viernes, 25 de mayo de 2012

El derecho a la vivienda digna: una asignatura pendiente

Por José Antonio Artusi
A pesar del crecimiento récord de la economía argentina en los últimos 9 años, la posibilidad concreta de disfrutar del derecho constitucional a una vivienda digna sigue siendo una utopía para millones de argentinos. Lamentablemente, se ha avanzado muy poco en relación a lo que se podría haber hecho en materia de construcción de viviendas, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo.
Veamos primero el aspecto cuantitativo. Algunos datos oficiales: en 1987 se terminaron en todo el país 37.840 viviendas FONAVI, lo que representaba una vivienda cada 824 habitantes. En 2010, año de la última auditoría publicada, se terminaron sólo 6.140 viviendas FONAVI. Hay que tener en cuenta que la operatoria estrictamente correspondiente al FONAVI ha sido complementada a partir del 2004 por los denominados “programas federales de vivienda”, que de “federales” no tienen nada, financiados directamente por el gobierno nacional, asignando discrecionalmente fondos por parte de éste a cada provincia. Pero aún si computamos las viviendas terminadas de estos programas en 2010, 28.407, y las sumamos a las 6.140 del FONAVI, llegamos a un total de 34.547, o sea 3.293 menos que en 1987. Esta cantidad representa una vivienda terminada cada 1.161 habitantes. Vale decir que en 2010, luego de un período inédito de crecimiento macroeconómico, se terminaron menos viviendas tanto en términos absolutos como porcentuales, que 23 años antes, cuando el país se recuperaba lenta y trabajosamente de las consecuencias políticas y socio-económicas de la peor dictadura que registre nuestra historia, en plena crisis de la deuda externa y cuando nuestra producción exportable registraba precios notoriamente inferiores a los del 2010. Estos datos, entre otros factores, permiten entender porqué – como señaló la Relatora especial de Naciones Unidas para el derecho a la vivienda digna, Raquel Rolnik – “las ocupaciones de tierras y viviendas han representado en la historia reciente la forma más común de acceso al suelo y a la vivienda para los sectores populares”; o que – como expresa el investigador Raúl Fernández Wagner, “de cada 10 personas que en la Región Metropolitana acceden a una vivienda, el 60% compra un lote o alquila un cuarto en el mercado informal”. Vale decir que las respuestas oficiales al problema de la vivienda han sido claramente insuficientes e inadecuadas, lo que ha generado como lógica consecuencia la adopción de estrategias alternativas por parte de los sectores populares, ante la natural y angustiante preocupación por encontrar algo tan elemental y vinculado a una existencia digna como un lugar adecuado para vivir. En muchos casos los programas estatales de vivienda no sólo han sido insuficientes en cantidad sino que por algunos de sus atributos han contribuido a agravar ciertos problemas de nuestras ciudades. En este sentido, cabe señalar que la vivienda digna es mucho más que un techo bajo el cual guarecerse y debería considerarse como un elemento que junto a otros conforma un hábitat, que a su vez debe permitir el desarrollo sostenible, la integración comunitaria, y la construcción de ciudadanía en el marco de una verdadera democracia social. Las propias auditorías del FONAVI muestran a las claras algunos de estos problemas cualitativos de las políticas públicas, aunque soslayan o no enfatizan lo suficiente otros tales como la inadecuada localización de la mayoría de los conjuntos de vivienda y la falta de políticas de gestión del suelo por parte de municipios y provincias. Estos factores determinan en ocasiones que las operatorias oficiales terminan siendo más funcionales a los intereses de las empresas constructoras y la especulación inmobiliaria que a las necesidades y derechos de sus supuestos beneficiarios. Veamos algunas aseveraciones extraídas de manera textual de la última auditoría publicada, correspondiente al año 2010: - “Falta de planificación integral, previsión y coordinación entre los organismos que intervienen en la ejecución y aprobación de las obras de infraestructura básica para el normal funcionamiento de los barrios. Esto se ve reflejado en una importante cantidad de predios los cuales no cuentan con los servicios básicos antes de ser iniciadas las obras de viviendas”. - “En la mayoría de las provincias no existe una planificación integral ni una coordinación entre los distintos organismos para la ejecución de las