viernes, 16 de mayo de 2008

Un millón de firmas para derogar las retenciones móviles

Con un fuerte respaldo de legisladores del macrismo la Coalición Cívica y la UCR la oposición parlamentaria intentó capitalizar políticamente la protesta del campo. Buscan un millón de firmas.
En un intento por captar el centro de la escena en medio del conflicto del sector agropecuario, los principales bloques de la oposición organizaron una audiencia pública donde abundaron los discursos a favor del campo y una iniciativa que impulsa reunir un millón de firmas para derogar la resolución 125 que implementó las retenciones móviles.Los representantes de la oposición mostraron un color político variado pero consolidando lo que podría sintetizarse como una centro derecha (UCR, Coalición Cívica, PRO), la que se presenta algo más disimulada por la participación de hombres como Rubén Giustiniani o Lisandro Viale ambos de reconocida filiación socialista.De hecho, hay que sumar todos los votos de esos bloques sobre las últimas elecciones presidenciales [UCR (17%), la Coalición Cívica (23%), el PRO (1,45%) y los Rodriguez Saa (7,71%)] para llegar a un total de 49,16% de los votos, contra el 45% que sacó CFK en octubre último.Sin embargo, otros bloques, de clara orientación de centro izquierda, se despegaron de la participación en la audiencia organizada ayer, como el del ARI Autónomo que lidera el diputado Eduardo Macaluse. Este bloque fue el resultado del quiebre del partido que fundó Lilita Carrió cuando su discurso viró hacia la derecha con el afán de incrementar su masa de electores.Durante tres horas los representantes de cada bloque político (y todo aquel participante que supo capturar el micrófono) fueron exponiendo los argumentos que reiteradamente daban la razón al campo en este conflicto que mantiene con el Gobierno nacional, en un tono que terminó sonando francamente demagógico.Por las entidades estuvieron presentes el presidente de la SRA, Luciano Miguens, el de CRA, Mario Llambías, también Daniel Assef en representación de Coninagro, el vicepresidente de la FAA, Pablo Orsolini, junto al multimediático Alfredo De Angeli. Todos ellos recibieron de los legisladores un “apoyo incondicional” a los reclamos del sector, que son esencial y manifiestamente uno, eliminar las retenciones móviles.Por si había alguna duda con respecto al rol de la oposición, el presidente de la UCR, Gerardo Morales, destacó que “no es casualidad que hoy (por ayer) estemos reunidos aquí todos los bloques (?), así fue siempre desde el comienzo del conflicto, el 11 de marzo”.El legislador aprovechó para señalar que mientras la oposición se reunía con los productores “para escuchar sus reclamos e intentar encontrar una solución”, la presidenta se entrevistaba con los dirigentes de la Unión Industrial Argentina para llegar a un acuerdo de cara al 25 de mayo. “No puede haber ningún pacto social si no se incluye al campo, señora presidenta”, disparó el dirigente radical.El jefe de la bancada radical en diputados, Oscar Aguad, excedió largamente los tres minutos acordados para cada expositor y se refirió al contexto actual como un momento “bisagra” del cual pronto “va a nacer otro país”. También Aguad invocó la Carta Magna para remarcar al carácter inconstitucional de las retenciones.“Los dirigentes del campo se quejan porque el Gobierno no tiene una política agropecuaria”, dijo Aguad ante la mirada de Luciano Miguens, pero “no se preocupen porque el Poder Ejecutivo no tiene ni una política agropecuaria, ni ninguna otra”, apuntó en una afirmación que lejos de disipar la preocupación la potencia.Los cuestionamientos acerca de la distribución del ingreso fue otro de los tópicos del encuentro, ante el renovado planteo desde las entidades de federalizar los recursos del país. “Hay que recuperar el estado federal en serio, y para ello es necesario que el Gobierno nacional tenga la voluntad política de redistribuir de una manera más justa las riquezas”, comentó Adrián Pérez, presidente del bloque de la Coalición Cívica.El segundo tema recurrente en la exposición de los legisladores fue el rol de los gobernadores provinciales afines al Gobierno nacional. En este punto fue la senadora Hilda Chiche Duhalde la encargada de transmitir inquietud a los ejecutivos provinciales que no respalden la eliminación de las retenciones móviles. “No van a poder volver a sus pueblos porque los van a echar a patadas”, pronosticó la esposa del ex presidente de la nación cuyo gobierno reimplantó las retenciones a la exportación por Resolución del ministerio de Economía tras haber sido elegido por la asamblea legislativa de 2002.El macrista Federico Pinedo eligió la alusión a la postración de los gobernadores provinciales, quienes están “sometidos a la billetera nacional”. De este modo reforzó el argumento federalista por el supuesto “uso discrecional” de los ingresos por retenciones por parte del Poder Ejecutivo. A su turno el senador cordobés Carlos Rossi, repitió la idea pero inspirado en otro medio de pago: “los gobernadores tienen miedo de perder la chequera” apuntó como símbolo del sometimiento de las provincias.Chiche Duhalde también advirtió que los ciudadanos “deben con el voto mejorar la calidad institucional” (¿en un anticipo a las elecciones legislativas de 2009?). La senadora propuso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como mediadora en el conflicto porque “es evidente” que el Gobierno “no va a dar marcha atrás” con la medida implementada. Pero el acuerdo de la oposición también dio lugar a algunos desencuentros. Mientras Morales pareció dar por sellado el fracaso definitivo del diálogo entre las entidades con el Gobierno, el senador santafecino Giustiniani subrayó la necesidad de que “las autoridades convoquen nuevamente a la mesa del diálogo”.Al finalizar la reunión, y tras tres horas de exposiciones, los legisladores adelantaron que en unos días más cada uno de los participantes recibirán el proyecto de ley para derogar las retenciones y para comenzar de ahí en más la recolección de un millón de firmas para eliminar la resolución 125, tal como lo había anticipado El Enfiteuta hace tres semanas. Prácticamente una convocatoria plebiscitaria dado el contenido político que en la actualidad adquirió el conflicto.

Fuente: El Enfiteuta

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