OPINIÓN - Por José Antonio Artusi
Los productores agropecuarios hicieron durante estas 3 semanas lo que el gobierno provincial debió haber hecho y no hizo: ponerse al frente de la defensa del federalismo y los intereses de los entrerrianos.
Duele ver, en una provincia como Entre Ríos, orgullosa cuna del federalismo y de la organización nacional, que nuestros gobernantes se mimeticen con el discurso y con la acción de un gobierno nacional centralista y unitario, que procura por todos los medios concentrar poder y recursos para disciplinar a gobernadores e intendentes. Más aún cuando Entre Ríos es una de las más afectadas por este esquema perverso, y cuando los gobernadores de las demás provincias hermanas de la Región Centro tuvieron otras actitudes.
La contracara de la genuflexión del gobierno provincial fue la actitud digna y decidida de nuestros productores del campo y sus familias, en su enorme mayoría autoconvocados, que se plantaron frente a la prepotencia de una Presidenta que los ninguneó y los ofendió, y que necesita de patoteros como Moyano y D´elia para evitar que ciudadanos libres tengan la osadía de manifestarse en la calle y expresar que este gobierno no los representa.
Si fue grave que - por obvia orden de la Casa Rosada - la Plaza de Mayo se transforme en "zona liberada" para las tropelías de D´elia y sus seguidores, y si preocupantes fueron la impunidad y el descaro con que se agredió a ciudadanos indefensos, entre ellos el entrerriano Alejandro Gahan, más preocupante aún es que desde lo más alto del poder se hayan premiado simbólicamente estas actitudes cobardes y fascistas con puestos de honor en el acto partidario que se hizo luego en la misma Plaza de Mayo.
La cuestión puntual de la retenciones remite en realidad a un debate mucho más amplio; acerca de si queremos vivir en un país unitario o en un país federal, en una republiqueta a lo Chávez, o en una democracia republicana "en serio", en un país que concentra su riqueza en pocas manos o que la distribuye con equidad, en un país que margina y excluye a vastos sectores o en un país donde todos tienen posibilidades ciertas de inclusión. Y a pesar del discurso oficialista y de las declamaciones altisonantes de sus voceros, a pesar de la prensa adicta, la realidad es que el kirchnerismo se parece mucho más de lo que está dispuesto a admitir al mememismo, del que fueron aliados y compañeros de ruta durante toda la hoy cínicamente demonizada década del ´90. Como el menemismo, el gobierno K lleva adelante una gestión de gobierno que consolida un modelo de país hegemónico en lo político, concentrador en lo económico, y excluyente en lo social. La hegemonía política se traduce en la muerte del federalismo, la reducción del Congreso Nacional a una escribanía de la Casa Rosada, los aprietes a periodistas y empresarios, y en las patotas para intentar acallar opositores. La concentración económica es obvia, sobre todo en los capitalistas prebendarios amigos del poder, y la exclusión social, por más que se la intente maquillar con los índices del INDEK, ahí está, para el que la quiera ver, acompañada de la utilización clientelar de una enorme cantidad de planes sociales que dilapidan recursos en burocracia en vez de redistribuir efectivamente la riqueza.
Y si de la cuestión puntual de las retenciones hablamos, debemos decir que la resolución del Ministro de Economía que impuso las retenciones móviles es claramente inconstitucional: se arroga facultades del Congreso de la Nación, agravia el sistema federal de gobierno, y fija tributos confiscatorios, entre otras razones. La Sra. Presidenta dijo que le hubiera gustado "debatir" la medida con los representantes de los productores agropecuarios, cuando la medida ya estaba resuelta. Pero más grave aún, y extraño en alguien que ha sido varias veces legisladora, la Dra. Cristina Fernández parece ignorar que el ámbito natural para debatir - y para decidir - la fijación de impuestos es el Congreso nacional.
El discurso oficialista pretende teñir a las retenciones con un barniz "progre", tratando de mostrarlas como una herramienta de "redistribución de la riqueza". Es una de las tantas falacias de este gobierno, que es preciso desnudar. Las retenciones son un derecho de exportación, que opera deprimiendo los precios internos, y por ende no son un impuesto ni a la riqueza ni a las ganancias, sino a la producción. Lo pagan todos los productores, los grandes y los chicos, los eficientes y los que no lo son, los que se preocupan por incorporar tecnología y conocimiento, y los que no lo hacen. Es un impuesto distorsivo, que desalienta la inversión productiva y la tecnificación del campo. No afecta a las grandes corporaciones transnacionales exportadoras, sino a los productores. Pero para Presidentes ávidos de "caja", destinada a financiar obra pública con sobreprecio con la que tienen de rehenes a gobernadores e intendentes, tiene dos grandes ventajas: es fácil de recaudar, ya que es un mero "peaje" en los puertos, y no es coparticipable, es decir que no se distribuye entre las provincias. Que en lo que va del año las retenciones hayan pasado a representar más del 13 % de la recaudación fiscal nacional habla a las claras de la distorsión del federalismo que impera en la Argentina.
