Por Pepe Eliaschev
Una semana lamentable en la pasó lo que tenía que pasar, nada más. Era inexorable que Botnia comenzara a funcionar. No podía ignorarlo el gobierno argentino. Más allá de quejas costumbristas ("traición", "cuchillada en la espalda", "provocación", "nos tomaron por boludos", "nos sacó la escalera y nos dejó colgados del pincel"), lenguaje de tango más que de la vida real, la situación entre la Argentina y Uruguay tuvo desenlace previsible. ¿Hubiera acaso cambiado mucho que el doctor Tabaré Vázquez autorizara 72 horas después el comienzo de la actividad industrial largamente postergada, en vez de hacerlo en vísperas de la Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile? Es cierto que Vázquez dio el OK a la puesta en marcha justo en coincidencia con un evento diplomático, pero también es verdad que lo hizo como respuesta contundente a la actitud de Néstor Kirchner, que en la capital chilena primereó al uruguayo avalando explícitamente a los activistas de Gualeguaychú. Con Botnia funcionando, ahora se vive una nueva etapa en un litigio iniciado hace más de cuatro años, en octubre de 2003, cuando vecinos argentinos del río Uruguay denunciaron la eventual instalación de una planta de la Empresa Nacional de Celulosa (ENCE) en la uruguaya Fray Bentos, frente a Gualeguaychú, la cancillería argentina emitió su primer comunicado, admitiendo "preocupación" por el asunto y el presidente argentino Néstor Kirchner le ordenó al entonces canciller Rafael Bielsa hacer un "seguimiento" del tema. Ese mismo octubre de 2003, el gobierno del presidente Jorge Batlle autorizó la instalación de la española en Fray Bentos y enseguida la Argentina se quejó por escrito alegando que el proyecto fue autorizado "unilateralmente" por Uruguay, sin consulta previa a la Argentina, acto al que calificó de "contrario al Estatuto del Río Uruguay", un tratado bilateral de 1975 que reglamenta la administración compartida de esa vía fluvial. Cuatro años después, el pasado 29 de agosto se inauguró el puerto desde el cual Botnia exportará su pasta celulosa a Europa y Asia, y un mes más tarde Kirchner aceptó, hablando en Nueva York, que "la planta ya está ahí, no hay nada más que hacer", algo que negó tres días después, el 1° de octubre, aunque admitió con realismo que "no se podía generar expectativa de lograr la relocalización" de la papelera, "porque Uruguay" no lo acepta. Pese a que el puente fue cerrado para todo el mundo, el 7 de octubre, los asambleístas (que en Uruguay llaman piqueteros) cruzaron la frontera para armar una asamblea binacional con uruguayos en Nueva Palmira. Casi tres semanas más tarde, por primera vez, chocaron con fuerzas de seguridad uruguayas, forcejeando cuerpo a cuerpo en pleno río Uruguay. Así, el año de diálogo procurado por el embajador Yáñez Barnuevo, incluyendo trabajo, conversaciones y contactos al más alto nivel diplomático no pudo acortar distancias entre Uruguay y Argentina. Fuentes del gobierno del doctor Vázquez consideran que "Uruguay dio todo lo que podía. Botnia debió empezar hace 20 días y se está perdiendo mucho dinero. Esperamos hasta las elecciones, esperamos hasta la Cumbre. Más no podemos hacer". Fue con la firma de Arana, fechada el 8 de noviembre de 2007, que la Presidencia uruguaya publicó en su página web la resolución de autorización ambiental para el funcionamiento de la planta de Botnia. El conflicto con la Argentina por la planta de Botnia no ha permitido hasta hora visualizar en toda su dimensión el gran momento que comienza a vivir la economía uruguaya, que entra en la era de la celulosa, etapa superior de su joven desarrollo forestal. Botnia comienza a fabricar pasta de celulosa en su planta de Fray Bentos con madera de árboles uruguayos, lo que revela la importancia de un hecho que marca fuertemente el futuro uruguayo, con la perspectiva de que nuevas plantas como la inaugurada suministren en el futuro una sólida base de lanzamiento internacional para la riqueza forestal de ese país. Según evaluaciones uruguayas, esta planta permitirá por si sola que a mediados de la próxima década las exportaciones madereras totales de Uruguay superen los 750 millones de dólares anuales, más de la mitad de los cuales posibles por las colocaciones de celulosa en el exterior, valores prácticamente equivalentes a todas sus exportaciones principales de hoy. En la medida que las plantas de ENCE y Stora Enso se sumen a la oferta celulósica, y la de Weyerhaeuser a la de muebles y enchapados, la realidad de un Uruguay forestal se patentizará en su balanza comercial y en perspectivas de trabajo para los uruguayos. La fábrica de Fray Bentos no es un invento del doctor Vázquez. Es parte de uno de los principales proyectos de la democracia recuperada en 1985, luego de 12 años de dictadura cívico-militar. La ley forestal, apoyada por todos los partidos e impulsada por los gobiernos anteriores al de Vázquez, otorgó un subsidio para facilitar la implantación de bosques