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jueves, 31 de mayo de 2018

IMPOSTURAS ENERGÉTICAS

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Por José Antonio Artusi / El bochornoso espectáculo que brindaron anoche los senadores nacionales peronistas seguramente reconoce muchos antecedentes, pero no será tan fácil encontrar alguno que lo equipare en cuanto a las dosis de cinismo y de hipocresía política que se vertieron allí. Senadores que en teoría representan a sus provincias votaron un proyecto de ley absolutamente irresponsable, que de haberse promulgado habría beneficiado a los sectores de mayor poder adquisitivo de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, en desmedro de la población más pobre de las demás provincias. 
Legisladores peronistas de provincias que tienen buena parte de su población sin gas natural y deben recurrir por lo tanto al gas envasado en garrafas votaron un proyecto de ley que habría demandado una enorme masa de subsidios para que los ricos de Puerto Madero o la Recoleta puedan seguir derrochando gas a precios irrisorios. 
Votaron un proyecto de ley que habría significado volver a instaurar el perverso esquema de atraso tarifario y subsidios económicos indiscriminados, que tuvieron la particularidad de beneficiar en mayor medida a los sectores más ricos de la sociedad, y a concentrarse en el área geográfica más desarrollada del territorio nacional. Subsidios que durante la era kirchnerista llegaron a significar un acumulado de 24 puntos del PBI, más de 150 mil millones de dólares, una cifra difícil de imaginar, un monto que habría sido suficiente para construir más de 3 millones de viviendas sociales. 
Cada 2 pesos de esos subsidios que iban al quintil de mayor poder adquisitivo de la sociedad, sólo 1 iba para el quintil de menor poder adquisitivo, y para los más vulnerables mucho menos, o nada. Y todos los pagábamos con cortes de gas y luz, desinversión en el sector energético, déficit fiscal y alta inflación, o sea el impuesto más regresivo, el que más sufren los sectores con ingresos fijos y de menores ingresos. 
En la Argentina nos hemos acostumbrado a todo, pero no deberíamos naturalizar que este dislate pueda llegar a ser defendido con el ropaje impostor de una pretendida epopeya nacional y popular. Si hay algo que el gobierno nacional y Cambiemos hizo mal fue no comunicar adecuadamente la verdadera magnitud de este problema ante la sociedad desde un inicio. Recurrir a la manera en que algunos periodistas lo hicieron en su momento puede ayudarnos: “Debe haber pocos casos en la historia que registren una situación como lo que sigue: los sectores más pobres de una sociedad se movilizan, militan y ensalzan a organizaciones sociales, ONGS o líderes políticos que pugnan por mantener decisiones de política de ingresos que favorecen a los ricos y perjudican a los pobres…” (Gustavo Bazzan, Clarín, 21/08/16) “El "ruidazo", la Marcha de las Velas y demás protestas de estos días en el distrito metropolitano son observadas con una mezcla de bronca y sorna por nuestros compatriotas provincianos, que siempre pagaron tarifas mucho más altas. El país unitario modelado por el kirchnerismo liberó de esa carga a los habitantes de la gran ciudad y de sus alrededores (algunos de ellos, con hábitats "africanizados" que ese mismo régimen empeoró con su desidia y corrupción). Condonó gastos por igual al que lo necesitaba como para el acomodado habitante de Barrio Norte o San Isidro. Y con el gas, peor aún: los más pobres pagaron mucho más por su garrafa que los que estaban conectados. Un disparate…”. Pablo Sirvén, La Nación, 22/04/18 
Decimos que la actitud de los senadores peronistas - y antes de los diputados que votaron este proyecto demagogico - es hipocrita porque es absolutamente evidente que solo perseguia el objetivo de desgastar al gobierno y hacerle pagar el supuesto costo politico de vetar una ley que todo el mundo sabia que debia ser vetada. Cabe preguntarse qué habrían hecho los gobernadores peronistas que se sumaron al festival populista si el Presidente Macri no vetaba la ley. Una ley que habría significado un altísimo costo fiscal para sus propias administraciones provinciales, en muchos casos desfinanciadas y endeudadas como Entre Ríos, para no decir "fundida". Seguramente habrían concurrido en procesión a la Casa Rosada para pedirle al Presidente que vete la ley. Pero no, sabían que el Presidente iba a hacer lo que había que hacer, y que la iba a vetar sin pérdida de tiempo, y por eso jugaron a las contradicciones o a esconderse. 
En ese sentido está claro que no coincidimos para nada con las recientes expresiones del ex Gobernador Sergio Urribarri sobre este tema, pero debemos al menos reconocer que se expresó, que dijo algo. Habría sido más interesante saber qué pensaba el Gobernador Bordet, con quien compartieron el proyecto político kirchnerista y urribarrista. Quizás haya que recordarle que firmó, junto a los demás gobernadores en abril del 2017 el Acuerdo Federal Energético, que establecía que las tarifas y precios tenían que reflejar los costos de su producción, transporte y distribución, permitiendo la inversión eficiente y la mejora de la calidad del servicio. El gobierno nacional ha puesto en marcha un esquema razonable y gradual de quita de subsidios indiscriminados a la oferta, que beneficiaban sobre todo a los ricos y promovían el derroche, y de subsidios focalizados a la demanda, dirigidos a los que menos tienen a través de la tarifa social, y a los que ahorran, a través del plan estímulo. Es oportuno recordar que - tal como señaló el senador Naidenoff - "en el 2010 quisimos avanzar con el proyecto de tarifa social para terminar con la injusticia de los subsidios indiscriminados. Estuvimos cerca de lograr dictamen, pero ningún senador del Frente Para la Victoria nos quiso acompañar." 
El record de imposturas estuvo en la sesión de ayer a cargo de la senadora por la Provincia de Buenos Aires que supo serlo de la Provincia de Santa Cruz. Que Cristina Fernández de Kirchner se atreva a pronunciar la sigla YPF sin ruborizarse es el colmo de la hipocresía y el cinismo político. Siendo Néstor Kirchner Gobernador de Santa Cruz y ella legisladora provincial militaron fervientemente por su privatización y extranjerización. El miembro informante en la Cámara de Diputados de esa nefasta ley fue su mano derecha Oscar Parrilli. Después hicieron todo lo que había que hacer desde el poder para que su amigo Eskenazi se quede con una parte de la empresa sin poner una moneda, y finalmente compraron caro la mitad de una YPF vaciada. Podríamos recordar también que cuando todos ellos eran menemistas privatizaron Gas del Estado con la inestimable colaboración de un diputrucho, y que sus gobernadores amigos entregaron los yacimientos de hidrocarburos más valiosos en dudosos procedimientos a empresas inglesas y norteamericanas. 
Frente a tanta irresponsabilidad y demagogia corresponde seguir apelando al debate racional y respetuoso, sobre la base de proyectos viables. En Entre Ríos, y en el caso específico de las tarifas eléctricas, lo hemos señalado hasta el cansancio y lo seguiremos haciendo, el principal problema no es el costo mayorista, que era imprescindible actualizar para detener el costosísimo festival de subsidios, sino el desmesurado costo de distribución de Enersa, que hace que los entrerrianos paguemos el doble o más la energía eléctrica que en provincias hermanas que sin embargo deben afrontar similares costos mayoristas. El que mejor, con más claridad lo ha graficado es el Dr. Darío Carrazza: Puede el envío salir más caro que la pizza? Por supuesto que no... Pero es lo que sucede en Entre Ríos. El envío (el costo de distribución que recarga Enersa) es más caro que la pizza (el costo de generación de la energía). Si Enersa aplicara el costo de distribución promedio de todas las provincias el monto final de las facturas podría reducirse alrededor del 25%. 
Necesitamos que estos problemas se discutan en una deliberación pública seria y elevada, con datos fehacientes y propuestas concretas, y sin chicanas ni slogans vacíos, que son hasta ahora la única respuesta que han tenido nuestros planteos.- 

José Antonio Artusi es diputado provincial (UCR en Cambiemos)
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jueves, 7 de diciembre de 2017

"El proyecto de Bordet para comenzar a cumplir con el Consenso Fiscal es un avance pero sigue siendo una asignatura pendiente una profunda reforma tributaria en Entre Ríos"

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El diputado provincial José Antonio Artusi (Cambiemos) manifestó que el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo Provincial a la Legislatura modificando varios impuestos como modo de comenzar a cumplir los compromisos asumidos en el marco del acuerdo denominado "Consenso Fiscal", suscripto por los gobernadores y el Presidente Macri el 16 de Noviembre, "es un avance, pero debemos advertir que sigue siendo una asignatura pendiente concretar una profunda reforma de carácter integral del sistema tributario en la provincia de Entre Ríos". En tal sentido, el legislador uruguayense recordó que el "Consenso Fiscal" tiene en cuenta que en agosto de 2016, "el Estado Nacional, las provincias y la CABA se comprometieron a implementar políticas tributarias destinadas a promover el aumento de la tasa de inversión y de empleo privado, que alivianen la carga tributaria de aquellos impuestos que presentan mayores efectos distorsivos sobre la actividad económica, estableciendo niveles de imposición acordes con el desarrollo competitivo de las diversas actividades económicas y con la capacidad contributiva" , a la vez que puso de relieve que "el Estado Nacional viene implementando un programa de reducción de la carga tributaria, el cual lleva acumulado en los últimos dos años una disminución en la presión tributaria equivalente a dos puntos porcentuales del Producto Interno Bruto". Artusi señaló que "las provincias se han comprometido a introducir modificaciones en el impuesto a los ingresos brutos, a los sellos, tributos sobre la nómina salarial, e impuesto inmobiliario, y en el proyecto remitido se avanza sobre todo en los 3 primeros, pero prácticamente no se modifica la estructura del impuesto inmobiliario, salvo por la eximición del impuesto a los jubilados que vivan en su única vivienda y perciban bajos ingresos, lo que nos parece una buena medida". En ese sentido el legislador radical enfatizó que "será por ello necesario encarar el año que viene un proceso de reformas profundas e integrales del sistema tributario entrerriano", e informó que tiene estado parlamentario un proyecto de su autoría tendiente a generar un debate que logre acuerdos concretos en esta materia. La iniciativa del diputado Artusi consiste en la creación de una comisión bicameral para la reforma tributaria provincial. En los fundamentos del proyecto Artusi considera que "la Constitución de la Provincia de Entre Ríos establece, en su artículo 79, que “la Legislatura, al dictar las leyes de carácter tributario, propenderá a la eliminación paulatina de los impuestos que pesen sobre los artículos de primera necesidad, debiendo evolucionar hacia la adopción de un régimen impositivo basado en los impuestos directos y en los que recaigan sobre los artículos superfluos”. Sin embargo, la realidad dista muchísimo de parecerse a la evolución señalada como mandato por los constituyentes. La provincia tiene, al igual que sus hermanas de la Región Centro y del país en su conjunto, una matriz tributaria en la que predomina un impuesto indirecto, regresivo y distorsivo como es el impuesto a los ingresos brutos", y al respecto informó que en los primeros 9 meses del año este tributo representó casi el 60% de la recaudación propia". El diputado Artusi opinó que "en 2018 deberemos debatir con tiempo estas cuestiones, para evitar que nos pase lo de este año, en el que se hicieron las cosas al revés, primero se trató el presupuesto, y luego se modifican los impuestos que van originar los ingresos que figuran en el presupuesto". Falmente, consideró que "vamos a aprovechar el cuarto intermedio en la sesión hasta la semana que viene para estudiar en detalle el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, y seguramente propondremos algunas modificaciones para mejorar el texto". El texto completo del proyecto de ley de creación de la comisión bicameral para la reforma tributaria puede consultarse en el siguiente enlace: http://hcder.gov.ar/consultasExpedientes_Ver.php?exp=22206
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jueves, 23 de noviembre de 2017

