El diputado José Antonio Artusi señaló que Entre Ríos es discriminada por el gobierno nacional en las transferencias de los planes federales de vivienda

El diputado provincial José Antonio Artusi, del bloque de la UCR de Entre Ríos,manifestó que "las propias estadísticas oficiales, como lo venimos denunciando reiteradamente, muestran a las claras la discriminación que sufrimos los entrerrianos en la asignación de transferencias de los planes federales de vivienda."

El legislador uruguayense recordó que los fondos de los planes federales, creados a partir del año 2004, se reparten entre las provincias de manera absolutamente discrecional por parte del gobierno nacional, a diferencia de los fondos del FONAVI, que se remiten en base a una alícuota fijada en la ley, que en el caso de Entre Ríos es el 3.90%.
En tal sentido, Artusi expresó que "en el primer semestre del año en curso, Entre Ríos recibió un total de transferencias por $ 35.409.280, lo que representa sólo un 1,65% del total transferido a nivel nacional, porcentaje que contrasta notablemente con la alícuota del FONAVI que nos corresponde. Si calculamos los recursos per cápita, encontraremos que en entre Enero y Junio de este año se transfirieron a nuestra provincia $28,64 por habitante, muy por debajo de la media nacional ($53,74/habitante) y menos de la quinta parte de lo que correspondió a Santa Cruz ($165,22/habitante).
Lo sucedido este año no es una excepción que confirme la regla, lamentablemente. La sumatoria de fondos transferidos entre 2006 y 2011 representa para Entre Ríos sólo el 2,28% del total nacional, y los recursos per cápita ascienden a $398/habitante, por debajo de la media nacional ($539/habitante) y sólo el 26% de lo que se transfirió a Santa Cruz ($1498/habitante)."
El diputado Artusi señaló que "en todos los casos me he basado en fuentes oficiales del gobierno nacional (http://www.cnvivienda.org.ar/nuevo/notas/revista34/vivienda_34.pdf) y del INDEC (calculando los indicadores per cápita en base a los datos del censo 2010) por lo que me permito sugerir respetuosamente a quienes no les guste esta realidad que no maten al mensajero, sino que se esfuercen en modificar un cuadro de situación que dista muchísimo de la vigencia de la defensa efectiva de los intereses de una provincia que supo ser cuna del federalismo y abanderada de las autonomías provinciales.".- Leer más...

Diputados radicales proponen una ley de ordenamiento territorial y uso del suelo

Diputados provinciales de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos presentaron un proyecto de ley proponiendo un marco normativo para el ordenamiento territorial y el uso del suelo. La iniciativa, que cuenta con la firma de los diputados José Antonio Artusi, Mirta Alderete y José María Miser, pretende constituir una respuesta a "una de las dificultades centrales que encuentra la administración provincial y los gobiernos locales a la hora de planificar y gestionar políticas de ordenamiento territorial y de uso del suelo", como lo es la falta de una legislación sobre la materia.

El diputado Artusi manifestó que el proyecto "procura incentivar un debate para poner en la agenda pública estos temas, en busca de garantizar para todos los entrerrianos el derecho a disfrutar de ciudades y territorios aptos para el desarrollo sostenible, que fomenten el ejercicio de otros derechos básicos como el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, al trabajo y a un medio ambiente sano."
El derecho a la ciudad aparece de esta manera como un concepto útil para englobar varios derechos y para concebir a la ciudad, y al territorio en términos generales, como el soporte físico de la construcción de ciudadanía, de búsqueda de la democracia social, y de afianzamiento de las posibilidades de desarrollo económico, bajo el paradigma de la sostenibilidad
La iniciativa de los legisladores radicales fue elaborada teniendo en cuenta como antecedentes algunas normas innovadoras del derecho urbanístico latinoamericano, tales como la ley de Colombia y el Estatuto de la Ciudad de Brasil, entre otras.
El texto completo del proyecto de ley puede consultarse en la página web de la Cámara de Diputados en el siguiente enlace: http://www.hcder.gov.ar/consulta_exp_rta_uno.php?exp_numero=18607  
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La privatización del juego muestra el verdadero rostro de ese gobierno. conservador y reaccionario

El Bloque de Diputados Provinciales de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos repudia enérgicamente una vez más los continuos avances de este gobierno provincial en pos de privatizar el juego en nuestra provincia. La firma del contrato entre el IAFAS y una empresa privada para instalar un infame "casino electrónico" en Concepción del Uruguay configuraría un paso más en esta perversa dirección, que muestra a las claras el verdadero rostro de esta administración; conservador y reaccionario.

Primero fue la "ley de turismo", que denunciamos como un caballo de Troya destinado primordialmente a introducir una ventana tramposa a la privatización de los juegos de azar. Lamentablemente, teníamos razón cuando expusimos las razones para oponernos a esa iniciativa. Luego vino, en el caso de Concepción del Uruguay, el Decreto 3733, por el cual el Poder Ejecutivo declaró "de interés turístico provincial" un controvertido proyecto presentado en el marco del mecanismo de "iniciativa privada", a cuya presentación en sociedad, mucho antes de la respectiva licitación y adjudicación e incluso antes de la sanción de la mal llamada "ley de turismo", habían asistido, en una insólita actitud, el Presidente Municipal Bisogni, el Vicegobernador Lauritto y el Gobernador Urribarri. Obviamente, a la amañada "licitación pública" sólo se presentó la empresa iniciadora. Nos permitimos recordar que este desafortunado proyecto, más allá de la privatización del juego que conlleva, significará la pérdida para el municipio del valiosísimo inmueble de la actual Terminal de Ómnibus y la degradación por 50 años del Mercado 3 de Febrero, hermoso exponente del patrimonio urbano, condenado a convertirse en un decadente casino electrónico, amén del traslado de la terminal a una localización alejada e inconveniente desde todo punto de vista, en lo que constituye un pésimo negocio para el erario municipal y un fabuloso beneficio para la empresa.
A pesar de las advertencias de numerosos sectores políticos, sociales y gremiales, incluida la prédica constante y serena de la Iglesia Católica, el gobierno ha avanzado en este camino que despierta tantas sospechas, y es así que el 27 de diciembre del año pasado el Directorio del IAFAS emitió la Resolución 1551, por la que declara factible la propuesta presentada por la empresa, sin hacer ninguna observación, y autoriza a la Gerencia de Casinos a firmar el contrato respectivo.
La instalación de una sala de juegos con una gran cantidad de máquinas electrónicas no constituye en absoluto algo que la ciudad de Concepción del Uruguay necesite para potenciar su atractivo turístico, como se sostiene falaz y desvergonzadamente desde despachos oficiales. Expertos en turismo han sido concluyentes en este sentido. Por el contrario, tal despropósito sólo servirá para despojar de escasos recursos a vecinos humildes de la ciudad y en definitiva para absorber recursos de la economía local. Por añadidura, se degradará un área céntrica de la ciudad, y - como en toda experiencia del juego de azar en manos privadas - se correrá el riesgo de que éste vaya acompañado de las lacras que éste suele favorecer, tales como el lavado de dinero.
Por si fuera poco, constituirá una competencia desleal para el casino oficial del IAFAS, instalado a escasas cuadras. Rechazamos por absurdas e incoherentes las argumentaciones que dan cuenta de los déficit de los casinos administrados por el Estado, que sólo constituyen flagrantes confesiones de la ineptitud y la inoperancia por parte de la actual administración.
Por todo lo expuesto, exhortamos al Poder Ejecutivo a dar marcha atrás en este proceso de entrega y celebramos la disposición del Comité Provincial de nuestro partido de advertir enfáticamente que el radicalismo en el gobierno analizará rigurosamente la legalidad y lesividad de estos procesos y procurará por todos los medios impulsar las medidas administrativas y judiciales que los reviertan.
BLOQUE DE DIPUTADOS PROVINCIALES DE LA UNIÓN CÍVICA RADICAL DE ENTRE RÍOS

José María Miser, Mirta Alderete, Oscar Cardoso, Marcelo López, Jaime Benedetti, José Antonio Artusi Leer más...

Diputados radicales se reunieron con empleados del Casino de Gualeguaychú y ratificaron su oposición a los proyectos de privatización del juego en Entre Ríos

Los diputados provinciales de la UCR Jaime Benedetti y José Antonio Artusi se reunieron con empleados del casino de Gualeguaychú, en una asamblea de la que también participaron el Senador Osvaldo Chesini y el Diputado Juan Alberto Bettendorf (PF). En la oportunidad el diputado Artusi manifestó que "desde el bloque radical alertamos en soledad en su momento que la ley de turismo era sólo una pantalla para permitir la privatización del juego en la provincia"; recordó que "veíamos señales claras de la voluntad política de este gobierno en ese sentido", y ejemplificó diciendo que "aún antes de la sanción de la ley el propio Sr. Gobernador participó del lanzamiento de un descabellado proyecto para entregar la Terminal de Concepción del Uruguay y para convertir al Mercado 3 de Febrero en un infame garito electrónico, a pocas cuadras del casino oficial del IAFAS".

