domingo, 18 de noviembre de 2007

"Somos el único país del mundo que entregó su petróleo sin perder una guerra"

Por Gustavo Calleja

FUNDACIÓN ARTURO ILLIA PARA LA DEMOCRACIA Y LA PAZ

Instituto de la Energía y la Infraestructura

INFORME ENERGÉTICO- NOVIEMBRE DE 2007

De Arturo Illia al Secretario de Estado de los EEUU A. Harriman, quien lo presionaba para evitar la anulación de los contratos petroleros: “Los hemos anulado por una razón política: porque interfieren la soberanía económica de la Argentina; de manera que la resolución del Gobierno Argentino supera cualquier explicación de carácter jurídico”. (1963)

De Ricardo Balbín, Presidente del Comité Nacional de la UCRP, sobre los contratos frondizistas: “No es cuestión de revisar, es cuestión de anular. Así como afirmamos que condenamos el Plan Conintes, venimos a decir que se está perdiendo el petróleo y se está comprometiendo la petroquímica. Todo ello es anulable y lo serán en el tiempo”. (1960)


Del Gobernador Néstor Kirchner sobre el copamiento de YPF SA por parte de Repsol SA: “Repsol es una empresa que refina petróleo, no produce crudo ni explora y con la compra de YPF, va a combinar la refinación de los productos de petróleo con la producción de crudo, por lo que va a llegar a ser una de las empresas más importantes del mundo”. (mayo de 1999)

Temario:

Las elecciones y el sector energético.-
El accionar gubernamental.-
La profundidad de la crisis y las propuestas de los candidatos.-
Las soluciones kirchneristas.-
La causa esencial de la crisis.-
La situación internacional: Brasil y Argentina y los resultados de dos modelos.-
Conclusión.-

Las elecciones y el sector energético.-

Internamente, desde el punto de vista de la energía, han pasado las elecciones presidenciales sin que la grave crisis energética en que estamos insertos, haya sido un tema que preocupara a la ciudadanía, ni tampoco que fuera tratado con seriedad en las paupérrimas propuestas de los principales candidatos. Igual desatención ha abarcado a otros temas de singular importancia para la República, tales como, por ejemplo, el reordenamiento del sistema nacional del transporte; los cambios sustanciales que requiere el inequitativo sistema tributario; la regionalización político-económica que iguale las posibilidades de todos superando la actual desigualdad entre las distintas provincia, elimine el renovado caudillismo y la unitaria dependencia financiera; la reestructuración del sistema educativo nacional en pos de reimplantar la educación emancipadora e igualitaria de Sarmiento, Yrigoyen e Illia; el cambio profundo del sistema financiero para ponerlos al servicio de las actividades productivas y no al revés y la modificación de la ley electoral para que todos los ciudadanos valgan lo mismo en cuanto hace a la elección de sus diputados.

El Gobierno, al igual que los que lo precedieron, no ha modificado una sola norma del modelo energético neoliberal, privatizador y desregulador implantado por el Justicialismo en la década de los 90’, donde el entonces Gobernador Kirchner y la Presidenta electa fueron actores destacados. En ese proceso de depredación y saqueo, los hitos más trascendentes fueron las Leyes de Reforma del Estado, Emergencia Económica, Privatizaciones de YPF-con Federalización del Subsuelo incluida-, Gas del Estado (GdE), Agua y Energía Eléctrica y los ferrocarriles, e incluso la modificación constitucional de 1994, que otorga a las provincias el dominio originario del subsuelo pero por suerte, reserva con exclusividad para el Congreso Nacional la sanción del Código de Minería y, obviamente, la determinación de la posesión del dominio jurisdiccional o práctico del subsuelo.

