Por José Antonio Artusi *
Observamos con preocupación las declaraciones del Ministro de Educación y candidato a Presidente Municipal de Concepción del Uruguay, a propósito de la presentación que hicieran ante el Procurador General dirigentes del Partido Socialista.
Las expresiones del Sr. Ministro, lejos de aclarar las dudas e interrogantes que el escrito mencionado plantea, configuran más bien una especie de “confesión de parte”, en las que se reconocen abiertamente las prácticas clientelares que desde hace años se vienen realizando en Concepción del Uruguay bajo su dirección. Pero no debemos perder de vista que no se trata de un hecho puntual, anecdótico, sino que declaraciones similares podrían haber sido formuladas por otros, pues asistimos, evidentemente, a un sistema consolidado que abarca toda la provincia desde hace mucho tiempo. Que el árbol, pues, no nos tape el bosque; no se trata de criticar a un funcionario, es un patrón de conducta profundamente arraigado en el gobierno – y en alguna medida legitimado por la sociedad civil – el que debemos cuestionar.
Nadie objeta que todos los ciudadanos tienen derecho a un ingreso mínimo que garantice la subsistencia, de hecho el Artículo 24 de nuestra Constitución Provincial así lo estipula. (“El Estado asegura a todos los habitantes el derecho a la alimentación, así como un ingreso mínimo indispensable para la subsistencia en situaciones de falta de empleo regular, inestabilidad económica, social o catástrofes que coloquen al afectado en situación de desamparo. Un ente público con participación ciudadana tendrá a su cargo la efectivización de este derecho”) Sin embargo, a 7 años de la reforma del texto constitucional el partido de gobierno no ha hecho absolutamente nada para reglamentarlo y hacerlo realidad. Siendo diputado provincial presenté en 2009 un proyecto de ley en este sentido (Expediente 17.395). Sostenía en los fundamentos de aquel proyecto algunas consideraciones que quiero recordar:
“Hoy el voto es secreto, el derecho al sufragio es universal, pero en realidad se han perfeccionado y hecho mucho más sutiles los mecanismos de la exclusión política. La cara más visible y perversa de este fenómeno es el clientelismo. Quien no tiene garantizado como un derecho la mínima posibilidad material de una vida digna no es libre, no puede elegir en condiciones de igualdad frente a otros, y por lo tanto no es un ciudadano en plenitud. Es una víctima del sistema, presa fácil de los poderosos de turno y de quienes aspiran a serlo, que no resisten la tentación de trocar dádivas ocasionales y esporádicas – jamás concebidas como la contracara de un derecho, sino como “respuestas” individuales – a cambio de apoyo político. El deterioro que la generalización de estas conductas genera en el sistema de representación política es enorme. Se resienten los partidos políticos; y la esfera pública, republicana, el Estado, dejan de ser vistos como el ámbito de la negociación y resolución colectiva de problemas comunes para pasar a ser un coto de caza privado, al que hay que acceder con “contactos”, “cuñas”, “palancas”, y demás mecanismos en pos de obtener pequeñas tajadas, que sirven para mejorar la posición relativa de algunos “desposeídos”, aunque sea en detrimento de otros. La dimensión ética y solidaria de la política queda herida de muerte, sustituida por un utilitarismo perverso basado en el “sálvese quien pueda”.”
Está claro que quienes gobiernan están convencidos de que no les conviene hacer realidad el artículo 24, que garantizar derechos de manera republicana y universal en el marco de una democracia social no coincide con su ADN populista y demagógico.
Si bien nadie objeta los derechos de las personas a solicitar ayudas a quien fuere, lo que sí es política y moralmente repudiable es la discrecionalidad, la falta de transparencia, y el innegable e inocultable contenido proselitista que se le otorga a esta metodología reiterada de reparto de subsidios a quienes concurren a un local identificado claramente con la figura del candidato oficialista, reforzando a su vez de esta manera la crónica incapacidad del oficialismo para diferenciar como corresponde el Estado y el gobierno del partido.
Los derechos humanos son universales, y por lo tanto su goce y ejercicio debe abarcar a todos los habitantes. Es, sin embargo, evidente a simple vista que existen miles de personas con necesidades básicas insatisfechas o que no pueden acceder a una vivienda digna, que no han concurrido a demandar ayuda a esa oficina, y que no han recibido esos subsidios. Acaso esas personas no tienen los mismo derechos que las que sí los recibieron? Qué mecanismo se utilizó para evaluar las necesidades de cada uno de los solicitantes y determinar los montos a asignar? Está absolutamente claro que estas preguntas no tienen respuestas válidas, pues las defensas ensayadas son vanos intentos por ocultar lo inocultable y por defender lo indefendible: la consolidación de un patrón estructural y sistemático de distribución clientelar de dádivas y prebendas – a las que debe sumarse el empleo público y demás “favores” – financiadas con fondos públicos a cambio de apoyo político.
