La Reforma, 90 años después

Por Hugo Gambini

Algo estaba ocurriendo en 1918 en el Río de la Plata: se vivía en pleno clima de movilidad social. Con la llegada al poder de José Battle y Ordoñez, en Uruguay, y luego de Hipólito Yrigoyen, en la Argentina, se había marcado el resquebrajamiento del sistema social y político. Los sectores clericales mostraban cada vez menos influencia, debido a la secularización de la cultura desde 1880, y eso impulsaba a los estudiantes contra el manejo de las universidades, cuya transformación se veía venir. Las sociedades fundadas en el privilegio estaban condenadas. Había influencias cada vez más notorias que propiciaban la salida hacia una democracia burguesa y liberal, alimentada por la potencia de la inmigración, y se hacían notar los ecos de la Revolución Rusa, que despertaba nuevas ideas. La clase media irrumpía hasta en los claustros, donde impulsaba la democratización. Se producían hechos novedosos, como la organización estudiantil y la huelga universitaria. Para José Luis Romero, las autoridades superiores de la universidad "mostraron entonces una mayor flexibilidad y, sin duda, más agudeza política que los grupos profesionales que dominaban las facultades". Añade: "Pero, en mayor o menor medida, cundió en todos los sectores el sentimiento de que la vieja organización académica de la Universidad de Buenos Aires, establecida en 1886, requería una reforma, del mismo modo que el espectáculo de la metrópoli cosmopolita y renovada, como consecuencia del fuerte impacto inmigratorio, sugería ya a muchos la necesidad de una reforma política". En el interior, en cambio, las cosas no se veían con tanta claridad. La Universidad de Córdoba, fundada en el siglo XVII, conservaba su espíritu tradicional. Pero en las nuevas generaciones de la alta clase media se había formado un grupo disconforme, dispuesto a enfrentar el orden universitario. Hubo una huelga, apoyada por el gobierno nacional, para terminar con el monopolio de los 15 académicos que manejaban la alta casa de estudios. Hasta se logró que Yrigoyen modificara el régimen de gobierno universitario. Pero la tradicional sociedad cordobesa presionó a los profesores que debían elegir rector y consiguió que éste fuera uno de ellos, opuesto a los cambios reclamados. Esa sería la chispa. La asamblea se realizó el 15 de junio de 1918 y al saber el resultado los estudiantes invadieron el recinto para desconocer al rector. Ocuparon la universidad y decretaron una huelga general. A los pocos días se conoció el Manifiesto liminar , redactado por Deodoro Roca. Allí se anunciaba: "La rebeldía estalla ahora en Córdoba y es violenta porque aquí los tiranos se habían ensoberbecido y era necesario borrar para siempre el recuerdo de los contrarrevolucionarios de Mayo". El documento tenía toda la petulancia de los jóvenes editores de La Gaceta Universitaria , quienes se dirigían a "los hombres libres de Sud América". Lo firmaban tres presidentes de la Federación Universitaria de Córdoba: Enrique F. Barros, Horacio Valdés e Ismael Bordabehere. Aquel episodio sacudió a todo el mundo estudiantil. En Buenos Aires y en La Plata se reformaron los estatutos universitarios, que contendrían ahora las ideas básicas expuestas en Córdoba. En Perú, la reforma hizo estallar al año siguiente la Universidad de San Marcos, y en Chile se reunió, en 1920, la Primera Convención Estudiantil. En México deliberaría, en 1921, el Primer Congreso Latinoamericano de la Reforma. En 1923, los cambios universitarios llegarían a Cuba. Lo mismo ocurrió en Venezuela, Guatemala y Brasil. "Lo cierto -señala Romero es que, desde el estallido cordobés de 1918, los movimientos estudiantiles se repitieron en casi todos los países latinoamericanos." En Perú, al fundar la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), Víctor Raúl Haya de la Torre le insufló su impronta reformista. Todos eran movimientos democráticos de izquierda, que se alinearon contra el nazifascismo en la defensa de la República Española. Los estudiantes cordobeses admitieron el uso de la violencia, pero no mataron a nadie. Como recordaba Julio V. González, "cuando se sintieron burlados irrumpieron en el antro oscuro donde se conspiraba contra sus ideales y arrojaron a la calle, junto con las figuras históricas, a los que medraban a la sombra de su recuerdo". González, elegido, en 1919, presidente de la Federación Universitaria de La Plata, fundó el Partido Nacional Reformista y pasó por la democracia progresista, hasta que el socialismo lo hizo un brillante diputado nacional. Fue en la década del 20, en nuestra Facultad de Derecho, donde un grupo de estudiantes reformistas enfrentó a los profesores de viejo cuño conservador. En 1925, lograron que Ricardo Rojas accediera al rectorado. En 1930, Alfredo L. Palacios llegó al decanato. Los jóvenes eran Carlos Sánchez Viamonte y Julio V. González, "juristas, oradores, polemistas terribles, que provenían de familias patricias pero que se colocaron en la rompiente de la ola, en la encrucijada más dura de la política de su tiempo, y sobrellevaron el rigor con que se castigó su conciencia profética", como los define Horacio Sanguinetti. Estaban acompañados por José M. Monner Sanz, Florentino Sanguinetti, Emilio Biagosch y Mariano Caliento. En Córdoba, el número uno de ellos era Deodoro Roca. El golpe de Estado de 1943 disolvió la Federación Universitaria Argentina, sus cinco federaciones y los 50 centros estudiantiles, que eran el alma de la reforma; clausuró locales y persiguió a sus directivos, pero no logró torcer su espíritu. Tampoco el de los profesores. El peronismo no se olvidó de ellos ni de sus ideas: ¡los expulsó! Tuvieron que irse quienes no comulgaban con el gobierno, aun los que ya merecían el Nobel, como Bernardo Houssay. Sus cátedras fueron cubiertas por aquellos obsecuentes de las clases alusivas, las marchitas y los lutos obligatorios. Tamaño desatino sería reemplazado en 1955 por la brillante tarea de José Luis Romero, Risieri Frondizi, José Babini, Jorge Orgaz, Vicente Fatone, Santiago Montserrat, Ricardo M. Ortiz, Manuel Sadosky, Florencio Escardó y Luis Munist. De allí emergió la segunda generación reformista, que, con una eficacia inigualable, gestionó las universidades hasta 1966, cuando la "noche de los bastones largos" volvió a traer el oscurantismo. Hay conocidos testigos de esas épocas, como Emilio Gibaja, Néstor Grancelli Cha, René Balestra, Ernesto Weinschelbaum, Félix Luna, Guillermo Jaim Etcheverry y Gastón Bordelois, hermanados en una fundación que evoca la Reforma con palabras de José Ingenieros: "La misión de la universidad consiste en fijar principios, direcciones, ideales, que permitan organizar la cultura superior al servicio de la sociedad".

