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martes, 9 de abril de 2019

DEL ESTANCAMIENTO AL DESARROLLO

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PONGAMOS EN MARCHA A ENTRE RÍOS Y AL DEPARTAMENTO URUGUAY 
Llevamos 16 años de un gobierno que dejó a la provincia en un profundo estancamiento. Con Atilio Benedetti Gobernador y con los intendentes y presidentes de comunas vamos a trabajar en una agenda para el desarrollo. 
El departamento Uruguay tiene un potencial de crecimiento que necesitamos explotar para generar trabajo genuino y mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Vamos a potenciar todos los elementos que hacen al desarrollo local y regional: 
Reactivación del puerto de Concepción del Uruguay y el ferrocarril 
Reestructuración de vialidad provincial 
Consorcios camineros 
Polo logístico 
Reducción de tarifas eléctricas 
Ampliación de redes de gas natural 
Parques industriales y polo tecnológico 
Incubadoras de empresas 
Club de emprendedores 
Escuelas de trabajo 
Agricultura urbana 
Puntos digitales 
Innovación tecnológica 
Industrias culturales 
Servicios de salud y educación 
Mico regiones turísticas... 
El departamento Uruguay puede estar mucho mejor... Pongámoslo en marcha! Este domingo en las PASO, acompañanos con tu voto. #CambiemosEntreRíos #CambiandoJuntos #CambiemosUruguay #ArtusiSenador Leer más...

viernes, 22 de marzo de 2019

Homenaje a Raúl Alfonsín

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miércoles, 8 de noviembre de 2017

Dialogando con Jorge Kleiman en Tribuna Libre

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domingo, 3 de septiembre de 2017

MEDIA SANCION PARA UN PROYECTO DE LEY QUE CREA UN PROGRAMA DE ARQUITECTURA SOSTENIBLE

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En la sesión de este martes 29 de agosto, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó un proyecto autoría del diputado José Antonio Artusi (Cambiemos) por el que se crea en la provincia el “Programa de Arquitectura sostenible”. “La idea es establecer un sistema de indicadores de sostenibilidad, que se vayan incorporando gradualmente en la construcción de obras nuevas en el sector público”, explicó a Espacios el legislador. La iniciativa pasó al Senado para su revisión. Según explicó el arquitecto Artusi, este proyecto tiende “a promover un programa de arquitectura sostenible en la provincia que establezca un proceso gradual de incorporación de tecnologías y sistemas que hagan más sostenible la construcción de edificios y su utilización”. “La idea es establecer un sistema de indicadores de sostenibilidad que haga que se vayan incorporando gradualmente y vayan siendo obligatorios en la construcción de obras nuevas en el sector público y para que se aliente a que los municipios lo vayan incorporando también como requisito para la aprobación de obras privadas”, sostuvo el arquitecto en diálogo con Espacios. “Estos indicadores tienen que ver con cuál es el impacto que la construcción de edificios genera en el ambiente: la generación de residuos, la utilización de materiales en todos los procesos, desde la extracción del medio natural hasta su procesamiento y su utilización en la producción”. “Medir lo que se denomina ´la huella ecológica´ de cada material, la capacidad aislante de las envolventes, porque hoy podemos disminuir de manera muy significativa el consumo de energía tanto para refrigeración como de calefacción, mejorando la capacidad que tienen los edificios de aislar adecuadamente los espacios interiores”, agregó el Diputado. “En fin: es mucho lo que podemos hacer desde el diseño de las obras de arquitectura por la sostenibilidad y del desarrollo urbano y no solo en el diseño mismo, si no a escala urbanística, por ejemplo, incidiendo en la localización de los edificios”, indicó el legislador, oriundo de Concepción del Uruguay. 
El proyecto puede ser consultado en el siguiente en lace: http://hcder.gov.ar/consultasExpedientes_Ver.php?exp=21325 
Fuente: Revista Espacios
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jueves, 31 de agosto de 2017

MENOS IMPUESTOS DISTORSIVOS = CREDITOS HIPOTECARIOS MAS ACCESIBLES PARA MÁS VIVIENDAS

En la sesión del Martes 29 de Agosto de la Cámara de Diputados de Entre Ríos fue aprobado y remitido al Senado un proyecto de ley de autoría del diputado José Antonio Artusi (Cambiemos) por el que se exime del pago del impuesto a los ingresos brutos a los créditos hipotecarios destinados a la compra, construcción, refacción o ampliación de viviendas únicas familiares. El dictamen favorable de la Comisión de Hacienda se logró tras unificar dos expedientes que contenían proyectos similares, el de Artusi y uno de Sergio Urribarri. Al momento de tratarse el proyecto el legislador radical hizo uso de la palabra para fundamentar sus motivaciones y objetivos, "que no son otros que sumarnos al esfuerzo que están haciendo provincias hermanas y el gobierno nacional para reactivar el mercado de créditos hipotecarios para viviendas. En 22 días de Agosto el Banco Nación entregó prácticamente 10 veces más créditos hipotecarios que en todo Agosto del año pasado, y algo similar ocurre con otros bancos públicos y privados. A pesar de eso todavía el crédito hipotecario para viviendas representa en nuestro país solamente el 0.4% del PBI, cuando en 2001 llegaba a casi el 2,5%, porcentaje sustancialmente menor al de países hermanos como Colombia o Chile, por no mencionar países más desarrollados. Cabe señalar que en nuestra provincia el BERSA ni siquiera ha adherido al Programa PROCREAR." Artusi enfatizó que "dado el insignificante volumen de créditos hipotecarios que tenemos en la provincia hasta este momento el costo fiscal no será relevante y de hecho la medida puede significar un aumento de la recaudación impositiva de la mano de la reactivación de la construcción". Finalmente, el legislador uruguayense manifestó que "esta herramienta, el crédito hipotecario para viviendas, constituye uno de los ejes centrales de la estrategia nacional de vivienda, que apunta a articular los aportes del Estado nacional, de las provincias, de los municipios, de sindicatos y de cooperativas, y del sector privado, para poner en marcha políticas públicas efectivas destinadas a ir resolviendo paulatinamente el enorme déficit habitacional de nuestro país, que afecta a alrededor de 1 de cada 4 familias argentinas. El texto original del proyecto y el dictamen aprobado en la sesión de ayer pueden consultarse en el siguiente enlace: http://hcder.gov.ar/consultasExpedientes_Ver.php?exp=21977
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sábado, 29 de abril de 2017

Fuerte reclamo de legisladores de Cambiemos al I.A.P.V.


Ante diversas expresiones de preocupación frente a eventuales dificultades que tendría el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) para dar respuesta a las numerosas demandas de soluciones habitacionales como producto de supuestas decisiones del gobierno nacional, los bloques de diputados y senadores de Cambiemos evaluaron la situación a partir de la cual realizaron distintas consideraciones. 
En ese sentido se indicó que entre 2008 y 2015 el IAPV finalizó, sumando viviendas del Programa FONAVI y de Programas Federales, un total de 9.211 unidades, vale decir a razón de un promedio de 1151 por año. Entre 2000 y 2003, en plena crisis, en un contexto recesivo y de bajísimos precios de nuestra producción exportable, y sólo con recursos del Programa FONAVI, se terminaron viviendas a razón de un promedio de 1.130 por año, vale decir casi la misma cantidad que en el período 2008-2015, en el que se inyectaron al sistema no sólo los recursos FONAVI, que de hecho se incrementaron como consecuencia del aumento de la recaudación fiscal, sino también una importante cantidad de fondos de los denominados "Programas Federales", que - a diferencia del FONAVI que se distribuye entre las provincias por medio de un coeficiente fijado en la ley - se fijaron de absolutamente discrecional por parte del Poder Ejecutivo Nacional, constituyendo esta herramienta una más de las que sirvieron para disciplinar gobernadores durante la "década ganada". Llama poderosamente la atención la enorme diferencia entre la cantidad de recursos con los que contó el IAPV en ambos períodos y la exigua diferencia en el logro de la cantidad de viviendas finalizadas; lo que demuestra a las claras la ineficiencia que ha venido caracterizando al instituto provincial de vivienda. Es también sorprendente que a nivel nacional, sumando lo hecho por todos los institutos provinciales de vivienda, en 2015, último año de gestión de Cristina Fernández de Kirchner, se finalizaron sólo 27.813 viviendas, menos que las 28.405 que se finalizaron en 2001 y las 36.581 en 2000, en la peor de las crisis y cuando sólo se disponía de recursos FONAVI. 
Por otro lado, es menester reconocer que el gobierno nacional del presidente Macri se encuentra empeñado firmemente en el desarrollo de un federalismo sólido y próspero en todo el territorio nacional. Este objetivo empezó a concretarse al abrir el diálogo y el intercambio de ideas entre jurisdicciones. Hasta hace no mucho tiempo era imposible imaginar las reuniones periódicas que existen entre gobernadores y funcionarios provinciales con autoridades nacionales para exponer las dificultades y buscar soluciones en conjunto. En este sentido, la preocupación del gobierno nacional por implementar políticas públicas destinadas a hacer realidad el derecho a una vivienda digna es innegable y se ve reflejada en un conjunto de programas y proyectos articulado de manera coherente. A través del Plan Nacional de Vivienda, inédito en el país, el Estado nacional ayuda de distinta manera a todos los sectores sociales para que cada vez más argentinos puedan tener su casa propia. Para los sectores sociales más vulnerables se está impulsando la construcción de viviendas sociales y proyectos de mejora del hábitat urbano; para los sectores de ingresos medios se han reformulado y mejorado las distintas líneas del ProCreAr; y para las familias con ingresos superiores a 4 veces el salario mínimo vital y móvil, se han lanzado los créditos hipotecarios con plazos de hasta 30 años y tasas bajas. No podemos dejar de señalar que en 2016 el IAPV recibió más de 830 millones de pesos de programas federales de vivienda(además de 425 millones del FONAVI), cifra sólo superada por el IPV de la Provincia de Buenos Aires, con algo más de 1.198 millones de pesos. Si hacemos la cuenta de recursos per cápita la diferencia es abrumadora a favor de Entre Ríos. Y en 2017 ya se han transferido al IAPV más de 252 millones de pesos, superando largamente lo recibido por las provincias hermanas de la Región Centro, y aún a la provincia de Buenos Aires. Si sumamos los programas de hábitat y vivienda de la Secretaría de Vivienda de la Nación, Entre Ríos recibió en lo que va del año más de 662 millones de pesos. En términos porcentuales Entre Ríos está al 26 de Abril de 2017 en el primer lugar de todo el país, con más del 10% de las transferencias para viviendas a a los diversos entes ejecutores, de modo tal que mal puede hablarse de recorte de fondos ni nada que se le parezca. 
Las autoridades del IAPV deben extremar esfuerzos para utilizar con la mayor eficiencia y transparencia posibles los recursos públicos de los que dispone, para poder dar respuesta así al enorme déficit de vivienda que sufren miles y miles de familias entrerrianas privadas todavía de este derecho fundamental, a pesar de las extraordinariamente favorables condiciones que imperaron hasta hace poco y que fueron lastimosamente desperdiciadas, como lo muestran las estadísticas oficiales sin dar lugar a ningún tipo de dudas. 
GRACIAS POR SU DIFUSION 
CARLOS M. JUAREZ PRENSA 
FOTOS: GERMAN ALDANA
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jueves, 23 de febrero de 2017

SALTO GRANDE ES NACIONAL, Y ES UN PROYECTO INCONCLUSO


Por José Antonio Artusi / "... Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias...." Del artículo 40 de la Constitución de 1949. Inspiración del convencional entrerriano Arturo Sampay. Esa reforma constitucional nació viciada y tuvo como único fin la reelección de Perón, tal como lo denunciara Moisés Lebensohn en su histórico discurso en la convención; pero la nacionalización de los hidrocarburos fue un gran avance que todos haríamos bien en reivindicar, y que lamentablemente radicales y peronistas traicionamos en la reforma del 94, también generada por la posibilidad de incluir la reelección presidencial; que la sabia Constitución de 1853 no contemplaba. 
Pero volvamos al artículo 40; parece que algunos compañeros se olvidaron. Ironías de la historia, Sampay era concordiense. 
Salto Grande es nacional, mejor dicho, binacional. Entre Ríos tiene que percibir regalías y excedentes de Salto Grande como corresponde, no como durante los más de 12 años de gobiernos peronistas que retacearon recursos a las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones a partir de una resolución de Duhalde. Decir que vamos a provincializar Salto Grande es demagogia inconducente. Salto Grande, como el petróleo, es nacional. En el caso del petróleo, debería serlo, pero esa es otra historia. 
La discusión de las tarifas eléctricas pasa por otro lado; y si los recursos de la CAFESG se recuperan a partir de la paulatina normalización de los cuadros tarifarios es mucho lo que puede hacerse en se sentido a fines de promover algunas actividades estratégicas para el desarrollo regional; en vez de financiar proyectos de dudosa rentabilidad social y generalmente con sospechosos sobreprecios. 
Lo que hay que hacer con Salto Grande es finalizarla. Es una obra inconclusa. Hay que transformarla en un proyecto estratégico que haga realidad los propósitos múltiples que con acierto se incorporaron en el convenio de 1946 con este orden de prioridades: agua potable y saneamiento, navegación, energía eléctrica, riego. Sólo de esa manera podrá convertirse en una efectiva herramienta de promoción del desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de los entrerrianos.-
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jueves, 15 de octubre de 2015

Imposturas políticas

Declaraciones de José Antonio Artusi, Presidente del Comité Departamental Uruguay de la UCR y candidato a diputado provincial de Cambiemos, en el marco de una entrevista realizada por Pablo González, publicada en Noticias / Entre Ríos con el título "Artusi habla sobre la africanización de Concepción del Uruguay". 
¿Cómo ves la situación del país y la provincia? 
La situación del país y de la provincia es preocupante en muchos aspectos. Tenemos un gobierno que ha dilapidado sistemáticamente la mejor oportunidad de desarrollo que tuvo el país en toda su historia como producto del escenario económico internacional. Podríamos hacer un balance de los 12 años de gobierno kirchnerista y la conclusión es clara: no han gobernado bien y no han resuelto los problemas estructurales de la Argentina ni de Entre Ríos. 
¿Por ejemplo? 
Seguimos teniendo alta inflación, una economía que no se ha industrializado, serios déficits en materia de infraestructura, energía, hábitat y vivienda, déficit creciente, falta de acceso al crédito, crisis de las economías regionales; y la pobreza y la exclusión no han retrocedido de manera significativa. La educación y la salud pública no están mejor, y en materia de seguridad en muchos casos estamos peor. Por otro lado, el deterioro en materia de calidad institucional es manifiesto. La vocación hegemónica y autoritaria del gobierno se evidencia en la degradación del poder legislativo, los permanentes intentos por controlar a la Justicia, en la crisis del federalismo y las autonomías municipales, y sobre todo en la fenomenal campaña de propaganda y adoctrinamiento que se pone en marcha en los medios del Estado y en los medios privados domesticados a través del uso inescrupuloso y en muchos casos ilegal de la pauta publicitaria. También en la sistemática y perversa utilización clientelar de las necesidades de los sectores más desposeídos de la sociedad. Todo ello en el marco del avance del narcotráfico y su influencia perniciosa, y de casos de corrupción en el manejo de la cosa pública verdaderamente escandalosos. En definitiva, tenemos un gobierno impostor, que ha construido un relato falaz que intenta ocultar la realidad, que se muestra con una máscara que pretende que no se vea su verdadero rostro. Se dicen democráticos y populares pero en realidad encarnan un autoritarismo demagógico y populista, que reniega de la verdadera democracia social y republicana basada en derechos y en la construcción de ciudadanía. Por eso, tanto a nivel nacional como provincial, surge claramente la necesidad de un cambio, y la única opción posible de cambio es precisamente Cambiemos.
¿Cómo se ve esta realidad en Concepción del Uruguay? 
 Todo lo dicho a propósito de la realidad nacional y provincial podría decirse, salvando las distancias, de la realidad uruguayense. Con la salvedad que aquí hace 28 años que gobiernan - y gobiernan mal - los mismos. Tenemos una ciudad cuyo municipio no planifica en lo más mínimo el desarrollo urbano, que corre por lo general detrás de los problemas, con obras y proyectos que surgen de caprichos de funcionarios pero no de un plan coherente, y que por ello no ha logrado solucionar los problemas estructurales. Más bien, se han agravado: un sistema de agua potable y saneamiento absolutamente colapsado, con cloacas que desbordan - literalmente - en calles de tierra en muchos barrios, sin una planta de tratamiento de líquidos cloacales que espera su concreción desde hace 30 años, con plantas compactas de tratamiento que están tiradas y abandonadas en descampados, con un sistema de gestión de residuos que deja mucho que desear, sin políticas de desarrollo local, sin programas locales de vivienda y hábitat, etc., etc. También aquí está claro que la opción es seguir con más de lo mismo o cambiar de la mano de la lista de Cambiemos. 
¿Cómo ves a la UCR en ese marco? 
El futuro de la Unión Cívica Radical, en cualquier caso, depende de lo que hagamos los radicales. Como alguna vez dijo Moisés Lebensohn, el radicalismo será lo que nosotros querramos que sea, porque nadie va a construir el radicalismo por nosotros. Hay mucho por hacer, por corregir y por cambiar, pero lo esencial, que son los valores y la doctrina, tienen más vigencia que nunca. Habrá que abocarse a la construcción del radicalismo del siglo XXI. La UCR seguirá siendo un actor necesario e insustituible en el sistema de partidos argentino. El desafío será avanzar hacia un partido que, basado en sus mejores tradiciones, se modernice y se movilice, preparándose para gobernar en respuesta a las demandas sociales más legítimas de nuestro tiempo. 
PABLO GONZÁLEZ 
Fuente: http://www.noticiasentrerios.com.ar/2015/10/artusi-habla-sobre-la-africanizacion-de.html 
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viernes, 14 de agosto de 2015

Votar así "no va más"...

