SIN RUMBO EN POLÍTICA AGROPECUARIA

Por José Antonio Artusi
El sector agropecuario argentino ha sido históricamente la principal fuente de obtención de recursos que han permitido poner en marcha diversos modelos de acumulación. Desde hace algunos años nos hemos visto beneficiados por condiciones favorables del contexto internacional que han determinado alzas sustantivas de los precios de nuestra producción exportable y que han permitido un aumento inusitado de los ingresos fiscales luego de la crisis del 2002. Esta oportunidad, sin embargo, ha sido dilapidada. No hemos aprovechado como país esta extraordinaria coyuntura, caracterizada por casi una década de crecimiento a tasas elevadas del PBI, para acometer desafíos que en otro momento hubieran sido impensables. No se diversificado en profundidad la estructura productiva, no se ha industrializado el interior, no se ha reformado el Estado de acuerdo a las exigencias de una Nación moderna, no se ha distribuido de manera equitativa el ingreso, y no se han eliminado bolsones críticos de pobreza extrema y marginalidad. Con muchos más ingresos, no puede decirse hoy que la salud pública, la educación, el déficit habitacional, la Justicia o la seguridad estén mejor que en el 2000. Yendo a las políticas específicas del sector agropecuario, ha predominado una visión fiscalista de corto plazo, que lo sitúa en el lugar de proveedor de ingresos fáciles de obtener rápidamente (retenciones a las exportaciones, etc.), como fuente de financiación de políticas públicas que han adoptado un fuerte sesgo centralizador, en detrimento del federalismo fiscal y las autonomías provinciales y municipales. Estas contradicciones quedaron evidenciadas en la “crisis del campo” del 2008, y a partir de ese momento el gobierno y su aparato de propaganda puso en marcha un operativo dialéctico – un “relato” – tendiente a caracterizar a los productores agropecuarios y a su dirigencia gremial como los “malos de la película”, los representantes de una supuesta oligarquía terrateniente empeñada en boicotear los esfuerzos de un gobierno progresista, nacional y popular, que había puesto en marcha un modelo de crecimiento y distribución con inclusión social. Lo que el relato no decía – aunque fue relativamente exitoso, como han sido exitosos otros intentos goebbelianos de distorsionar la realidad – es que esa oligarquía a la que el oficialismo dice enfrentar es en muchos casos su mejor aliado. A la oligarquía reaccionaria de hoy en día no hay que buscarla en el campo. Está en los sectores concentrados de algunas ramas de la agroindustria, en las empresas exportadoras de granos, en el sistema financiero, en el juego, en la minería, en las empresas que se beneficiaron del desgüace del Estado, en el sector petrolero. En todos estos sectores podrán encontrarse personajes que han actuado como fieles compañeros de ruta del kirchnerismo, y que se han visto beneficiados por sus políticas. Sin una verdadera política agropecuaria que incentive la producción y la incorporación de tecnología, planteando falsas antinomias entre la genuina rentabilidad de los productores y los precios de los alimentos en la mesa de los argentinos, poniendo absurdas trabas y restricciones de todo tipo, se ha castigado al sector y se ha generado una profunda incertidumbre en los productores. El doble discurso está a la orden del día. Se plantea, por ejemplo, a través de algunas iniciativas la necesidad de promover la rotación de cultivos para asegurar la sostenibilidad de la producción agrícola, algo que los propios productores conocen perfectamente. Sin embargo, las intervenciones inadecuadas en mercados como el de trigo y maíz logran el efecto absolutamente inverso, potenciando de esta manera la “sojización”, ante la menor rentabilidad de otros cultivos. Por otra parte, estas intervenciones no han sido neutras desde el punto de vista de la distribución de la renta: han ocasionado una transferencia exhorbitante de recursos desde los productores hacia los exportadores y algunos industriales, y no han logrado en absoluto frenar el alza de precios de los alimentos en el mercado interno, a pesar de los intentos del INDEC por dibujar una realidad que sólo existe en sus desacreditadas estadísticas. Como acertadamente ha expresado el Diputado Nacional Jorge Chemes, “el Gobierno le regaló 3000 millones de dólares a cinco multinacionales exportadoras, y ahora resulta que quiere pasar por progresista preocupándose por la rotación". El campo puede y debe constituirse en un elemento clave de crecimiento, generación de empleo genuino y redistribución de la riqueza en serio. Pero para ello hace falta un cambio rotundo en las políticas públicas, e insertar la política agropecuaria en un verdadero plan estratégico de desarrollo sostenible que hoy brilla por su ausencia, aunque se intente disimularlo con relatos, propaganda, demagogia y clientelismo.-
José Antonio Artusi es Presidente del Comité Provincial de la UCR de Entre Ríos y fue Diputado Provincial entre 2007 y 2011.-
Fuente: Revista Campo, El Cronista. Leer más...

