jueves, 29 de abril de 2010

Bonafini y los juicios populares

Por Rogelio Alaniz
Escribo esta nota el jueves a la mañana, por lo que desconozco el desenlace del juicio popular “ético y político” contra los periodistas supuestamente comprometidos con la dictadura militar, organizado por las Madres de Plaza de Mayo que responden a Hebe de Bonafini. En realidad, no es necesario esperar hasta el jueves a la tarde, porque la condena ya ha sido emitida mucho antes, verificándose el principio de que los juicios populares no son más que puestas en escena con resultado previsible, lo opuesto a un juicio real donde se debate acerca de la culpabilidad o inocencia del imputado que -no olvidarlo- será siempre una persona en singular y nunca un colectivo social como en este caso.

Lo que corresponde preguntarse a continuación, es acerca de las consecuencias prácticas de esta condena. En principio no tiene ninguna, como tampoco la ha tenido el juicio popular que hace un año la misma institución celebró contra Martínez de Hoz. Sus efectos son simbólicos y, en todo caso, interesa interrogarse acerca de las consecuencias políticas de estos efectos simbólicos. Al respecto también podría decirse que la condena no agrega nada a lo que ya conocemos, es decir, no aporta ningún dato relevante acerca de lo que los jueces y la opinión pública en general, ya saben respecto de los “procesados”.

Como se dice en estos casos, es más de lo mismo, porque los supuestos testigos y fiscales repetirán su conocida cantinela y la defensa, sustancial a cualquier juicio, brillará por su ausencia, más allá de que el flamante tribunal ha accedido a la presencia de un “defensor oficial” cuya objetividad y empeño para argumentar a favor de sus defendidos es más una mascarada que otra cosa, recordando en ese sentido las peores experiencias de los “juicios populares” de las dictaduras totalitarias, en las que el defensor concluye solicitando una condena superior a la de los fiscales o, como en el caso del juicio contra Severino Di Giovanni, promovido por la dictadura militar de Uriburu, cuando el defensor oficial concluyó castigado por haberse esmerado demasiado en el cumplimiento de su rol.

Digamos, para ser serios, que los verdaderos juicios son los que se realizan en el marco de un estado de derecho, y no esta payasada que se celebra en nombre de los derechos humanos, violentando todos los principios que constituyen la cultura de los derechos humanos. Lo que de todos modos llama la atención es que en un contexto político en el que se están celebrando juicios en los tribunales contra los protagonistas del terrorismo de estado, al mismo tiempo se impulse esta iniciativa. ¿No les alcanza con lo que se está haciendo o existe alguna otra intencionalidad política que va más allá del juzgamiento del pasado?

En principio, resulta sospechosa la sintonía entre la iniciativa de Bonafini con los reiterados discursos de los Kirchner contra el periodismo y las empresa periodísticas. Sin ir mas lejos, esta semana Kirchner proclamó que el principal partido opositor son los periodistas, los periodistas que lo critican claro está. Kirchner da por sentado que la oposición en la Argentina está liquidada por lo que, la única oposición -¿por qué no barrera?- que queda en la Argentina son los periodistas, una afirmación que en caso de ser cierta seria gravísima porque, palabras más palabras menos, estaríamos en la antesala de la dictadura.

La conexión entre el juicio popular de Plaza de Mayo y el gobierno, merece mencionarse porque el episodio adquiere significado porque el Estado lo alienta, lo estimula o lo consiente. Conversando en estos días con un dirigente judío sobre el antisemitismo , me decía que los prejuicios contra los judíos siempre están latentes en las sociedades occidentales, pero el tema de ja de ser un prejuicio antipático cuando ese antisemitismo larval es asumido por el Estado, porque es entonces cuando se instala la persecución y el progrom.

Algo parecido ocurre con la iniciativa de Bonafini. Sin el apoyo del Estado el “juicio popular” no dejaría de ser un acto promovido por un puñado de lunáticos sin otra consecuencia que la que pueden provocar un grupo de inadaptados sociales. En las sociedades democráticas se sabe que hay que convivir con extremistas, resentidos y alienados de diferente calaña que en la mayoría de los casos suelen ser insignificantes minorías, pero el tema adquiere centralidad cuando el Estado se transforma en el avala y el garante de estas prácticas.

