El Bloque de Diputados Provinciales de la UCR presentó un proyecto alternativo de ley de hidrocarburos

El Bloque de Diputados Provinciales de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos presentó un proyecto alternativo de ley de hidrocarburos.
El Diputado José Antonio Artusi manifestó que se lo hizo por considerar que el remitido a la Legislatura por el Poder Ejecutivo Provincial "abriría las puertas al saqueo de nuestros recursos naturales si es que algún día se descubre petróleo en Entre Ríos; está basado en la concepción entreguista y anti nacional que dominó la política de hidrocarburos desde 1989, de la mano de Menem y los Kirchner, que privatizaron YPF y Gas del Estado y entregaron a las multinacionales los yacimientos con el engaño de un falso federalismo y enfrentando de manera absurda a provincias productoras y no productoras de hidrocaburos".El proyecto del bloque radical - firmado por la totalidad de sus integrantes, Mirta Alderete, Marcelo López, Jaime Benedetti, Oscar Cardoso, José María Miser y José Antonio Artusi - propone que la aplicación e interpretación de la ley que regule la explotación de hidrocarburos se ajuste a los siguientes principios de política energética y ambiental: Desarrolllo sostenible, equidad y solidaridad intrageneracional e intergeneracional, racionalidad en la explotación de los hidrocarburos como recursos naturales estratégicos no renovables, soberanía y autodeterminación energética, planificación del desarrollo energético y captación de la renta hidrocarburífera por parte del Estado, promoción de la industrialización de petróleo y gas en territorio entrerriano, satisfacción del derecho al acceso a la energía para todos los habitantes de la provincia, e integración energética con las demás provincias argentinas y con países vecinos y articulación de la política de hidrocarburos con la Nación.En los fundamentos del proyecto, los legisladores de la UCR recuerdan que "las privatizaciones de YPF y de Gas del Estado y la seudo-“provincialización” de los recursos naturales, de la mano de un falso federalismo, fueron los mecanismos perversos para que el pueblo argentino perdiera el manejo estratégico de sus hidrocarburos y resignara una parte sustancial de la renta petrolera, que en el pasado, durante 7 décadas, contribuyó de manera importante a la concreción de la red vial, el parque hidroeléctrico, la red gasífera, y la redistribución de la riqueza".También se señala que "la gran diferencia de este proyecto con respecto al que remite el Poder Ejecutivo es que el nuestro impide – siguiendo la línea histórica del modelo nacional y racional de YPF y Gas del Estado – la posibilidad de otorgar concesiones de explotación a empresas privadas. Hacerlo significaría, por parte de la provincia, convalidar el modelo de saqueo y entrega de nuestra renta petrolera que inició Menem y que continúa vigente. Por el contrario, se deja abierta la posibilidad de la concurrencia del capital privado de riesgo en la etapa de exploración, pero descubierto el yacimiento la provincia sólo puede otorgar la respectiva concesión a una empresa estatal, que reconoce a su vez el esfuerzo de la empresa privada al contratarla a los efectos de la explotación del recurso, pero reservándose el dominio y la capacidad de decisión (por ejemplo, para industrializar los hidrocarburos en nuestro territorio). De esta manera, la renta petrolera no sólo quedaría en la provincia a través de las regalías y los impuestos, si no también por intermedio de las utilidades y las inversiones de la empresa estatal a crearse, ya que – de otra manera – los recursos emprenderían, al decir de Mosconi, “el camino del mar”, vale decir, constituirían remesas al exterior de filiales de las grandes empresas multinacionales del sector".Finalmente, los diputados radicales consideran que la normativa deberá procurar "evitar el saqueo de nuestros recursos en el futuro y propender a una armoniosa articulación de los intereses de la provincia con los de la Nación, en el espíritu del verdadero federalismo que debemos defender. La legislación provincial a su vez deberá tender a orientar las futuras reformas que necesariamente deberán introducirse en la normativa nacional, en busca de retomar la concepción de los hidrocarburos como recursos estratégicos que el Estado debe poner al servicio del desarrollo sostenible, con autodeterminación nacional y redistribución equitativa de la riqueza".