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Por José Antonio Artusi
Para quienes lo venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo no es ninguna novedad, pero algunas recientes medidas del gobierno nacional han desnudado ante los ojos de muchos sectores de la sociedad un aspecto del verdadero rostro del kirchnerismo, el de una profunda vocación hegemónica y autoritaria, hasta ahora escondida detrás del maquillaje de una retórica "progre" que se sostiene más con slogans vacíos y un bombardeo obsceno de propaganda que con los hechos.
Quizás la sanción y la promulgación de la denominada "ley antiterrorista" sea una de las acciones que más claramente demuestra el doble discurso y las contradicciones del oficialismo. Un Congreso nacional transformado nuevamente en la "escribanía" de la Casa Rosada - y lo que es peor asumiendo y valorando positivamente por parte del Presidente de la Cámara de Diputados este denigrante avasallamiento de uno de los poderes del Estado - transformó en ley un texto enviado por el Poder Ejecutivo que aparece claramente dirigido a satisfacer en exceso demandas de organismos financieros internacionales y a reprimir y desalentar las protestas sociales cuando se avizora un inexorable ajuste, y que poco tiene que ver con una lucha en serio contra el terrorismo. Todo ello en un trámite acelerado que prácticamente no dió tiempo para un debate serio en las Cámaras ni mucho menos a que la sociedad conociera de qué se trataba. La ilegitimidad de la decisión se agrava dado que no figuraba en ninguna propuesta de las plataformas electorales del Frente para la Victoria. La democracia representativa se basa en un pacto social en el que los ciudadanos soberanos, los mandantes, otorgan a funcionarios electos un mandato popular para tomar ciertas decisiones que éstos se comprometen a tomar una vez que acceden al cargo. Pero si los mandatarios, en este caso los legisladores y la Sra. Presidente, toman decisiones trascendentes que no figuraron en ninguna plataforma ni siquiera en un discurso de campaña, la esencia de la democracia republicana sufre un duro golpe.
Por otra parte, el carácter reaccionario de la norma sancionada es tal que hasta numerosos sectores afines al gobierno no tuvieron más remedio que salir a alertar acerca de los peligros que entraña. Aún así, la Sra. Presidente, promulgó la ley.
Como acertadamente señala el Dr. Alejandro Alagia, Profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, "nunca antes el Congreso, desde la recuperación de la democracia, delegó tanto poder punitivo en favor de fuerzas de seguridad y jueces. No hay nada más equivocado que consolarse con la imagen de banqueros o poderosos perseguidos o presos. Es desconocer la naturaleza selectiva del poder punitivo. Esta grave habilitación de más trato cruel la sufrirán grupos vulnerables de la población sin que se afecte en lo más mínimo el lavado de dinero o la financiación del terrorismo. Los miles de procesos abiertos en todo el país que criminalizan la protesta prueban que los jueces no reconocen fácilmente como límite al poder punitivo el contenido de derechos sociales y políticos constitucionales o del derecho internacional de los derechos humanos."
El diputado Manuel Garrido, al intervenir en el recinto expresó que "hay que tener en cuenta que el terrorismo pone en riesgo la democracia y los derechos humanos. Así lo reconoció la comunidad internacional, pero ésta también ha sido muy enfática al exigir a los gobiernos y hacerles saber a los Estados que tienen la obligación de proteger a las personas y que todas las medidas adoptadas para luchar contra el terrorismo deben cumplir, ellas mismas, con los requisitos que tienen los Estados con arreglo al derecho internacional de respetar los derechos humanos." Y también consideró que "es cierto que hay varias convenciones que nos obligan a reprimir el terrorismo y, específicamente, su financiamiento. Nuestro dictamen cumple con esa obligación sin cercenar garantías fundamentales, sin poner en riesgo la libertad de las personas y sin generar un instrumento que pueda dar lugar a abusos. Entendemos que es posible cumplir esas obligaciones de una manera que respete los derechos humanos y no genere riesgos para los ciudadanos."
En un país en el que como pocos en el mundo la palabra "terrorismo" está indisolublemente unida al recuerdo del perverso terrorismo de Estado y al que ejercieron organizaciones armadas, nuestros gobernantes debieran ser muchos más cautelosos a la hora de dictar normas sobre esta materia.
La ley sancionada y promulgada es un lamentable y peligroso retroceso, y todos los sectores de la ciudadanía deberían movilizarse y peticionar por su derogación.-
José Antonio Artusi es Presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos
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El Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos y el Bloque de Diputados Provinciales de la UCR expresan su beneplácito ante la elección de las nuevas autoridades del Comité Nacional del partido, que estará presidido por el Ing. Mario Barletta y secundado por el diputado nacional Atilio Benedetti en la Vicepresidencia Segunda.
En una nueva manifestación de la tradicional democracia interna del radicalismo, delegados de todas las provincias del país eligieron por unanimidad una mesa directiva que expresa el equilibrio político y territorial y da cabida a las mujeres y a los jóvenes radicales. El radicalismo entrerriano saluda a las nuevas autoridades y se compremete a aunar esfuerzos en pos de la necesaria recuperación y reposicionamiento de la UCR como partido nacional, progresista, y federalista, que vuelva a expresar y representar los intereses de nuestra sociedad, en especial de sus sectores más desposeídos.
Saludamos especialmente las expresiones al momento de asumir de nuestro nuevo Presidente, Mario Barletta, cuando señalara que "es hora de repensar nuestro partido, no para ponerlo en jaque desde adentro, sino para contribuir a actualizarlo. Imaginar caminos alternativos en materia de organización y práctica institucional no significa “tirarlo por la ventana”, ni hacer un simple “borrón y cuenta nueva”. Es un trabajo de renovación que nos compromete a todos, tanto como a nuestra historia."
A ese desafío comprometemos nuestros mejores esfuerzos. Adelante radicales...!
Agustín Federik - Presidente del Bloque de Diputados Provinciales de la UCR de Entre Ríos
José Antonio Artusi - Presidente del Comité Provincial de la UCR
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Declaración a propósito de la aprobación de la ley de creación de la empresa Arroz del Delta Entrerriano S.A.
En una verdadera maratón parlamentaria, sin el debate a fondo que una cuestión tan transcendente requiere, sin haber consultado a las entidades del sector agropecuario, y en medio de la más absoluta ignorancia de la opinión pública sobre el tema, la Legislatura de Entre Ríos acaba de aprobar un proyecto de ley que crea la empresa ARROZ DEL DELTA ENTRERIANO SOCIEDAD ANONIMA, la que tendrá por objeto ejercer la titularidad de la concesión de las tierras fiscales de la provincia.
El texto de la norma es confuso en varios aspectos.