El accionar gubernamental.-

La gestión Kirchner ha profundizado y emparchado el modelo neoliberal. Actuando con la misma lógica puramente electoral que aplica en todo su accionar y cuidándose de no afectar los interesas de los grupos económicos dominantes, en especial los productores petroleros, evitó por todos los medios que los cortes de gas natural y energía eléctrica llegaran masivamente a los hogares, como también que se modificaran sustancialmente los precios de los combustibles líquidos en los surtidores y las tarifas de gas natural y luz correspondientes a los usuarios domésticos, en especial en el área metropolitana; más específicamente, en el caso de los cortes de electricidad la preocupación se centró en la Capital Federal , Vicente López, San Isidro y los barrios céntricos de Avellaneda, Quilmes y La Plata, donde la situación es reflejada en los grandes medios informativos y vive un electorado no sensible a dádivas, como sucede en el segundo y tercer cordón del conurbano, donde los cortes eléctricos fueron y son moneda corriente. Cómo además el sistema energético sólo funciona con mínimos inconvenientes en primavera y en otoño y octubre fue un mes sin picos de altas temperaturas y con muy pocos días de frío intenso (la excepción a lo dicho, fue que al segundo día consecutivo de frío corrido tuvieron que volver a cortarle el gas natural y la energía a las industrias tal como lo hacían en pleno invierno), al Gobierno las cosas le salieron perfectas: para los votantes los problemas energéticos no existieron y así lo muestran casi unánimemente las encuestas más serias; la inseguridad, la desocupación, la pobreza, la educación, la salud, la inflación son algunos de los temas que más preocupan a los argentinos. En resumen, no solucionó ni esbozó una solución energética seria pero ganó las elecciones que era su gran preocupación; ahora es tiempo de ajustes.

La profundidad de la crisis y las propuestas de los candidatos.-

Si tuviésemos que definir a la actual situación del área energética podemos afirmar que padece de una crisis de desinversión integral que comprende a todas las áreas que componen los subsectores hidrocarburífero y eléctrico, agravada porque otros sectores de la economía íntimamente relacionados, en especial, el transporte que en su visión más amplia atraviesa problemas similares. En lenguaje popular que hace referencia a las joyas de la abuela, podemos decir que las hemos malvendidos, gastado sus ahorros, instalado en su casa, fundido su auto, vaciado la bodega y las cámaras frigoríficas, vendido el inmuebles y transformados en locatarios que pagábamos carísimos alquileres y ahora, se nos acabó el efectivo, los bienes de consumo durable deben ser cambiados y la propiedad inmueble requiere numerosas reparaciones y gastos capitalizables, tenemos que decidir quien efectúa los gastos necesarios para poder seguir viviendo en la casa, porque el locador no lo hizo y nos amenaza con no hacerlo si previamente no le incrementamos el alquiler en forma significativa. Lo mismo que en el ejemplo de la abuela sucede en nuestra realidad: la caída de las reservas y de la producción hidrocarburíferas, la insuficiente capacidad y el atraso tecnológico de las refinerías (las mismas que existían en 1988), la falta de capacidad de generación y transporte de alta tensión en el sector eléctrico, la insuficiente red troncal de gas interna que, al igual que en 1989, deja afuera del sistema de gas por redes al 40 % de los habitantes, la minimización y desarticulación del sistema ferroviario, la obsolescencia de la red vial, son, sin dudas, los problemas más graves.-

Consecuentemente, debemos decidir quien se hace cargo de las multimillonarias inversiones en dólares que imprescindiblemente se requieren; y en este tema no existen más de dos posiciones, a saber:

a) las paga la renta petrolera, lo que implica concretar prioritariamente la recuperación de los yacimientos, que requiere la adopción de decisiones políticas de gran valentía y profundo sentido nacional, no presentes en ninguno de los dirigentes que asumen los roles del oficialismo y la oposición, tal como lo hicieron en su tiempo y con excelentes resultados, Marcelo T. de Alvear, Lázaro Cárdenas, Arturo Illia y Evo Morales o,

b) tal como lo proponían los tres candidatos principales, nos hacemos cargo todos los argentinos a través de aumentos de precios y tarifas directos e indirectos que, con la misma lógica aplicada por el capitalismo prebendario de los 90’, serán previos a la concreción de inversiones. Recordemos que aquellas inversiones no fueron realizadas en el momento debido, a pesar de exigírselos sus obligaciones legales y contractuales. Lógicamente, los “beneficiarios” serán los incumplidores de siempre, es decir, las mismas sociedades nacidas con el menemismo, con alguno que otro cambio en la composición accionaria, donde aparecen un conjunto de nuevos empresarios nacionales cercanos al oficialismo, cuya generosa situación financiera genera dudas de todo tipo.

