Diciembre 2010
1.- INTRODUCCIÓN.-
Es de destacar que la Fundación Illia, en Abril de 2009 presentó a la H. Convención Nacional un proyecto de Resolución titulado “Recuperar el Patrimonio Energético – Un acto de soberanía”, que fuera girado por el Presidente de la misma a los convencionales y sin que se haya hecho público si ha sido considerada a la fecha. El Proyecto analizaba la historia de la doctrina radical y la actuación de sus afiliados destacables en la materia; reseñaba, además, la excelente gestión del gobierno de Raúl Alfonsín, que adquiere una especial relevancia porque la misma es producto de una correcta aplicación de un Modelo Energético exitoso cuyas característica eran ser Nacional, Estatal, Racional y Centralizado, nacido en 1907 con el descubrimiento del petróleo y planificado y desarrollado por el Radicalismo, totalmente distinto al Modelo de Mercado vigente nacido en julio de 1989 de la mano del peronismo, cuyo fracaso palpamos diariamente, pero que, lamentablemente, la Propuesta Programática actualmente en circulación, no suprime de raíz e incluso intenta resucitar, mediante incrementos tarifarios –que surgen de las definiciones de tarifas- que serán soportados por la gran mayoría de los argentinos y destinados a beneficiar al conjunto de empresas “bendecidas” en origen por el festival de las privatizaciones de los 90´, aunque puedan haber cambiado algunos de sus accionistas originales y reemplazados por los que pueden denominarse los amigos del poder K.
Es de ingenuos pensar que aquellos que no invirtieron en su época de gran bonanza lo harán ahora con los nuevos ingresos que se proyecta otorgarles. Tal postura comporta también un verdadero blanqueo del festival de ilícitos que significó el proceso de privatizaciones y desregulación.
Resulta indiscutible que gran parte de la crisis que atraviesa el sector de la energía deriva de la carencia casi total de inversiones –sin olvidar su desatinada organización estructural derivada de las normas básicas, tales como los decretos desreguladores del mercado hidrocarburífero, y las leyes que implantan los marcos regulatorios, la privatización de YPF y la provincialización del subsuelo, cuya mayor responsabilidad recae en las mencionadas privatizadas y en el poder político. No es en vano recordar que son las mismas sociedades –casi en su totalidad integradas por el empresariado petrolero nacional creado por Martínez de Hoz, con la incorporación de multinacionales de segundo orden o que lindaban el campo delictivo como ENRON, que en el inicio de la década del 90´, recibieron los activos a precio de liquidación, gozaron de la libertad de fijar los precios o de regímenes y de tarifas que les garantizaron ganancias espectaculares que destinaron a sus casas matrices, ya sea en forma directa o después de concretar provechosas inversiones financieras al amparo de la Convertibilidad. En su parte resolutiva, el Proyecto de la Fundación Illia proponía la ratificación de las Resoluciones de la Convención del 04/07/92: “Revisar los actos de entrega – Un compromiso histórico” y del 27/11/92: “Recuperar lo que se ha entregado”, que fueran aprobadas por unanimidad. (Por razones de envío, las remitiremos en forma separada al presente informe).
El ordenamiento de esta presentación comenzará por el análisis del Proyecto ya enviado que, lamentablemente, tiene muchas coincidencias con el documento conocido como “Propuesta de una Política de Estado para el Sector Energético Argentino”, preparado por un variopinto conglomerado de ex secretarios y subsecretarios de energía y combustibles, donde confluyen procesistas, menemistas, lopezmurphystas, peronistas y radicales de afiliación, unidos por su ideología energética de mercado. Ello, sin desconocer los aportes positivos de las autoridades de la Convención Nacional. Asimismo, se adicionarán comentarios extraídos de las exposiciones del Foro realizado en el Comité Nacional el 26 de agosto pasado. Posteriormente, desarrollaremos nuestra Propuesta.
2.- COMENTARIOS A LA “PROPUESTA PROGRAMÁTICA PARA EL SECTOR DE ENERGÍA”.-
Contexto de la formulación programática.-
Correctamente se afirma que “el sector se encuentra en declinación productiva persistente” y que “se trata de una manifestación de un problema estructural que abarca cinco aspectos: políticos, institucionales, legales, técnicos y tarifarios”…”con características de “problema múltiple”…”que debe ser abordado en forma simultánea y con continuidad en la aplicación de reglas que deberían constituir una Política de Estado” “ que debería ser “aplicada con continuidad a través de las diferentes administraciones gubernamentales”. Obviamente, se propone que la UCR adecuará su propuesta –o su Política de Gobierno- a esa Política de Estado permanente que, después de ser analizada puede afirmarse que no es otra que la impuesta desde sus inicios por la administración de la gestión de Carlos Menem; es decir, el liberalismo energético. Señalamos que a la gatopardista propuesta de los ex secretarios y subsecretarios, ya la han adoptado precandidatos de la derecha o desarrollistas, como Eduardo Duhalde y Rodolfo Terragno.
La mayor discrepancia que tenemos con la Propuesta es política y consiste en señalar que en lo más alto de las decisiones de los Estados Nacionales se encuentran las Cuestiones de Estado, a la que deben adecuarse las consecuentes Políticas de Estado.
La historia marca que Argentina tuvo para con los hidrocarburos una clara posición en defensa de su soberanía o, en otras palabras, de sus intereses vitales. Bastaron pocos días desde el descubrimiento del petróleo en 1907 cuando el Presidente José Figueroa Alcorta decretó la Zona de Reserva a favor de la Nación, dando nacimiento a una vital Cuestión de Estado: el dominio y la explotación del recurso estratégico hallado era de competencia nacional. Su sucesor, Roque Saénz Peña adecua su Política de Estado a esa Cuestión de Estado y crea la Dirección del Petróleo de Comodoro Rivadavia, que es la base utilizada por Hipólito Yrigoyen para crear por decreto en 1922 a la Dirección Nacional de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, como una entidad cívico-militar dirigida por militares en actividad, con trabajadores argentinos, a la que debía otorgársele carácter monopólico, cuyos objetivos fundamentales superaban el tema de los hidrocarburos para abarcar la conquista pacífica y civilizadora de gran parte de nuestro despoblado e inexplorado territorio, en especial la Patagonia.
Yrigoyen asume con el colapso del modelo de la dependencia no competitiva con Inglaterra, cuando la Primera Guerra Mundial nos había cortado las importaciones de bienes industriales, entre los que se contaban los combustibles, en especial el carbón inglés. Tenía claro que sin petróleo no existían posibilidades de desarrollarnos industrialmente y, en base a ese concepto, consideraba a los hidrocarburos como bienes estratégicos que debían ser utilizados sólo para nuestro desarrollo económico-social con la finalidad de que todos los compatriotas dispusieran de un mínimo de felicidad económica. Yrigoyen siempre denostó la posibilidad de exportarlos como también la ingerencia de los gobiernos provinciales. Es decir, ratifica y potencia la Cuestión de Estado y sienta las bases del desarrollo intensivo de una Política de Estado, aplicada posteriormente por todas las naciones latinoamericanas y numerosos países en el mundo. Petrobrás, ANCAP, PEMEX, PDVSA, ENAP-SIPETROL, ECOPETROL, el ENI, TOTAL, BP, YPFB, PETRO CANADA, etc…son hijas de nuestro ejemplo.
Insistieron varias veces Yrigoyen y Alvear en la nacionalización del subsuelo –provincializada por el Código Minero de Julio A. Roca y Nicolás Avellaneda- pero les resultó imposible vencer la oposición del Senado conservador. Ante la simple mención de la propiedad provincial del subsuelo, Yrigoyen contestaba que la autonomía provincial pertenecía a los pueblos y no a los gobernadores. Le tocó a Marcelo T. de Alvear junto a Enrique Mosconi, llevar a la práctica esa Política de Estado mediante la concreción del crecimiento exponencial de Y.P.F..
