EL tema de la "argentinización" de Aerolíneas Argentinas, Repsol-YPF, y posiblemente otras empresas de servicios que fueron privatizadas y entregadas en concesión a capitales extranjeros en la década anterior, puede aparecer, ante los ojos de las nuevas generaciones, como un hecho inédito. Sin embargo, hubo un precedente que en su momento levantó una gran polémica nacional: la decisión del gobierno del presidente Arturo Illia, tomada en 1964, de anular los contratos petroleros que su antecesor Arturo Frondizi había suscripto en 1958. Este año, en ocasión del 50º aniversario del triunfo de Frondizi en las elecciones presidenciales de febrero de 1958, el tema salió a luz, y la mayoría de las opiniones fueron contrarias a la anulación de los contratos. Pero también hubo opiniones favorables, como la de Daniel Larriqueta, quien había escrito: "El gobierno de Illia anuló los contratos sin perjuicio para la producción de petróleo, y al hacer desaparecer las cláusulas «leoninas» protegió al país de inmensos daños futuros. Sólo siete años después de su derrocamiento la crisis mundial de petróleo cuadruplicó los precios, lo que de estar vigentes los contratos hubiera provocado una verdadera catástrofe en los costos energéticos nacionales. Y diez años después de Illia, en 1976, YPF descubre, en el área que los contratos habían reservado a la Esso, el yacimiento gasífero gigante de Loma de la Lata, con reservas valuadas en 60 mil millones de dólares, que de no mediar la anulación de los contratos habrían sido propiedad de la Esso". Esta opinión, discutible como cualquier otra, adquiere un nuevo matiz a la luz de las desastrosas privatizaciones de la década pasada, sobre todo la de Aerolíneas Argentinas y la de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, ya que nuestra línea aérea de bandera cayó en una profunda crisis -con un traspaso de manos de Iberia a Marsans-, e YPF, que fuera durante décadas una gran empresa estratégica vinculada al desarrollo nacional, se convirtió en un simple aditamento de la transacional Repsol. Pero el gobierno de Illia, cuya política económica combinaba criterios keynesianos de intervencionismo estatal con la influencia de la Cepal y viejos principios radicales, no terminó allí. Una vez sancionada por decreto la anulación de los contratos petroleros, Illia impulsó la aprobación de dos leyes de parecido tenor: la ley de medicamentos, que desató la reacción de los grandes laboratorios, y la ley de abastecimiento, que pretendía poner límites a la suba de precios de los productos de la canasta familiar. La oposición empresarial a esas leyes no se hizo esperar. Pero el arco opositor al gobierno de Illia se ensanchó y cobró fuerza cuando los grandes sindicatos iniciaron un plan de lucha, que incluyó ocupaciones de fábricas con toma de rehenes, a lo que se sumó la prédica de un sector hoy prácticamente inexistente, pero que hace 40 años tenía mucha influencia: el nacionalismo católico, que a su vez tenía predicamento en las Fuerzas Armadas. De esa caótica confluencia surgió el golpe de Estado de junio de 1966, que fue el punto de partida del caos posterior. Y de la época de Illia quedan algunos recuerdos: casi pleno empleo, baja inflación, 10% de aumento anual del PBI, republicanismo.
Fuente: La Nación
Foto: Archivo Instituto Hipólito Yrigoyen
No hay comentarios:
Publicar un comentario