El autor es periodista y escritor. Preside la Editorial Redacción
Fuente: La Nación Leer más...

"Los entrerrianos deben saber que la Nación se apodera sistemáticamente de recursos que les pertenecen"

"Un país rico, con provincias pobres" fue la frase con la que los legisladores provinciales, los diputados nacionales y convencionales constituyentes de la UCR, junto a autoridades partidarias, resumieron la presentación de un proyecto de ley por el que se instruye al Poder Ejecutivo Provincial a realizar una demanda contra la Nación por apropiación indebida de fondos que le corresponden a la provincia.
"Los entrerrianos deben saber que la Nación sistemáticamente año a año se apodera indebidamente de una enorme masa de recursos que le corresponden a las provincias y lo hace con el fin de disciplinar gobernadores e intendentes", manifestaron.
El presidente del Bloque de Diputados de la UCR, Jaime Benedetti, dijo que "agotadas otras instancias políticas para que el Gobierno Provincial se ponga a la cabeza del Federalismo Fiscal se decidió impulsar como último recurso este planteo judicial que excede al Partido Radical y que es en beneficio de todos los entrerrianos".
Fundamentos del proyecto
Jaime Benedetti y José Antonio Artusi se explayaron en los puntos que integran la fundamentación del proyecto: "Los fondos que integran los ATN han sido sistemáticamente subejecutados desde el 2002 en adelante. A la fecha, se encuentran acumulados sin distribuir unos $ 5.700 millones. Y consideramos que la Provincia debe reclamar que se reconozcan esos excedentes como acreencias que corresponden a Entre Ríos en proporción a su participación en el producido del régimen previsto por la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos (coeficientes de la distribución secundaria)".
Por otra parte, mencionaron que "por dos normas operativas internas de la AFIP, el conjunto de las provincias cede cuantiosos recursos a la Nación". Asimismo, "no toda la recaudación de los impuestos coparticipables se reparte entre la Nación y las Provincias. Existen mecanismos de precoparticipación o de asignación específica de impuestos que destinan parte de la recaudación de estos impuestos al ANSES". También se refirieron a la inconstitucionalidad del impuesto al cheque y a la burla que representan retenciones a las exportaciones al sistema de coparticipación tributaria nacional
"Como consecuencia, la Argentina se ha ido transformando en un país rico con provincias pobres. Mientras en la Nación se nada en superávit, las provincias carecen de los recursos mínimos para atender los servicios a su cargo y al mismo tiempo aumentan su endeudamiento con su principal acreedor: justamente la Nación. Aumenta todos los meses la recaudación nacional, pero los impuestos que más crecen no son coparticipables, en particular el que corresponde a las exportaciones, de modo que las provincias no participan de este incremento de recursos", fundamentaron.
Finalmente, hicieron especial hincapié en el incumplimiento del artículo 7º de la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos que establece un piso mínimo de coparticipación a las provincias del 34% y que hoy no alcanza al 25%. Es decir, este año, según las estimaciones unos 2.469,55 millones de pesos no llegarán a la provincia de Entre Ríos e irán a engrosar la enorme masa de recursos de los que se apropia la nación.
Congreso Nacional
El diputado nacional Gustavo Cusinato señaló que "los legisladores del Frente Para la Victoria, que tiene una amplia mayoría en el Congreso, no tienen ninguna voluntada para debatir estos temas. Aun siendo mayoría, no quieren debatir y creemos que es porque sus legisladores no tienen argumentos para explicar el avasallamiento que sufren las provincias en materia fiscal".
Los convencionales constituyentes de la UCR informaron los proyectos presentados en esta materia y finalmente, se advirtió que la ausencia del senador nacional Arturo Vera se debía a un corte de rutas a la altura de Gualeguay que lo mantenía varado en el lugar. Leer más...

No habrá "redistribución de la riqueza" sin federalismo fiscal

Por José Antonio Artusi
La alusión a una supuesta "redistribución de la riqueza" se ha transformado en una especie de muletilla que - en boca de los gobernantes K - ya provoca hastío. Por incoherencia entre lo que dicen y lo que hacen; ante una realidad que sólo ellos parecen no ver. Realidad que muestra cómo - por efecto de la inflación - la disminución de los índices de pobreza e indigencia se detuvo el año pasado, y que el crecimiento económico va de la mano con una cada vez más desigual distribución de la renta.Si lo que queremos es "redistribuir la riqueza" en serio hay que comenzar por recuperar el federalismo fiscal.Si lo hacemos, las provincias tendrán los recursos que necesitan, por ejemplo, como demostraremos, para lograr hacer desaparecer la incidencia de la indigencia en la población entrerriana entre 0 y 14 años, garantizar la seguridad alimentaria de la población en esa franja y avanzar de manera contundente en la erradicación del trabajo infantil y en la disminución de la deserción escolar.El INDEC estima - mediante proyecciones estadísticas - una población de 1.255.787 personas para el año en curso. De ese total, es razonable suponer que 335.155 tienen entre 0 y 14 años (promediando los valores que para este segmento etáreo proyecta el INDEC para los años 2005 y 2010).¿Cuantos de ésos gurises entrerrianos viven en hogares por debajo de la línea de indigencia, o sea en condiciones de pobreza extrema, o lo que es lo mismo, no pueden satisafecer cotidianamente necesidades básicas alimentarias ?Lamentablemente, es difícil saberlo a ciencia cierta para un ciudadano que no tiene acceso a las estadísticas del INDEC o de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos. Pero podemos, a falta de datos públicos más actualizados, hacer algunas estimaciones sobre la base de los últimos datos que el propio INDEC divulgó en su página web, correspondientes al último semestre del año 2006. En este período, en Concordia el 19,5% de los menores era indigente, y en Paraná el 11,8%. Habría que relevar la Encuesta Permanente de Hogares en otras localidades - como propongo en un proyecto de resolución de mi autoría - para tener un panorama más completo de la realidad provincial. De todos modos, a manera de aproximación, y aún a sabiendas de la falta de rigor metodológico, podríamos promediar ambos porcentajes y suponer que se acerca al total de la provincia. En ese caso, el 15,65% de los menores de 14 años en ese momento eran indigentes. ¿ Si así fuera, cómo evolucionó ese índice desde entonces ? Lamentablemente, tampoco se ha dado a conocer información oficial en este sentido. Pero supongamos, al solo efecto de articular una hipótesis, que este índice se ha mantenido invariante. Algunos podrán sostener que debió haber bajado por efecto de la reactivación económica y la disminución del desempleo, otros podrán argumentar que el efecto corrosivo de la inflación ha presionado a la suba, unos y otros tendrían algo de razón. En ese caso, tendríamos hoy 52.451 menores de 14 años indigentes en nuestra provincia.Si así fuera, debe quedar claro que es tremendamente simple, sencillo, e irrelevante desde el punto de vista del costo fiscal lograr que no haya más entrerrianos indigentes entre los 0 y los 14 años.Basta con reconocer a todos estos ciudadanos del mañana el derecho a percibir del Estado una Renta Básica de Ciudadanía, que les garantice un piso mínimo de satisfacción de necesidades básicas, un umbral elemental de "condiciones materiales para la libertad". Supongamos que fijamos el monto inicial de esa RBC - que luego debiera hacerse extensiva a otras franjas de la población, pero "los únicos privilegiados son los niños" y "primero los gurises" - en $ 160. Ello implicaría una erogación mensual de $ 8.392.160, lo que hace un total anual de $ 100.705.920.Equivale a el 1,81% % del presupuesto provincial 2008.O el 4% de lo que los productores entrerrianos aportarán este año en concepto de retenciones.O el 9,13% de lo que la provincia recibiría adicionalmente si el gobierno nacional cumpliera el Art. 7º de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, que establece un piso del 34% destinado a las provincias.El Estado tiene el instrumento financiero adecuado, la tarjeta SIDECREER. Se le otorgaría a las madres de los menores, destinada a adquirir alimentos. Estaría sólo sujeta a que los chicos vayan a la escuela todos los días, no trabajen, y concurran periódicamente al centro de salud. Sería una inversión a futuro de enorme impacto. En salud (¿Quien le dijo a la Sra. Presidenta que la construcción de nuevos hospitales es una prioridad, el Arq. De Vido ?), en educación, en seguridad, en construcción de ciudadanía. El propio programa originaría un ahorro en prestaciones que van a ir teniendo menor demanda, como es el caso de los comedores escolares. Miles de chicos entrerrianos volverían a comer en su casa, con su familia, como corresponde. No es verdad que no se puede. Lo que falta es voluntad política; ideas y recursos sobran. Se trata de una cuestión de asignación de prioridades.Que haya en Entre Ríos chicos que tengan que vivir bajo la línea de la indigencia (pobreza extrema), o sea que no pueden acceder siquiera a una canasta básica de alimentos, es una situación intolerable, moralmente inaceptable, que vulnera derechos humanos inalienables. Sobre todo porque es materialmente posible, en el corto plazo, revertir esa situación.Para redistribuir la riqueza en serio, no hay que insistir de manera irracional con impuestos distorsivos y unitarios como las retenciones móviles, que ningún país desarrollado aplica, y que están llevando al país a un conflicto estéril que día a día afecta la economía generando desocupación y pobreza. Basta con gravar las ganancias de los productores, como las de otros sectores de la economía, y cambiar de raíz las políticas sociales, dejando de lado los vigentes programas clientelares para pasar a políticas universales que garanticen derechos y construyan ciudadanía. Y si la Sra. Presidenta quiere verdaderamente socializar rentas extraordinarias, debiera comenzar - entre otros ítems -por recuperar para los argentinos la renta petrolera que ella misma contribuyó a extranjerizar en los hoy innombrables '90. Sólo así la tan mentada y poco ejecutada "redistribución de la riqueza" dejará de ser un slogan vacío con el que se hace demagogia inconducente desde un atril para comenzar a transformarse en una realidad concreta.- Leer más...

Diputados radicales reclaman que no se discrimine el tramo de la ruta 23 entre Villa Elisa y Caseros

El diputado provincial José Antonio Artusi (UCR) presentó un proyecto de resolución por el que propone solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, otorgue la máxima prioridad posible a la confección de un proyecto ejecutivo para la pavimentación y señalización de la ruta provincial 23, en el tramo comprendido entre Villa Elisa (Departamento Colón) y Caseros (Departamento Uruguay), y que se procure la inclusión del tramo mencionado dentro del proyecto de pavimentación de la ruta, en adición al tramo comprendido entre Jubileo y Villa Elisa.

A continuación, el texto del proyecto:

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS
R E S U E L V E:
ARTICULO 1°.- Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que, a través de la Dirección Provincial de Viaildad, otorgue la máxima prioridad posible a la confección de un proyecto ejecutivo para la pavimentación y señalización de la ruta provincial 23, en el tramo comprendido entre Villa Elisa (Departamento Colón) y Caseros (Departamento Uruguay).
ARTICULO 2°.- Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, procure la inclusión del tramo mencionado en el Artículo 1º dentro del proyecto de pavimentación de la ruta provincial 23, en adición al tramo comprendido entre Jubileo (Departamento Villaguay) y Villa Elisa (Departamento Colón), que se tramita en el marco del Programa de Infraestructura Vial Productiva, a través de este u otro programa que resulte conveniente a los fines propuestos.
ARTICULO 3º.- DE FORMA.-

FUNDAMENTOS
H. Cámara:
Las máximas autoridades de la Dirección Provincial de Vialidad nos han manifestado recientemente, en ocasión de concurrir al recinto de la Cámara invitadas por la Comisión de Tieras, Obras Públicas, Recursos Naturales y Medio Ambiente, que se está gestionando, a través del PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL PRODUCTIVA, con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la pavimentación de la Ruta Provincial N° 23, en el tramo comprendido entre las localidades de Jubileo (Departamento Villaguay) y Villa Elisa (Departamento Colón). El mencionado tramo tiene una longitud de 51 Km, y el costo estimativo de la obra asciende a $100.000.000. Se nos informó en esa oportunidad que se estaban realizando los estudios de campo para la confección de un anteproyecto del eje vial a efectos de su entrega para la elaboración del proyecto definitivo por equipos técnicos de la Universidad Tecnológica Nacional, con posibilidad de licitación para el segundo semestre del año en curso.
Como no puede ser de otra manera, no cabe sino expresar nuestro beneplácito por la perspectiva de la concreción de esta importante obra, anhelando su realización en el plazo más corto posible.
De todos modos, creemos necesario alertar sobre la necesidad de que el gobierno de la provincia, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, otorgue la mayor prioridad posible a la continuación del tramo mencionado, procurando su extensión desde Villa Elisa (Departamento Colón), hasta Caseros, uniendo localidades tales como Primero de Mayo, Pronunciamiento, y San Justo, todas en el Departamento Uruguay.
El eje de la ruta 23 entre Villa Elisa y Caseros constituye un importante corredor productivo, epicentro de una zona fuertemente productora en el sector agrícola y avícola, lo que demanda permanentemente un intenso tránsito de camiones por la mencionada ruta. Las localidades a su vera han tenido en los últimos años un importante crecimiento demográfico, que queda reflejado en las cifras que nos brindan los últimos censos nacionales.
El conjunto de las localidades que une la ruta 23 entre Caseros y Villa Elisa congregaban 15.217 habitantes en 2001, según el cuadro que se detalla a continuación:

Población 1991 Población 2001
CASEROS 1269 2109
SAN JUSTO S / D 1473
PRONUNCIAMIENTO 808 1301
PRIMERO DE MAYO S / D 1000
VILLA ELISA 6108 9334
TOTAL S / D 15217

A su vez, el conjunto de las localidades que une la ruta 23 entre Villa Elisa Y Jubileo congregaban 11.264 habitantes en 2001, según el cuadro que se detalla a continuación:

Población 1991 Población 2001
VILLA ELISA 6108 9334
LA CLARITA 465 597
ARROYO BARÚ 440 680
JUBILEO 534 653
TOTAL 7547 11264

De un somero análisis de los datos precedentes surge a las claras la necesidad de continuar el proyecto de pavimentación de la ruta 23 hasta la localidad de Caseros, lo que permitiría unir, de manera paralela a la autovía de la Ruta Nacional 14, dos importantes rutas provinciales que en sentido transversal a esta, unen ambas costas de la provincia, la ruta 39 y la 130.
Por añadidura, cabe consignar que en el Documento “Entre Ríos, Modelo Territorial Deseado” del Plan Estratégico Territorial “Argentina Horizonte 2016”, del Ministerio de Planificación Federal de la Nación, se consigna en el cuadro correspondiente al SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE – SISTEMA VIAL, dentro de “Otras obras de importancia estratégica”, a la Ruta nº 23 Villa Elisa – Caseros (45 km), siendo el organismo responsable la Dirección Provincial de Vialidad y la Dirección Nacional de Vialidad, y el objetivo estratégico que atiende el identificado como 2.1, “dotar de una infraestructura estratégica que se proyecte como soporte del desarrollo expresada en: autopistas, rutas, caminos y puentes; vías férreas, y servicios ferroviarios de cargas y pasajeros, como asimismo acueductos, redes eléctricas y gasíferas”.
Es por ello que solicitamos el pronto y favorable tratamiento del presente proyecto.- Leer más...

Cusinato busca crear un Fondo Especial Agropecuario con dinero de las retenciones

El diputado de la Nación por la UCR presentó un proyecto de Ley para la Creación de un Fondo Especial Agropecuario (FOESA) el que se integrará con el treinta por ciento (30%) de las retenciones a las exportaciones de los productos agropecuarios, autorizadas por la ley Nº 22.415 e instituidas a través de las Resoluciones del Ministerio de Economía e Infraestructura Nº 11/2002 y 35/2002 y sus modificatorias como la 125/ 2008 o las que en su futuro las reemplacen o sustituyan.
"Los recursos provenientes de este Fondo Especial Agropecuarios serán administrados por cada provincia, debiendo rendir cuenta anualmente sobre su destino al Gobierno de la Nación y podrán destinarse a inversiones edilicias; de infraestructura y equipamiento para la educación pública en todos sus niveles y modalidades, a obras de infraestructura y equipamiento para la salud pública, incluyendo hospitales, centros de salud, salas de primeros auxilios, dispensarios etc., a infraestructura y equipamiento para la Justicia, Policía, Bomberos y Defensa Civil e inversiones en infraestructura vial, mantenimiento de caminos y rutas con preferencia a aquellas obras relacionadas con el mejoramiento de los corredores, rutas y caminos relacionados con la producción agropecuaria", afirmó el ex candidato a gobernador por la Unión Cívica Radical.
Según Cusinato, "el FOESA, se distribuirá a todas las provincias, inclusive a la ciudad autónoma de Buenos Aires, en forma proporcional a la participación de las distintas jurisdicciones en las exportaciones, es decir que las provincias productoras que mas exportan serán las más beneficiadas".
Cusinato agregó que "como antecedentes para la Creación del Fondo Especial Agropecuario, tomamos los ejemplos de otros fondos que ya existen y que toman recursos pertenecientes a la Nación y lo distribuyen a algunas provincias como es el caso del Fondo Hídrico de Infraestructura creado por la Ley 26.181, el Fondo Especial del Tabaco, Ley 19.800 y el Fondo Especial de Salto Grande, creado por la Ley 24.954".
"Nuestro proyecto establece que este Fondo debe estar excluido de la materia sujeta a la regulación y disposición de la competencia presupuestaria atribuida por la Constitución de la Nación Argentina al Poder Ejecutivo Nacional y al jefe de Gabinete de Ministros, como lo son en estos momentos el Fondo Especial del Tabaco excluido del presupuesto por ley 24.465, y el Fondo Especial de Salto Grande, excluido del presupuesto por ley 25.671 y que son girados directamente a las provincias beneficiarias de dichos fondos", dijo el legislador nacional.
Finalmente Cusinato dijo que "la totalidad de la recaudación correspondiente al FOESA, será depositado en forma mensual y automática, en una cuenta recaudadora especial en el Banco de la Nación Argentina, a nombre del órgano de aplicación, con afectación especifica al cumplimiento de lo dispuesto en la ley presentada". Leer más...

Un fiasco llamado ONU

Por Pilar Rahola

Quizás serviría como memorial de los sueños rotos. Aquello que pudo ser y no fue. Joan Saura podría incorporarlo a su desmemoriado proyecto sobre la memoria histórica. Total, si como dijo Josep Benet se puede manipular de forma delirante la memoria más reciente de nuestra historia (y convertir a algunos insignes del comunismo catalán en hermanitas de la caridad), ¿cómo no inventar una historia de magníficas gestas con algo más lejano? La ONU da para casi todo. Para sus orígenes épicos, cuando se imaginó un organismo que velaría por los derechos humanos en el planeta. Nació para construir los puentes de la libertad, y, con mayor osadía, para garantizarlos. Pero la historia se truncó pronto en un baile de dictaduras, resoluciones sectarias y todo tipo de abusos que incluso ensuciaron su labor en zonas en conflicto. Entre los hitos más perversos, la resolución 3379, que, por impulso de Siria y Egipto, equiparó al sionismo con el racismo y el apartheid sudafricano. Aunque se derogó en el 91, cumplió con su intención de proscribir a Israel del plano internacional. Dicen los propios de la ONU que esa resolución, como otras igual de perversas, se explican en el marco de la guerra fría, cuando la alianza entre el bloque soviético y los países árabes intento demonizar a Israel y excluirla de la legalidad internacional. Sin embargo, esa explicación es, justamente, la que ahonda en la vergüenza de la ONU: su incapacidad para sustraerse a la manipulación de los países que la forman. Más de cien dictaduras conforman su Asamblea General. De ahí que la ONU, a pesar de su retórica, nunca haya hecho una resolución condenando el apartheid racista que sufren las mujeres en el islam. O ninguna contra el uso de niños bomba. O, por ejemplo, no sea capaz ni de condenar los atropellos de Rusia en Chechenia, ni los de Estados Unidos en Guantánamo. La ONU no existe para los derechos humanos. Existe para que payasos como Chávez conviertan su alto aparador en el escenario planetario de sus bajas pasiones. Como existió, en el pasado, para que Arafat hablara en la ONU con una pistola en la mano, poco tiempo después de haber sido asesinados 11 atletas judíos en las Olimpiadas de Munich. Pese a la rama de laurel que sostenía en la otra mano, Arafat certificó para siempre la severa enfermedad de la bienintencionada organización: valía todo si las presiones eran las adecuadas, incluso valía el terrorismo. Y por tener, incluso tuvo de secretario general a Kurt Waldheim, que había servido en el SA-ReiterCorps del Partido Nazi. Por supuesto, la resolución considerando a Israel un país racista se aprobó bajo su mandato.Los años no han mejorado su ambigua naturaleza. Se mantiene como un enorme dinosaurio, con una notable incapacidad de moverse hacia algún lado. En las zonas en conflicto, algunos de sus soldados han sido artífices de los abusos más graves. Y respecto a su capacidad de influencia política, para muestra el último botón, la maldad del régimen de Birmania ante sus propias víctimas. Es tan inútil la ONU que no ha conseguido ni tan sólo visitar el país durante semanas, y su secretario general ha sido ninguneado por la dictadura birmana, que no ha tenido ningún apuro en abandonar a millones de personas a su propia desgracia. En este caso, la ONU ha conseguido perpetrar algún papelito de condena, y, cual si fuera un poeta trágico, incluso ha lamentado la situación. Cierto. Puede que no tenga solución. Las dictaduras existen y la ONU es tan esclava de ellas que incluso es usada por las dictaduras, como blanqueador legal de sus miserias. Pero entonces, si es así, si la ONU no sirve para millones de mujeres esclavas, para miles de personas en Darfur, para miles de birmanos abandonados, ¿de qué sirve el viejo dinosaurio, más allá de dar voz a los iluminados del mundo? Sirve para que se rían de los derechos humanos en la propia organización que nació para preservarlos.

Fuente: www.pilarrahola.com Leer más...

¿POR QUÉ NO TENEMOS FERROCARRILES?

Por Eduardo Antonelli (Economista, UCR Salta)

¿Por qué?. La respuesta parece sencilla: “porque Menem los cerró” según su expresión: “ramal que para, ramal que cierra”. Sin embargo, la respuesta es un poco más compleja y se remonta a varias décadas atrás, allá por la década del 30 del Siglo XX.El gobierno de Justo surgido luego del golpe contra Yrigoyen en 1930, lanzó un plan de construcción de caminos buscando paliar la crisis de la economía mundial de 1929 que impactaba también sobre nuestra economía. Como resultado, se multiplicaron los caminos y por lo tanto la circulación de vehículos que comenzaron a competir con el ferrocarril, ya que los nuevos caminos habían sido construidos exactamente al lado de las vías férreas.
Esta construcción se financiaba con impuestos por lo que el tránsito estaba exento de ese costo para los vehículos, resultando el flete “más barato” que por ferrocarril ya que, mientras el camionero sólo tenía que gastar en combustible y amortización del vehículo, el ferrocarril absorbía además el mantenimiento de las vías, estaciones, señales, etc.
Claramente, se trataba de una competencia desleal porque es como pretender que las compañías de aeronavegación, además de comprar o alquilar sus aviones, mantenerlos, y pagar los costos del vuelo tuvieran
aparte que construir los aeropuertos, las torres de control, hacerse cargo de la radarización, etc
Obviamente, el Reino Unido, propietario entonces de los ferrocarriles, protestó, sin que el gobierno de entonces aceptara los reclamos y muy probablemente la reacción británica de refugiarse en sus dominios privilegiando las compras de carne vacuna a Australia y Canadá en detrimento de la Argentina haya tenido mucho que ver con la actitud de entonces hacia los ferrocarriles.
Los años siguientes mostraron el rearme ante la amenaza de Hitler y esa prioridad sumada al trato argentino discriminatorio al ferrocarril postergó su necesario reequipamiento, postergación que se tradujo en una indefinición total cuando el Reino Unido entró en guerra en Septiembre de 1939. Concluida la guerra y en el marco de un clamor alentado desde el gobierno de Perón por la argentinización del ferrocarril, éste paso a manos del estado argentino con grandes festejos del gobierno de entonces.
Se decía que era costumbre en tiempos del ferrocarril británico poner en hora el reloj con el arribo del tren, de una puntualidad ejemplar. Las anécdotas también cuentan que el tren que llegó a destino en el primer viaje de los ferrocarriles argentinos llegó cinco minutos tarde... lo que es un verdadero logro habida cuenta de los retrasos de hasta un día o más que se hicieron comunes pocos años después.
El ferrocarril estatal se caracterizó casi sin excepción por la ausencia total de inversiones en vías, material tractivo, rodante, señales, etc, con lo cual la calidad de los servicios se fue degradando a la vez que el propio gobierno alentaba, al menos por omisión, el no pago de boletos en el cinturón urbano capitalino como una “changa”, tal cual lo dice una popular canción: “y la changa cotidiana/de trepar por la ventana/a ese tren que los devuelve a su lugar...” (J. Marziali, "Los Obreros de Morón"). El resultado no podía ser otro que el colapso total del ferrocarril y así se fueron dando las “soluciones” consistentes en cerrar ramales y de más de 34.000 km de vías férreas hacia 1930 nos quedan aproximadamente la mitad...
A modo de consuelo, ante la pregunta desgarradora de los argentinos: “¿y ahora quién podrá ayudarnos?...” el gobierno nos ha puesto un camionero al frente de nuestro Belgrano, por supuesto, enteramente consustanciado con la problemática del ferrocarril y acérrimo defensor del mismo...

Fuente: Juventud Radical Salta Capital
www.ucrsalta.org.ar/jr Leer más...