Artusi señaló que "lo dijimos públicamente en su momento, lo ratificamos en el recinto en la sesión del 15 de Diciembre de 2009, y nuestros temores se han convertido en realidad", en alusión al artículo 3º de la ley 9946, los decretos del Poder Ejecutivo declarando de "interés turístico provincial" sendas propuestas de empresarios privados en Victoria y en Concepción del Uruguay, y las resoluciones respectivas del IAFAS declarando factibles tales propuestas. Benedetti y Artusi ratificaron en el diálogo con los empleados del IAFAS su oposición terminante a todo intento de privatización del juego, valoraron la prédica constante y coherente de la Iglesia Católica en esta materia, y denunciaron que "estos emprendimientos tendrán efectos perniciosos no sólo sobre los trabajadores, ya que el juego en manos privadas actúa como una gigantesca aspiradora que se lleva recursos de la provncia, empobrece a nuestros propios conciudadanos y facilita el lavado de dinero, entre otras lacras".
Los legisladores radicales recordaron que presentaron en la Cámara de Diputados un proyecto de ley derogando el artículo 3º de la ley de turismo, pero dado el receso de la administración pública entendieron necesario "incrementar la movilización social y la condena pública de este perverso intento del Poder Ejecutivo, para que recapacite y deje de lado estas iniciativas". José Antonio Artusi condenó las recientes declaraciones de funcionarios del Poder Ejecutivo "que pretenden engañar burdamente a los entrerrianos, intentando vanamente tapar el sol con las manos", y se lamentó que "defiendan con más fuerza oscuros intereses que los intereses del Estado y de todos los entrerrianos".-
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UN PRESUPUESTO MENTIROSO Y CONTAMINADO POR LAS POLÍTICAS NACIONALES

El Bloque de Diputados Provinciales de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos se opuso, en la sesión del Miércoles 15, al tratamiento sobre tablas del proyecto de presupuesto para el año 2011, y propuso que sea girado a comisión para su análisis a los efectos de intentar acordar algunas modificaciones que resultan ineludibles; siguiendo de esta manera el trámite ordinario de todo proyecto de ley. Tal criterio no fue compartido por el bloque mayoritario del Peronismo Federal, que habilitó la posibilidad de que se apruebe el presupuesto en la misma sesión en la que ingresó.

El Bloque de la UCR pone de manifiesto ante la ciudadanía entrerriana que la determinación adoptada obedece a considerar, entre otras cuestiones, que:
- El Presupuesto 2011, como los anteriores, convalida la subordinación política al gobierno central en el marco de la profunda crisis del federalismo fiscal. El presupuesto provincial se encuentra sujeto a las previsiones del presupuesto nacional, entre ellas una inflación prevista del 8,7%, notoriamente inferior a estimaciones privadas y a la verificación práctica que todos los entrerrianos hacen cuando van a hacer sus compras.
- Se trata de un presupuesto que, más allá de anuncios propagandísticos dirigidos a instalar la campaña por la reelección del gobernador, no es la expresión financiera de un verdadero plan estratégico de desarrollo sostenible tendiente a aprovechar las extraordinarias condiciones macroeconómicas que el mundo le ofrece a nuestro país y a nuestra provincia.
- Asistimos a un incremento notorio del gasto, del déficit y del endeudamiento público, sin que ello se trasunte en una mejora de la eficiencia y la eficacia del funcionamiento del Estado, que se traduzca a su vez en más y mejores servicios de salud, educación, vivienda, seguridad y justicia para los entrerrianos. Con relación a los ingresos de los trabajadores del Estado, AGMER ha denunciado con razón que “ni siquiera se prevé una actualización de los salarios que se ajuste a la pauta inflacionaria sobre la que elaboran las previsiones presupuestarias”.
- Si bien se anuncia con bombos y platillos una previsión de inversión record para los gastos en bienes de capital, tal anuncio representa una falacia y un engaño a la población, dado que en los últimos años se verifica una constante y sistemática subejecución de dichos gastos, acompañada de una sobreejecución de los gastos corrientes. El 2009 sólo se ejecutó el 51% de los gastos de capital, y el 46% del rubro construcciones. De la ejecución del presupuesto 2010 al 30 de Septiembre de 2010, se proyecta una ejecución de sólo el 22% para este rubro en el año en curso.
- Como en presupuestos anteriores, se incluye una excesiva y arbitraria delegación de facultades al Poder Ejecutivo, que desnaturaliza el verdadero carácter de una ley de presupuesto y lo transforma en una verdadera ficción, que pondrá en manos del gobierno la posibilidad de utilizar abusiva y discrecionalmente recursos públicos en un año electoral.

José Antonio Artusi
Presidente
Bloque de Diputados Provinciales de la UCR de Entre Ríos
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27 años del retorno a la democracia

Se cumplen 27 años del retorno a la democracia. El 30 de Octubre de 1983 los argentinos, al ungir a Raúl Alfonsín como Presidente de la Nación, optamos por la vida, por la paz, por la República, por el Estado de Derecho, por la plena vigencia de los derechos humanos; descartamos el pacto militar-sindical y la autoamnistía de los golpistas, y comenzamos a decirle nunca más a los gobiernos militares y al terrorismo de Estado.

Le dimos un mandato a Alfonsín para que cumpla la palabra empeñada, que honró religiosamente al tomar como una de sus primeras medidas de gobierno la iniciativa de enjuiciar a los militares y a los dirigentes de organizaciones armadas responsables de violaciones a los derechos humanos. En ese momento no era fácil. Gracias a aquel coraje, hoy vivimos en democracia. Ahora viene el desafío de la democracia social, para que Raúl tenga razón, para que con la democracia no sólo se vote; para que se coma, se cure y se eduque.

José Antonio Artusi
Presidente del Bloque de Diputados Provinciales de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos Leer más...

EL DIPUTADO ARTUSI PROPONE INVESTIGAR EL POTENCIAL DE LA ENERGIA HIDROCINÉTICA EN ENTRE RÍOS

El diputado provincial José Antonio Artusi (UCR) propuso a través de un proyecto de resolución "solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que disponga la realización de estudios y proyectos de investigación tendientes a relevar y caracterizar las posibilidades de generación de energía eléctrica a través de turbinas hidrocinéticas en cursos de agua de la provincia de Entre Ríos, y a evaluar la factibilidad y alternativas tecnológicas de su explotación comercial".

En el artículo 2º de la iniciativa presentada por el legislador uruguayense se recomienda al Ejecutivo que "formalice convenios de cooperación con provincias limítrofes y con sociedades del Estado de provincias hermanas, con institutos nacionales y con universidades y centros de investigación que tengan desarrollos tecnológicos en la materia". Artusi señaló en los fundamentos del proyecto que "la energía cinética está presente en la corriente de los ríos y es aprovechable para la generación a escala pequeña y mediana en cuanto a potencia instalada. La hidrocinética es una fuente alternativa de energía, renovable, no contaminante, y que no requiere de grandes obras de infraestructura. No obstante, no deben generarse falsas expectativas: no se trata de una fuente capaz de producir energía a gran escala, en los rangos en que sí pueden hacerlo otras como la hidroeléctrica o la nuclear. De todos modos, en una provincia como la nuestra, que no en vano se llama “Entre Ríos”, parece lógico al menos explorar las posibilidades que esta forma de generación energética puede depararnos, en pos de diversificar la matriz energética, disminuir los costos de generación, disponer de tecnologías sostenibles y disminuir la dependencia de la energía termoeléctrica derivada de la utilización de combustibles fósiles. Las turbinas hidrocinéticas funcionan aprovechando la energía del mismo nombre, presente en la corriente de los cursos de agua, a diferencia de las turbinas utilizadas en las centrales hidroeléctricas, que aprovechan la energía potencial derivada de la diferencia de altura propia de las represas o embalses. Por ende, no requieren de costosas obras de infraestructura ni ocasionan modificaciones en el ambiente". El legislador radical puso como ejemplo que la empresa rionegrina INVAP Sociedad del Estado se encuentra desarrollando un prototipo de turbina hidrocinética y que recientemente el Consejo Consultivo para el Crecimiento de Santa Fe recomendó al Poder Ejecutivo de la provincia hermana considerar “de interés prioritario en materia energética el aprovechamiento de las ventajas comparativas de la provincia para la generación eléctrica mediante turbinas hidrocinéticas".
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José Antonio Artusi: "a este ritmo, el Poder Ejecutivo va camino a ejecutar solamente el 18% del rubro construcciones en el Presupuesto 2010"

El diputado provincial José Antonio Artusi (UCR) manifestó que "de acuerdo a los datos brindados en la ejecución presupuestaria al 30 de Junio, a este ritmo el Poder Ejecutivo va camino a ejecutar solamente el 18% del rubro "construcciones" en el Presupuesto 2010".

El legislador radical indicó que "el presupuesto prevé una asignación total de $ 2.235.280.000 en construcciones. Sin embargo, transcurrida la mital del año, la ejecución sólo llega a $ 209.040.000. Si el ritmo del segundo semestre es similar al primero, la ejecución final rondaría alrededor de los 418 millones de pesos, lo que representaría apenas un 18% del total presupuestado".
Artusi señaló que "la subejecución de la obra pública no será de todos modos un dato novedoso: el año pasado se ejecutó sólo un 46% de lo presupuestado en construcciones, y el promedio de los últimos 5 años es del 47%".
"De esta manera, el presupuesto se transforma en una ficción, en la que el Poder Ejecutivo envía un proyecto a la Legislatura, se aprueba un presupuesto que luego el propio Poder Ejecutivo modifica a lo largo del año, y finalmente se ejecuta algo que poco tiene que ver con el presupuesto original. Así, el presupuesto público pierde su valor como instrumento financiero de planificación del gasto público"; finalizó el legislador uruguayense.- Leer más...

Artusi: “El radicalismo debe intensificar su rol opositor y convertirse en alternativa”

“Soy de los que considera que el radicalismo debe intensificar su rol opositor. De todos modos, hemos caído en una especie de trampa con esta pseudo división del peronismo, que hace que se privilegie en el plano mediático una discusión entre Busti y Urribarri, y a nosotros nos cueste meter un bocadillo. Ahora, si uno ve la labor parlamentaria, la única oposición en la Cámara de Diputados ha sido la de la Unión Cívica Radical (UCR)”, esbozó el diputado provincial José AntonioArtusi (UCR-Uruguay), para quien “la sociedad está reclamando alternativas y el radicalismo, en el marco del Acuerdo Cívico y Social, debe ser una propuesta superadora”.

