JOSÉ ANTONIO ARTUSI: "Si el hambre es un crimen, urge reglamentar y aplicar el Artículo 24 de la Constitución provincial"

El Diputado Provincial José Antonio Artusi (UCR) manifestó que se encuentra elaborando un proyecto de ley que procurará reglamentar el Artículo 24 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos reformada en el año 2008, que garantiza a todos los habitantes "el derecho a la alimentación" y a "un ingreso mínimo indispensable para la subsistencia".

El legislador radical señaló que la propuesta consistirá en reconocer, de manera gradual, comenzando por los menores hasta los 14 años, el derecho de todos los habitantes a recibir de parte del Estado un ingreso universal, denominado Renta Básica de Ciudadanía, que permita satisfacer necesidades básicas de subsistencia.
El articulado del proyecto establece que la implementación de la Renta Básica de Ciudadanía persigue las siguientes finalidades:
a) Garantizar una renta mínima suficiente para satisfacer las necesidades básicas a todos los habitantes.
b) Garantizar la autonomía personal, la ampliación de las libertades, y el acceso a una vida digna a todos los habitantes.
c) Garantizar la igualdad de oportunidades consagrada en el Artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos.
d) Fortalecer el rol de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 18 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos.
e) Optimizar la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas de desarrollo social, procurando la eliminación de la indigencia y la reducción gradual de la pobreza.
En los fundamentos de la iniciativa, el Diputado Artusi sostiene que "se trata de una iniciativa de ambiciosos alcances, pero perfectamente factible y viable en tanto se dé una condición fundamental: voluntad política. No se trata – como podría desprenderse de un análisis apresurado o prejuicioso – de una propuesta más de “universalizar” los planes sociales, o de terminar con las formas clientelares que éstos asumen frecuentemente. Se trata de algo mucho más profundo; se trata de poner en marcha un mecanismo legal con implicancias políticas, económicas y sociales. Políticas, en la medida en que persigue radicalizar la democracia, construir ciudadanía real, aumentar la autonomía y las libertades de los individuos y garantizar la igualdad de oportunidades; económicas, en la medida en que procura redistribuir la riqueza con criterios de equidad y justicia, motorizar el consumo interno, y racionalizar el gasto público; y sociales, en la medida en que permitiría reducir sustancialmente la pobreza, contribuyendo además a mejorar los indicadores educativos y sanitarios de nuestra sociedad, a la vez que procura afianzar la familia como su núcleo fundamental. Se trata, en síntesis, de terminar con la indigna desposesión que deben sufrir a diario miles de nuestros conciudadanos, privados de medios básicos de subsistencia, pero también privados en los hechos de los derechos políticos, sociales y culturales inherentes a una vida digna; es decir, privados de “las condiciones materiales de la libertad”. Se trata, utilizando términos de Yrigoyen, de contribuir a realizar el ideal de la democracia, en tanto ésta es no sólo la garantía de las libertades políticas sino también “la posibilidad para todos de poder alcanzar un mínimum de felicidad siquiera”."