Se dirá que el gobierno de los Kirchner ha condenado o ha tomado distancia de esto. Más o menos. Algunos funcionarios lo han hecho, otros han guardado silencio y algunos lo han justificado en nombre de la libertad de expresión, una respuesta donde no se sabe si celebrar el sentido del humor o condenar el descarnado cinismo. Por otro lado, nadie ignora que en los anaqueles de la picardía política un libreto al que se recurre con frecuencia es el de criticar de la boca para afuera mientras que por debajo de la mesa se estimula y se financia lo mismo que se condena. Esta verdad del poder la conocen todos los déspotas del planeta, y en la Argentina desde Juan Manuel de Rosas a Videla, todos los dictadores han repudiado o han hecho sugestivo silencio a los crímenes o desbordes de los mazorqueros de turno. Es por eso que no hace falta ser un pesquisa o un paranoico para percibir la estrategia común de los Kirchner con Bonafini: la condena al periodismo y a los periodistas.

Alguien dirá que el juicio no es contra los periodistas, sino contra los periodistas comprometidos con la dictadura. No lo creo. Y mucho menos lo creo después de que enchastraron las calles con fotos de periodistas, muchos de ellos progresistas, como si fueran delincuentes, porque lo único que faltó fue de que debajo de la foto estuviera el celebre “WANTED, vivo o muerto”. Asimismo llama la atención al observador más distraído la mezcla de personajes ¿Qué tiene que ver Magdalena Ruiz Guiñazú, integrante de la CONADEP con Mariano Grondona, apologista del proceso? Aparentemente nada, salvo el dato cierto y real que los dos, por diferentes razones, son opositores. Esta mezcla, esa suerte de cambalache autoritario, es también un recurso clásico de las técnicas autoritarias de propaganda, en la que el culpable, el malo, el contrarevolucionario, puede ser cualquiera.

Las opiniones de Grondona, Viale o Gelblung durante la dictadura militar ya son temas históricos, pero si algún juicio hay que hacerle a estos periodistas este juicio debe ser hecho en tribunales, con todas las garantías del caso, y no en una plaza popular. Recuerdo que Albert Camus cuando en el París recién liberado de la ocupación nazi, los más exaltados pedían linchamientos públicos, escribió en “Le Combat” que la diferencia de los demócratas con los nazis, la diferencia sustancial, decisiva, es que mientras ellos llevaban a sus víctimas al cadalso o al campo de concentración, los demócratas los llevan a los tribunales.

En 1974, la revista fascista “El caudillo”, financiada por el gobierno peronista de entonces, publicó una lista, con fotos incluidas, de los condenados a ser ejecutados por las Tres A. Las páginas se pegaron como afiches en las calles de Buenos Aires y lo único que se puede decir al respecto es que “cualquier coincidencia con la realidad es pura semejanza” .

Conversando con expertos en publicidad y lenguaje publicitario, me dijeron que la técnica de “El caudillo” es exactamente igual a la que ahora recurren quienes dicen militar en la vereda opuesta. En tiempos de Alfonsín, una revista de abierta filiación nazi y antisemita, “Cabildo” publicó una lista de periodistas guerrilleros y marxistas. También en este caso, “cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia”.

Carta Abierta no es El caudillo; Madres de Plaza de Mayo, sector Bonafini, no es Cabildo, pero sería deseable que esa afirmación que se me ocurre hacer al correr de la pluma, se encarguen de verificarla en términos prácticos ellos mismos. Decía que el juicio popular de Bonafini no aportará nada nuevo a lo que ya sabemos, ni provocará más consecuencias políticas que las que ya conocemos, pero el aval del gobierno a esta iniciativa, -aval real más allá de sus observaciones formales- abre un serio interrogante hacia el futuro. Por lo pronto, es hora de recordar una vez más que los argentinos hace rato que deberíamos saber que es peligroso jugar al carnaval con nafta y que no se debe golpear las puertas del infierno suponiendo que nadie va a responder o que el diablo no existe.

Fuente: www.rogelioalaniz.com.ar