Revisar los actos de entrega, un compromiso histórico

Resolución de la Honorable Convención Nacional de la Unión Cívica Radicaldel 4 de Julio de 1992.-

VISTO: La política para el sector energético llevada adelante por el Gobierno Nacional, que implica una auténtica involución ideológica y compromete negativamente la situación de varias generaciones futuras. Que en tal sentido, y mediante la constante transgresión de las leyes vigentes, se materializaron:
a) La aplicación del incremento de precios y tarifas de extraoridnaria magnitud, con la finalidad de brindar negocios sin riesgo e hiperrentables a los beneficiarios de las privatizaciones, que vedaron el acceso a quienes no disponían de los bienes afectados y limitaron la utilización para el resto de los usuarios.
b) La resignación de la capacidad de decisión nacional sobre los mercados energéticos, operada en favor de grupos empresarios nacionales y extranjeros.
c) El reemplazo del sistema energético nacionalmente integrado, por monopolios zonales, que funcionan irracional y costosamente pero tendrán la rentabilidad garantizada.
d) La venta a precio vil de los más valiosos activos de la Nación, como método de satisfacer sumisamente las exigencias financieras externas.
e) La destrucción y el desmantelamiento de las más importantes empresas estatales, tales como Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Gas del Estado, Agua y Energía, SEGBA e Hidronor, que si bien perfectibles, resultaban herramientas imprescindibles para un desarrollo energético nacional. Y
CONSIDERANDO: Que desde siempre, para la Unión Cívica Radical el hombre común fue el único sujeto y objeto de sus políticas entre las que sobresale la energética. De tal forma, sus gobiernos aplicaron en el campo de la energía políticas que pusieron a disposición del conjunto de la población aquellos bienes con que la naturaleza dotó a nuestro territorio, y preservando para el Estado Nacional el derecho soberano que regule la explotación de las riquezas energéticas con la finalidad de evitar que malsanos intereses particulares, prevaleciendo por sobre los de la Nación, la utilizaran en su beneficio o la malgastaran irracionalmente.
En consecuencia, el radicalismo entiende que una política energética contemporánea - además de constituir la base de un proceso de desarrollo socialmente equitativo - debe consistir en asegurar que todos los que habiten suelo argentino puedan acceder al consumo de los bienes energéticos, en igualdad de oportunidades, sin distinciones fundadas en su nivel socioeconómico o lugar de residencia y en condiciones que les garantice la continuidad, calidad, y economicidad del servicio, la racionalidad en el uso y la preservación del medio ambiente.
En virtud de lo expresado precedentemente, le cabe la Estado Nacional la función indelegable de administrar los recursos energéticos, procurando la obtención de una correcta ecuación de consumo, ampliando sus disponibilidades, usando intensivamente aquellos considerados renovables y aplicando una concepción estratégica para los no renovables.
La Unión Cívica Radical, por mandato de su historia y de su doctrina, será inflexible en la condena de los responsables y está obligada a recuperar para la Nación la totalidad de los bienes que legítimamente le pertenecen. Por lo expuesto,
LA HONORABLE CONVENCION NACIONAL DE LA UNION CIVICA RADICAL
RESUELVE: 1) Asumir el compromiso histórico de revisar todos y cada uno de los actos realizados por el Gobierno actual. Ellos hayan sido ejecutados mediante decretos y/o leyes especiales, violentando la soberanía y comprometiendo la independencia económica de la Nación, o que impliquen una limitación al ejercicio del poder por parte de los futuros gobiernos.
2) Instruir a las autoridades partidarias y legisladores para que, dentro de los mecanismos que brinda el sistema democrático, realicen todas las acciones que estimen necesarias para impedir la concreción de la actual política energética, señalando expresamente las consecuencias negativas que tendrán para la mayoría de los argentinos.
3) De forma.-
4 de Julio de 1992.