Retenciones inconstitucionales

Por Félix Loñ
El cargo que bajo la denominación de retención se impone a la exportación de productos agropecuarios es un impuesto. Ello surge de que en la misma -y tan cuestionada por el campo- resolución 125/08, del 11 de marzo último, emitida por el Ministerio de Economía, se lo llama "derecho de exportación". Además, en los fundamentos de la mencionada medida se dice que "se dicta en función" de lo previsto en la ley 22.415 (Código Aduanero). Esta norma dispone (art. 754) que "el derecho de exportación específico deberá ser establecido por ley". De igual manera, la Constitución Nacional establece (art. 4) que el Tesoro Nacional se forma, entre otros, con los "derechos de importación y exportación" cuya determinación corresponde al Congreso (art. 75 inc. 1). Sin embargo, el código citado (art. 755) expresa que los derechos -retenciones- a las exportaciones pueden ser determinados por el Poder Ejecutivo, lo que implica una delegación legislativa que, con la amplitud con que fue consagrada, es inconstitucional a la luz de antigua jurisprudencia de la Corte Suprema (caso "Delfino", año 1927) la cual sostuvo que "no existe delegación legislativa sino cuando una autoridad investida de un poder determinado hace pasar el ejercicio de ese poder a otra autoridad o persona ". Luego agregó que existe "una distinción fundamental entre delegación de poder para hacer la ley y la de conferir cierta autoridad al Poder Ejecutivo o a un cuerpo administrativo, a fin de reglar los pormenores y detalles necesarios para la ejecución de aquélla. Lo primero no puede hacerse, lo segundo es admitido..." Los jueces supremos fueron precisos: el Legislativo solamente podría delegar la fijación de "pormenores y detalles". El Código Aduanero, al permitir la delegación para imponer el tributo sin intervención de la Legislatura, efectuó una delegación legislativa nítidamente inconstitucional a la luz de la Constitución y la jurisprudencia citada. Pero si esto ya era así antes de la reforma de la Constitución de 1994, lo es mucho más después de ella. En esta modificación (art. 76), se dispuso la prohibición de la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo "salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca". Concuerda con lo expuesto la Corte Suprema, en una sentencia, sin disidencias (Selcro S.A., 21/10/03), donde asimismo convalida su doctrina del citado caso Delfino. Ahora, los jueces máximos ratificaron que los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro poder que el Legislativo "el establecimiento de impuestos, contribuciones y tasas" y que "ni un decreto del Poder Ejecutivo ni una decisión (resolución) del jefe de Gabinete pueden crear válidamente una carga tributaria ni definir o modificar, sin sustento legal, los elementos esenciales de un tributo ". Añadieron que "no pueden caber dudas de que los aspectos sustanciales del derecho tributario no tienen cabida" dentro de la delegación legislativa que "la Constitución Nacional (art. 76) autoriza como excepción y bajo determinadas condiciones". Otra cuestión importante es la confiscatoriedad en que incurre la mentada resolución 125/08 en cuanto fija la retención en el 44 por ciento del valor del producto. Ese porcentaje se incrementa siguiendo al aumento del precio del bien que se exporta, llegando a absorber, según una escala progresiva, hasta el 95 por ciento de su mayor cotización. La Carta Magna ampara el derecho de propiedad estableciendo la prohibición de la confiscación de los bienes (arts. 14 y 17). La Corte Suprema ha interpretado que la incautación se concreta cuando el impuesto traspasa el 33 por ciento del valor de la propiedad o de la renta. Dentro de esa línea los magistrados supremos han insistido en que "esta pauta [la del 33%], por cierto, recuerda conocida jurisprudencia del Tribunal, relativa a que la confiscatoriedad se produce cuando la presión fiscal excede el señalado porcentaje" (Vizzoti, 14/09/2004). O sea, que cuando el gravamen supera el límite indicado, se altera en su sustancia el derecho patrimonial que abarca, para el caso concreto del campo, el dominio o arrendamiento de la tierra y de los bienes que ella produce. Más allá de las precedentes reflexiones, los sucesos que viene protagonizando el ruralismo han desenmascarado un estilo de gestión política que confunde autoridad con autoritarismo. En la democracia los funcionarios que ejercen el poder reciben las demandas de la sociedad, surgiendo las decisiones pertinentes del diálogo y el consenso. En cambio, el gobernante autoritario embiste, imponiéndose sin escuchar. También la protesta puso al desnudo la exacción que sufren los productores y las provincias por el acaparamiento que de los recursos hace el gobierno federal. De este modo, ha quedado en evidencia la necesidad de aprobar, como manda la Constitución, un nuevo régimen de coparticipación que plasme un reparto equitativo de los impuestos y haga realidad un auténtico federalismo. Se comprueba, así, que la conducción autoritaria, al aislarse de la sociedad, daña concretamente los intereses legítimos de las personas y de la comunidad, que juntos configuran la Nación. De la libertad, la igualdad, la participación y la tolerancia se nutre el progreso de los pueblos. El autor es profesor de Derecho Constitucional.

Fuente: La Nación Leer más...

Diputados radicales reclaman informes sobre transporte de sustancias tóxicas por el río Uruguay

El diputado provincial José Antonio Artusi presentó un proyecto de resolución por el que propone solicitar a la Comisión Administradora del río Uruguay y a la Prefectura Naval Argentina que informen acerca del transporte fluvial por el río Uruguay de sustancias químicas peligrosas y / o tóxicas; y acerca de las medidas adoptadas para proteger el medio acuático de acuerdo a lo solicitado por la Cámara de Diputados a través de una resolución aprobada el 27 de Noviembre del año pasado, a instancias del Diputado Osvaldo Fernández.
La iniciativa del legislador radical también impulsa que la delegación argentina ante la CARU requiera con la mayor urgencia posible de la República Oriental del Uruguay la autorización para efectuar estudios e investigaciones de carácter científico en áreas de jurisdicción uruguaya, tendientes a evaluar el impacto ambiental y la incidencia en la contaminación del medio acuático de la planta de producción de celulosa de la empresa Botnia, situada en la localidad de Fray Bentos.

A continuación, el texto del proyecto:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°.- Dirigirse a la Delegación argentina de la Comisión Administradora del Río Uruguay (C.A.R.U) y a la Prefectura Naval Argentina a los efectos de solicitarles se sirvan informar con la mayor amplitud posible a esta H. Cámara:
a) Acerca del transporte fluvial por el río Uruguay, en el tramo que corresponde a la provincia de Entre Ríos, de sustancias químicas peligrosas y/o tóxicas.
b) Acerca de las medidas adoptadas y/o a adoptar, dentro de sus respectivas competencias y jurisdicción, tendientes a proteger y preservar el medio acuático y prevenir su contaminación, en términos generales, y en términos específicos de acuerdo a lo solicitado por esta H. Cámara a través de la Resolución aprobada el día 21 de Noviembre de 2007 y enviada a ambos organismos por nota 1476 con fecha 29 de Noviembre de 2007.