No está demás recordar las características que tuvo el proceso privatizatizador: subvaluaciones e incluso ausencia de tasación oficial previa en el caso de YPF; mínimas ofertas en efectivo e implantación de un procedimiento de aceptación en pago de títulos públicos emitidos a esos efectos, al 100 % de su VN cuando los oferentes los adquirían en el mercado al 20 ó 30 % del mismo; supresión de toda penalidad por los incumplimientos en que incurrieran; libertad de precios en productos que antes eran considerados un servicio público o estaban controlados por el Estado (combustibles líquidos y GLP) o fijación de cuadros tarifarios calculados en base a modelos teóricos (gas natural y energía eléctrica en transporte y distribución) que nada tenían que ver con las inversiones realizadas ni con los valores de libros. De tal forma se permitió a los ganadores una ganancia excepcional –inexistente en cualquier otro país del mundo) y se obligó a los usuarios cautivos a volver a pagar vía tarifas las depreciaciones de activos que ya habían abonado o financiado en sus orígenes; eliminación de las obligaciones de invertir, como en el caso de las transportadoras y distribuidoras de gas natural y energía eléctrica, llegándose al extremo, en los inicios de la gestión Kirchner , de la sanción de las llamadas Leyes Techint y de Beneficios a la Exploración Hidrocarburífera , que desgravan y premias impositivamente a las inversiones en infraestructura y en exploración, etc…Es decir, que todos los argentinos volveremos a financiar un proceso de enriquecimiento que en nada garantiza la solución de los problemas actuales, pues quienes no cumplieron durante 27 años tampoco lo harán en el futuro.

La mayor crítica que se les puede hacer al Gobierno y a los principales candidatos es que consideran al petróleo como un commodity, un simple bien comercializable internacionalmente; tienen también una concepción similar para el gas; para ellos, el autoabastecimiento carece de sentido, porque siempre podremos importar a precio internacional y de esta forma, nos insertaremos en el mercado hidrocarburífero internacional; así lo determina los tres decretos desregulatorios de 1989 (nº 1.055; 1.212 y 1.589). Somos el único país del mundo que entregó su petróleo sin perder una guerra, también lo somos en considerarlo una simple mercancía y en ceder su administración soberana a estados provinciales, que es una vía indirecta de resignar la fijación de las políticas en los trusts internacionales que, por lógica, se apropian de la mayor parte de las riquezas que se generan.

Además, en cuanto a los servicios públicos derivados y esenciales, supeditan su prestación a los beneficios de las prestatarias y no a las necesidades de los usuarios; la concepción yrigoyenista expresada por Enrique Mosconi, Julio Canessa y Arturo Illia, se basa en que todos los habitantes tiene que acceder a los servicios públicos esenciales y permanecer en su uso, sin importar donde viven y cuanto ganan, como también que deben permitir el desarrollo de las actividades productivas; para ellos, sus precios tienen que ser fijados por las autoridades nacionales, libre de ingerencias extranjeras o de imposiciones como la llamada precio internacional. El concepto neoliberal, suavizado en la actualidad con el eufemismo de “tarifa social” para los que menos tienen o escondido bajo el “cuento” de los commodities, que los exime de cumplir con la prohibición de indexar, por ejemplo, esconde la cruda definición del mercado: el que no tiene recursos no accede ni permanece en el sistema de prestación de los servicios y, al igual que sucede con el sistema bancario, las actividades productivas están al servicio de los negocios de las empresas.

Tanto Carrió, como Fernandez de Kirchner y Lavagna rindieron examen ante los petroleros; lo pero es que lo aprobaron. Pare ello se comprometieron a respetarles sus contratos, a pesar de haber sido obtenidos ilegítimamente; privó la apreciación de que la seguridad jurídica consiste en avalar ilícitos, no en anularlos y someter a los corruptores y a los corrompidos a la justicia.