En primer lugar, más allá de la confusión que pueda generar el nombre respecto del cultivo a promover y la zona a concesionar, está claro que la sociedad creada tendrá facultades para concesionar la totalidad de las tierras fiscales de la provincia, y podrá autorizar explotaciones tanto de arroz como de otros cultivos o actividades económicas. Por otra parte, se establece que la empresa tendrá también por objeto la concesión de los puertos, sin especificar de qué manera esta norma se articulará con la legislación portuaria actualmente vigente. No podemos dejar de advertir que de esta manera se abre peligrosamente una ventana a la posibilidad de la privatización de los puertos entrerrianos en un proceso dirigido por una sociedad anónima en manos de unos pocos grandes empresarios. Los riesgos que se derivan de este dislate son enormes y la ciudadanía entrerriana debe estar al tanto de estas maniobras consumadas por el oficialismo entre gallos y medianoche.
La Provincia se reserva solamente el 20% de las acciones y podrá designar sólo un director de los 5 que integrarán el directorio, por lo que las decisiones de la empresa quedarán en manos de los inversores que adquieran el paquete accionario; con el agravante de que las acciones clase B quedarán reservadas a los 10 mayores productores que manifiesten su interés en suscribirlas, lo que constituye un absurdo privilegio. A su vez, se otorga una autorización para endeudar a la Provincia en 50 millones de dólares, con garantía de la coparticipación de impuestos, para financiar una empresa en la que el Estado va a ser el socio minoritario y sin poder de decisión.
Finalmente, no podemos dejar de señalar la falta absoluta de consideración de los aspectos ambientales. El desarrollo sostenible en áreas críticas desde el punto de vista ambiental como son las islas no debe prescindir a priori de la posibilidad de desarrollar actividades productivas, pero deben estar precedidas por rigurosos estudios y evaluaciones que indiquen las actividades a promover y los mecanismos para monitorear el impacto de éstas. Nada de esto se desprende del texto de la norma aprobada, una ley confusa y peligrosa, que los legisladores harían bien en revisar y que demanda de todos los sectores una actitud comprometida en defensa del patrimonio de los entrerrianos.-
Agustín Federik - Presidente del Bloque de Diputados Provinciales de la UCR de Entre Ríos
José Antonio Artusi - Presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical
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La Unión Cívica Radical, en este nuevo aniversario del descubrimiento del petróleo en la Argentina, ocurrido el 13 de diciembre de 1907, ratifica su histórica defensa del patrimonio hidrocarburífico de la Argentina que las actuales autoridades están comprometiendo seriamente a través de oscuras prórrogas de concesiones lesivas al interés nacional y el de las provincias afectadas y en beneficio de intereses privados, fundamentalmente de empresas extranjeras.
El ejemplo de esta política nefasta ha sido la concesión del principal yacimiento del país, el del Cerro Dragón, por parte de las provincias de Chubut y Santa Cruz en contratos negociados en forma clandestina en el ministerio de Planificación de la Nación. Concesión esta adjudicada por 40 años, diez años antes de su vencimiento, sin licitación y a una ridícula regalía del 12 por ciento con la autorización a la empresa Pan American Energy, de nacionalidad estadounidense, de exportar toda su producción en momentos en que la Argentina ha perdido el autoabastecimiento por la falta de exploración en los años posteriores a la venta de YPF que realizó en 1992 el actual partido gobernante con el apoyo expreso de Néstor y Cristina Kichner.
La UCR seguirá luchando para rescatar los yacimientos afectados por nulidades de origen en sus concesiones o prórrogas para ponerlos al servicio del país siguiendo la política de Yrigoyen, Mosconi, Alvear, Illia, Alfonsín y muchos otros patriotas de diferentes posiciones ideológicas, peronistas inclusive. El radicalismo denuncia y condena la política de hidrocarburos del actual gobierno que ha llevado al país a una grave crisis energética, política que es la continuación de la de quienes malvendieron a YPF y la de quienes transformaron a nuestro país de exportador en importador de petróleo y gas con graves perjuicios para el pueblo argentino.
Hipólito Solari Yrigoyen
Presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical
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El diputado provincial José Antonio Artusi, del bloque de la UCR de Entre Ríos,manifestó que "las propias estadísticas oficiales, como lo venimos denunciando reiteradamente, muestran a las claras la discriminación que sufrimos los entrerrianos en la asignación de transferencias de los planes federales de vivienda."
El legislador uruguayense recordó que los fondos de los planes federales, creados a partir del año 2004, se reparten entre las provincias de manera absolutamente discrecional por parte del gobierno nacional, a diferencia de los fondos del FONAVI, que se remiten en base a una alícuota fijada en la ley, que en el caso de Entre Ríos es el 3.90%.
En tal sentido, Artusi expresó que "en el primer semestre del año en curso, Entre Ríos recibió un total de transferencias por $ 35.409.280, lo que representa sólo un 1,65% del total transferido a nivel nacional, porcentaje que contrasta notablemente con la alícuota del FONAVI que nos corresponde. Si calculamos los recursos per cápita, encontraremos que en entre Enero y Junio de este año se transfirieron a nuestra provincia $28,64 por habitante, muy por debajo de la media nacional ($53,74/habitante) y menos de la quinta parte de lo que correspondió a Santa Cruz ($165,22/habitante).
Lo sucedido este año no es una excepción que confirme la regla, lamentablemente. La sumatoria de fondos transferidos entre 2006 y 2011 representa para Entre Ríos sólo el 2,28% del total nacional, y los recursos per cápita ascienden a $398/habitante, por debajo de la media nacional ($539/habitante) y sólo el 26% de lo que se transfirió a Santa Cruz ($1498/habitante)."
El diputado Artusi señaló que "en todos los casos me he basado en fuentes oficiales del gobierno nacional (http://www.cnvivienda.org.ar/nuevo/notas/revista34/vivienda_34.pdf) y del INDEC (calculando los indicadores per cápita en base a los datos del censo 2010) por lo que me permito sugerir respetuosamente a quienes no les guste esta realidad que no maten al mensajero, sino que se esfuercen en modificar un cuadro de situación que dista muchísimo de la vigencia de la defensa efectiva de los intereses de una provincia que supo ser cuna del federalismo y abanderada de las autonomías provinciales.".-
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Por José Antonio Artusi
Boleta única, elecciones primarias, regulación de la publicidad oficial y financiamiento de los partidos políticos son aspectos centrales a discutir.-
Pasadas las elecciones, a poco de iniciar un nuevo período de gobierno, y a 28 años de la recuperación de la institucionalidad constitucional en nuestro país, es imperioso generar las condiciones para un debate sereno y reflexivo, que aporte elementos de juicio para abonar una profunda reforma del sistema electoral y del régimen de partidos, que jerarquice la política y resignifique la democracia representativa y republicana.