EL DIPUTADO ARTUSI PROPONE INSTRUMENTAR UN SISTEMA INTEGRAL DE SALUD PUBLICA EN ENTRE RIOS

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El diputado provincial José Antonio Artusi (Cambiemos) presentó un proyecto de ley por el que propone la implementación de un Sistema Integral de Salud Pública en la Provincia de Entre Ríos.
La iniciativa del legislador uruguayense, que tomó estado parlamentario en la sesión que tuvo lugar el Miércoles 22 de Noviembre y que cuenta con la firma de todos los integrantes del bloque Cambiemos, fue girada a la Comisión de Salud Pública y Acción Social. 
Artusi señaló que "este proyecto de ley reproduce el que presentáramos el día 18 de Diciembre de 2009 (Expediente 17.724). El 21 de Diciembre de 2009 tomó estado parlamentario y fue girado a la Comisión de Salud Pública, presidida en ese entonces por el Diputado Darío Argain, ámbito en el que fue objeto de un exhaustivo análisis, que contó con el aporte de numerosas organizaciones y asesores. Se procedió en ese momento a unificar dicho expediente con el nº 16.809, una iniciativa de autoría del Presidente de la Comisión, con numerosos puntos de contacto y coincidencias. Es así que se obtuvo un dictamen favorable el día 27/4/11 y se trató en el recinto el día 11/5/11, obteniendo aprobación por unanimidad. Lamentablemente en el Senado no tuvo similar suerte, habiendo pasado al archivo el día 17/12/2015. Entendemos necesario insistir en la propuesta, ya que en su momento contó con el acompañamiento del oficialismo y la oposición". 
En los fundamentos de la iniciativa el legislador radical consideró que "tiene por objeto garantizar el derecho a la salud como un derecho fundamental, individual y social, mediante la regulación y ordenamiento de todas las acciones conducentes a tal fin, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 19 de la Constitución Provincial", a la vez que recordó que el proyecto estuvo basado en documentos elaborados oportunamente por la Comisión de Salud del Instituto de Políticas Públicas de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos. José Antonio Artusi señaló que "no podemos dejar de considerar la necesidad de partir desde lo que manda la Constitución de la Provincia reformada en 2008, que – en su artículo 19 – reconoce a la salud como un derecho humano y plantea una serie de instrumentos concretos: políticas de atención primaria; asistencia sanitaria gratuita, universal, igualitaria, integral, adecuada y oportuna; prioridad de la inversión en salud; garantía del primer nivel de atención, la formación y la capacitación. También se establece allí la implementación de un seguro provincial de salud y una progresiva descentralización hospitalaria, así como el reconocimiento de los medicamentos como un bien social básico, la regulación estatal y la fiscalización del circuito de producción, comercialización y consumo de medicamentos y productos alimenticios, la acreditación de los servicios en salud y la jerarquización del nivel de atención hospitalaria de tiempo completo. Otros artículos se refieren también, directa o indirectamente, a la salud: artículo 20 (derechos sexuales y reproductivos), artículo 21 (personas con discapacidad), artículo 22 (derecho a un ambiente sano), artículo 24 (derecho a la alimentación y a un ingreso mínimo indispensable para la subsistencia en determinadas situaciones), artículo 25 (derecho a la vivienda), etc..". 
Por otro lado, el diputado Artusi manifestó que "Entre Ríos no es una isla, y en ese sentido, tal como se expresa en la Plataforma de Cambiemos, es imprescindible reconocer que el sistema de salud argentino es un sistema fragmentado, segmentado y sin coordinación, con resultados ineficientes e inequitativos a pesar de que el país invierte en salud entre 8% y 10% de su economía, un nivel muy superior a los de muchos países de ingresos medios y altos. El sistema de salud está fragmentado administrativamente (descentralización provincial), segmentado por tipo de cobertura (sector público, obras sociales y medicina prepaga) y con demasiados actores y fuentes de recursos. La falta de coordinación de los 24 ministerios de salud provinciales, igual número de obras sociales provinciales, unos 250 fondos de seguridad social, PAMI, 50 empresas de medicina prepaga y múltiples fondos municipales son una muestra clara de la desintegración del sistema.” 
El proyecto de ley prevé la implementación y coordinación del Sistema Integral de Salud de la Provincia de Entre Ríos (SISPER), que estaría constituido por el conjunto de recursos de salud de dependencia estatal, de la seguridad social, de la sociedad civil y del sector privado que se desempeñan en el territorio de la Provincia; dicho sistema aseguraría el acceso a servicios integrales de salud a todos los habitantes. El texto completo del proyecto (Expediente 22.567) puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.hcder.gov.ar/consultasExpedientes_Ver.php?exp=22567
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Aportes al debate en torno a la elaboración de un programa de política pública de salud en la provincia de Entre Ríos

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domingo, 10 de septiembre de 2017

