Entregar el petróleo es como entregar nuestra bandera

Por José Antonio Artusi
Textual: Fundamentos del proyecto de ley de hidrocarburos presentado el 19 de Marzo de 2009 por el bloque de diputados provinciales de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos, de autoría del diputado José Antonio Artusi.

Honorable Cámara:

“Entregar el petróleo es como entregar nuestra bandera”
Gral. Ing. Enrique Mosconi

En la sesión del 19 de Noviembre de 2008 ingresó a esta Cámara un proyecto de Ley de Hidrocarburos con el correspondiente Mensaje, remitido por el Poder Ejecutivo Provincial. El presente proyecto de ley pretende constituir una alternativa superadora de aquel, por considerarlo inadecuado y contrario a los intereses de la Provincia y de la Nación de la que formamos parte indisoluble, como se intentará demostrar en estos fundamentos.
No podemos dejar de señalar que hubiéramos preferido transitar un proceso de elaboración de esta iniciativa mucho más participativo y menos apresurado, pero es precisamente la injustificada celeridad que parece advertirse en algunos funcionarios y legisladores oficialistas lo que nos mueve a plantear nuestra disidencia con el proyecto del Ejecutivo y una propuesta alternativa que entendemos es claramente más compatible con la defensa de los intereses de los entrerrianos, en armonía con los de la Nación.
Se sostiene en el Mensaje del Poder Ejecutivo que “ la Constitución Nacional de 1994, en su artículo 124º estableció, tras un arduo debate de los constituyentes, que los recursos del subsuelo son dominio de los Estados provinciales donde se encuentran. Esta determinación significó un giro copernicano en la gestión de recursos naturales. En materia hidrocarburífera, ya en 1989 los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional Nº 1055, 1212 y 1589, ratificados posteriormente por la Ley nacional Nº 24.145, establecieron la desregulación del sector, modificando sustancialmente la operatividad de la Ley nacional Nº 17.319, que rige la actividad desde 1967. Hasta entonces, el Estado nacional, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado -YPF SE- era el responsable de la exploración, explotación y comercialización de los hidrocarburos en el país. La concentración decisoria en manos de la estatal, se mantuvo hasta 1990, cuando mediante el Decreto PEN Nº 2778 la Sociedad Estatal es transformada en Sociedad Anónima en los términos de la Ley N º 19.550 y se procede a iniciar la desintegración vertical de la empresa estatal.” Es altamente llamativo que se omita en el mensaje del Ejecutivo toda consideración valorativa sobre el proceso de entrega y saqueo de nuestros recursos hidrocarburíferos, iniciado precisamente en 1989, durante la presidencia de Carlos Menem, al amparo de las normas mencionadas. Es por ello que se hace necesario dejar en claro que “el programa de privatización y aniquilación del Estado como gestor, contralor y planificador del sector comienza en 1989 con las leyes nacionales 23.696 (de Reforma del Estado), 23.697 (de Emergencia Económica) y una serie de decretos. Prosigue con la conversión de YPF en Sociedad Anónima y la fijación de un cronograma de privatizaciones para el sector, para ceñirse en 1992 con las leyes 24.076 (Privatización de Gas del Estado) y 24.145 (Privatización de YPF SA y Federalización de los yacimientos de hidrocarburos). No obstante haber privatizado las dos empresas clave del sector, el programa petrolero neoliberal hubiera quedado inconcluso sin la inserción del artículo 124 en la reforma de la Constitución Nacional de 1994, que sustenta el aspecto “federal” del dominio jurídico de los hidrocarburos”. (1)
