110 años del nacimiento de Ricardo Balbín

Por Diego Barovero / Si hay una figura capaz de representar al hombre como animal político sin duda es la de Ricardo Balbín, de cuyo nacimiento se cumplieron 110 años. Es que el ejemplo de Balbín, su actitud de entrega desinteresada a una causa, la lucha por un ideal, la constante honradez intelectual de decir lo que se piensa y actuar como se dice ha trascendido las fronteras caprichosas de las divisas partidarias. En un tiempo en que la política y los políticos aparecen desprestigiados; en que los valores morales y la honradez son bienes escasos; en que la imposición suprime el diálogo y el pragmatismo se impone a la convicción; es bueno recordar a Balbín. Toda la vida pública de Balbín está dominada por el concepto de la institucionalidad del partido político como vehículo insustituible de la representación democrática, sin el cual la sociedad es presa fácil de los totalitarismos de todo signo. Su máximo servicio a su partido, la UCR fue precisamente el de mantenerlo cohesionado, articulado y en funcionamiento a lo largo y ancho de todo el país, contando con un caudal de sufragios populares nada despreciable. Si hubo un 30 de octubre de 1983 en que en comicios libres triunfó la UCR y su candidato Raúl Alfónsín, es porque la UCR llegó unida e incólume tras el largo período en que la condujo Ricardo Balbín. Balbín fue un orador brillante que encarnó el sentimiento de una amplia porción de argentinos, radicales o no, que le reconocían el coraje cívico de decir las cosas por su nombre, aunque con un lenguaje florido, en el ambiente saturado de opresión y censura que caracterizó al primer peronismo. En un sistema en el que se privilegiaba la delación, la obsecuencia y la prepotencia que cercenaban la libertad de pensamiento y expresión de los ciudadanos, Ricardo Balbín parado sobre una improvisada tarima de madera en cualquier plaza pública, un micrófono y un par de altoparlantes era la encarnación de un anhelo de libertad . Capaz de denunciar con valentía la brutalidad oficial en la imposición de criterios e ideas, era sensible al reconocer la defensa del interés nacional y la satisfacción de las necesidades sociales por parte del peronismo. Los años de proscripción peronista lo encontraron procurando construir una alternativa política que fuera capaz de canalizar la voluntad de las mayorías privadas de la posibilidad de votar a su líder. Derrotado una y otra vez en los comicios, tuvo la entereza de reconocer el momento en que debía dar un paso al costado para promover el triunfo de su partido de la mano de otro candidato, posibilitando así el triunfo legítimo de Arturo Umberto Illia, que presidió uno de los mejores gobiernos del siglo XX. En la convicción que no podía construirse una institucionalidad sólidamente asentada si no se aseguraba la participación del peronismo en los procesos electorales, desprovisto de todo interés mezquino y convencido de servir a la Nación, fue capaz de perdonar agravios, persecución y cárcel para sellar la unidad de las mayorías populares. Un viejo peronista, testigo de aquel momento, me ha dicho que Balbín no saltó una tapia, sino que saltó la historia. Su "viejo adversario" convertido en "amigo" comprendió y valoró el gesto, aunque ya era tarde, para él en particular y para los argentinos en general. La larga y negra noche que se cernía sobre el país desplegó todo su potencial de violencia, horror y muerte. A pesar de las interpretaciones malintencionadas, Balbín estuvo a la altura de las circunstancias. Salvó las vidas que pudo y se dolió de las que no pudo salvar. Su último gran aporte fue convocar a principios de los ochenta a la multipartidaria en torno a su lecho de enfermo para que buscaran los denominadores comunes que posibilitaran nuevamente la apertura democrática. No pudo ver el renacer de la república y la vigencia de la Constitución Nacional como él lo había soñado. Pero todavía disfrutamos afortunadamente de la democracia por la que Balbín luchó denodadamente.

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Celebrando treinta años de la recuperación de la Democracia

Por Elva Roulet  * / Hace 30 años abríamos las puertas a la recuperación de la democracia, saliendo de los momentos más oscuros y dolorosos de nuestra historia del siglo XX, marcados por la ruptura institucional de la república, el desarrollo de una represión política e ideológica criminal, con el país económicamente arrasado, la cultura y la libertad de expresión sofocadas, y con una sociedad herida, enfrentada y sometida por el terror del régimen militar que se había impuesto en 1976, en el contexto de una desatada subversión homicida y del accionar de los grupos irregulares de las tres A. En la campaña electoral que llevó a la Presidencia de la República al Dr. Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983 dos concepciones políticas se enfrentaron respecto de las responsabilidades por los actos cometidos: el justo castigo por la violación de los derechos humanos planteado por Alfonsín o la aceptación de la ley de autoamnistía decretada por la Junta Militar asumida por el Dr. Italo Luder, candidato del partido peronista quien había sido autor en su carácter de Presidente interino en 1976 del decreto ordenando la “aniquilación” del accionar subversivo. El 10 de diciembre de 1983, en su Mensaje Presidencial ante la Asamblea Legislativa, el Presidente Alfonsín afirmaba que “los dolores que hemos vivido nos dejaron lecciones que no podemos ni debemos olvidar...” y veía su elección como un claro mandato y una esperanza “la de recuperar la nación para la vida, la justicia y la libertad”. Para ello nos proponía a todos los argentinos “llevar a cabo una cruzada horizontal y vertical de democratización sobre la base de una acción renovada de los partidos políticos, de las asociaciones intermedias y de cada uno de los ciudadanos, en forma de permitir que los sistemas de fuerza que anidan en la sociedad se articulen en una convivencia pacífica y creadora”. Y comprometía todos los esfuerzos de su gobierno el cual, decía, “no se cansará de ofrecer gestos de reconciliación, indispensables desde el punto de vista ético e ineludibles cuando se trata de mirar hacia delante. Sin la conciencia de la unión nacional será imposible la consolidación de la democracia; sin solidaridad, la democracia perderá sus verdaderos contenidos”. Era una invitación al diálogo, a la búsqueda y a la construcción de consensos como metodología para procurar la edificación de un Estado Legítimo, que constituyó siempre su prédica y determinó la conducta permanente del Dr. Alfonsín, tanto en la acción política como en el ejercicio del gobierno. Era un pedido a cada hombre y a cada mujer para que se asumieran como actores para trabajar todos juntos por una sociedad deseada, que sólo la mereceremos si somos capaces de construirla nosotros mismos. La consolidación de la democracia, la unión nacional, y la reconciliación de la sociedad mirando siempre “hacia delante” fueron los objetivos irrenunciables que dieron origen a los más cruciales empeños y a muy difíciles decisiones a lo largo de toda la gestión del Presidente Alfonsín. Una primera cuestión es que el gobierno que se instalaba era la transición de una dictadura que se desalojaba hacia una democracia naciente respaldada por el voto mayoritario de una ciudadanía esperanzada. No se trataba de un simple cambio de gobierno que iniciaba una nueva gestión. Era un momento fundacional. Era la búsqueda para la consolidación de la democracia, como prefería expresarse el Dr. Alfonsín. Consolidación, nos decía, “no podía evocar en la Argentina ideas de conservación, de respeto al statu quo, ni sólo de restauración; debe evocar, al contrario cambios, transformaciones, innovaciones... lo que exige imaginación, voluntad de crear” entre todos. 