A propósito de ello, el referente de la UCR de Gualeguaychú y ex presidente de la Juventud Radical, Alfredo Vitale, aportó que “para ser oposición hay que estar preparados”, y opinó que “hay perspectivas y muchas posibilidades de ganar las elecciones 2011”. Los radicales también se refirieron a la figura del ex gobernador Sergio Montiel, y coincidieron en minimizar la imagen negativa que puede representar para la UCR el cuestionamiento a su gestión de gobierno. “El radicalismo en su conjunto, como expresión política, tiene todavía una asignatura pendiente en esta tarea de reforzar su rol opositor”, admitió Artusi al tiempo que consideró que “la sociedad está reclamando alternativas” y advirtió que “uno y otro peronismo en definitiva son dos caras de la misma moneda”. En ese sentido, el legislador aseveró que en la Cámara de Diputados la única oposición ha sido la UCR. “Nosotros hemos sido los únicos que criticamos el presupuesto, que votamos en contra; los únicos que hemos tenido posiciones alternativas por ejemplo en el tema de hidrocarburos, que nadie se acuerda ahora pero puede ser un tema trascendente en el futuro”, dijo e insistió: “Pero comparto que a eso falta agregarle, articulando con todos los estamentos partidarios, no sólo una voz opositora, sino una voz alternativa. Sobre todo porque se acerca 2011 y la sociedad entrerriana debe ver que es necesario otro proyecto de provincia; y el radicalismo, en el marco del Acuerdo Cívico y Social, debe ser una propuesta superadora”.

En diálogo con el programa Fuera de Juego (Canal 2 – Gualeguaychú), Artusi negó que exista en el radicalismo el temor de que ante un pronunciamiento opositor, el peronismo responda enrostrándole el período de Montiel. “Convengamos que esto sucede insistentemente”, acentuó, y rápidamente corrió el eje de discusión para indicar que en el centenario partido “se avecinan etapas de recambio de autoridades institucionales”, y enfatizar: “Nosotros somos respetuosos de esos tiempos. Este debate habrá que darlo, y en definitiva los dirigentes y los afiliados definirán de qué manera podemos encolumnarnos todos detrás de una propuesta. Las autoridades del partido, el año que viene van a tener una responsabilidad muy grande como lo es conformar una propuesta de gobierno, articular electoralmente el Acuerdo Cívico y Social, llevar adelante la campaña electoral y, si ganamos, como pensamos que vamos a ganar las elecciones de 2011, defender al gobierno en su primer año de gestión. Hay que ponerse ya a trabajar en eso”.

Alfredo Vitale, por su parte, retomó el interrogante en cuanto al ex gobernador por la UCR, y espetó que “en 27 años de democracia, sería injusto enrostrar todos nuestros pesares al gobierno de Montiel o a los dos períodos radicales que hubo en la provincia, cuando todo el resto de los períodos han sido de gobiernos justicialistas”. Tras ello, aclaró: “Cuando hablamos de oposición, no se trata sólo de decir ‘son temerosos’, ‘no salen’. Para ser oposición hay que estar preparados, no se trata de oponerse por oponerse”, y en tal sentido precisó que en la UCR de Gualeguaychú se están llevando a cabo jornadas de capacitación sobre municipalismo. “Si queremos ser gobierno, tenemos que estar capacitados para dar una respuesta a la gente. No se trata de ganar por ganar. Sí, hay perspectivas y muchas posibilidades de ganar las elecciones 2011, pero nos estamos preparando para ello. Creemos que debemos salir cuando es necesario, y para dar respuestas concretas a la sociedad, no para formar una burbuja”, recalcó.

Consultado sobre si no considera que la UCR ha desperdiciado un tiempo importante en cuanto al envión que le generó el haber ganado las últimas elecciones legislativas, Artusi reconoció que “evidentemente la sociedad puede percibir un adormecimiento”, pero fundamentó: “El plano legislativo nacional cambió porque hay renovación de autoridades cada dos años y eso permitió nuevas mayorías en el Congreso de la Nación, y permitió cosas como la Asignación Universal por Hijo -que es un logro de la oposición, porque el gobierno de Cristina Kirchner, antes que la oposición lo consagrara como ley, lo instrumentó por decreto-. Nosotros, en la provincia, no tenemos esa posibilidad porque todavía tenemos la representación legislativa de 2007, luego de una mala elección del radicalismo, y somos solo seis diputados en el bloque, de modo tal que nos cuesta mucho trabajo”.

“Es una tarea enorme para un partido que no tiene recursos económicos, que todo lo hace con mucho esfuerzo”, continuó Artusi e insistió en que “el desafío principal es político, es romper esta trampa en que sale Urribarri diciendo una cosa o anunciando algo, y aparece Busti ejerciendo esta falsa oposición”. “Nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante por clarificar a la sociedad que en definitiva son lo mismo. Lo que se dice es muy parecido a fuegos de artificios, pero no es realmente una oposición política de parte de ellos, forman parte de ese peronismo que ha demostrado que no está en condiciones de insertar a la provincia en el camino del progreso, con crecimiento sostenido, igualitario y con oportunidades para todos los entrerrianos. Tienen una matriz de acumulación de poder y de ejercicio de poder en la función pública que los entrerrianos ya conocen”, asentó.

En ese punto, el diputado marcó que “es necesario cambiar profundamente”, y volvió sobre la figura de Montiel: “Nosotros también hemos cometido errores cuando fuimos gobierno, pero hay una generación de radicales con experiencia partidaria y alguna experiencia legislativa. Somos muchos a los que no se nos puede acusar de que estuvimos en el gobierno de Montiel, y reconocemos los aciertos y los errores de todos los gobiernos radicales, pero no vemos que los justicialistas se hagan cargo de todos sus desastres desde Isabel Perón con López Rega, pasando por Menem y por tantas otras cosas”, cotejó el radical.

Y ahondó: “El justicialismo en sus distintas versiones ha instalado una demonización de la figura de Montiel. Yo no formé parte de su gestión, pero hay que reconocer que tuvo algunos aciertos, en la época más difícil que nos tocó vivir, como son la Tarjeta Sidecreer, la UADER”. “Creo que es un dirigente de peso, importante, con una experiencia valiosa, que obviamente cumplió un ciclo. Seguramente tiene mucho para aportar todavía como una voz con experiencia, pero no creo que esté en condiciones de encabezar el proceso, porque en esta instancia en particular hace falta un proceso de renovación del radicalismo. Por internas o por acuerdo tenemos que producir una importante renovación dirigencial e imprimirle un dinamismo”, definió descartando una candidatura del caudillo.

Finalmente, el diputado de la UCR planteó que “más que mirar al pasado, es necesario trabajar para construir un programa de gobierno en cada municipio y para la provincia”. “La provincia tiene déficits estructurales: los problemas ambientales, los problemas de desarrollo, la educación, la inseguridad. No basta con copiar la plataforma de la elección anterior, hay que elaborar en serio un programa transformador y progresista de gobierno. Por eso hace falta un partido político consolidado, que se oponga a esto pero que a su vez sea alternativa. Solos, creemos que no lo podemos hacer, por eso el año pasado construimos el Acuerdo Cívico y Social, que hay que consolidarlo; queremos que se sume el Partido Socialista, queremos ofrecer una alternativa de gobierno realmente transformadora para la provincia de Entre Ríos”, cerró.

Fuente: Análisis Digital http://www.analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=130245 Leer más...

DIPUTADOS RADICALES CONDENARON EL ATAQUE A LA CTA

El Bloque de Diputados Provinciales de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos repudia enérgicamente el ataque pepetrado contra la sede de la CTA de Paraná y condena las amenazas sufridas por sus dirigentes.

Nos solidarizamos con la Central de Trabajadores Argentinos y hacemos una vez más un llamado al conjunto de los entrerrianos a rechazar toda forma de intolerancia y violencia política. Exigimos al gobierno provincial la máxima celeridad y diligencia para esclarecer estos hechos.-

José Antonio Artusi
Presidente del Bloque de Diputados Provinciales de la UCR de Entre Ríos
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El impacto de la crisis del federalismo fiscal en la política habitacional

Por José Antonio Artusi
El Fondo Nacional de la Vivienda se integra con un porcentaje de la recaudación del impuesto a los combustibles y sus recursos son distribuidos entre las provincias de acuerdo a una serie de coeficientes dispuestos oportunamente. En el caso de Entre Ríos, tal coeficiente es el 3,90%.
Podrá discutirse la justicia de esta distribución, y de hecho la ley 24.464 establece la necesidad de revisarla cada dos años, disposición que no ha tenido cumplimiento. Pero lo cierto es que brinda una mínima garantía acerca de los fondos que recibirá cada instituto provincial de vivienda cada año y evita el reparto discrecional de fondos por parte del gobierno nacional. En tal sentido, es similar al sistema de coparticipación federal de impuestos.

Sin embargo, a partir de 2003 los ingresos de los institutos provinciales de vivienda comenzaron a tener otra fuente de ingresos del gobierno nacional, que se suman a los ingresos por recuperos de cuotas y a "otros ingresos", tales como venta de pliegos: los denominados "programas federales", "diversos Programas y Subprogramas con el objetivo de disminuir el déficit habitacional existente en el país, ejecutando una política habitacional activa a través de la ejecución de Programas Federales desarrollados para mejorar el acceso a la vivienda de los sectores mas desfavorecidos." (Informe de Auditorias FO.NA.VI y Programas Federales
Ejercicio 2008). A diferencia de los ingresos FONAVI, los ingresos de los programas federales no están sujetos a un índice fijo, sino que pueden, y de hecho son, como veremos, ser distruibidos de manera absolutamente discrecional por parte del gobierno nacional.
Es así que en Entre Ríos los "programas federales" hacen su ingreso tímidamente en 2003, con $ 1.115.784, sumándose a los $ 20.553.207 correspondientes a los ingresos FONAVI. En el 2004 ya representan más de la mitad de estos, y en el 2005 los superan, siendo más del doble. Allí comienzan a decaer en términos absolutos, hasta llegar a ser menos del doble en el 2008: $ 21.065.742 de programas federales contra $ 47.152.838 de ingresos FONAVI.
Es interesante destacar que los ingresos totales, a pesar del aporte que significan los programas federales a partir de 2003, no alcanzan a recuperarse del impacto de la inflación verificada a partir de la salida de la convertibilidad. Es así que los ingresos totales para el caso de Entre Ríos(FONAVI+programas federales+recupero de cuotas+otros ingresos) fueron en 2001 de $ 33.283.343. En 2008, los ingresos totales nominales fueron de $ 92.929.574, que llevados a pesos constantes de 1993 teniendo en cuenta el índice de precios de la construcción del INDEC equivalen a $ 29.727.951.
Pero volvamos a los programas federales para ver cómo el gobierno nacional distribuye estos fondos entre las distintas jurisdicciones. A tal efecto tomaremos datos oficiales extraídos de los Informes de Auditorias FO.NA.VI y Programas Federales de los Ejercicios del 2001 al 2008. Hasta el 2007 pueden consultarse en http://www.vivienda.gov.ar/ y el informe del 2008 me fue facilitado por la oficina del diputado nacional Atilio Benedetti, integrante de la Comisión de Vivienda. Debería publicarse en internet.
Podría esperarse, a priori, que la participación de cada provincia en la percepción del total de ingresos de los programas federales tenga alguna correlación con el porcentaje que les corresponde de los fondos del FONAVI. Sin embargo, la realidad echa por tierra esta presunción. Entre Ríos, que - recordemos - recibe el 3.90% de los recursos del FONAVI, ha recibido sistemáticamente mucho menos en concepto de ingresos de los programas federales: concretamente, el 1,22% en 2003, el 2,78% en el 2004, el 4,40 en el 2005%, el 2,37% en el 2006, el 1,62% en el 2007, y sólo el 1% en el 2008. Como puede apreciarse, el único año de la serie en que el porcentaje supera el 3,90% del FONAVI es el 2005, y lo hace por un escaso 0,5%.
Obviamente, no a todas las jurisdicciones les ha ido tan mal. En el 2007 la provincia de Entre Ríos recibió $ 33.079.722 en concepto de programas federales. Si dividimos tal cifra por la cantidad de habitantes, teniendo en cuenta las proyecciones demográficas del INDEC, nos da $ 26,62 por habitante, prácticamente la mitad del promedio nacional, que fue $ 51,85 por habitante. Sin embargo, para Santa Cruz los programas federales de vivienda significaron $ 543,13 por habitante, 20 veces más que en Entre Ríos. En 2008 las cosas empeoraron, ya que los ingresos de los programas federales en Entre Ríos - a diferencia de los ingresos FONAVI que aumentaron por el aumento de los combustibles - disminuyeron en términos absolutos, llegando a sólo $ 21.065.742, o sea $ 16,77 por habitante, lo que representa solamente un tercio del promedio nacional y casi 35 veces menos que los $ 581,40 por habitante de la provincia de Santa Cruz.
No es necesario decir, por obvio, que miles de ciudadanos de nuestra provincia se ven privados del derecho al acceso a una vivienda digna, consagrado en el artículo 25 de la Constitución reformada en 2008.
Las auditorías del FONAVI tienen información interesante que sirve como insumo para otros análisis, y hay cosas que no dice, que iremos diciendo.
Por ahora baste con estas reflexiones para demostrar que la necesidad de recuperar el federalismo fiscal no es una cantinela de la oposición. Es una necesidad imperiosa de los entrerrianos y de los argentinos, si es que queremos en serio marchar hacia una democracia social, republicana y federal. El derecho a la vivienda y el concepto novedoso del derecho a la ciudad son pilares fundamentales de esa sociedad inclusiva y solidaria que queremos construir.-

José Antonio Artusi
Presidente del Bloque de Diputados Provinciales de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos Leer más...

Diputados radicales presentaron una denuncia para conocer quienes y cómo ordenaron la destrucción de archivos policiales

El Bloque de Diputados Provinciales de la Unión Cívica Radical se trasladó hasta Concepción del Uruguay para presentar en el Juzgado Federal a cargo del juez Román Pimental una denuncia penal por presunta comisión de un delito de acción pública.

A través del requerimiento judicial, los diputados radicales procuran conocer quién o quiénes y cómo se autorizó en el año 2004 la quema de documentación pública perteneciente a la Jefatura de la Policía Departamental de Concordia; y que días pasados fue requerida en el marco de una investigación por desaparición de personas en la causa “FISCALIA GENERAL SOLICITA DESARCHIVO POR DESAPARICION DE PERSONAS – CAUSA CONCORDIA – EXPDTE. Nº 55045.
A partir de la información periodística publicada por el Diario Junio Digital, se conoció el hecho y posteriormente la existencia de un acta del Archivo General de la Provincia de Entre Ríos de fecha 10 de marzo de 2004, donde consta que en Concordia se procedió a la eliminación por medio de la incineración de documentación policial que se hallaba archivada en la Jefatura de Policía Departamental Concordia.
CORRELACIÓN DE HECHOS
Como dato relevante, en la presentación el Bloque de Diputados de la UCR deja constancia que mientras se destruía la documentación, “ese mismo día, el 10 de marzo de 2004, la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos daba media sanción al Proyecto de Ley –Expte. Nº 13.656, iniciado el 29 de diciembre de 2003- y que luego obtendría sanción definitiva, por el cual se creó el ‘Registro Único de la Verdad’ -actualmente Ley Nº 9577-, en cuyo marco el Sr. Roque Minatta, Subsecretario de Derechos Humanos solicitó la exhibición de esta documentación ‘expurgada’”.
“El dato cobra relevancia puesto que de la lectura del diario de sesiones se colige la inminencia de la sanción de esta ley que reforzaba la obligación de poner esa documentación ‘expurgada’ a disposición de los interesados”, advierten en la denuncia.
Lo que se pone en evidencia es que “con mucha cercanía se sancionaría definitivamente la ley que, de acuerdo a su redacción, obligaría inexorablemente a la exhibición de la documentación destruida ese mismo día: ‘Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo Provincial a través del organismo citado, pondrá a disposición del ‘Registro Único de la Verdad’ los archivos de la Policía de la Provincia y de cualquiera de las dependencias de los tres Poderes del Estado Provincial y entes descentralizados, autárquicos y organismos municipales que refieran a dicha represión” .
En otro párrafo, destacan: “La ley evitó poner el límite del año 1976 a la obligación de conservar y exhibir esos archivos a diferencia de otras legislaciones provinciales que fijaban ese año 1976 como límite para exhibir la documentación, por lo tanto era obvio que la documentación anterior a ese año que fue destruida debía ser conservada”, sostienen los diputados en la presentación judicial.
LEY DE ARCHIVOS
Conforme los artículos 8 y 17 de la Ley 7452, si los archivos tuvieran más de 30 años de antigüedad podrían considerarse documentos históricos que deben conservarse en el Archivo; o bien, si tuvieren menor antigüedad, podrían catalogarse como documentos administrativos que también deberían estar bajo custodia del Archivo.
“En la práctica, es usual que sea el propio gobernador quien autorice el expurgo de expedientes previa intervención del la Dirección del Archivo General de la Provincia, tal como puede observarse en el trámite dado por el DECRETO Nº 3564 MGJEOySP, por el cual se autorizó el expurgo de actuaciones administrativas del año 1987 hasta el año 1991, con previa intervención de la Dirección del Archivo General de la Provincia”, advierten.
Los legisladores también hacen notar que “la Policía de Entre Ríos, desde hace años introdujo la práctica de microfilmar documentos, lo cual podría haber evitado esta pérdida”.
DELITOS CONEXOS DE LESA HUMANIDAD
En el escrito se señalan varios antecedentes en los que podría encuadrarse la quema de estos archivos. Por ejemplo: “El 30 de abril de 2003, la Sala I de la Cámara Federal falló que los delitos conexos a los de lesa humanidad también son imprescriptibles. Lo hizo en un expediente sobre la desaparición de documentación relacionada con desaparición de personas.
La Cámara Nacional Criminal y Correccional Federal, Sala 1, en el caso “Rovira, Miguel Angel”, 14.03.2008, considera también a los delitos perpetrados antes del 24 de marzo de 1.976 por la organización “Triple A” como delitos de Lesa Humanidad y por lo tanto imprescriptibles.
Asimismo, resulta relevante la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 24 de agosto de 2004, en la causa Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/homicidio calificado y asociación ilícita y otros Causa n° 259C.A. 533. XXXVIII. Recurso de Hecho, en la cual también se consideran de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles aquellos delitos. Leer más...

CONFERENCIA DE PRENSA DEL BLOQUE DE DIPUTADOS PROVINCIALES DE LA UCR EN CONCEPCION DEL URUGUAY

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ARTUSI: "EL PUENTE A LA ISLA DEL PUERTO NECESITA UN CERTIFICADO DE LICENCIA AMBIENTAL Y NO LO TIENE"

El diputado provincial José Antonio Artusi (UCR) consideró que "el inicio de la obra del puente a la Isla del Puerto de Concepción del Uruguay requiere imperiosamente la autorización correspondiente por parte del municipio, que en este caso sería el Certificado de Licencia Ambiental previsto en la ordenanza 6495, que regula el procedimiento técnico - administrativo de la Evaluación de Impacto Ambiental".