Las soluciones kirchneristas.-

De la gestión actual sólo son factibles de destacar el enfoque (pero no la implementación) relacionado con los serios problemas referidos al gas natural, donde la acentuada baja de las reservas, la caída de la producción –alarmante en el caso de Loma de la Lata- y la insuficiencia de la capacidad de la red troncal interna, lo obligaron a acercarse a Bolivia y Venezuela; como también a la concreción de contratos de participación, hasta hoy secretos, celebrados por ENARSA con empresas extranjeras, sobre las áreas marítimas. Todo ello implica el convencimiento gubernamental –aunque no lo manifieste -de que Argentina perderá su autoabastecimiento gasífero y que la situación empeorará en forma constante y alarmante.-

Ante la situación descripta, a la que debemos sumar la pérdida del autoabastecimiento de petróleo alcanzado en 1987, y como somos un país con una importancia superlativa del gas natural en la matriz energética (el 50 %), con reservas y producción en caída y con pocas posibilidades de encontrar nuevas reservas en tierra; debemos, inexorablemente importar gas natural (además de petróleo y derivados) y para ello solamente existen dos proveedores confiables: Bolivia y Venezuela. Del primero debemos esperar el desarrollo de sus actuales reservas, la aparición de otras y la construcción del gasoducto del NEA; es decir, estamos en el mediano plazo. Como la nacionalización de Evo Morales, que partió desde cero y obtuvo una importante recuperación de la decisión y de las riquezas de los bolivianos, no transformó enteramente en contratistas a las multinacionales, éstas han supeditado las nuevas inversiones a la obtención de más beneficios; de tal forma repiten conductas que los argentinos hemos padecido y padecemos. Después del fracaso de ENARSA en el desarrollo de las reservas de Bolivia, el último contrato celebrado por el actual gobierno reviste la categoría de interrumpible, pues para los bolivianos, primero está el mercado interno –en gran expansión- después los compromisos con Brasil y, si sobra algo, lo exportan a la Argentina; de estos malos compromisos surge la significativa caída de las importaciones con origen en Bolivia.

Venezuela es nuestro proveedor seguro para el largo plazo (entre 50 y 100 años) y para ello debemos avanzar sin demoras en la construcción del medio de transporte que se determine más conveniente: un gran gasoducto o la vía marítima. Personalmente y obviando el tema de costos que se diluye en el largo plazo y ante el problema de la seguridad energética, me inclino por el gran gasoducto, porque éste, en términos “pasarelianos”, no dobla y, consecuentemente, hace más difícil que ante un cambio de gobierno en Venezuela el gas se vaya para los EEUU. Habrá también que esperar que cual será el resultado del replanteo energético de Brasil, derivado del descubrimiento de Tupí.

Los contratos de participación celebrados por ENARSA son mantenidos en secreto; no han sido aprobados por el Poder Ejecutivo que tiene la facultad privativa según lo determina la Ley de Hidrocarburos vigente, ni publicados en el Boletín Oficial. Extraoficialmente sabemos que, en caso de ser positivos los estudios exploratorios, la participación de ENARSA en la UTE rondaría el 11 %, un porciento misérrimo en comparación con los que se aplican en el mundo. Además, con la Ley de beneficios impositivos para las inversiones en exploración, las compañías que exploran podrían desgravar esos costos; con lo cual gran parte de su capital en la UTE sería aportado por los argentinos.

Podemos señalar, en consecuencia, que si bien la realidad lo obligó a enfocar correctamente los problemas del gas , tanto la implementación con la defensa de los intereses nacionales fue pésima.