ARTICULO 2°.- Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional a los efectos de que instruya a la Delegación argentina de la Comisión Administradora del río Uruguay (C.A.R.U.), ordenando que requiera con la mayor urgencia posible de la República Oriental del Uruguay la autorización para efectuar estudios e investigaciones de carácter científico en áreas de jurisdicción uruguaya tendientes a evaluar el impacto ambiental y la incidencia en la contaminación del medio acuático de la planta de producción de celulosa de la empresa Botnia, situada en la localidad de Fray Bentos, Departamento Río Negro, de la República Oriental del Uruguay, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 40, 41, 44 y concordantes del Estatuto del río Uruguay.

Artículo 3º.- DE FORMA.-

ARTUSI

FUNDAMENTOS

H. Cámara:
El presente proyecto pretende complementar una resolución sancionada por este cuerpo el día 21 de Noviembre de 2007. Correspondió a una iniciativa del Diputado Osvaldo Fernández (Expte. 16.411) que fue tratada sobre tablas, aprobada en general y en particular, y de la que se remitieron copias a la C.A.R.U. y a la Prefectura Naval Argentina por nota 1476 del día 29 de Noviembre de 2007.
En los fundamentos del proyecto mencionado, el Diputado Fernández sostenía en ese momento que “el Fiscal Nacional del Uruguay en lo Civil de 3er. Turno, Dr. Enrique Viana, interpuso en los primeros días de este mes una serie de Pedidos de Informes dirigidos a organismos gubernamentales de la República Oriental del Uruguay en relación a la habilitación y operación de la planta pastera finlandesa Botnia, ubicada en cercanías de la localidad de Fray Bentos. En uno de sus interrogantes, el Fiscal Viana sostiene que “ha trascendido públicamente que, en ocasión de la operativa vinculada a la citada fábrica, se verificará, desde la zona portuaria de Nueva Palmira hasta la de Fray Bentos, el periódico trasiego de varios productos químicos, de alta toxicidad, todos insumos para la misma, y por vía de navegación en aguas del Río Uruguay, con los consabidos peligros ambientales que ello entraña”.
Es sabido que la mencionada planta fabril comenzó el año pasado su proceso de producción, con el consiguiente arribo de insumos por vía terrestre y fluvial, y el envío del producto final desde Fray Bentos hasta Nueva Palmira en barcazas especialmente construidas a tal fin. Sin embargo, lo que la ciudadanía entrerriana desconoce es el impacto ambiental, verificado o potencial, que tanto el mencionado transporte de sustancias tóxicas y/o peligrosas así como el vertido al río Uruguay de efluentes industriales puede o podrá causar al recurso hídrico compartido y a sus ecosistemas asociados.
Por lo tanto, creemos necesario que esta H. Cámara vuelva a requerir de los organismos mencionados su atención a efectos de que brinden la información solicitada.
Además, el Artículo 2º pretende responder a la preocupación ya mencionada acerca de la falta de información ambiental que vulnera derechos de la sociedad civil en esta cuestión, y que genera un clima de incertidumbre y zozobra en vastos sectores de nuestra comunidad. Esta incertidumbre se agiganta en la medida en que la Dirección Nacional de Medio Ambiente de la República Oriental del Uruguay da a conocer datos del monitoreo de la calidad ambiental en Fray Bentos y su entorno, pero limitados solamente a la calidad del aire, y sin auditorías de organismos técnicos de nuestro país que hagan que podamos tomarlos como válidos. En virtud de ello, requerimos que esta H. Cámara se dirija al Poder Ejecutivo Nacional para que instruya a la Delegación argentina en la Comisión Administradora del río Uruguay en el sentido de requerir con la mayor urgencia posible de la República Oriental del Uruguay la autorización para efectuar estudios e investigaciones de carácter científico en áreas de jurisdicción uruguaya tendientes a evaluar el impacto ambiental y la incidencia en la contaminación del medio acuático de la planta de producción de celulosa de la empresa Botnia.
La mencionada autorización permitiría complementar los estudios científicos similares con idéntico propósito que se deberían estar realizando en jurisdicción argentina, y sobre cuyos resultados esta H. Cámara ha solicitado informes que hasta ahora no tienen respuesta. Es menester destacar que el Artículo 44º del Estatuto del río Uruguay establece que: “Cada parte autorizará a la otra a efectuar estudios e investigaciones de carácter científico en su respectiva jurisdicción, siempre que le haya dado aviso previo a través de la Comisión con la adecuada antelación e indicando las características de los estudios e investigaciones a realizarse y las áreas y plazo en que se efectuarán”.

Es por ello que solicitamos el pronto y favorable tratamiento del presente proyecto.-
José Antonio Artusi

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La Juventud Radical, contra el Tren Bala y a favor de la Movilidad Previsional

Militantes de la Juventud Radical de Concepción del Uruguay, encabezados por su Presidente, Leandro Solís, repartieron folletos y juntaron firmas en la Peatonal en la tarde del Sábado.

Los jóvenes radicales convocaron a los transeúntes firmar la planilla de la iniciativa popular para impulsar un proyecto de Ley en el Congreso Nacional que garantice la movilidad previsional, en pos de jubilaciones dignas.

Además, numerosos vecinos firmaron un petitorio que expresa la oposición de la ciudadanía a la faraónica iniciativa del tren bala y propone en cambio la reactivación de un sistema ferroviario de cargas y pasajeros para todos los argentinos.

También el conflicto del gobierno con el sector agropecuario concitó la atención de la Juventud Radical, por lo que la mesa también recibió numerosas firmas en un petitorio reclamando la derogación de la Resolución 125 del Ministerio de Economía, que estableció las retenciones móviles, y abogando por la restitución al Congreso Nacional de la facultad constitucional de fijar los impuestos.

Los jóvenes militantes de la UCR estuvieron acompañados por el ex concejal Fabián Parlatto y por el Diputado Provincial José Antonio Artusi.