artificiales, se aprobó en 1987. Hoy los bosques artificiales superan las 650.000 hectáreas, en su mayoría implantados en terrenos no aptos para otras explotaciones. Bosques artificiales de eucaliptos y pinos cubren hoy el 4,5 por ciento del territorio uruguayo, fuente de trabajo (plantación, mantenimiento, cosecha y transporte, aparte de procesamiento industrial) para millares de uruguayos. Para colorados, blancos y frenteamplistas, todo este diseño promueve empleos mucho más permanentes que zafrales o periódicos, lo que permite sustento familiar en el campo y dar trabajo en zonas castigadas por la desocupación y la caída de las actividades tradicionales, estimulando un Uruguay productivo, que en apenas dos décadas pasó de poseer solamente muy acotados montes indígenas, amenazados por el uso como combustible, a disponer de una riqueza forestal importante e implantada sabiamente sobre terrenos de bajo índice de productividad. Para la mayor parte de los técnicos serios, Botnia es un hito en el porvenir forestal y fuente de muchos empleos para miles de jóvenes uruguayos, candidatos a la emigración tradicional en un país que ahora parece poder empezar a ofrecer perspectivas mejores. Al arrancar su ciclo productivo, Botnia está empleando a 6.500 trabajadores: es como si en la Argentina una empresa arrancara contratando a 78.000 empleados. Será una "cuestión uruguaya", pero la Argentina no puede negar o ignorar estas variables. El gobierno de Kirchner se manejó en este caso de acuerdo con sus criterios proverbiales, lo que Juan Carlos Portantiero, denominaba "democracia plebiscitaria". El eminente pensador socialista fallecido este año consideraba que el de Kirchner "es un gobierno que, dentro del respeto a la tradición electoral de la democracia, busca asumir carácter de democracia plebiscitaria (...), de relación directa del jefe político con la masa. Democracia que implica supresión de las mediaciones -de los partidos políticos-, junto con fuerte decisionismo y orientación por un programa que en sus líneas generales se dice progresista, pero que busca atacar la coyuntura, más que imaginar escenarios de largo plazo con políticas de reformas estructurales para una sociedad que no sólo tiene problemas de pobreza, indigencia, educación o salud, sino que también tiene problemas de mediocridad institucional". Esa noción le impidió liderar a la gente de Gualeguaychú de manera creativa y mostrando opciones más sólidas, asumiendo que en ocasiones un jefe popular puede y debe confrontar con las reacciones primarias de muchedumbres circunstanciales. Sobre el trasfondo del doloroso litigio con Uruguay, sobresale una reflexión aguda de Portantiero: "así como el Gobierno ha sido eficaz (...) para atacar situaciones de coyuntura, no tiene claro -o por lo menos no lo expresa- cuál es su horizonte de mediano plazo para la Argentina. El mundo ha cambiado rotundamente y (...) las ideas matrices del Gobierno con respecto a rasgos de país y de sociedad están un poco congeladas en la creencia, que fue exitosa en algún momento, de un país que no se integra abiertamente al mundo, que desde el punto de vista industrial supone la existencia de un capital nacional a partir del cual se pueden sustituir importaciones y de un agro que financia ese proyecto". En este sentido, el ex presidente uruguayo Julio M. Sanguinetti, subrayó que "seguimos hablando de hermandad, de apego a ley, de Mercosur, de integración, y no somos capaces de resolver un tema estrictamente técnico como es medir y controlar el margen de contaminación de un tipo de empresas que existen en todo el mundo". Por eso, confesaba Portantiero en octubre de 2006, "no sé si esa convicción coloca bien a la Argentina -aun cuando tenga éxito, como lo tiene actualmente- en el mundo. Me parece que ahí hay una falta de proyecto de mediano plazo, que obligaría a que la Argentina no piense su destino como lo pensaba en los años 60, sino como debe pensarlo en los años 2000". Remataba con conceptos de filosa actualidad: "Las ideas que muestra el Gobierno (...) aparentan ser un progreso con respecto a la manera loca con que la Argentina quiso vincularse al mundo en la época de Menem. Pero si son un progreso con respecto a aquello, no necesariamente son el camino del progreso en el mundo actual". Verdad potente aunque dolorosa: aunque la postura uruguaya exhibe flancos débiles y hasta criticables, la carga principal de la responsabilidad por lo sucedido recae en esta parte del río. Desde aquí corresponde empezar a reparar un perjuicio insoportable. Tarea ideal para Cristina Fernández de Kirchner.
Columna publicada en Diario Popular y El Día
Fuente: http://www.pepeeliaschev.com/
ALEJANDRO CARBÓ
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Alejandro Carbó Ortiz nació en Paraná el 16 de abril de 1862 y murió en
Córdoba el 1º de julio de 1930. Se destacó como docente y legislador. Tres
de s...
Hace 4 días
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