Retornado Yrigoyen a la presidencia, Mosconi –general en actividad de trato directo con Yrigoyen- anuncia el 1° de agosto de 1929 la toma del mercado de los combustibles líquidos y la derrota de los “trusts petrolíferos inglés y norteamericano”, señalando que al igual que con las Guerras de la Independencia, “se encuentra en marcha el movimiento que terminará conquistando la independencia económica para nuestra América” por lo cual “los habitantes de la República no sufren más imposiciones que las emanadas de su propio gobierno, que decide, libre de ingerencias extrañas en todo lo relativo al combustible líquido y empiezan a volcarse tierra adentro los millones que hasta entonces tomaban el camino del mar”. No hay nada más cierto que el golpe de septiembre de 1930 fue gestado esencialmente por los petroleros, pues el seguro triunfo del Radicalismo en las próximas elecciones provinciales le hubiese permitido el dominio del Senado y la consiguiente nacionalización del subsuelo e implementación del monopolio integral de Y.P.F...
En el 2010 estamos peor que en 1929, pues todos los aspectos referidos a la política energética, en especial la de hidrocarburos les son ajenos a los argentinos; se planean en el extranjero y son ejecutadas por “trusts petrolíferos” que destinan sus utilidades a sus casas matrices; es decir, toman el “camino del mar” eliminado en 1929 por la UCR. Somos el único país en el mundo que ha entregado sus hidrocarburos sin perder una guerra y lo que es más grave, se carece de propuestas para recuperarlos, circunstancia que en caso de la UCR es inaceptable. Hoy YPF tiene una posición dominante del mercado, pero sus decisiones y utilidades no benefician a los argentinos, sino al Reino Borbón y a los amigos del poder K, en este caso la empresa española gerenciala por el Grupo Eskenazi. Paso a paso, bajo falaces discursos progresistas, la debacle del sistema y en especial la pérdida del autoabastecimiento hidrocaburífero, va introduciendo en el mercado interno a los precios internacionales, tal como lo preveían los decretos desreguladores de 1989, que llevaban las firmas peronistas de Carlos Menem, Roberto Dromi y Julio César Aráoz.
Todos los presidentes hasta Alfonsín inclusive, cada uno con sus variantes, siguieron aceptando esa Cuestión de Estado. Agustín P. Justo creó la Dirección Nacional de Vialidad y la financió con impuestos llamados Fondos Viales aplicados sobre las naftas; Juan Perón hizo lo mismo dando nacimiento a Gas del Estado y Agua y Energía Eléctrica y creando los Fondos Energéticos con igual base imponible. Con similar funcionamiento, Illia creo el Impuesto al Crudo Procesado; todos ellos fueron derogados por Menem, que los “transformó en utilidades para las petroleras. Perón nacionalizó el subsuelo mediante el Art.40 de la CN de 1949, medida que fue ratificada por la Ley del Petróleo de Frondizi y su modificatoria dictada por Onganía en 1967 (hoy vigente), que fuera modificada en su esencia por Menem y Kirchner mediante las leyes de Privatización de YPF y Federalización del Subsuelo (N° 24.145) y la llamada Ley Corta (N° 26.197), respectivamente. Ambas otorgaron a las provincias el dominio jurisdiccional del subsuelo, lo que ha significado –dentro de un marco de corrupción mayúsculo- un “regalo” a las petroleras, que también resulta violatorio de la Constitución Nacional en especial en su Art. 41, por cuanto su irracionalidad de explotación compromete las necesidades de las generaciones futuras y agravia las condiciones ambientales. Además, uno de los argumentos utilizados por Arturo Illia en sus decretos anulatorios estaba referido a la obligación inserta en el Preámbulo de la Constitución Nacional de proveer a la defensa común.
Es imprescindible preguntarse si las actuales guerras del Golfo Pérsico y Afganistán, o la construcción de más de cuarenta barcos de guerra por parte de Brasil, no tiene como motivo esencial el dominio de las reservas de hidrocarburos. El modelo estatal yrigoyeniano y su captura e inversión de las rentas generadas, nos dejó el 90% de la red vial existente, las reservas de hidrocarburos de 36 años para el gas y 18 para el petróleo, la red troncal de gasoductos y el 90 % de los secundarios, las usinas nucleares, todas las represas hidroeléctricas y servicios públicos accesibles para todos los habitantes y sectores industriales.
Es en julio de 1989 cuando el Gobierno Justicialista de entonces produce un cambio profundo que implicó el más grande retroceso histórico que haya sufrido la Argentina, pues esas exitosas Políticas de Estado, con variantes en sus políticas gubernamentales, distintas pero claras en cuanto a la aceptación de la Cuestión de Estado que consideraba a los hidrocarburos como bienes estratégicos de la Nación, pasan a ser una Cuestión de Mercado, y el petróleo y el gas se convierten, de estratégicos, en simples bienes comercializables.
El modelo sustituido (estatal, nacional, centralizado y con herramientas constituidas por las grandes empresas estatales) mostraba, además de la activos infraestructurales recién citados:
a) una captura del 80 % de la renta petrolera por parte del Estado Nacional y las Provincias;
b) el monopolio de la producción de petróleo y gas por parte de Y.P.F., con la sola vigencia de contratos de explotación y sin que existiera ninguno de concesión; es decir, ninguna empresa privada poseía la libre disponibilidad;
c) 36 años de reservas de petróleo, 18 de gas y planes de exploración que alcanzaban los 195 pozos anuales;
d) todas las represas hidroeléctricas existentes (Chocón, Planicie Banderita, Cerro Colorado, Salto Grande, etccc)y tres en construcción (Piedra del Águila, Pichi Picún Leufú, Yacyretá) y proyectos avanzados tales como Paraná Medio, Chihuidos I y II, y Corpus; además, Agua y Energía Eléctrica disponía de un relevamiento integral del potencial acuífero e hidroeléctrico, como también de la extensión de la superficie cultivable.
e) una red troncal de gasoductos de las más extensas del mundo, con capacidad para 76 millones de m/3 día, a la que accedía el 60 % de la población, siendo los bienes sustitutos del gas natural (kerosene y GLP) considerados servicios públicos y que tenían un valor apenas superior en un 10 %; además el gasoducto del NEA estaba programado para ser inaugurado en 1991, teniendo la financiación asegurada;
f) el parque refinador era de última generación y aseguraba la provisión por 15/20 años, aproximadamente;
g) dos polos petroquímicos de básicos recientemente finalizados (Ensenada con PGM y Bahía Blanca con PBB, listos para el desarrollo vertical de los productos intermedios y finales;
h) un Programa de Racional de la Energía (Decreto 2247/85, financiado por los Fondos Energéticos, es decir por el petróleo) que contemplaba la sensatez en el uso, la sustitución de los no renovables por los renovables con la apreciación de sus disponibilidades y del grado de contaminación producido y la utilización y el desarrollo de nuevas fuentes; el GNC era una realidad, al igual que el Plan de Microcentrales en la zona cordillerana y la alconafta.
i) la empresa madre –Y.P.F.- con su patrimonio saneado ya que el endeudamiento a que la sometió el Proceso dictatorial fue asumido por el Tesoro Nacional, por expresas disposición del Presidente Raúl Alfonsín;
j) Atucha II en avanzado estado de ejecución y con previsión de inauguración en 1991; la cuarta central estaba en estudios avanzados.
k) planes iniciados –financiados por Y.P.F.- para llevar la producción de Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) a 3.000.000 de Tn/año para surtir a las centrales de la costa y reemplazar al gas natural y al fuel oil.
l) los valores tarifarios y de los combustibles permitían la accesibilidad y la permanencia de todos los habitantes, sin importar su nivel de ingresos y su lugar de residencia, como también la provisión a los sectores del campo, la industria y los servicios públicos nacionales y provinciales, sin relación con los internacionales, que facilitaban su competitividad.