Acciones similares serán realizadas próximamente en diversos puntos de la ciudad.-

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Artusi: "La lucha por el federalismo fiscal es mucho más que un reclamo sectorial"

El Diputado Provincial José Antonio Artusi (UCR) expresó que "la protesta de los productores agropecuarios ha tenido la virtud de desnudar el perverso centralismo fiscal - y por ende político - que impera en nuestro país". Por ello, enfatizó que "la lucha por el federalismo económico es mucho más que un reclamo sectorial. A través de diversos mecanismos, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se apropia indebidamente de una enorme masa de recursos que les corresponden legítimamente a las provincias".
Artusi manifestó que "las retenciones son sólo uno de estos mecanismos; fueron justificables en medio de la crisis y nadie piensa hoy que deban desaparecer de un día para el otro, pero con alícuotas superiores al 35% son confiscatorias, han sido impuestas de manera inconstitucional por el Poder Ejecutivo Nacional avasallando el Congreso; y al disminuir la renta de los productores hacen bajar la recaudación del impuesto a las ganancias, que - a diferencia de las retenciones - sí se coparticipa a las provincias".
"Además", agregó el legislador radical "existen otras maneras a través de las cuales el gobierno central se queda ilegalmente con recursos de las provincias". Entre éstas, mencionó a "la grosera violación de la ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos, que en su Artículo 7 establece claramente que "el monto a distribuir a las provincias no podrá ser inferior al 34% de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central, tengan o no el carácter de distribuibles por esta Ley". Sin embargo, según informó el Diputado Artusi, "en los últimos años los recursos transferidos a las provincias nunca han alcanzado ese piso mínimo. Se estima que en el 2008 el porcentaje que se transferirá automáticamente a las provincias será de sólo el 25%; de esta manera la provincia de Entre Ríos resignaría este año más de 1.100 millones de pesos, lo que debe sumarse a los montos de años anteriores".
El legislador uruguayense opinó que "si a esto le sumamos lo que la provincia deja de percibir como consecuencia de la aplicación de las retenciones desde el año 2002, nos encontraríamos ante una suma astronómica, que hace empalidecer los 1.600 millones de pesos que se pretenden hacer pasar como una supuesta e inexistente "reparación histórica". La verdadera "reparación histórica" consistirá en que los entrerrianos recuperemos los recursos que legítimamente nos pertenecen, para poder decidir entre todos las obras de infraestructura que demande un verdadero plan estratégico de desarrollo sostenible que hoy no vemos; y nunca en concesiones graciosas de la Presidencia de la Nación a cambio de la sumisión política de nuestros gobernantes".-
Finalmente, José Antonio Artusi manifestó que "además, no habrá posibilidades de dar respuesta cabal a los reclamos salariales de los trabajadores de la educación, del Estado y de los municipios, si la provincia no recupera los recursos que hoy van a parar indebidamente a las arcas del gobierno nacional".-

DIPUTADO PROVINCIAL JOSÉ ANTONIO ARTUSI
Bloque de la Unión Cívica Radical - Entre Ríos
www.joseantonioartusi.radicales.org.ar

"En el año del 25º aniversario de la Recuperación de la Democracia" Leer más...

Interés general y reclamo sectorial

Por Ramiro Pereira

La presidente de la Nación en su discurso del 25 de mayo expresó que antes del interés de un sector se encuentra el del conjunto social. Y en efecto, el fundamento racional del poder político se haya en la soberanía popular, la cual coincide -o debe coincidir- con el interés general.

Es sin duda cierto que el interés general está por sobre los reclamos de las “fuerzas vivas” de una sociedad, expresada en las diversas corporaciones, aunque no es menos cierto que la armonía social y el desarrollo de un país debe encontrarse en la compatibilización de las diversas aspiraciones sectoriales, subordinadas siempre al bienestar general, generalidad que nunca puede hacerse a costa de los derechos civiles, políticos y sociales del individuo, cuya eminente dignidad es el eje central de la democracia republicana.

Debe decirse sin embargo, que este oficialismo no tiene autoridad alguna para reclamar que en la Argentina no opere la lógica corporativa, la cual se ha fomentado, excluyendo como interlocutores válidos a las organizaciones partidarias, y sobre todo, inhibiendo la labor institucional del Poder Legislativo.
Esta desmesurada atribución de facultades al Ejecutivo Nacional va mucho más allá de las dos razones que podrían justificarlo parcialmente, cuales son la emergencia -contemplada en las modificaciones introducidas por la reforma constitucional de 1994- y la complejidad técnica de cuestiones que son más propias del poder administrador, para lo que existe la reglamentación de las leyes. Por otra parte, el amplio predominio de las fuerzas oficialistas en el reparto del poder institucional hace aún más visible la desaprensión hacia las formalidades republicanas, mentalidad que define tanto a las derechas autoritarias como a quienes durante las décadas del ’60 y ’70 veían en la democracia una tortuga lenta que obstaculizaba la revolución social.

El oficialismo gobierna al margen de la legalidad, por resolución del Ejecutivo y con una reglamentación de los Decretos de Necesidad y Urgencia sancionado por el parlamento que tergiversa el concepto mismo de ley del Congreso.
¿Qué autoridad tiene un gobierno eminentemente patrimonialista, que confunde lo que es público y lo que es privado de manera escandalosa, para reclamar a un sector que ceda en sus intereses... sectoriales?

No se trata pues de la formulación de tecnicismos legales que no se compadecen con la complejidad de los procesos históricos. Vemos con preocupación que el desprecio a la ley es, en realidad, el desprecio a la palabra y a la posibilidad de elegir la racionalidad política como camino para la discusión sobre la cosa pública.

Hemos escuchado además a hombres del oficialismo expresar, con ligereza y soberbia, cosas que si bien ya no nos asombran, son igualmente preocupantes, básicamente centradas en que las decisiones del gobierno son las que interpretan el interés general, y que cuestionar las medidas de gobierno es no respetar el resultado electoral de octubre pasado.
El interés general es un concepto político, y va más allá de la legitimad para ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo. Cuestionar medidas gubernamentales es inherente al ejercicio de los derechos civiles y políticos.

La soberbia de la actual versión del justicialismo en el gobierno pretende estar haciendo epopeya en clave de izquierda. Pura estética. Una política que tienda a la igualdad social entrañaría, a los efectos de la distribución del ingreso que se declama, reformas en el sistema tributario orientadas a limitar la repercusión impositiva en los bienes y servicios básicos y la aplicación de criterios en el gasto público que hagan posible que los ciudadanos con ingresos fijos o sin ingresos salariales tengan efectivo acceso a servicios esenciales cuya prestación está a cargo de las instituciones estatales, lo que a su vez implica mejorar capacidades de gestión.

Aunque parezca una perogrullada, la democracia argentina que el 30 de octubre próximo cumple 25 años demanda a sus gobernantes que sean mas... democráticos.

Ramiro Pereira

Vicepresidente 2º del Comité Nacional de la Juventud Radical Leer más...