Por José Antonio Artusi / Si hay algo que queda claro luego de la jornada del Domingo 9 de Agosto es que el sistema electoral vigente es obsoleto, irracional, se presta a trampas e irregularidades de todo tipo, y genera dificultades que podrían evitarse. "No va más". Pocas veces como en esta oportunidad quedó tan claramente de manifiesto. Lo sufrieron sobre todo las autoridades de mesa y los fiscales, pero también los electores que debieron soportar largas colas. De todos modos el principal daño lo ha recibido la transparencia y la limpieza del comicio, manchada por inconsistencias de todo tipo, que quedaron evidenciadas más que antes al publicarse los telegramas. La boleta sábana de papel impresa por cada partido debe sustituirse por un sistema mucho más ágil y transparente, que facilite la autonomía del elector al sufragar y asegure la pureza del resultado de las elecciones. Muchos reclaman hoy, incluso en plataformas digitales para suscribir petitorios, que se implemente el voto electrónico. De todos modos, me permito sostener que la única forma de cambiar en serio, la única vía efectiva para producir las transformaciones que se requieren, la única manera de lograr una profunda reforma política, es hacerlo a través del voto, votando a quienes lo hemos propuesto antes y lo volveremos a proponer, y lo implantaremos si somos gobierno, o sea a Cambiemos. Al partido de gobierno no le interesa cambiar, las pruebas están a la vista, han tenido sobradas mayorías en ambas cámaras legislativas en los dos últimos períodos y no han hecho nada en ese sentido. Este sistema tramposo les conviene para perpetuarse en el poder. Como usan los recursos del Estado como si fueran del partido oficialista no tienen problemas en imprimir la cantidad de boletas que quieran, como "invitan" a empleados públicos a ser fiscales no les hacen falta en ninguna mesa, siempre tienen a mano el recurso del robo de boletas, etc.. De modo tal que reclamar un cambio y votar más de lo mismo esperando que ellos cambien es contradictorio, y hasta ingenuo. Una profunda reforma política amerita un debate meditado y una consulta muy amplia y participativa, pero me permito de todos modos adelantar algunos puntos como un aporte a la discusión: 
- Boleta única electrónica: un sistema que combine las ventajas de la rapidez de los dispositivos electrónicos con la garantía del respaldo de la boleta única en papel. La boleta única ya se implementa en Santa Fe y Córdoba y la boleta única electrónica en la Ciudad de Buenos Aires, con resultados alentadores. Un cambio de este tipo implica varias ventajas: igualdad de condiciones para todos los partido, que ya no están obligados a imprimir sus propias boletas, se evita el faltante y el robo de boletas en el cuarto oscuro, se agiliza el sufragio y el escrutinio provisorio, etc. 
- Separación de las elecciones nacionales de las provinciales: separar en el tiempo las elecciones de cargos nacionales y las de cargos provinciales y municipales tiene la ventaja de permitir al ciudadano una reflexión más serena y profunda acerca de las opciones que encuentra en el cuarto oscuro. Votar una boleta de 9 cuerpos, desde concejales hasta Presidente, no tiene demasiado sentido y deja poco margen para que cada decisión por cuerpo se tome con al menos un mínimo conocimiento de las opciones disponibles. 
- Actas y telegramas impresos: vinculado a los dispositivos electrónicos, debería existir un mecanismo para imprimir en el escrutinio provisorio de la mesa el telegrama y las actas para cada fiscal, de modo tal de garantizar que sean exactamente iguales y que no haya errores de interpretación. Por lo general, tanto en los telegramas como en las actas, existen infinidad de errores, la mayoría involuntarios, aunque el sistema se preste a picardías: cuadros vacíos, dígitos poco claros, errores al computar el voto en blanco, etc.. 
- Escrutinio definitivo filmado y transmitido on line por internet. 
- Reglamentación de la publicidad electoral: ha sido un avance el prohibir la compra de espacios en medios audiovisuales y reemplazarlos por los espacios cedidos por el Estado, pero esta regulación debe avanzar hacia otro tipo de medios e internet, para todas las categorías. 
- Reglamentación de la publicidad oficial: está prevista en la Constitución Provincial, pero el gobierno - obviamente - se hace el distraído y se niega a reglamentarla. Es harto evidente que el oficialismo usa de manera grosera y escandalosa la pauta oficial para condicionar la conducta de medios y periodistas. Debería directamente prohibirse la publicidad oficial en medios un tiempo razonable antes de los comicios. 
- "Cuentas claras" en la administración pública: este punto excede obviamente la cuestión electoral, pero es un aspecto central de la reforma política que propugnamos. Cada erogación del sector público debe estar previamente publicada en internet para ser efectivizada, dando detalles de los motivos y los beneficiarios del gasto. Las licitaciones públicas, como ya lo hemos propuesto, deben incluir una exhaustiva especificación de la estructura de costos que da origen a la oferta presentada. 
- Fortalecimiento de los partidos políticos, incluyendo financiación pública de sus actividades, así como auditorías estrictas de sus ingresos y egresos. 
El Domingo me tocó ser fiscal general en la Escuela nº 20 Padre Rolando de Concepción del Uruguay. A los fiscales de Cambiemos ya les agradecí personalmente, pero hago extensivo el agradecimiento a los fiscales de las demás fuerzas y a las autoridades de mesa. Entre todos, más allá de algunas pequeñas discusiones, pusieron lo mejor de sí e hicieron un meritorio esfuerzo para cumplir su misión y vivir una jornada democrática. Ojalá el 25 de Octubre votemos por última vez con este sistema caduco y peligroso. Hace falta una profunda y genuina reforma política en Entre Ríos, para mejorar esta democracia renga que tenemos. Para lograrlo, es necesario cambiar. En Octubre, cambiemos.- 
 José Antonio Artusi es candidato a Diputado Provincial de Cambiemos y Presidente del Comité Departamental Uruguay de la UCR.-
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sábado, 1 de agosto de 2015

"Menos nombres y más autopistas"

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El precandidato a diputado provincial de Cambiemos, José Antonio Artusi, manifestó que una de las propuestas prioritarias que impulsará en la legislatura es el apoyo a la iniciativa de Ernesto Sanz de crear una Red Federal de Autopistas y complementarla con una red provincial de rutas y caminos, de modo tal de conectar de manera segura las principales ciudades de la provincia. El plan nacional completo podrá financiarse a bajo costo con un fideicomiso formado por la conversión de parte de los impuestos al combustible ya existentes en una tasa que garantice el pago de las obras una vez concluidas. La contratación será absolutamente transparente y competitiva, y el pago por obras podrá contar con la garantía de organismos internacionales para asegurar a los contratantes la seguridad jurídica. Aunque podría cobrarse peaje por el costo de uso de las autopistas, es más eficiente usar recursos generales, que incluyen los actuales impuestos al combustible. Artusi expresó: "vamos a proponer un plan complementario al nacional, para transformar algunas de las rutas actuales - que no estén incluídas en el plan nacional - en autopistas seguras, para salvar vidas y promover el desarrollo de nuestros pueblos. Sin peajes, con forestación, sin cruzar ciudades, sin cruces a nivel, sin curvas peligrosas. Al igual que en el plan nacional, se deberá crear un fondo específico con asignación de impuestos". José Antonio Artusi enfatizó que 299 personas murieron el año pasado en accidentes de tránsito en nuestra provincia, y muchas más resultaron heridas y quedaron con diversas secuelas. Buena parte de esos accidentes se producen en nuestras rutas, totalmente inseguras; es inmoral e inaceptable que sigamos así, naturalizando muertes que pueden evitarse si hacemos lo que tenemos que hacer. Se puede, hay que saber cómo, y querer".-
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viernes, 12 de diciembre de 2014

A 107 años del descubrimiento del petróleo en Argentina, el desafío sigue siendo el mismo: su nacionalización y la soberanía hidrocarburífera en serio

Por José Antonio Artusi / El 13 de Diciembre de 1907 se descubrió petróleo en Comodoro Rivadavia y comenzó la larga y conflictiva historia de la explotación de hidrocarburos en nuestro país. Historia jalonada por éxitos notables y retrocesos penosos, por gestas ejemplares y por ignominiosas entregas y defecciones. Los Presidentes Yrigoyen y Alvear, de la mano del Gral. Ing. Enrique Mosconi, sentaron las bases de una gran petrolera estatal nacional, YPF, la primera en su tipo en el mundo, verdadero orgullo nacional durante décadas, espejo en el que se miraron las naciones hermanas de América Latina para crear sus propias empresas petroleras. Hipólito Yrigoyen tenía absolutamente en claro, con notable lucidez, que el petróleo sería un bien estratégico, no renovable, y que la gestión de la política hidrocarburífera debía estar en manos de la Nación. Los intereses reaccionarios de oligarquías feudales enquistadas en las provincias y la connivencia con intereses extranjeros que dominaban al Senado le impidieron, lamentablemente, lograr lo que constituía su obsesión: la ley de nacionalización del petróleo. El golpe infame del 30, como se ha dicho, tuvo olor a petróleo, y truncó las posibilidades de avanzar en aquel momento por el camino de la autodeterminación y la defensa del interés nacional. Yrigoyen, en el mensaje al Congreso acompañando el proyecto de ley orgánica del petróleo en 1929, expresa con contundencia: "Las leyes mineras nacionales, coincidentes con principios de derecho civil adoptados por nuestro código, fueron dictadas en una época en no podía sospecharse el valor económico y la importancia social que adquirirían en el futuro los aceites minerales o hidrocarburos industrializados y puestos en el comercio. De ahí que no introdujera una excepción dentro del régimen legal adoptado a las substancias naturales existentes en el subsuelo, distribuyendo su dominio entre la Nación y las provincias en concordancia con su soberanía política, lo que significa entregar la dirección de los enormes intereses de todo orden relacionados con el petróleo, a criterio administrativo múltiple, cambiante y frecuentemente contradictorio de catorce jurisdicciones, además de la jurisdicción federal… Es suficiente enunciar ese estado de cosas para comprobar sus graves inconvenientes y hasta sus peligros evidenciados ya en la alineación precipitada de concesiones por algunos gobiernos provinciales, cuyas inconsultas medidas suscitaron tan justificadas inquietudes y que, revocadas más tarde por el cambio de pensamiento emergente de la renovación de los poderes locales, han dejado tras de sí secuela de conflictos, sometidos actualmente a la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación". Va a ser durante la presidencia de Arturo Frondizi que aquel anhelo de la nacionalización se concreta, a través de la Ley 14.773, siguiendo el criterio de la efímera Constitución de 1949, de la que aquella disposición era casi lo único rescatable. En su libro "Política y petróleo", Frondizi había señalado claramente el camino a seguir. Como señala Eduardo Conesa, "Todo el libro de Frondizi gira alrededor de la inconveniencia del sistema de concesiones porque el mismo implica otorgar en propiedad el yacimiento; y obtenida esa propiedad, los concesionarios solían mantener los yacimientos sin producir porque les interesaba importar petróleo de otras países donde sus costos de explotación eran menores, o sus ganancias mayores. Por eso, después, cuando Frondizi alcanzó la presidencia en 1958, hizo dictar por el Congreso la ley 14773 estableciendo que los yacimientos de hidrocarburos son propiedad inalienable e imprescriptible del Estado Nacional, otorgándose a las provincias una regalía del 12% en función de su dominio originario o eminente. Y las provincias, especialmente las patagónicas aceptaron gustosas." (Conesa). Me cuento entre los defensores de la anulación de los contratos de Frondizi que llevó a cabo el Presidente Arturo Illia, en cumplimiento de los compromisos asumidos en la campaña electoral, por considerarlos concesiones encubiertas pero considero también que en realidad aquellas diferencias operan como una suerte de árbol que no nos deja ver el bosque. Más allá de la interpretación que se haga de los contratos, Frondizi e Illia, herederos de las mejores tradiciones del radicalismo estaban de acuerdo en lo fundamental: el petróleo es nacional, debe ser explotado por YPF, y no hay que permitir concesiones, sino que el capital privado debe colaborar a través de contratos de exploración y explotación, entregando el producto a la petrolera estatal que debe ser el organismo rector de la política hidrocarburífera. El gobierno del usurpador Onganía, derogó la ley 14.773 y la sustituyó por la 17.319, que permitió las concesiones. En 1973 el bloque de diputados nacionales de la UCR, presidido en ese entonces por Antonio Troccoli propuso por ley la nacionalización de los hidrocarburos, “ratificando la política de nacionalización total de las fuentes naturales de energía” que se planteaba en la Plataforma Electoral. También se propuso en ese momento por parte de los legisladores radicales que las regalías a las provincias productoras debían elevarse al 16,75%. (Comité Nacional y Bloques de Diputados y Senadores Nacionales de la Unión Cívica Radical, 1973). La línea entreguista y antinacional se profundizaría luego en el gobierno peronista de Carlos Menem, auspiciado de manera entusiasta por el entonces Gobernador de Santa Cruz Néstor Kirchner y Cristina Fernández. La entrega y extranjerización de YPF en los 90, no revertida del todo más allá del relato falaz del gobierno, unida más tarde a la sanción de la denominada “ley corta” en una interpretación distorsionada del Artículo 124 de la Constitución Nacional, tuvo las consecuencias de saqueo y pérdida de reservas y autoabastecimiento que son conocidas: "Además el desastre era harto previsible porque en los últimos catorce años en nuestro país hubo trece Estados distintos con políticas petroleras diferentes. Por una parte la política petrolera de España ejercitada por Repsol. Por otra, la política petrolera de Brasil ejercitada por Petrobras, que finalmente vendió a grupos clientelistas locales. Por otra, la anti-política petrolera del Estado bobo nacional argentino que recién en abril de 2012 se dio cuenta del desaguisado que había generado…., y por último, las 10 políticas petroleras distintas de los estados provinciales con petróleo amparados en el redundante artículo 124 de la Constitución Nacional de 1994 sobre el supuesto “dominio originario”. Dicha política consistió en otorgar concesiones dentro del concepto de “capitalismo de amigos” para beneficio de quien sabe quién. Pero más allá del problema de la corrupción, las provincias no están en condiciones de negociar el contenido económico de las concesiones, ya que el precio interno del fluido y las reglas de su comercialización en el mercado interno del país o en el exterior son de incumbencia del Estado Nacional. A ello se agrega la falta de simetría en el poder negociador dado por el enorme conocimiento técnico de las poderosas corporaciones multinacionales del petróleo frente el desamparo técnico y económico de nuestras provincias tomadas individualmente." (Conesa). El desafío está trazado. Es imperativo volver a tener una política nacional de petróleo, recuperando en serio, del todo, YPF; como una empresa estatal y nacional, sujeta a todos los controles y auditorías propias del sector público; que convoque, en condiciones razonables a la participación del sector privado cuando sea necesario, pero sin concesiones. Y, como quería Yrigoyen, hay que nacionalizar los hidrocarburos, reconociendo a las provincias, en virtud del dominio originario que les corresponde, regalías mucho más altas que las actuales, pero en el marco de una política única y centralizada, que defienda como corresponde el interés nacional, para poner la renta petrolera al servicio del desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de los más desposeídos.-
Bibliografía consultada 
Comité Nacional y Bloques de Diputados y Senadores Nacionales de la Unión Cívica Radical Cumplimos con la plataforma electoral [Publicación periódica] // Opinión Radical. - Buenos Aires : [s.n.], Diciembre de 1973. - 1. - pág. 8. 
Conesa Eduardo Portal Académico de la Facultad de Derecho de la UBA [En línea] // EL IMPUESTO A LA TIERRA LIBRE DE MEJORAS, RECURSOS NATURALES, HIDROCARBUROS Y EL FEDERALISMO EN LA ARGENTINA. - 11 de Diciembre de 2014.
http://portalacademico.derecho.uba.ar/catedras/archivos/catedras/19/el_impuesto_tierra_libre_de_mejoras_y_a_los_recursos_naturales_en_general_en_el_regimen_federal_argentino_copia.pdf.
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sábado, 1 de noviembre de 2014

