Camino al colapso

Por Gustavo Calleja *
La Argentina creció en base a un modelo energético nacional, estatal, racional y centralizado donde el Estado capturaba las rentas generadas. Tenía carácter estratégico, lo ideó Hipólito Yrigoyen y lo desarrolló la YPF de Enrique Mosconi que se ocupó de civilizar, descubrir, desarrollar, refinar y comercializar sus derivados; pero también generó el crecimiento de los subsistemas eléctrico y vial, a los que dotaba de los ingresos necesarios a través de los impuestos llamados Fondos Energéticos y Viales. La política la fijaba libremente el Estado Nacional. Se trabajaba con un horizonte de treinta años. Las energías no renovables financiaban a las renovables. En 1989 estábamos autoabastecidos, el 60 por ciento de la población tenía acceso al gas natural o a sus bienes sustitutos a precios similares (GLP), teníamos represas hidroeléctricas en construcción, reservas de gas y petróleo que alcanzaban a los 40 y 20 años, respectivamente, y un sistema vial nacional sin peajes y precios razonables.
La liquidación de ese modelo, concretada por Carlos Menem, y su reemplazo por el modelo de mercado consistió en la liquidación de los activos estatales, el abandono de la función planificadora y controladora del Estado, la indefensión de los usuarios convertidos en clientes cautivos. Además, nos interesa señalar especialmente la cesión de la multimillonaria renta petrolera que dotó a las multinacionales de millonarias ganancias libremente remitidas al exterior; así también se privilegió a los generadores eléctricos, a quienes se los eximió de las obligaciones que surgen de ser considerados servicio público y se los dotó de un Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que maximiza sus ganancias. Todos los actores del mercado decidieron no invertir en el país. Sin dudas, la actual crisis es producto de 18 años de desinversión.
Actualmente, las reservas de petro-gas apenas alcanzan a los cinco años, los yacimientos están agotándose, no existen nuevas represas en construcción, la generación eléctrica apenas cubre el consumo normal, Atucha II presenta atrasos inexplicables, sobre Atucha III no se habla, la cota de 83 metros de Yacyretá parece inalcanzable a pesar de los millones de dólares que anualmente se le asignan, las refinerías son las mismas que en 1989 y es insuficiente la producción de gasoil, la red troncal de gasoductos es la misma que en 1989 y tampoco alcanza la producción local, los contratos de exploración marina pecan de desconocidos y no favorecen los intereses nacionales, la gestión de la empresa estatal Enarsa muestra deficiencias en temas claves como los negocios con Bolivia y Venezuela.
El Gobierno no ha tocado ni una sola norma implantada en los noventa. Los generadores no son un servicio público y el MEM continua generándoles grandes ganancias. El Plan Energía Plus consiste en decirles a los empresarios que se las arreglen como puedan. Los aumentos de tarifas cargan sobre los supuestamente grandes usuarios el mantenimiento de las ganancias de las generadoras, que siguen libres de cualquier obligación de invertir. No hay solución posible si anualmente no se incorpora una potencia equivalente a dos Piedras del Aguila y una Atucha II.
En cuanto a hidrocarburos, la actual administración profundizó lo peor del modelo anterior, premiando a las petroleras con las leyes de desgravaciones en activo fijo y en exploración de hidrocarburos. Pero lo más grave es la sanción de la llamada Ley Corta , mediante la cual se cede a las provincias el dominio jurisdiccional del subsuelo. Somos el único país del mundo donde los estados provinciales administran un bien de tan alto valor estratégico. Los planes llamado Petróleo Plus, Gas Plus y Refinación Plus son premios a los no inversores, pues percibirán más por lo mismo. También nos haremos cargo de inversiones en sus refinerías, pendientes desde 1988. En momentos en los que el Banco Central ha extremado los controles para evitar la salida de dólares, los petroleros mantienen la prebenda de dejar en el exterior el 70 por ciento de sus ventas, sobre las que sería interesante ver si pagan el impuesto a los débitos y créditos bancarios.
De esta crisis de desinversión se sale con un vasto programa de sobreinversión. El financiamiento no debe surgir de tarifas sino de la recuperación de la renta del petróleo. Estamos hablando de una suma anual de 10.000 millones de dólares. Pero este camino requiere decisiones políticas que están muy lejos de un gobierno que se enrola en el progresismo cosmético pero que adhiere a las políticas de mercado. Resulta imprescindible recuperar las riquezas petroleras de los productores de la Ley de Hidrocarburos e invertirlas en generación nuclear e hidráulica y nuevas exploraciones. Los problemas seguirán en aumento, día a día la situación eléctrica se deteriorará y la actual crisis llegará a situaciones de colapso.
* Ex subsecretario de Combustibles de la Nación, vicepresidente del Moreno.
Fuente: Página 12