NO A LA IMPUNIDAD 

 El Poder Ejecutivo, apenas asumido, convocó al Congreso Nacional a reunirse en sesiones extraordinarias y envió a él un conjunto de proyectos de ley vinculados con las violaciones a los derechos humanos que había padecido el país, para su tratamiento inmediato. Derogación de la llamada “ley de auto-amnistía”, sancionada por decreto de la Junta Militar por la cual se declaraban “extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva” extendiéndose los beneficios de la misma “a todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas, cualquiera hubiere sido su naturaleza o el bien jurídico lesionado”. La propia existencia de este decreto-ley y su contenido constituyen una admisión de culpa por la acción del terrorismo de Estado utilizado amplia e indiscriminadamente contra el terrorismo subversivo y el resto de la población; y se amnistiaban ambos protagonistas de los crímenes cometidos. Por la ley 23.040, PRIMERA sancionada por el gobierno democrático, fue derogado y declarado insanablemente nulo. Los peronistas no acompañaron la sanción de esta ley, de manera coherente con la posición que habían sustentado. Otra pieza fundamental fue la modificación del Código de Justicia Militar, que estableció hacia adelante la limitación de la competencia de los Tribunales Militares en los delitos de esa naturaleza, correspondiéndole a los Tribunales Ordinarios el juzgamiento de los delitos comunes cometidos por los militares. Siguiendo el principio del juez natural de la causa, se permitió la actuación de los Tribunales Militares para el juzgamiento de los hechos acaecidos en el pasado, pero se introdujo una disposición según la cual sus resoluciones o su falta de diligenciamiento serían apelables ante la Cámara Federal. Se generó así un nuevo recurso de apelación que podía interponer tanto el acusado como la parte acusadora para ser atendido por los tribunales civiles comunes a todos los argentinos. El proyecto contenía los tres niveles de responsabilidad ampliamente difundidos por el Presidente en su campaña electoral: la de los que planificaron, decidieron y dieron las órdenes de la represión, los que se extralimitaron en la ejecución de las operaciones antisubversivas, y los que cumplieron órdenes en función de la obediencia debida a sus mandos militares, inducidos al error y bajo la presión de las circunstancias[i]. Se promovieron, además, la revisión de las condenas a civiles dictadas por tribunales militares, y se derogó la competencia de esos tribunales para delitos comunes cometidos por personal militar o de seguridad, con lo que se puso fin a un sistema de privilegio vigente desde la época colonial. Entre las primeras medidas tomadas por decreto se establecieron las causas penales contra los integrantes de las tres juntas militares por los delitos cometidos en su acción represiva, que fue calificada como “terrorismo de Estado” en el texto del decreto correspondiente. Posteriormente, nuevos decretos ampliarían esas acusaciones a los altos jefes de cuerpos de Ejército como Luciano Benjamín Menéndez y Carlos Suarez Mason, el jefe de policía Ramón Camps, y la jefatura de la Escuela de Mecánica de la Armada, de triste memoria. Del mismo modo, se ordenó la prosecución de las causas penales contra los jefes guerrilleros de las organizaciones terroristas acusados de homicidio, asociación ilícita, instigación pública a cometer delitos, apología del delito y otras causas que pudieren surgir. Por otra parte, se procedió a desmantelar el aparato represivo existente, se derogó la doctrina de seguridad nacional y se discutió el rol de las fuerzas armadas para la democracia, el que quedó finalmente plasmado en la Ley de Defensa sancionada en 1988. Simultáneamente se creó la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas –CONADEP-, el 15 de diciembre de 1983, con la misión de esclarecer los dolorosos hechos sucedidos en el país durante la época de implantación del terror, recibir las denuncias de desapariciones y secuestros de personas realizados entonces y de producir un informe, que sería público, del resultado de su labor. La Comisión fue presidida por el prestigioso escritor Ernesto Sábato y fue integrada por Ricardo Colombres, René Favaloro (quien renunció), Hilario Fernández Long, Carlos T. Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshal T. Mayer, Jaime F. De Nevares, Eduardo Rabossi y Magdalena Ruiz Guiñazú, y los Diputados Nacionales Horacio H. Huarte, Santiago M. López y Hugo Piucill. Actuaron como secretarios Raúl Aragón, Graciela Fernández Meijide, Alberto Mansur, Daniel Salvador y Leopoldo Silgueira. Los peronistas no designaron los tres diputados previstos para representarlos. La tarea de la Comisión fue ímproba. Recibió a varios miles de denunciantes individuales e institucionales, libró alrededor de 1300 pedidos de información a instituciones de las fuerzas armadas, a distintas policías provinciales y a la federal, y a diversos organismos públicos y privados involucrados. Muchos no fueron respondidos y a menudo hubieron de recurrir al Presidente de la Nación cuando las instituciones militares alegaban el carácter reservado o secreto de los datos requeridos para negarse a suministrarlos. Se presentaron 1086 casos al Poder Judicial, y gran parte de la evidencia relevada fue decisiva en el desenvolvimiento de los juicios a los comandantes. En sus archivos se registran las denuncias de aproximadamente 600 secuestros que se habrían producido antes del 24 de marzo de 1976, fecha en que asumió la Junta, y se registraron 8.960 personas que estarían desaparecidas. El informe final,[ii] entregado al Presidente el 20 de diciembre de 1984, lleva el título sugestivo de “NUNCA MAS”. Al término de su prólogo concluye: “Con tristeza, con dolor hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento el Presidente Constitucional de la República. Esa labor fue muy ardua, porque debimos recomponer un tenebroso rompecabezas, después de muchos años de producidos los hechos, cuando se han borrado deliberadamente todos los rastros, se ha quemado toda documentación y hasta se han demolido edificios... Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la Nación durante el período que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que NUNCA MAS en nuestra patria se repetirán los hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado”. La misión había sido cumplida cabalmente. Hoy la sociedad sabe, la sociedad argentina y el mundo han juzgado, y este juicio forma parte de la memoria colectiva. En relación con el juzgamiento de los integrantes de las tres Juntas Militares, cabe preguntarse si la decisión de someterlos a la jurisdicción de los Tribunales Militares fue o no acertada. Esta decisión era jurídicamente correcta, pero tenía también una razón política profunda cual era la de posibilitar a las Fuerzas Armadas que ellas mismas se pusieran del lado del derecho, que lavaran las manchas que ensuciaban el prestigio de las instituciones a que pertenecían, que se reconciliaran con la sociedad de la que habían quedado separadas por una brecha profunda. Lamentablemente el mensaje no fue valorado y la ocasión no sólo fue perdida sino que la actitud pertinaz de negar la verdadera naturaleza de los hechos acaecidos tuvo un alto costo en la historia conflictiva de ese período. Los procesos se desarrollaban morosamente, con un ritmo lento que se oponía al propósito central de hacer justicia y cerrar la llaga abierta, tal como lo reclamaba la sociedad y lo esperaba el Poder Ejecutivo. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas producía prórrogas sucesivas. Ante esta situación, en abril de 1985, se puso en marcha la cláusula de apelación prevista en la reforma del Código de Justicia Militar y la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional se hizo cargo de las actuaciones. El juicio fue oral y público y pudo ser seguido por todos los interesados y por la prensa nacional e internacional. La sentencia, producida el 9 de diciembre de 1985, condenó a Jorge Rafael Videla y a Emilio Eduardo Massera a prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua; a Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua; a Orlando Ramón Agosti a 4 años y medio de prisión e inhabilitación absoluta perpetua, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua, todos ellos con destitución del rango militar. Fueron absueltos Oscar Domingo Rubens Graffigna, Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Arturo Lami Dozo en relación con los delitos que se investigaban. El fallo ordenaba, además, a los Tribunales Militares investigar a los oficiales superiores que ocuparon las jefaturas de zonas y sub-zonas y a todos aquellos que hubieran tenido responsabilidades operativas en las acciones contra la subversión. Pocos días después la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia. Se trató de un ejemplo del debido proceso y de las garantías de la defensa en juicio que perdurará como un paradigma sin antecedentes en el mundo. El Presidente Alfonsín rompió de este modo una tradición de 170 años de amnistías en el país, desde la primera producida el 30 de septiembre de 1811 por el Primer Triunvirato.[iii] Otros fallos de la Cámara Federal de Buenos Aires condenaron a varios militares procesados como los Generales Ricchieri y Camps y al Comisario Etchecolatz a 30 años de prisión. Se produjo también sentencia contra el jefe guerrillero Mario Firmenich, que había sido extraditado de Brasil, juzgado por la Cámara Federal de San Martín y condenado a 30 años de prisión en 1987. Y José López Rega fue traído a Argentina para responder por los crímenes de la AAA, habiendo fallecido en la cárcel. Tanto la sentencia de la Cámara como el informe de la CONADEP hicieron aflorar más evidentemente la resistencia de las fuerzas armadas a los enjuiciamientos y su actitud reivindicativa, iniciada ya en enero de 1984. La retórica de las fuerzas armadas los llevaba a acatar pero su actitud era de desobediencia cada vez más abierta a la presentación de sus miembros en las citaciones a los juicios. Por otra parte, una falta de homogeneidad en los criterios aplicados por los jueces, y de operatividad en los resultados esperados, dilataban los procedimientos y contribuían a exacerbar los conflictos. En busca de una respuesta a esta situación y para mitigar las tensiones existentes, se sancionó en diciembre de 1986 la ley de extinción de las acciones penales, mal llamada de “punto final”, con la que se trató de poner un límite en los casos a juzgar y acortar los tiempos de la justicia, cerrándose la posibilidad de nuevas presentaciones en un plazo de sesenta días. Como consecuencia de la promulgación de la ley hubo sin embargo una avalancha de nuevas denuncias y una celeridad que no habían mostrado hasta ese momento los jueces actuantes, citando masivamente a declarar, lo que dificulto notablemente el trato con los militares y conspiro con el propósito original de la norma. Sería seguramente muy ilustrativo analizar el comportamiento de los tribunales en ese período y establecer si se asumieron o no los compromisos que eran necesarios por parte de cada uno de los actores de la sociedad, en este caso los jueces intervinientes, en busca de hacer justicia y de contribuir a la consolidación de la democracia y de la reconciliación nacional. Lo que es indudable es que la situación siguió agravándose como lo probó el levantamiento de Semana Santa del Teniente Coronel Aldo Rico, acantonado en Campo de Mayo entre el 15 y el 19 de abril de 1987. Aquí se puso más en claro aún que el ejército no estaba en condiciones o no quería actuar. Sin duda se conjugaban ambas cosas porque el acto mismo configuraba una ruptura de los mandos pero, aún así, los superiores seguían convencidos de la necesidad de reivindicar lo que consideraban una “gesta” equivalente a las guerras de la independencia, y se mostraban renuentes o impedidos de actuar. Los efectivos del Cuerpo de Ejército II, de Rosario, conducido por el General Ernesto Alais, que se había decidido movilizar hacia la provincia de Buenos Aires llegaron tardíamente por la mañana del 19 y fueron enviados a estacionarse en Monte Chingolo. El domingo de Pascua, representantes gubernamentales y dirigentes de distintos partidos políticos daban su apoyo y acompañaban al Presidente en la Casa de Gobierno, mientras miles de personas manifestaban su sostén a la democracia en la Plaza de Mayo. Los que nos encontrábamos allí pudimos ver las entradas y salidas de los Comandantes y saber que ninguno trajo o comprometió soluciones efectivas para terminar con el episodio. Cuando el Brigadier Crespo, Comandante de la Fuerza Aérea, resolvió acompañar al Dr. Alfonsín al haber éste decidido entrevistarse con los jefes en rebeldía, lo hizo para resguardar, como dijo, la seguridad del Sr. Presidente. El motín fue levantado y Aldo Rico y sus seguidores fueron arrestados. La posterior ley de “obediencia debida”, cuyo envío al Congreso había sido anunciado con anterioridad a estos hechos[iv], retoma el criterio de los tres diferentes grados de responsabilidad originariamente planteados por el Presidente. En la tarea parlamentaria, a través de modificaciones producidas en el Senado por el Sen. Elías Sapag, se eliminó la eximente de la obediencia debida al incluir como punibles los actos aberrantes[v]. La ley fue declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia el 27 de junio de 1987 pero, pese a los antecedentes y a la real situación de su sanción, su sanción se transformó en un motivo de conflicto entre el Presidente y la sociedad. Es aquí donde debe plantearse un análisis racional y desapasionado: ¿contribuyeron estas normas a evitar el retroceso en el difícil camino de democratización que se estaba transitando? ¿Es la posición principista la única y excluyente manera de considerar los sucesos vividos entonces? Existen tres posibilidades para resolver el grave problema de las violaciones a los derechos humanos por parte de los países que las han padecido. El olvido, a través de la inacción o de una ley de amnistía que, por ejemplo, en Uruguay se resolvió mediante consulta popular a la ciudadanía que votó por el olvido y la reconciliación, seguramente bajo la influencia de lo que estaba pasando en ese momento en nuestro país[vi]. El procesamiento de todos los involucrados en las acciones represivas, lo que no ha sido hecho jamás, con lo que se pone en evidencia la existencia de imposibilidades políticas y jurídicas difíciles o imposibles de resolver. La condena de los principales responsables, a través de la cual los delitos cometidos no quedan impunes, que ha sido la vía elegida por el gobierno del Presidente Alfonsín. En 1987, el le decía a un destacado periodista: “Usted no debe olvidar que todo, absolutamente todo lo que yo hago, pasa por un test esencial: ¿Sirve o no sirve al objetivo de la estabilidad política?”. Y respecto a este doloroso tema agregaba, “vamos a tener que acostumbrarnos a vivir por mucho tiempo con la idea de que hay una discusión pendiente en el país, la discusión referida al comportamiento militar durante el Proceso. Esta cuestión no está zanjada en la Argentina.” ... “Pero ... hay posibilidades de encontrarnos en posiciones de defensa del Estado de Derecho, en un sentido de justicia, de equidad y de amor. Pero insisto en que no será fácil seguir este camino de reconciliación y en que el debate permanecerá abierto por mucho tiempo.”[vii] Se sucedieron otros planteos de apoyo a los “cara-pintadas” en Salta y Tucumán que fueron rápidamente desarticulados. Aldo Rico, que sostenía que respetaba la institucionalidad pero quería la inmunidad para los militares y cambios en el ejército, logró dejar subrepticiamente su lugar de detención y apareció, nuevamente amotinado, el 16 de enero de 1988 en el Regimiento 4 de Infantería Monte Caseros, en la provincia de Corrientes. Aplastada la rebelión, los propios jefes militares clamaron públicamente por la amnistía seguidos por importantes políticos de la oposición como Arturo Frondizi y Alvaro Alsogaray. La prensa reflejaba, potenciándola, esta situación. Entre ellos se encontraba también, disimuladamente, Carlos Menem, quien está en contactos ya con el Coronel Seineldín al que prometió los indultos con el compromiso de espurios apoyos políticos para su candidatura presidencial. Menem ganó las elecciones internas del partido peronista contra el sector renovador que presidía Antonio Cafiero. El Coronel Mohamed Alí Seineldín no esperó hasta las elecciones y organizó lo que llamó un “golpe preventivo” para obtener la conducción del arma y el 2 de diciembre de 1988 ingresó en la Escuela de Infantería y comunicó que desconocía la autoridad del Jefe del Estado Mayor para dirigirse luego a Villa Martelli, donde estableció su cuartel general. La conjura terminó con un acuerdo entre las jefaturas militares. El sublevado fue detenido y puesto a disposición de la Justicia Militar. El Jefe del Estado Mayor Conjunto, el Gral. Dante Caridi, fue relevado. Pocas semanas después, el 23 de enero de 1989, se produjo la absurda e incomprensible toma del regimiento de La Tablada por Enrique Gorriarán Merlo, perteneciente al Movimiento Todos por la Patria (MTP) cuya detención y juzgamiento estaban incluidos en el decreto de 1983 de enjuiciamiento a los responsables del terrorismo subversivo y quien se mantenía prófugo. El levantamiento fue reprimido y hubo muertos de ambos lados. Gorriarán fue apresado y cumplió condena hasta su indulto por el Presidente Duhalde en 2002. El indulto del Presidente Menem, cuyo Ministro de Defensa era Italo Luder, le robó a la ciudadanía la justicia que había reclamado y que consideraba necesaria, y desdibujó la imagen y la importancia de lo que se había conseguido[viii]. Luego de siete años de prisión, entre diciembre de 1983 y diciembre de 1990, los principales responsables del terrorismo de estado, que constituyen crímenes de “lesa humanidad”, recuperaron la libertad y se interrumpieron los juicios en marcha existentes en ese momento[ix]. Ello incluyó los de más de cuarenta altos jefes procesados que no fueron alcanzados por la ley de obediencia debida y de alrededor de 400 juicios en marcha. Pero no se puede olvidar que ese juicio existió, que hubo sentencia firme y cumplimiento parcial de la condena, y que muchos procesos se estaban sustanciando, habiéndose dicho en aquel momento categóricamente no a la impunidad para todos los involucrados de ambos lados. El partido peronista no reclamó por esta decisión presidencial. Desde entonces ha habido importantes avances en el derecho internacional. La Argentina ha suscripto el Tratado de Roma, de 1998, por el que se creó la Corte Penal Internacional en 2.001, que mira hacia adelante y carece de efectos retroactivos. Anteriormente, en 1995, se había aprobado la Ley 24.584 de ratificación de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad[x], presentada por el Senador Hipólito Solari Yrigoyen, cuya comunicación a Naciones Unidas sería realizada por Decreto del Poder Ejecutivo en agosto de 2.003. En esta misma fecha, el Congreso Nacional le otorgó rango constitucional a esta Convención, al igual que el que tienen los restantes convenios de derechos humanos reconocidos por la reforma de 1994. 