Diagnóstico de la situación energética.-
El Diagnóstico de la Situación Energética, puede compartirse parcialmente, sólo en la parte, en la descripción de los problemas, pero no puede dejarse de señalar que ignora la causa esencial que origina los mismos, que no es otra que el cambio del Modelo Estatal al Modelo de Mercado. De esta forma se desconoce, y olvida, la cesión de los activos estatales y las rentas, la derogación de los impuestos específicos que se convirtieron en utilidades de las petroleras, la irracionalidad de ser el único país del mundo que aplica los contratos de concesión, la ruptura de la integración vertical de los subsistemas gasífero y eléctrico y la ruptura de la relación con los sectores del transporte, la industria y el campo. Ese cóctel de dislates e ilícitos genera la causa esencial de la actual crisis: la desinversión.
Daniel Yergin, uno de los más importantes especialistas independientes del mundo,en su obra “La Historia del Petróleo” señala que en la década del 70´, las compañías “en lugar de ser concesionarios con derecho de propiedad sobre el petróleo del subsuelo, eran ahora contratistas con contratos de participación” que le ofrecían las empresas estatales, porque las naciones habían recuperado su soberanía petrolera. Señala también que la última gran concesión fue la de ARAMCO con Arabia Saudita que feneció en 1980. Los grandes traidores en la historia local del petróleo –Juan Perón y Arturo Frondizi- justificaban sus contratos diciendo que no constituían una concesión, sino que eran contratos de explotación o de locación de obras y servicios. Los contratos de concesión de la Ley 17.319 (de 1967) fueron incluidos en la misma por Onganía y Krieger Vassena, pero fue Carlos Menem quien los comenzó a utilizar, dándoles a los titulares la potestad de definir cuanto extraen y a cuanto y a quien venden, es decir, la libre disponibilidad. Hoy, lamentablemente, se ha convertido en una forma contractual habitual, tanto de la Nación, como por las provincias, que la han incluido en sus inconstitucionales leyes de hidrocarburos, ya que la Constitución Nacional se los prohíbe expresamente. Al igual que con el sistema de transporte, que cuando el mundo se vuelca a los ferrocarriles Argentina los cierra, al momento en que los estados nacionales se apropian de sus riquezas petroleras, Argentina las “regala” a las multinacionales.
La ruptura de la integración vertical de Gas del Estado (GdE), en especial la de la red troncal entre TGN y TGS, no encuentra justificación técnico-económica alguna. La Gran Bretaña de Margaret Thacher privatizó British Gas (BG) en block. El menemismo “descuartizó” a GdE en dos transportadoras y ocho distribuidoras, en base al “cuento” de la competencia comparativa, con la finalidad de repartir un negocio a cada uno de los grupos empresarios. La única distribuidora en la que “había que “plantar” los caños” (Gas NEA) está sin nada, salvo Paraná y sus aledaños. Idéntica postura se adoptó en el sector eléctrico, donde nadie puede explicarse los motivos que, por ejemplo, llevaron a destruir la unidad de la Red Troncal de Alta Tensión gerenciala por Agua y Energía, y a dividir SEGBA en cuatro generadoras y tres distribuidoras, destruyendo la imprescindible unidad empresario-operativa que requiere el área metropolitana. Estas decisiones generan sobrecostos de todo tipo que deben ser soportados por los usuarios cautivos. Es bueno preguntarse si alguno de nosotros vio pasar por su domicilio dos cables eléctricos o dos gasoductos.
El cambio de la Cuestión de Estado por una Cuestión de Mercado y de sus respectivas políticas, nos dejó la actual “herencia” energética, que presenta las siguientes características:
a) La extranjerización casi total del sector que se refleja en la apropiación de las rentas generadas y en su libre remisión al exterior; además, la concentración del 90 % de la oferta de petróleo y gas en manos de ocho empresas multinacionales;
b) La ausencia de política exploratoria a pesar de los extraordinarios incentivos estatales (Ley de Incentivos a la Exploración n° 26.154), que demuestra que las empresas han preferido dedicarse a los negocios inmediatos y sin riesgos, como la explotación intensiva; esta es una de las causas de la notable disminución de las reservas de petróleo y gas; los contratos de ENARSA en la plataforma marina con multinacionales como Repsol, Petrobrás, PDVSA y ANCAP, además de su condición de cuasi secretos, son altamente perjudiciales para el país y de inversiones muy pobres;
c) la situación descripta en b) se ve agravada por la explotación irracional de los yacimientos originada en criterios puramente financieros, opuestos a las técnicas tradicionalmente usadas por la Y.P.F. estatal y las petroleras más importantes del mundo, donde se persigue extraer la mayor cantidad posible de petróleo y no sacar en el menor tiempo posible un mayor volumen, a costa de “lastimar” seriamente al yacimiento, pero obteniendo disponibilidades financieras inmediatas y de libre asignación.
Los concesionarios de producción de la Ley de Hidrocarburos muestran utilidades brutas cercanas al 800 % - es el caso de YPF SA, según datos aportados por la sociedad a la SecuritieS and Exchange Comisión (SEC) de Nueva York- pero siguen sin invertir y sometiendo al sector refinador (Esso y Shell en especial) a precios que tienden al internacional; al mismo tiempo las refinadoras (incluso las integradas verticalmente como YPF y Petrobrás) trasladan los costos a los estacioneros que, al ser el eslabón más débil de la cadena, se ven obligados a retirarse del negocio, que cada día se va oligopolizando más a favor de las petroleras y refinadoras;
d) la suspensión de las obras e inversiones ya programadas, como el Gasoducto Troncal del NEA, la finalización de Atucha II y el olvido del proyecto de la cuarta central, la ausencia de obras hidroeléctricas de significación; en general, el actual gobierno se ha convertido en un gran especialista en anuncios, que siempre quedan en tales. Las inversiones que en el 2005 se comprometió a efectuar ENARSA en Bolivia (exploración, explotación y construcción), destinadas a elevar las importaciones a 27 millones de m/3/día y facilitar la construcción y el desarrollo del Gasoducto del NEA, están en veremos y existe la cuasi-certeza de que las reservas de Bolivia son mucho menores a las supuestas y, por ende, manifiestamente insuficientes para atender los requerimientos de Argentina.
El reciente anuncio de YPF SA de tight gas al sur de Loma de La Lata y de shale gas y shale oil en la provincia de Neuquén carecen de seriedad y sólo permiten un inmediato aumento en el precio del gas destinado a las industrias y usinas que, por lógica, será trasladado a los precios, castigando al bolsillo de los argentinos y tornando menos competitiva a la producción nacional. Sólo cabe esperar la presentación de la empresa ante la SEC (Comisión de Valores de Nueva York), sin olvidar que ante la denuncia del primer ministro del petróleo de Evo Morales en el 2006, tanto YPF SA como su tenedora REPSOL-YPF SA fueron condenadas a reducir sus reservas de hidrocarburos en un 36 %.
En este tema, avergüenza la presencia de dirigentes políticos, incluso del Presidente de la UCR, pues han acudido presurosos a la presentación tramposa de una multinacional española y han aceptado, en silencio, ser sometidos a reprimendas por la Sra Presidente.