DIPUTADOS DE CAMBIEMOS PROPONEN CREAR EL FONDO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

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El bloque de diputados provinciales de Cambiemos presentó un proyecto de ley tendiente a crear en la Provincia de Entre Ríos el Fondo Provincial de la Vivienda y el Hábitat. El diputado José Antonio Artusi, autor de la iniciativa, manifestó que el propósito central consiste en dotar de más recursos al IAPV para permitir que se logren más y mejores soluciones habitacionales destinadas a las familias entrerrianas que más necesitan una ayuda del Estado para acceder efectivamente al derecho a una vivienda digna consagrado en nuestra Constitución Provincial en su artículo 25. Artusi señaló que "planteamos la creación del Fondo Provincial de la Vivienda y el Hábitat, pero cabe recordar que se trata en realidad de recrear un instituto que tuvo una efímera existencia en nuestra provincia, entre 1989 y 1996". En los fundamentos del proyecto se considera que "los recursos del FONAVI y de los programas federales, y ahora del Plan Nacional de Vivienda no han sido ni serán suficientes por sí solos para dar respuestas adecuadas al acuciante déficit habitacional que sufre nuestro país, en general, y la provincia de Entre Ríos en particular, y es por ello que proponemos dotar al IAPV de otros recursos que aumenten su disponibilidad financiera y con ello su capacidad de afrontar más y mejores soluciones habitacionales." El legislador radical expresó que "algunos datos nos permiten tener una idea del estado de situación de la problemática de la vivienda y el hábitat en nuestro país: 
- El problema de la vivienda es uno de los más importantes que padecemos hoy. - En Argentina hay un déficit habitacional de 3.500.000 hogares que padecen diariamente 12 millones de personas. Faltan 1.500.000 viviendas y 2.000.000 necesitan ser refaccionadas o tener mejor infraestructura. Compárense estas cifras que dimensionan el déficit con lo hecho en los últimos años: durante los años 2014 y 2015 se terminaron en todo el país, sumando FONAVI más Programas Federales, un total de 60.331 viviendas, a razón de un promedio de 30.165 por año. A ese ritmo, suponiendo que el déficit no aumentara por arte de magia, aún así harían falta 50 años para llegar a construir las viviendas que cubrieran dicho déficit. Obsérvese que el promedio del bienio 2014-2015 es inferior al registrado durante 2000 y 2001, en plena crisis y cuando sólo se contaba con recursos del FONAVI: 32.493 viviendas terminadas por año. 
- Entre Ríos no es una isla dentro de este panorama. En efecto, a pesar de contar con los recursos adicionales de los Programas Federales, el promedio anual de viviendas terminadas en el período 2012-2015 sólo ascendió a 1251 viviendas, muy poco por encima del período 2000- 2003, cuando no se contaba con los recursos de programas fedrales, en el que se llegó a un promedio de 1130 viviendas terminadas por año. Este promedio subió en el período siguiente (2004-2007), a 1525, para descender nuevamente durante 2008 y 2011, a 1051, incluso por debajo del período 2000-2003, en plena crisis antes y después del estallido de la convertibilidad. 
- En Argentina hay 12 millones de personas que necesitan un lugar donde vivir o mejorar las condiciones en que se encuentran sus viviendas y su entorno. 
- La situación afecta ya a casi el 30% de las familias; pero sin embargo Argentina es uno de los países de Latinoamérica que menos invirtió – y que peor invirtió – para revertir esta situación. - En los últimos 15 años el problema se incrementó por la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos. - Demasiado frecuentemente los recursos del Estado no llegaron a quienes correspondía, es decir a quienes más lo necesitaban. Muchas personas pasaron a vivir en condiciones precarias. Si hay algo que el recientemente implementado Registro Nacional de Barrios Populares demuestra es la magnitud de la vulneración de derechos que implica para millones de argentinos el carecer de una vivienda digna y un hábitat adecuado para el desarrollo humano. Sólo para dar un ejemplo, en Concepción del Uruguay existen al menos 19 “barrios populares”, asentamiento o villas en los que centenares de familias viven en un contexto de privaciones y vulnerabilidad social y ambiental. Sin embargo, muchas veces la falta de transparencia y de criterios claros y objetivos para la adjudicación de soluciones habitacionales y su contracara, la discrecionalidad de los decisores políticos alimentando mecanismos clientelares de dominación política han llevado a la selección de beneficiarios que, sin dejar de ser sujetos de derechos, están muy lejos de pertenecer a los estratos de menores ingresos. Esto ha llevado a que se pierda de vista la noción de la vivienda digna como un derecho universal y ha reforzado la tendencia de buena parte de la sociedad a demandar soluciones habitacionales a los poderosos de turno como si fueran un favor, una concesión graciosa que genera la obligación de una contrapartida en términos de apoyo político, y no una respuesta fundada del Estado a una privación de derechos. 
- Nuestro esfuerzo debe centrarse no sólo en proveer vivienda, sino también en pensar y construir ciudades, poniendo en un lugar relevante el concepto del derecho a la ciudad y los lineamientos de la Nueva Agenda Urbana. La mayor parte del costo que debemos afrontar hoy para urbanizar y mejorar nuestras ciudades es causa del crecimiento desordenado y la falta de planificación del uso del suelo; cuestión que debemos revertir a través de desarrollos urbanos integrados y vinculados armónicamente con las áreas rurales, procurando el desarrollo sostenible y la inclusión social. - Mediante la Nueva Agenda Urbana adoptada en la CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA VIVIENDA Y EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE (Hábitat III – Quito, 2016), los Jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a incrementar la seguridad de la tenencia para todos, reconociendo la pluralidad de tipos de tenencia, y a promover la implementación de programas de desarrollo urbano sostenible con estrategias centradas en las necesidades de vivienda y de las personas. - La política de vivienda puede y debe ser un ingrediente fundamental para pensar el funcionamiento integral de las ciudades y densificar inteligentemente brinda economías de escala y de aglomeración, ahorra recursos, favorece la construcción de ciudadanía y fomenta la mixtura social de manera armónica. 
- Frente a este panorama el gobierno nacional ha puesto en marcha una estrategia nacional de vivienda y hábitat, de la que el Plan Nacional de Vivienda forma parte; entendiendo que la vivienda digna es la base para el desarrollo de una familia y de las personas que la integran, y las políticas públicas de vivienda y hábitat deben ser un componente central de la lucha contra la pobreza. 
- El Plan Nacional de Vivienda es integral, y requiere que las provincias, a través de los institutos provinciales de vivienda, los municipios, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, asuman, cada uno en la esfera de sus competencias y obligaciones, un nuevo rol activo para articular de la manera más eficiente posible los esfuerzos de todos en pos del bien común. Es por ello que una de las motivaciones del presente proyecto de ley es favorecer la adecuación de las acciones del IAPV y de los municipios al nuevo escenario que supone la estrategia nacional de vivienda y hábitat. " 
El Fondo Provincial de la Vivienda se integraría, además de los recursos de origen nacional y el recupero de las cuotas que actualmente percibe el IAPV, con los siguientes recursos de origen provincial: 
- El 10% de la recaudación del impuesto inmobiliario. 
- El 10% de los ingresos del IAFAS. 
- Los recursos provenientes del recupero de inversiones en infraestructura de servicios públicos y/o equipamiento comunitario que generen valorización del suelo, a través de la implementación de mecanismos de contribución especial por mejoras u otros instrumentos de captación del plusvalor generado por la inversión pública. 
- Los recursos provenientes de la captación de plusvalías generadas por decisiones administrativas de los municipios que produzcan incrementos del valor del suelo (aumento de la edificabilidad, derechos adicionales de construcción, zonificación, conversión del suelo de uso rural a urbano, etc.). 
- Los recursos provenientes de la recuperación de plusvalías generadas por proyectos de renovación urbana que incluyan viviendas, redes de infraestructuras y equipamiento comunitario financiados total o parcialmente con fondos del FOPROVIHAB; de acuerdo a los convenios que en cada caso se suscriban con municipios y demás organismos públicos y privados intervinientes en dichos proyectos. 
Estos últimos tres ítems están basados en los principios de la recuperación de plusvalías, concepto que se refiere al recupero total o parcial, por parte del Estado, de los aumentos en el valor del suelo generados por acciones diferentes a la inversión o esfuerzo directo del propietario, y que, por lo tanto constituirían ganancias inmerecidas o enriquecimiento sin justa causa. El objetivo que buscan los instrumentos de recuperación de plusvalías es, además de procurar un principio básico de justicia urbana y equidad social, basarse en los incrementos del valor del suelo generado por la intervención estatal para financiar el proceso de urbanización. 
En línea con las previsiones del Plan Nacional de Vivienda, y en aras de diversificar los instrumentos de acción, se plantea que se podrán financiar proyectos que incluyan los siguientes componentes: construcción de viviendas nuevas, mejoramiento de viviendas existentes, unidades habitacionales para la emergencia, infraestructura de servicios urbanos y equipamiento comunitario, lotes con servicios, regularización dominial y titulación, promoción social, fomento de la participación comunitaria y del cooperativismo, promoción de la planificación del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial por parte de municipios y comunas, y promoción del alquiler social. De esta manera se contaría con una amplia batería de herramientas, que brindaría la posibilidad de otorgar a cada demanda una solución habitacional específica, apropiada a sus características particulares, aumentando de esta manera la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas y mejorando su impacto en la reducción efectiva del déficit habitacional. 
El proyecto de ley postula la posibilidad de otorgar a municipios y comunas, así como organizaciones no gubernamentales, un rol activo en la planificación y gestión de políticas habitacionales; en el entendimiento de que son muchos los municipios que llevan actualmente políticas de vivienda con recursos propios o de la comunidad, pero que el impacto de tales acciones podría potenciarse si se articulara de manera sinérgica con las del IAPV. 
El texto completo del proyecto puede consultarse en el siguiente link: http://hcder.gov.ar/consultasExpedientes_Ver.php?exp=22334
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miércoles, 28 de junio de 2017

EL DIPUTADO ARTUSI PARTICIPO EN EL FORO URBANO NACIONAL REALIZADO EN MENDOZA






El diputado provincial José Antonio Artusi (Cambiemos) participó en el Foro Urbano Nacional que tuvo lugar en Mendoza el Sábado 24 de Junio. Se trató de una jornada de trabajo organizada por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y el Programa Hábitat de Naciones Unidas, que tuvo como objetivo avanzar en la implementación en Argentina de la Nueva Agenda Urbana surgida de la cumbre de Hábitat 3 en Quito el año pasado, y generar diálogos y propuestas para alimentar la elaboración del Plan Nacional Urbano y del Hábitat. 
En la ceremonia de apertura hicieron uso de la palabra el Intendente de la ciudad anfitriona, Rodolfo Suárez, el Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el Director de ONU Hábitat, Joan Clos. Posteriormente, Fernando Alvarez de Celis, Subsecretario de Planificación Territorial y Marina Klemensiewicz, Subsecretaria de Hábitat, se refirieron a los avances en la implementación de la Nueva Agenda Urbana en nuestro país y a los retos y desafíos del Plan Nacional Urbano y del Hábitat. En el espacio de talleres se debatió intensamente en grupos de trabajo sobre diversas líneas temáticas. El diputado José Antonio Artusi fue el informante de la Mesa 22 que analizó la cuestión de la gobernanza territorial. Participaron también en la mesa intendentes y funcionarios de las provincias de Córdoba y Mendoza, y la Presidente del Concejo Deliberante de Diamante, Lelia Recalde, quienes estuvieron acompañados por funcionarios de ONU Hábitat y de organismos internacionales de crédito. En relación a las conclusiones y recomendaciones que elaboró la mesa, el legislador uruguayense planteó que "coincidimos en la necesidad de contar con una ley nacional y normas provinciales sobre ordenamiento territorial, uso del suelo y desarrollo urbano, que deberían estar articuladas con planes estratégicos de desarrollo sostenible y con mecanismos de complementación entre políticas urbanas y políticas fiscales, de modo tal de recuperar parte de los recursos que la urbanización genera para financiar programas y proyectos que hagan que el derecho a la ciudad no sea una mera declamación y llegue efectivamente a todos los argentinos". Tras la presentación de los resultados de cada taller se realizó una devolución por parte de expertos en políticas urbanas, Elkin Velázquez y Marco Kamiya, de ONU Hábitat, Martim Smolka, Director para América Latina del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, y Fernando Alvarez de Celis, del gobierno nacional. El cierre estuvo a cargo de Joan Clos, Director de ONU Hábitat, quien brindó una disertación con definiciones contundentes a favor de orientar el desarrollo urbano hacia ciudades compactas, densas, bien diseñadas, sostenibles, y que brinden calidad de vida a los ciudadanos. Entre los conceptos vertidos por Joan Clos, cabe destacar los siguientes: "La urbanización debe generar valor y prosperidad"; "la urbanización siempre genera más valor del que cuesta"; "parte del valor generado por la urbanización hay que recuperarlo y reinvertirlo"; "hay que tener mecanismos de redistribución del valor generado por la urbanización"; "la cuestión es la distribución del valor"; "necesitamos densidad bien diseñada, estamos obligados a hacer buen diseño"; "la arquitectura tiene un valor social importantísimo"; "el diseño urbano crea valor". 
El Foro culminó con la lectura y firma de la declaración final, en la que se asumieron compromisos en pos de trabajar por el logro de los objetivos de la Nueva Agenda Urbana. El diputado Artusi manifestó su satisfacción por el éxito de la convocatoria y el intenso nivel de participación, y manifestó que dialogó con los funcionarios nacionales presentes en el Foro a los efectos de "promover una legislación nacional y provincial de ordenamiento territorial y desarrollo urbano que permita orientar las inversiones públicas y privadas y regular de manera eficiente y sostenible el crecimiento de las ciudades, para avanzar en el logro de brindar a todos condiciones de vida digna y acceso al suelo y a la vivienda; a servicios básicos y espacios públicos de calidad, en definitiva, concretar el derecho a la ciudad".-
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viernes, 16 de diciembre de 2016

