Por Sel Consultores
Efecto de las distorsiones del INDEC, el gasto real en protección social para los pobres es 28% más bajo que en 2006. Se ha señalado varias veces, que sin estadísticas confiables no se puede hacer buenas políticas, ni evaluar su desempeño. La falta de información o, más cuestionable aún, su distorsión, tiene consecuencias especialmente serias para la población en estado de privación. Si no se reconoce su existencia, no son sujetos de políticas sociales. Un subproducto de la alteración de los precios al consumidor es la subestimación del costo de la canasta básica de alimentos y, a continuación, de la incidencia de la pobreza en la población. Para el INDEC, en los dos últimos años esa canasta aumentó 13%. En cambio, si se la valoriza con precios relevados en forma independiente, el alza es de 57%. Con la canasta valuada con los precios del IPC, el INDEC concluye que desde 2006 la población en situación de indigencia cayó más de 1,7 millones (1). De la valuación independiente, por el contrario, resulta que aumentó en 0,5 millones. La diferencia entre una y otra es de 2,2 millones de personas. Para asistir a la población vulnerable, el gobierno tiene cinco programas Principales (2): • El Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (PJJHD), puesto en marcha en 2002 como respuesta a la crisis, atiende a personas con dificultades de inserción laboral. En su momento de mayor cobertura alcanzó a unos 2 millones de hogares; en el tercer trimestre de 2008 quedaban 556.000 beneficiarios. • El Seguro de Capacitación y Empleo, brinda apoyo a desocupados transferidos del PJJHD en la búsqueda de empleo y la actualización de sus competencias (3). La meta del programa en 2008 fue de unos 140.000 beneficiarios mensuales promedio. • El Plan Familias transfiere ingresos a hogares en situación de vulnerabilidad social por número de hijos y elevada deserción escolar, que tienen menores posibilidades de sostenerse mediante el empleo (4). A fines de 2007 llegaba a 540.000 familias. • El Plan de Seguridad Alimentaria asiste a hogares en situación de riesgo social a través de comedores comunitarios, distribución de bolsas de comida, y tickets para compra de alimentos. No hay información sobre el número de personas que cubre. • El Programa de Pensiones no contributivas, proporciona asistencia a personas y hogares sin amparo previsional, que no poseen bienes o ingresos que permitan su subsistencia (5). En 2007 el número de beneficiarios de este programa fue de 230.000 (140.000 madres de 7 ó más hijos y 90.000 por vejez) (6). En 2008, el gasto devengado de estos programas fue de $6.350 millones, equivalentes a poco más del 0.6% del PIB (7). En términos nominales ese monto es 30% más alto que en 2006. La cuestión relevante, desde luego, es cuál ha sido su evolución en términos reales, tanto respecto del poder adquisitivo transferido, como con relación al número de personas en situación de riesgo social. Si se define esta población como la que está debajo de la línea de indigencia, lo correcto es ajustar el gasto nominal en planes sociales, por el costo de la canasta básica de alimentos (que es precisamente la que define esa línea) y por el número de personas en esa situación de pobreza extrema. Es aquí donde, dependiéndole que se admita como válida la valuación de la canasta básica con los precios del INDEC y las cifras de indigencia que se desprenden de ella, o bien que se adopte la calculada con los precios relevados en forma independiente y la estimación de indigencia a partir de esta última, se arribará a conclusiones muy diferentes. Como se señaló arriba, en el bienio 2006-2008 el gasto en planes sociales aumentó 30%. En ese mismo período, para el INDEC la canasta básica de alimentos se encareció 13%, al tiempo que el número de indigentes cayó 49% (8). Esto lleva a concluir, en la versión con los datos del INDEC, que el gasto asistencial real por persona en situación de indigencia más que se duplicó entre 2006 y 2008. En cambio, con los precios relevados en forma independiente, la canasta básica de alimentos aumentó 57%, y la población indigente creció 14% (9). Ajustando el gasto nominal con estas variaciones, el resultado es que, en términos reales, el gasto por persona en estado de extrema pobreza tuvo una caída próxima a 28%. Como se aprecia, con la subestimación del costo de la canasta básica de alimentos por parte del INDEC no sólo se infiere erróneamente que la indigencia bajó a la mitad, sino que, también erróneamente, se concluye que la asistencia a la población remanente en riesgo social se multiplicó por dos (con un valor tres veces más alto que el del cálculo independiente). Parece claro que la distorsión estadística muestra un cuadro confundido de la realidad. Esto lleva, a veces inadvertidamente, a construir un diagnóstico incorrecto, que -como se dijo al comienzo y este examen sugiere- impide hacer buenas políticas y calificar los resultados. En este caso, quizás más que en cualquier otro, con consecuencias que afectan negativamente las condiciones de vida de los más vulnerables. 1. Estimación para el total urbano a partir de las tasas del INDEC, entre el segundo semestre de 2006 y el primer semestre de 2008. 2. Algunos gobiernos provinciales también tienen planes sociales. Los de mayor cobertura son los de la provincia de Buenos Aires. En esta última los más extendidos son el más tradicional Servicio Alimentario Escolar, y la innovadora tarjeta Alimentos, una tarjeta de débito recargable mensualmente para la compra de alimentos en los comercios habilitados con el sistema posnet. Esta tarjeta se distribuye entre madres embarazadas, en período de lactancia y con hijos menores a 6 años; no se puede utilizar en cajeros automáticos. Recientemente el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha anunciado una asignación de $100 por cada hijo menor de 6 años en los hogares que no la reciben en sus empleos o sus miembros estén desocupados. 3. Los períodos que los beneficiarios perciban la prestación no remunerativa son computados como tiempo efectivo de trabajo a los efectos previsionales. 4. La mayor parte de los beneficiarios del Plan Familias son traspasos del PJJHD. Pueden optar por el traspaso los beneficiarios del PJJHD con nivel educativo inferior al secundario completo y que tengan a cargo dos o más hijos menores de años, o discapacitados de cualquier edad. 5. De este último se consideran como relevantes a los fines de asistencia a la población vulnerable las que se otorgan a madres de más de 7 hijos y a los mayores de 70 años sin pensiones contributivas. Estos componentes insumen el 53% del gasto del programa. Quedan fuera las pensiones por invalidez y las comprendidas en leyes especiales. 6. La información del Ministerio de Desarrollo Social es confusa. En el informe de logros aparece, en una misma página, dos gráficos con una diferencia para 2007 de más de 150.000 pensiones no contributivas. Se optó aquí por los datos desagregados por componentes. 7. La información oficial sobre el gasto devengado en 2008 llega hasta octubre. El monto indicado resulta de anualizar el acumulado hasta ese mes. Incluye los gastos de administración de los programas. 8. Para el INDEC, la canasta básica de alimentos pasó de un promedio de $128 en 2006, a $145 en 2008. Según la misma fuente, el número de indigentes estimado para el total urbano, cayó de 3,6 millones a 1,8 millones. 9. Con esta medición, la canasta básica de alimentos aumentó de $128 en 2006 a $201 promedio en 2008. El número de indigentes, por su parte, creció de 3,6 millones a 4,1 millones.
Fuente: Escenarios Alternativos http://www.escenariosalternativos.org
ALEJANDRO CARBÓ
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Alejandro Carbó Ortiz nació en Paraná el 16 de abril de 1862 y murió en
Córdoba el 1º de julio de 1930. Se destacó como docente y legislador. Tres
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Hace 4 días
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