tecnología médica y acredita los servicios en salud. La ley propenderá a jerarquizar el nivel de atención hospitalaria de tiempo completo".-
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martes, 13 de marzo de 2012

CONVOCAN A ENCUENTRO DE CONCEJALES RADICALES EN VILLA CLARA

CONVOCAN A ENCUENTRO DE CONCEJALES RADICALES: El Comité Provincial de la UCR convoca a participar del ENCUENTRO DE CONCEJALES RADICALES de ENTRE RÍOS, que tendrá lugar el próximo día Sábado 17 de Marzo en la localidad de Villa Clara, Departamento Villaguay.

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viernes, 9 de marzo de 2012

Atilio Benedetti y José Antonio Artusi participaron de la reunión del Comité Federal de la UCR

El titular del radicalismo, Mario Barletta, se reunió en el Comité Nacional con con los presidentes de distritos de todo el país, donde dieron inicio a la diagramación de una agenda de actividades conjuntas. Barletta planteó a los participantes de este encuentro la necesidad de lograr consensos internos en los temas de coyuntura, fijando posiciones muy firmes en aquellos asuntos que signifiquen equivocaciones serias del Gobierno nacional.

"La UCR está mostrando más que un rol opositor fuerte, un rol responsable con un análisis exhaustivo de las cuestiones de gestión”, explicó el ex intendente de Santa Fe a los medios de comunicación presentes de la sede partidaria.
En la reunión también se enfatizó sobre la necesidad de alcanzar una mayor cohesión partidaria para lograr convertir al radicalismo en una alternativa nacional al kirchnerismo.
De este importante encuentro participaron, entre otros, por el Comité Nacional: los vicepresidentes, Alicia Mastandrea, Atilio Benedetti y Francisco Fonseca; el secretario general, Juan Manuel Casella y el tesorero, Miguel Giubergia; Diputados y Senadores Nacionales. Asimismo se hicieron presentes los titulares del radicalismo de la Capital Federal, Carlos Más Vélez; Buenos Aires, Miguel Bazze; La Pampa, Juan Carlos Marino; Mendoza, Alfredo Cornejo; Chaco, Víctor Zimmerman; Entre Ríos, José Antonio Artusi; Formosa, Martín Hernández; Jujuy, Mario Pizarro; Misiones, Germán Bordon; Neuquén, Alejandro Vidal y por Salta, Ana María Hernández.
El Presidente del Comité Provincial de la UCR de Entre Ríos, José Antonio Artusi, planteó la necesidad de recuperar al radicalismo como un partido nacional y federal, y puso énfasis en la importancia de posicionar a la UCR como el partido abanderado de la recuperación de la soberanía energética y el manejo de nuestros recursos naturales, en especial los hidrocarburíferos. En tal sentido, Artusi recordó que el próximo 3 de Junio se cumplirán 90 años de la creación de YPF, primera empresa petrolera estatal del mundo, a través de un decreto del Presidente Hipólito Yrigoyen. "Los argentinos deben saber que a YPF la hicieron, la engrandecieron y defendieron gobernantes y funcionarios radicales, entre quienes no podemos dejar de mencionar, además de Yrigoyen, al Gral. Ing. Enrique Mosconi y a los Presidentes Alvear, Illia y Alfonsín. Y debe saber el pueblo que fueron peronistas, con responsabilidades centrales de Menem y Kirchner, los que la entregaron y extranjerizaron"; enfatizó Artusi.-
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jueves, 1 de marzo de 2012

El gobierno no privilegia la educación

Declaración del Presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos, José Antonio Artusi
Tras casi una década de crecimiento sostenido de la economía y de aumento de la recaudación fiscal y las exportaciones, Entre Ríos es una de las provincias argentinas cuyos gobiernos son incapaces de garantizar un salario docente que permita el normal inicio del ciclo lectivo. Esta realidad incontrastable muestra a las claras, junto con los negativos índices que evidencian el deterioro de la calidad del sistema educativo, que para esta administración la educación pública dista de estar entre las verdaderas prioridades de su gestión, más allá de las palabras y los discursos.

La educación pública, laica, gratuita y obligatoria, acorde a las exigencias del siglo XXI para todos los entrerrianos es un requisito indispensable para la consolidación del sistema democrático republicano y la construcción de una sociedad más justa, integrada y solidaria. Ello por varias razones; de tipo político, porque es necesario "educar al soberano", de tipo social, porque la escuela en nuestro país y sobre todo en nuestra provincia, fue un extraordinario instrumento de integración social, en el que nuestros abuelos gringos y criollos, católicos y judíos, musulmanes y ateos, ricos y pobres, aprendieron a reconocerse como iguales y como compatriotas. Y de tipo económico, porque no hay sociedades desarrolladas sin un pueblo culto e instruido, que haga de la ciencia, la tecnología y el conocimiento la clave del crecimiento económico.
Durante los últimos años, a pesar de haber resignado recursos de manera injustificable ante la Nación, en el marco de una crisis inédita del federalismo fiscal, el gobierno provincial ha dispuesto de fondos como nunca antes. Sin embargo, la falta de una planificación estratégica de la acción de gobierno, la definición incorrecta de prioridades, y el crecimiento del gasto superfluo e improductivo han impedido que se recupere de una manera razonable el poder adquisitivo del salario de los docentes, deteriorado por una inflación real que todos sabemos no es la que reflejan las estadísticas del INDEC.
Esta crisis del sistema edcuativo en general se agrava porque afecta sobre todo a las escuelas estatales, produciendo una brecha perversa entre éstas y las de gestión privada. Se consolida de esta manera una cada vez más preocupante segmentación entre escuelas para pobres y escuelas para ricos. La inoperancia de la gestión pública la sufren más, como suele suceder en estos casos, los sectores más vulnerables y desposeídos de la sociedad.
Recomponer el salario docente es un primer paso, necesario pero no suficiente. El gobierno no debe escatimar esfuerzos en pos de lograrlo, para poder dar después los demás pasos que nos lleven a un sistema educativo del que volvamos a sentirnos orgullosos.-
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