Un grave divorcio entre la sociedad y los partidos, un sistema de partidos en crisis, un descrédito generalizado del mundo de la política y sus actores, y cierta resignación a aceptar administraciones ineficientes y mediocres a cambio de logros mínimos o favores personales, entre otros factores, ameritan que así lo hagamos.
Propongo aquí algunas ideas como un modesto aporte a esa discusión. Algunas de esta ideas están presentes en diversos proyectos de ley que hemos presentado desde el bloque de diputados provinciales de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos.
Boleta única.
El sistema vigente, en el que cada partido debe mandar a imprimir como puede enormes cantidades de boletas - en ocasión de elecciones conjuntas con las nacionales pueden llegar a ser de 8 cuerpos - es absurdo y anacrónico. Genera dificultades y problemas de todo tipo, y permite irregularidades tales como el robo de boletas, el "voto cadena", la distribución de boletas truchas, etc.. En provincias hermanas como Santa Fe y Córdoba se ha implementado con éxito el sistema de boleta única, siguiendo reiteradas recomendaciones de expertos y aún de la Cámara Nacional Electoral. El sistema de boleta única refuerza la autonomía del elector, elimina el problema de las listas "colectoras", es más transparente y ecuánime, otorga igualdad de condiciones a todos los partidos políticos, y evita la posibilidad de las formas de fraude mencionadas. Por añadidura, reduce costos y disminuye la cantidad de papel utilizado en cada elección.
Sistema de elecciones primarias para selección de candidatos.
La denominada Ley Castrillón, inconstitucional y absurda, debe ser derogada y sustituida por una normativa que establezca claramente los mecanismos a utilizar para la selección y postulación de candidatos por parte de los partidos o las alianzas que estos constituyan. Una posibilidad a evaluar podría ser la implementación de un sistema de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, similar al nacional o al santafesino, en el que todos los partidos o alianzas, así presenten más de una lista o lista única, deban concurrir al comicio. De esta forma se evita la posibilidad de que sectores de un partido incidan negativamente en la elección de otro para perjudicarlo. El mandato constitucional de la adecuada y proporcional representación de la minorías debe ser especialmente respetado.
Regulación de la publicidad oficial.
La distribución de la pauta publicitaria de los organismos del Estado se utiliza actualmente de manera grosera y desembozada como una herramienta de control para disciplinar a los medios privados. Debe avanzarse hacia una normativa que estblezca pautas claras en este sentido, para garantizar la independencia y la verdadera libertad de expresión de los medios de comunicación y de los periodistas. Adicionalmente, debería modificarse el modelo de gestión de los medios estatales, para que sean medios públicos con control ciudadano, pero no instrumentos al servicio del partido de gobierno.
Regulación de la propaganda proselitista
Vinculado con lo anterior, constituiría un gran avance - similar al registrado a nivel nacional - que se prohíba lisa y llanamente la contratación de spots publicitarios en radio y televisión por parte de los partidos en las campañas electorales, estando tales espacios sujetos a una distribución igualitaria determinada por sorteo, y financiados con recursos públicos.
Financiamiento de los partidos políticos.
Debe avanzarse en la reglamentación del Artículo 29 de la Constitución Provincial, que ordena que la Provincia contribuya a sostener a los partidos políticos, en tanto instituciones fundamentales del sistema democrático, mediante un fondo partidario permanente. La exigencia de destinar una parte de los aportes públicos a actividades de capacitación e investigación, la limitación de los gastos de campaña y de su duración, y la primacía de la financiación estatal, en conjunto con los puntos anteriores, contribuirán a fortalecer a los partidos y a impedir que sean cooptados por sectores con intereses espúreos a través de aportes económicos.
La profundización de la democracia política exige también a nuestro entender lo que denominamos "democracia social", para que todos los ciudadanos gocen de derechos económicos y sociales que fortalezcan su autonomía y su libertad a la hora de votar y participar. Mientras procuramos avanzar en ese arduo camino, que requerirá tiempo y esfuerzos, no hay excusas para no encarar el debate por una reforma electoral genuina, para la que sólo se necesita voluntad política. Quiera la sociedad entrerriana reclamar a sus legisladores a partir del 10 de Diciembre que se aboquen responsablemente a esta tarea.-
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Por Gustavo Calleja
Hipólito Yrigoyen es recordado generalmente como el primer presidente elegido por la voluntad popular libremente expresada y por ser uno de los fundadores de la Unión Cívica Radical; en menor escala, se lo señala como definidor de una política petrolera con sentido nacional y estatal y creador de Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
Pero se mencionan bastante menos:
a) el inicio de la mediación en las relaciones laborales y sus fallos favorables a los trabajadores y sus leyes específicas;
b) el prestigio internacional logrado por la neutralidad argentina –nunca declarada oficialmente por ser el estado natural entre las naciones- en la primera guerra mundial;
c) la posición contraria a la forma de desigualdad entre vencedores y vencidos en la Primera Guerra Mundial, que adoptó la Sociedad de las Naciones;
d) los límites y las lecciones de convivencia entre las naciones que supo señalarles a los EEUU y en especial, el reconocimiento a la soberanía de los dominicanos ante la invasión norteamericana; su hispanismo se opuso al panamericanismo de los norteamericanos.
e) el apoyo a la hermana República del Uruguay ante potenciales agresiones de Brasil;
f) el extraordinario desarrollo de la educación popular dentro del concepto sarmientino de “educación emancipadora” dedicada a formar hombres libres, y su apoyo a la Reforma Universitaria;
g) la priorización del transporte ferroviario estatal y el severo control sobre tarifas, servicios e inversiones ejercidos sobre los concesionarios privados.
Es común entre algunos historiadores, especialmente los de origen o simpatías peronistas o lucrativistas, mediáticos en extremo, olvidarse de la importancia del tema petrolero en su derrocamiento; es el caso del antirradical anarquista violento Osvaldo Bayer –integrante de grupo de intelectuales dependientes denominado Carta Abierta- y del fabricante de relatos históricos adecuados a quien los paga, Felipe Pigna. Suelen también recordar parcialmenten los lamentables y serios incidentes de La Forestal, los talleres Vasena y las huelgas de la Patagonia, en los que tuvieron especial participación los poderes empresarios agrarios e industriales, los anarquistas violentos para los cuales existen crímenes buenos y malos, los grupos de choque de la derecha política manifiestamente antirradical y el gobierno chileno.
Sin desconocer las inquietudes de quienes lo precedieron (José Figueroa Alcorta y Roque Saenz Peña), Yrigoyen fue el primero en comprender en su real significado el tema petrolero y, especialmente, la importancia de su explotación exclusiva y soberana por parte del Estado Nacional, en cuanto a la captura de las rentas derivadas y su inversión en pos de la elevación del nivel de vida de los desposeídos, del crecimiento industrial con su paralela ruptura del modelo de la dependencia no competitiva vigente con Inglaterra y la ocupación efectiva del territorio nacional en base a la explotación integral de los hidrocarburos y a la efectiva presencia del poder del Estado Nacional.
