El diputado Artusi señaló que "hay una permanente contradicción entre el discurso y las acciones del gobierno"

El diputado provincial José Antonio Artusi, Presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, manifestó que el discurso del gobernador Urribarri en la Asamblea Legislativa dejó "muy poco" y lo calificó como "una enumeración un tanto desordenada de logros o de supuestos logros y algunos anuncios, pero en líneas generales yo diría que el Gobernador brindó un mensaje que pareciera corresponder a otra provincia, no la que viven y sienten a diario la enorme mayoría de los entrerrianos".

El legislador uruguayense formuló estas declaraciones entrevistado por Antonio Tardelli, en el programa "En el 2000 también", que se emite por FM De la Plaza de Paraná.
Artusi señaló que "nosotros no creemos que se esté reclamando a la Nación por los fondos que nos corresponden, no vemos tampoco un gobierno dialoguista" y opinó que "Entre Ríos tiene desafíos estructurales que requieren políticas de Estado con cierta continuidad en el tiempo. Y nos parece que - más allá de las lógicas diferencias, que las tenemos - en algunas cuestiones hay que ponerse mínimamente de acuerdo en grandes temas para tener poder político y respaldo suficiente para encarar negociaciones que son mucho más complicadas". En este sentido, el legislador radical mencionó la relación fiscal o económica con la Nación y afirmó que "podría dar también el ejemplo del relacionamiento de la Provincia con las grandes empresas petroleras, porque obviamente a la hora de sentarse a negociar con esos grandes pulpos hay que tener el mayor poder político posible porque son empresas muy poderosas; el gobierno prefiere "cortarse solo", como se dice vulgarmente, y lo hace en una situación de debilidad".
Consultado por el tema de la jubilación de amas de casa, el diputado Artusi coincidió con el periodista en que la convocatoria del Gobernador puede leerse en clave de interna del oficialismo y lamentó que "las jubiladas amas de casa sean una especia de rehenes de esta disputa política al interior del peronismo".
Finalmente, el presidente del bloque de la UCR expresó que "hay una contradicción entre el discurso y las acciones del gobierno, se plantea una supuesta convocatoria al diálogo y a debatir grandes temas, pero en realidad no existen los escenarios ni las oportunidades para hacerlo".
Leer más...

Los diputados radicales critican la falta de un proyecto estratégico de desarrollo en Entre Ríos

La bancada de diputados provinciales de la Unión Cívica Radical, desde “un genuino rol opositor aunque en notoria inferioridad numérica” en la Cámara, se manifestó en condiciones de mostrar una alternativa superadora en cada asunto de interés para los entrerrianos. Acerca de la gestión de Sergio Urribarri, los legisladores ratificaron que “una de las constantes ha sido la sumisión incondicional a los dictados de la Casa Rosada”.

