El gobierno desnuda su vocación hegemónica y autoritaria

Por José Antonio Artusi
Para quienes lo venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo no es ninguna novedad, pero algunas recientes medidas del gobierno nacional han desnudado ante los ojos de muchos sectores de la sociedad un aspecto del verdadero rostro del kirchnerismo, el de una profunda vocación hegemónica y autoritaria, hasta ahora escondida detrás del maquillaje de una retórica "progre" que se sostiene más con slogans vacíos y un bombardeo obsceno de propaganda que con los hechos.

Quizás la sanción y la promulgación de la denominada "ley antiterrorista" sea una de las acciones que más claramente demuestra el doble discurso y las contradicciones del oficialismo. Un Congreso nacional transformado nuevamente en la "escribanía" de la Casa Rosada - y lo que es peor asumiendo y valorando positivamente por parte del Presidente de la Cámara de Diputados este denigrante avasallamiento de uno de los poderes del Estado - transformó en ley un texto enviado por el Poder Ejecutivo que aparece claramente dirigido a satisfacer en exceso demandas de organismos financieros internacionales y a reprimir y desalentar las protestas sociales cuando se avizora un inexorable ajuste,  y que poco tiene que ver con una lucha en serio contra el terrorismo. Todo ello en un trámite acelerado que prácticamente no dió tiempo para un debate serio en las Cámaras ni mucho menos a que la sociedad conociera de qué se trataba. La ilegitimidad de la decisión se agrava dado que no figuraba en ninguna propuesta de las plataformas electorales del Frente para la Victoria. La democracia representativa se basa en un pacto social en el que los ciudadanos soberanos, los mandantes, otorgan a funcionarios electos un mandato popular para tomar ciertas decisiones que éstos se comprometen a tomar una vez que acceden al cargo. Pero si los mandatarios, en este caso los legisladores y la Sra. Presidente, toman decisiones trascendentes que no figuraron en ninguna plataforma ni siquiera en un discurso de campaña, la esencia de la democracia republicana sufre un duro golpe.
Por otra parte, el carácter reaccionario de la norma sancionada es tal que hasta numerosos sectores afines al gobierno no tuvieron más remedio que salir a alertar acerca de los peligros que entraña. Aún así, la Sra. Presidente, promulgó la ley.
Como acertadamente señala el Dr. Alejandro Alagia, Profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, "nunca antes el Congreso, desde la recuperación de la democracia, delegó tanto poder punitivo en favor de fuerzas de seguridad y jueces. No hay nada más equivocado que consolarse con la imagen de banqueros o poderosos perseguidos o presos. Es desconocer la naturaleza selectiva del poder punitivo. Esta grave habilitación de más trato cruel la sufrirán grupos vulnerables de la población sin que se afecte en lo más mínimo el lavado de dinero o la financiación del terrorismo. Los miles de procesos abiertos en todo el país que criminalizan la protesta prueban que los jueces no reconocen fácilmente como límite al poder punitivo el contenido de derechos sociales y políticos constitucionales o del derecho internacional de los derechos humanos."
El diputado Manuel Garrido, al intervenir en el recinto expresó que "hay que tener en cuenta que el terrorismo pone en riesgo la democracia y los derechos humanos. Así lo reconoció la comunidad internacional, pero ésta también ha sido muy enfática al exigir a los gobiernos y hacerles saber a los Estados que tienen la obligación de proteger a las personas y que todas las medidas adoptadas para luchar contra el terrorismo deben cumplir, ellas mismas, con los requisitos que tienen los Estados con arreglo al derecho internacional de respetar los derechos humanos." Y también consideró que "es cierto que hay varias convenciones que nos obligan a reprimir el terrorismo y, específicamente, su financiamiento. Nuestro dictamen cumple con esa obligación sin cercenar garantías fundamentales, sin poner en riesgo la libertad de las personas y sin generar un instrumento que pueda dar lugar a abusos. Entendemos que es posible cumplir esas obligaciones de una manera que respete los derechos humanos y no genere riesgos para los ciudadanos."
En un país en el que como pocos en el mundo la palabra "terrorismo" está indisolublemente unida al recuerdo del perverso terrorismo de Estado y al que ejercieron organizaciones armadas, nuestros gobernantes debieran ser muchos más cautelosos a la hora de dictar normas sobre esta materia.
La ley sancionada y promulgada es un lamentable  y peligroso retroceso, y todos los sectores de la ciudadanía deberían movilizarse y peticionar por su derogación.-

José Antonio Artusi es Presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos