Renta básica de ciudadanía vs. protección social condicionada

Por Observatorio Renta Básica de Attac-Madrid
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha propuesto recientemente un pacto entre las administraciones, central, autonómicas y locales, con el fin de garantizar un ingreso mínimo de subsistencia a las personas en paro a las que se les agote la prestación por desempleo y carezcan de cualquier tipo de rentas, mediante la instauración de “una renta de protección social temporal relacionada con la formación y el empleo”.Asimismo, Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid también pretende plantear una renta de protección social ligada a la formación laboral, por un plazo de seis meses y por importe del salario mínimo profesional, a aquellas personas sin empleo y sin ingresos, bien porque se les haya agotado la prestación o porque no hayan generado el derecho a percibir la misma,Estas bienintencionadas, pero insuficientes, propuestas no son más que la repetición de subsidios condicionados en su versión de políticas activas de empleo o workfare, que se caracterizan porque la persona que está participando en un programa de este tipo, en virtud de un principio de reciprocidad, está obligada a asumir un compromiso que puede ser de actividad o de formación, como contrapartida a la asignación que recibe.Como su aplicación práctica en nuestro país y en otros de nuestro entorno ha puesto de manifiesto, estas rentas sociales condicionadas carecen de eficacia real para posibilitar la superación de la situación de desempleo o exclusión de sus destinatarios.Por el contrario generan situaciones discriminatorias, ya que los empleos que se ofrecen a sus beneficiarios son de baja remuneración o por corto tiempo y, generalmente, pertenecen al sector público, por lo que ayudan a crear una discriminatoria “segunda división” dentro del mercado de trabajo.Por otra parte, parten de un concepto parcial de “trabajo” al subordinarse exclusivamente al desempeño de un trabajo remunerado, no a la realización de otras formas de trabajo socialmente útiles como el trabajo voluntario, el doméstico o los cuidados a otros.En cuanto a la solución de la exclusión social se han demostrado ineficaces ante el previsible incremento en el futuro inmediato de los factores que conducen a la desigualdad social, como la alta tasa de desempleo y el consiguiente empobrecimiento y a que son programas con una cobertura parcial, que no llegan a la totalidad de la población en situación de necesidad.Asimismo, estigmatizan a sus perceptores, que suelen ser parados de larga duración, que llevan bastante tiempo fuera del mercado laboral y que, generalmente, van a ser descartados por los empleadores si concurren por un puesto de trabajo con desocupados más recientesComo todos los subsidios condicionados contemplan prestaciones monetarias que no son acumulables con rentas salariales por lo que no estimulan la aceptación de posibles ofertas de trabajo de baja remuneración, a tiempo parcial o de corta duración, porque se perdería el ingreso “fijo” que supone el subsidio y, paralelamente, fomentan la economía sumergida y el fraude fiscal a pequeña escala al favorecer que para no perder la prestación monetaria se trabaje de forma “alegal”.Frente a estos programas de ayudas condicionadas, la instauración de una renta básica universal como derecho de ciudadanía, además del ahorro en los costes administrativos que aquellos implican, evitaría las trampas del paro y la pobreza, al ser compatible con la percepción de cualquier renta, suponiendo, incluso, un incentivo para desarrollar determinados tipos de trabajos y cierto reparto del empleo, ya que facilitaría a muchas personas el trabajo a tiempo parcial, La Renta Básica conllevaría, en última instancia, que no se tenga que recluir a nadie en empleos artificiales o de escasa calidad, como hacen las medidas workfaristas, y que el hecho que alguien no acepte un trabajo de esas características no le prive de su derecho a percibir una renta suficiente para vivir dignamente.En cuanto a la exclusión social, la Renta Básica, por su carácter de derecho ciudadano universal, equiparable al sufragio, no tiene el menor déficit de cobertura al abarcar al conjunto de la ciudadanía, garantizando su derecho a la existencia, especialmente a los sectores más vulnerables.Y no son de recibo las alegaciones de la inviabilidad de una Renta Básica por los altos costes de su financiación. Numerosos estudios y simulaciones demuestran como puede financiarse una Renta Básica. Obviamente, como tal medida económica que es, su instauración implica tomar una determinada opción política y social, precisamente la contraria a la que se ha adoptado en la presente crisis económica y financiera cuando se han inyectado más de 150.000 millones de euros a los bancos, lo que supone más de un 15 % del PIB.En todo caso, la instauración de una renta básica implicaría una necesaria efectividad de la imposición sobre todo tipo de rentas, poniendo fin tanto al discriminatorio tratamiento de las rentas de carácter salarial, como a las excesivas permisividades ante el fraude fiscal, que nos distancian de converger con la correspondiente media europea.Por último, ante a las posibles objeciones a la Renta Básica basadas en la reciprocidad, en la que tanto insisten los partidarios de los programas de workfare o ayudas condicionadas al trabajo y en la que se basan para imponer a los desempleados la aceptación de cualquier empleo con la amenaza de perder los subsidios, creemos que no es aceptable que a los más desfavorecidos se les impongan controles y condiciones que no se les imponen a los más afortunados.Y lo que nunca puede tener sentido es condicionar ese derecho fundamental a una vida digna a que se consiga “tener empleo”, cuando según la última EPA, entre más de 45 millones de personas, no llega ni a 16 millones la cifra de quienes logran ser asalariadas hoy, ni pasa de 19 millones el total de las que pudieron ser "ocupadas" en cualquier modo por el mercado laboral "aunque fuera una hora sólo durante la semanaEl derecho a un mínimo de subsistencia debe ser un derecho incondicional, no sujeto a ninguna reciprocidad, la perspectiva contraria, en palabras de Philippe Van Parijs “no es muy atractiva para nadie que crea que el igualitarismo puede y debe ir de la mano con la emancipación, y no con el liberticidio de los pobres.”
Fuente: http://www.rebelion.org:80/noticia.php?id=84994 Leer más...

Monge: “La autonomía del Tribunal de Cuentas debe sostenerse con otros mecanismos de control, por sí solo es insuficiente”

El convencional radical Jorge Monge opina que el rango constitucional del organismo debe incluir la mayor cantidad de facultades posibles para intervenir e investigar. Así mismo sostiene que la tarea del Tribunal de Cuentas debe reforzarse con los mecanismos de control en los que intervengan los partidos políticos, las organizaciones sociales y la sociedad toda.

Para Monge el texto magno debe consagrar rotundamente las mayores garantías de independencia para el desempeño del Tribunal de Cuentas, para evitar que los controlados condicionen su funcionamiento interno. Razón por la cual el convencional considera que además de establecer su autonomía funcional, “debe mencionarse expresamente que tiene la facultad de proyectar y ejecutar su propio presupuesto como también de nombrar y remover a sus empleados conforme las normas constitucionales”.

“La Sociedad requiere mejores organismos de control para la gestión que garanticen mayor transparencia de la tarea de administración y disposición de los dineros públicos. Y en ese orden debe restituirse al Tribunal la atribución de actuar los Juicios administrativos de responsabilidad, cuestión que estaba contemplada en nuestra Provincia desde el decreto Ley 4997 y que le fuera detraída en 1993 por la Ley 8738” expresó Monge.

El convencional del radicalismo, manifestó que “contemplamos la creación de una Fiscalía General en manos de la oposición que tenga intervención obligatoria en todas las actuaciones en que se postule la aprobación o el archivo de las rendiciones de cuentas y que además tenga facultades para iniciar investigaciones de oficio, realizar denuncias y apelar las resoluciones del Tribunal de Cuentas”.

Sobre la designación de miembros, Monge consideró que deben ser seleccionados mediante las instancias del Consejo de la Magistratura que garantiza los controles verticales, en los que interviene el cuerpo electoral, las instituciones intermedias, los grupos y los ciudadanos.

Monge señaló que “en el pasado inmediato la actuación del Tribunal no se ha caracterizado por acciones que permitieran evitar muchos casos de corrupción, ya que de hecho, los pocos funcionarios condenados por delitos contra la administración pública fueron en su mayoría por de denuncias e investigaciones del periodismo independiente y de la oposición en algunos casos. Lo cierto y concreto es que ha quedado en la memoria el cercenamiento de facultades por la Ley 8738, ha quedado en la memoria la creación de la Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados; cuya creación fue revestida con las argumentaciones de investigar posibles negligencias o inacciones del Tribunal de Cuentas en varios hechos sospechados de corrupción en diferentes gobiernos, pero lo único que hizo esa comisión investigadora fue allanar la sede del Tribunal y secuestrar documentación que involucraba, mencionaba o comprometía a algún legislador “.-

Por último, el convencional destacó que “los mejores controles al poder se dan con la participación responsable y comprometida de toda la sociedad”.- Leer más...

El radicalismo pretende regular la publicidad oficial

El radicalismo presentó un proyecto en la comisión de Nuevos Derechos y Garantías sobre acceso a la información pública que contiene una innovación con respecto a las demás iniciativas presentadas hasta el momento. El mismo, marca no sólo el acceso a tal derecho sino también pretende garantizar el derecho al reparto equitativo de los órganos de prensa en la distribución de la publicidad oficial.

El proyecto de los convencionales de la UCR, que lleva la firma de Jorge Daniel Monge y Griselda De Paoli, pretende que el Estado garantice, no sólo el derecho al acceso de la información sino que también “garantice la adjudicación de la publicidad oficial en los medios de prensa que se inscriban a tal fin en forma objetiva y equitativa, respetando la pluralidad y prescindiendo de la postura ideológica que los mismos puedan asumir”. Acceso a la información pública “En la actualidad se considera que el derecho al acceso a la información constituye un derecho humano, además de un medio más eficiente de participación y control de la ciudadanía sobre los actos de gobierno”, argumentó el convencional, Y agregó que “como derivación de la forma republicana y representativa escogida por nuestro país, todos los actos que el Estado realiza deben ser públicos y transparentes. Por ello se hace necesario consagrar este derecho en el nuevo texto constitucional y con mayor razón si se tiene en cuenta el valor que tiene para el ejercicio de otros derechos y el contralor en sí mismo de los actos de gobierno”. La iniciativa, en su primera parte, expresa que “toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna en forma irrestricta, informal y gratuita y en término perentorio, de cualquiera de los poderes del Estado, así cómo de los entes, empresas u organismos en los que el Estado tenga participación. El principio será la publicidad de toda la información pública”. Además sostiene que “excepcionalmente y por tiempo limitado, podrá suspenderse dicho derecho fundada y razonablemente, cuando deba preservarse la información por mediar razones de Estado, que pongan en juego intereses públicos superiores”. La iniciativa contempla, además, que “en caso de denegatoria o mora en suministrar la información se admitirá la interposición de la acción de amparo sin más trámite”. Publicidad oficial El expediente, que lleva el Nº 807 y fue presentado el pasado 8 de abril, consigna que “el Estado garantizará la adjudicación de la publicidad oficial en los medios de prensa que se inscriban a tal fin en forma objetiva y equitativa, respetando la pluralidad y prescindiendo de la postura ideológica que los mismos puedan asumir”. Al fundamentar su propuesta, Monge indicó que “también debe incluirse en el texto constitucional el derecho al reparto equitativo de la publicidad oficial reglamentándose los mecanismos para su distribución en forma objetiva y equitativa en los medios de prensa evitando que se haga un reparto inequitativo de las partidas asignadas a tal fin y evitar que se distribuya la pauta publicitaria en función de las posturas de los medios de prensa frente al gobierno de turno”. Asimismo, remarcó que “las partidas que se asignan para publicidad, son fondos públicos y en consecuencia deben utilizarse aventando toda sospecha de favoritismo o su otorgamiento como premios a quienes son afines al gobierno y como contrapartida su retaceo o marginación a guisa de castigo de los medios de prensa que tienen opiniones independientes o son críticos de los actos de gobierno”. “La adjudicación de la publicidad oficial debe regirse por los principios de interés general, no discriminación, veracidad, transparencia, responsabilidad, eficacia y austeridad en el gasto”, concluyó.

Fuente: Página Política Leer más...