Diputados de Cambiemos proponen crear la Federación Entrerriana de Municipios

El proyecto, que ingresó al recinto de la Cámara de Diputados en la sesión del 6 de diciembre pasado, fue presentado por el radical José Antonio Artusi y firman como coautores todos los diputados del bloque Cambiemos. 
El artículo 1º de la iniciativa establece la adhesión de la Provincia a la Ley Nacional Nº 24.807, que dispone la creación de la Federación Argentina de Municipios, y convoca a las Legislaturas y gobiernos provinciales a sancionar las leyes de adhesión y “disponer las medidas gubernamentales conducentes a promover en sus respectivas jurisdicciones con el objetivo de contribuir a fortalecer el quehacer de las administraciones municipales y favorecer el desarrollo local”. Según señala el segundo artículo de la iniciativa que promueve Artusi, la Federación Entrerriana de Municipios será una “entidad pública no estatal que nucleará a los Municipios de la provincia de Entre Ríos”. Contará con personería jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones de conformidad con las capacidades reconocidas por el Código Civil Argentino a las entidades públicas no estatales. “Actuará bajo el régimen de esta ley y las disposiciones que la propia entidad adopte para reglar y ordenar su funcionamiento, conforme a los procedimientos que resulten de su estatuto orgánico y en concordancia con lo preceptuado en la presente norma”, se lee en otro de los artículos. Sus metas serán “contribuir al fortalecimiento de un sistema de democracia representativa y participativa, pluralista y federal, y defender la vigencia de la autonomía municipal”, además de constituirse en “el ámbito institucional natural de convergencia de los municipios, desarrollando acciones dirigidas a fortalecer su rol y mejorar su gestión institucional”. Otro de los objetivos de la Federación será “representar a los municipios asociados ante los Poderes Ejecutivos, Legislativos y Judiciales de la Nación y la Provincia, agencias, entidades y organismos extranjeros e internacionales, organizaciones, asociaciones y programas vinculados al quehacer municipal”. Se trata de un proyecto legislativo que establece que será una “entidad pública no estatal que nucleará a los Municipios de la provincia de Entre Ríos” • Tendrá domicilio legal en Villaguay, pero podrá funcionar en forma rotativa y periódica en cada lugar de la provincia donde decidan reunirse sus órganos de conducción”, se indica en la iniciativa a la que tuvo acceso APFDigital El proyecto también crea una “Comisión Asesora Permanente”, que estará integrada por cuatro diputados y cuatro senadores (tres por la mayoría y uno por la minoría) y tendrá como objetivo “velar por el respeto de la autonomía municipal y el federalismo” y “coordinar con el Poder Ejecutivo actividades de fomento de la autonomía, capacitación del personal, modernización de la administración municipal y promoción del desarrollo económico local”, entre otros. La Federación deberá rendir informe sobre ingresos percibidos y erogaciones realizadas ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia. “El domicilio legal y la sede de la Federación Entrerriana de Municipios se establece en la ciudad de Villaguay, pudiendo funcionar en forma rotativa y periódica en cada lugar de la provincia donde decidan reunirse sus órganos de conducción y dirección”, establece el artículo 14 del proyecto presentado por el diputado Artusi.
Fundamentos:  En los fundamentos de la iniciativa que presentó, Artusi manifestó que el proyecto “reproduce, con ligeras modificaciones, el de nuestra autoría que fuera presentado en esta Cámara el 22 de abril de 2008 y que, lamentablemente, al no ser tratado, fue archivado el 11 de abril de 2013”. Los municipios tienen problemáticas similares e intereses que suelen ser coincidentes, lo cual constituye “una razón más que suficiente para abordar la experiencia de organizar un ámbito asociativo que permita a los municipios discutir sobre problemas e intereses comunes y encontrarles soluciones en conjunto”. Otro de los puntos que se destacan es que la Federación posibilitará el abordaje de “temáticas vinculadas a la relación con la Provincia, en particular en lo que hace a la asignación de recursos financieros y al gasto público en obras”. En otro de los párrafos del proyecto al que tuvo acceso esta Agencia se aclara: “Por cierto que sería una ingenuidad suponer que la sola aprobación de un texto normativo dará vida a la Federación Entrerriana de Municipios. Lo que se propone aquí es brindar un marco jurídico básico que sirva de herramienta a los gobiernos locales de nuestra provincia para encarar la conformación de una instancia que sirva a sus necesidades, lo que redundará en beneficios sus comunidades”. 
 Fuente: APFDigital
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"La decisión de acusar es coherente y responsable"

Declaración del Bloque de Diputados Provinciales de Cambiemos: 
"El juicio político al vocal del STJ Carlos Chiara Díaz, cuya acusación fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, es un hito relevante para la sociedad y las instituciones entrerrianas, porque se puso en marcha un mecanismo constitucional al que no estamos acostumbrados. 
Los informes que recibimos, la abundante y contundente documentación que comprueba las continuas irregularidades cometidas por el vocal suspendido, a lo largo de 74 páginas de análisis y merituación de las pruebas del dictamen de la Comisión de Juicio político que acompaña este comunicado, nos eximen de cualquier comentario adicional y avalan nuestra conducta y nuestro voto. Se inició así el proceso acusatorio para que, finalmente, sea la Cámara de Senadores quien juzgue. 
Hay ciudadanos que pueden no compartir el criterio seguido por los diputados del Bloque de Cambiemos. Es comprensible. La democracia moderna se basa en la representación del pueblo y en la toma de decisiones que, necesariamente, no van a ser del agrado de todos. Ahora bien, atribuir malicia o ineptitud a quienes no hacen lo que uno quiere es, sencillamente, no comprender en qué consiste la política democrática. 
Desde el Bloque de Cambiemos hemos mantenido una actitud seria y responsable, la cual no vamos a abandonar para caer en interesadas polémicas. Tampoco contestaremos agravios infundados. 
Ocurre que para cambiar no alcanza con tener coraje: hace falta trabajar. Lejos de las estridencias de quienes creen poseer la verdad, los diputados de Cambiemos trabajamos en el marco del rutinario funcionamiento de las instituciones. Quizás sea deslucido, pero la cultura democrática requiere de la normalidad, del diálogo. Todo eso es la buena política. 
La decisión de acusar no tiene como causa ningún acuerdo de impunidad, tampoco vamos a encubrir a nadie. Muy sencillamente, el Bloque de Diputados de Cambiemos ha obrado con coherencia: fuimos quienes pedimos abrir la investigación en el primer juicio político para Chiara Díaz, que llamativamente, el justicialismo rechazó sin ni siquiera analizarlo y tuvimos la misma actitud, fundada en un intenso debate interno, con el segundo juicio sobre el mismo magistrado.
Del mismo modo, pese a su manifiesta animadversión para con el Radicalismo, que tanto sufrió el gobierno de Montiel que lo tuvo como opositor desleal, pese a los tres procesos judiciales que tiene el magistrado y que no formaban parte de la denuncia, analizamos con responsabilidad todas las pruebas de juicio, y entendimos necesario apoyar la acusación. 
Quienes ahora descubren en el vocal acusado la salvaguarda de la ética republicana, debieran recordar que fue él quien encabezó, junto a la hoy presidente del Superior Tribunal, el desguace de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la condena judicial por un viático mal asignado al Dr. Rovira, vaya paradoja. 
Asimismo, nos presentamos ante el Procurador General para pedir que investigue la versión taquigráfica del descargo del magistrado ante la Comisión de Juicio Político, para que informe si sus denuncias representan delitos de otros jueces y funcionarios allí mencionados. Y actuaremos con la misma responsabilidad en el juicio político presentado a la Presidente del Tribunal, la Dra. Mizawak, pidiendo que se abra la investigación con la misma garantía del debido proceso que tuvo en este caso el Dr. Chiara Díaz. 
El Poder Judicial en particular y las instituciones públicas de la provincia en general, comienzan un proceso de mejora en su funcionamiento y de mayor transparencia en su accionar. En eso trabajamos. 
Por eso propusimos y logramos que se eliminen los gastos reservados para el STJ en el presupuesto 2017 y, ante denuncias serias pusimos en marcha los mecanismos constitucionales de investigación y juicio justo. El mes de marzo de este año presentamos un proyecto de ley para crear la Fiscalía Anticorrupción. Es ley nuestro proyecto para que los cargos de los organismos de control se designan por concurso, y el Presidente interino del Tribunal de Cuentas ya no responde al gobierno, porque logramos que sea un funcionario de carrera. Tiene media sanción la Ley de Ética Pública. Propusimos limitar los gastos reservados, el uso de los fueros, como el de vehículos oficiales. Por citar sólo algunos ejemplos. 
No vamos a actuar nunca a escondidas de la sociedad ni de sus instituciones. No vamos a encubrir a nadie. 
A integrantes de nuestro bloque no les ha temblado la mano para presentarse ante la Justicia ante hechos de corrupción, aún antes de ser legisladores, y lo haremos cada vez que lo estimemos necesario. 
Somos un bloque opositor y así lo hemos evidenciado en numerosos proyectos presentados y en nuestras expresiones públicas. La oposición la ejercemos de modo serio y responsable. Por eso no rehuimos el debate y el diálogo maduro en busca de acuerdos transparentes, en pos de construir una genuina cultura de la democracia pluralista que el kirchnerismo procuró destruir. 
Lo que pase en los poderes del Estado lo van a saber todos los ciudadanos de esta provincia. Hace ya un año que nuestra línea de conducta como bloque ha sido la misma: debate interno franco, investigación seria de los temas y toma de decisiones claras, transparentes y efectivas. No esperen otra cosa de nosotros".- 

Bloque de Diputados de Cambiemos: Sergio Kneeteman, Esteban Vittor, Ayelén Acosta, Martín Anguiano, José Antonio Artusi, Joaquín La Madrid, Gabriela Lena, Jorge Monge, Alberto Rotman, Fuad Sosa, María Alejandra Viola.
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lunes, 21 de noviembre de 2011

El diputado José Antonio Artusi señaló que Entre Ríos es discriminada por el gobierno nacional en las transferencias de los planes federales de vivienda

El diputado provincial José Antonio Artusi, del bloque de la UCR de Entre Ríos,manifestó que "las propias estadísticas oficiales, como lo venimos denunciando reiteradamente, muestran a las claras la discriminación que sufrimos los entrerrianos en la asignación de transferencias de los planes federales de vivienda."

