Por Gustavo Calleja
“No hay país soberano que resigne el control de sus recursos energéticos a manos de las leyes del mercado, a sabiendas de que ello significa hipotecar su crecimiento y desproteger a sus futuras generaciones”. Arturo Illia (1964)
”Los hemos anulado por una razón o causa política: porque interfieren la soberanía económica de Argentina. De manera que la resolución del Gobierno Argentino supera cualquier sobresolución o cualquier explicación de carácter jurídico”. Arturo Illia a A. Harriman enviado especial del Presidente John Kennedy (1964)
“Yo no haré el análisis de la plataforma de mi partido. El país ya la conoce. Accedimos a todo, pero no podemos abandonar algunos principios como la anulación de los contratos petroleros…”.”No es cuestión de revisar, sino de anular…venimos a decir que se está perdiendo el petróleo. Todo ello es anulable y lo será en el tiempo”. Ricardo Balbín – Asamblea de la Civilidad (1963)
El 15 de noviembre se 2010 se cumplieron 47 años del dictado de los Decretos nº 744 y 745 de 1963, mediante los cuales el Presidente Arturo Illia procedió a anular los contratos petroleros celebrados por Arturo Frondizi –que entró radical y pobre y salió desarrollista y rico-, por ser delictivos, ilegales y perjudiciales para los intereses de la Nación, tal como lo dictaminaran la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas bajo la dirección del Dr. Conrado Saadi Massué (que no fuera designado por Illia), la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados de la Nación con el voto de todas las bancadas con excepción de la desarrollista y lo dispuesto en los Considerandos de los decretos citados. En la preparación de los decretos fue factor fundamental Carlos Alconada Aramburu e interivnieron, entre otros, Acdel Salas, Adolfo Silenzi de Stagni, Antulio Pozzio, Juan Sábato, e incluso uno de los pocos peronistas que apoyó la medida Héctor Masnatta. Algunos de los mitos progresistas del peronismo, siguiendo a Juan Perón, los apoyaron abiertamente; tal es el caso de Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche -escribas a sueldo en la Revista Que del verdadero creador de los contratos: Rogelio Frigerio. Es valedero recordar que Frigerio y John W. Cooke, en representación de Frondizi y Perón, respectivamente, fueron los encargados del Pacto Electoral que permitió el triunfo de Frondizi que, con seguridad, incluía la celebración de los contratos con las multinacionales del petróleo, verdaderos financistas de la costosa campaña electoral de la UCRI. Por su parte, Cooke criticó la política económica y energética de la Revolución Libertadora, que contemplaba el “descajonamiento” del Informe Rodríguez Conde sobre la CADE, y la no ratificación del Contrato con la Standard Oil de California firmado en 1954, sobre el que oportunamente había pronunciado una leve y difusa crítica, pues para él, si lo hubiese firmado otro era criticable, pero como todo lo aprobado por Perón, estaba bien.
¿Cuáles son los motivos de recordar este hecho patriótico, en momentos que a consecuencia de las políticas de mercado aplicadas sin interrupción desde fines de 1989, atravesamos la crisis energética más importante de la historia? No son otros que recordar los beneficios que para la Nación tuvieron decisiones adoptadas por el Presidente Illia, pues hoy, como en 1963 o se defienden los intereses de los argentinos o se lo hace con los beneficiarios de las políticas privatizadoras y desreguladoras de los 90 hoy vigentes. La falta de inversiones que padece el sector eléctrico desde 1990 requiere de cuantiosas inversiones que solamente pueden tener dos fuentes: a) el aumento desproporcionado de precios y tarifas y la creación de impuestos sobre los productos y servicios, imposibles de pagar por la gran mayoría de los usuarios, como los dispuestos recientemente en beneficio de los más importantes beneficiarios de las privatizaciones y mayores responsables de la falta de inversiones (concesionarios de producción de la Ley de Hidrocarburos y generadores eléctricos), o b) la que implica recuperar los bienes que ilícitamente fueron vendidos, pero que nos pertenecen, en especial los hidrocarburos, y aplicar sus rentas al desarrollo de la infraestructura energética y de transporte, tal como sucedía hasta 1989. Esa es la posición que tenía, sin fisuras, la UCRP en 1963. Hoy, lamentablemente, no sucede lo mismo, pero al país no le fue mal cuando Alvear e Illia recuperaron drásticamente los bienes usurpados ilegalmente. Tampoco fracasaron Franklin D. Roosevelt, Lázaro Cárdenas y Evo Morales en sus medidas en defensa de la soberanía de sus países. Preocupa a los radicales que en el Comité Nacional participen de Foros Energéticos ex Secretarios de Energía procesistas y menemistas e incluso, directivos de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). Tampoco es aceptable que el actual Presidente del Comité Nacional, en el último homenaje al Dr. Illia (enero/2010) se “olvide” de dos se sus principales actos de gobierno: la Ley de Medicamentos y la anulación de los contratos.