obras de equipamiento comunitario. Cabe destacar que si bien en muchos casos se dejan previstos los espacios destinados para estos, en general, su construcción no acompaña al de las obras de viviendas, motivo por el cual dichos espacios se transforman muchas veces en depósitos de desperdicios”. - “La falta de equipamiento comunitario al momento de la adjudicación de las viviendas genera un desequilibrio en la demanda de los centros periférico de salud, de educación, etc. Esta situación resulta aun mas grave cuando se trata de numerosos conjuntos agrupados que constituyen sectores urbanos de cierta magnitud obligando a sus habitantes a recorrer importantes distancias para acceder al equipamiento”. - “Los nuevos barrios que se generan a través de los diferentes programas en desarrollo se caracterizan, en general, por constituir una yuxtaposición de conjuntos, muchas veces desvinculados o con escasa conexión al tejido urbano consolidado, situación que supone la ausencia de una elaborada planificación urbana que tenga en cuenta el impacto resultante y las condiciones emergentes de la nueva intervención como, por ejemplo, conexión con el transporte público, servicio de recolección de basura, integración social, acceso a la salud y educación entre otros.” - “En muchos casos, se ha observado que estos no cuentan con los mínimos requerimientos para el tránsito vehicular lo cual hace prever circunstancias de total intransitabilidad en épocas de lluvias.” - “Respecto al diseño urbano y de acuerdo a lo observado, no se consideran factores tales como orientación, mínimo asoleamiento, topografía y condiciones de futura ampliación de las viviendas. Estas condiciones se reflejan en un diseño totalmente homogéneo y en una disposición monótona de las unidades.” - “Por lo general se emplean modelo de manzanas que permiten trabajar con lotes en espejo de dimensiones tales que generan terrenos que varían entre 200 y 300 m2 de superficie. Estos se repiten casi sin grandes variaciones y sin tener en cuenta, por lo general, la topografía, orientación, asoleamiento, ambiente social y estética, etc. Estas situaciones, sumadas a que en algunos casos no se le da continuidad a la trama existente, genera una incidencia en el costo de las redes de infraestructura y su mantenimiento.” - “En general, la implantación de los prototipos, apareados o en tira, se realiza en forma indiscriminada en el terreno, esto es, no teniendo en cuenta las situaciones de esquina y las orientaciones más favorables como así mismo las características topográficas de los mencionados predios. Será conveniente combinar tipologías de viviendas agrupadas de media densidad y baja altura que permitan procurar el uso racional y lógico del terreno. Resulta tan perjudicial dilapidar el uso de las tierras como ajustar excesivamente provocando problemas de hacinamiento.” - “Se reitera la necesidad de efectuar estudios previos de impacto urbano-ambiental que contemplen adecuadas regulaciones del uso del suelo como así mismo una planificación de crecimiento y desarrollo en áreas de futuros asentamientos los cuales por la importancia de su extensión se constituirán en nuevos sectores urbanos.” - “Será necesario que esta planificación prevea el equipamiento necesario que debe acompañar a las obras de viviendas a los fines del normal funcionamiento de los barrios, esto es, centros de salud, educación, seguridad, etc., como así también de espacios verdes y sectores comerciales. Se advierte esta situación ya que se han observado importantes sectores de viviendas ya entregados que carecían de los mismos. En futuras intervenciones se deberá realizar un análisis previo de las características de los predios a fin de verificar si es necesario realizar el saneamiento de los mismos. Así mismo se recomienda estudiar la posibilidad de implementar para futuras intervenciones el empleo de distintos prototipos en respuesta a las diferentes situaciones de implantación y orientación.” Todas estas afirmaciones, extraídas de un documento oficial, no hacen más que ratificar la necesidad de una profunda reforma urbana, que garantice a todos el derecho a vivir en viviendas dignas y en ciudades acordes con la sociedad democrática e inclusiva que pretendemos construir. En una segunda parte nos referiremos a las herramientas de gestión que permitirían avanzar en ese sentido. José Antonio Artusi fue diputado provincial en Entre Ríos (2007-2011) y actualmente es Presidente del Comité Provincial de la UCR de Entre Ríos.-