LOS DERECHOS HUMANOS 

El tema de los derechos humanos, tanto hacia adentro como hacia fuera del país, marcó todo el gobierno del Dr. Alfonsín con una acción permanente en su defensa y preservación, así como mediante una amplia legislación originada en el Poder Ejecutivo y en proyectos de varios legisladores. En el primer lugar se destaca la sanción, en 1984, de las leyes que aprueban la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), y las que ratifican los convenios internacionales: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. Junto con la Convención Internacional sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y los otros acuerdos o tratados ratificados por nuestro país, todos ellos adquirieron posteriormente categoría constitucional en la Reforma de 1994, constituyendo un hecho que por sí mismo, tal como afirmara el eminente constitucionalista Dr. Germán Bidart Campos, validaba la reforma constitucional. En materia de legislación nacional, la ley de divorcio, la patria potestad compartida, la de participación política de la mujer (ley de cupo), seguidas posteriormente por muchas otras como la trata de personas, etc. 

LA POLITICA EXTERIOR 

Argentina debía salir de una situación de aislamiento y de desconfianza provocada por un gobierno ilegítimo, responsable de las flagrantes violaciones a los derechos humanos denunciadas en todo el mundo y de la alienada aventura de la guerra de las Malvinas que había agregado aún más desprestigio al país. Romper ese aislamiento fue una finalidad constante. En relación con la búsqueda de la paz nacional se encaró el inmediato tratamiento de los dos graves conflictos territoriales existentes con la república de Chile y con el reino de Gran Bretaña. El 23 de enero de 1984 se firmó la “Declaración Conjunta de Paz y Amistad entre la Argentina y Chile”, que ponía término a los enfrentamientos que nos separaban por las cuestiones limítrofes pendientes cuya solución debía buscarse por las vías legales, las cuales se activaron inmediatamente, y llevaron al acuerdo por el Canal del Beagle. Se procedió a la reclamación de los derechos argentinos sobre las islas Malvinas al Reino de la Gran Bretaña, sobre la base de negociaciones pacíficas inscriptas en las resoluciones favorables de la Organización de Naciones Unidas sustentadas por la Res. 2065 obtenida por el Gobierno del Presidente Illia, en el año 1965. El “Tratado de integración, cooperación y desarrollo entre la Argentina y la República Federativa del Brasil”, fue firmado en 1988 y constituyó la culminación de las negociaciones iniciadas a partir de 1985, como resultado del encuentro de los Presidentes Raúl Alfonsín y José Sarney en la inauguración del puente Tancredo Neves que une ambos países sobre el río Iguazú. Es la única política que tuvo continuidad y que permitió concretar el MERCOSUR sobre la base de la ampliación de estos tratados para la inclusión de Uruguay y Paraguay en 1991. Es importante seguir esta construcción con el sentido originario de integración con una institucionalización comunitaria y evitar caer en la simplificación de un acuerdo de mercados, el que, por otra parte, está cada vez más debilitado. La paz mundial y regional, constituyó una búsqueda importante a través de numerosas iniciativas: Junto con Perú, Brasil y Uruguay se llevó adelante una acción de pleno apoyo al “Grupo de Contadora” con el propósito de reforzar las propuestas latinoamericanas para lograr una solución negociada en el conflicto de América Central sobre la base de respetar el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, de promover y reforzar el establecimiento de sistemas democráticos plurales. La solidaridad y el compromiso para la solución y la prevención de los conflictos mundiales llevó a la “Reunión de Paz y Desarme” realizada por los Jefes de Estado de Méjico, Grecia, India, Suecia, Tanzania y Argentina –el Grupo de los Seis- que se realizó en enero de 1985, en Nueva Delhi, en la que se alegó contra todos los medios de destrucción del hombre, incluidas las acciones de la sociedad contra el propio planeta, y se convocó a todas las naciones del mundo a “ganar la batalla por la vida”. 