La actividad legislativa para este año, la relación con el oficialismo en la Cámara de Diputados y con el Poder Ejecutivo fueron algunos de los asuntos abordados por legisladores del bloque radical, durante una visita a EL DIARIO, donde fueron recibidos por el Director, Dr. Arturo R. Etchevehere.
El diputado José Antonio Artusi, recientemente elegido por sus pares presidente del bloque, acompañado por José Miser, Jaime Benedetti y Mirta Alderete, adelantó que desde su nuevo rol tratará de profundizar las líneas de acción que desarrollaron sus antecesores en el cargo, Benedetti y Marcelo López. “Desde un genuino rol opositor, en notoria inferioridad numérica (en la Cámara), tratamos de mostrar a la sociedad entrerriana no solo cuáles son los déficit, las falencias y problemas que tiene este gobierno sino además, de mostrar una alternativa superadora en cada tema”, expresó.
Como “nula” definieron la relación que el bloque mantiene con el Poder Ejecutivo. Recordaron que el Gobernador los recibió en una sola oportunidad, en Villaguay, el 2 de enero de 2008. “Parecía inaugurarse allí una gestión de puertas abiertas, de disposición al diálogo” pero tal como señalaron, a pesar de haberlo solicitado reiteradamente, nunca más fueron recibidos. “Creo que es una administración que ha gobernado muy aislada, muy lejos no sólo del diálogo con representaciones políticas parlamentarias como la nuestra, sino alejada de la sociedad civil, más allá de cierto discurso”, juzgó Artusi. En el análisis del legislador, se trata de “una administración que gobierna muy sola y esto la lleva a equivocarse profundamente en algunas cuestiones y la lleva a perder capital político, lo que le permitiría sentarse con un cierto margen de autonomía frente al poder central”. A partir de esa descripción, puntualizó que “una de las constantes ha sido la sumisión incondicional a los dictados de la Casa Rosada, y configura este cuadro de crisis de centralismo fiscal que nosotros hemos denunciado reiteradamente y que si no se revierte hace vislumbrar una provincia inviable, que no tiene recursos, que no genera recursos suficientes para atender las demandas más básicas de la población -los servicios- y una estructura de recursos humanos cada vez peor remunerada. Estas son las consecuencias de este modo de gobernar”, afirmó.
Bajo la mirada de los diputados radicales, “no hay un verdadero proyecto estratégico de desarrollo que invite a soñar en una provincia mejor, que invite a los empresarios a invertir, a los comerciantes y a los productores agropecuarios a seguir trabajando, a la ciudadanía a afrontar algún sacrificio, si fuera necesario, en pos de una perspectiva cierta de desarrollo”. En cambio, plantearon “lo único que se ve, son anuncios que rara vez se cumplen” y eso lo advierte la ciudadanía ya que “en las recorridas se percibe la disconformidad con lo que es salud, educación, seguridad”.
Artusi advirtió sobre la “peligrosidad de esta opción y el camino sin rumbo, sin retorno al que lleva este estilo de gobierno” que significa “postergar la posibilidad de crecimiento y desarrollo de los entrerrianos”.
La diputada Alderete luego de señalar que “la provincia no debería estar pobre como está mientras que la Nación se enriquece”, dio el ejemplo de la política habitacional. Recordó que cuando Provincia y Nación firmaron un acta de reparación histórica, “para la provincia venían 10.000 viviendas. Nos dieron 4950 y ahora resulta que tuvieron que apoyar un fideicomiso (el oficialismo en la Legislatura) para que otorguen las otras 5.000, con el consiguiente endeudamiento”.
En otro orden, criticaron al Ejecutivo al referirse a la política de hidrocarburos. “El Ejecutivo se adelanta a sus propios tiempos porque el año pasado envió un proyecto de ley –cuestionado por el radicalismo–, que en los fundamentos argumenta la necesidad de una legislación provincial para ofrecer mayor seguridad jurídica. Pero ni siquiera esperaron que el Senado la sancione para avanzar en compromisos con una empresa como Repsol YPF que obviamente defiende sus propios intereses -maximizar las ganancias- y no los intereses de los entrerrianos”.
Benedetti marcó que hay “improvisación” en el gobierno, pero además, “una necesidad de mostrar gestión de gobierno que no es tal, anuncios que no se cumplen. Es la famosa anunciocracia”, dijo aunque expresó el deseo que “la explotación hidrocarburífera sea como la plantean y que no se comprometa el patrimonio de los entrerrianos”.
EN LA CAMARA. Teniendo en cuenta que la actividad legislativa va a estar marcada por la necesidad de seguir regulando algunos nuevos derechos e institutos incorporados a la Constitución provincial, hicieron pública la preocupación que existe debido a “cierta tendencia del justicialismo a menoscabar algunas conquistas o avances del texto constitucional”. En ese sentido, aludieron “al régimen de comunas sobre el cual en el texto constitucional hay un avance dirigido a tener mejor calidad institucional y la ley que aprobó Diputados, sobre la base de un proyecto del bloque justicialista, hasta vulnera algunos de esos avances”.
Adelantaron la intención de dar nuevamente impulso a iniciativas que presentaron el año pasado “por lo menos para que formen parte de la agenda de discusión pública y que la sociedad los vaya tomando como propios”.
Anticipándose a lo que pueden ser los resultados dado la inferioridad numérica del bloque, Artusi señaló que “en política lo testimonial también resulta importante porque se trata de mostrar que hay un radicalismo movilizado, unido, vigoroso, que no solo ejerce una oposición responsable y firme, sino que también se prepara para gobernar en 2011 y que lo hace estudiando los problemas de la gente y las soluciones que pueden marcarle un futuro de desarrollo a los entrerrianos”.
Divorcio por conveniencia
LOS LEGISLADORES RADICALES reconocieron que en algunos temas, esa bancada tuvo oportunidad de unificar iniciativas con el oficialismo dando lugar a textos “más o menos consensuados”. No obstante, en las cuestiones más políticas, comentaron que se dan dos circunstancias: por un lado, el bloque oficialista cajonea los proyectos y por otro, hay una cohesión del justicialismo a la hora de votar los proyectos del Ejecutivo mas allá de la pirotecnia verbal que pretende diferenciar bustismo y urribarrismo”.
Relataron que “el bloque justicialista a la hora de levantar la mano para aprobar las cuestiones que para el Ejecutivo han sido trascendentes –presupuesto, hidrocarburos, comunas, fideicomiso de viviendas- cierran el debate y respaldan los proyectos. A la hora de resolver cuestiones que el Ejecutivo considera centrales, las imponen de manera monolítica. Ahí las diferencias no se notan”, afirmaron.
La expresión utilizada por Jaime Benedetti fue “divorcio por conveniencia” para definir “la pirotecnia” que suele dispararse entre el Ejecutivo y el oficialismo en la Cámara de Diputados ante ciertos temas que se presentan conflictivos. “Se muestran separados, pero a la hora de votar las leyes que el Ejecutivo manda, están juntos”.