Como sostiene Ricardo Rojas, Yrigoyen era conciente que necesitaba las riquezas del subsuelo para hacer realidad una de sus más claras premisas: “La democracia no consiste sólo en la garantía de la libertad política; entraña a la vez la posibilidad para todos de poder alcanzar un mínimo de felicidad siquiera”. Es él quien profundiza la concepción del tema como una Cuestión de Estado (bien estratégico), pero le agrega la necesaria implementación de una Política de Estado (subsuelo nacional y explotación monopólica por cuenta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales).
Interesa señalar que los lineamientos de política energética enunciados por Yrigoyen siguen vigentes en la mayoría de los países del mundo: bien estratégico vinculado a los intereses vitales de las naciones; de allí las guerras actuales en Irak y Asia Central y la importancia política adquirida por la OPEP. También lo estuvieron en Argentina hasta el advenimiento de la gestión peronista de Carlos Menem en 1989 y siguen en plena aplicación. Asimismo, son esos principios básicos los que, continuados por quienes le sucedieron en posiciones decisorias, algunos sus discípulos, permitieron a la Argentina lograr no solamente un avanzado grado de desarrollo económico y equidad social, sino también construir hasta 1989 la casi totalidad de la infraestructura energética –reservas, ductos troncales y auxiliares, represas hidroeléctricas- y vial y la colonización de zonas desérticas como la Patagonia, a la par que hacían posible el financiamiento de los servicios públicos esenciales, tales como electricidad y transporte.
El reciente caso de Brasil, donde mediante la aplicación constante de un modelo nacional, estatal, racional y centralizado en Petrobrás –creada por el General Horta Barboza en 1945 a imagen y semejanza de nuestra YPF- llegan al descubrimiento de grandes reservas off-shore, que son medianas para el nivel mundial pero muy importantes para ellos, que provoca la decisión del Presidente Lula de utilizar esos recursos para su desarrollo interno, postergando sus exportaciones como pretendían las multinacionales del sector, constituyen un claro ejemplo de la vigencia de las políticas yrigoyenistas. Similar es el caso de Bolivia, donde por primera vez en su historia el pueblo participa de los beneficios de su riqueza gasífera, pues de consumir internamente menos del 2 % pasaron al 20 %, privilegiándolo por sobre sus exportaciones, todo ello, sin desconocer las falencias del proceso de recuperación aplicado por Evo Morales.
A fines del Siglo XIX y principios del XX se produce en EEUU y Europa el cambio de las funciones del petróleo que deja de ser un aceite iluminante para convertirse en una materia prima-poder; ayudan, a su modo, el descubrimiento de las lámparas incandescentes por parte de Thomas A. Edison y el desarrollo de los motores de combustión interna en Alemania. Son los marinos de guerra ingleses encabezados por su jefe Winston Churchil quienes antes del inicio de la Primera Guerra Mundial reemplazan en su flota al carbón por el petróleo y son imitados de inmediato por los norteamericanos, obteniendo óptimos resultados en la contienda. También es Churchil quien en 1914 adquiere para Gran Bretaña el 50 % de la Anglo-Persian, transformada posteriormente en British Petroleum. Hoy, esta petrolera es socia de Bridas en Pan American Energy, que explota actualmente, en condiciones leoninas y hasta el año 2.047, el más importante yacimiento argentino: Cerro Dragón, que en sus orígenes fue entregado contractualmente por Arturo Frondizi a Amoco –con el apoyo del “patriota” Raúl Scalabrini Ortiz-, anulado por Illia y reivindicado y renegociado por Onganía. Sin dudas, la influencia inglesa sobre nuestros marinos fue decisiva en la explotación estatal de las reservas de Comodoro Rivadavia descubiertas en 1907. Tampoco podemos dejar de mencionar como precursores a Jorge Newbery, quien escribió el primer libro argentino sobre petróleo y al Perito Francisco P. Moreno.
Julio A Roca y Nicolás Avellaneda son los responsables del Código de Minería que provincializó el subsuelo –que era nacional desde la Revolución de Mayo, pues pertenecía a la Corona española y por ende no existían las provincias en cuanto entes autónomos- y prohibía la explotación estatal del mismo; era lo mismo que entregárselo a las petroleras. Roca, además de repartir el suelo entre sus amigos y su familia, también se encargó de facilitar el acceso al subsuelo, tanto a las mineras como a las petroleras, entre las que se destacaban la Standard Oil, la Royal Dutch-Shell, la Anglo Persian y la Texaco, todas con sus respectivos testaferros.
El descubrimiento del petróleo de 1907 y las circunstancias que recién hemos mencionado, dan nacimiento a una política nacional sobre los yacimientos, pues el conservador José Figueroa Alcorta decreta de inmediato la creación de una Reserva estatal sobre los mismos; utiliza para ellos la Ley de Tierras. Roque Saenz Peña, a instancias de su Ministro de Marina Saenz Valiente crea en 1912 la Dirección General de Explotación de Petróleo de Comodoro Rivadavia. Al frente de esta repartición el Ing. Luis Huergo, denuncia en 1913 las maniobras de la Standard Oil tendientes a impedir la explotación estatal, mediante la obtención de concesiones sindicalizadas e inoperantes temporariamente, que abarcaban gran parte del territorio nacional y la casi totalidad de los territorios nacionales, en especial la Patagonia. Esta maniobra comienza a ser revertida por Yrigoyen, pero son Marcelo T. de Alvear y su Ministro Tomás Le Breton quienes, mediante dos decretos de 1924, las eliminan, a instancias del Director General de Y.P.F. Gral e Ing. Enrique Mosconi, y se las entregan a Y.P.F. la que, previa ocupación dirigida por militares en actividad como Alonso Baldich y el marino Felipe Fliess, comienza a explorarlas y a cimentar su vertiginoso crecimiento, ajustado a un plan de eliminación de los trusts internacionales del petróleo, cuya primara etapa –el dominio del mercado interno- culmina el 1º de agosto de 1929, con el apoyo y el beneplácito de Yrigoyen. La culminación de ese plan, consistente en la implantación del monopolio absoluto de Y.P.F y en el alejamiento de las empresas extranjeras a quienes los radicales denominaban “los truts internacinales del petróleo”, se frustra con el golpe de septiembre del 30´, encabezad por los Generales José Félix Uriburu y Agustín P. Justo, que contaban como ideólogos al Teniente Coronel José Sarobe y al Capitán Juan D. Perón, respectivamente.