El legislador uruguayense recordó que los fondos de los planes federales, creados a partir del año 2004, se reparten entre las provincias de manera absolutamente discrecional por parte del gobierno nacional, a diferencia de los fondos del FONAVI, que se remiten en base a una alícuota fijada en la ley, que en el caso de Entre Ríos es el 3.90%.
En tal sentido, Artusi expresó que "en el primer semestre del año en curso, Entre Ríos recibió un total de transferencias por $ 35.409.280, lo que representa sólo un 1,65% del total transferido a nivel nacional, porcentaje que contrasta notablemente con la alícuota del FONAVI que nos corresponde. Si calculamos los recursos per cápita, encontraremos que en entre Enero y Junio de este año se transfirieron a nuestra provincia $28,64 por habitante, muy por debajo de la media nacional ($53,74/habitante) y menos de la quinta parte de lo que correspondió a Santa Cruz ($165,22/habitante).
Lo sucedido este año no es una excepción que confirme la regla, lamentablemente. La sumatoria de fondos transferidos entre 2006 y 2011 representa para Entre Ríos sólo el 2,28% del total nacional, y los recursos per cápita ascienden a $398/habitante, por debajo de la media nacional ($539/habitante) y sólo el 26% de lo que se transfirió a Santa Cruz ($1498/habitante)."
El diputado Artusi señaló que "en todos los casos me he basado en fuentes oficiales del gobierno nacional (http://www.cnvivienda.org.ar/nuevo/notas/revista34/vivienda_34.pdf) y del INDEC (calculando los indicadores per cápita en base a los datos del censo 2010) por lo que me permito sugerir respetuosamente a quienes no les guste esta realidad que no maten al mensajero, sino que se esfuercen en modificar un cuadro de situación que dista muchísimo de la vigencia de la defensa efectiva de los intereses de una provincia que supo ser cuna del federalismo y abanderada de las autonomías provinciales.".-
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viernes, 26 de agosto de 2011

Los niveles de turbiedad del agua en Concepción del Uruguay exceden largamente lo recomendado por la OMS y lo establecido tanto en el Código Alimentario Argentino como en la normativa provincial

Por José Antonio Artusi
En un trabajo de investigadores locales publicado en una revista científica especializada (1), se sostiene que "elevados niveles de turbidez pueden proteger a los microorganismos de los efectos de la desinfección, estimular la proliferación de bacterias y aumentar la demanda de cloro. En muchos casos no se logra destruir los patógenos y las bacterias fecales, aglomerados o absorbidos por partículas. También diversas sustancias químicas peligrosas como metales pesados, organoclorados y otros se unen sobre todo a los ácidos húmicos y otras partículas orgánicas." Más adelante consideran que "todos estos riesgos se acentúan cuando la turbidez es superior a 5 UNT (unidades nefelométricas de turbidez), valor que no debe sobrepasar ninguna muestra. Por lo tanto, la turbidez debe ser baja para que la desinfección sea eficaz (OMS, 1998) y que bajen los riesgos de que el agua potable vehiculice tóxicos que se manifiesten en diversas enfermedades crónicas."

Ante la verificación reciente de elevados niveles de turbiedad en el agua en Concepción del Uruguay, desde el Programa Salud para Todos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNER se difundió un comunicado en el que se señaló que "en los últimos días, el nivel de turbidez ha ascendido muy por encima de los valores recomendados tanto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como por el Código Alimentario Argentino (CAA). Si bien esto no significa que haya una correlación directa entre beber el agua y contraer alguna enfermedad, es primordial destacar que, de mantenerse los niveles actuales de turbidez o su tendencia ascendente, se estará frente a un factor de riesgo importante para la salud de las personas. Los elevados niveles de turbidez protegen a los microorganismos causantes de enfermedades (virus, parásitos y algunas bacterias) de los efectos de la desinfección, estimulan su proliferación y aumentan la demanda de cloro. Esto significa que, para que la desinfección del agua de red sea eficaz y que disminuyan los riesgos de servir como vehículo de agentes causantes de enfermedades, la turbidez debe ser baja. En las muestras tomadas por el Laboratorio de Calidad de Aguas del Programa Salud para Todos (FCS-UNER) en las últimas semanas, los niveles de turbidez han llevado el promedio mensual de julio a sobrepasar la línea de las 7.5 UNT (unidades nefelométricas de turbidez), con picos de hasta 12 UNT. En lo que va de agosto la tendencia sigue siendo ascendente, razón por la cual, desde el Programa ya se envió una nota informativa al Intendente y al Secretario de Salud y Ambiente con la recomendación de que se tomen urgentes medidas de corrección de los procesos de potabilización o distribución que estén implicados en la situación actual. Según la OMS, lo que se considera adecuado es un nivel de turbidez inferior a 1 UNT. El CAA, por su parte, contempla como máximo admisible un valor de 3 UNT. Estos valores pueden ser logrados por una planta de tratamiento que funcione correctamente, por lo que la superación en repetidos casos podría señalar severos defectos de estructura y funcionamiento. Los valores actuales no pueden ser justificados por ejemplo, por una creciente del río, ya que es posible realizar ajustes al tratamiento en dichas situaciones."
Más adelante, el 11 de Agosto, desde el Programa se emitió otra declaración, en la que se aseveraba que "continúa siendo elevada la turbidez del agua. La turbidez ha descendido levemente en la primera semana de agosto, pero los niveles se mantienen muy por encima de lo recomendado. El Laboratorio de Calidad de Aguas del Programa Salud para Todos (FCS-UNER), ha analizado las muestras obtenidas diariamente durante la primera semana de agosto. El viernes 5 se realizaron en 5 puntos representativos de toda la red urbana. El resultado del análisis muestra que el pico máximo de turbidez se produjo el día 2, alcanzando un valor promedio entre las muestras, de 17.5 UNT (unidades nefelométricas de turbidez). A partir de allí y hasta el viernes 5, la tendencia fue en baja, aunque los valores distan de ser los recomendados por la OMS (1 UNT) y el Código Alimentario Argentino, que contempla como máximo, sólo 3 UNT. Cabe recordar que si bien no está establecida una relación directa entre beber esta agua turbia y contraer una determinada enfermedad, las posibilidades de que esto suceda, aumentan significativamente, ya que con altos niveles de turbidez disminuye la eficacia de la desinfección del agua y aumenta el riesgo de la presencia de virus, bacterias, parásitos y otras sustancias perjudiciales para la salud que se adhieren a las partículas inertes.
La muestra obtenida el lunes en el centro de la ciudad, arroja como resultado de su análisis una nueva suba en la turbidez del agua de red, (8 (UNT). En el caso de observarse en los domicilios una turbidez visible del agua se recomienda no beberla sin antes hervirla o haber verificado su inocuidad mediante análisis de calidad. En principio no habría riesgos para otros usos domésticos."
En cumplimiento de nuestra obligación como legisladores, he presentado un pedido de informes y un proyecto de resolución sobre esta cuestión. No pretendemos generar alarma injustificada; sí procuramos que se reaccione responsablemente frente a los problemas y no que se los busque ocultar, como quien quiere tapar el sol con las manos, o "matando al mensajero", reacción lamentablemente tan frecuente entre los funcionarios del Poder Ejecutivo.
Una de las cuestiones que nos preocupa es la falta de información pública sobre la cuestión. Afortunadamente, lo que ni el municipio ni la provincia hacen -brindar información pública - sí lo hace la Universidad Nacional de Entre Ríos. Veamos los números (2):
Fecha: 9/8/11. Turbidez: 5,8 UNT.
Fecha: 10/8/11. Turbidez: 5,72 UNT.
Fecha: 11/8/11. Turbidez: 5,10 UNT.
Fecha 12/8/11. Turbidez: 6,70 UNT.
Fecha: 15/8/11. Turbidez: 1,99 UNT.
Fecha: 16/8/11. Turbidez: 3,79 UNT.
Fecha: 17/8/11. Turbidez: 3,43 UNT.
Fecha: 24/8/11. Turbidez: 2,03 UNT.
Fecha: 25/8/11. Turbidez: 14,94 UNT.
Fecha: 25/8/11 (13.02 horas). Turbidez: 4.28
La serie de datos muestra que en el 100% de los casos se excedió lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (1 UNT); en el 90% de los casos se superó lo establecido en el Decreto provincial 2235 (2 UNT); y en el 80% de los casos se obtuvo valores superiores al máximo admisible del Código Alimentario Argentino (3 UNT). Por añadidura, en el 50% de las muestras se verificaron valores superiores a 5 UNT, límite que según los investigadores citados no debe sobrepasar ninguna muestra. El promedio de estas 10 muestras de Agosto, si bien inferior al de Julio, también lo supera (5,37 UNT).
Cuando nos contesten con hechos comprobables con números ciertos y confiables, y no con frases de circunstancia, vamos a ser los primeros en felicitar a los funcionarios de turno por reaccionar con eficacia y eficiencia, en resguardo de la salud de todos los uruguayenses, con la que estamos y estaremos comprometidos siempre.-

Bibliografía consultada:
- 1) Leandro MARCÓ, Ricardo AZARIO, Celia METZLER y María del Carmen GARCIA; "La turbidez como indicador básico de calidad de aguas potabilizadas a partir de fuentes superficiales. Propuestas a propósito del estudio del sistema de potabilización y distribución en la ciudad de Concepción del Uruguay (Entre Ríos, Argentina)", Higiene y Sanidad Ambiental, 4: 72-82 (2004), en internet: http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd27/higsand7.pdf
- 2) Valores de turbidez del agua en http://www.fcs.uner.edu.ar/saludparatodos/index.php/component/content/category/20-turbidez-del-agua
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jueves, 25 de agosto de 2011

José Antonio Artusi solicitará que se den a conocer los resultados del monitoreo de la planta de celulosa de UPM (ex Botnia)

El diputado provincial José Antonio Artusi (UCR) informó que presentará un pedido de informes y un proyecto de resolución tendientes a transparentar la información disponible sobre los resultados del monitoreo de los efluentes de la planta de celulosa de UPM (ex Botnia), localizada en Fray Bentos, y su impacto en el río Uruguay.