El desarrollo de las reservas encontradas por ENARSA y PDVSA en Venezuela permanece en el misterio, mientras nada se sabe de la firma de un contrato entre las citadas empresas, de provisión de gas por 50 ó 100 años por parte de Venezuela, que es realmente el tema estratégico para un país como nosotros que hemos perdido el autoabastecimiento y tenemos una infraestructura preparada para consumir gas natural; sobre este tema, la discusión sobre la forma de transportarlo (gran caño o grandes barcos y plantas regasificadoras) es secundaria y a sido potenciada por REPSOL, que uno de los gigantes mundiales del GNL y hoy es el gran proveedor de Argentina.
e) al mismo tiempo que apenas se incrementaba la capacidad de transporte de la red troncal de gasoductos, se construían diez gasoductos de exportación, siendo ésta una de las causas de la disminución del horizonte de reservas. Las exportaciones –además de incontroladas- han sido manifiestamente ilegales, violatorias de la Ley de Hidrocarburos, que sólo las permite en cuanto se posean excedentes y un adecuado nivel de reservas, circunstancia que nunca se dio en la Argentina.
f) organización estructural costosa e inadecuada; nada justifica el “descuartizamiento” de Gas del Estado, Segba, Agua y Energía e Hidronor; al contrario de lo que se manifestó oportunamente no se favoreció la competencia, se crearon monopolios zonales, se originaron costos innecesarios, se fomentaron cuantiosas utilidades que tomaron “el camino del mar” y se destruyeron planteles de técnicos admirados mundialmente donde valga como ejemplo el exitoso rescate de los mineros chilenos, donde se convocó a los mejores perforadores del mundo y, entre ellos, había uno de la YPF estatal;
g) crisis sociales de gravedad en zonas donde era base la acción civilizadora de Y.P.F. era el sustento socioeconómico regional; por ejemplo Cutral Co y General Mosconi. Podemos afirmar que los responsables de las privatizaciones de Y.P.F. GdE, AyEE, Hidronor y SEGBA –en especial Menem, Dromi, Cavallo, Estenssoro y Kirchner- son los padres de los desaparecidos sociales.
h) manifiesto atraso tecnológico, donde se destaca del Laboratorio de Y.P.F. sito en Florencio Varela y de los planteles técnicos de las empresas estatales y de la S.E.
i) el abandono de la política tarifaria como herramienta de desarrollo regional o industrial;
j) la desaparición de los criterios de Uso Racional implantados por el Decreto n° 2347/85;
k) la matriz de la ecuación energética primaria muestra que el 90 % de la misma depende del gas y el petróleo, cuya producción resulta insuficiente. Ya señalamos como causas la explotación intensiva con objetivos financieros, y a las exportaciones: Los planes de incentivos como los varios Gas Plus, Energía Total y Petróleo Plus, hasta el momento han fracasado y no son recomendables porque se basan en aportes del estado para que las empresas lleven sus precios al nivel internacional, que es el perseguido por los Decretos Desregulatorios de 1989, pero en ningún caso se obliga a las empresas a invertir; consecuentemente, la afirmación de los ex secretarios sobre el faltante de incentivos es manifiestamente falsa; (Ver CUADRO II – Demanda de energía y producción por origen);
l) la caía de la producción de hidrocarburos , unida a la de las reservas, nos ha hecho perder el autoabastecimiento logrado en 1985 y seremos importadores durante mucho tiempo; volveremos a ser autosuficientes, siempre que se reviertan íntegramente las actuales políticas y, obviamennte, la Cuestión de Estado que las origina; los Planes de incentivos llamados Petróleo Plus y Gas Plus también ha fracasado y sólo sirven para justificar ilegítimos aumentos de precios;
ll) el incumplimiento de las disposiciones de la Ley de Emergencia Pública vigente (N° 25.561) en cuanto a la pesificación integral de los contratos, la prohibición de indexar y la revisión de todos los contratos de la privatizadas, en cuanto a “eximir” de los alcances de esta Ley de Orden Público a los Concesionarios de Producción y Permisionarios de Exploración de la Ley de Hidrocarburos –que han seguido aumentando los combustibles en base al precio internacional, como también a los generadores eléctricos, que han continuado manejando a su antojo a los precios del Mercado Mayorista Eléctrico (MEM), mientras que la diferencia entre el valor de venta al mercado interno a los distribuidores ha sido cubierta mediante subsidios que hoy pretenden eliminarse y que son la causa de los incrementos tarifarios en aplicación y discusión judicial incluida. Consecuentemente, los subsidios no han sido para los usuarios –como parece surgir de la propuesta- sino para mantener la hiper-rentabilidad de los concesionarios de la Ley de Hidrocarburos y de los generadores eléctricos; éstas empresas –las amigas del poder- deben ser auditadas al momento de la sanción de la actual Ley de Emergencia Pública y, por supuesto, pesificados sus precios y tarifas.
La facultad de renegociar los contratos que otorga la Ley 25.561, que permite incluso reestructurar íntegramente el sector, no ha sido aplicada por el Poder Ejecutivo (PEN) y sólo lo ha hecho para modificar los cuadros tarifarios, en forma irracional, en especial en el sector gasífero; numerosas instituciones han solicitado la realización de una auditoría total de los costos de las tarifas, incluyendo la producción o generación, el transporte y la distribución, que debería estar a cargo de técnicos independientes.
Afirmar que los usuarios pagan tarifas no contempladas en los marcos regulatorios y que ello genera subsidios, falta de inversiones y derroche en la demanda es incorrecto. En contratos de muy largo plazo existen períodos de ganancias y de pérdidas (que no han aparecido hasta el momento); también implica borrar la década del 90´ donde nada se invirtió a pesar de las cuantiosas utilidades. En la actualidad, tanto en gas como en electricidad, las irracionales modificaciones tarifarias no generan derroches sino ahorro, pues el salto de una escala a otra produce aumentos de significación.
m) los generadores eléctricos no han invertido a pesar de la libertad de precios que les permite el manejo del MEM (generación de sobreutilidades) y los incentivos que pagamos todos los argentinos; la situación es crítica en el presente y en el futuro. Los cortes en los meses donde se producen los picos de consumo no alcanzan a cubrirse con las importaciones, ni con la instalación de antieconómicos pequeños generadores. Consecuentemente, como no se ha decidido efectuar cortes a los usuarios familiares, se les priva del suministros a las usinas y a las industrias, incrementando sus costos, afectando su competitividad e incluso la continuidad empresaria. Las transportadoras, a pesar de no recibir aumentos significativos en los últimos años muestran resultados negativos, circunstancia que demuestra la extraordinaria rentabilidad que han gozado en la década del 90´.
n) la afirmación de que no se cumplen las leyes específicas (Marcos Regulatorios del Gas y la Electricidad) no es correcta, pues es a causa del cumplimiento de esas normas que se produjo la actual situación de desinversión; oportunamente fueron preparadas (incluso en inglés) por el Bco. Mundial y están plagadas de disposiciones a favor de las empresas y en perjuicio de los usuarios cautivos, a los que las empresas denominaban clientes y en su accionar, les aplicaron incrementos en base a la inflación de los EEUU, un mal trato permanente ante la “anuencia” de los Entes, sin olvidar que en el inicio de su gestión y en base a tramposos artilugios administrativos les sacaron a los jubilados sus tarifas especiales. Prueba de ellos son las cuantiosas utilidades que generaron en la década de los 90´, libremente giradas al exterior;
ñ) expresar que la Secretaría de Energía y los Entes Reguladores están debilitadas es correcto; el alejamiento de personal técnico de nivel es una realidad; no es adecuada la aseveración de su dependencia de otros entes gubernamentales, pues así fue siempre, salvo que se entienda a la superpoderosa Secretaría de Comercio;
o) el actual gobierno ser crítico de la década de los 90, pero no ha denunciado ningún Convenio Bilateral donde se permite la intervención del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas (CIADI), a pesar de ampulosas declaraciones presidenciales y ministeriales en defensa de nuestra soberanía, cuyos fallos han sido generalmente adversos;
La Propuesta Programática Radical.-
En resumen, la propuesta no es compartida por los siguientes motivos:
Aspectos generales.-
a.- No define los objetivos de la política energética y su relación con la propuesta general del Radicalismo, que no puede ser otra que la superación de un régimen político y económico que, además de falaz y descreído en términos de Yrigoyen, mantiene la dependencia de los grandes poderes económicos, en especial los petroleros, los bancos y los financieros, asume la corrupción como un componente del poder de decisión gubernamental y a la pobreza como un conjunto de compatriotas a los que se dirige mediante dádivas que su situación les impide renunciar; además, genera una pléyade de empresarios prebendarios. El Modelo K de los actuales gobernantes concentra la riqueza generada en los grupos económicos, en desmedro del creciente número de desposeídos que el mismo genera; la política energética es una herramienta fundamental en su necesaria desarticulación.
