En tal sentido, y ante las recientes declaraciones de funcionarios públicos municipales manifestamos que:
- Debe derogarse el artículo 3º de la ley de turismo, verdadero Caballo de Troya utilizado para introducir de manera artera la posibilidad de la privatización del juego en Entre Ríos. Deben dejarse sin efecto, además, todos los decretos del Poder Ejecutivo y las resoluciones del IAFAS que declaran “de interés turístico” determinados proyectos y que habilitan la instalación de juegos de azar. Hacemos nuestras las reiteradas advertencias de la Iglesia Católica - y en especial del Obispo de nuestra diócesis, Monseñor Lozano – en relación a los peligros que entrañan el juego en manos de empresas privadas, con todas sus posibles ramificaciones en el lavado de dinero y actividades mafiosas como la trata de personas y el narcotráfico. No necesitamos un absurdo salón de tragamonedas para volver a ser un destino turístico de interés. Por el contrario, la posibilidad de un casino en manos de empresarios foráneos sólo significará una aspiradora que extraerá recursos de los uruguayenses que no se reinvertirán en nuestro medio.
- La Municipalidad de Concepción del Uruguay debe dejar de “negociar” ilegalmente con la empresa a la que se le rescindió el contrato por reiterados incumplimientos de los compromisos que habían asumido en un escandaloso negociado en perjuicio del patrimonio de todos los uruguayenses y ejecutar las garantías correspondientes de acuerdo a la ordenanza 9212. Los vecinos ven claramente ahora que el “proyecto turístico integral” en su propuesta inicial intentó estafar de manera escandalosa al municipio, con la complicidad de quienes avalaron aquel desatino. A estos “empresarios” lo único que le interesa son los tragamonedas y su renta extraordinaria. Ello no es permitido en la ciudad de Concepción del Uruguay por la ordenanza 7296 y su modificatoria la 8120 que prohíben la instalación en sitios públicos y privados dentro del ejido de las llamadas tragamonedas o sus similares si constituyen juegos de azar cuyos premios sean susceptibles de ser canjeado por dinero.
- Debe convocarse a una audiencia pública para debatir de manera democrática y participativa estas cuestiones antes de cualquier nuevo llamado a licitación. El destino de la actual terminal, su eventual traslado, si fuera conveniente, y las alternativas para los actuales edificios del Mercado 3 de Febrero, de la terminal y del Hotel Francisco Ramírez deben surgir de los uruguayenses y en defensa de nuestros intereses, y no de la imaginación febril de seudo empresarios ávidos de beneficios privados a costa del patrimonio público. El radicalismo tiene ideas y propuestas para ofrecer en este sentido. Lamentablemente el Sr. Presidente Municipal no responde nuestras solicitudes de entrevista, que reiteramos públicamente una vez más. - Convocamos a todos los ciudadanos y organizaciones políticas y sociales a resistir todo intento de entrega de nuestro patrimonio movilizándose activamente junto a los vecinos autoconvocados en defensa de la Terminal y el Mercado 3 de Febrero.- Leer más...
Los abajo firmantes solicitamos formalmente el rechazo del proyecto de ley que propicia el cambio de nombre de la estación de la línea de Subterráneos D “Ministro Carranza” y la inmediata reposición de la cartelería legal, con la correspondiente aplicación de denuncias y sanciones a quienes resulten responsables de la sustitución de hecho, que existe actualmente en dicha estación. 