Los antecedentes mencionados en el primer párrafo fueron la base de la pertinente denuncia penal contra los responsables, en especial Arturo Frondizi, Arturo Sábato y Rogelio Frigerio, cuyo desarrollo presagiaba ser condenatorio. En el transcurso de la causa judicial, Frondizi solicitó a Illia que lo indultara, olvidándose que en ese gobierno radical no existía la palabra impunidad; de allí su desembozado apoyo al golpe cívico-militar de 1966, donde Juan C. Onganía procedió al recambio de todos los integrantes del Poder Judicial, jurando los incorporados poniendo los documentos revolucionarios por sobre la Constitución. En esas condiciones, también se ocuparon de dejar “dormir” la causa para que prescribiera, como sucedió más recientemente con el fallo del Juez Ballesteros sobre la Deuda Externa. Pero eran tan groseros los ilícitos cometidos que la Cámara Federal renovada, en un fallo del 4 de julio de 1967, sostuvo que: “…los hechos denunciados como infracciones penales constituirían, en principio, los delitos de usurpación de autoridad, violación de los deberes de funcionarios públicos, cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y concusión”…”…y dado el tiempo transcurrido no corresponde instruir sumario criminal por prescripción de la acción penal”. Consecuentemente, además de preguntarnos sobre el origen de los recursos del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), debe quedar en claro que quienes elogian tales contratos están defendiendo los mencionados ilícitos; entre ellos, se encuentran Carlos Menem, Néstor Kirchner, Albino Gómez, Carlos Zaffore, Mariano Grondona y Rodolfo Terragno, quien en el Prólogo del libro “Los traficantes del petróleo” ha llegado a poner en duda la honestidad de los integrantes del gobierno del Dr. Illia.
El Dr. Illia llegó a la presidencia en una elección donde el peronismo buscó, y obtuvo, su propia prescripción, luego de que le fracasara la constitución de un Frente Electoral con el desarrollismo de Frigerio y Frondizi, los conservadores de Solano Lima, parte de la UCRI, el gran empresariado nacional y multinacional, que hasta intentó colocar de candidato presidencial a Carlos Pérez Companc y el beneplácito de los militares “azules” y su ideólogo Mariano Grondona, triunfantes en los enfrentamientos armados frente a los llamados “colorados”. Tulio Halperín Donghi en “Argentina en el callejón” trata claramente este tema. Hoy no cabe ninguna duda que tras el Pacto Electoral entre Perón y Frondizi estaba el tema petrolero, pues los contratos de Frondizi eran una reedición del contrato de Perón con la Stándar Oil de California, aunque en este caso, la infraestructura construida por la Compañía no estaba vedada al uso estatal en caso de necesidad (Guerra de Malvinas por ejemplo) ni las empresas podían organizar y mantener cuerpos de seguridad.
La elección de octubre de 1963, fue en definitiva, una elección entre quienes abogaban por el mantenimientos de los contratos de Frondizi y la UCRP que prometía anularlos, cosa que hizo Illia al mes siguiente al de asumir.
El golpe contra Illia, al igual que el de 1930 que derrocó a Hipólito Yrigoyen, fue inspirado esencialmente por los sectores de los medicamentos y el petróleo. Contó con el apoyo desembozado de dirigentes políticos, sindicales y sociales que les eran afines, como Juan Perón, Arturo Frondizi, Oscar Alende, Augusto Vandor, Monseñores Antonio Caggiano y Aramburu, Mariano Grondona y su émulo de la izquierda, Atilio Borón, los diarios Clarín y La Nación y las revistas Primera Plana y Confirmado, que respondían ideológicamente a Jacobo Timerman y donde escribían el posteriormente arrepentido Ramiro de Casasbellas y Tomás Eloy Martínez. Tal como sucede actualmente con el variopinto universo K, el petróleo los unió a todos. En Clarín se destacaba su fundador-director y defensor acérrimo de los contratos desarrollistas Roberto Noble, quien viajó hasta los EEUU y solicitó –sin éxito- al Presidente Kennedy que obligara a Illia a rever su decisión; también en Clarín actuaba Osvaldo Bayer, un antirradical de excelencia.