10 IDEAS para la democracia social

Por José Antonio Artusi
Una especie de decálogo a modo de síntesis de la plataforma que me gustaría si yo fuera candidato a Presidente de la República. Un modesto aporte al debate, en un momento en el que me parece particularmente importante discutir ideas y no siglas ni nombres propios
1.- Reforma Política
Boleta única, financiación estatal de los partidos políticos y las campañas electorales. Sanción del transfuguismo y las candidaturas testimoniales. Fortalecimiento del federalismo y las autonomías municipales. Regulación estricta de la publicidad oficial y de la utilización republicana de los medios de comunicación del Estado. Reforma del Estado. Ingreso y ascenso por concurso en la administración pública. Acceso irrestricto a la información pública.
2.- Reforma Social 
Renta Básica de Ciudadanía. 82% móvil para los jubilados. Democracia sindical.
3.-Reforma Económica 
Reforma impositiva funcional al financiamiento de la RBC. Eliminación de retenciones a las economías regionales y a la industria. Desgravación del consumo popular. Reforma financiera. Preservación del poder adquisitivo del salario por medio del control gradual de la inflación. Normalización del INDEC. Afirmación de la iniciativa privada y pleno apoyo al sistema cooperativo en todos sus aspectos. Vigencia efectiva del régimen competitivo, a cuyo efecto, el Estado deberá impedir las interferencias monopólicas que lo perturben.
4.- Reforma Educativa 
Reafirmar la defensa de los principios de la enseñanza pública, laica, común, gratuita, obligatoria y asistencial, acorde con la ley 1420. Las mejores escuelas en los barrios más vulnerables. Jerarquización de la carrera docente. Programa Nacional de Parques Biblioteca. Fortalecimiento de la autonomía universitaria, de la investigación científica y extensión.
5.- Reforma Sanitaria 
Seguro Nacional de Salud. Programa Nacional de Atención Primaria y Promoción de la Salud. Ley de medicamentos.
6.- Seguridad Democrática 
Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito. Reforma penitenciaria, policial y judicial.
7.-Reforma Urbana 
Ley Nacional de Ordenamiento Territorial. Programa Nacional de Acceso al Hábitat y la Vivienda Digna. Promoción del sistema cooperativo para construcción de viviendas y de las cooperativas de cesión de uso. Ayudas a los municipios para la implementación de sus propios planes de ordenamiento territorial, gestión integral de residuos domiciliarios y de recursos hídricos.
8.- Reforma Energética 
Recuperación para el Estado nacional del 100% de las acciones de YPF. Nacionalización de los hidrocarburos. Nueva ley nacional de hidrocarburos, sin concesiones, aumentando regalías para las provincias y jerarquizando el rol de la Secretaría de Energía de la Nación. Plan Nacional de Promoción de Energías Renovables. Racionalización y disminución de consumos en sector residencial y transporte. Declaración del GLP como servicio público. 
9. Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. 
Consolidación del plan nuclear y el plan espacial. Apoyo a la investigación y desarrollo para la incorporación de conocimiento y el agregado de valor en los procesos productivos.
10. Plan Nacional de Transporte 
Recuperación del rol del Estado nacional en el transporte ferroviario y fluvial. Plan Nacional de Autopistas Interurbanas y caminos rurales, financiado con peajes e impuestos a los combustibles. Jerarquización del transporte público colectivo en áreas urbanas metropolitanas. Leer más...

