EL GOBIERNO NO QUIERE HACER NADA

Por Ricardo Gil Lavedra

Pareciera que el gobierno no quiere que los juicios sobre violaciones masivas a los derechos humanos finalicen. Realizo esta afirmación pues el diseño actual del enjuiciamiento criminal común, que no sirve siquiera para los casos corrientes, es totalmente inapto para resolver juicios de una complejidad inusual. Se trata de hechos ocurridos hace más de treinta años, cuya investigación se ha multiplicado en causas iniciadas en distintas épocas con objetos diferentes -en muchas se apunta a la cadena de mandos, a otras a autores individuales- y se encuentran diseminadas en todo el país.El único modo racional de encarar esta cuestión es diseñar un conjunto de reglas de procedimiento que, respetando el derecho de defensa, procuren agilizar al máximo el trámite, para que los procesos concluyan en un tiempo razonable. Por esta razón, junto al Dr. Andrés D Alessio, elaboramos un proyecto de Ley que el Bloque de Senadores radicales presentó en el Congreso Nacional el año pasado (*).En su discurso la Presidente Cristina Fernández de Kirchner ha dicho que no puede haber leyes para los juicios a los violadores de derechos humanos y otras para los delincuentes comunes, pues la ley tiene que ser la misma para todos. Esta afirmación es jurídicamente incorrecta, pues nada impide que existan procedimientos diferentes para supuestos también diferentes. No hay un derecho adquirido a un tipo de procedimiento (siempre, claro está, que se resguarde el derecho de defensa). Además parificar delitos de lesa humanidad con crímenes comunes es, cuanto menos, un desatino. La gravedad de ambas categorías no merecen mayores comentarios.Que el gobierno no quiere hacer nada lo demuestra la sanción del Decreto Nº 606/07 en el que, con gran pompa, se creó el Programa de Verdad y Justicia, encargado de hacer un mapa de riesgo de los testigos (dentro de los 90 días), proponer medidas para el efectivo desarrollo de los juicios, etc.¿Cuáles fueron estas medidas?. Ninguna. Mientras tanto, obviamente, los imputados fallecen en situación de inocencia, las víctimas no encuentran tampoco justicia y los victimarios no logran que la imputación se resuelva en un plazo razonable.Las víctimas, los acusados y la sociedad reclaman que este tema se dilucide, con justicia, cuanto antes. La Presidente se limita a echarle la culpa a los jueces y, como en otras áreas, no impulsa ninguna política pública concreta que permita resolver la cuestión.Buenos Aires, 4 de marzo de 2008(*) La presentación se realizó el 16 de mayo de 2007 en el Salón Arturo Illia del Palacio del Congreso Nacional, estuvo a cargo de los doctores Ricardo Gil Lavedra y Andrés D'Alessio, autores de esta iniciativa, junto al presidente del Comité Nacional de la UCR, Senador Gerardo Morales, y el presidente del bloque de la UCR en el Senado, Ernesto Sanz.En sus fundamentos este proyecto destaca que “tiene el propósito de completar el cumplimiento del deber de una generación, establecer definitivamente lo ocurrido durante un período trágico sin tolerar que la impunidad o la sospecha infundada reemplace el esclarecimiento de la verdad”.En el sitio web del Comité Nacional se puede obtener una copia del proyecto.

http://www.ucr.org.ar/archivos/Proyecto%20deLeyderechos%20Humanos.pdf