b.- No contiene un solo punto que hable de la recuperación del subsuelo y de su consiguiente renta, ignorando la necesidad de que la Nación asuma el rol indelegable que constitucionalmente le compete y que siempre fue bandera inclaudicable de la UCR. Esa renta debe ser la fuente de recursos para invertir en energía no convencionales de significación –aproximadamente U$S 6.000 millones/año- como la hidroeléctrica y la nuclear, para modificar la ecuación primaria de insumos energéticos.
c).- Mantiene la misma infraestructura de mercado que ha fracasado, y todos sus decretos desregulatorios, Hidrocarburos con Ley Corta incluida, de Privatización de YPF, y de los Marcos Regulatorios del Gas y la Energía Eléctrica
d.- Ignora los ilícitos del proceso privatizador tanto de sus inicios como de su funcionamiento posterior, convirtiendo al Radicalismo en cómplice y dejando de lado la potestad legal que posee la UCR de revisar la privatización de YPF, incluida en el Prospecto Internacional denominado “La Oferta”.
e.- No respeta la doctrina tradicional del radicalismo que se ajusta a concepción de estimar a los hidrocarburos como bienes estratégicos, doctrina en la que fuimos pioneros universalmente y que al ser abandonada por el menemismo nos convierte en el único país del mundo que sigue considerándolos como vulgares “commodities”.
f.- Sigue manteniendo organismos ineficientes, costosos, corruptos e innecesarios, que han fracasado rotundamente como los entes reguladores y, para peor crea otros indefinidos e innecesarios, como las agencias, cuyo fracaso en países vecinos es evidente: Además, al mismo tiempo que menciona la necesidad de jerarquizar a la Secretaría de Energía no propone nada al respecto.
g.- No fija como objetivo irrenunciable la superación de la composición de la matriz energética, donde la participación del petrogas debe ser disminuida rápidamente y reemplazada por la núcleo eléctrica, el carbón en sus más modernas tecnologías, y la hidroeléctrica; ésta última, debe implicar concurrentemente el control y aprovechamiento del potencial hídrico en todos sus aspectos (ampliación de la frontera verde, control de caudales, creación de centros de esparcimiento).
h.- Como si viviéramos en una isla desconoce la situación energética mundial y latinoamericana, en momentos en que la cercanía del momento en que la producción de petróleo y posteriormente de gas, se acercan a su tope extractivo es motivo de preocupación en los países más avanzados, como los EEUU y Alemania. Si a esa circunstancia se suma la falta de descubrimientos de significación, el precio del mercado de los hidrocarburos se alejará de la influencia comercial y pasará a jugar un rol decisivo el concepto de la seguridad nacional, que es el determinante de la presencia de las actuales potencial en el Golfo Pérsico. Por ejemplo, el plan de rearme de Arabia Saudita financiado por EEUU es el ejemplo más cercano. Ver CUADRO I – DESCUBRIMIENTO DE YACIMIENTOS POR DECADAS Y CUADRO II – DEMANDA DE ENERGIA Y PRODUCCION POR ORIGEN.
La abrupta disminución de las reservas bolivianas no está mencionada y el tema de la importación de gas a Venezuela está planteado desde el punto de vista comercial de REPSOL, que es el mayor proveedor mundial de GNL, pero ignora la necesidad de asegurarnos su provisión a largo plazo, que el aspecto estratégico por sobre la forma de transporte, que es el tema secundario.
Aspectos particulares.-
Hidrocarburos.-
Aspectos Legales – Cambios necesarios en la Ley 17319 y sus modificatorias.-
El Art. 124 de la CN es de dudosa constitucionalidad pues no fue incluido en el Núcleo de Coincidencias firmado entre la UCR y el PJ: Esto significa que el poder preconstituyente –el Congreso de la Nación- no autorizó el tratamiento de este tema y, consecuentemente, correspondería al partido asumir su declaración de nulidad ante la Corte Suprema.
Que el dominio originario –aunque solamente sirva para cobrar las regalías- pertenezca a las provincias es una postura contradictoria con la doctrina radical; los numerosos proyectos de Yrigoyen y Alvear sostenían la posición contraria, también reflejada en la Ley de Hidrocarburos de Frondizi y en el Art. 40 de la CN de 1949, cuyo creador –Arturo Sampay- lo dedica a Hipólito Yrigoyen.
La Ley Corta, otorga el dominio jurisdiccional o práctico a las provincias; es decir, son ellas las que licitan las áreas, cosa que no sucede en ningún otro país del mundo. Así tenemos contratos que llegan hasta el año 2047 y observamos la expoliación de las provincias por parte de las petroleras. Nadie pudo ver a los gobernadores de Río de Janeiro o Texas hablando de petróleo; sólo lo hacen los Presidentes.
Dejando para más adelante la acción de nulidad, debe ser modificada la Ley Corta, otorgándole a la empresa nacional que se disponga la totalidad de todo tipo de contratos relacionados con el ciclo económico de hidrocarburos.
Agencia Nacional de Hidrocarburos y Biocombustibles.-
La función de planificar e implementar la política nacional de exploración y producción no corresponde a ningún organismo autárquico, pues es una función indelegable de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, en este caso de las subsecretarías especializadas. Esta propuesta coincide con los deseos de las 1as petroleras. Además, tal como está redactada, mantiene la potestad jurisdiccional de las provincias y la vigencia de los contratos vigentes, sin importar las irregularidades cometidas en su gestación.
Auditoría de Reservas.-
No especifica que debe ser integral y realizada por intermedio de organismos estatales. Esta facultad le debe ser establecida por ley a la SE, para evitar la delegación en auditoras privadas contratadas por las mismas empresas que deben ser auditadas. Como la auditoría debe ser integral, en el mayor sentido que puede darse a este término- sería sensato pensar en la Facultad de Ingeniería de la UBA.
Crear una Empresa Petrolera Nacional (Yacimientos Argentinos – YA) y Liquidación de ENARSA.-
En el fondo es muy similar seguir con ENARSA –transformándola en una Sociedad del Estado- o liquidarla y crear una Sociedad del Estado llamada YA donde participen la Nación y todas las provincias, sin injerencia de capitales privados, pues en ningún caso se adopta la decisión de otorgarle a la empresa la totalidad de las áreas en que se encuentra dividido el territorio nacional, declarando la nulidad de aquellos permisos y concesiones cuya adjudicación no se haya ajustado a las disposiciones legales, en especial las contenidas en la Ley n° 17.319 o que su funcionamiento se aleje de las citadas cláusulas legales, que son, aproximadamente, el 90 % de las mismas. Debe quedar claro que sino se recuperan estas rentas originadas en las concesiones de explotación, no existe otra forma de financiación de inversiones –por ejemplo, de exploración, hidroeléctricas, nucleares y carboníferas- energéticas, salvo impuestos o incrementos de tarifas, que gran parte de la población no puede afrontar.
Dado el caso de existir permisos o concesiones ajustadas a derecho, deben servir como modelos para el proceso de recuperación de las riquezas del subsuelo, tanto los Decretos anulatorios firmados por el Presidente Arturo Illia en 1963 N° 744 y 745 cuyo principal redactor fue Carlos Alconada Aramburu, como el proyecto presentado por un grupo de diputados radicales encabezados por Santiago Carlos Fassi y Carlos Perette, en junio de 1955, en el cual se declaraba “de utilidad pública todos los criaderos , fuentes y depósitos naturales de petróleo y los hidrocarburos líquidos o gaseosos que se encuentren en el subsuelo o que surjan de la superficie de la tierra, que hubiesen sido concedidos a particulares por el Estado Nacional o provincial antes de la sanción de la presente ley, autorizándose su expropiación de acuerdo a las prescripciones legales en vigor”, como también determinaba “Dispónese la caducidad de los permisos de exploración y explotación que se hubiesen acordado hasta la fecha….”