Artusi expresó que la propia Secretaría de Medio Ambiente ha incluido a la mencionada Ordenanza dentro del cúmulo de normas a cumplimentar, por lo que en la última sesión presentó un proyecto de resolución por el que propone solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente que exija a la Municipalidad de Concepción del Uruguay que habilite el proceso de decisión en materia ambiental previsto en la Ordenanza n° 6495, que requiera a las autoridades municipales que revoquen y/o suspendan el permiso otorgado mediante Resolución n°28760 hasta tanto se cumplimente el procedimiento previsto en la Ordenanza n° 6495, y que se notifique a la empresa contratista que se abstenga de avanzar en la instalación del obrador, hasta tanto se cumplimenten todos los procedimientos legales exigibles, en especial los establecidos por la Ordenanza n° 6495.
El Diputado Artusi reprodujo de esta manera lo solicitado oportunamente por el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical de Concepción del Uruguay.
Artusi señaló que, además, no es excusa válida argumentar que la Isla del Puerto no está dentro de la jurisdicción municipal, puesto que el Artículo 240 de la Constitución reformada en 2008 establece que los municipios "podrán ejercer acciones de protección ambiental más allá de sus límites territoriales, en tanto se estén afectando o puedan afectarse los intereses locales". Pero aún cuando así no fuera, el legislador radical recordó que la Ordenanza 6495 dispone claramente que la infraestructura que se localice en el dominio público y/o en áreas de protección forma parte del listado de proyectos sujetos obligatoriamente a la presentación de Estudio de Impacto Ambiental.
José Antonio Artusi lamentó que el Ejecutivo Municipal se resista a convocar a Audiencia Pública para tratar este controvertido tema, "seguramente porque tienen pocos argumentos para exponer a la ciudadanía, tratándose de un proyecto farónico que comenzó presupuestado en 80 millones de pesos, ya va en 100 de los que se han desembolsado 10 en concepto de anticipo financiero, y seguramente terminará costando 150, que todos los entrerrianos pagaremos como deuda pública".
Finalmente, el Presidente del Bloque de Diputados de la UCR opinó que "parece una burla a los uruguayenses que se pretenda avanzar a toda costa con este capricho, que no figura en ninguno de los muchos planes que tuvo la ciudad, que no fue reclamado jamás por ningún sector, en el mismo sitio de la Defensa Sur, a pocos metros de donde debió haberse localizado la planta de efluentes cloacales, que se podría materializar con un presupuesto mucho más acotado, y que permitiría solucionar o al menos mitigar considerablemente el problema de la contaminación bacteriológica del Balneario Itapé".- Leer más...

ARTUSI: "LAS PETROLERAS HACEN LO QUE QUIEREN CON EL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES PORQUE HEMOS PERDIDO LA SOBERANÍA ENERGÉTICA"

El diputado provincial José Antonio Artusi (UCR) consideró que "en Argentina las empresas petroleras, en su mayoría extranjerizadas, hacen lo que quieren con el precio de los combustibles porque hemos perdido la soberanía energética a partir de la privatización de YPF y de la seudoprovincialización de los recursos hidrocarburíferos, que en realidad ha sido una privatización encubierta y ha colocado a las provincias petroleras en una situación de debilidad para negociar frente a actores mucho más poderosos".

El legislador uruguayense hizo estas declaraciones a propósito de las "continuas alzas en el precio de los combustibles y de los problemas de desabastecimiento que se han presentado recientemente", y consideró que "los aumentos y la escasez continuarán mientras los argentinos no nos decidamos en serio a recuperar nuestra soberanía energética, que perdimos de la mano de la entrega de nuestros recursos a principios de los ´90, cuando Menem y Kirchner lo hicieron".
Artusi señaló que "no revertiremos efectivamente este cuadro desfavorable para los intereses nacionales hasta que recuperemos una YPF estatal y nacional, como tienen la enorme mayoría de los países del mundo que privilegian sus propios intereses".
Artusi reiteró su oposición al proyecto de ley de hidrocarburos del Poder Ejecutivo Provincial, que cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, y consideró "absurdo y contradictorio", que el gobierno haya avanzado en acuerdos con la empresa Repsol YPF aún antes de tener el marco normativo. De todos modos, el legislador radical consideró que "ese acuerdo es nulo, dado que el Ejecutivo se extralimitó en sus funciones".
Finalmente, José Antonio Artusi se pronunció a favor de "una política nacional de hidrocarburos que recupere la renta petrolera al servicio del desarrollo con autodeterminación, articulada de manera genuina con los intereses de todas las provincias, en el marco de un verdadero federalismo que no pierda de vista la defensa de los intereses nacionales". Leer más...

POR UNA REFORMA POLÍTICA INTEGRAL Y DURADERA

Declaración del bloque de diputados provinciales de la UCR
El debate por la reforma política debe ser profundo, integral y que incluya las grandes discusiones de fondo como la jerarquización de los partidos políticos, la boleta única, el financiamiento de la política, el control de la publicidad oficial, la derogación de la ley Castrillón, además de la conveniencia de fijar reglas claras y permanentes en cuanto al calendario electoral.

En cambio, en este escenario, vemos que el justicialismo en todas sus vertientes intenta acomodar circunstancialmente el cronograma electoral en uno u otro sentido de acuerdo a la conveniencia coyuntural de sus facciones internas. Lamentablemente, los dos sectores del justicialismo coinciden en privilegiar sus intereses ocasionales y acotan la discusión a una mera puja de poder entre sectores internos del PJ; porque no otra cosa significa que la reforma política quede circunscrita a cuándo les conviene a unos y a otros que se hagan las elecciones.
Dar un debate que es vital para la ciudadanía en estas condiciones debilita las normas que regulan la competencia política, desordena la ingeniería electoral, vulnera el carácter colectivo de la toma de decisiones, lo que termina socavando y deslegitimando el sistema democrático. Por ello impugnamos cualquier intento de tomar de rehenes a los ciudadanos para disputar con fines internistas un tema tan trascendente como es la reforma política.
Reafirmamos que es necesario y conveniente fijar por ley de una vez y para siempre la fecha de las elecciones. Tal como tal como propusimos en el proyecto de ley de Régimen Electoral y Sistema de Partidos Políticos que ingresáramos en la sesión anterior, el último domingo de septiembre nos parece una fecha adecuada, pues no es demasiado lejana a la renovación de autoridades, permite, por un lado, que el gobierno finalice su mandato sin mayores presiones y, por otro, que quienes tienen la responsabilidad del nuevo gobierno tengan tiempo suficiente para armar sus equipos.
José Antonio Artusi. Jaime Benedetti. Oscar Cardoso, Mirta Alderete. José María Miser. Marcelo López
Bloque de Diputados Provinciales de la Unión Cívica Radical Leer más...

Diputados radicales exigen al Ejecutivo que se abstenga de validar y ejecutar el convenio con YPF

En el intento que el Poder Ejecutivo vuelva sobre sus pasos respecto el convenio firmado el 9 de febrero pasado con la empresa YPF, los diputados radicales de la provincia reclamaron al Poder Ejecutivo que se abstenga de realizar actos que importen la convalidación o ejecución del “Acuerdo de trabajo para el desarrollo de proyectos exploratorios de hidrocarburos”, en razón de su notaria ilegalidad e ineficacia conforme los artículos 177, 122 inciso 2º, 85 y concordantes de la Constitución Provincial. Mediante un proyecto de ley, los diputados Jaime Benedetti, José Artusi, Marcelo López, José María Miser, Oscar Cardoso y Mirta Alderete cuestionan la falta de un decreto aprobatorio, la inexistencia de ratificación legislativa, el mecanismo de contratación directa con la empresa YPF y los privilegios que se le otorgan, en lo que califican una “virtual privatización”.

“Invocando el federalismo, este Gobierno concreta en la práctica la más ignominiosa entrega a las multinacionales petroleras, del patrimonio hidrocarburífero perteneciente a todos los argentinos”, expresan. Los diputados radicales consideran “injustificable el apresuramiento del Poder Ejecutivo en la suscripción de este convenio que avanza en la política de los hechos consumados que tanto mal han causado en nuestra provincia. Tanto más, cuando este acuerdo se realiza sin atribuciones por parte del Gobernador y sin los recaudos formales mínimos exigibles para su validez”.
FALTA DECRETO En el proyecto de ley, que lleva la firma de todos los diputados del Bloque de la UCR, se advierte: “Resulta altamente llamativo que, habiendo el Gobernador impulsado el año pasado un proyecto de ley, que tuvo aprobación en la Cámara de Diputados y está en tratamiento en el Senado, se apresure a firmar un convenio con la empresa Repsol YPF sin tener antes un marco normativo adecuado, que defienda los intereses de los entrerrianos y fije las bases de una política de Estado”. En los fundamentos, destacan que “para la eficacia del convenio se requiere refrendo de un Ministro o el dictado de un decreto aprobatorio del mismo que lo contenga (art. 177 C.P.). Sin embargo, dicho decreto no existe. Por lo cuál el convenio carece de validez y eficacia de manera absoluta. Pero aún de existir dicho instrumento, igualmente debería tener ratificación legislativa puesto que la decisión sobre hidrocarburos requiere trámite parlamentario (122 inciso 2º, 85 y concordantes de la C.P.)”.
HABILITACIÓN LEGISLATIVA “Efectivamente, el Poder Ejecutivo ha intentado comprometer a la Provincia sin estar legitimado para ello por carecer de las facultades para hacerlo por sí. En definitiva, la suscripción del convenio requería habilitación legislativa y refrendo ministerial por expresas disposiciones constitucionales. La ausencia de ambos extremos torna a dicho acuerdo nulo o directamente inexistente”, consideran. En el artículo 2, los legisladores radicales exigen “la suspensión de todo acto de disposición a favor de terceros que signifique reconocimiento, validación o adjudicación de derechos o permisos sobre los recursos hidrocaburíferos de la Provincia de Entre Ríos, hasta el momento de entrada en vigencia de un nuevo régimen legal aplicable a la política de hidrocarburos”. Se especifica que “la suspensión dispuesta en el artículo anterior alcanza, entre otros actos, a los estudios de potenciales proyectos exploratorios en territorio provincial; la elaboración de proyectos para la ejecución y desarrollo de actividades exploratorias, el otorgamiento de permisos superficiarios, los concursos de áreas, el otorgamiento de permisos de exploración o de explotación”.
CONTRATACIÓN DIRECTA “El Poder Ejecutivo eligió discrecionalmente a una empresa privada, YPF S.A. sin justificación alguna”, señalan y advierten: “Esta contratación directa atenta contra la Ley de Contabilidad vigente, que establece en su artículo 26:’…que todo contrato se realizará por remate o licitación pública cuando se deriven recursos’. Con tal disposición, queda claro que debió la provincia someter a este procedimiento previo la firma del cuestionado convenio (congruente con el artículo 80 de la Constitución Provincial)”. “Sin dudas el contrato obliga a la provincia respecto de sus estratégicos recursos naturales, y además pone a disposición de la empresa co-contratante recursos de todos los entrerrianos. Contratar directamente con YPF S.A. implica rechazar a priori, la posibilidad de discutir en el ámbito provincial la creación de una empresa estatal con ese objeto que simultáneamente contemple la preservación del medio ambiente. Decisión ésta que ameritaba un debate más profundo de nuestra dirigencia y de nuestra comunidad toda”, manifestaron. “En consecuencia, esta modalidad contractual no está vigente en el régimen de contrataciones provinciales, ni en el plano nacional. Sin embargo, la firma del convenio cuestionado obligaría al Estado a otorgar prioridad a la empresa YPF SA, con el agravante de que el Estado comprometió información exploratoria de su propiedad, realizada por la empresa Geodatos SRL, sin ninguna justificación”.
CUESTION AMBIENTAL Finalmente, “la lesividad del convenio de marras se agrava por la ausencia total de consideración de la cuestión ambiental, como así también de la participación popular en la toma de decisiones al respecto; lo cual transgrede los principios resguardados y revitalizados por la reciente reforma constitucional de 2008 que los contempla en los artículos 4, 22, 50, 51, 83, 84 y 85”. Leer más...