miércoles, 30 de julio de 2014

Imposturas habitacionales (II) El “sueño entrerriano”…

Por José Antonio Artusi / En una columna anterior mostramos, en base a datos oficiales de las auditorías del FO.NA.VI. y de los programas federales de vivienda, las inconsistencias del relato impostor de la “década ganada”. Decíamos ahí que “un sector de las políticas públicas en el que las falacias del oficialismo se muestran particularmente endebles es el de los programas de vivienda”. Y evidenciaremos aquí que una de las provincias en las que ese discurso propagandístico contrasta violentamente con la realidad es la del “sueño entrerriano”, especialmente durante los 5 años comprendidos entre 2008 y 2012, año correspondiente a la última auditoría publicada por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación Uno de los primeros datos que llama la atención es la falta absoluta de viviendas FO.NA.VI. terminadas durante 2011 y 2012. Nunca antes había sucedido algo así, desde que existe el FO.NA.VI.. Ambos “ceros” contrastan de manera notable con las 2.469 viviendas terminadas en 1988, la cifra más alta de la serie desde la recuperación de la democracia, pero también con las 1.353 del año 2000, en plena crisis de la convertibilidad, y aún con las 1.099 terminadas en 1982. Claro, a partir de 2003, como la propia auditoría recuerda, “el Estado Nacional financia con recursos de la Tesorería General de la Nación diversos Programas y Subprogramas con el objetivo de disminuir el déficit habitacional existente en el país, ejecutando una política habitacional activa a través de la ejecución de Programas Federales desarrollados para mejorar el acceso a la vivienda de los sectores más desfavorecidos”. El Poder Ejecutivo Nacional distribuye discrecionalmente estos recursos entre las provincias, a diferencia de las alícuotas del FO.NA.VI., estipuladas en la ley. Estos programas, denominados “federales”, de federales no tienen nada y son la más cruda expresión del centralismo y de la utilización de fondos nacionales como herramienta de dominación de gobernadores e intendentes. Aún así, sumando las escuálidas cifras de viviendas FO.NA.VI. y las de programas federales terminadas en los últimos años, estamos lejos de estar frente a una realidad que habilite a hablar de “sueño entrerriano” sin ruborizarse. En 2011 se terminaron sólo 166 viviendas de programas federales, y en 2012, 48. Hay que retroceder hasta 1976 para encontrar una producción física de viviendas inferior a la de 2012. En el quinquenio que va de 2008 a 2012 se terminaron (sumando FO.NA.VI. + programas federales) un total de 4.253 viviendas, o sea a un promedio de sólo 850 por año. Nuevamente las cifras contrastan de manera notable con las 1.525 viviendas por año terminadas entre 2004 y 2007, y aún con las 1.130 por año terminadas entre 2000 y 2003. Todo esto a pesar de los notables aumentos de la recaudación y las extraordinarias oportunidades que el contexto internacional brindó al país. Y con un crecimiento de la población entrerriana del 6,7% entre 2001 y 2010. Un panorama similar nos ofrecen las así denominadas “soluciones habitacionales”. Entre 2008 y 2012 se terminaron 1.096 unidades, a razón de 219 por año. Entre 2000 y 2003, en plena crisis, se finalizaron 3.836, un promedio de 959 por año, o sea 4 veces más. Volvamos ahora a los programas “federales”. Decíamos en nuestra anterior columna que “una rápida mirada a las planillas anexas del informe de auditoría mencionado muestra a las claras de qué manera estos recursos se utilizan para premiar o castigar según el color político de las administraciones provinciales”, y lo mostrábamos con números oficiales. Pero también queda al descubierto que supuestos favoritismos políticos no siempre se traducen efectivamente en el “federalismo de los recursos”, falacia a la que suele recurrir el Gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, para ocultar la realidad de la crisis del federalismo fiscal. Entre Ríos recibió entre 2003 y 2012 un total de $ 571.002.824 en concepto de transferencias de programas federales de vivienda. Ese monto significa $ 461 / habitante (tomando las cifras del Censo 2010). Se encuentra dentro de las 8 jurisdicciones que menos recursos recibieron per cápita. En el otro extremo, La Pampa recibió $ 2.248 / habitante, La Rioja $ 2.088 / habitante, Santa Cruz $ 3.154 / habitante, y Tierra del Fuego $ 3.316 / habitante, o sea 7 veces más que Entre Ríos. Nos queda un consuelo, tonto por cierto. Santa Fe, Corrientes, San Luis y Córdoba fueron más discriminadas que Entre Ríos. Hasta ahora sólo mostramos cifras, que muestran que la “década ganada” y el “sueño entrerriano” son slogans propagandísticos que no logran ocultar la realidad. El informe de auditoría 2012, como los anteriores, también demuestra que – en general – las políticas públicas de vivienda tienen enormes déficits en materia urbanística, que contribuyen a generar lo que en un poster de la Federación Iberoamericana de Urbanistas se denomina la “NO CIUDAD”; “actuaciones fragmentadas, segregadas, alejadas y mal comunicadas del centro de la ciudad…, carentes de dotaciones y servicios”. Pero eso será materia de otro artículo.-
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martes, 22 de julio de 2014

Imposturas habitacionales

Por José Antonio Artusi / El relato impostor de la “década ganada” con el que los propagandistas del gobierno bombardean a la opinión pública desde medios oficiales y oficiosos encuentra sus puntos vulnerables ni bien se repasan algunas estadísticas, en la medida en que éstas no estén “retocadas” por el INDEC. Un sector de las políticas públicas en el que la falacia de la supuesta “década ganada” se muestra particularmente endeble es el de los programas de vivienda. Con la demora habitual se ha publicado en la página de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación el informe de auditorías FO.NA.VI. y Programas Federales correspondientes al ejercicio 2012. Se trata de un documento oficial, que resume las auditorías realizadas por la SSDUV a los organismos provinciales integrantes del Sistema Federal de la Vivienda. Cabe recordar que, tal como se señala en el informe, “el Fondo Nacional de la Vivienda se integra, entre otros, con un porcentaje proveniente de la recaudación del Impuesto a los Combustibles, de acuerdo a lo establecido por el artículo 3º de la Ley Nº 24.464. Los recursos del Fondo son transferidos Automáticamente a las Jurisdicciones de acuerdo a los coeficientes de distribución consignados en el artículo 5º de la Ley Nº 24.464.” Uno de los primeros datos que llama la atención es la marcada reducción en la cantidad de viviendas FO.NA.VI. terminadas durante 2010, 2011, y 2012. Durante 2010 se finalizaron sólo 6.140 viviendas, en 2011 6.280 unidades, y en 2012, 6.527. Se trata de los peores 3 años desde 1993. Las cifras contrastan de manera notable con las 49.585 viviendas terminadas en 1998, la cifra más alta de la serie, pero también con las 36.581del año 2000, en plena crisis de la convertibilidad. Claro, a partir de 2003, como el propio informe recuerda, “el Estado Nacional financia con recursos de la Tesorería General de la Nación diversos Programas y Subprogramas con el objetivo de disminuir el déficit habitacional existente en el país, ejecutando una política habitacional activa a través de la ejecución de Programas Federales desarrollados para mejorar el acceso a la vivienda de los sectores más desfavorecidos”. El Poder Ejecutivo Nacional distribuye discrecionalmente estos recursos entre las provincias, a diferencia de las alícuotas del FO.NA.VI., estipuladas en la ley. Estos programas, denominados “federales”, de federales no tienen nada y son la más cruda expresión del centralismo y de la utilización de fondos nacionales como herramienta de dominación de gobernadores e intendentes. Aún así, sumando las escuálidas cifras de viviendas FO.NA.VI. y las de programas federales terminadas en los últimos años, estamos lejos de estar frente a una realidad que habilite a hablar de “década ganada” sin ruborizarse. En efecto, en los años 2010, 2011 y 2012 se terminaron (sumando FO.NA.VI. + programas federales) 34.547, 33.947 y 34.602 viviendas. Nuevamente las cifras contrastan de manera notable con las 49.585 viviendas terminadas en 1998 y también con las 36.581del año 2000, cuando sólo se destinaban recursos FO.NA.VI. Es verdad que en el 2007 se llegó a terminar 53.557, pero ese ritmo viene decreciendo de manera sostenida desde entonces. Veamos entonces los números por década. Entre 1983 y 1992 se terminaron viviendas a razón de un promedio de 30.328 por año. En la década siguiente, el promedio ascendió a 37.586. Y en la que va de 2003 a 2012, la supuesta década ganada, el promedio bajó a 35.223, aún a pesar de los notables aumentos de la recaudación y las extraordinarias oportunidades que el contexto internacional brindó al país. Y con un crecimiento de hogares del 20,8% entre 2001 y 2010. Volvamos ahora a los programas “federales”. Una rápida mirada a las planillas anexas del informe de auditoría mencionado muestra a las claras de qué manera estos recursos se utilizan para premiar o castigar según el color político de las administraciones provinciales. Durante 2012, hubo 4 distritos que recibieron más de $350/habitante en concepto de transferencias por “programas federales”: La Pampa ($476,38/hab.), La Rioja ($372,74/hab.), Santa Cruz ($350,82) y Tierra del Fuego ($789,19/hab.). En el otro extremo, Santa Fe recibió $ 0,00 (si, cero, leyó bien), y Corrientes sólo $3,19/habitante. Incluso distritos muchos más grandes y ricos, como la Ciudad de Buenos Aires ($25,68/hab.) y la Provincia homónima ($5,90/hab.) recibieron más per cápita que la postergada provincia de Corrientes. También queda al descubierto que supuestos favoritismos políticos no siempre se traducen efectivamente en el “federalismo de los recursos”, falacia a la que suele recurrir el Gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, para ocultar la realidad de la crisis del federalismo fiscal. Entre Ríos recibió en 2012 $98,59/habitante en concepto de recursos de programas federales. Mucho más que Corrientes, obviamente, pero lejos de Santa Cruz y las provincias más favorecidas. Cabe resaltar que se lograron terminar sólo 48 viviendas de programas federales y 0 (cero) viviendas FO.NA.VI. en Entre Ríos en 2012! Hasta ahora sólo mostramos cifras, que muestran que la “década ganada” es un verso. El informe de auditoría 2012, como los anteriores, también demuestra que – en general – las políticas públicas de vivienda tienen enormes déficits en materia urbanística, que contribuyen a generar lo que en un poster de la Federación Iberoamericana de Urbanistas se denomina la “NO CIUDAD”; “actuaciones fragmentadas, segregadas, alejadas y mal comunicadas del centro de la ciudad…, carentes de dotaciones y servicios”. Pero eso será materia de otro artículo.-
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viernes, 9 de mayo de 2014