Yrigoyen asume la presidencia sin contar con un solo senador propio y en medio del conflicto bélico mundial; debido al pobre desarrollo industrial interno, esa guerra repercutía en una seria escasez de importaciones, entre las que se encontraban los combustibles. El incumplimiento del acuerdo por parte del Presidente Sáenz Peña, al no intervenir todas las provincias, que estaban en manos de los conservadores, le crea a Yrigoyen una traba institucional de envergadura, materializada en el Senado. Por otra parte las medidas de protección al incipiente proceso industrial iniciado fueron rechazadas por el Congreso, en especial por el Senado. Comprende Don Hipólito, al igual que los marinos, que sin combustibles no hay industrias, ni trabajo, ni independencia económica. Es de señalar la relación entre la posición internacional de Yrigoyen manifestada en las reuniones constitutivas de la Sociedad de la Naciones, expresada por el Canciller Honorio Pueyrredón en 1920 al momento de retirar la Delegación por “La postergación de dos principios esenciales: admisión de todas las naciones e igualdad de todos los estados soberanos”, con la complicada situación económica y social que encuentra en 1916. Sin dudas, la posición argentina implicada la suposición –luego confirmada- de un próximo conflicto mundial frente a la cual deberíamos estar preparados y, a tal fin, el desarrollo de la industria del petróleo era previo al avance de la industria. Esa presunción era coincidente con la manifestada por John Maynard Keynes en 1919 en su obra “Las consecuencias económicas de la paz”, donde bregaba por la disminución de las reparaciones de guerra cobradas a los vencidos para facilitar su rápida recuperación económica y evitar futuros conflictos.
Al mismo tiempo la llegada del Radicalismo significó para el Régimen “falaz y descreído” en las palabras de Yrigoyen, la pérdida de sus “logros económicos”, vulgarmente denominados negociados; su odio visceral al gobierno de la “chusma radical”, como decían, los transformó en conspiradores sin escrúpulos Vastas extensiones del territorio nacional estaba despoblado, siendo escasos los argentinos que allí vivían, en especial en el sur patagónico. Las grandes empresas como La Forestal y las estancias sureñas constituían feudos, donde la presencia estatal nacional y provincial era, cuanto menos, tibia y resistida. Por otra parte, además de artesanos, comerciantes, profesionales y trabajadores, los europeos nos regalaban anarquistas violentos, contrarios al gobierno democráticos y cuyas actitudes son visibles en la Semana Trágica y en los conflictos patagónicos. Cabe aclarar que otros anarquistas compartían las políticas yrigoyenistas. Las operaciones chilenas en pos de apropiarse de territorios que consideraban propios también aportaban las lógicas perturbaciones, como es el caso de las huelgas del extremo sur.
En 1919 Yrigoyen intenta modificar el Código de Minería expresando en su proyecto de ley- no tratado por el Senado- “que era necesario conservar para la Nación la utilización múltiple de las riquezas petroleras, a fin de evitar que el interés particular las malgaste, que la ignorancia o precipitación las perjudique o la negligencia o incapacidad económica la deje improductiva”; en ese mismo proyecto “se ponen trabas a la posible acción perturbadora de los grandes monopolios”. Los conceptos vertidos nos están indicando, además de una acción políticamente soberana, que ese gobierno radical estaba propugnando al decir “explotación cuidadosa”, lo que hoy se conoce como racional y sustentable.
Sostenía el Presidente que “La riqueza de la tierra como la del subsuelo mineral de la República, no pueden ni deben ser objeto de otras explotaciones que las de la Nación misma”; “A fin de evitar que se repita lo ocurrido con el suelo fiscal y conservar los beneficios del petróleo para el pueblo de la República, es menester organizar un régimen legal que consulte las exigencias del interés de la Nación, poniendo en manos del Estado el dominio efectivo de los yacimientos petrolíferos y confiriéndole el monopolio de su explotación y comercialización”. Razonemos que estas definiciones son perfectamente aplicables a la Argentina actual.
Yrigoyen era conciente de las situaciones señaladas; influenciado por su Ministro de Marina Federico Álvarez de Toledo, en base a las informaciones que sobre el tema le brindada su embajador en los Estados Unidos Tomás Le Breton, a las dificultades que encontraba el accionar de la Dirección de Explotación y ante la negativa del Congreso de tratar sus proyectos recientes nacionalizando las minas de petróleo, hulla y hierro y expropiando la totalidad de las concesiones mineras anteriormente otorgadas, decide transformar a la Dirección de la Explotación del Petróleo de Comodoro Rivadavia en la Dirección Nacional de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Decreto del 3 de junio de 1922). En realidad, comienza a esbozar la idea de crear una repartición cívico-militar destinada a ocupar los territorios y preservar los hidrocarburos para la Nación. En esos momentos, Yrigoyen se inclina por la Armada Nacional y designa al frente al Capitán Felipe Fliess. Este modelo cívico-militar conserva su vigencia hasta el golpe del Uriburu y Justo en 1930; éste último, presionado por las fuerzas armadas, sigue permitiendo su desarrollo, pero no intenta terminar con la actividad de las petroleras extranjeras.
Es Justo quien da nacimiento a la Dirección Nacional de Vialidad y determina la creación de los Fondos Viales, determinados sobre los valores al públicos de los combustibles líquidos, que permitieron dotar a la Nació y provincias de la casi totalidad de su red vial existente a la fecha; además, fueron el antecedente a los Fondos Energéticos creados por Perón en 1946 y potenciados por Arturo Illia mediante el mismo procedimiento de recaudación; a ellos –y al Impuesto al Crudo Procesado ideados por Illia- les debemos las represas y gasoductos, las reservas, etc. Consistían en una forma eficiente de capturar las rentas o riquezas que la acción de Y.P.F. generaba: así se capturaba lo que se conoce como renta petrolera.
Le toca a Marcelo T. de Alvear la concreción de las ideas fundamentales de Yrigoyen; no existen diferencias entre ellos pues sus objetivos eran los mismos. A instancia de su Ministro de Agricultura Tomás Le Breton – continuado posteriormente en sus funciones por Enrique Mihura-, Alvear designa al frente de Y.P.F. al militar más brillante, el Cnel. e Ing. Civil y Militar Enrique Mosconi, quien, con un inigualado apoyo político y económico que traspasó las fronteras nacionales y partiendo prácticamente de una base operativa muy pobre, crea una empresa integrada vertical y horizontalmente, compuesta por argentinos a los que convierte en soldados civiles llamados “ypefeanos”. Descubre yacimientos en el norte, oeste y sur, construye en tiempo récord una monumental destilería en La Plata, que sigue siendo una de las más grandes de América Latina, coloniza la Patagonia. Radicales como Carlos Madariaga que era Director de Y.P.F. avalan con su fortuna personal los bonos emitidos para financiar la destilería. Todo ello en medio de una dura lucha contra los trusts internacionales y sus socios locales, de los cuales eran los más importantes algunos gobernadores, tal como sucede actualmente, siendo los casos más visibles los de Sobisch con Repsol-YPF, Kirchner en Santa Cruz con Repsol y Total y Das Neves y Peralta con Pan American Energy.