Tuvieron que pasar más de 3 semanas de agudo conflicto para que el gobierno recién empezara a reconocer el problema, aunque siguen faltando diagnósticos certeros y soluciones adecuadas. El mecanismo burocrático y engorroso de las compensaciones que se anunció adolece de dificultades de implementación que ya se han verificado en anteriores oportunidades, y abre una puerta peligrosa a la discrecionalidad y a la corrupción. Y si de lo que se trata es de apropiarse de rentas extraordinarias para redistribuir la riqueza, el gobierno tiene otras herramientas, que sin embargo se encarga prolijamente de omitir; debería comenzar por recuperar la renta petrolera, que hoy emprende - como decía Mosconi - "el camino del mar", en vez de servir de palanca para el desarrollo nacional, debiera gravar las rentas extraordinarias de los grupos monopólicos y oligopólicos que se quedaron con las "joyas de la abuela" en el saqueo del patrimonio nacional de los ´90, que los tuvo a los K como partícipes necesarios, debiera gravar las rentas de la especulación financiera. Y debiera gravar menos al consumo a través del impuesto regresivo que significa el IVA, que sobre todo pagan los pobres. Y debiera gravar menos con el impuesto inflacionario, que corroe el poder adquisitivo de los asalariados. Y debiera evaluar la posibilidad de mecanismos genuinos de redistribución del ingreso y de democratización de las estructuras sociales, por ejemplo poniendo a debate cuestiones tales como la renta básica de ciudadanía. Sólo cuando hablemos integralmente de todas esas cosas estaremos hablando en serio de redistribución de la riqueza. Hasta ese momento, sólo será "pura cháchara".
Las retenciones móviles tienen otros problemas: congelan los precios internos pero no garantizan la rentabilidad del productor, ni aún con las prometidas "compensaciones". Al estar la movilidad de la alícuota del tributo vinculada sólo al precio internacional, pero no a los costos de producción, la rentabilidad de los productores, sobre todo de los pequeños y medianos, puede verse seriamente afectada. Los gobernantes parecen ignorar que los herbicidas y los fertilizantes han tenido aumentos en algunos casos superiores al 100% en dólares. Y parecen ignorar que los puestos de trabajo que generan las cadenas de valor del agro no se limitan a los necesarios para la siembra y la cosecha. Al quitar rentabilidad a vastos sectores del campo, languidecen los pueblos del interior, y disminuye la demanda de bienes y servicios, en el comercio, el transporte, la industria y la construcción.
Por añadidura, las retenciones disminuyen las ganancias de los contribuyentes, por lo que cae la recaudación por este concepto, que sí es coparticipable, con el consiguiente perjuicio directo que sufren las provincias y los municipios, al ver mermados sus ingresos por coparticipación de impuestos.
Además, no podemos ignorar que estos niveles abusivos de retenciones a las exportaciones de productos agropecuarios están dirigidos - entre otras cuestiones - a engrosar el superávit fiscal, de modo de poder pagarle la deuda externa al Club de París. Indigna saber que esta sería una de las condiciones para acceder a un ignominioso crédito por casi 4 mil millones de dolares para financiar el faraónico capricho de Cristina y De Vido que constituye el absurdo Tren Bala.
Se abre una etapa de diálogo y concertación. Es de esperar que los gobernadores y los intendentes se pongan al frente del reclamo de sus pueblos, y que los poderes legislativos cumplan su rol institucional. Que todos aporten ideas y proyectos a un debate constructivo y civilizado.
Desde el radicalismo entrerriano, concientes de nuestro rol opositor, con responsabilidad y sin oportunismos mezquinos, hemos presentado y seguiremos presentando iniciativas sobre esta cuestión en el ámbito natural de la representación política cual es la Legislatura entrerriana. No hemos sido escuchados hasta ahora, pero insistiremos, porque la política también es testimonio, aún desde circunstanciales minorías.
Que vuelvan la paz y la concordia. Que nunca más las patotas de obsecuentes tengan "zonas liberadas". Que todos encontremos mecanismos de protesta y de expresión que no vulneren los derechos de los demás. Que el gobierno nacional aprenda a escuchar y deje la ridícula paranoia golpista de lado. Que el gobierno nacional entienda otra lógica que no sea la del chantaje. Que los gobernantes entiendan que es signo de sabiduría y no de debilidad reconocer los errores cometidos.
Que el federalismo y la democracia republicana no sean letra muerta.
Si lo logramos, en buena medida se lo deberemos a los productores del campo entrerriano, y de todo el país, que nos dieron durante 3 semanas una lección de coherencia y compromiso.-
Hace 3 horas
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