Fuente: El Diario, Paraná http://www.eldiariodeparana.com.ar/textocomp.asp?id=187486
Leer más...

“Entregar el petróleo es como entregar nuestra bandera”

El bloque de diputados provinciales de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos repudia el absurdo intento del Poder Ejecutivo de pretender avanzar en compromisos con la empresa Repsol YPF vinculados a la exploración y eventual explotación de hidrocarburos en nuestra provincia.

“Entregar el petróleo es como entregar nuestra bandera”
Gral. Ing. Enrique Mosconi
En primer lugar, resulta altamente llamativo que, habiendo el Poder Ejecutivo remitido el año pasado un proyecto de ley a la Legislatura, que tuvo aprobación en la Cámara de Diputados y está en tratamiento en el Senado, se apresure a firmar un convenio con la empresa Repsol YPF sin tener antes un marco normativo adecuado, que defienda los intereses de los entrerrianos y fije las bases de una política de Estado, con continuidad en el tiempo, más allá de las circunstanciales administraciones. Esa política requiere diálogo y acuerdos mínimos en torno a grandes ejes, del que participen no sólo las fuerzas políticas sino también las organizaciones sociales. Lamentablemente, el diálogo ha brillado por su ausencia, en este como en otros grandes temas, y el proyecto del Ejecutivo, elaborado por una consultora privada, no es más que una mala copia de leyes de hidrocarburos de otras provincias argentinas, funcionales al esquema de entrega y extranjerización de nuestros recursos hidrocarburíferos que inició Menem y continuaron y profundizaron los Kirchner.
En los considerandos del “Acuerdo de trabajo para el desarrollo de proyectos exploratorios de hidrocarburos” firmado el 9 de Febrero se expresa “que con el dictado de la Ley 26.197 (la “Ley corta”) las Provincias asumieron en forma plena el ejercicio del dominio originario y la administración de los yacimientos de hidrocarburos que se encontraren en sus respectivos territorios”. Se omite sin embargo – detrás de un discurso falaz que invoca el federalismo por parte de quienes lo ignoran sistemáticamente – que dicha ley ha sido llamada con mayor propiedad “ley de emiratos”, por permitir, en la práctica, la más ignominiosa entrega del patrimonio hidrocarburífero perteneciente a todos los argentinos, a las multinacionales petroleras.
El bloque de la Unión Cívica Radical presentó un proyecto de ley alternativo, dirigido a la defensa de los intereses de la Provincia, en armonía con los de la Nación. Lamentablemente no fuimos escuchados, y la Cámara de Diputados aprobó con reformas menores un texto que atentará, de ser ley y de encontrarse hidrocarburos en nuestro territorio, contra las posibilidades de utilizar la renta de su explotación al servicio de la promoción del desarrollo sustentable y la mejora de la calidad de vida de nuestro pueblo.
Exhortamos al Poder Ejecutivo a revisar con humildad y autocrítica su accionar en esta materia antes de que sea demasiado tarde, al Senado a tratar y modificar de manera amplia y profunda el proyecto de ley, y al conjunto de los entrerrianos a unirnos en pos de acciones que redunden en una política seria y a largo plazo, que defienda nuestros recursos naturales, garantice la protección del ambiente, y procure la soberanía energética al servicio de los intereses de los entrerrianos.-

Paraná, 15 de Febrero de 2010

José Antonio Artusi, Mirta Alderete, Oscar Cardoso, José María Miser, Marcelo López, Jaime Benedetti

Bloque de Diputados Provinciales de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos
Leer más...

ESPERANZA DE AUTOCRÍTICA

Por César Emilio Wehbe
PRESIDENTE DEL MAY NACIONAL
Muchos radicales preocupados nos preguntamos hoy hasta dónde llegará la audacia de nuestros eternos operadores políticos, empeñados una vez más en actuar absorbiendo el destino de todos nosotros. Nos alarman las diligencias silenciosas, pero no invisibles, encaradas por un conjunto de dirigentes autoasumidos portavoces y gestores oficiosos del radicalismo, con muchos de aquellos hijos pródigos con pretensiones, cuyo eventual regreso no estamos en condición ni disposición de solventar moralmente, porque hacerlo conllevaría aceptación de la transgresión y ultraje a la conducta.