Boleta única y padrón unificado son parte de la propuesta de Reforma Política de diputados radicales

El proyecto de ‘Ley de Régimen Electoral y Sistema de Partidos’ propone modificaciones sustanciales al conjunto de normas vigentes que regulan en la materia. El último domingo de septiembre como fecha de las elecciones, mayor poder sancionatorio para el Tribunal Electoral, derogación de la ley de internas abiertas, nuevos requisitos de constitución para partidos políticos y contundentes definiciones respecto al financiamiento de las organizaciones partidarias, son otras reformas previstas por los diputados provinciales radicales. Además, el proyecto incluye dos anexos con el Texto Ordenado de las leyes N° 2988 y N° 5170.

Redactado originalmente por el diputado Marcelo López y firmado por la bancada radical en pleno, la propuesta tal vez más innovadora sea la que modifica la boleta de sufragio proponiendo la llamada ‘Boleta Única’, que tiene la característica de que son confeccionadas y puestas a disposición del elector por el Tribunal Electoral en forma de que incluye a todos los partidos habilitados para competir en la elección, el elector recibe una Boleta Única al momento de entrar al cuarto oscuro para luego marcar con un bolígrafo sus preferencias electorales. Este mecanismo apunta a reducir viejas prácticas clientelares ligadas al reparto de la boleta por parte de los partidos y a anular las posibilidades del ‘voto cadena’ al suprimir los sobres.
Como máximo órgano de competencia en cuanto a las elecciones y registro de partidos refiere, el Tribunal Electoral aparece como organismo público autónomo, de carácter permanente, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propios; es depositario de la autoridad electoral responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones; un dato relevante de la iniciativa de los radicales es la ampliación del poder sancionatorio respecto de partidos que incumplan con la premisa de transparencia en el manejo de sus cuentas y otras obligaciones.
El legislador radical calificó a la Ley Nº 2988 vigente como “una ley sabia” pues “contiene un modelo político que, aún con interrupciones, canalizó la competencia democrática de las distintas fuerzas durante prácticamente todo el siglo XX; fue diseñada más allá de las circunstancias que rodearon a los hombres que la aprobaron, por eso está en vigencia desde hace 76 años”.
“Hoy, luego de reformas constitucionales nacionales y provinciales y de avance de demandas ciudadanas por mayor transparencia y certeza respecto de cuestiones electorales y de organización de la representación, creemos que es necesario dar el debate y plantear una reforma política de fondo, que se sobreponga a la puja coyuntural de intereses parciales, que actualice la letra de la ley a las nuevas demandas de los ciudadanos, que mejore los instrumentos electorales como la Boleta Única, que otorgue mayores y mejores competencias al Tribunal Electoral, que fortalezca, mejore y transparente el financiamiento público de las actividades partidarias, y que genere certeza e imparcialidad respecto del calendario electoral”, expresó el legislador radical.
El autor de la propuesta enfatizó que “las reformas institucionales de fondo no pueden tratarse a la ligera; innovaciones de este calibre no pueden darse anteponiendo intereses coyunturales y parciales sino generando un cuerpo de normas que brinden fuerza y certeza a la competencia política democrática, y para ello deben respetarse los procesos y espacios para que todas las fuerzas políticas que gravitan en la provincia puedan abordarlo”. Consideró también que “esperamos que el oficialismo dé el debate en comisiones”.
En cuanto a la fecha de las elecciones, el texto de los radicales pretende dotar de certeza y previsibilidad al calendario electoral, para lo que fija el día para votar en el último domingo de septiembre. El diputado López estimó sobre este punto que “es necesario que una ley fije la fecha de elecciones; esto no puede quedar al arbitrio del gobierno de turno, como tampoco puede la Legislatura debatir el calendario electoral a cada rato. Los entrerrianos nos merecemos saber cuándo vamos a votar”, dijo.
Otros puntos modificados en el código electoral y de partidos apunta a fortalecer los requisitos de constitución de las organizaciones partidarias en el ánimo de despejar qué es un partido político. Atendiendo a la última reforma constitucional provincial –que incorporó el artículo 29°- la propuesta apunta que los partidos son aquellos cuya organización y funcionamiento observan la democracia interna, la adecuada y proporcional representación de las minorías, entre otros principios. Se les reconoce el monopolio de la capacidad de presentar candidaturas a cargos públicos electivos, tal como manda también la constitución provincial.
El proyecto regula además el sistema de financiamiento de las organizaciones partidarias e introduce algunos mecanismos para la definitiva constitución del Fondo Partidario Permanente, que es una figura que persiste de la vieja Ley 5170 pero que nunca fue incluido en el presupuesto provincial. Con el número de expediente 17813, el proyecto puede visitarse en el sitio web oficial de la Cámara de Diputados. Leer más...

DIPUTADOS RADICALES NO QUIEREN MONOPOLIOS PETROLEROS PRIVADOS Y PIDEN QUE SE ASEGUREN ADECUADOS ESTUDIOS AMBIENTALES

CONVENIO FIRMADO CON LA SOCIEDAD ANONIMA YPF
Un proyecto de resolución de autoría de Jaime Benedetti, que hizo propio el Bloque de Diputados Radicales, pide que el Gobierno dé marcha atrás con el convenio firmado con la empresa YPF SA del grupo Ezquenazi, y que se abstenga de firmar nuevos convenios hasta que exista en la provincia un marco legal adecuado.

En los considerando del proyecto se sostiene que: “El convenio deberá dejarse sin efecto pues avanza sobre aspectos no regulados por las leyes nacionales y provinciales vigentes, e inexplicablemente otorga permiso a una empresa privada -YPF SA- para estudiar potenciales proyectos exploratorios de hidrocarburos en el territorio de la provincia –art. 1.1. del Convenio- que finalmente le otorgarán prioridad de contratación a esta empresa frente a otros oferentes.”
Entre los numerosos argumentos, también se desliza que: “En tal contexto, nada puede justificar apresuramiento en este tipo de decisiones como es la de suscribir un convenio de la naturaleza del que nos ocupa. Si bien nos encontramos ante un convenio previo a las etapas de exploración y explotación, no podemos permitir avanzar en actos preparatorios ni aceptar la política de los hechos consumados que tanto mal han causado en nuestra provincia. Todavía estamos a tiempo mientras no se deriven obligaciones imposibles de revertir.”
Los diputados radicales consideran que “esta decisión de establecer un convenio que tomó en cuenta solo a una de las tantas empresa privadas que en el mundo y en nuestro país desarrollan actividades similares a las de YPF SA, y que desconoció la posibilidad de discutir en el ámbito provincial la creación de empresas estatales que cuenten con posibilidades de ocupar ese lugar, mediante formas que permitan un mayor control de las actividades de exploración y explotación de nuestros recursos naturales y del cuidado del medio ambiente, amerita un conocimiento y una discusión mucho más profunda de nuestra dirigencia y de nuestra comunidad toda.”
Por lo tanto, en el artículo 2º del proyecto textualmente se dispone: "Solicitar al Poder Ejecutivo se abstenga de firmar nuevos acuerdos de tal naturaleza en relación con los recursos hidrocarburíferos provinciales hasta tanto no se cumplan al menos los siguientes requisitos: a) Se encuentre plenamente vigente y reglamentada una ley de Hidrocarburos para la Provincia de Entre Ríos, la cual deberá ajustarse a lo dispuesto por el art. 85 de la Constitución Provincial. b) Se encuentren plenamente vigentes y reglamentados los institutos establecidos en el artículo 84 de la Constitución Provincial referido al diseño y aplicación de la política ambiental y la creación de un ente de aplicación;c) Se encuentren plenamente reglamentados los artículos 50 y 51 de la Constitución Provincial referidos a la Consulta Popular y la Audiencia Pública, respectivamente; y d) Se proceda observando las reglamentaciones de la Constitución Provincial previstas en los incisos anteriores, y la legislación vigente".
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Si ahora se descubre petróleo en Entre Ríos, ¿cuál va a ser el modelo?