La UCR impulsa la revocatoria de mandatos

Con las firmas del 25% del padrón se podría llamar a elecciones para que un gobernador, intendente o legislador que resulte incapaz para el cargo o falte al cumplimiento de sus deberes, pueda ser sustituido por el voto popular antes de que finalice su mandato. De aprobarse, convertiría a la Constitución entrerriana en la primera del país en contener este instrumento con normas operativas que no requieren de una ley reglamentaria.
Para explicarlo con un ejemplo: si la revocatoria de mandato hubiese estado en la Constitución durante el gobierno de Sergio Montiel, la oposición la hubiese usado cuando el trámite del juicio político se empantanó en la Cámara de Diputados. O quizás directamente no hubiesen planteado el juicio político.Para ello deberían haber reunido el aval en firmas del 25 por ciento del padrón provincial a fin de solicitar al Superior Tribunal de Justicia (STJ) la convocatoria a elecciones entre dos boletas: una “por la revocatoria” y otra “por la confirmación” del entonces Gobernador. Para que Montiel se viera obligado a dejar el poder antes de culminar su mandato hubiera sido necesario que el 50 por ciento del padrón (no de los votos positivos) votase “por la revocatoria”.La mención a Montiel no es casual, porque justamente es del bloque de nueve convencionales de la UCR el proyecto de revocatoria que dispone los requisitos señalados en el ejemplo.La iniciativa -de autoría del convencional Luis Brasesco- no comprende sólo al gobernador. También el vicegobernador, los legisladores provinciales, intendentes, concejales, integrantes de juntas de fomentos y juntas de gobiernos podrían ser sometidos a este procedimiento. Según los casos, se requeriría para iniciar el trámite el 25% de firmas de los inscriptos en el padrón electoral provincial, departamental, municipal, o de la junta de gobierno.La solicitud se plantea ante el ST J “a los efectos de despartizar el procedimiento en el sentido que el poder político pueda frenar, demorar o provocar inconvenientes en el mecanismo del procedimiento”, se explica en los fundamentos. Luego de un examen y control de su contenido para determinar su viabilidad, el STJ derivaría las actuaciones a la autoridad electoral competente, que dispondría de 45 días para llamar a elecciones. GobernabilidadEn el pedido debe constar “en forma clara” cuáles son “los hechos y circunstancias” que dan muestras de “notoria incapacidad, y/o el determinante de la falta de cumplimiento de deberes” del funcionario en cuestión, dice el proyecto radical. Y se insiste con que el procedimiento “debe ser prolijamente consagrado en la Constitución, indicando en forma clara, precisa y taxativa las causas que ponen en movimiento el mismo, pues hay que evitar que sea utilizado como elemento de puja partidaria para obtener el poder, demoliendo irresponsablemente la gobernabilidad y creando la inestabilidad de las instituciones”. “Esta institución -explica Brasesco- sirve como canalizador de la protesta social derivada de gobiernos en descomposición”. En diálogo con El Diario, el convencional confió en contar con el apoyo del oficialismo y de la Coalición Cívica, aunque consideró que, por sobre los discursos, “el 90% de la dirigencia le dispara a la revocatoria”. Lo importante, “es que sea operativa, para que no la pueda distorsionar una ley posterior”.MayoríaLa exigencia del 50% del padrón electoral para que prospere la revocatoria y se pueda remover del cargo a un funcionario elegido por el voto popular es alta, si se toma en cuenta que ninguno de los gobernadores entrerrianos, de 1983 a la fecha, alcanzó la mitad siquiera de los votos positivos, no ya del total del padrón. Si no se alcanza el 50% de votos para destituirlo, el funcionario en cuestión debe concluir su mandato y no puede volver a ser sometido a revocatoria durante ese período. Finalmente, se aclara que la revocatoria no excluye los procedimientos de juicio político o separación de cargos establecido en la Constitución, aunque fija un límite: el gobernador y el vice no pueden contemporáneamente estar sometidos a juicio político y al procedimiento de revocatoria de mandato.

