jueves, 6 de diciembre de 2007

LA TARIFA DE OBRAS SANITARIAS Y LA NECESIDAD DE UN PLAN INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

O “que el árbol no nos tape el bosque…”

Por José Antonio Artusi


El pasado día 29 de Noviembre el Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay aprobó una ordenanza por la que se dispone un aumento superior al 100% en la tasa del servicio de Obras Sanitarias. El proyecto, impulsado por el Departamento Ejecutivo Municipal, contó con el apoyo del bloque oficialista, fue rechazado por el bloque de la UCR , y generó el repudio de numerosos vecinos, algunos de lo cuales manifestaron su malestar con la medida en el mismo recinto.

A partir de entonces, se ha venido dando un interesante intercambio de posiciones en diversos medios de comunicación, y a su vez un grupo de ciudadanos ha peticionado al Sr. Presidente Municipal que vete la ordenanza y que convoque a tratar la cuestión en el marco de una Audiencia Pública.

Bienvenido el debate y la reacción ciudadana frente a medidas extemporáneas, aparentemente improvisadas, y que obviamente no formaron parte de la propuesta electoral que la actual gestión municipal ofreció a los votantes, y que de hecho contó con un legítimo respaldo en las urnas.

De todos modos, cabe alertar acerca de los riesgos que se podrían derivar de un debate que no encarrile adecuadamente los puntos a tratar, que no ponga en el centro los ejes de discusión que corresponden. Este artículo pretende constituir una modesta contribución a centrar correctamente el debate, intentando arrojar algo de luz sobre las cuestiones que considero centrales y las que resultan secundarias. Que el árbol no nos tape el bosque…

Primero lo primero, entonces. El agua potable segura es un derecho humano fundamental, del que todas las personas deben gozar; en la medida en que se trata de un elemento central para la vida misma, unido indisolublemente a la salud pública, a la salud ambiental, y en general a las condiciones de vida de los pueblos. La posibilidad de disponer de agua potable forma parte del derecho a la vivienda, garantizado en nuestra Constitución Nacional, dado que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha dictaminado que “una vivienda será conforme al derecho internacional si se garantizan ciertos aspectos mínimos en todo momento”, entre los que figura “el acceso al agua potable y a servicios sanitarios”.

Por lo tanto, si lo que se trata es de procurar la mejor forma de brindar un buen servicio de agua potable y saneamiento para todos los uruguayenses, en condiciones aceptables de eficacia y eficiencia, y previendo que el servicio pueda ampliarse razonablemente en el futuro de acuerdo a las lógicas expectativas de crecimiento de la ciudad, en el marco de un proceso integral de desarrollo sostenible, parece lógico pensar que tan trascendente desafío no podrá encararse razonablemente sin un plan. Por razones tan simples como que nunca soplan buenos vientos para quien no tiene un rumbo claro, o porque – como diría Mario Bunge _ el que no planifica siempre es víctima de algún planificador, los uruguayenses deberíamos tratar de que ese plan lo elaboremos nosotros, y lo hagamos de la manera más participativa y democrática posible, más allá de que aceptemos y aprovechemos los aportes técnicos de consultoras o de otros organismos públicos o privados que resulten necesarios. Lo que debe quedar claro es que los objetivos son siempre políticos, y no los deben decidir los equipos técnicos, más allá de que colaboren en su identificación y en el análisis de alternativas posibles.

La Municipalidad ha encargado la confección de un Plan Maestro de Agua Potable a una reconocida consultora, con amplia experiencia en la materia. Los elementos de dicho plan y sus recomendaciones deben aprovecharse adecuadamente, pero las soluciones técnicas que de allí se deriven, o las obras que podrían concretarse en virtud de su implementación, no brindarán el resultado esperado si no se discute y revisa el modelo integral de planificación y gestión de agua potable y saneamiento y se replantea la articulación de este sector con el resto de los componentes de un plan estratégico de desarrollo sostenible de la ciudad.