Ante la persistente y significativa del precio internacional del petróleo, el Gobierno sancionó la Resolución N º 394/07 modificando sustancialmente el régimen de los derechos de exportación sobre los bienes energéticos, ante la evidencia que la normativa vigente había quedado desactualizada. La medida permitirá recaudar, aproximadamente, U$S 1.000 anuales. La mecánica permite al Estado recaudar todo el excedente sobre los precios de corte establecido que son en dólares barril: 42 para el petróleo, y los rangos de 39 y 78 para las naftas, 22 y 42 para el fuel y 121 y 174 para los aceites. Des ahora para los productores de crudo y las refinadoras le deberá ser indistinto exportar o vender al mercado interno. Si se aplica correctamente, permitirá controlar los precios internos, que están sufriendo una creciente escalada, y deberá aparecer la nafta en todos los surtidores. La indignación de los refinadores (Esso Shell) está centrada en el incremento a las naftas que, hasta el momento les permitían recuperar en parte los resultados negativos de las ventas al surtidor y de las importaciones de gasoil. Los concesionarios de producción de la Ley 17.319 ya han amenazado con no hacer inversiones, cosa que no han realizado desde el momento en que hicieron cargo de las áreas; la disminución de las reservas y la producción es la muestra más elocuente. Además, cómo surge de los informes oficiales que Repsol-YPF SA –poseedora del 99 % del capital social de YPF SA- el costo total del petróleo es, aproximadamente, de U$S 6,70; como U$S 1,70 corresponden al costo de exploración y como esta actividad no la concreta en Argentina sino en el exterior, el costo en boca de pozo local es de U$S 5,00 el barril; por consiguiente, el margen bruto alcanza al 740 %.

Dentro del mantenimiento del sistema de mercado implantado por Menem en 1989 mediante los tres decretos desregulatorios: libre disponibilidad absoluta y privatización de YPF y de la totalidad de las áreas productivas es un avance que traslada hacia el fisco las ganancias extraordinarias ocasionadas por el aumento del precio internacional. Pero, en realidad sigue vigente el concepto de mercado pues de la libre disponibilidad sólo se afectó la apropiación de una parte de los ingresos, ni tampoco se termina con la aceptación del criterio del precio internacional El petróleo sigue siendo considerado un bien comercial común y no una materia prima estratégica y su régimen no está considerado como un servicio público donde todos los precios son fijados por el Estado, desde la boca de pozo al surtidor.

Legalmente, con el pobre nivel de reservas que siempre tuvo la Argentina nunca debieron ser autorizadas las exportaciones, pues ello afecta al autoabastecimiento presente y futuro del mercado local. Por otra parte la Constitución Nacional obliga a explotar los recursos naturales contemplando las necesidades de las generaciones futuras. En cuanto a las referencias al precio internacional, además de implicar una resignación de la potestad del Estado Nacional en la política de precios básicos de la economía y ser un impulsar el proceso inflacionario en base a costos no internos que nos son ajenos, constituyen una violación a las disposiciones de la Ley de Convertibilidad, ratificado en este aspecto de prohibir las indexaciones hacia arriba, por la Ley de Emergencia Pública vigente. Si el Gobierno hubiese deseado salir del modelo energético neoliberal debería haber derogado los decretos de 1989, recuperar las áreas productivas y entregárselas a ENARSA, fijar oficialmente todos los precios que hacen al ciclo económico de los hidrocarburos y prohibir las exportaciones; no lo ha hecho porque comparte el modelo que tanto el Presidente actual como la electa, han contribuido a implantar.

Por otra parte, las inversiones en el área eléctrica so insuficientes; sólo permitirán prolongar los padecimientos actuales; en el caso de la generación y, en el sector transporte de alta tensión la continuidad de lo planes diseñados en la gestión aliancista de Daniel Montamat ha favorecido casi con exclusividad a las provincias patagónicas. La dos usinas térmicas encargadas a Siemens –que no ha desistido de sus reclamos ante el CIADI, a pesar de las declaraciones del Ministro De Vido- recién estarán en condiciones de generar para fines del 2008 y, además, su capacidad total (1.600 MW) apenas cubrirán los faltantes actuales. El Plan Energía Plus no ha generado el entusiasmo de los industriales, a causa de la incertidumbre que generan las conductas gubernamentales sobre la libertad de los precios de venta de la energía sobrante. El Plan Energía Delivery, de poco volumen y en base a unidades móviles terrestres y marítimas, está siendo morosamente implementado por ENARSA y, con suerte, algunas unidades comenzarán a producir a fines de enero. La elevación de la cota de Yacyretá avanza muy lentamente a pesar de que desde hace más de cinco años la Entidad dispone de U$S 140 millones anuales dentro del Presupuesto Nacional. El Gobierno ha anunciado cuatro veces la continuidad de Atucha II, sin que la realidad muestre avances significativos; debe quedar en claro que a pesar de ser una central de tecnología antigua –un Falcón, en términos de los técnicos- su aporte resulta más que necesario. De emprendimientos hidroeléctricos nadie habla; es bueno recordar la necesidad de Corpus y de las dos centrales faltantes en el sistema del Comahue. Las distribuidoras del área metropolitana, por boca de sus presidentes, han expresado que han realizado todas las inversiones posibles, que no son todas las necesarias. Este esbozo de problemas nos hace prever que en el verano que se aproxima los problemas serán más graves que en el verano anterior; y lo mismos puede esperarse para el invierno venidero.