Fuente: Página Política

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Arralde anticipó que la UCR se opondrá a la reelección del gobernador

El convencional constituyente electo Juan Carlos Arralde anticipó que la Unión Cívica Radical se opondrá a la reelección del gobernador. El dirigente radical explicó que “permitir la reelección del gobernador, significa entre otras cosas, abrir la puerta a lo que se llama la sensualidad del poder, permitir las internas palaciegas, darle armas al gobernante electo para que no resuelva los problemas de la gente y pierda el tiempo pensando en cómo conservar el poder porque en cuatro años se tiene que ir”. Por otro lado, el ex senador del departamento San Salvador estimó que el gobernador Jorge Busti “va a querer hacer una Constitución amoldada a las necesidades del bustismo”, por lo que la oposición “deberá trazar una estrategia”.
Arralde manifestó que es “una satisfacción personal en el sentido de ser una de las 45 personas que va a estar a partir de enero reformando la ley más importante de los entrerrianos que es la Constitución de la provincia, más honor aún representando a un partido histórico como lo es la Unión Cívica Radical que ha consolidado, no sin esfuerzo, su segundo lugar en la provincia de Entre Ríos”, subrayó. Al mismo tiempo, admitió: “Nosotros esperábamos un mayor acompañamiento de la sociedad, imaginábamos una bancada radical con mayor número de convencionales” y acotó que “la lectura que hacemos a muy pocos días de los comicios es que no pudimos detener la ola nacional favorable a la doctora Carrió”. Por otro lado, y aventurando sobre cómo será el panorama que se podría ver en la Convención, dijo: “Conociendo las astucias del gobernador, que además va a ser un convencional más, seguramente va a presidir la Convención, me imagino que va a querer hacer una Constitución amoldada a las necesidades del bustismo”. Al respecto, consideró: “Me parece que también la oposición, vamos a tener que trazar una estrategia para aplacar la falsedad y la ansiedad de poder que tiene el bustismo en la provincia, y va a tener que detener esta función hegemónica que tiene el bustismo en Entre Ríos”. Consultado sobre si el oficialismo necesita más poder del que tiene, Arralde respondió: “No necesita más poder, este gobierno necesita más control; y cuando digo más control estoy hablando de redistribuir las atribuciones de los tres poderes. Es decir, el desafío es hacer un Poder Judicial más independiente, en defensa de la gente; un Ejecutivo con funciones acotadas y un Legislativo con más facultades”. Abordado sobre de qué le sirve tener a San Salvador un convencional, el ex senador contestó: “No solamente porque nosotros podemos hablar con alguna autoridad sobre algún tema sino porque vamos a hacer una de los convencionales que puede frenar proyectos hegemónicos de poder. Me refiero a que la Constitución se arme para que determinada figura ó partido político no llegue para quedarse durante varios años”. Temática Más adelante, señaló que “el tema del medioambiente se las trae; en San Salvador, tenemos que hablar del crecimiento exponencial del cáncer, y ese es un tema que sí le toca a la gente. Podemos establecer cláusulas que determinen que una comunidad pueda oponerse, a través de una figura que se llama licencia social, a determinados emprendimientos productivos e industriales que se instalen en nuestras comunidades, cuando hay un serio riesgo de afectación del medioambiente. El uso de fertilizantes ó agroquímicos, y de materias venenosas, que en otros países están prohibidas, no sé si no se están utilizando en nuestras zonas productivas. Algo debemos de poder hacer, porque este es un tema que sí nos afecta a todos”. Sobre la reelección, Arralde anticipó que “vamos a votar en contra, indudablemente”, al tiempo que resaltó: “Mi partido, la UCR, está en contra de la reelección porque nosotros creemos en la alternancia del poder. Permitir la reelección del gobernador, significa, entre otras cosas, abrir la puerta a lo que se llama la sensualidad del poder, permitir las internas palaciegas, darle armas al gobernante electo para que no resuelva los problemas de la gente y pierda el tiempo pensando en cómo conservar el poder porque en cuatro años se tiene que ir”. En este sentido, agregó: “La reelección, aunque sea por un período, no permite o posterga la creación o el crecimiento de los liderazgos emergentes que existen en los dos partidos más grandes de la provincia”.

Fuente: Reporte Cuatro y Diario Junio Digital
Foto: Archivo Los Principios on line Leer más...