Continúa el mensaje del Ejecutivo aseverando que “la sanción de la Ley nacional Nº 24.145 se ratifica el proceso de desregulación y se establece la “provincialización” de los hidrocarburos. Esas normas permitieron a terceros privados acceder a áreas de exploración y a su explotación, mientras que la titularidad del recurso pasó a los Estados provinciales”. Se consigna más adelante que “la reciente sanción de la Ley nacional Nº 26.197, denominada “ley corta”, ratifica el traspaso pleno de los recursos y los contratos vigentes a las Provincias, estableciendo plazo para la elaboración de una nueva norma federal que garantice el desarrollo sectorial.” El juicio de los investigadores que hemos citado, Federico Bernal, Ricardo De Dicco, y J. F. Freda, con respecto a la “provincialización” de los recursos hidrocarburíferos, es terminante: “la provincialización no sólo es y ha sido la instancia más próxima a la privatización del subsuelo, sino que significa una privatización encubierta. Esta aseveración resulta irrefutable a la luz de dos hechos: 1) cada vez que pasó por la Casa Rosada un gobierno democrático y popular, las oligarquías provinciales (incluida la porteña) alzaban el sofisma de la federalización para debilitar la acción unificadora y estatizadora del gobierno; 2) la transferencia de la renta hidrocarburífera del Estado al sector privado en los años 90 primero pasó por la provincialización de los activos de YPF... La provincialización en Argentina marcha irresponsablemente a contramano de la tendencia mundial orientada hacia la fusión y centralización de las compañías petroleras y energéticas (estatales y privadas) , la aglutinación de naciones en bloque culturales, político-económicos y hasta militares, movilizadas fundamentalmente por factores geopolíticos energéticos… La provincialización logró además remover al país de la mesa de negociaciones, colocando en su lugar a provincias que nada pueden hacer ante la opulencia de ingresos y ganancias de las compañías. No sólo eso, sino que , comparativamente con la Nación (y las operadoras), sus magros productos brutos geográficos, su escasa población y posibilidades físicas de crecimiento y desarrollo económico autolimitan sus argumentos a la hora de solicitar mejores condiciones o mayores porcentajes de la renta…” (2)
La opinión del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO) sobre la “provincialización” y la denominada “ley corta”, a la que tilda de “ley de emiratos” no es menos contundente: “Se ha consumado, en la práctica, la más ignominiosa entrega del patrimonio hidrocarburífero perteneciente a todos los argentinos, a las multinacionales petroleras . El Gobierno Nacional y sus socios han incumplido con el mandato constitucional vigente, resignando la soberanía energética y renunciando a la herramienta fundamental en cuanto hace a la captura de rentas y al consiguiente poder necesario para lograr proveer a la defensa nacional y promover el bienestar de su pueblo... Ese falaz concepto de federalismo, pregonado por gobernadores inescrupulosos y serviles a las petroleras, y convertido en un dogma insensato contra las provincias más pobladas o de la pampa húmeda - a las que se culpa de todos los males cuando han sido sus habitantes quienes más han contribuido al desarrollo energético de la Nación- ha transferido la mayor riqueza común de todos los argentinos a capitales extranjeros, a los que Enrique Mosconi llamaba los " trusts internacionales del petróleo ". Al mismo tiempo reparte inequitativamente las riquezas del subsuelo: habrá una minoría de argentinos muy favorecidos (6.000.000) y una gran mayoría de perjudicados (32.000.000), situación que se agrava ante la crisis social en que estamos inmersos. Se habrá quebrado así el sistema solidario nacido con Y.P.F. Una antinomia mentirosa se ha creado entre quienes representamos una posición nacional y los compatriotas que creen defender los intereses de sus provincias; en realidad estamos discutiendo por la apropiación de una riqueza que hoy no es de la Nación , ni de las Provincia, pues se la llevan las multinacionales del petróleo…Podrá observarse que los grandes presidentes de nuestra historia energética como Yrigoyen, Alvear, Perón e Illia, sin dejar de mencionar a quienes desde José Figueroa Alcorta hasta Raúl Alfonsín -en el transcurso de su mandato- no adoptaron una concepción provincialista sobre la propiedad del subsuelo…Esos Presidentes, con altibajos y diferencias, aplicaron una política de Estado con concepción nacional, siguiendo la línea fijada por Enrique Mosconi en agosto de 1929: la toma del mercado significaba la continuidad del 9 de Julio, pues es ilusoria la independencia política si no se obtiene la económica” (3)