Afirmaba Mosconi –un General en actividad que dependía, en comisión en Y.P.F., del Ministro de Agricultura Le Breton cuando el Ministro de Ejército era Agustín P. Justo- en febrero de 1927, en una conferencia pronunciada en el Centro Naval en pos de la sanción de la Ley de Nacionalización del Petróleo: “Por el norte, señores, quiso penetrar la invasión española con Pezuela, para ahogar nuestra naciente independencia política. Por el norte, argentinos, ha dado su primer paso la Standard Oil, pretendiendo ahogar nuestra independencia económica, sin la cual es ficticia la independencia política”.
Sostenía Yrigoyen que “El gobierno no cederá ni un adarme de las riquezas públicas, ni cederá un ápice del dominio absoluto sobre ellas”; “La autonomía de las Provincias no es de sus gobiernos, es de sus pueblos”. Es bueno que nos preguntemos si se adaptan a estas premisas yrigoyeneanas tanto las Leyes menemistas de Privatización de Y.P.F y Federalización del Subsuelo –no votada por el Radicalismo-, la Reforma Constitucional de 1994 que otorgó el dominio originario del subsuelo a las Provincias –acordada por legisladores y convencionales de la UCR- y la reciente Ley K modificatoria de la Ley de Hidrocarburos llamada Ley Corta –apoyada por la mayoría de los legisladores radicales- que otorga el dominio jurisdiccional a las Provincias, que no es otra cosa que entregárselo a las multinacionales, además de ceder gratuitamente a los argentinos que viven en provincias petroleras, las riquezas descubiertas y desarrolladas por todos los compatriotas, incluso los más pobres de las provincias del NEA que no acceden al gas natural. Con sentido de Nación y en contraposición, sobre el tema, Yrigoyen proclamó “La igualdad de las Provincias, en la indivisible solidaridad de sus pueblos” y manifestó que “debemos vitalizar todas las regiones y todos los individuos de la Patria”.
Esos son los principios señeros con los trabajaron Alvear y Mosconi y que permitieron a éste último, anunciar el 1º de agosto de 1929 la Toma del Mercado de los Combustibles Líquidos. Fue la culminación de un sueño soberano pensado por Yrigoyen, ejecutado por Alvear, Mosconi y Le Breton y Mihura y culminado por Yrigoyen y Mosconi. Actualmente, Argentina es el único país en el mundo sonde los gobernadores tienen a su cargo la gestión hidrocarburíferas; es inimaginable pensar que los gobernadores de Texas o Río de Janeiro compartan los temas petroleros con sus respectivos presidentes. El Gral. Mosconi fue uno de los jefes que permanecieron fieles al gobierno constitucional de septiembre de 1930; fue tanta su admiración por Yrigoyen que de ser un militar profesional se transformó en un militar radical; Adolfo Silenzi de Stagni poseía una carta de Mosconi a Yrigoyen donde le hacía saber sus intenciones de afiliarse al Radicalismo.
Como premio a la continuidad de la acción de Yrigoyen y Alvear se llega a 1929. Ese año, con la anuencia de Don Hipólito, afirmaba Mosconi:
“El 1º de agosto de 1929 es una fecha memorable en la organización económica de la Argentina y por ende de la América del Sud”…”Un siglo antes se inició en el Plata el proceso de la independencia política de América Latina, en aquella campaña heroica que hizo sus primeras armas en San Lorenzo, tomó cuerpo en Chacabuco y Maipú y, luego de pasar por Lima, termina en Junín y Ayacucho, cerrando allí el período de dominación de España en el Nuevo Mundo. Pues bien, a semejanza de aquel gran movimiento continental que dio independencia política a nuestro continente, se encuentra en marcha el movimiento que terminará conquistando la independencia económica para nuestra América”…”El primer capítulo tiene realización feliz en Buenos Aires el 1º de agosto de 1929, fecha en que nuestro país rompe los trusts petrolíferos que hasta entonces impusieron sus exigencias y da a la América Latina el ejemplo y el impulso inicial del movimiento que se ha transmitido a algunos países hermanos, México, Colombia y Uruguay, entre ellos y que se propagará irremisiblemente a los demás pueblos de nuestra raza, hasta el establecimiento de la independencia integral de Sud América. Esta visión no encuentra fantasía ni ultra optimismo como parecía en el año 1922, cuando anunciamos que en nuestro país abatiríamos los trusts, proyecto que se imaginó fantástico pero que fue realidad magnífica siete años después”….”desde el 1º de agosto de 1929, fecha en que los trusts inglés y norteamericano quedan definitivamente rotos en nuestro país, los habitante de la República no sufren más imposiciones que las emanadas de su propio gobierno que decide libre de ingerencias extrañas en todo lo relativo al combustible líquido y empiezan a volcarse tierra adentro los millones que hasta entonces tomaban el camino del mar”…”La República Argentina se ve libre de todo peligro y asechanza que pudiera perturbarla o detenerla en su marcha a su futuro engrandecimiento y bienestar”. Como señalamos más arriba, quedaba a concretar la segunda parte del Plan Radical: la expulsión definitiva de los trusts internacionales.
Cómo consecuencia del proceso privatizador y desregulador instalado por el peronismo a partir de julio de 1989, los trusts internacionales Repsol-YPF, Pan American Energy, Total Austral, Tecpetrol, Vintage Oil, Petrobrás, Sipetrol, Chevron y Sipetrol, deciden libremente sobre nuestras riquezas hidrocarburíferas, los precios se ajustan al internacional, rige la libre disponibilidad de reservas y producción y sus ganancias toman el camino del mar. Son mucho más poderosas que las provincias y son las reales definidoras de las políticas que se aplican.
Mosconi apenas asumió Yrigoyen su segundo mandato le presentó la renuncia y fue confirmado después de cuatro meses; a partir de ese momento recibió de Yrigoyen todo su apoyo y terminó transformándose en yrigoyenista, al igual que la mano derecha en su gesta el Gral. Alonso Baldrich. Sostenía el Director General de YPF que “Mi acción fue posible merced a esa sombra moral ante la que pasaban los millones sin conmoverlo”.