EL TRASLADO DE LA CAPITAL 

Es la respuesta a un problema siempre presente a partir de nuestra organización como país. La grave y prolongada disputa por su ubicación en la ciudad de Buenos Aires nunca fue saldada, a pesar de la decisión de 1880 en que quedó oficializada su situación. Este hecho, al que se opuso proféticamente Leandro Alem en la Legislatura Bonaerense ha sido responsable de la gravísima distorsión poblacional de la Argentina. Un solo dato estadístico lo pone de relieve: en 1980, el 35% de la población del país se alojaba en menos del 1% de los casi 3.000.000 de kilómetros cuadrados de superficie del territorio continental; la concentración económica y financiera era aún más fuerte, y la dualidad y los desequilibrios sociales generados han alcanzado una gravedad cada vez mayor. El traslado de la capital, la descentralización de las actividades y un reforzamiento de las capacidades potenciales del resto del país, debían generar las condiciones para el reforzamiento del federalismo y los desarrollos regionales. La caída del proyecto es una resignación al “statu quo” y el miedo al cambio, y t ubo como consecuencia una parálisis que no debiera impedir reflexionar y encarar a futuro este fenómeno con la determinación que hace falta. 

LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL CUERPO DE ADMINISTRADORES GUBERNAMENTALES 

Fue una nueva área del Poder Ejecutivo con la responsabilidad de encarar la redefinición del papel del Estado. El establecimiento de una carrera administrativa y la creación de un Cuerpo de Administradores Gubernamentales que, mediante una rigurosa selección recibieron una formación especial en cursos bianuales, constituyeron los pilares de lo que debía ser un extenso y prolongado proceso de reforma del aparato estatal, iniciado inmediatamente y con vistas al largo plazo. Esta reforma tuvo una asociación muy alta con el proyecto de traslado de la capital. Implicaba un esfuerzo sostenido de largo plazo, una acción de plantar para el futuro, que quedó trunco; luego fue desatendido hasta su definitivo abandono por los gobiernos siguientes. 

EL CONSEJO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA Y LA REFORMA CONSTITUCIONAL 

Son dos iniciativas que, desde 1985, estuvieron estrechamente vinculadas. El objetivo del Consejo para la Consolidación de la Democracia era analizar la necesidad y conveniencia de la reforma de la Constitución Nacional, y estudiar y proponer los contenidos a incluir en la reforma, que era entendida como el nuevo contrato social necesario para la actualización y el reforzamiento de la democracia. Integrado por destacadas personalidades del ámbito político de diversas expresiones y por académicos fue presidido por el constitucionalista Carlos Nino. Se inició con ello un largo proceso participativo de aportes y consultas, incluidas las entrevistas con todos los gobernadores de provincias, lo que permitió plasmar un cuerpo orgánico de reformas que, sin embargo, no lograron tratamiento legislativo. Este proyecto fue retomado en 1994 y sirvió de base al llamado Pacto de Olivos. Con él se evitó el incumplimiento del Art. 30 de la Constitución Nacional que exige la mayoría de dos tercios de ambas cámaras –la que iba a ser vulnerada- para declarar la necesidad de la reforma, y la sanción de la re elección presidencial indefinida, que constituía el único objetivo del Presidente Menem. Se hizo así posible sustituir el engendro que proponía por un proyecto serio y ampliamente discutido. Entender esto es de una importancia fundamental: permitió una actualización necesaria de una Constitución hecha ciento cuarenta años antes, para un país que apenas nacía… y que se transformó en ese largo período en una sociedad compleja, en un mundo que se había transformado igualmente. 

HOMENAJE AL PRESIDENTE RAÚL ALFONSÍN, EL PADRE DE LA DEMOCRACIA. 

Finalmente, el Presidente Alfonsín entregó el gobierno a otro presidente electo y por primera vez a un representante de otro partido político. El último traspaso había sucedido en 1928 cuando el Presidente Marcelo T. de Alvear fue sucedido en el gobierno por el Presidente Hipólito Yrigoyen, ambos de la Unión Cívica Radical. Habían transcurrido 61 años desde entonces. Raúl Alfonsín fue el verdadero fundador de la democracia. Luchó durante su presidencia y siguió haciéndolo después con una actitud sin claudicaciones. Él pudo afirmar: “Toda mi actividad política buscó fortalecer la autonomía de las instituciones democráticas y fortalecer el gobierno de la ley, para que la ley y el estado de Derecho estuvieran separados de cualquier personalismo.” “El objetivo de toda mi vida ha sido que los hombres y mujeres que habitamos este suelo podamos vivir, amar, trabajar y morir en democracia. Para ello es necesario que además de instituciones democráticas haya demócratas, porque sólo así las instituciones democráticas pueden sobrevivir a los gobernantes.” “La tarea principal que nos encomendó el país en 1983 fue construir una democracia” escribió Alfonsín en su libro “Memoria política”, en 2004. Y él cumplió plenamente. 

 * Ex Vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires, 1983-87. 

 [i] Los tres niveles de responsabilidad habían sido también desarrollados en la Conferencia de la Federación Argentina de Colegios de Abogados en agosto de 1983. [ii] NUNCA MAS, Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Editorial Universitaria de Buenos Aires – EUDEBA, 1984. [iii] Vítolo, Alfredo: Amnistías Políticas Argentinas. Desmemoria, Buenos Aires, 1999. Desde la fecha citada en el texto la Argentina tuvo 25 amnistías generales, particularizadamente analizadas por el autor. [iv] En un discurso pronunciado por el Presidente en el mes de marzo, en la localidad de Las Perdices, de la provincia de Córdoba. [v] Lázara, Simón: El asalto al poder – Actores e intereses en la crisis argentina del ´89. Ed. Tiempo de Ideas, Buenos Aires, 1997. [vi] En Uruguay, el referéndum del 19 de abril de 1989 arrojó un 53 % de votos a favor de mantener la amnistía o “ley de caducidad de las acciones”, sancionada el 22 de diciembre de 1986. [vii] Giussani, Pablo: ¿Por qué Dr. Alfonsín? Ed. Sudamericana-Planeta, Buenos Aires, 1987. [viii] Nino, Carlos S.: Juicio al mal absoluto. Los fundamentos y la historia del juicio a las Juntas del Proceso. Ed. Emecé, Buenos Aires, 1997. El seis de octubre de 1989 Menem sancionó varios decretos por los que se indultaron todas las personas sujetas a juicio, en un acto abiertamente inconstitucional ya que los indultos requieren sentencia. El 29 de diciembre de 1990 firmó otro conjunto de indultos poniendo en libertad a todos los condenados por violaciones a los derechos humanos, incluyendo militares y subversivos. [ix] El indulto a los procesados sin sentencia es inconstitucional. Ver: Germán Bidart Campos “Otra vez el indulto ante la Corte (Y la Corte “indulta” al Presidente que indulta)”, El Derecho, 22 de febrero de 1993; y Emilio F. Mignone, Director del CELS, “Los decretos de indulto en la República Argentina”, www.derechos.org/nizkor/arg/doc/indultos.html. Los juicios eran entre trescientos y cuatrocientos (según Mignone o Nino), y cuarenta y cuatro los altos jefes no incluidos en la obediencia debida. [x] La Convención fue aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas y abierta a la firma de los países el 26 de noviembre de 1968 y entró en vigor el 11 de noviembre de 1970. La Argentina la firmó en 1970 y el Poder Legislativo la aprobó en 1995, en base al proyecto del Senador Nacional Hipólito Solari Yrigoyen, representante de la Unión Cívica Radical por la provincia de Chubut; pero la ratificación no había sido comunicada a las Naciones Unidas.