La causa esencial de la crisis.-

Debemos tener presente que las desinversión no es producto de la crisis del 2001, pues según las empresas y sus voceros, en ese momento, la Ley de Emergencias Pública congeló las tarifas y se pararon las inversiones. Desde el mismo momento en que asume Carlos Menem, comenzó la apropiación de los bienes financiados por varias generaciones de compatriotas y, al mismo tiempo, se fabricaron las condiciones para favorecer el saqueo vía utilidades y operaciones financieras y se terminó la inversión productiva; ni siquiera se concretó aquella derivada de las ganancias de los propios negocios recibidos.

El abandono de las funciones estatales de todo tipo permitió que en el subsector de los hidrocarburos:

a) no se explorara;

b) se exportara gas y petróleo en abierta violación de la Constitución Nacional , de la Ley de Hidrocarburos que exige poseer reservas suficientes –que nunca tuvimos ni en petróleo ni en gas-, estar autoabastecidos –con un 40 % de los habitantes sin acceso a las redes de gas natural y sin reservas gigantescas, no lo estamos- y obtener precios favorables, circunstancia que las empresas generalmente obviaron en el caso del gas ;

c) no se invirtiera en refinación, por lo que trabajando a plena capacidad existen faltante permanentes de gasoil;

d) los yacimientos se explotaran en forma intensiva, favoreciendo los negocios financieros en desmedro de la obtención de una mayor cantidad de hidrocarburos y de la preservación del ambiente;

e) que el 90 % de la producción de petróleo y gas se concentrara en ocho consorcios multinacionales, agraviando las limitaciones fijadas por la Ley nº 17.319;

f) que las petroleras desconocieran la vigencia de la prohibición de indexar hacia arriba establecida en 1991 por la Ley de Convertibilidad y mantenida hasta la fecha por la Ley de Emergencia Pública vigente; salvo los precios del gas natural y la energía eléctrica para los usuario familiares (entre un 25 y un 30 % del total) y los precios en surtidor de los combustibles líquidos, todos los demás precios han seguido estando indexados, por ejemplo, las materias primas petroquímicas, los fertilizantes, los lubricantes, etc..;

g) que los marcos regulatorios eximieran a las licenciatarias, permisionarias y concesionarias de servicios eléctricos y de gas de efectuar las inversiones necesarias, al mismo tiempo que les generaran márgenes de utilidades únicos en el mundo (en el caso de las transportadoras de gas rodaban en el 50 % sobre ventas);

h) el mercado de comercialización de combustibles líquidos se concentrara día a día en dos empresas verticalmente integradas.

Como vemos, tal como lo sostiene Paul Samuelson, el mercado es altamente ineficiente; no previó la ausencia de inversiones.

La situación internacional. Brasil y Argentina: sus modelos y sus resultados.-

Varios hechos han acaparado la atención mundial, aunque en nuestro país, las empresas y los analistas y medios que les responden han centralizado las informaciones sobre el aumento del precio del petróleo; no es de extrañar, pues de acuerdo a la teoría de los commodities o del precio internacional, los precios internos deben seguir a los externos, aunque la relación con los costos internos no tenga nada que ver. De paso, evitan referirse al modelo nacional, centralizado, racional y con una acotada participación privada que se aplica en Brasil. Morales Solá en su columna habitual de La Nación del 16/11/07 pondera el descubrimiento y se explaya sobre el posible despegue de Brasil hacia su destino de potencia, que deberíamos haber hecho conjuntamente; pero nada dice sobre las distintas políticas aplicadas.