Al mismo tiempo se resigna la potestad legal inserta en el libro de La Oferta, de YPF SA donde se señalan las condiciones de la misma, a la que deberán ajustarse la totalidad de los compradores de las acciones, y que permiten a la UCR, dado el caso de llegar al poder, proceder a la revisión de esta privatización, acorde con la denuncia oportunamente formulada por la Convención Nacional ante la SEC de Nueva Cork.
Consecuentemente, la intervención de ENARSA o la creación de YA, deben adquirir transitorio, hasta tanto se recupere para la Nación, la tradicional Y.P.F., inserta en la más sensata y gloriosa historia del Radicalismo.
Adecuación del Marco Regulatorio del Gas Natural.-
Sin negar la necesidad de modificar esta Ley, no se aclara la necesidad de eliminar la proliferación de empresas superfluas, que generan costos innecesarios y dificultades técnicas, tales como los operativos y los de administración (directorios y planteles gerenciales costosos y sobrantes). Ya hemos señalado que en Inglaterra British Gas (BG) se privatizó en bloque. La “mamarrachesca” teoría de la competencia comparativa, provocó que la ruptura de la red troncal contribuya a dificultar los faltantes en los meses invernales y tampoco admite justificación la aparición de monopolios zonales.
Tampoco se mencionan el resurgimiento de los Fondos Energéticos destinados a grandes obras.
Sector Eléctrico.-
Carece de sustento hablar de los aspectos positivos de la reforma de los 90´, pues la realidad indica que no existen; no alcanza con una vaga referencia, pues hay que detallarlos. No se menciona la destrucción de la integración vertical y el mantenimiento de la categoría de no regulado para los generadores que implica, por supuesto, sostener la vigencia del Mercado Eléctrico Mayorista, que genera las mayores utilidades del sector y ninguna obligación de inversión.
La creación de una Agencia nacional de Electricidad y Energías Renovables merece los mismos comentarios contrarios formulados con la destinada a los hidrocarburos. Para peor, surge que se ocuparán de planificar y ejecutar, ejecutando las tareas que antes llevaban a cabo AyEE e Hidronor. Lamentablemente, no distingue que las políticas estratégicas solamente las deben determinar los poderes políticos (en este caso mediante las respectivas Secretarías y Subsecretarías), mientras que la ejecución debe corresponder a las empresas, que tan correctamente los hacían hasta la llegada del peronismo en 1989.
Planificación Estratégica.-
Está fuera de toda discusión la necesidad de contar con un Plan Energético Nacional, y su relación con un Plan nacional de Transporte, pero nada se dice de su financiación y más grave aún es que se mencionen objetivos generales, pero se ignoren las definiciones esenciales a) la consideración de bienes estratégicos a los hidrocarburos y su monopolio de explotación por parte de una empresas 100% estatal, con participación de todas las provincia y b) el derecho a la accesibilidad y permanencia de todos los habitantes a los servicios energéticos esenciales, sin interesar su lugar de residencia ni su nivel socioeconómico.
La evaluación de los recursos energéticos es imprescindible, pero también lo es que su confección quede en manos de organismos oficiales, sin intervención de consultores privados
Energía Nuclear.-
Se comparten los conceptos referidos a su importancia para recomponer la ecuación de consumo energético, pero se ignora la necesidad de modificar al Código de Minería y las respectivas leyes de promoción, determinando que la totalidad de los reservorios de los materiales estratégicos, como el uranio y el torio, pasen al dominio del Estado Nacional.
Vale recordar que asi lo determinaba el Art. 40 de la CN de 1949 y el Decreto Ley n° 22.477/56 (Presidencia de José P. Aramburu), ratificado por la Ley n° 14.467 del año 1958 en la gestión de Arturo Frondizi. Tal posición está fundada en considerar al uranio como un recurso natural de interés público superior vinculado al objetivo estratégico del autoabastecimiento de materia prima para el ciclo del combustible nuclear. No hace falta razonar profundamente para convencernos que este recurso no puede estar hoy en manos de multinacionales, a las que Estado Nacional les financia multimillonarios y depredatorios negocios. Este legislación minera, en su integridad, debe ser derogada.
Las tarifas y los subsidios.-
De la forma en que está expuesta la propuesta sólo parece pretenderse que las tarifas cubran los costos de un sistema irracional, como lo es el vigente. En otras palabras, se cubren las necesidades de obtener ganancias que manifiestan las empresas y no las necesidades de los usuarios, generalmente cautivos. Al no centralizarse nacionalmente la política, ni eliminarse el sistema de mercado, se ignora la importancia de los costos y, en especial, de la indelegable potestad que debe utilizar el Estado Nacional para fijarlas en todo el territorio nacional, adoptando el criterio del menor costo global posible
Política de Integración Energética de la Región.-
Cuando todos los países de la región actúan a través de sus empresas públicas, la propuesta permite la participación de empresas privadas, circunstancia que resulta inaceptable, pues no pueden compatibilizarse los intereses lucrativos de los privados con aquellos propios de las sociedades estatales, que son los que importan a las sociedades.-
Cambio Climático y el Uso Racional de la Energía.-
La eficiencia energética y la racionalidad de la demanda resultan manifiestamente insuficientes ante los aspectos básicos que integran el concepto general del uso racional: utilización sensata, sustitución inteligente en base al reemplazo de los más contaminantes y escasos y desarrollo de nuevas fuentes; todo ello finan ciado por impuestos sobre los combustibles líquidos.-
Reinstitucionalización del sector después del vaciamiento del Estado. Un Estado que recupera y ejerce sus roles indelegables.-
Solamente se comparte la creación de Consejo de Política Energética, pero debería agregársele también del Transporte.
Los Consejos Federales, deben funcionar por separado, en base a su especialidad y sin dejar de lado la coordinación propia de las SE sobre los mismos.
Los Entes deben desaparecer, transformándose en Tribunales de Usuarios.
3.- LA PROPUESTA DE LA FUNDACIÓN ILLIA.-
a) Introducción.-
Interesan destacar, los siguientes conceptos vitales con vigencia indiscutida en el contexto internacional: a) que el tema de la seguridad en el primer mundo es prioritario y no se rige por el dogma del mercado; b) que para esas naciones, los horizontes de reservas buscados no son menores a los cincuenta años, que no es un plazo menor, y c) que el verdadero interés para las mismas, lo constituye y genera la riqueza que está bajo el subsuelo –las reservas- y no las instalaciones de superficie o el mero consumo; de allí el rearme de Arabia Saudita por parte de los EEUU (no menor a los U$S 65.000 millones en su primera atapa), que reafirma la vigencia de la Doctrina Carter.
Pero no sólo priva el concepto seguridad; también adquiere vital importancia la apropiación de las rentas o riquezas que generan los hidrocarburos, que son destinadas al desarrollo interno, siendo el ejemplo más cercano el de Brasil. Analizado el panorama internacional, de una forma u otra, todos los países –menos la Argentina- se apropian de gran parte de la misma. Las máximas autoridades de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) suelen manifestar que los problemas ocasionados por el alza del precio de los combustibles, se producen mucho más por las cargas fiscales con que los estados nacionales los gravan.
Todos los días vemos que las oscilaciones del precio del petróleo son las únicas que provocan una inquietud generalizada. Hoy, el mundo desarrollado depende en un 70 % de la producción de la OPEP y los extra OPEP, que si bien representa un tercio de la producción mundial, no puede ser reemplazada. En el CUADRO I – DESCUBRIMIENTOS DE NUEVOS YACIMIENTOS (POR DÉCADAS) puede observarse que ante una demanda en ascenso, no han aparecido reservas de significación. Ello presagia conflictos futuros, entre los propietarios de los yacimientos y las necesidades mundiales sobre una materia prima-poder que general el 60 % de la energía, da vida a 6.000 productos petroquímicos que hacen a nuestro confort y permite que la producción agrícola pueda hacer frente a las necesidades de la demanda; no existiría la excelente producción sojera argentina sin los fertilizanrtes.