LA POLÍTICA ENERGÉTICA DEL GOBIERNO NACIONAL HA SIDO DESASTROSA

Por José Antonio Artusi
El gobernador Sergio Urribarri ha expresado que “tenemos una política energética porque somos un país soberano” y ha afirmado que “llegó el momento de recuperar nuestro autoabastecimiento y de asegurar el funcionamiento armónico de las etapas de exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización en una única estrategia nacional, a favor del país y de los 40 millones de Argentinos”.
Lamentablemente, nos vemos obligados a refutar las incoherencias y contradicciones del discurso oficialista.
Lo que el Sr. Gobernador parece no recordar es fue durante un gobierno peronista en la década del 90 que se entregaron y extranjerizaron las herramientas estratégicas que eran YPF y Gas del Estado, que habián permitido durante décadas aplicar la renta petrolera al servicio del desarrollo de nuestra infraestructura energética y vial. Omite también que quienes hoy gobiernan fueron activos impulsores de esa política antinacional, que permitió que empresas extranjeras exploten irracionalmente nuestros recursos y envíen al exterior las ganancias, producto de un sistema extractivista que bien ha sido comparado con el saqueo de las minas de Potosí en tiempos de la colonia. Tampoco recuerda el Gobernador Urribarri que fue el Presidente Kirchner que impulsó una legislación que - de la mano de una incorrecta interpretación de la Constitución Nacional - dejó en manos de las provincias la potestad de otorgar concesiones de explotación de los yacimientos, algo que ningún país del mundo permite. Ha dicho el Sr. Gobernador que “las empresas extranjeras que vengan a invertir están bienvenidas, pero no podrán seguir llevándose el 90 por ciento de las utilidades fuera del país, como lo hacía Repsol, produciendo un verdadero vaciamiento de nuestra energía”. Sólo cabría agregar, "a confesión de parte, relevo de prueba". Pocas veces se ha admitido tan claramente que avalaron y consintieron un saqueo descarado de nuestros recursos por parte de una empresa extranjera. Por otra parte, tampoco se recuerda que fue con esa empresa que la Provincia firmó durante su anterior mandato un contrato que denunciamos en su oportunidad, aún antes de tener en la provincia una pésima ley de hidrocarburos, que debería ser derogada de inmediato. Si hemos perdido el autoabastecimiento y el manejo de nuestros recursos estratégicos es a causa de una política antinacional que se inició con Menem y continuó con Kirchner, y que en muchos aspectos aún continúa, a pesar de los golpes de efecto y de la insuficiente expropiación de parte del paquete accionario de YPF. Nada se dice acerca del resto de las empresas extranjeras, y menos se recuerda que la ley de expropiación perjudica claramente a las provincias no productoras como la nuestra, ya que hemos resignado en manos de las provincias productoras un cuarto del paquete accionario de la empresa YPF, sin ninguna justificación, ya que YPF fue siempre una empresa nacional que se financió y engrandeció durante décadas con el aporte de todos los argentinos. La única forma de recuperar en serio la soberanía energética y el manejo de nuestros recursos es sancionar una nueva ley de petróleo, tal como han propuesto legisladores nacionales de la Unión Cívica Radical, volviendo a tener una YPF estatal y una verdadera política nacional. El artículo 1º del mencionado proyecto de ley establece que "la soberanía energética de la Nación tendrá una matriz independiente de todo requerimiento externo. En virtud de ello los yacimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos existentes en el territorio de la República Argentina, Antártida e islas del Atlántico Sur y la plataforma continental, constituyen bienes estratégicos y son patrimonio inalienable e imprescriptible de la Nación Argentina. Las provincias en cuyo territorio se encuentren tienen el dominio originario, conforme el artículo 124 de la Constitución, siendo el dominio jurisdiccional del Estado Nacional." Hasta tanto no volvamos a tener una política en este sentido, sólo veremos fuegos de artificio y discursos para la tribuna.-

José Antonio Artusi fue Diputado Provincial (UCR) y actualmente preside el Comité Provincial de la UCR de Entre Ríos.- Leer más...