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DON ARTURO O LA INTEGRIDAD EN POLÍTICA

Textual: columna de Osvaldo Alvarez Guerrero publicada en el diario Río Negro, a 40 años del golpe del 28 de Junio de 1966 / Illia tenía una peculiar idea del tiempo, de los ritmos de la historia, de los posibles escenarios del futuro, de la seducción que siempre tiene la urgencia del presente y de la distinción entre lo importante y lo superfluo, un rechazo tenaz a la "tiranía del instante". Acusado de lentitud e inoperancia, caricaturizado con la imagen de la tortuga, todo culminó en el acto vandálico del 28 de junio. Por eso resulta sorprendente la cantidad de iniciativas importantes y los logros obtenidos en su breve administración. Algunas de ellas fueron audaces y anticipadoras: Ley de Abastecimiento, Ley de Medicamentos, Reforma hospitalaria, Plan Nacional de Alfabetización, crecimiento económico con aumento de la participación del asalariado en el producto bruto interno, inflación controlada, liquidación de la deuda externa, apertura del comercio internacional sin discriminaciones ideológicas. En política exterior, la resolución 2.025 de la ONU fue el primero y único éxito diplomático argentino en dos siglos de conflicto por las Malvinas. La dictadura que lo reemplazó, que proclamaba la modernización, paradojalmente fue un anacronismo inspirado en el corporativismo y el nacional catolicismo fascistoide y militarista. Illia le dio un estilo firme y sereno a su gobierno, que concebía como una "revolución democrática", fiel a la plataforma electoral de 1963 conforme a la idea republicana del cumplimiento del contrato electoral. La anulación de las concesiones petroleras, quizá el más polémico de sus actos de gobierno, debe juzgarse en forma conjunta con el manejo muy prudente de los recursos del subsuelo y la recuperación de la decisión nacional, con una activo desarrollo de la hidroelectricidad y la energía atómica. Hoy esa política podría constituir un ejemplo ante la crisis energética que nos acosa. La soberanía energética obtenida entonces permitió que la Argentina pudiera superar en 1972 la crisis petrolera mundial, que serias dificultades acarrearon a los países que despreciaron esa estrategia. La predilección por el futuro se concretó en el Plan de Desarrollo, que utilizó las más avanzadas técnicas de la estadística y la prospectiva de su tiempo. La concepción del progreso como cambio social y económico, integral y estructural planificado y la incorporación de la ciencia y la tecnología al servicio de ese futuro caracterizan un eje poco reconocido por los historiadores. Se critica aún hoy la pasividad de Illia ante la evidencia de la conspiración y el golpe. Puede resultar inexplicable la indefensión del gobierno y del radicalismo ante la campaña de acción psicológica de algunos medios. Pero Illia rechazaba toda forma de propaganda estatal y la manipulación de la opinión ciudadana. "Debemos luchar por el hombre mismo, porque es la evidencia humana la que hace tambalear a los tiranos y falsos dioses. Y si los hombres no sabemos con seguridad que nuestra verdad es la verdad, sabemos bien, en cambio, donde está la mentira", afirmaba en su discurso ante el Congreso el 12 de octubre 1963. Confiaba en la capacidad y la inteligencia del hombre común para entender los hechos y creía que esa conciencia evitaría la ruptura constitucional. No fue así. Pero tardíamente, en el futuro que él preveía, el respeto y el reconocimiento del pueblo por su conducta le dieron la razón. Illia vino varias veces a Río Negro. Le gustaba Bariloche, que por su clima, sus bosques y sus casas de madera le recordaba los países nórdicos que él admiraba. Lo acompañé cada vez, compartiendo horas y días inolvidables. Fuimos a Ing. Jacobacci, a Comallo, a El Bolsón. Algún día escribiré el rico anecdotario de sus periplos rionegrinos. Era un hombre muy racional, serio e introspectivo, pero afable y de buen humor. Frecuentaba la ironía y poseía una sorprendente perspicacia para encontrar los flancos más agudos de la psicología de sus interlocutores. Tenía una vasta cultura clásica de la que no hacía gala y que sólo mostraba en sus conversaciones con jóvenes, estudiantes, intelectuales y científicos de su tiempo. En Bariloche siempre se preocupó por visitar el INTA, el Centro Atómico y la Fundación Bariloche. Sostenía que allí, junto a las estufas sureñas, mantenía diálogos interesantísimos. Era un conocedor profundo de la filosofía de Leibniz, del pensamiento de Rousseau, de Kant y de Krause, el filósofo panteísta que le inspiraba la conciliación de la ética social y la moral individual que signaran su conducta pública y privada. Y admirador del presidente Roosevelt, de Gandhi y del general De Gaulle. Conocía las cualidades del hombre humilde, del obrero de ciudad y del poblador de nuestros campos. En sus viajes se detenía en cualquier paraje para conversar largamente con los hombres y mujeres sencillos. Después de su caída en 1966, en el llano fue el símbolo de la decencia política, de la formación de la conciencia ciudadana y de la preservación del patrimonio común de la Nación. Para mí, es el más grande hombre civil de la segunda mitad del siglo XX. 

El ex gobernador de Río Negro pasa revista en esta nota a la personalidad del presidente derrocado en junio del ´66, a quien conoció intensamente y a quien, con justa razón, define como uno de los argentinos más íntegros del siglo XX.-

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Recuerdos y Homenaje para el Cordobazo

Por Hipólito solari Yrigoyen / El 29 de mayo de 1969 es una fecha que la historia recordará siempre como una página fundamental de la lucha del pueblo contra el autoritarismo reaccionario y sangriento que había usurpado el poder en 1966, derrocando al gobierno democrático y ejemplar de Arturo U. Illia. Ese día se produjo el Cordobazo, una rebelión de la provincia mediterránea contra una dictadura militar impuesta por los intereses de la derecha y extrema derecha, entre las que también se encontraba la burocracia sindical dirigida por el metalúrgico Augusto Vandor que controlaba la CGT oficialista que había sido parte de ese golpe de Estado, al que se debe calificar como un acto supremo de la irresponsabilidad militarista. 
Tras el asesinato en Córdoba del estudiante Santiago Pampillón el 7 de septiembre de 1966, la dictadura de Onganía, continuó el aniquilamiento de obreros y estudiantes, como Juan José Cabral, Adolfo Bello, el joven de quince años Luis Norberto Blanco, Hilda Guerrero de Molina y otros, en represiones ilegales en Córdoba, Rosario, Corrientes y Tucumán.El dictador de turno, Juan Carlos Onganía, era un hombre de capacidad nula pero con veleidades imperiales, que había proscripto las actividades políticas, clausurado el Congreso, arrasado las universidades en la "Noche de los Bastones Largos", aniquilado las libertades, intervenido el poder judicial, entre otras tropelías.La resistencia al régimen la encabezó la CGT de los Argentinos, que presidía el dirigente obrero gráfico Raimundo Ongaro y que en Córdoba tenía como líderes a Atilio López y Agustín Tosco. Esta era una central pluralista surgida en el Congreso Normalizador Amado Olmos, no reconocido por la burocracia de la central oficialista de la calle Azopardo. La ética de la CGT de los Argentinos se resumía en la consigna "más vale honra sin sindicatos que sindicatos sin honra". Fiel a los poderosos intereses económicos que representaba, Onganía había anulado leyes y otras conquistas sociales y su representante en Córdoba pretendió también anular el sábado inglés.Mayo de 1969 fue un mes de rebeldías populares contra el régimen y Córdoba se constituyó en el centro de las mismas. Los diferentes sectores obreros de la provincia resolvieron una huelga para el 30 de mayo, pero la CGT de los Argentinos, reunida en Córdoba con su Comité Confederal, aprobó y cumplió una estrategia, para que el paro fuera "activo" y durase 36 horas. No participé en el Cordobazo pues tuve que viajar a Buenos Aires para cumplir otra misión, pero si lo hice como abogado de esa central obrera en el citado Comité Confederal que aprobó la huelga y su plan de movilización. Como lo señaló Tosco, no hubo en el Cordobazo ni espontaneidad ni improvisación ni grupos extraños a las resoluciones adoptadas, como se le ha querido adjudicar a veces para intentar quitarle su dimensión histórica. Se fijaron los lugares de concentración y de las marchas, hasta confluir frente al local de la CGT en la calle Vélez Sarsfield 137.La movilización obrera, estudiantil y política, fue multitudinaria y en ella participaron sectores de diferentes extracciones, entre los cuales la Unión Cívica Radical jugó un rol importante, como lo reconoció el general Lanusse en su libro de memorias. Las columnas se extendieron por los barrios y el centro de la ciudad. La represión policial a "cualquier precio" le provocó con un tiro en el corazón, la muerte a Máximo Mena, del gremio de Mecánicos, lo que agitó aún más los ánimos de la protesta.La represión policial fu salvaje pero el pueblo la desbordó y se hizo oír. El resultado fue la caída inmediata del interventor en la provincia Carlos Caballero y dejó malherido al régimen oprobioso del "onganiato" como lo llamó mi amigo el intelectual socialista Jorge Seltzer. El dictador sería obligado a renunciar poco después. Oficialmente se dijo que hubo 14 muertos y unos quinientos dirigentes fueron detenidos, entre ellos el líder sindical Agustín Tosco, quien junto con otros de su gremio fue llevado a la cárcel de Rawson en un itinerario que incluyó las prisiones de Santa Rosa y Neuquén. Muchos de ellos fueron condenados a largos años de cárcel por tribunales militares en parodias de juicios que duraron escasos minutos.Así se abrió otro capítulo de la lucha popular: el de la liberación de los presos, en el que tuve el honor de defender al secretario de Luz y Fuerza de Córdoba, Agustín Tosco y a otros compañeros como Tomás Di Toffino, Grigaitis, Alberti y Ortiz, después de haber recorrido el itinerario citado de las víctimas hasta que, finalmente, pude entrevistar a Tosco en la cárcel de Rawson y asumir su defensa.A 43 años de esta gesta de la lucha popular rindo mi homenaje a la importancia de esta movilización histórica del pueblo argentino y a todos los que participaron con valentía en la misma. Hipólito Solari Yrigoyen Leer más...

