lunes, 15 de abril de 2013

SALVAR LA REPÚBLICA

DECLARACIÓN DEL COMITÉ PROVINCIAL DE LA UNIÓN CÍVICA RADICAL DE ENTRE RÍOS
El sistema republicano se asienta en la división de poderes. Se trata de un concepto simple pero contundente, que forma parte del legado de la modernidad y que ha servido para edificar en los países más avanzados sociedades tolerantes y pluralistas, donde circunstanciales mayorías y minorías se respetan mutuamente bajo el imperio de un conjunto de normas básicas que rigen para todos en el marco del Estado de Derecho. Mezclar los partidos políticos con el sistema judicial, es meter la politiquería dentro de las sentencias de los jueces. 
La independencia de la Justicia, en ese contexto, es la garantía que establece que nadie, por mayoritaria que sea la voluntad popular que le otorga un mandato temporal y limitado, pueda vulnerar derechos y garantías de carácter universal consagrados en la Constitución nacional.
El justicialismo desde 1949, con Perón, con Menem desde 1989, y ahora con la Sra. Presidente ha tenido históricamente notorias dificultades para entender y aplicar la esencia del sistema republicano.. El gobierno nacional, reeditando las peores tradiciones autoritarias de sus antecesores, se empecina en procurar la hegemonía absoluta del poder despreciando al Congreso, fulminando el federalismo y las autonomías provinciales y municipales, coartando la libertad de expresión en los medios de comunicación, y ahora, a través de la cínicamente denominada "democratización" de la Justicia pretende dar el golpe de gracia a la República.
Una Justicia independiente del Poder Ejecutivo es la última garantía que tienen los ciudadanos frente a los abusos del gobierno, y la Sra. Presidente y sus funcionarios sólo parecen preocupados por consolidar su propio poder a toda costa y como un objetivo en sí mismo y a su vez generar condiciones para lograr su impunidad frente a los numerosos casos de corrupción que aguardan su juzgamiento.   
Tenemos sobrados argumentos para descreer de las argumentaciones de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y sus legisladores que tuvieron, a horas del inmenso dolor causado por las inundaciones, la celeridad y la eficiencia para obtener un dictamen "express" de leyes bochornosas que no ejercitaron a la hora de auxiliar a los damnificados por su propia inoperancia y falta de planificación y cuyo partido perdió 26 años de gestión en la Provincia de Buenos Aires.
               El radicalismo rechaza y repudia enfáticamente este intento autoritario de prohibir la justicia y convoca a todos los sectores de la ciudadanía a resistir, en pos de salvar la República y sus instituciones democráticas.-