Las privatizaciones de YPF y de Gas del Estado y la seudo-“provincialización” de los recursos naturales, de la mano de un falso federalismo, fueron de este modo los mecanismos perversos para que el pueblo argentino perdiera el manejo estratégico de sus hidrocarburos y resignara una parte sustancial de la renta petrolera, que en el pasado, durante 7 décadas, contribuyera de manera importante a la concreción de la red vial, el parque hidroeléctrico, la red gasífera, y la redistribución de la riqueza. Ricardo De Dicco señala, citando un estudio de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, 2005), que “la participación del Estado en la renta petrolera decreció de un 44,6% en 2001 a un 36% en 2004 y 2005 mientras el resto fue acumulado por las empresas privadas. Al momento de la privatización total de YPF en 1999, el Estado participaba con casi el 42% de la renta petrolera…A modo comparativo, mientras que en Argentina el Estado participa con el 36% de la renta petrolera, en Ecuador y en Venezuela la participación del Estado fue de casi 67%. Ello no sólo se debe al bajo porcentaje de las regalías (12% cuando deberían ser del 50% para las provincias y 25% para el Estado nacional), sino a la inexistencia de una petrolera estatal.” (4)
A un lector desinformado y desprevenido que lea el mensaje del Poder Ejecutivo puede parecerle que la historia de la legislación petrolera y gasífera en la Argentina nació en 1994. No deja de ser sorprendente, sobre todo por provenir de un gobierno conducido por quienes se dicen seguidores de las ideas del ex presidente Juan Domingo Perón. No podrá encontrarse en el mensaje del Ejecutivo la más mínima mención al Artículo 40º de la Constitución Nacional de 1949, que establecía que: “Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación , con la correspondiente participación en su producto, que se convendrá con las provincias”. Tampoco podrá hallarse, a pesar de los recientes homenajes brindados a su memoria, ninguna referencia a las ideas del concordiense Arturo Sampay, convencional constituyente de 1949 mentor del referido artículo 40, y uno de los forjadores del constitucionalismo social en nuestro país, que sostuvo en ese momento: "Porque la nacionalización o estatización de los servicios públicos -que es lo mismo- al suplantar el espíritu y la organización capitalista de su gestión, permite fijar el precio y la distribución del servicio no en procura del lucro privado, sino por criterios de utilidad social…”.
Gustavo Calleja expresa que “ la Ley de Nacionalización que no pudieron conseguir ni Yrigoyen ni Alvear se plasma en el Art. 40 de la Constitución Nacional de 1949; …. El autor del mencionado artículo fue el miembro informante de la mayoría de la Comisión Revisora de la Constitución Arturo Sampay, un destacado constitucionalista… Decía Sampay: “No puedo menos que recordar con emoción a aquel gobernante argentino, Hipólito Yrigoyen, que pocos meses antes de su derrocamiento decía `que el subsuelo mineral de la República no puede ni debe ser objeto de otras explotaciones que las de la Nación misma”.” (5)
Calleja considera que “Yrigoyen fue el primer presidente en comprender en su real significado el tema petrolero y, especialmente, la importancia de su explotación exclusiva y soberana por parte del Estado Nacional, en cuanto a la captura de las rentas derivadas y su inversión en pos de la elevación del nivel de vida de los desposeídos, el crecimiento industrial con su paralela ruptura del modelo de la dependencia no competitiva vigente con Inglaterra y la ocupación efectiva del territorio nacional en base a la explotación integral de los hidrocarburos y a la efectiva presencia del poder nacional. Como sostiene Ricardo Rojas, era conciente que necesitaba las riquezas del subsuelo para hacer realidad una de sus más claras premisas: “La democracia no consiste sólo en la garantía de la libertad política; entraña a la vez la posibilidad para todos de poder alcanzar un mínimo de felicidad siquiera”…” “La visión de Yrigoyen en defensa del desarrollo industrial de la República se manifiesta cuando señala: “El petróleo se debe utilizar para el desarrollo de las industrias nacionales, pero desechando la idea de acelerar la extracción para llegar a exportarlo; esa riqueza es más útil al País en estado de combustible que transformada en valor metálico”. Mencionamos en esta charla a la actual posición del Presidente Lula, pero cómo no va a tener vigencia este concepto yrigoyeneano si en la actual crisis energética integral de nuestro país las exportaciones indiscriminadas, unidas a una explotación intensiva e irracional de los yacimientos, son y han sido las causas principales de la misma. Los argentinos apenas hemos tenido petróleo y gas para autoabastecernos, pero nunca para exportarlo, como es el caso de Venezuela, por ejemplo.” (6)