Entrevista a Félix Herrero, Director de Instituto de Proyectos de Proyecto Sur y Vicepresidente del Grupo Moreno
"... hay más prensa que proyecto serio. Entre Ríos está sacando una Ley de Hidrocarburos, apoyada por la Cámara de Diputados, pero todavía no en el Senado. El diputado provincial radical José Artusi ha defendido el concepto nacional contra el saqueo absolutamente bien. Entre Ríos está sufriendo las consecuencias de esta propaganda del petróleo mediático. Si ahora se descubre petróleo en Entre Ríos, ¿cuál va a ser el modelo? El de las restantes diez provincias. ¿Cómo es el modelo de las restantes diez provincias? Rico el gobernador, y algunos diputados que votan, y pobre la gente. ¿Y la renta qué? Se la lleva Repsol y no queda en el país"

“Si tomáramos en serio las promesas, Argentina sería el país con más inversión del mundo”
Por OPS.- Félix Herrero es abogado y licenciado en Economía. En la década del ’70 estuvo al frente de las represas Salto Grande, Yacyretá y Corpus; fue consultor del Consejo Federal de Inversiones y hasta 2001, fue asesor de la Cámara de Senadores. Recientemente volvió al Congreso de la Nación como asesor de la Comisión de Energía -que preside Pino Solanas-, mientras ocupa la vicepresidencia del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO) y la dirección del Instituto de Proyectos de la coalición Proyecto Sur.
En el edificio anexo de la Cámara de Diputados recibió al OPS, y en una amena entrevista habló de la política energética argentina, haciendo énfasis en las gestiones kirchneristas y el destino de los hidrocarburos. También se refirió a las consecuencias de la provincialización de los recursos naturales, los anuncios de inversión de Repsol-YPF y la necesidad imperiosa de reconvertir la matriz actual, dependiente de la quema de combustibles fósiles, por alternativas más baratas y de bajo impacto ambiental.

-¿Qué evaluación hacen en Proyecto Sur de la política hidrocarburífera del kirchnerismo luego de más de seis años de gobierno?

Nosotros creemos que hay una política Kirchner-menemista, es decir, que es una misma política, pero que en algunos sectores ha sido más consolidada con el kirchnerismo, ha sido más avanzada en la entrega y el saqueo que el menemismo. Por ejemplo, con las prórrogas que se firmaron en Loma de la Lata, en el 2000 -con De la Rúa-, y en 2008 en Cerro Dragón. La continuación de prórrogas está mostrando que se está de acuerdo con la política menemista, y no hay ninguna intención de cambiarla. En ese sentido, el matrimonio Kirchner apoyó la privatización [del recurso] desde la provincia de Santa Cruz, y desde la Constituyente del año 1994, por lo que estuvieron con la entrega del petróleo y el gas argentino. Nosotros creemos que la política kirchnerista tiene una continuidad absolutamente leal al menemismo. -La prórroga de Cerro Dragón, si bien es consecuencia de la política kirchnerista de avanzar en la provincialización de los recursos, corrió por cuenta de Santa Cruz y de Chubut. [1] Sí, con una anuencia nacional. Ustedes tienen que recordar que cuando el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, y el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, firman la prórroga de Cerro Dragón, estaba la firma de Julio De Vido. Se habían equivocado, o habían acordado, y tuvieron que sacar después el nombre del Ministro de Planificación. La política hidrocarburífera la establece la Nación todavía, si bien las prórrogas o las concesiones las han dado las provincias. En el caso de Loma de la Lata, el primer yacimiento de gas argentino, fue directamente entre el Gobierno Nacional y el neuquino [a cargo de Jorge Sobisch]. Nosotros estamos absolutamente en contra de la provincialización del petróleo y el gas, creemos que es un bien estratégico, en ningún lugar del mundo es provincial, ni municipal. Según Financial Times, el 85% del petróleo [a nivel mundial] es estatal-nacional o de las empresas públicas de los estados nacionales. Según otros comentaristas, [esa cifra llega al] 92%. El fenómeno provincial solamente se daba en Canadá, que tiene Estados con mucha autonomía. Actualmente el petróleo es un bien muy escaso, y muy estratégico en el mundo, por lo que los Estados nacionales han asumido su soberanía. En términos generales, la soberanía es nacional y la autonomía es provincial. En Argentina [y en lo concerniente a los recursos naturales], quienes están negociando los contratos con las grandes multinacionales son entidades políticas que no tienen soberanía, esto debilita mucho. Pero además, si Argentina representa un porcentaje pequeño con respecto a las utilidades de la Exxon Mobil, por ejemplo, ¿qué va a ser de Santa Cruz o de Neuquén? ¿Qué buscan las multinacionales? Dividir, achicar, separar. Acá han logrado el debilitamiento del Estado concedente haciéndolo provincial, y el Estado concedente nacional lo han eliminado. Por eso nosotros somos fuertemente nacionales en cuanto a la propiedad del petróleo, no así con su renta. Nuestra fórmula es: propiedad nacional y renta fuertemente participada por las provincias. Las provincias petroleras argentinas hoy en día, son propietarias, dan las concesiones, [pero] las utilidades no llegan a la gente, todas son deficitarias. En lugar de tener la propiedad el Estado nacional para poder negociar y defender la renta. En Argentina se ha logrado esta perfección neoliberal, anglosajona: separar el propietario del rentista: el propietario es la provincia y rentistas son las multinacionales. Esto que en el derecho público se llama “dominio y renta”, es lo que en el derecho privado se llama “propiedad y usufructo”.

-En términos de la “nacionalización” a partir del ingreso de capitales supuestamente nacionales como los de Eskenazi, ¿qué opinión les merece el coqueteo que ha tenido el gobierno nacional con YPF?

Este es un proceso inédito: la llegada de un grupo nuevo, no petrolero, financiero, que constituye una empresa en Australia, con domicilio en Madrid y recibe un 14,9% de las acciones -ahora está en 15,4%. Los capitales de esta empresa son de los Eskenazi, propietarios del Banco de Santa Cruz, que es el que colocó en el exterior la plata que recibió la provincia y que correspondía a las regalías y las acciones de YPF. Es un grupo afín a la familia gobernante, son grupetes amigos, como diría en Le Monde Diplomatique Carlos Gabeta. Esta nacionalización no es tal. Tenemos que recordar que la YPF, con el 15% de los Eskenazi, es una filial de Repsol –que tiene el otro 85%. Ahora [Repsol] dice que se va a quedar con el 55%, ubicando una parte en la bolsa y otra parte la dará a grupos locales amigos, pero sigue siendo una empresa mayoritariamente de Repsol. Lo bueno de todo, hasta de los males [se puede sacar algo bueno], es que muestra caminos. Alguien puede comprar el 15% de la subsidiaria de una multinacional petrolera, sin poner plata. El “método Eskenazi” nosotros lo tenemos que aplicar para nacionalizar YPF para la Argentina. ¿En qué consiste este método? Es muy fácil: pone el 15% en efectivo –unos U$S 2.400 millones-, y todo lo demás es un crédito que le da la propia Repsol a pagar con las utilidades de YPF. Entonces, en un país que no tiene inversiones, ¿qué quiere Eskenazi por más que diga lo contrario? Que YPF no invierta, que YPF pague altos dividendos, y así pagar esta deuda. Este método de re-privatización lo tiene que emplear la Nación. La Nación tiene que pagar el 15% de toda YPF y obligar a Repsol a que con sus utilidades pague todo el resto. Es un método muy interesante. Hay varios métodos de nacionalización, en su mayoría son una retrocesión de las concesiones, que se caigan las concesiones: el método ruso, venezolano, boliviano. Pero acá hay un método nuevo que es el Kirchner-Eskenazi para nacionalizar YPF para el Estado.

-Luego del ascenso de otras empresas como Pan American, YPF vuelve a aparecer en escena con la nacionalización y, recientemente, con su Plan Exploratorio. ¿Qué lectura hacen de este anuncio?

Yo voy un paso más atrás en el tiempo. Repsol fue importante, pero hoy en día no exporta crudo. Hoy el 95% de la exportación de crudo pasa por la Pan American Energy (PAE), un 5% pasa por otra empresa norteamericana. O sea que, en este momento, Repsol no es exportadora de crudo, es un dato importante. Repsol tiene crisis importantes, no solamente en Argentina, sino en la propia España. Acá hay un viejo método por el cual se prometen inversiones que no se realizan, y se reciben beneficios por la promesa. Por ejemplo, hay empresas que en el sector energético, sobre todo eléctrico, han prometido inversión y les han perdonado las multas del ENRE [Ente Nacional Regulador de la Eléctricidad]. O sea, a través de una promesa, se ha evitado pagar ante irregularidades muy graves, cuando ya hay sentencia de organismos reguladores. Si tomáramos todas las promesas de inversión que han hecho las empresas multinacionales, Argentina sería el país con más inversión en petróleo del mundo. Está demostrado que no hay nada, porque si las reservas han bajado estrepitosamente, entonces evidentemente no ha habido inversión, sino promesas. Repsol dice: “Voy a hacer un pozo en Entre Ríos”, y firma, arriesgando el agua del [Acuífero] Guaraní, que no son argentinas, sino que las compartimos con Uruguay, Paraguay y Brasil. Se hace un pozo en Entre Ríos, donde hay muy poca probabilidad de que haya petróleo, porque tienen que ir debajo de los 4000m., y también se firma en Chaco y en Formosa. Si esas son las inversiones de riesgo que van a hacer, es como para reír. En cambio, el acuerdo para explorar en el mar es más serio, porque todos tenemos conciencia de que en el Mar Argentino puede haber petróleo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos entregando, de vuelta, nuestro petróleo a tres empresas multinacionales: Petrobras, PAE y Repsol. Tenemos que ser muy cuidadosos. Yo creo que hay dos campañas: “Vamos a invertir”, de siempre, para no invertir, e ir al Mar Argentino, pero con PAE y Petrobras.