El pedido de informes requiere que se den a conocer los resultados de los exámenes de muestras de agua del efluente de la Planta UPM (ex Botnia), así como de la desembocadura del Río Gualeguaychú en el Río Uruguay, realizados por el Comité Científico binacional en el marco de las actividades de la Comisión Administradora del río Uruguay, como consecuencia de los ingresos de control llevados a cabo por ese Comité en la Planta UPM (ex Botnia) los días 20 de junio y 25 de julio, así como en la desembocadura del Río Gualeguaychú en el Río Uruguay los días 21 de junio y 26 de julio.
Por su parte, el proyecto de resolución del diputado Artusi plantea solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que publique y actualice permanentemente en su sitio oficial en internet toda la información disponible referida al programa de monitoreo continuo de la Planta Orion (UPM ex Botnia), de sus efluentes líquidos y emisiones gaseosas que accedan al Río Uruguay y de las condiciones ambientales del Río Uruguay tanto para la zona de influencia de la Planta Orión, como la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay. En los fundamentos de la iniciativa, el legislador radical sostiene que "habiendo transcurrido más de un mes desde las primeras tomas de muestras, y teniendo en cuenta la lógica preocupación que esta cuestión suscita en la opinión pública, proponemos que el Poder Ejecutivo Provincial, que ha participado a través de la Secretaría de Ambiente en algunas de las actividades, proceda a obtener de la CARU, recopilar, ordenar y publicar toda la información disponible, en el marco de los procedimientos aprobados bilateralmente."
"Se trata, sencillamente, de dar respuesta a la necesidad de hacer una realidad el derecho al acceso a la información pública ambiental, elemento clave para potenciar la participación ciudadana y el contralor social", consideró finalmente José Antonio Artusi.-
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martes, 23 de agosto de 2011

El diputado Artusi propone transparentar auditorías del FONAVI

Fueron aprobadas diversas iniciativas del diputado provincial José Antonio Artusi (UCR) tendientes a fortalecer el acceso a la información pública referida a la política de vivienda en la provincia de Entre Ríos.
En la última sesión de la Cámara de Diputados tuvo trámite favorable un proyecto de resolución del legislador uruguayense, por el que se solicita al Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda, a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, y a las Comisiones de Vivienda de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la Nación que remitan copias de los informes particularizados correspondientes a la Provincia de Entre Ríos de las auditorías del Fondo Nacional de la Vivienda del ejercicio 2009. En los fundamentos Artusi considera que "en cumplimiento del Artículo 9° de la ley nacional 24.464, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación realiza anualmente auditorías a los organismos ejecutores integrantes del Sistema Federal de Vivienda. En la página web de la Subsecretaría puede accederse a los informes síntesis y a las planillas respectivas correspondientes a los ejercicios desde el 2001 hasta el 2009 inclusive, pero no a los informes particularizados de cada jurisdicción, ni tampoco a los informes síntesis anteriores a 2001. En los informes síntesis se consigna que los informes particularizados fueron remitidos oportunamente a las jurisdicciones auditadas, no recibiendo observaciones, por lo que fueron enviados a ambas cámaras del Poder Legislativo Nacional para su conocimiento y consideración. Los mencionados informes particularizados, al igual que los informes síntesis, contienen valiosa información estadística, sin la cual es prácticamente imposible evaluar con un mínimo rigor metodológico la política de vivienda en nuestra provincia, y eventualmente proponer medidas tendientes a mejorar la eficiencia y la eficacia de los programas destinados a la satisfacción de un derecho fundamental como es el derecho a la vivienda, consagrado expresamente en nuestra Constitución provincial reformada en 2008."
A su vez, fue también aprobado un pedido de informes sobre este mismo tema.
Finalmente, Artusi informó que tomará estado parlamentario en la próxima sesión un proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo Provincial el pleno cumplimiento del artículo 11º inciso a) de la Ley 4167, que establece que son obligaciones del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de la Provincia de Entre Ríos, “elevar al Poder Ejecutivo dentro del primer cuatrimestre de cada ejercicio, el balance anual y la rendición completa y detallada de las cuentas, para su conocimiento por la Contaduría General, la que deberá aprobarla, antes de su publicación y sometimiento a la Legislatura”. La iniciativa tambén plantea que el requisito de publicación mencionado en el inciso a) del artículo 11º de la ley 4167 incluya su difusión en el sitio oficial en internet del gobierno de la provincia.
En los fundamentos del proyecto, el diputado Artusi consigna que "complementa proyectos anteriores, tendientes a fortalecer la transparencia y el acceso amplio y efectivo a la información pública, elementos imprescindibles para el ejercicio del rol de contralor de las políticas del Poder Ejecutivo por parte del Legislativo, así como el control ciudadano y la participación social responsable e informada".

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Fueron aprobados pedidos de informes y proyectos de resolución del diputado Artusi referidos a la gestión de residuos domiciliarios

Diversas iniciativas parlamentarias del diputado José Antonio Artusi (UCR) referidas a la gestión de los residuos domiciliarios en la provincia fueron aprobadas en la última sesión de la Cámara baja entrerriana.
A través de un pedido de informes, el legislador radical solicita conocer la nómina de municipios que cuentan con un expediente abierto en el marco del Registro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, creado por Resolución número 133 de la Secretaría de Medio Ambiente el día 28 de septiembre de 2009 y acerca de las actuaciones implementadas por la Secretaría de Ambiente Sustentable en relación a la supervisión de la gestión de los residuos sólidos urbanos realizada por los municipios en general, y en particular en las ciudades de Paraná, Diamante y Concepción del Uruguay.-
El texto completo de la iniciativa  (Expediente 18715) puede consultarse aquí .
Un segundo pedido de informes del diputado Artusi se refiere específicamente a las actuaciones llevadas a cabo por la Secretaría de Ambiente Sustentable de la provincia en relación a la gestión de residuos biopatogénicos en el ámbito de la ciudad de Concepción del Uruguay, de acuerdo a la normativa vigente, y plantea conocer si está previsto implementar acciones de cooperación con la Municipalidad de Concepción del Uruguay a los efectos de propender a la adecuada gestión integral de los residuos biopatogénicos.
El texto completo de la iniciativa (Expediente 18714) puede consultarse aquí .
Finalmente fue aprobado un proyecto de resolución del diputado Artusi solicitando al Poder Ejecutivo Provincial que proceda, a través de la Secretaría de Ambiente Sustentable, a publicar en su sitio oficial en internet el contenido de los expedientes correspondientes a cada municipio del Registro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos creado por Resolución número 133/09 de la Secretaría de Ambiente Sustentable. En los fundamentos del proyecto se sostiene que en los considerandos de la resolución 133 se manifiesta que “la Provincia presenta distintos inconvenientes debidos a la inadecuada gestión de los residuos sólidos urbanos” y que “tal es el caso de las quemas que se producen en los basurales a cielo abierto, o vertederos municipales, no controlados, presentes en la mayoría de los municipios de la provincia, las que podrían traer consigo, no sólo el malestar de los vecinos que viven en sus inmediaciones, sino también la posibilidad de afectar su salud, y la de los trabajadores informales que viven en asentamientos irregulares a la vera de los vertederos, como así también la calidad del aire”. Con inusual crudeza por tratarse de un documento oficial continúa el texto firmado por el Ing. Fernando Raffo consignando que “se ha advertido en los proyectos evaluados que han sido implementados sin la adecuada planificación e información de base, por lo que se han visto truncados en su desarrollo y/o ejecución por imposibilidad de mantenimiento debido fundamentalmente a la falta de planificación de su costo de operación”. También se considera que “los sitios de disposición final que no son analizados adecuadamente deben ser relocalizados, con el costo de traslado, costo ambiental y de remediación del sitio elegido en primer lugar que esto trae aparejado”, que “la opinión pública, cada vez más comprometida con las cuestiones ambientales, manifiesta su descontento por proyectos llevados a cabo sin la adecuada planificación”; y que “el peligro potencial que representa la disposición final inadecuada de elementos contaminante genera un pasivo ambiental importante, que es necesario evitar”.
Para potenciar la utilidad que el registro puede prestar, el proyecto de resolución pretende interesar al Poder Ejecutivo en la publicación de los expedientes municipales que se vayan generando en el marco del registro.
Lo peticionado tendría diversos efectos beneficiosos. En primer lugar, constituiría una forma eficaz de dar respuesta a la necesidad de garantizar el acceso público a la información ambiental. Es verdad que la ciudadanía de Paraná y Concepción del Uruguay puede acudir a las unidades de gestión ambiental con sede en estas ciudades y consultar allí los expedientes, pero se trata de un trámite engorroso y prácticamente imposible para quienes viven en otras localidades. La posibilidad de consulta vía internet facilitaría y democratizaría el acceso a la información pública, requisito indispensable para lograr una participación ciudadana informada y responsable, elemento clave a su vez para avanzar en pos de la factibilidad y legitimación social de los proyectos que se encaren. Por otro lado, permitiría facilitar el control ciudadano de las políticas públicas en esta materia, ejecutadas tanto por parte de la provincia como de los municipios.
El texto completo de la inciativa (Expediente 18716) puede consultarse aquí . Leer más...

domingo, 21 de agosto de 2011

El diputado Artusi pedirá informes por la turbiedad del agua en Concepción del Uruguay y propone que la provincia se involucre en la solución del problema