La situación socioeconómica argentina tampoco debe quedar afuera del análisis. Es un país subdesarrollado, con manifiestas desigualdades geográficas en cuanto a niveles de ingresos se refiere, que muestran una evidente macrocefalia, pues posee una Capital Federal y grandes ciudades con una calidad de vida que hasta hace poco, era similar a la de las principales ciudades del mundo, un interior desindustrializado y empobrecido a niveles alarmantes, que depende mayormente de sus producciones rurales, y un área metropolitana con desconocidos niveles de pobreza extrema.
En un contexto internacional donde los aumentos del precio del petróleo o su dominio pueden generar crisis de la que nadie está exento, la Argentina sigue mostrándose como poseedora de un modelo energético desatinado, porque cualquiera que sean las oscilaciones del precio citado, los beneficios nunca alcanzan al Estado ni a la gran mayoría de los argentinos. La dependencia de factores externos genera una permanente imprevisibilidad, que aleja cualquier eventual intención de inversión genuina.
La mera intención de modificar las condiciones actuales del mercado energético, provoca presiones de los gobiernos de donde provienen las empresas, en especial España, donde ningún gobierno desde el de Menem a la fecha ha explicado cuales son las ventajas de la alianza estratégica que nos une Al Reino Español.. Estas amenazan con la supresión de inversiones -jamás realizadas- y reclaman la plena vigencia de la seguridad jurídica, olvidando que la misma no puede invocarse para revalidar todo tipo de ilícitos y, de esa forma, justificarlos en cuanto creadores de irritantes situaciones de privilegio para pocos y de despojo para muchos, sino que sólo se la debe entender dándolos por finalizados y sometiendo a todos sus responsables -corrompidos y corruptores- a la justicia.
Los beneficiarios del festival privatista de los 90´, tanto los grandes ganadores –concesionarios de producción de la Ley de Hidrocarburos y generadores eléctricos- como los restantes –transportistas, distribuidores, petroquímicos- se están posicionados ante las próximas elecciones nacionales, en especial, un eventual cambio de partido gobernante. Han creado la necesidad de aumentar sus ingresos y, por consiguiente, buscado y obtenidos injustificados incrementos de precios y tarifas y, lo que es más importante, una consolidación del modelo de mercado. La actuación del Grupo de los ex Secretarios y ex Subsecretarios de Energía y de Combustibles y, la reciente presentación fastuosa y falaz de YPF SA dedicada a mostrar cuantiosos y falaces descubrimientos de gas no convencional, forman parte de esta maniobra de posicionamiento. Lamentablemente, el Radicalismo, desconociendo los pronunciamientos programáticos de de Convención Nacional y su tradicional conducta y doctrina, se ha sumado en la figura de su Presidente del Comité Nacional y autopropuesto precandidato presidencial, al conjunto de aduladores reunidos por YPF SA.
Breves comentarios sobre los Cuadros adjuntos.-
CUADRO I – Descubrimiento de Nuevos Yacimientos (por décadas)
Pretende mostrar que no han aparecido descubrimientos que permitan hacer frente a un aumento constante de la demanda, especialmente aquella que se origina en China e India. Tal situación, so sólo presagia conflictos sino que obliga a países como la Argentina, Brasil y Chile, a privilegiar su autoabastecimientos; lamentablemente, para nosotros parece que el problema no existe.
CUADRO II – Demanda de Energía y Producción por Origen.-
Muestra que la matriz de consumo primario es insostenible, y que todos los esfuerzos deben tender a disminuir la importancia determinante del gas y del petróleo; para ellos, las inversiones en concretar en hidro y núcleo electricidad son más que significativas y de allí la necesidad de recuperar la renta petrolera que está en manos de los trusts internacionales del petróleo.
CUADRO III – Evolución de la Extracción y Horizonte de Vida de las Reservas Certificadas de Petróleo y Gas Natural – (Argentina: 1980/2012).-
Este Cuadro es el más demostrativo de lo sucedido con los dos modelos energéticos: el estatal, nacional, racional centralizado y basado en las grandes empresas nacionales y el de mercado o neoliberal. Se observa la importancia de las exportaciones y la carencia de exploración.
CUADRO IV – Pozos Exploratorios en Argentina/Precio Internacional del Barril de Crudo (1980/2008)
Los pozos exploratorios son el índice mas significativos de las inversiones de riesgo, es decir, la exploración; puede observarse la importancia que se le otorgó al tema en la gestión de Alfonsín, como también el abandono total de las inversiones desde el arribo de Repsol a YPF SA.
CUADRO V – Satisfacción de la Demanda: Déficit.-
El triángulo blanco representa el faltante de energía eléctrica; puede disminuir si hacemos disminuir la demanda, pero el panorama que se avecina es de gravedad; es una demostración irrefutable del fracaso del modelo neoliberal y de la gestión del matrimonio Kirchner.
Conclusiones y Propuestas.-
Se puede afirmar que el neoliberalismo energético implantó una política cuyos únicos beneficiarios han sido los grandes grupos económicos, en desmedro de los intereses de la mayoría de los argentinos, a quienes se desposeyó de los beneficios que la administración estatal les brindaba en su vivir presente y futuro y, lo que es más importante, de los del Estado Nacional (EN), que renunció a la potestad de dictar las políticas sectoriales y a ejecutarlas mediante la acción de sus sociedades estatales, sin olvidar que se desprendió casi gratuitamente, de cuantiosos recursos estratégicos, escasos y no renovables y renunció a importantes y genuinos ingresos tributarios, en beneficio de las petroleras privadas. En definitiva, la llamada desregulación no consiste en otra cosa que en un cambio en la titularidad del poder regulador: antes lo hacía el EN en beneficio de todos, ahora lo hacen los grupos económicos en su propia utilidad; es una forma de administración que tiende a una inequitativa distribución de la riqueza generada.
La Nación, es decir, los argentinos, se vieron privados de poder disponer de los beneficios de un sistema energético integrado, territorial y económicamente, que permitía la obtención del menor costo global posible, el desarrollo equilibrado del país y las previsiones de los requerimientos futuros.
El desafió que tenemos consiste en revertir la situación de irracionalidad energética en todas las etapas del ciclo económico de los hidrocarburos, pues no hacerlo sería privar a la mayoría de los compatriotas, incluyendo a las futuras generaciones, de la posibilidad de ejercer el derecho al acceso y a la permanencia en la utilización de los bienes derivados de la energía. También implica olvidar que somos los pueblos -y no los empresarios privados- los dueños de nuestros recursos energéticos y, en consecuencia, quienes determinamos la forma en que deben ser explotados y distribuidas las riquezas por ellos generadas.
Como vimos, el CUADRO II – DEMANDA DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN POR ORIGEN (de Freda-Calleja; 2009) nos muestra lo sucedido y la gravedad de la situación actual; está en concordancia con el preparado por el Ing. Arbor González de la la Asociación de Personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica (APCNEAN) ,CUADRO V– SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA: DÉFICIT; en este último, el triángulo blanco significa la demanda a satisfacer, sin que existan en el actual gobierno previsiones para superar el déficit.
Concepto de Política Energética.-
Como la política energética no es independiente de la política económica, consideramos que la misma debe constituir una de las bases de un proceso de desarrollo económico y social que revista las características de ser políticamente independiente, geográficamente equilibrado y socialmente equitativo. En si misma, debe asegurar que todos los habitantes puedan acceder al consumo de los bienes energéticos, en el presente y en futuro, en igualdad de oportunidades, sin distinciones fundadas en su nivel socioeconómico o lugar de residencia, y en condiciones que garanticen la continuidad, calidad y economicidad del servicio, la racionalidad en el uso y la conveniencia para el medio ambiente. No cabe para la UCR pensar en una Argentina moderna –radicalmente distinta a la actual- que no procure el manejo de sus recursos energéticos, la ampliación de sus disponibilidades, el uso intensivo de aquellos renovables y una concepción estratégica para los no renovables. Tampoco es válido pensar que el derecho a la energía no constituye un derecho humano y un bien social en si misma, alejado de los intereses lucrativos del capital privado.