Vivienda, ciudad y democracia social

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domingo, 16 de marzo de 2014

EL GOBIERNO ENTRERRIANO NO PRIORIZA LA EDUCACIÓN (bis)



Por José Antonio Artusi / El 11 de Marzo de 2013 escribí y publiqué lo siguiente: “Tras una década de crecimiento sostenido de la economía y de aumento de la recaudación fiscal y las exportaciones, Entre Ríos es una de las provincias argentinas cuyos gobiernos son incapaces de garantizar un salario docente que permita el normal inicio del ciclo lectivo. Esta realidad incontrastable muestra a las claras, junto con los negativos índices que evidencian el deterioro de la calidad del sistema educativo, que para esta administración la educación pública dista de estar entre las verdaderas prioridades de su gestión, más allá de las palabras, las excusas y los relatos. La educación pública, laica, gratuita y obligatoria, acorde a las exigencias del siglo XXI para todos los entrerrianos es un requisito indispensable para la consolidación del sistema democrático republicano y la construcción de una sociedad más justa, integrada y solidaria. Ello por varias razones; de tipo político, porque es necesario "educar al soberano", o sea formar ciudadanos capaces de asumir responsablemente sus derechos y obligaciones cívicas; de tipo social, porque la escuela en nuestro país y sobre todo en nuestra provincia, fue un extraordinario instrumento de integración social, en el que nuestros abuelos, gringos y criollos, católicos y agnósticos, judíos y musulmanes, ricos y pobres, aprendieron a reconocerse como iguales y como compatriotas. Y de tipo económico, porque no hay sociedades desarrolladas sin un pueblo culto e instruido, que haga de la ciencia, la tecnología y el conocimiento la clave del crecimiento y la generación de riqueza. Durante los últimos años, a pesar de haber resignado recursos de manera injustificable ante la Nación, en el marco de una crisis inédita del federalismo fiscal, el gobierno provincial ha dispuesto de fondos como nunca antes. Sin embargo, la falta de una planificación estratégica de la acción de gobierno, la definición incorrecta de prioridades, y el crecimiento del gasto superfluo e improductivo han impedido que se recupere de una manera razonable el poder adquisitivo del salario de los docentes, deteriorado por una inflación real que todos sabemos no es la que reflejan las estadísticas del INDEC. Esta crisis del sistema educativo en general se agrava porque afecta sobre todo a las escuelas estatales, produciendo una brecha perversa entre éstas y las de gestión privada. Se consolida de esta manera una cada vez más preocupante segmentación entre escuelas para pobres y escuelas para ricos. La inoperancia de la gestión pública la sufren más, como suele suceder en estos casos, los sectores más vulnerables y desposeídos de la sociedad. En Enero de este año (2013) la recaudación propia de impuestos de la provincia de Entre Ríos aumentó un 43,8%, producto principalmente de la inflación y el aumento de la presión impositiva. La coparticipación federal de impuestos aumentó en la Región Centro en el primer bimestre un 30%. Sin embargo el gobierno ofrece de manera extorsiva a los docentes un porcentaje escalonado sustancialmente menor, que no compensa el efecto de la inflación en el poder adquisitivo del salario. Recomponer el salario docente es un primer paso, necesario pero no suficiente. El gobierno no debe escatimar esfuerzos en pos de lograrlo, para poder dar después los demás pasos que nos lleven a un sistema educativo del que volvamos a sentirnos orgullosos.” Lamentablemente, hoy podría escribir casi lo mismo; pero algunas cosas han cambiado; para peor. La inflación y la presión impositiva subieron, y el poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones y la AUH bajó. La recaudación de impuestos provinciales aumentó en Enero más del 45% con respecto al año pasado, impuestazo e inflación mediante. La AFIP recaudó en Enero y Febrero 37,5% y 33,3% más respectivamente, comparado con el 2013. La inflación esperada para el año oscila entre el 35/40%, si no se presentan mayores sobresaltos. En este contexto, tras no poder comenzar las clases regularmente por el conflicto salarial de los docentes, el gobierno provincial mejoró su escuálida propuesta inicial y ofreció un aumento del 26% en dos tramos. La reacción de los docentes al rechazar esta oferta es lógica. Lo que en realidad les están ofreciendo es un recorte salarial de al menos un 15/20%; incluyendo la amenaza de que si no lo aceptan, el recorte puede ser aún mayor. Hablar de “década ganada”, “sueño entrerriano”, y demás dislates del relato oficialista en esta situación no puede menos que indignar a la ciudadanía responsable. En Entre Ríos se espera un cosechón de soja, y nuestra provincia lidera los rindes estimados para esta campaña, gracias al esfuerzo de nuestros agricultores y la riqueza de nuestra tierra. Ojalá lideráramos también en materia de salario docente y jerarquía de nuestra educación.-
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