viernes, 29 de febrero de 2008

Diputados oficialistas no tuvieron en cuenta las mejoras que López propuso para trabajadores del Notariado

En la sesión desarrollada el Jueves en la cámara baja, el diputado Marcelo López (UCR) formuló una serie de propuestas que hubiesen permitido, entre otras cosas, que la asignación de 370 pesos del salario del personal de la Dirección del Notariado, Registros y Archivo sea de carácter bonificable.

"Vimos con beneplácito que el gobierno se haga cargo del monto remunerativo que cobran los empleados del registro y decida abonarlo con fondos de Rentas Generales, pero lamentamos que no haya acompañado nuestra moción de no seguir pagando sueldos en negro", expresó.
El legislador de Concordia argumentó que "la suma debería ser remunerativa y bonificable teniendo en cuenta que este adicional no tiene otra finalidad que incrementar el salario en sí mismo, y, por lo tanto, debe ser computado al momento de calcular el resto de las asignaciones o bonificaciones que componen la remuneración del trabajador".
"Sabemos que el contexto económico hoy lo permite", dijo, y aseguró que "esto quedó demostrado en el recinto pues se destinaron 23 millones para el Instituto del Seguro". Consideró que "son sólo alrededor de 120 empleados, por lo que el monto que hubiese demandado a la Provincia no superaría los 20.000 ó 25.000 pesos mensuales".
El bloque radical también propuso que no se elimine la representación de los trabajadores en el consejo de administración de los fondos que el Estado delega en su cobro y administración a los colegios de escribanos y abogados.
"Dado que son recursos que a partir de ahora se destinarán casi exclusivamente para mejorar el funcionamiento de los registros, hubiese sido importante que delegados de ATE y UPCN sigan teniendo participación en la decisión de las prioridades a afrontar con ese dinero", comentó, y subrayó que "esta propuesta tampoco fue del agrado de la bancada del Frente para la Victoria".
Otro aporte que tampoco fue considerado por el bloque mayoritario fue la propuesta de incorporación de los fondos provenientes de las contribuciones especiales al Presupuesto provincial de manera de garantizar el principio de unidad presupuestaria.

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