Enfatizo lo de “modelo integral de planificación y gestión”. Ello implica discutir y definir, al menos, los siguientes ítems:

1) Cómo se definen los objetivos generales y las acciones de largo plazo. Quién y cómo planifica la evolución del sector y su interrelación con otros sectores del desarrollo urbano.

2) Cómo y quién presta concretamente el servicio. Debe tenerse en cuenta que se trata ineludiblemente de un servicio público, de carácter estratégico, que - como su nombre lo indica: “obras sanitarias” – está indisolublemente unido a las condiciones de salud de la población.

3) Quién regula las condiciones del servicio, desde las normas de calidad a cumplir hasta las tarifas a percibir por el prestador, y eventualmente los modos de calcular los montos que paga cada uno.

4) Quién controla la prestación del servicio, advierte al prestador sobre incumplimientos y deficiencias, y eventualmente sanciona a los responsables de éstas.

Propongo concretamente, como aportes para el debate, la posibilidad de discutir las siguientes opciones:

1) Los objetivos generales y las acciones de largo plazo, así como la planificación de la evolución del sector y su interrelación con otros sectores del desarrollo urbano podrían abordarse en un recreado escenario de planificación y gestión urbana participativa. El año que viene se cumplen 10 años de la elaboración del Plan Estratégico de Concepción del Uruguay (PECU), de cuyas líneas de acción muy pocas concretamos. Es una buena oportunidad para reiniciar ese camino, y para proceder a su reformulación, actualización, y – sobre todo – implementación.

2) La prestación, administración y gestión del servicio, desde sus inicios, estuvo a cargo por décadas de una empresa nacional que fue un verdadero ejemplo, Obras Sanitarias de la Nación. Por razones que no vienen al caso aquí, es hoy imposible recrear ese modelo. Las opciones no son muchas:

2.1.- Mantener el esquema actual, o sea la prestación del servicio a través de una dependencia de la administración central del municipio.

2.2.- Otorgar la prestación del servicio a un ente municipal autárquico, de modo tal que este pueda disponer de sus propios recursos, su política de recursos humanos, etc..

2.3.- Otorgar la prestación del servicio a una empresa del estado municipal, alternativa con algunos puntos de contacto con la anterior.

2.4.- Otorgar la prestación del servicio a una empresa de economía mixta, en la que el municipio pueda tener la mayoría del capital accionario y el control de la empresa.

2.5.- Otorgar la prestación del servicio a una empresa cooperativa integrada por los usuarios del servicio. Es el esquema vigente en numerosas localidades pequeñas de la provincia.

2.6.- Otorgar temporalmente la concesión del servicio, mediante un previo mecanismo de licitación pública, a una empresa privada. Es el esquema que se siguió con la “privatización” de numerosas empresas estatales prestadoras de servicios públicos durante la administración menemista en la década de los ´90, incluyendo el caso de O.S.N. en la ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana. Es obvio que este sistema fracasó, al punto tal que el Estado nacional debió hacerse cargo del servicio a través de una nueva empresa estatal.

Por razones que serían demasiado extensas de enumerar por completo en este artículo, me inclino por la alternativa de crear una empresa del estado municipal. Cabe aclarar que esta alternativa excluye de manera tajante la posibilidad de privatizar o concesionar la prestación del servicio. Un servicio público monopólico y estratégico, clave para la salud y el desarrollo sostenible como es obras sanitarias no puede sino estar en manos del Estado, en un 100%. La idea sería crear una empresa del estado municipal, pero alejada de las prácticas clientelares y prebendarias y de la ineficiencia e ineficacia que – reconozcámoslo - son un denominador común de nuestras administraciones públicas. Una empresa del Estado que demuestre que se puede ser estatal y a la vez ser eficiente, rentable y exitosa. Una empresa obligada por ley a seleccionar y promover su personal por estricto orden de mérito, determinado en concursos públicos. Una empresa donde la “meritocracia” y el esfuerzo sean la clave del ascenso, y no el amiguismo con los mandatarios de turno. Una empresa transparente y respetuosa de los ciudadanos y el medio ambiente. Una empresa que esté permanentemente al tanto de los últimos avances tecnológicos, y que incluso forme parte de una necesaria política municipal de investigación y desarrollo en ciencia y tecnología. Una empresa, en síntesis, de la que los uruguayenses, sus dueños, podamos sentirnos orgullosos.