NOS OPONEMOS FIRMEMENTE AL CAMBIO DE NOMBRE DE LA ESTACION MINISTRO CARRANZA DEL SUBTE D

 Los abajo firmantes solicitamos formalmente el rechazo del proyecto de ley que propicia el cambio de nombre de la estación de la línea de Subterráneos D “Ministro Carranza” y la inmediata reposición de la cartelería legal, con la correspondiente aplicación de denuncias y sanciones a quienes resulten responsables de la sustitución de hecho, que existe actualmente en dicha estación. 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2013 
 Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Ing. Mauricio Macri 
Señora Presidenta de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Lic. María Eugenia Vidal 
Ref.: s/Cambio de Nombre de la Estación de Subterráneo “Ministro Carranza” 
Los abajo firmantes solicitamos formalmente el rechazo del proyecto de ley que propicia el cambio de nombre de la estación de la línea de Subterráneos D “Ministro Carranza” y la inmediata reposición de la cartelería legal, con la correspondiente aplicación de denuncias y sanciones a quienes resulten responsables de la sustitución de hecho, que existe actualmente en dicha estación. La Estación Ministro Carranza se corresponde con los mismos nombres del viaducto del cruce de la avenida Cabildo y Dorrego y de la estación del FFCC Mitre. La estación se llama “Ministro Carranza” en homenaje a quien fuera el primer ministro de Obras Públicas de la Democracia y posteriormente Ministro de Defensa de la Nación. Como tal fue firmante junto a presidente Raúl Alfonsín en diciembre de 1983 del histórico decreto de enjuiciamiento a las juntas militares de la dictadura militar dando de esa forma cumplimiento a la promesa electoral de anular la auto amnistía del régimen militar. No escapa a vuestro entendimiento que este acto que terminaría con el histórico y ejemplar juicio a las juntas y la condena por los crímenes cometidos durante el régimen militar fue un acto de extraordinarias consecuencias para nuestra naciente democracia. Aquel acto sería causal de hechos que pusieron en juego a la propia democracia naciente y la propia seguridad de quienes asumieron ante el mundo la responsabilidad de su realización. El ministro Roque Carranza intervino además en la definición de importantísimos proyectos de infraestructura iniciados o realizados en la gestión del Dr. Raúl Alfonsín; entre otros el dragado a 45 pies del Puerto de Bahía Blanca y la política energética que posibilitaría a nuestro país alcanzar en pocos años el autoabastecimiento energético. Además propició la ley de financiamiento de la expansión del subterráneo de la ciudad de Buenos Aires, poniendo término a medio siglo de estancamiento de la red. El proyecto de ley que hoy tiene estado parlamentario en la legislatura de la Ciudad afirma, sin ningún fundamento ni justificación, que el ing. Carranza colocó una bomba en el subterráneo el día 15 de abril de 1953, hecho que el ing. Carranza siempre negó y cuya confesión fue extraída mediante torturas ( ver el libro “Perón y su Tiempo” tomo 3 de Félix Luna; Editorial Sudamericana; pag. 48 a 72). Queremos recordar que la Argentina vivía en abril de 1953 días de gran violencia política; era común la existencia de presos políticos y policías que torturaban a los militantes opositores. Ese mismo día fueron incendiadas la Casa Radical de la calle Tucumán, la Casa del Pueblo en la Av. Rivadavia sede del partido Socialista, incluyendo la quema en la calle de su valiosísima biblioteca pública y el Jockey Club de la calle Florida. Roque Carranza y otros Jóvenes fueron acusados de la colocación de las bombas. El ing. Carranza fue detenido varios días más tarde; su confesión se obtuvo con torturas que dejaron secuelas. El caso fue tan grave que fue indultado por el presidente Perón en 1955. Él negó su participación hasta el día de su muerte. El cambio de nombre que se pretende implementar basado en un hecho ocurrido hace 60 años, que no tuvo condena y además fue amnistiado, en un contexto histórico violento no hace más que constituir una acción caprichosa injusta y parcial. Repetimos el hecho se basa en la confesión extraída por torturas sobre alguien que nunca admitió la existencia del mismo. Roque Carranza fue un demócrata cabal, de una honestidad extraordinaria; hombre de diálogo y entendimiento y uno de los artífices más importantes de la democracia nacida hace 30 años. Sus colaboradores provinieron de diversos grupos políticos y siempre estuvo abierto a las discusiones con la gente de buena voluntad. Por todo lo expuesto solicitamos que este proyecto descontextualizado y revanchista sea rechazado sin más, que se desagravie al ing. Roque Carranza por los injustos ataques sufridos y que se identifique y se tomen las acciones administrativas y judiciales que correspondan con quienes destruyeron los carteles de la estación mencionada. 
Los saludamos a Ud. muy atentamente. Leer más...

LA REFORMA CONSTITUCIONAL PLANTEADA: POR QUE NO

Discurso del diputado nacional Sergio Alberto Montiel, expresando su discrepancia con la reforma de la Constitución en 1993.  
Fuente: Montiel, Sergio Alberto. "Pensando mi país", Ediciones Fundación Arturo Illia para la Democracia y la Paz, Buenos Aires, 1994.

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GRACIAS RAÚL

Hoy cumpliría 86 años Raúl Alfonsín. Decirle gracias y rendirle homenajes a su memoria es necesario, pero no suficiente. El nos enseñó a luchar por la DEMOCRACIA SOCIAL. El mejor homenaje será avanzar en ese camino, siempre... Adelante! Leer más...

Homenaje a Roque Carranza

A 27 años de su muerte, rendimos homenaje a la memoria del Ing. Roque Carranza. Lo recordamos a través de la reseña biográfica de Enrique Pereira en su Diccionario Biográfico Nacional de la Unión Cívica Radical.- 

  Carranza, Ing. Roque Guillermo (1919-1986). Fue un cabal militante radical, aunándose en su persona la faz de intelectual y la de hombre de acción. Nació en Córdoba el 29 de septiembre de 1919. Obtuvo el título de ingeniero industrial en la UBA, especializándose en temas de planeamiento, disciplina en la que gozaba de prestigio internacional. Durante sus estudios universitarios militó activamente en la vida universitaria, ocupando diversos cargos en las organizaciones estudiantiles. Decidido opositor durante los dos primeros gobiernos de Perón, durante el gobierno de Illia, se desempeñó como secretario del Consejo Federal de inversiones. Ejerció la docencia universitaria hasta su alejamiento de la cátedra en tiempos del dictador Onganía. En esa época era profesor en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, renunciando públicamente y con severos términos, solidarizándose con las víctimas de esa reaccionaria gestión, a cargo de un individuo de apellido Botet. También fue consultor de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados americanos y otros organismos internacionales y docente universitario en Chile, venezuela, Perú, etc. En 1983 alfonsín lo designó ministro de Obras y Servicios Públicos y, al producirse el deceso de Raúl Borrás fue nombrado Ministro de Defensa Nacional, en momentos de una delicada relación entre el gobierno radical y las Fuerzas armadas, que supo contribuir a mejorar. En este último cargo se desempeñaba al fallecer repentinamente el 8 de febrero de 1986. 

