El convencional radical Jorge Monge opina que el rango constitucional del organismo debe incluir la mayor cantidad de facultades posibles para intervenir e investigar. Así mismo sostiene que la tarea del Tribunal de Cuentas debe reforzarse con los mecanismos de control en los que intervengan los partidos políticos, las organizaciones sociales y la sociedad toda.
Para Monge el texto magno debe consagrar rotundamente las mayores garantías de independencia para el desempeño del Tribunal de Cuentas, para evitar que los controlados condicionen su funcionamiento interno. Razón por la cual el convencional considera que además de establecer su autonomía funcional, “debe mencionarse expresamente que tiene la facultad de proyectar y ejecutar su propio presupuesto como también de nombrar y remover a sus empleados conforme las normas constitucionales”.
“La Sociedad requiere mejores organismos de control para la gestión que garanticen mayor transparencia de la tarea de administración y disposición de los dineros públicos. Y en ese orden debe restituirse al Tribunal la atribución de actuar los Juicios administrativos de responsabilidad, cuestión que estaba contemplada en nuestra Provincia desde el decreto Ley 4997 y que le fuera detraída en 1993 por la Ley 8738” expresó Monge.
El convencional del radicalismo, manifestó que “contemplamos la creación de una Fiscalía General en manos de la oposición que tenga intervención obligatoria en todas las actuaciones en que se postule la aprobación o el archivo de las rendiciones de cuentas y que además tenga facultades para iniciar investigaciones de oficio, realizar denuncias y apelar las resoluciones del Tribunal de Cuentas”.
Sobre la designación de miembros, Monge consideró que deben ser seleccionados mediante las instancias del Consejo de la Magistratura que garantiza los controles verticales, en los que interviene el cuerpo electoral, las instituciones intermedias, los grupos y los ciudadanos.
Monge señaló que “en el pasado inmediato la actuación del Tribunal no se ha caracterizado por acciones que permitieran evitar muchos casos de corrupción, ya que de hecho, los pocos funcionarios condenados por delitos contra la administración pública fueron en su mayoría por de denuncias e investigaciones del periodismo independiente y de la oposición en algunos casos. Lo cierto y concreto es que ha quedado en la memoria el cercenamiento de facultades por la Ley 8738, ha quedado en la memoria la creación de la Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados; cuya creación fue revestida con las argumentaciones de investigar posibles negligencias o inacciones del Tribunal de Cuentas en varios hechos sospechados de corrupción en diferentes gobiernos, pero lo único que hizo esa comisión investigadora fue allanar la sede del Tribunal y secuestrar documentación que involucraba, mencionaba o comprometía a algún legislador “.-
Por último, el convencional destacó que “los mejores controles al poder se dan con la participación responsable y comprometida de toda la sociedad”.-
ALEJANDRO CARBÓ
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Alejandro Carbó Ortiz nació en Paraná el 16 de abril de 1862 y murió en
Córdoba el 1º de julio de 1930. Se destacó como docente y legislador. Tres
de s...
Hace 4 días
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