-¿No se buscará poner en valor de la empresa para después venderla?

Acá hay un juego de grupos societarios, que desgraciadamente no conocemos del todo. No sabemos con claridad cuál es la política de Repsol con respecto a YPF.

-En el Plan Exploratorio, como mencionabas, se proyectan inversiones en regiones donde existen otras vocaciones productivas. Suponiendo que existieran hidrocarburos en condiciones de ser explotados de una manera rentable, ¿se justificaría el cambio de vocación productiva?

No, claramente no. El petróleo no es una actividad que dé mucho empleo. Las refinerías y las estaciones de servicio sí, pero la exploración y la explotación de petróleo no son actividades de empleo intensivo. Hay que cuidar las otras fuentes. No creo que sea una solución pensada en el largo plazo, no creo que sea una solución petrolera seria, hay más prensa que proyecto serio. Entre Ríos está sacando una Ley de Hidrocarburos, apoyada por la Cámara de Diputados, pero todavía no en el Senado. El diputado provincial radical José Artusi ha defendido el concepto nacional contra el saqueo absolutamente bien. Entre Ríos está sufriendo las consecuencias de esta propaganda del petróleo mediático. Si ahora se descubre petróleo en Entre Ríos, ¿cuál va a ser el modelo? El de las restantes diez provincias. ¿Cómo es el modelo de las restantes diez provincias? Rico el gobernador, y algunos diputados que votan, y pobre la gente. ¿Y la renta qué? Se la lleva Repsol y no queda en el país. Esto exige la reforma constitucional para que regrese a la Nación la propiedad del petróleo y el gas. -¿Qué medidas piensan impulsar como Proyecto Sur en la Cámara de Diputados? Pino Solanas va a presentar un proyecto de nacionalización de todas las áreas marítimas argentinas. Toda concesión, todo permiso de exploración, como las que estábamos viendo, regresarían a la Nación y se constituiría una empresa nacional que va a trabajar en el mar, que se llamaría Petróleos Argentinos (PetroAr). ¿Por qué el proyecto no va al territorio? Porque el territorio es provincial y el mar todavía es argentino [desde la milla 12 a la 200 creo]. Entonces, se va a comenzar por el proyecto de la nacionalización del petróleo del mar. Como segunda medida, tenemos que ver la posibilidad de que la Nación pueda establecer límites a la política de entrega provincial.

-¿Qué relaciones establecería PetroAr con capitales privados?

Ninguna, sería 100% estatal. Nosotros no creemos en la participación del sector privado en la industria del petróleo. Creemos que la exploración y la explotación deben ser 100% estatales. No así la distribución de los combustibles, donde no estamos en contra de las estaciones privadas. Este es un negocio que en todo el mundo es estratégico, es decir, no es un negocio, es una actividad. En todo el mundo es estratégica, comenzando por Inglaterra, Estados Unidos, Europa, Rusia. Este es el único país que divide su subsuelo en diez pedazos, que privatiza, que se asocia con las empresas multinacionales. Hay que recordar la frase del General Mosconi: “Yo no me puedo asociar con mi enemigo”. Nosotros proponemos una empresa 100% estatal, y nacional-federal. Nacional, porque el dominio es nacional, y federal, porque la renta debe ser distribuida entre todas las provincias, no solamente entre las [10 provincias productoras,] que concentran el 16% de la población. Es el modelo boliviano: los departamentos extractores de petróleo, que son cuatro, reciben un porcentaje muy importante de la renta, y los otros cinco departamentos, reciben una participación, junto con las universidades -que reciben una participación directa. Nosotros creemos que la renta hay que distribuirla, no la miseria que están recibiendo hoy en día las provincias extractoras del petróleo.

-¿A quiénes consideran como aliados en este proyecto? A todos los argentinos… las encuestas dicen eso, por lo menos, la mayoría absoluta de los argentinos quiere la nacionalización del petróleo. Eso va creciendo y es otra cosa que se oculta. Carlos Fara [titular de la consultora Carlos Fara y asociados] tenía encuestas, de hace 4 o 5 años, que daban que el 70% de los argentinos quería la nacionalización. Hoy Carlos Fara tiene encuestas que dan el 80%. Se ha ganado el debate ideológico, pero se ha perdido el debate político, en el sentido que los partidos políticos no absorben las necesidades u opciones populares. Y, como tenemos una democracia delegativa, no participativa, los deseos populares son distintos a los de las dirigencias políticas.

-¿Pero al interior de la Cámara ven algún sector concreto? Los diputados de vocación nacional y argentina… en todos los bloques hay sectores. Yo les contaba el caso de un diputado radical en Entre Ríos. Estuve asesorando [en políticas hidrocarburíferas] al bloque de la oposición de la provincia de La Pampa y había diputados socialistas, radicales y algún justicialista de muy buena posición. Creo que en el fondo, cuando hay que definirse por el país o contra el país, ahí desaparecen los rótulos partidarios. La gente no es de un sólo color, el 80% [que apoya la nacionalización] es de todos los colores.

-¿Qué evaluación hacen de la dependencia de la matriz energética nacional respecto de los hidrocarburos? ¿Qué medidas impulsarían para subsanar esa dependencia?

En América Latina hay dos países con gran dependencia petrolera, que son México y Argentina. México es un gran país petrolero, Argentina, que lo fue, tiene del 90% al 92% de la matriz energética dependiente de los hidrocarburos. Eso es una locura. ¿Qué piensa una persona inteligente? Yo tengo viento, que me cuesta poco. Sol, que me cuesta capital y no me cuesta nada. Hidroelectricidad, [que cuesta] la inversión, después el agua es gratuita, no hay que pagarla. Tengo producciones de insumos baratos, regalados. O como Brasil, que tiene hidroeléctricas de más de 50 años que han amortizado, y siguen produciendo. Hasta el capital es gratis, o sea que pueden vender la electricidad con gasto de mantenimiento nada más. Hay otras actividades que son muy caras, por ejemplo, quemar petróleo; una matriz del 90% de gas y petróleo es una locura. El petróleo tendría que ir a petroquímica, el gas a gas-química, pero no a hacer energía eléctrica, no a hacer un transporte contaminante en base a petróleo. Por necesidad económica tenemos que transformar esta matriz absolutamente, hacerla una matriz limpia y barata. Nosotros estamos fuertemente contra el biocombustible que reemplaza alimentos por carburantes. Estamos por los biocombustibles de segunda generación, es decir, si todos los aceites de todas las familias y de todos los restaurantes van a ser utilizados para sacar carburantes, de acuerdo. Pero no reemplazar un grano de maíz… Entre alimento y energía, preferimos el alimento.

-¿Y tienen algún proyecto? ¿Van a impulsar algún tipo de inversión, de promoción?

Hay que ayudar desde el punto de vista de las tarifas a la renovación de nuestra matriz. Acá salieron planes, Gas Plus y Petróleo Plus, para seguir quemando energías contaminantes, petróleo y gas. Nosotros creemos que así como se hace Gas Plus, con tarifas beneficiosas para el que invierte y el que produce, deberían darse a la energía eólica, a la solar, a la hídrica, al hidrógeno. Todo eso puede subsistir si tiene una tarifa favorable, como existió en Europa, donde tuvo tarifas favorables. Nosotros estamos de acuerdo con que hay que cambiar el sistema impositivo argentino, contemplando la parte energética. Que se contemple el cambio de matriz. Nosotros no creemos que haya que seguir dando beneficios, subsidios al gas y al petróleo, mientras no usamos el sol, el viento, etc. -Existe un debate no saldado que tiene como rehén a toda la población, que son las tarifas del gas y del petróleo. Tanto las provincias como las operadoras piden que suba del precio del barril y del BTU, y el Gobierno Nacional, por ahora, lo está congelando. ¿Cómo se resuelve eso? Yo creo que el tema de las tarifas tiene que estar muy bien dirigido en dos sentidos. Hay subsidio empresario y subvención social. Algunos economistas distinguen esas dos palabras. Yo creo que nosotros tenemos que asegurar la subvención social, que la tarifa sea una distribuidora del ingreso. Cuando se hizo la privatización se prohibieron los subsidios. Nosotros creemos que los subsidios a las empresas no tienen que estar en función de asegurar su alta rentabilidad sino con una prioridad social. El sistema de subsidios y el sistema impositivo tienen que ser estudiados y cambiados absolutamente. Hoy tenemos una matriz gastadora, que quema lo más caro y no produce lo más barato. Hay que cambiar los subsidios. Nosotros [Proyecto Sur] queremos el tren, somos amantes del sistema ferroviario. Queremos el tren porque es el único sistema que integra el país social y económicamente. El tren ha sido eliminado. ¿Por qué? Por los grupos gasoileros, como las fábricas de camiones, los sectores petroleros que hacen rutas; y hemos reemplazado el tren por la ruta. Estas son las cosas que vivimos todavía en una Argentina del mundo del revés, de María Elena Walsh. En todo el mundo se utiliza el ferrocarril porque es más barato, sirve mejor para la carga, no rompe rutas y, desde el punto de vista ambiental, es mucho menos contaminante que el camión -porque puede utilizar la electricidad que sale de fuentes eólicas, hídricas, e incluso de la nuclear, que no son contaminantes a los niveles de la quema de gasoil. Quemamos lo más caro, pero no utilizamos lo que nos sobra, que es el aire, el viento, el sol, y que además no enferma a nadie ni contamina.
Fuente: La Licuadora
http://www.lalicuadoratdf.com.ar/index.php?s=!notas$$notas/veo$W08212tg45gox3u2o3602bb
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