Esta es la biografía de Wikipedia: 
Roque Carranza, (n. en 1919 - m. San Miguel, Provincia de Buenos Aires, el 8 de febrero de 1986) fue un dirigente estudiantil reformista, ingeniero, economista y político argentino, miembro de la Unión Cívica Radical, fundador del Movimiento de Renovación y Cambio, que se desempeñó como Secretario Técnico del CONADE y Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación. Roque Carranza tuvo militancia universitaria reformista en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires UBA). Durante el gobierno del Presidente Juan D. Perón (1946-1955) mantuvo una posición fuertemente opositora llegando a organizar Comandos Civiles armados con el fin de contribuir al derrocamiento del gobierno peronista. En 1953 fue detenido junto a otros 12 radicales y acusado de organizar el atentado terrorista perpetrado en Plaza de Mayo el 15 de abril durante un acto de la CGT en el que murieron 6 personas y quedaron 95 heridos. En esas condiciones Carranza y los demás detenidos confesaron ser los autores y fueron condenados por asesinato. En 1955 fueron liberados por orden de Perón y entonces tanto Carranza como el resto de los detenidos denunciaron haber confesado bajo tortura, describiendo las circunstancias de la misma con lujo de detalles. Nunca volvió a investigarse quienes fueron los integrantes del grupo que colocó las bombas. En su actividad universitaria Carranza pertenecía desde los años 1950 al Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, junto con científicos como José Babini, Manuel Sadosky, Cora Ratto de Sadosky, Gregorio Klimovsky, y Oscar Varsavsky, entre otros. A partir de 1957 se integró al equipo el famoso matemático español Luis A. Santaló. Carranza adhirió a los principios de la economía desarrollista tal como venía siendo desarrollada por la CEPAL y en particular por Raúl Prebisch. Durante el gobierno del Presidente Arturo Illia (1963-1966) fue nombrado como Secretario Técnico de la CONADE, donde se destacó por la elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo 1965/1969 que constituyó el primer plan de desarrollo integral del país a mediano plazo, pero no llegó a ser aprobado por el Presidente Illia. Entre otras cosas el Plan establecía un mecanismo de planeamiento democrático, la integración industrial en los sectores más dinámicos y básicos y aún no desarrollados, para superar el desnivel existente entre la producción de bienes finales e intermedios, la diversificación de las exportaciones para atenuar las variaciones de los mercados internacionales, y un plan de infraestructura que fue adoptado espontáneamente por los municipios y las provincias durante muchos años. El Plan de Desarrollo de Carranza ha sido considerado por el radicalismo como uno de los documentos históricos de su pensamiento. Luego del golpe militar de 1966, que derrocara al Presidente Illia e instaurara una dictadura denominada Revolución Argentina, Carranza fue parte del grupo inicial liderado por Raúl Alfonsín, al que también pertenecían Bernardo Grinspun, Germán López, y Raúl Borrás, entre otros. En 1972 ese grupo se asociaría a la Junta Coordinadora Nacional para crear el Movimiento de Renovación y Cambio, dirigido por Alfonsín, como ala progresista de la Unión Cívica Radical, opuesta a la Línea Nacional, dirigida por Ricardo Balbín. Ese mismo año, como convencional nacional de la UCR, fue uno de los redactores de la Plataforma Electoral de 1972, de carácter social demócrata, realizada junto con Sergio Karakachoff, Germán López y Bernardo Grinspun. Luego del golpe militar del 24 de marzo de 1976 que instauró la dictadura llamada Proceso de Reorganización Nacional, Grinspun se mantuvo políticamente activo a pesar de la prohibición de la política dispuesta por el gobierno militar y fue parte del Comité de Redacción de la revista política Propuesta y Control, dirigida por Alfonsín. En 1983 fundó el Instituto Argentino de Energía General Mosconi, una organización no gubernamental con el fin de promover una visión desarrollista-cepaliana de la energía y el petróleo. Gestión como Ministro de Obras y Servicios Públicos (1983-1985) Al retornar la democracia en 1983, el presidente electo Raúl Alfonsín (1983-1989) lo designó como Ministro de Obras y Servicios Públicos, cargo que desempeñó hasta 1985. Entre los actos de su gestión se destacó la decisión de construir infraestructura para el polo petroquímico en Bahía Blanca, y la extensión de la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros. Gestión como Ministro de Defensa (27-may-1985; 8-feb-1986) En 1985 falleció el Ministro de Defensa Raúl Borrás, y Roque Carranza fue designado por el Presidente Alfonsín para reemplazarlo. Se trataba de un momento particularmente tenso debido a que se estaba tramitando el Juicio a las Juntas Militares y en las Fuerzas Armadas existía una fuerte oposición a los juzgamientos por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno militar. Durante su breve gestión llegó a proponerle a Brasil la construcción conjunta de un submarino nuclear, utilizando la tecnología desarrollada por la empresa estatal argentina INVAP. El proyecto fue descartado en la gestión del Presidente Carlos Menem (1989-1999) pero Brasil dio curso al proyecto y comenzó su desarrollo.2 Fallecimiento Roque Carranza falleció de un ataque cardíaco, el 8 de febrero de 1986, en una piscina de la repartición militar de Campo de Mayo. Debido a la situación del país y a las circunstancias poco habituales de su muerte, se sospechó la posibilidad de un asesinato, llegándose a realizar la denuncia. Las primeras investigaciones judiciales desestimaron la posibilidad y el caso fue archivado.3 A modo de homenaje lleva su nombre la estación del Ferrocarril General Mitre y de la Línea D del Subte de Buenos Aires, en Palermo. Originalmente se había decidido que esta última honraría al General Savio, pero poco después del deceso de Carranza las autoridades de Subterráneos de Buenos Aires cambiaron el nombre; teniendo lugar la inauguración poco más de un año más tarde, en 1987. 

A continuación reproducimos una carta de Gustavo Calleja en la que se recuerda a Roque Carranza como una de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de Perón: "Estimado Andrew Graham-Yooll: A raíz de una acertada referencia de Pepe Eliaschev sobre la deformación de hechos históricos relacionados con la huída definitiva de Juan Perón en una cañonera paraguaya y el retiro temporal de Fernando De la Rúa en helicóptero, se ha iniciado un debate, al que deseo aportar algunos datos, vinculados a la vigencia de las libertades ciudadanas y los derechos humanos durante la gestión presidencial de Juan Perón desde 1946 a 1955. Como antecedente, vale recordar que el Capitán Perón fue uno de más importantes ideólogos del General Uriburu en la Revolución del 30; circula en Internet una foto de ambos. Ese golpe "fascista y petrolero" contra Hipólito Yrigoyen y por que no, contra Enrique Mosconi, instauró en la República la tortura, que iría en aumento hasta la llegada de la Libertadora. Perón hizo sancionar las siguientes leyes represivas: 1) en 1948 la nº 13.234 referida a la "Movilización Nacional en tiempos de Guerra"; 2) en 1951 la nº 14.062 que establecía el "Estado de Guerra Interno" y 3) en 1951 la nº 14.117 sobre el "Alzamiento sobre Autoridades Constitucionales". Las nº 13.234 y nº 14.062 fueron derogadas por el Decreto-Ley nº 8.313/55 de la Libertadora, a causa de incluir la pena de muerte. Perón también aplicó la Ley nº 4.144 llamada de Residencia –originada en la presidencia de Roca, y la utilizó para expulsar del país a trabajadores extranjeros "contreras". Desde septiembre de 1951 hasta septiembre de 1955 gobernó sin la vigencia de las garantías establecidas en la Constitución. La primera de estas leyes resultada manifiestamente anticonstitucional, mientras que las dos restante estaban avaladas por la Constitución Peronista de 1949, en efecto, esta última agregó al Estado de Sitio –que no limitaba ninguna garantía constitucional-, el Estado de Prevención y Alarma, que si limitaba las garantías constitucionales. Vale recordar que la Ley que permitió la reforma de 1949 había sido sancionada sin haberse logrado el quórum constitucionalmente requerido e incluía la reelección eterna. Al amparo de esas leyes, miles de opositores –los contreras-, tuvieron que exiliarse mientras que otros fueron detenidos legal y clandestinamente, torturados y asesinados, en una República donde no existían ni un sólo juez o diario independiente. Los torturadores más famosos fueron el Tte. Cnel Jorge Osinde (el mismo de Ezeiza), los "hermanitos" Cardozo, los Comisarios de la Federal Benítez, Lombilla y Amoresano. Los torturados más conocidos fueron Cipriano Reyes –el gran gestor del 17 de octubre de 1945 y Jefe del Partido Laborista- quien también fue mutilado; el médico rosarino Ingalinella que murió a causa de las torturas siendo su cuerpo hecho desaparecer; Moisés Lebenshon, el más importante dirigente radical de la época, quien murió al poco tiempo de salir en libertad a causa del trato inhumano a que fue sometido durante más de ocho meses; Roque Carranza, mutilado e injustamente inculpado -y condenado-, de realizar un atentado pergeñado por la Federal en 1953 el estudiante Mario Bravo, etc… El condenado más famoso fue, sin dudas, Ricardo Balbín, mientras que Alfredo Palacios los era en el rubro de los exiliados. Ni que hablar de la sumisión a los Estados Unidos, donde se destacan la firma del TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) cuya inutilidad se vio en la Guerra de Malvinas, el "cajoneo" del Informe Rodríguez Conde-Juan Sábato y el consiguiente mantenimiento de los hiperbeneficios a la CADE y la aprobación del contrato petrolero más ignominioso de nuestra historia con la Standard Oil de California, que fuera dejado sin efecto por la Libertadora, en el cual se entregaba hasta la soberanía territorial de gran parte del territorio santacruceño. Las opiniones contrarias, la YPF, especial las insertas en sus libros "Del poder al exilio" y "La fuerza es el derecho de las bestias" nunca fueron superadas. El privatismo petrolero de Perón se aprecia, además, en su Pacto con Frondizi en 1958 –del cual derivaron sus delictivos contratos, anulados posteriormente por Arturo Illia, y en su apoyo al golpe "petrolero y medicamentoso" de 1966 contra Illia, elogios a Onganía incluidos)." Atentamente Gustavo A. Calleja 

Y para finalizar, un fragmento de "Ezeiza" de Verbitsky, donde se relatan las torturas a las que fue sometido en las mazmorras peronistas: "Al ingeniero Roque Carranza, futuro ministro de los presidentes Illia y Alfonsín, le dijo que le convenía "confesarse autor de los hechos, a fin de evitar consecuencias para el declarante, que podría alcanzar a sus familiares, cuya detención iba a ordenar en ese momento". Carranza se negó. Lo vendaron, lo desnudaron, lo sentaron en una silla, le ataron una toalla húmeda al tobillo y lo picanearon. Después el jefe de los torturadores lo instó a "hacer una confesión completa. El deponente manifestó entonces que firmaría lo que le pusieran delante con tal que terminaran los procedimientos y se liberase a sus familiares". Este texto forma parte una semblanza del Coronel Jorge Manuel Osinde, uno de los máximos responsables de la represión en la época peronísta. Leer más...