Al conmemorarse el año pasado el 101º aniversario del descubrimiento del petróleo argentino, decíamos que “los argentinos debíamos renovar nuestro compromiso en pos de recuperar nuestra soberanía energética, la renta petrolera al servicio del desarrollo y el bienestar del pueblo argentino, y la empresa estatal nacional que fue su sostén durante 7 décadas: Yacimientos Petrolíferos Fiscales, obra ideada por Hipólito Yrigoyen, consolidada por Marcelo de Alvear, engrandecida por funcionarios incorruptibles y patriotas como Enrique Mosconi, y defendida por un Presidente que cumplió sus promesas electorales en defensa del interés nacional como Arturo Illia. Ni los conservadores fraudulentos de la "década infame" ni los militares genocidas del "Proceso" se animaron a consumar la entrega del petróleo a las multinacionales que realizaron - sin avergonzarse - menemistas y kirchneristas en la hoy cínicamente denostada década de los ´90. Repsol no es YPF, y que utilice su nombre y sus colores (hasta para exhibirse como "hincha oficial" de la Selección de Fútbol...!) es una afrenta que los argentinos no debemos tolerar y que sólo puede darse en una sociedad adormecida que parece haber perdido la conciencia de la dignidad nacional… ;el petróleo es un recurso natural no renovable, de carácter estratégico, que debe resguardarse y explotarse en pos de obtener una renta que sirva - como lo hacía YPF - para financiar obras de infraestructura de transporte y de energías renovables, como la hidroeléctrica; que sustenten nuestra autodeterminación y soberanía energética en el futuro”
De todos modos, la denominada “ley corta” y la ley de hidrocarburos (en rigor, un bando militar de Onganía) son una realidad y mientras estén vigentes a ellas deberemos adaptarnos en lo que sea inevitable, procurando de todos modos evitar el saqueo de nuestros recursos en el futuro y propendiendo a una armoniosa articulación de los intereses de la provincia con los de la Nación , en el espíritu del verdadero federalismo que debemos defender. La legislación provincial a su vez deberá tender a orientar las futuras reformas que necesariamente deberán introducirse en la normativa nacional, en busca de retomar la concepción de los hidrocarburos como recursos estratégicos que el Estado debe poner al servicio del desarrollo sostenible, con autodeterminación nacional y redistribución equitativa de la riqueza.
Hemos sostenido en los fundamentos de un proyecto de resolución que “el mercado petrolero y de combustibles, en la Argentina y en el mundo, por razones técnicas y económicas que no es del caso detallar aquí en profundidad, es un mercado profundamente concentrado, en manos de pocos y poderosos actores que tienden a manejar una gran capacidad de maniobra en la fijación de los precios. Se trata, en general, de mercados monopólicos u oligopólicos, donde las leyes del mercado de la economía clásica, basadas en la libre competencia y en la interrelación de productores y consumidores como factores de la fijación de los precios no se verifica. Por el contrario, un número reducido de empresas poderosas frente a un vasto universo de consumidores individuales con escasa o nula capacidad de intervención en el mercado, configuran un esquema donde las grandes petroleras fijan las reglas del juego, en procura de maximizar sus beneficios. Esta sencilla razón, basada en la más pura ortodoxia de la economía clásica, y sin necesidad en absoluto de recurrir a tesis de raigambre marxista, es la que explica que durante décadas en la Argentina –hasta el gobierno de Carlos Menem – y desde siempre hasta ahora en la mayor parte de los países del mundo, el mercado petrolero y gasífero sufre una importante y decisiva intervención del Estado nacional, ya sea como empresario o como socio de las empresas privadas, o bien como regulador activo en procura de captar una parte sustancial de la renta petrolera para volcarla en beneficio del desarrollo de sus propias economías. Fue esa sencilla razón la que llevó a Yrigoyen, Alvear y Mosconi a perseguir con obstinación la creación y engrandecimiento de YPF y a romper los lazos de dominación colonial que significaba la presencia de empresas extranjeras pretendiendo imponer condiciones lesivas al interés nacional. Fue la misma razón la que llevó a Juan Domingo Perón a crear Gas del Estado.”