Por consiguiente, todas las medidas que se mencionaran a continuación, son realizables con otro modelo económico, e incompatibles con el actual. Ese nuevo modelo debe plantear la recuperación del poder y de las riquezas para los argentinos donde el sector de la energía puede y debe representar el rol más importante.
Propuestas: enunciación y carácter.-
Las soluciones que deben adoptarse son estructurales y no simplemente reglamentaristas del actual modelo de mercado. Como manifestamos, no cabe la irrealidad de pensar que la solución pasa por mejorar el funcionamiento de los entes reguladores o de crear varias agencias, pues se requiere una muy profunda reestructuración del sector, que no sólo se convierta en una herramienta básica de una política como la señalada, sino que adquiera una eficiencia, con su consiguiente reducción de costos innecesarios, del que carecen las unidades empresarias que funcionan en la actualidad.
Será prioridad inmediata cambiar la composición de la matriz de consumo energético, disminuyendo la participación del petróleo y el gas y priorizando la hidroelectricidad, la nuclear y el carbón, como también la exploración del mar. Los recursos necesarios para tales inversiones provendrán de la recuperación de la renta petrolera, hoy en manos de las multinacionales del sector que reemplazaron a nuestra Y.P.F.. Las inversiones del área serán coordinadas con el área de transporte.
Una de las primeras medidas debe consistir en el firme compromiso de cumplir estrictamente con la Constitución y las leyes, especialmente con la jerarquía de cada de las normas: 1° la Constitución, 2° las leyes, 3° los decretos, 4° las resoluciones ministeriales, 5° los contratos y 6° las disposiciones emanadas de los organismos reguladores. Esta medida, insólita para cualquier país organizado y necesaria para un país jurídicamente caótico, se fundamenta en que las irregularidades cometidas y vigentes, son innumerables; el sólo hecho de cumplir con la legislación vigente implicaría un ordenamiento legal y, además, moral, del sector., sin desconocer el ejemplo disciplinante para el resto del área. La Leyes de Emergencia Pública y de Abastecimientos debe dejar de ser la herramienta que cualquier funcionario utilice para modificar normas de nivel superior.
Se deberán modificar las leyes del sector, derogándose la llamada Ley Corta y estableciéndose el monopolio de explotación para la empresa estatal que se determine, que tendrá el carácter de Sociedad del Estado –con participación minoritaria de todas las provincias- como también las disposiciones emanadas de las Leyes de Reforma del Estado y Emergencia Económica que lo hayan afectado. La nueva Ley de Hidrocaburos sólo permitirá la participación del capital privado en contratos de explotación, que asegurarán el dominio de producto extraído sólo a la empresas estatal.
Hasta tanto se investigue y recupere Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Y.P.F.), será creada una empresa energética estatal que administrará en forma exclusiva las concesiones, permisos y empresas que los privados deban revertir al EN, cualquiera sea la causa de las mismas, los que, en todos los casos, deben ser entregados en la misma forma en que los recibieron. La empresa administrará en nombre del Estado la totalidad de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos que se encuentren en el subsuelo terrestreo o marítimo o que surjan a la superficie.
Como ejemplo, pasarían a la nueva empresa todas las concesiones de explotación y permisos de exploración que: a) excedan el número de cinco, permitido por los artículos 34 y 25 de la Ley n° 17.319; b) las obtenidas por reconversiones de contratos de explotación derivados de los decretos desregulatorios de 1989 n° 1.055, n° 1.212 y n° 1.589; c) las prorrogadas ilegalmente, como es el caso de Loma de La Lata y Cerro Dragón y de todas las pertenecientes a YPF S.A, de acuerdo al Decreto n° 1.108/93; d) aquellas tipificadas como de explotación con exploración complementaria, que excedan la superficie o los plazos permitidos por la ley; e) las correspondientes a las Áreas Centrales no constituidas como sociedades mixtas, según lo establece la Ley de Reforma del Estado; las cedidas a las provincias en virtud de la Ley Corta.
Se establecerá que todas las actividades integrantes del ciclo económico del petróleo y el gas- tales como la exploración, la extracción, el transporte, la refinación, la industrialización, la distribución y la comercialización- son un servicio público, por estar destinadas a la satisfacción permanente y continuada de necesidades sociales básicas de la población. Por consiguiente, será el EN quien determine los precios y tarifas, para lo cual cuenta, además, con las leyes n° 25.561 y n° 20.680, sin olvidar que desde marzo de 1991, a pesar que está vigente la Ley de Convertibilidad, el precio de la producción interna del petróleo crudo se ha venido indexando según sus valores internacionales. Esta medida implicaría también el reemplazo del criterio del precio internacional por el de los costos internos y la devolución de los importes ilegalmente endexados.
También en forma inmediata, será necesario auditar los registros contables de las petroleras, obligarlas a liquidar correctamente las regalías hidrocarburíferas y a cumplir con todas las normas técnicas y de preservación del ambiente. YPF S.A. debe ser auditada por la Auditoría General de la Nación, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley n° 24.156 en su Art. 8, derogándose en consecuencia el Decreto n° 1108/93 que ilegalmente la excluye.
El Impuesto al Crudo Procesado debe ser puesto nuevamente en vigencia, incrementarse el porcentaje de las regalías y el valor del canon por superficie ocupada, igual que los Impuestos Internos al Consumo llamados Fondos Energéticos y Viales. Se establecerá la obligación para aquel que perciba las regalías, de invertirlas en el mejoramiento de las condiciones económico-sociales del área que las genere.
Paralelamente, cabe investigar legislativamente todos los procesos de privatización, especialmente el de Y:P:F, cuya primera venta se concretó sin tasación oficial previa y a un precio de liquidación, mientras que la segunda –ingreso de Repsol- obvió la venta en bolsas y mercados de valores, según lo dispone la Ley n° 24.145. La UCR a través de su Convención Nacional denunció oportunamente las irregularidades de la venta de las acciones de la petrolera estatal ante distintos organismos; uno de ellos, la S.E.C. de EEUU obligó a YPF SA a incluir en su Libro de Oferta, la advertencia de que en caso de llegar al poder la UCR, revisaría esa privatización
Al mismo tiempo, serás imprescindible trabajar en las medidas reestructurativas de fondo. Las mismas deben incluir la separación entre el área política y la empresarial. Implicarán la Creación del Ministerio de Energía y Transporte, la jerarquización de la Secretaría de Energía (SE) y la creación de un holding empresario estatal –la Empresa Nacional de Energía (ENE)- bajo cuya órbita desarrollarán sus actividades tres revitalizadas sociedades estatales: Y.P.F., GdE y AyEE., en cuyo capital tendrán participación minoritaria las provincias y los trabajadores. En la SE deberán funcionar los Consejos Federales del área y también las organizaciones de consumidores y trabajadores; éstas últimas tendrán representación en los directorios de las nuevas empresas. Los Entes Reguladores serán convertidos en Tribunales Energéticos, donde los usuarios tendrán representantes.-
Las normas que regulen las relaciones entre la SE y la ENE deberán marcar una estricta separación patrimonial. Concretamente, podemos ejemplificar con los subsidios al gas patagónico: antes, en la etapa regulada, estaban en el Cuadro de Resultados de GdE, mientras que actualmente están debitados en el Presupuesto Nacional y no en las empresas distribuidoras privadas.
Las nuevas empresas deberán recuperar lo bueno de sus antecesoras y superar lo criticable. Serán sociedades del Estado pero no del gobierno. Un párrafo especial merece la corrupción, pues es común escuchar que con la privatización de las sociedades públicas se terminó con la “corrupción estructural”. La historia energética enseña que los grandes ilícitos sectoriales –los contratos frondizistas y los del Proceso, por ejemplo- se gestaron en el Poder Ejecutivo y no en las empresas.
Estos son los principales lineamientos que deberá respetar una adecuada reestructuración del sector energético.
Diciembre de 2010.-
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