3) El rol de regulación debiera ser un rol compartido. Hay ciertas decisiones que deberán tomarse a través de la intervención del Concejo Deliberante, para crear una normativa general, y luego la fijación de especificaciones técnicas podrán ser competencia de un Ente Regulador a crearse. Una posibilidad a analizar podría ser la creación, como en la Ciudad de Buenos Aires, de un Ente Regulador de Servicios Públicos, que abarque éste y otros servicios públicos municipales. Es fundamental que el rol de regulación no recaiga en la misma entidad que brinda el servicio, por razones obvias.

4) El rol de control también debiera ser un rol compartido. El Concejo Deliberante no podrá estar ausente en esta tarea en ciertos aspectos generales, y el Ente Regulador debería ser el encargado del monitoreo permanente de la calidad en la prestación del servicio y debería recibir y derivar reclamos de los vecinos. Más aún, en momentos en que nos enfrentamos a la próxima reforma de la Constitución de la Provincia , que con toda seguridad asegurará la autonomía municipal y por ende abrirá las puertas a una futura Carta Orgánica municipal, seguramente podrán pensarse los modos en que este rol de contralor podría quedar parcialmente a cargo de nuevos mecanismos de control tales como el Defensor del Pueblo, etc..

En síntesis, pretendo alertar acerca de la complejidad de la cuestión, que no se agota en una disputa estéril entre falsas opciones, tales como “medidores sí vs. medidores no”, o “aumento sí vs. “aumento no”.

Hoy, lamentablemente, la red de agua es un verdadero “colador”, donde buena parte del agua que se potabiliza, a un costo no despreciable, se pierde en fugas en la red, antes de llegar a nuestros domicilios. Es obvio que atacar y corregir las causas de esas fugas es prioritario, pero también lo será a posteriori discutir con serenidad y racionalidad la manera más justa y solidaria de cobrar por la prestación del servicio, de modo de garantizar que llegue con equidad a todos, y priorizando a los sectores más desposeídos de la sociedad. En ese debate no hay por qué cerrarse a la posibilidad de analizar como una alternativa posible el criterio de micromedición de los consumos domiciliarios y de su facturación a costos ecuánimes una vez superados los volúmenes mínimos que cada persona necesita razonablemente, de modo tal de promover una utilización responsable y solidaria del recurso.

Enfatizo también lo de “agua potable y saneamiento”, pues agua y cloacas forman parte de un sistema inescindible, y no deben abordarse ni gestionarse por separado. Y cuando digo saneamiento no digo sólo cloacas, sino también plantas de tratamiento de líquidos cloacales; asignatura pendiente que nos debemos a nosotros mismos y a nuestro querido río Uruguay, al que contaminamos todos los días con desechos cloacales crudos.

Enfatizo, por último, la necesidad de la articulación de este sector con el resto de los componentes de un plan estratégico de desarrollo sostenible de la ciudad. El servicio de agua potable y saneamiento no debe constituir una isla. La planificación y la regulación del uso del suelo, por sólo citar un ejemplo, es una cuestión íntimamente vinculada a la posibilidad de brindar o no determinados servicios públicos, e incide notoriamente sobre los costos de su prestación. Es obvio que una ciudad cuyo tejido urbano se expande descontroladamente, de manera dispersa, con un patrón de densidad excesivamente bajo, será una ciudad en la que los servicios públicos y la infraestructura se encarecerán notoriamente.

Demos el debate. Bienvenida la Audiencia Pública. Pero discutamos sobre los ejes que corresponden. Para que el árbol no nos tape el bosque…