La gran diferencia de este proyecto con respecto al que remite el Poder Ejecutivo es que el nuestro impide– siguiendo la línea histórica del modelo nacional y racional de YPF y Gas del Estado hasta la ley de hidrocarburos de Onganía – la posibilidad de otorgar concesiones de explotación a empresas privadas. Hacerlo significaría, por parte de la provincia, convalidar el modelo de saqueo y entrega de nuestra renta petrolera que inició Menem y que continúa vigente. Por el contrario, se deja abierta la posibilidad de la concurrencia del capital privado de riesgo en la etapa de exploración, pero descubierto el yacimiento la provincia sólo puede otorgar la respectiva concesión a una empresa estatal, que reconoce a su vez el esfuerzo de la empresa privada al contratarla a los efectos de la explotación del recurso, pero reservándose el dominio y la capacidad de decisión (por ejemplo, para industrializar los hidrocarburos en nuestro territorio). De esta manera, la renta petrolera no sólo quedaría en la provincia a través de las regalías y los impuestos, si no también por intermedio de las utilidades y las inversiones de la empresa estatal a crearse, que – de otra manera – emprendería, al decir de Mosconi, “el camino del mar”, vale decir, constituirían remesas al exterior de filiales de las grandes empresas multinacionales del sector.
Por lo demás, el articulado de nuestro proyecto en algunos aspectos coincide formalmente con el del Poder Ejecutivo, sobre la estructura temática de la ley de hidrocarburos y de leyes provinciales de provincias hermanas que la han tomado como modelo; pero - vale la pena reiterarlo y enfatizarlo - con aquella diferencia de fondo que lo hace totalmente diferente en lo sustancial
Consideramos imperioso dejar sentado que estamos convencidos de que el presente proyecto se inscribe – en la medida de lo posible dadas las circunstancias – en el marco de los postulados doctrinarios históricos de la Unión Cívica Radical; los de Yrigoyen, de Alvear, de Mosconi, de Lebensohn, de Balbín, de Perette, de Illia. En tal sentido, cabe recordar que en las Bases de Acción Política sancionadas por la Convención Nacional en 1948 se planteaba, en el punto V, la “nacionalización de los servicios públicos, energía, transporte, combustibles y de aquellas concentraciones capitalistas que constituyen “carteles” o monopolios, resguardando en tal forma el ámbito de la iniciativa privada en su realidad creadora. Administración de los sectores nacionalizados por entes autárquicos nacionales y provinciales.” Mientras que las Bases de Acción Política sancionadas el 14 de Octubre de 1990 postulaban que “el Estado manejará los recursos energéticos, la ampliación de sus disponibilidades, el uso intensivo de los recursos renovables garantizando la igualdad de oportunidades para todos en materia de disponibilidad energética actual y futura en condiciones comparables de continuidad, calidad y acceso para todos los habitantes". (7)
Por las razones expuestas, es que solicitamos el pronto y favorable tratamiento del presente proyecto de ley.-

Bibliografía consultada:
1) y 2) Bernal, Federico; De Dicco, Ricardo, y Freda, José Francisco; Cien años de petróleo argentino: descubrimiento, saqueo y perspectivas; Buenos Aires, Capital Intelectual, 2008.

3) Editorial del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO), Buenos Aires, 30 de noviembre de 2006, en InfoMORENO nº 178.

4) De Dicco, Ricardo; 2010 ¿Odisea energética?: Petróleo y crisis, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2006.

5) y 6) Calleja, Gustavo; Yrigoyen, YPF y el petróleo, en internet http://www.impulsobaires.com.ar/nota.php?id=58670

7) Bases de Acción Política de la Unión Cívica Radical, 1948 y 1990.