Se cumplen 20 años de una fecha ingrata y vergonzoza: el 26 de Marzo de 1992, el peronismo, con el apoyo de socios como la UCEDE (partido en el que militaba el actual Vicepresidente), consumaba el que quizás sea el mayor fraude de la historia parlamentaria argentina: la aprobación de la privatización de la empresa Gas del Estado con un quórum falso, al que accedió con la presencia en las bancas de colaboradores de legisladores justicialistas, los famosos "diputruchos".
Presidió esa vergonzoza sesión el diputado del PJ de la Provincia de Buenos Aires Alberto Pierri. Juan Abrahan Kenan, "asesor" del diputado Julio Manuel Samid, fue el único en ser identificado, pero no fue el único diputrucho, hubo cinco más, todos colaboradores de diputados peronistas. El Presidente del bloque del PJ era Jorge Matzkin. La Cámara de Diputados no impuso ninguna sanción ante tamaña irregularidad y consintió el fraude, pero la Justicia condenó en 1994 a Samid y Kenan a algunos meses de prisión en suspenso, confirmando el delito cometido. Pero ya era tarde, el 28 de Diciembre de 1992 (sí, el 28 de Diciembre) la privatización de Gas del Estado había sido consumada.
Los antecedentes de Gas del Estado se remontan al 1° de Agosto de 1929, - durante la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen, que había creado YPF 7 años antes - cuando su Director, el Gral. Ing. Enrique Mosconi dispuso la toma del mercado de combustibles líquidos y determinó que los precios serían determinados por el Estado nacional y no por empresas extranjeras.
El 5 de Marzo de 1945 se decretó la nacionalización del gas y el 1° de Enero de 1946 se creó la Dirección Nacional de Gas del Estado, como ente separado de YPF, siendo su primer Director el Ing. Julio Canessa, formado en la doctrina y concepción estratégica de Mosconi.
La Constitución de 1949 estableció en su Artículo 40 que "los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás formas naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias".
Resulta al menos paradójico que quienes se dicen seguidores del movimiento político que fundó Juan Domingo Perón hayan actuado con tanta determinación para liquidar una empresa identificada con uno de los logros más trascendentales de su primer gobierno, que logró que Argentina cuente con uno de los gasoductos más extensos del mundo. Pero no debiera sorprendernos, se trata de una más de las permanentes manifestaciones que hacen de la contradicción permanente un rasgo central de su identidad; rasgo evidenciado con patética contundencia cuando entonaron las estrofas de us marcha partidaria cuando consumaron la entrega de YPF en el recinto de la Cámara de Diputados.
Gas del Estado llegó a ser la tercer empresa de su tipo en el mundo, y era considerada, junto a la estatal francesa Gaz de France, uno de los mejores ejemplos en prestación del servicio público de gas natural. Al momento de su privatización era la segunda empresa en facturación en la Argentina, detrás de YPF.
La privatización, descuartización y extranjerización de Gas del Estado no fue un hecho aislado; formó parte del proceso de desgüace del Estado, entrega de nuestros recursos estratégicos y pérdida de la soberanía energética y la renta hidrocarburífera que comenzó en 1989 con Carlos Menem y continúa hoy, a pesar de los maquillajes y esfuerzos dialécticos que se intentan desde el gobierno nacional.
Gas del Estado, tasada por técnicos de Petrobras en 25 mil millones de dólares, se vendió por la décima parte y se convirtió en 11 sociedades privadas con mayoría de capitales extranjeros, rompiendo el modelo nacional integrado, racional y centralizado, como corresponde a un recurso estratégico no renovable.
Luego de la entrega se dejaron de construir gasoductos troncales y se sólo se hicieron para exportar, alternativa inconcebible en un país como el nuestro que dista de tener reservas de magnitud como para darse el lujo de la exportación.
Las consecuencias de todo este desgraciado proceso están a la vista: disminución de la producción y el horizonte de reservas, necesidad creciente de importar gas a precios cada vez más altos, falta de una empresa clave para la intervención del Estado en un mercado estratégico, provincias enteras sin acceso al gas natural, sectores carenciados de la sociedad obligados a consumir costoso gas en garrafas, cortes en el suministro a industrias, y aumento inminente vía recorte de subsidios a usuarios de gas natural.
No habrá solución a estos problemas si no media un cambio profundo y genuino en la política energética nacional, volviendo a la senda de Yrigoyen y Mosconi de la que nunca debimos apartarnos.-
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