El diputado provincial José Antonio Artusi (UCR) informó que presentará un pedido de informes sobre la turbiedad del agua en Concepción del Uruguay y un proyecto de resolución requiriendo que el Poder Ejecutivo Provincial se comprometa activamente en la solución del problema.
Artusi señaló que "la inquietud surge a propósito de la verificación de notorios niveles de turbiedad del agua de red en la ciudad de Concepción del Uruguay en diversas oportunidades a lo largo del año 2011. Si bien las autoridades locales pretendieron minimizar el problema y aún atribuir su repercusión a especulaciones electorales, la cruda realidad indica que se trata de un problema que responde a déficits estructurales en la planta de potabilización de obras sanitarias, que se habían registrado y solucionado parcialmente con anterioridad, y que ahora surgen nuevamente, como consecuencia lógica de una gestión deficiente."
"Si bien se trata de un problema propio de la órbita municipal, el gobierno provincial no puede hacerse el desentendido ni mirar para el costado, ya que tiene competencias claras en la materia, y no puede permitir que los municipios hagan cualquier cosa en área que - como su nombre lo indica, "obras sanitarias" - tiene directa vinculación con la salud pública y la calidad del ambiente.   
El legislador radical aclaró que "no pretendemos magnificar el problema, ni crear alarma injustificada, pero no podemos dejar de hacer nuestros los conceptos que sobre esta cuestión difundiera oportunamente el Programa Salud para Todos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNER, que señalara que "preocupa el nivel de turbidez del agua en la ciudad. En los últimos días, el nivel de turbidez ha ascendido muy por encima de los valores recomendados tanto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como por el Código Alimentario Argentino (CAA)", y que "si bien esto no significa que haya una correlación directa entre beber el agua y contraer alguna enfermedad, es primordial destacar que, de mantenerse los niveles actuales de turbidez o su tendencia ascendente, se estará frente a un factor de riesgo importante para la salud de las personas."
Los niveles de turbiedad verificados se encuentran por encima de lo recomendado por la OMS, por encima de lo establecido en el Código Alimentario Argentino, y también por encima de los niveles máximos permitidos en el Decreto 2235 (2 UNT).
El proyecto de resolución que propondrá José Antonio Artusi plantea solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que disponga, a través de la Dirección Provincial de Obras Sanitarias, las acciones tendientes al pleno y efectivo cumplimiento del Decreto 2235/02, referido a las pautas de calidad que deben cumplir los distintos Entes prestadores de los Servicios de provisión de Agua Potable y Desagües Cloacales, en cuanto a los valores guías en los parámetros físico-químicos y bacteriológicos admisibles para el agua potable que suministran al consumo humano y de los valores máximos de los efluentes que vuelcan a los ríos y arroyos en la Provincia. La iniciativa del legislador radical también propone requerir en especial acciones tendientes al contralor del parámetro turbiedad del agua potable en la ciudad de Concepción del Uruguay, con una frecuencia mayor a la exigida en el Decreto 2235/02 y solicitar al Poder Ejecutivo que instrumente acciones de cooperación con la Municipalidad de Concepción del Uruguay a los efectos de solucionar en el menor plazo posible, y hasta tanto se implementen medidas estructurales, los problemas verificados en la planta de potabilización de obras sanitarias que han derivado en notorios incrementos en los niveles de turbiedad el agua. A su vez, se solicita al Poder Ejecutivo Provincial que publique en su sitio oficial en internet los resultados de los análisis de calidad del agua potable y de efluentes de desagües cloacales que se realicen en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 2235/02.
El pedido de informes requiere conocer los resultados correspondientes a los análisis de calidad del agua potable, y saber si se controla efectivamente el cumplimiento de las normas vigentes en lo relativo a los desagües cloacales.- Leer más...

viernes, 4 de marzo de 2011

La privatización del juego muestra el verdadero rostro de ese gobierno. conservador y reaccionario

El Bloque de Diputados Provinciales de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos repudia enérgicamente una vez más los continuos avances de este gobierno provincial en pos de privatizar el juego en nuestra provincia. La firma del contrato entre el IAFAS y una empresa privada para instalar un infame "casino electrónico" en Concepción del Uruguay configuraría un paso más en esta perversa dirección, que muestra a las claras el verdadero rostro de esta administración; conservador y reaccionario.

Primero fue la "ley de turismo", que denunciamos como un caballo de Troya destinado primordialmente a introducir una ventana tramposa a la privatización de los juegos de azar. Lamentablemente, teníamos razón cuando expusimos las razones para oponernos a esa iniciativa. Luego vino, en el caso de Concepción del Uruguay, el Decreto 3733, por el cual el Poder Ejecutivo declaró "de interés turístico provincial" un controvertido proyecto presentado en el marco del mecanismo de "iniciativa privada", a cuya presentación en sociedad, mucho antes de la respectiva licitación y adjudicación e incluso antes de la sanción de la mal llamada "ley de turismo", habían asistido, en una insólita actitud, el Presidente Municipal Bisogni, el Vicegobernador Lauritto y el Gobernador Urribarri. Obviamente, a la amañada "licitación pública" sólo se presentó la empresa iniciadora. Nos permitimos recordar que este desafortunado proyecto, más allá de la privatización del juego que conlleva, significará la pérdida para el municipio del valiosísimo inmueble de la actual Terminal de Ómnibus y la degradación por 50 años del Mercado 3 de Febrero, hermoso exponente del patrimonio urbano, condenado a convertirse en un decadente casino electrónico, amén del traslado de la terminal a una localización alejada e inconveniente desde todo punto de vista, en lo que constituye un pésimo negocio para el erario municipal y un fabuloso beneficio para la empresa.
A pesar de las advertencias de numerosos sectores políticos, sociales y gremiales, incluida la prédica constante y serena de la Iglesia Católica, el gobierno ha avanzado en este camino que despierta tantas sospechas, y es así que el 27 de diciembre del año pasado el Directorio del IAFAS emitió la Resolución 1551, por la que declara factible la propuesta presentada por la empresa, sin hacer ninguna observación, y autoriza a la Gerencia de Casinos a firmar el contrato respectivo.
La instalación de una sala de juegos con una gran cantidad de máquinas electrónicas no constituye en absoluto algo que la ciudad de Concepción del Uruguay necesite para potenciar su atractivo turístico, como se sostiene falaz y desvergonzadamente desde despachos oficiales. Expertos en turismo han sido concluyentes en este sentido. Por el contrario, tal despropósito sólo servirá para despojar de escasos recursos a vecinos humildes de la ciudad y en definitiva para absorber recursos de la economía local. Por añadidura, se degradará un área céntrica de la ciudad, y - como en toda experiencia del juego de azar en manos privadas - se correrá el riesgo de que éste vaya acompañado de las lacras que éste suele favorecer, tales como el lavado de dinero.
Por si fuera poco, constituirá una competencia desleal para el casino oficial del IAFAS, instalado a escasas cuadras. Rechazamos por absurdas e incoherentes las argumentaciones que dan cuenta de los déficit de los casinos administrados por el Estado, que sólo constituyen flagrantes confesiones de la ineptitud y la inoperancia por parte de la actual administración.
Por todo lo expuesto, exhortamos al Poder Ejecutivo a dar marcha atrás en este proceso de entrega y celebramos la disposición del Comité Provincial de nuestro partido de advertir enfáticamente que el radicalismo en el gobierno analizará rigurosamente la legalidad y lesividad de estos procesos y procurará por todos los medios impulsar las medidas administrativas y judiciales que los reviertan.
BLOQUE DE DIPUTADOS PROVINCIALES DE LA UNIÓN CÍVICA RADICAL DE ENTRE RÍOS

José María Miser, Mirta Alderete, Oscar Cardoso, Marcelo López, Jaime Benedetti, José Antonio Artusi
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OTRO PRESUPUESTO MENTIROSO

Por José Antonio Artusi
El 16 de Diciembre del año pasado el Bloque de Diputados Provinciales de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos que en ese entonces tenía el honor de presidir difundió un comunicado titulado "Un presupuesto mentiroso y contaminado por las políticas nacionales". Decíamos allí que nos habíamos opuesto, en la sesión del Miércoles 15, al tratamiento sobre tablas del proyecto de presupuesto para el año 2011, y que habíamos propuesto que sea girado a comisión para su análisis a los efectos de intentar acordar algunas modificaciones que resultan ineludibles; siguiendo de esta manera el trámite ordinario de todo proyecto de ley. Tal criterio no fue compartido por el bloque mayoritario del Peronismo Federal, que habilitó la posibilidad de que se apruebe el presupuesto en la misma sesión en la que ingresó.

Poníamos de manifiesto ante la ciudadanía entrerriana que la determinación adoptada obedecía a considerar, entre otras cuestiones, que:
"- El Presupuesto 2011, como los anteriores, convalida la subordinación política al gobierno central en el marco de la profunda crisis del federalismo fiscal. El presupuesto provincial se encuentra sujeto a las previsiones del presupuesto nacional, entre ellas una inflación prevista del 8,7%, notoriamente inferior a estimaciones privadas y a la verificación práctica que todos los entrerrianos hacen cuando van a hacer sus compras.
- Se trata de un presupuesto que, más allá de anuncios propagandísticos dirigidos a instalar la campaña por la reelección del gobernador, no es la expresión financiera de un verdadero plan estratégico de desarrollo sostenible tendiente a aprovechar las extraordinarias condiciones macroeconómicas que el mundo le ofrece a nuestro país y a nuestra provincia.
- Asistimos a un incremento notorio del gasto, del déficit y del endeudamiento público, sin que ello se trasunte en una mejora de la eficiencia y la eficacia del funcionamiento del Estado, que se traduzca a su vez en más y mejores servicios de salud, educación, vivienda, seguridad y justicia para los entrerrianos.
- Si bien se anuncia con bombos y platillos una previsión de inversión record para los gastos en bienes de capital, tal anuncio representa una falacia y un engaño a la población, dado que en los últimos años se verifica una constante y sistemática subejecución de dichos gastos, acompañada de una sobreejecución de los gastos corrientes. El 2009 sólo se ejecutó el 51% de los gastos de capital, y el 46% del rubro construcciones.
- Como en presupuestos anteriores, se incluye una excesiva y arbitraria delegación de facultades al Poder Ejecutivo, que desnaturaliza el verdadero carácter de una ley de presupuesto y lo transforma en una verdadera ficción, que pondrá en manos del gobierno la posibilidad de utilizar abusiva y discrecionalmente recursos públicos en un año electoral."
El Senado acaba de aprobar el Presupuesto 2011 y el Poder Ejecutivo lo ha promulgado. Lamentablemente, nos vemos obligados a reiterar que se trata de un proyecto que, de continuar la tendencia de los últimos años, será tan mentiroso como los anteriores.
Baste para caracterizar esa tendencia mostrar algunos índices de la ejecución presupuestaria del año 2010:
- El crédito presupuestario para el rubro "Construcciones" ascendía a $ 2.334.560.000, pero sólo se ejecutaron $ 724.050.000, o sea el 31%. La tendencia con respecto al 2009 es negativa, cuando se había ejecutado el 46%, con $ 718.470.000. Aún si aplicamos los índices mentirosos mentirosos del INDEC, en el 2010 se invirtió menos en términos reales.
- El total del crédito para Inversión Real Directa ascendía a $2.666.800.000, de los que sólo se ejecutaron $ 855.450.000, o sea el 32%.
- La contracara de la crónica subejecución en gastos de capital es la también crónica sobreejecución en gastos corrientes: el crédito ascendía a 8.540.230.000, pero se gastaron 8.852.990.000, o sea un 103,66%. En estas condiciones el presupuesto público pierde todo sentido y deja de ser lo que debería ser en una administración moderna, austera,eficiente y republicana.
Tenemos ley de presupuesto. Otro presupuesto mentiroso.-

José Antonio Artusi
Diputado Provincial
Bloque de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos
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miércoles, 5 de enero de 2011

Diputados radicales se reunieron con empleados del Casino de Gualeguaychú y ratificaron su oposición a los proyectos de privatización del juego en Entre Ríos

Los diputados provinciales de la UCR Jaime Benedetti y José Antonio Artusi se reunieron con empleados del casino de Gualeguaychú, en una asamblea de la que también participaron el Senador Osvaldo Chesini y el Diputado Juan Alberto Bettendorf (PF). En la oportunidad el diputado Artusi manifestó que "desde el bloque radical alertamos en soledad en su momento que la ley de turismo era sólo una pantalla para permitir la privatización del juego en la provincia"; recordó que "veíamos señales claras de la voluntad política de este gobierno en ese sentido", y ejemplificó diciendo que "aún antes de la sanción de la ley el propio Sr. Gobernador participó del lanzamiento de un descabellado proyecto para entregar la Terminal de Concepción del Uruguay y para convertir al Mercado 3 de Febrero en un infame garito electrónico, a pocas cuadras del casino oficial del IAFAS".