Cuenta Raúl Larra en “Mosconi: General del Petróleo” que “Junto con otros jefes leales, Mosconi tomó posición defensiva en el Arsenal de Guerra: Le hizo saber al vicepresidente Martinez que podía contar con las fuerzas de Campo de Mayo y del Arsenal. Este le contestó que su renuncia era espontánea y definitiva. Entonces Mosconi y sus amigos abandonan el Arsenal”. Continúa Larra diciendo que Mosconi “Apenas conoce la nómina de los colaboradores de Uriburu…advierte que su tarea en Y.P.F. ha terminado”. Recordemos que el primer Ministro de Agricultura de Uriburu es un abogado cuyo estudio tenía como principales clientes a varias empresas petroleras extranjeras. Tampoco olvidemos que en ese golpe petrolero tuvo participación destacada, a pesar de tener solamente el grado de capitán y 35 años, Juan Domingo Perón, como lo sostiene claramente José Alberto Arredondo en su obra “Perón: su protagonismo en la Revolución del 30”; es el mismo Perón del Contrato con la Standard Oil de California, que se continúa con el Pacto con Arturo Frondizi y sus delictivos contratos petroleros, anulados posteriormente por Arturo Illia.
Yrigoyen plantea como eje de su campaña electoral de 1928 la obtención de su Ley Nacionalizadota del Petróleo. En un Mensaje al Congreso afirmaba el Presidente: “La riqueza petrolífera del País es sin duda alguna más que suficiente para proveer al consumo interno de este combustible líquido. La posibilidad de producirlo en condiciones económicas para competir con el producto extranjero está comprobada…”; era un explícito reconocimiento y apoyo a Mosconi. La lucha por la Ley de Nacionalización del petróleo se da en todos los frentes con la idea de presionar al Senado. Se crean organizaciones que asumen esa lucha; una de ellas es la Alianza Continental, donde militaban el Gral. Alonso Baldrich, Arturo Orzábal Quintana, Moisés Lebenshon, Diego Luis Molinari y Arturo Orgaz; otros argentinos –José Ingenieros, Alfredo Palacios, Gabriel Del Mazo y Julio V. González habían creado la Unión Latinoamericana, mientras que relacionada con el comunismo actuaba la Liga Antiimperialista Argentina. El Nº 2 de Mosconi, Alonso Baldrich asume a fines de 1929 la dirección del diario El Argentino. En su libro “El General Baldrich y la defensa del petróleo argentino” y frente al atentado contra el Presidente Irigoyen señala Raúl Larra: que editorializa Baldrich: “ `Dos siglos de independencia económica representa la presidencia de Yrigoyen´. Lamenta que la policía haya dado muerte al agresor, eliminando la posibilidad de investigar sus móviles, sus móviles, quienes estaban detrás. ¿Acaso la Standard Oil?. No lo satisface que el rastreo de sus antecedentes lo hagan aparecer como antiguo militante anarquista. Y exalta al Presidente: ´Se han estrellado contra su firme voluntad y su austeridad ejemplar, la Diadema Argentina –Royal Dutch- y la Standard Oil y la artera diplomacia de algún vecino de América que gira sombrío en la órbita trazada por Washington….El Presidente Yrigoyen, firme en su austeridad y sus orientaciones precisas, blanco visible y alto en esta lucha de lo argentino contra lo traidoramente antiargentino tiene, forzosamente, como todas las cumbres, que atraer el rayo que fulmine, pero que en esta oportunidad ha sido chispa, que ratifica una consagración”. El país al que se refiere es el editorial es Chile; es bueno recordar que el historiador hamburgués Osvaldo Bayer defiende a los anarquistas violentos y –en base a los informes del gobierno chileno- alega a favor de la no interferencia de ese país en los trágicos sucesos de las huelgas patagónicas.
La visión de Yrigoyen en defensa del desarrollo industrial de la República se manifiesta cuando señala: “El petróleo debe utilizar para el desarrollo de las industrial nacionales, pero desechando la idea de acelerar la extracción para llegar a exportarlo; esa riqueza es más útil al País en estado de combustible que transformada en valor metálico”. Mencionamos en esta charla a la actual posición del Presidente Lula, pero como no va a tener vigencia este concepto yrigoyeneano si en la actual crisis energética integral de nuestra país las exportaciones indiscriminadas, unidas a una explotación intensiva e irracional de los yacimientos, son y han sido las causas principales de la misma. Los argentinos apenas hemos tenido petróleo y gas para autoabastecernos, pero nunca para exportarlo, como es el caso de Venezuela, por ejemplo. La actual Ley de Hidrocarburos –que data de 1967, de Onganía y Krieger Vasena- solamente permite exportar excedentes, siempre que se disponga de reservas suficientes, se obtenga un precio correcto y que nos encontremos autoabastecidos; en el caso del gas natural, donde el 40 % de los habitantes no accede a sus redes, no existen dudas de que no lo estamos y, con respecto al petróleo, el horizontes de reservas siempre ha sido bajo, por lo cual es limitado el autoabastecimiento. Señalamos que éste recién fue conseguido en 1985 y perdido en 2010.
El programa energético de la actual Convención Nacional, y las manifestaciones de los candidatos presidenciales de la UCR, proclaman la aplicación del proyecto del grupo integrado por ocho ex secretarios y secretarios de energía, donde conviven, entre otros, el último secretario de energía del Proceso, el primero y otros del menemismo; todos defienden el proyecto energético de los 90´y son responsables de haber autorizado insensatas exportaciones.
Yrigoyen también consideraba la situación de los servicios públicos, casi totalmente en manos privadas en 1916. Manifestaba: “El Estado debe adquirir una posición cada día más preponderante en las actividades industriales, que respondan principalmente a las realización de servicios públicos, y si en alguna parte esas actividades deben sustituirse en lo posible a las aplicaciones del capital privado, es en los países de desarrollo constante y progresivo, como el nuestro, donde el servicio público ha de considerarse principalmente como instrumento de gobierno”.
Y.P.F. significó la aparición de técnicos argentinos que llegaron a ser considerados entre los mejores del mundo. Uno de los discípulos de Mosconi fue Ing. Julio V. Canessa, quien obtuvo del Presidente Perón la creación de Gas del Estado en 1946, empresa de la cual fue su primer Director General. Canessa era un ypefeano yrigoyenista; es considerado el padre del gas en la Argentina; se distanció de Perón con motivo del contrato con la Standard Oil de California. Sostenía que:
“el sistema de concesiones en materia de servicios públicos ha resultado un fracaso; el interés privado se ha sobrepuesto al interés social y nacional, y la administración pública se ha visto jaqueada y enfrentada por el concesionario”; “Un servicio público se instituye no de acuerdo con su capacidad de autofinanciación, sino de acuerdo con la capacidad social que lo reclama”; “Cuando toda familia argentina, por modesta que sea y por lejana que esté la población en que resida, pueda tener una casa para vivir decorosamente, y pueda disponer en ella de agua corriente, electricidad y gas a precios que contemplen antes que el costo individual su capacidad para satisfacerlo, habremos dado un paso trascendental para la dignificación y felicidad de una gran parte de la población”.