OPINIÓN RADICAL

Publicación del Comité Nacional y de los bloques de senadores y diputados de la Unión Cívica Radical. N° 1, Diciembre de 1973.-

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LA JUVENTUD RADICAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES FRENTE A LA RECUPERACION DE MALVINAS EN 1982

Textual: Declaración de la Juventud Radical de la Provincia de Buenos del 11 de Abril de 1982.-
La Juventud Radical de la provincia de Buenos Aires, coherente con la posición que la U.C.R. ha sostenido en materia de política internacional con respecto a la usurpación de las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, frente a los acontecimientos de público conocimiento, ratifica la reivindicación de nuestra soberanía, pues repudiamos el imperialismo y el colonialismo, que son formas de dominación que atacan a la soberanía de las naciones.
Decimos coherentemente, pues durante el gobierno de Arturo Illia, la Argentina arrancó en el seno de las Naciones Unidas por primera vez en ese foro internacional, el reconocimiento de la condición de territorio ocupado por una potencia colonialista, que había invadido el archipiélago. Merece destacarse que este triunfo diplomático fue producto de una política que en lo interno respetó al hombre, que desarrolló la cultura y la educación, protegió el aparato productivo de la nación y sus riquezas naturales, como nunca luego se hizo y que, en síntesis, convirtió a la Argentina en una nación soberana digna de respeto en todo el mundo. Ningún país votó en contra de la Argentina en 1965, en aquella época regía la soberanía popular, esto es, gobernaban el país los representantes del pueblo, funcionaba el Congreso, el poder judicial era independiente, las provincias eran autónomas: era una República representativa y federal, había libertad y democracia.
La soberanía nacional es el ejercicio práctico de del derecho a la autodeterminación del pueblo en lo que hace a todas sus manifestaciones: cultura, educación, política, economía, bienestar, etc.; no agotándose exclusivamente en la ocupación territorial.
La soberanía que reclamamos sobre las islas del Atlántico Sur es la misma que queremos ejercer en todo el territorio de la Nación. Hoy hemos recuperado el territorio ocupado por la fuerza hace 149 años por los ingleses, nos queda todavía la inmensa tarea de que el pueblo argentino ?a través de la plena vigencia de la Constitución Nacional ? sea quien rija los destinos de la Nación y poder ejercer plenamente la soberanía en toda la extensión de su significado.
Pretendemos ejercer plenamente la soberanía popular, sin condicionamientos ni límites al disenso, y ejercer en consecuencia la soberanía nacional sobre todo el territorio de la nación.
Sin embargo la Juventud Radical no puede dejar de resaltar que este acto de recuperación se contradice gravemente con toda la política desarrollada por el proceso. En efecto, este gobierno avasalló la soberanía popular ejerciendo la fuerza. Ha prescindido del pueblo y sus canales de expresión, los partidos políticos. Ha comprometido ?sin legitimidad alguna- el patrimonio nacional destruyendo el aparato productivo, provocando una desocupación de niveles inéditos. Ha expresado su decisión de entregar el dominio del subsuelo y la plataforma submarina en favor de empresas multinacionales.
El régimen militar, igualmente, ha reprimido a los argentinos que han sufrido la destrucción de sus fuentes de trabajo, del salario y de la posibilidad que sus hijos accedan a la enseñanza pública y gratuita, ha minado las bases del sistema de seguridad social, ha despreciado la capacidad intelectual y moral de los argentinos privándolos de la creación y goce del arte y de la cultura.
El día 30 de marzo de 1982 se abrió fuego contra obreros desarmados y se llegó a asesinar fríamente a un manifestante y herir a muchos más por haber cometido el "delito" de reclamar a las autoridades "Paz, Pan y Trabajo".
Este aislamiento no se limitó a nuestras fronteras. También se aisló a de la comunidad internacional haciéndose acreedor de la peor de las reputaciones, caracterizándosela como una dictadura fascista. Así, la justa reivindicación de nuestros derechos soberanos sobre las Islas ha quedado diluida, entre otras cosas, por la violación sistemática de los derechos humanos con su secuela de muertos y desaparecidos, presos y exiliados.
En este marco, agravado por la imprevisión e irresponsabilidad gubernativa, se produce el hecho militar. No se contempló para producir tal hecho el estado de vulnerabilidad de la Nación argentina, caracterizado por:
a) Moral del pueblo quebrantada por la crisis social, económica y cultural, agravada por la corrupción más grosera que conoció el país.
b) Economía devastada, con sus resortes básicos en manos extranjeras.
c) Desprestigio internacional del gobierno militar, considerado como una dictadura fascista en un plan de expansión militarista.
El pueblo sufrirá los resultados de ésta imprevisión porque el mayor peso de la crisis sobreviniente caerá sobre sus espaldas, ya que no se tuvo en cuenta:
a) La reacción de las naciones, europeas y americanas, fundamentalmente; y las decisiones de los organismos internacionales como la ONU, la OEA y el Movimiento de Países no alineados.
b) Las medidas económicas de embargos, bloqueo de fondos, vencimientos de deuda externa y consecuentes moratorias, cese de importaciones de material imprescindible, incluso de uso militar.
Párrafo aparte merece señalar la irresponsabilidad con que se ha presentado el hecho consumado al pueblo, de una medida que si bien involucra una reivindicación territorial sentida y anhelada por todos, no ha tenido presente la gravedad de la situación del país. Es así porque:
a) Existe el peligro de la internacionalización del conflicto.
b) El desprecio a la vida que significa una guerra. Es oportuno recordar que los constituyentes de 1853 reservaron al congreso nacional la facultad de declarar la guerra y a la Cámara de Diputados de la Nación ?representantes del pueblo de la nación- la iniciativa de las leyes sobre reclutamiento de tropas. En cambio hoy el pueblo es llamado a una guerra sin haber consultado antes su opinión y es convocado a Plaza de Mayo a manifestar su apoyo, cuando tres días antes fue reprimido salvajemente por quienes hoy hablan de la unidad de los argentinos.
c) Por la utilización de la reivindicación histórica para paliar el creciente deterioro de y crisis interna del proceso.
d) Por jugar con el sentimiento patriótico de nuestro pueblo que siempre ha defendido la soberanía cuando ésta ha estado en peligro.
Es por eso que la ratificación que el pueblo en su conjunto, sin distinción de banderías o sectores, ha realizado, no deberá ser interpretada por las actuales autoridades como una adhesión a la política gubernamental ya que el pueblo sigue viendo con preocupación y angustia a quien lo desconoció como fuente legítima de poder y ahora lo convoca a enfrentar una situación que puede terminar en un conflicto armado.
El apoyo que reclama el gobierno ante el hecho consumado y la eventual agresión británica encontrará la condigna respuesta popular, pero ella significará también la exigencia que, de aquí en mas las decisiones sean tomadas y compartidas por quienes realmente lo representan. Esta exigencia implica la reafirmación de lo expresado por la Multipartidaria en orden a la defensa integral de los recursos naturales y específicamente de los hidrocarburos, defensa que significa la irrenunciabilidad de la propiedad de la nación sobre el subsuelo, garantizando el monopolio de YPF. Deberá revertirse necesariamente esta política de hambre y desocupación y deberá volverse al Estado de Derecho, con la plena vigencia de la soberanía popular. Dentro de este marco la dictadura militar deberá mantener informado al pueblo dela república sobre las condiciones en que se dispone a negociar por vía diplomática ya que no solo es irrenunciable el territorio recuperado sino también los derechos soberanos sobre el mismo, no debiendo permitirse en consecuencia, que la negociación se traduzca en concesiones económicas o militares a alguna de las superpotencias (EE.UU o URSS).
Nos preocupa la acción del gobierno que parece no comprender la seriedad de la situación y fomenta desde los medios de comunicación el espíritu belicista, sin dar las explicaciones del caso y sin importarle qué piensa el país.
Tanto las declaraciones del gobierno como la manifestación del sábado 10 de abril son muestra del objetivo oculto de la medida: ganar espacio político para obtener una salida fácil y elegante e imponer un manto de olvido a lo que ellos hicieron desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha.
La soberanía se debe defender día a día, en forma pacifica, pero indeclinable. Hoy parece que quien la renunció y entregó el orgullo nacional se desespera por recuperar su imagen a cualquier costo. Hay que mantener la serenidad que nos impone nuestra conciencia limpia.
No prestaremos apoyo al gobierno militar, no queremos sumarnos a las voces irresponsables que cantan loas a las FFAA demostrando una total inconciencia sobre la seriedad de la situación actual, ya que éste gobierno demostró durante 6 años su incapacidad para conducir los destinos de la Nación.
Solo apoyaremos la acción de defensa nacional pero participando en las decisiones e imponiendo los cambios impostergables.

11 de abril de 1982.
Junta Ejecutiva de la JUVENTUD RADICAL de la Provincia de Buenos Aires Leer más...