Artusi señaló que "lo dijimos públicamente en su momento, lo ratificamos en el recinto en la sesión del 15 de Diciembre de 2009, y nuestros temores se han convertido en realidad", en alusión al artículo 3º de la ley 9946, los decretos del Poder Ejecutivo declarando de "interés turístico provincial" sendas propuestas de empresarios privados en Victoria y en Concepción del Uruguay, y las resoluciones respectivas del IAFAS declarando factibles tales propuestas. Benedetti y Artusi ratificaron en el diálogo con los empleados del IAFAS su oposición terminante a todo intento de privatización del juego, valoraron la prédica constante y coherente de la Iglesia Católica en esta materia, y denunciaron que "estos emprendimientos tendrán efectos perniciosos no sólo sobre los trabajadores, ya que el juego en manos privadas actúa como una gigantesca aspiradora que se lleva recursos de la provncia, empobrece a nuestros propios conciudadanos y facilita el lavado de dinero, entre otras lacras".
Los legisladores radicales recordaron que presentaron en la Cámara de Diputados un proyecto de ley derogando el artículo 3º de la ley de turismo, pero dado el receso de la administración pública entendieron necesario "incrementar la movilización social y la condena pública de este perverso intento del Poder Ejecutivo, para que recapacite y deje de lado estas iniciativas". José Antonio Artusi condenó las recientes declaraciones de funcionarios del Poder Ejecutivo "que pretenden engañar burdamente a los entrerrianos, intentando vanamente tapar el sol con las manos", y se lamentó que "defiendan con más fuerza oscuros intereses que los intereses del Estado y de todos los entrerrianos".-
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miércoles, 29 de diciembre de 2010

"Lamentablemente teníamos razón: la ley de turismo es sólo una máscara para permitir la privatización del juego y la entrega del patrimonio público"

El diputado provincial José Antonio Artusi calificó como "un verdadero escándalo" la Resolución número 1551 del IAFAS, por la que se declara factible la propuesta presentada por una empresa para instalar un casino electrónico en el Mercado Municipal 3 de Febrero de Concepción del Uruguay, en el marco de un "vergonzoso proceso de entrega del patrimonio municipal, que también incluye el inmueble de la terminal".

Artusi señaló que "de todos modos, no nos sorprende, de estos gobiernos a nivel municipal, provincial y nacional ya podemos esperar cualquier dislate y cualquier maniobra contraria a los intereses populares, eso sí, burdamente disfrazada y maquillada de progresista"; y recordó que "lamentablemente teníamos razón cuando decíamos en soledad desde el bloque de la UCR que la llamada ley de turismo era sólo un perverso caballo de Troya para introducir por la ventana la privatización del juego en la provincia de Entre Ríos; hoy vemos cómo nuestros temores se han hecho realidad en Victoria y Concepción del Uruguay, y seguramente irán por más en otras localidades".
Las resoluciones 1550 y 1551 del IAFAS están fechadas el 27 de Diciembre, a lo que el legislador uruguayense comentó: "si fueran del 28 hubiéramos pensado que se trataba de una broma pesada del Día de los Inocentes, pero no, se trata de una triste realidad".
En los considerandos de la resolución referida al pomposa y falazmente denominado "proyecto turístico integral" de Concepción del Uruguay se aduce que tal propuesta "incidirá en el bienestar general de dicha ciudad como de la provincia misma, tendiente a convertir a Concepción del Uruguay en un polo turístico no sólo a nivel provincial, sino también nacional", lo que motivó que el diputado Artusi señalara que "pocas veces se ha visto un disparate de tal magnitud en un documento público, como si una vulgar sala de maquinistas a pocas cuadras del casino oficial, que además quitará recursos del mercado local, pudiera transformarse en un genuino atractivo turístico, cuando incluso los propios funcionarios del IAFAS han recnocido que no hace falta otra sala de juegos, en una ciudad que por otra parte carece de políticas serias de promoción del turismo, que no cuida su patrimonio, que tiene sus servicios públicos colapsados y una crisis ambiental severa que degrada sus verdaderos atractivos naturales".
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martes, 28 de diciembre de 2010

Yrigoyen, Rojas y Mosconi

Por José Antonio Artusi
Recordando el 30 de Diciembre de 1929
Yrigoyen, Rojas y Mosconi. No, no se trata de la delantera de un equipo de fútbol de la década del 20, aunque podríamos decir, apelando a metáforas futboleras, que tenían puesta la camiseta argentina como pocos, que jugaban de memoria, que batieron récords históricos y finalmente fueron vencidos por adversarios muy poderosos que no respetaban el "fair play", con la complicidad de algunos árbitros "comprados".

En 1929, Hipólito Yrigoyen era el Presidente de la República, Ricardo Rojas era el Rector de la Universidad de Buenos Aires y Enrique Mosconi el Presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que en ese momento, como su nombre lo dice, era verdaderamente una empresa del Estado nacional, que en pocos años se había convertido bajo su brillante dirección, de la nada, en la principal petrolera de Sud América.
Yrigoyen, Rojas y Mosconi. La democracia republicana, la universidad reformista y el Estado nacional defendiendo el interés popular personificados. Que nuestros jóvenes desconozcan tanto de su obra y su legado es un signo de la declinación nacional.
El 15 de Junio de 1928 el General Ingeniero Enrique Mosconi escribe, en una carta a Ricardo Rojas: "Obtenida la nacionalización, habremos puesto una valla infranqueable a los avances de empresas que, como la Standard Oil Co. en el norte, inicia y consolida sus conocidos sistemas de penetración y amenaza perturbar nuestro futuro económico y, por consecuencia, nuestra situación política". Posteriormente la UBA e YPF firmarían un convenio tendiente a la creación del Instituto del Petróleo, y el 30 de diciembre de 1929 el Presidente Yrigoyen y su ministro Juan Fleitas firmaron el decreto aprobando el convenio. Vale la pena leerlo íntegro:
"Decreto del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación
Diciembre 30 de 1929.
Vista la comunicación precedente elevada por la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Y.P.F.) sobre la creación del Instituto del Petróleo, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Presupuesto General de Gastos y Recursos de la Nación al determinar en su artículo 25 las diversas aplicaciones que podrían dársele a los recursos provenientes de la venta de petróleo y sus derivados, autoriza al Poder Ejecutivo de la Nación a instalar una escuela práctica de minería para formar un personal idóneo y competente para dichos trabajos de minería.
Que con la creación del Instituto de referencia, los ingenieros Civiles e ingenieros Industriales podrán especializarse en materia petrolífera para actuar con eficiencia en el desempeño de cargos técnicos directivos relacionados con la minería o industrialización del petróleo.
Que el Instituto de referencia reportará innegables beneficios para el mejor desarrollo de la industria petrolífera nacional.
Que la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales está en condiciones de proveer los recursos que son necesarios al sostenimiento de dicho Instituto y cooperar en cuanto a su organización y funcionamiento con las autoridades superiores universitarias.
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Apruébanse las bases del convenio celebrado, ad-referendum del Poder Ejecutivo de la Nación, entre la Universidad de Buenos Aires y la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, para la creación, organización y funcionamiento del Instituto del Petróleo, con el agregado de lo siguiente al primer párrafo del art. 5°: "y el ingreso a los mismos deberá hacerse previa presentación del diploma de Ingeniero o Industrial".
Art. 2° — Autorízase a la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales a incorporar al presupuesto del próximo año (1930) y sucesivos la suma de cincuenta mil pesos ($ 50.000 m/n) moneda nacional, para sufragar los gastos que durante el año demandará el Instituto del Petróleo, de acuerdo al presupuesto anual siguiente:
Tres Profesores contratados a $ 1.000.- por mes c/u. $ 36.000.-
Personal docente auxiliar y conservadores de Laboratorios $ 8.000.-
Gastos de Laboratorio y adquisición de libros $ 6.000.-
TOTAL $ 50.000.-
Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dese cuenta al Honorable Congreso de la Nación, Registro Nacional y a sus efectos vuelva a la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
YRIGOYEN (Presidente de la Nación) - JUAN B. FLEITAS (ministro de Agricultura y Ganadería)."
Posteriormente vendrían el golpe fascistoide "con olor a petróleo" del 6 de Septiembre de 1930, Ricardo Rojas conocería a Yrigoyen en la cárcel, y Mosconi marcharía al exilio. Y la ley del petróleo por la que había vuelto Yrigoyen, que había sido aprobada en la Cámara de Diputados y que senadores conservadores se negaban a tratar, quedaría definitivamente en el olvido. De todos modos, con luces y sombras, YPF seguiría siendo YPF, hasta que Carlos Menem y quienes hoy gobiernan el país y en ese momento gobernaban Santa Cruz, la entregaron y la extranjerizaron, en un proceso inédito en el mundo de pérdida de la soberanía energética de un país sin mediar una derrota militar.
Nuestro mejor homenaje a Yrigoyen, a Rojas y a Mosconi será lograr que YPF vuelva a ser YPF, en un país donde la democracia social sea una realidad y la universidad pública reformista uno de sus baluartes fundamentales.-
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