Estos términos yrigoyeneanos de Canessa, tan vigentes en la actualidad, son compartidos por el yrigoyenista Arturo Illia:
“No puede haber en ningún sitio de la República, un barrio que no tenga el progreso y las obras necesarias para que sus habitantes puedan subvenir sus necesidades naturales y, otros barrios alejados y empobrecidos. Donde no existan los elementos fundamentales para poder subsistir, desde la vivienda hasta todo lo demás que hace as las necesidades del ser humano para poder desenvolverse dignamente”.
Desde 1989 rigen las leyes del mercado, desreguladoras y privatizadoras, que han librado a las concesionarias de su obligación esencial de invertir y han suprimido el derecho de los argentinos a acceder y permanecer en esos sistemas de servicios, ahora, el que no puede pagar se queda afuera de los mismos.
La Ley de Nacionalización que no pudieron conseguir ni Irigoyen ni Alvear se plasma en el Art. 40 de la Constitución Nacional de 1949; es prácticamente el único artículo rescatable de una norma esencialmente fascista, no democrática y represiva. El autor del mencionado artículo fue el miembro informante de la mayoría de la Comisión Revisora de la Constitución Arturo Sampay, un destacado constitucionalista, quien junto al Presidente de la Convención –y también Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, número dos o uno bis del peronismo y casi seguro sucesor de Perón, el Cnel Domingo Mercante- se debe su inclusión, pues al momento de su sanción, Perón, presionado por varias embajadas extranjeras decide eliminar su inclusión y envía a La Plata a su Secretario Juan Duarte para transmitirle la orden a Mercante y Sampay, quienes, sospechando la orden de Perón, recién lo atendieron cuando el artículo había sido aprobado. Esa conducta les valió el abandono de sus cargos, acusaciones variadas y hasta el exilio. Determinaba el Art. 40: “Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación…”. Decía Sampay: “No puedo menos que recordar con emoción a aquel gobernante argentino, Hipólito Yrigoyen, que pocos meses antes de su derrocamiento decía `que el subsuelo mineral de la República no puede ni debe ser objeto de otras explotaciones que las de la Nación misma` y cuya deposición, que impidió nacionalizar la ley que nacionalizaba el petróleo, fue festejada `por los ricos terratenientes`-según acota Waldo Frank, testigo del 6 de septiembre- sacando de sus bodegas el chapman de las mejores vendimias para acompañar el menú de los petroleros americanos”. Vale recordar que la reforma constitucional que en 1954 pretendía realizar el Presidente Perón, con el pretexto de separar a la Iglesia del Estado, tenía como objetivo esencial la derogación del Art. 40, pues mientras estuviese vigente resultaba imposible aprobar el contrato con la Standard Oil de California, posteriormente no avalado por la Revolución Libertadora; al de la California seguían otros cinco contratos de similares condiciones.
La firma del convenio con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Buenos Aires, presidida por el yrigoyenista Ricardo Rojas, e YPF a cargo de Enrique Mosconi de 1929, creando el Instituto del Petróleo, fue aprobado por el Presidente Yrigoyen, quien en el decreto respectivo señaló: “Con la creación del Instituto del Petróleo, los ingenieros civiles e industriales podrán especializarse en materia petrolífera para actuar con eficiencia en el desempeño de cargos técnicos directivos relacionados con la minería e industrialización del petróleo”. Los egresados del Instituto enorgullecieron a la Nación. Con la privatización de YPF el Instituto fue privado de sus recursos y depende de los cursos que realice. Esta frustración educativa debe sumarse al desmantelamiento del Laboratorio que Y.P.F. poseía en Florencia Varela, el más importante de Sudamérica y uno de los más afamados en mundo.
Este breve repaso de las ideas de Yrigoyen y su proyección a la actualidad, es un reconocimiento a quien fuera el más grande Presidente de la Argentina. También un llamado de atención para que los radicales no nos conformemos con “parches” al modelo energético neoliberal vigente.
Buenos Aires, octubre de 2011.
Gustavo A. Calleja
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Atilio Benedetti, Lisandro Viale e Hilma Ré estuvieron en Ramírez. Junto a los candidatos locales de la Alianza Ramirense realizaron una caminata y ofrecieron una conferencia de prensa.
“La Alianza Ramirense, al igual que el Frente Progresista Cívico y Social, es un ejemplo de cómo se puede plasmar en una propuesta política un frente que conecte con la demanda de la gente que quiere que las fuerzas políticas afines sumen voluntades y trabajen conjuntamente para llegar al gobierno y potenciar las múltiples posibilidades que ofrece ciudades como Ramírez, la provincia de Entre Ríos y el país”, destacó Atilio Benedetti, candidato a gobernador por el Frente Progresista Cívico y Social, en una conferencia de prensa en esa ciudad.
Acompañado por el diputado nacional y primer candidato a diputado provincial por el Frente, el socialista Lisandro Viale, por la diputada nacional Hilma Re y el candidato a diputado provincial Jorge Monge, Atilio Benedetti visitó hoy la ciudad de Ramírez. Los dirigentes y candidatos del Frente Progresista Cívico y Social realizaron una caminata por las calles de la ciudad y posteriormente ofrecieron una conferencia de prensa, junto a los candidatos locales, a intendente José Vergara, a vice intendente Marilín Cornago, el candidato a senador provincial Omar Schild y a primer concejal Roberto Riffel.
“En la Alianza Ramirense se han sumado varias fuerzas políticas, entre ellas el radicalismo, porque quieren acceder al poder y transformar esta ciudad. Ése es también el espíritu del Frente que se formó en 2009 y que, contra todos los pronósticos y encuestas, nos dio un claro triunfo en la provincia”, subrayó Benedetti posteriormente.
“Lo que estamos viendo en cada pueblo y ciudad que visitamos es que los candidatos locales y nuestra propuesta provincial tienen una fuerte adhesión y genera un entusiasmo que nos emociona”, indicó luego cuando se le consultó acerca de algunas encuestas y sondeos de opinión.
“El gobierno de Urribarri se preocupa en difundir encuestas dibujadas a través de medios de prensa oficialista. Causa pena ver cómo un diario de Paraná que en otros tiempos fue independiente y líder de la prensa entrerriana, hoy se ocupa de amplificar y exagerar cualquier inconveniente que surge en el radicalismo o en el Frente. Eso evidencia que somos una realidad molesta y preocupante para Urribarri”, subrayó finalmente.
Luego del diálogo con los medios, Benedetti se trasladó a la localidad de Tabossi donde encabezó una extensa caravana de autos por las calles del pueblo. Por la tarde, visitará Diamante y el cierre de la jornada será a la noche en Villa Libertador con un acto.
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