Las declaraciones del Ministro vienen por otro lado a ratificar lo que las cifras del INDEC esconden, que son muchísimas las personas que viven bajo la línea de pobreza y de indigencia, que no encuentran en los programas de políticas públicas satisfacción a sus legítimas demandas, y que se ven forzadas por lo tanto a reclamar este tipo de “ayudas” discrecionales, alejadas de la asignación de beneficios como reconocimiento de derechos ciudadanos y más bien cercanas a concesiones graciosas de los “gestores”, como de manera eufemística se intenta disfrazar estas prácticas perversas.
Quienes gobiernan la ciudad de Concepción del Uruguay desde 1987 reconocen por boca de su candidato que en todos esos años han sido incapaces de resolver de manera estructural los problemas más acuciantes de los sectores más postergados de la sociedad, y no sólo eso, sino que existe una virtual ausencia de programas nacionales y provinciales que les den respuesta, frente a lo que el reparto irregular y arbitrario de subsidios aparece entonces como la única alternativa.
El daño que estas prácticas, y su naturalización y hasta aceptación por parte de la sociedad, le hacen a la política y a la democracia es enorme. Se sustituye la idea de la política y del Estado democrático como el ámbito público en el que se construyen de manera colectiva las soluciones a problemas comunes por una concepción primitiva y autoritaria, en la que predomina el gobernante de turno como el “gestor” al que hay que recurrir para obtener soluciones puntuales a problemas individuales, que se otorgan como una concesión graciosa de quien detenta el manejo de fondos públicos. Es, en el fondo, una especie de “privatización” de la política, que hace prevalecer los lazos individuales entre cada persona, o a lo sumo familia, con el gobernante, y que debilita la posibilidad de construir mecanismos colectivos de asociación para la defensa de intereses concretos. De qué sirve la participación ciudadana si la cola en una oficina que actúa como una suerte de municipio paralelo es más eficaz a la hora de resolver, aunque sea muy parcialmente, los problemas propios? Para qué participar y peticionar públicamente si – aún sin hacer esa ignominiosa cola – otros consiguen por medios similares acceso al empleo público, becas, viviendas, y más arriba jugosos contratos con el Estado, de obra pública o de pauta publicitaria?
Moisés Lebensohn condenó con admirable lucidez a mediados del siglo XX lo que él denominaba “la política del servicio personal”. Vale la pena releerlo y reflexionar sobre sus palabras: “… la conquista de voluntades no por motivos atinentes al país, al orden público, sino por servicios, atenciones, empleos, favores lícitos o ilícitos, efectos, amistades… En lugar de enaltecer el espíritu cívico de cada ciudadano, se involucionó, trastocando las razones cívicas por otras de tipo personal que implicaban una corrupción encubierta del voto… La política del servicio personal desjerarquiza y desprestigia el sufragio y desjerarquiza todo lo que de ella parte. Los ciudadanos dejan de ser tales, en el concepto cabal del vocablo, para transformarse en meros votantes. La ciudadanía pasa de ser la alta dignidad de una democracia a un bien intercambiable por otros, efectivos o afectivos.”
Más recientemente Jordi Borja ha señalado que existe “algo muy sencillo de entender y muy lógico de reclamar: si en nuestra cultura e incluso en los textos legales se nos reconocen los derechos al trabajo y a la educación, a la vivienda y a la protección social, a la seguridad y a la salud, a la participación y a la no discriminación, etc., estos derechos deben ser reales, efectivos, la base de las políticas públicas, el deber de los gobernantes, lo que legitima a las instituciones supuestamente representativas. La democracia formal sin esta dimensión material es un fraude, sin las políticas públicas que reduzcan las desigualdades y conviertan en realidad los derechos teóricos los gobiernos electos pierden su legitimidad.” No se trata de demonizar la democracia formal, todo lo contrario, sino de entender que es una condición necesaria pero no suficiente para la consolidación de una verdadera democracia republicana y representativa.
Está claro que la consolidación de este sistema de dominación clientelar necesita imperiosamente que subsistan ciertos niveles de pobreza e indigencia, de privación de derechos, de déficits sociales de todo tipo. Si así no fuere, si el Estado garantizara de manera universal, igualitaria y transparente los derechos que figuran en la Constitución Provincial, si comenzáramos a consolidar una verdadera democracia social, los subsidios, las ayudas y las “gestiones” carecerían de todo sentido. Y quienes gobiernan no quieren que eso suceda, pues perderían de esa manera una poderosa herramienta de dominación política.
Lo que la presentación de los dirigentes del Partido Socialista ha venido a demostrar por otro lado es la necesidad imperiosa de todos los sectores republicanos que condenamos esto de unirnos, más allá de nuestras diferencias, para derrotar al partido de gobierno y cambiar en serio esta matriz de populismo tramposo y decadente. Quienes gobiernan no lo harán. Cambiemos.-
* José Antonio Artusi es Presidente del Comité Departamental Uruguay de la Unión Cívica Radical y candidato a diputado provincial de Cambiemos.
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