domingo, 10 de mayo de 2009

Un proyecto autoritario

El borrador de la Ley de Radiodifusión en alguno de sus puntos se manifiesta más autoritario que la ley de la dictadura.
Por Silvana Giudici*
No cabe duda de que el conflicto que sostiene el Gobierno con la prensa se expresa en toda su magnitud en la redacción del anteproyecto, ya que el nuevo régimen de multiplicidad de licencias planteado es arbitrario y parece diseñado como un traje a medida para los nuevos actores, que en la Argentina están adquiriendo medios de comunicación por su cercanía al Gobierno y el beneficio de pautas publicitarias abultadas.
La iniciativa publicitada profusamente con recursos públicos no respeta los 21 puntos que sustentan su concepción, por ejemplo el punto tercero, que contempla la regulación de la publicidad oficial.
El borrador presentado como la “ley de la democracia” es tan evidente en su intención de controlar medios que en alguno de sus puntos se manifiesta más autoritario que la ley de la dictadura.
A través de los artículos 38 y 40, que sostienen la revisión de las licencias cada dos años y la declaración de transitoriedad del nuevo régimen, más la rigidez del 143, que establece un año para desprenderse de las licencias que no se adecuen al nuevo esquema, se verifica que el objetivo de este anteproyecto es apropiarse de la matriz de medios privados en la Argentina en un proceso cuasi confiscatorio.
Para la oposición, que no utiliza fondos públicos para la publicidad de sus ideas, es muy difícil difundir los aspectos centrales de sus proyectos de reforma de Ley de Radiodifusión que esperan tratamiento parlamentario desde hace tres años.
Una verdadera política de medios debe incluir acciones positivas para el acceso a la información pública, la protección de la labor periodística y la regulación de publicidad oficial. La libertad de expresión y la existencia armónica de prensa independiente, medios públicos y gobierno define una sociedad democrática. Alterar esa ecuación sería una regresión peligrosa.
* Presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados.

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