La escalada del precio internacional tiene varios aspectos: a) uno es el aumento constante del consumo, empujado por el no ahorro de EEUU y el gran crecimiento de China e India;

b) la no aparición de reservas en cantidades suficientes, circunstancia que valoriza el descubrimiento de Brasil;

c) con la excepción de Arabia Saudita, la dificultad de los demás integrantes de la OPEP para incrementar inmediata y sustancialmente la producción;

d) la apreciación del petróleo como elemento determinante de operaciones financiera (timba), en detrimento de dólar, que está vinculada a la crisis de la economía de los EEUU;

e) las posibilidades cada vez mas ciertas de que en el 2010 ó 2011 se tocará techo en la producción de petróleo

A lo expresado se agrega que las utilidades de las grandes petroleras del mundo han disminuido en relación al año anterior, en especial Exxon-Mobil, que hace pensar en sus dificultades en trasladar a los consumidores los incrementos de precio. Tampoco son ajenos la descompensación de los sectores refinadores, en especial el estadounidense y la voracidad fiscal de los estados.

Como señalamos, la noticia del descubrimiento de Brasil fue comentado pero menos, pues si bien el gobierno de Cardozo realizó una apertura del sector en desmedro del cuasi monopolio que ostentaba Petrobrás, las ideas rectoras nacidas en 1945, cuando el Gral Horta Barboza la creó a imagen y semejanza de la YPF de Mosconi; siempre para ellos el petróleo fue un bien estratégico y el logro del autoabastecimiento una imperiosa necesidad nacional en pos de ser una nación soberana.

No solamente copiaron YPF sino nuestra política. Yrigoyen, Alvear y Mosconi entendían que sin independencia económica resultaba ficticia la soberanía política. De allí el desarrollo independiente del sector y la lucha para obtener el autoabastecimiento, recién logrado en 1985: Incluso hechos tan criticables como el contrato de Perón con la Standard Oil de California y los contratos desarrollistas de Frondizi – una verdadera continuación del primero- alegaban en post de justificarlos, la necesidad de lograr el autoabastecimiento mediante la colaboración del capital extranjero. Petrobrás ha sido la herramienta fundamental en el logro del autoabastecimiento y debemos destacar que el capital extranjero tiene en Brasil un campo de acción determinado por el Estado Federal, tal como también sucede en Venezuela, México, Arabia Saudita en casi todos los países productores, con excepción de Argentina.

Los brasileños deberán determinar el perfil energético que asumirán, pero ya han anticipado que no abandonarán el desarrollo de los biocombustibles, ni de la energía nuclear e hidroeléctrica, ni el gas natural, que avanza en base a un modelo copiado de nuestra Gas del Estado

Conclusión.-

Así como fuimos pioneros en el desarrollo estatal del petróleo, en la captura de sus rentas, en el desarrollo del gas , hoy ostentamos el triste privilegio de haber sido el único país del mundo que entregó sus hidrocarburos sin perder una guerra, que renunció a la potestad de fijar su política petrolera, que entregó su petrolera pública a empresas que son herramientas de estados extranjeros, que permitió que se cobrara a sus habitantes el precio internacional por los combustibles producidos internamente, que permite que los estados provinciales administren en beneficio de las multinacionales y de los funcionarios actuantes, los bienes más importantes que poseemos todos los argentinos, pues fuimos todos quienes los descubrimos y desarrollamos.

No habrá solución viable a las necesidades del desarrollo y progreso nacional si no recuperamos nuestra renta petrolera. El modelo de mercado ha demostrado que es absolutamente impotente para proveer a las necesidades que la Argentina necesita.

En consecuencia, cobran plena vigencia las palabras de Arturo Illia sobre el mercado y los bienes estratégicos: “No hay país soberano que resigne el control de sus recursos estratégicos en manos de las leyes del mercado, a sabiendas de que ello significa hipotecar su crecimiento y desproteger a sus generaciones futuras”.

Buenos Aires, noviembre de 2007.-

Gustavo A. Calleja
Director