En este caso nos interesa desmitificar una de las falacias que se utilizan para descalificar el acto soberano dispuesto por Arturo Illia, pues no se perdió ningún autoabastecimiento –que no se había alcanzado-, ni bajó la producción a pesar del sabotaje de las petroleras, ni tampoco se pagaron indemnizaciones. En el trabajo adjunto de Conrado Storani –publicado en Ámbito Financiero- se demuestra que la anulación no solamente no produjo perjuicio alguno, sino que, por el contrario, al haber terminado con contratos de larga duración, celebrados en épocas de petróleo barato, atados al precio internacional (al que llegaban a superar a causa de las exenciones fiscales), creando el caso de el único país que pagaba más por su propio petróleo que si lo importara, a pesar de ser un bien no renovable, estratégico y escaso) y pagaderos casi totalmente en divisas, evitó al país multimillonarias sumas en dólares a causa de los incrementos de más del 1.200 % que sufrió el precio internacional del petróleo desde 1973 en adelante, con las sucesivas crisis del petróleo.
El segundo trabajo, también publicado en Ámbito Financiero, es una investigación personal concretada conjuntamente con el Diputado Nacional (mc) Jorge H. Zavaley sobre datos existentes en la Secretaría de Energía, cuyas conclusiones señalan que:
a) la producción, tanto de YPF como de los contratistas, se incrementó no a causa de los contratos de Frondizi, sino del Plan de Reactivación de YPF aprobado mediante el Decreto Ley Nº 15.026/56 por el Presidente Provisional Pedro E. Aramburu en 1956, con motivo de los 50 años del descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia; en ese Plan intervinieron los mejores políticos y técnicos energéticos del país como Julio V. Canessa, Juan Sábato, Adolfo Silenzi de Stagni, Antulio Pozzio, Conrado Storani, Jorge del Río y Rodolfo Bledel. Las áreas les fueron entregadas a los contratistas en plena etapa de producción creciente y perfectamente equipadas;
b) el autoabastecimiento, correctamente medido en e corto plazo, es decir, anualmente y computando además del petróleo, los combustibles derivados y los sustitutos tales como el gas natural y el licuado (GLP) no fue logrado por la gestión desarrollista, sino que se arribó al mismo –incluso computando las compras de gas natural a Bolivia- recién en 1985 bajo la gestión de Raúl Alfonsín, gracias a la excelente gestión de las empresas estatales del sector Y.P.F., Gas del Estado, Agua y Energía Eléctrica e Hidronor, y
c) a pesar de los sabotajes de las petroleras, tales como tapar pozos, tirar equipamientos al mar, destruir instalaciones, etc,) no bajó la producción, ni se le pagaron indemnizaciones. Cabe agregar que la Revolución Libertadora, además del mencionado Plan de Reactivación de Y.P.F. no ratificó el ignominioso contrato de Perón con la Standard Oil de California.
En cuanto al pago de “indemnizaciones” valuadas, aproximadamente, en U$S 200.000 000, las reconoció la dictadura de Onganía mediante el Decreto Ley 17.246/67 a las compañías Amoco (Pan American en sus orígenes) y Oxy (originariamente Banca Loeb), que a través de acciones judiciales había impedido a YPF ocupar esas áreas, pero cuya recuperación estaba prevista para mediados de 1966. Esta fue una de las causas del “apuro” en la realización del golpe. El contrato con Amoco, conocido como Cerro Dragón y que fuera recientemente prorrogado hasta el año 2045 por los gobiernos peronistas de Das Neves y Cristina Fernández de Kirchner, fue en sus orígenes defendido por Raúl Scalabrini Ortiz. Sobre este tema, se puede ver el libro “Forjando una Nación”– Tomo 2- que contiene los artículos de Scalabrini Ortiz y Jauretche publicados en la Revista “Que sucedió en siete días” dirigida por Rogelio Frigerio.
Recordar actos de soberanía insertos en la Plataforma Electoral de la UCRP que recuperaron para la Argentina valiosos yacimientos de hidrocarburos que se utilizaron en beneficio de todos los compatriotas, nos muestra la necesidad que tienen los partidos populares –como debe serlo la UCR- de salir de las políticas de coyuntura y retomar el análisis de los grandes temas nacionales, en especial los infraestruturales como la energía, el transporte y la educación, como los sostenía Osvaldo Álvarez Guerrero. La reciente campaña electoral de Brasil nos mostró que el tema central de los debates entre Serra y Rousseff fue el petróleo.
Cordialmente
Gustavo A. Calleja
Presidente
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2010.
Hace 22 horas
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