Nos preocupa también esa forma de degradar la política mudando a la trastienda el escenario del debate partidario, donde unos pocos “iniciados” acuerdan criterios y estrategias que luego se nos imponen con el recurso del hecho consumado, cuidándose de blanquear sus negociaciones y compromisos en los plenarios de la Convención Nacional, generalmente proclives a convalidarlos.
Con esta manera de operar, quizá acatando la cínica sentencia de que el fin justifica los medios, se actúa como si anteriores experimentos, oscilantes en el borde de lo radicalmente admisible, como el Pacto de Olivos y la Alianza, no nos hubieran dejado enseñanza alguna ni mensaje aprovechable. El MAY objetó entonces la razonabilidad de esas iniciativas, aunque supo aceptarlas, pese a sus muchas dudas, porque era una estrategia válidamente trazada por quienes tenían legitimidad para hacerlo. Por cierto, terminamos pagando solidariamente todos los costos, desde el de una reelección que no debió ser facilitada hasta el de los cacerolazos originados en el barrio norte, que culminaron con una tragedia inesperada cuyo fantasma nos perseguirá por mucho tiempo. Lo paradójico de esto último es que muchos de aquellos que desencadenaron la irresponsable protesta, que terminó yéndoseles de las manos, eran sin dudas quienes más habían aplaudido la llegada del Mesías Cavallo al gobierno de la Alianza.
En el radicalismo impera hoy, evidenciando poco pudor y escaso disimulo, una absolución de hecho para con aquellos que lo abandonaron, después de haberse servido ávidamente de él, para ensayar su propia y personal aventura política, que les permitiría saciar sus apetitos electorales, satisfaciendo también su ego en escenarios y exhibiciones mediáticas hasta la saturación. Como no somos ingenuos, sabemos que la soberbia contumaz de cierto sector dominante fue generando el clima que proveyó de excusas suficientes a los fugitivos para blanquear su deslealtad, victimizándose descaradamente. Sin embargo, hoy, ahora, ya, unos y otros, los que crearon las condiciones para la fuga y quienes aprovecharon las condiciones creadas, pretenden sintetizar el destino radical, buscando conciliar lo inconciliable y aferrándose a exóticas candidaturas. Actúan obviando todo tipo de reparos éticos, que para ellos son realmente una especie de lastre, de beatería, un obstáculo para su incurable pragmatismo. Como no somos ingenuos, sabemos también, igual que todos, que estamos a punto de recaer en la barrabasada de alinear nuestra estructura partidaria nacional a favor, no ya de un candidato ajeno al radicalismo, como en la última elección presidencial sino, y esto es lo peor, detrás de alguien que nos traicionó desde adentro y ayer, prácticamente.
Y como no somos ingenuos, sabemos que esta grosera maniobra, nada inocente, sabrá ser presentada como una noble gesta recuperadora del radicalismo, aunque en realidad sólo desnuda la desesperación electoralista de dirigentes incómodos en el llano, siempre añorantes del poder al que alguna vez, con armas ennoblecidas por la buena conducta, la transparencia en el mensaje y el prestigio personal de nuestros candidatos, supimos llegar sin hipotecar conducta ni resignar principios.
Queremos advertir que no estamos dispuestos a tolerar esta absolución en pequeñas dosis que se nos pretende imponer distraídamente como una fatalidad a la que hay que someterse. Así como el perdón no requiere condiciones para ser otorgado, la absolución exige arrepentimiento y reclama penitencia. Hasta ahora, no hemos escuchado pésame alguno ni tampoco presenciado un solo acto de contrición. En cambio, sí hemos sido testigos de la maniobra de copamiento de la Mesa Directiva del Comité Nacional por parte del vicepresidente de la Nación y de su desesperada autopostulación como “el” candidato a la primera magistratura, guardándose muy bien de decir en nombre de quiénes lo hace, pero especulando con la segura confusión del tradicional votante radical. Semejante desfachatez nos obliga a advertir a los que lleguen a ser confundidos, que a la UCR puede hacerle falta muchas cosas, menos un candidato a presidente flojo de lealtades y bendecido por la Sociedad Rural.
La militancia radical responsable nunca ha sido fácil, ni llevadera ni muchas veces amena. Nos impone custodiar una historia, preservar la identidad partidaria, actualizar nuestras propuestas, atender la realidad inmediata y participar de la actividad política concreta.
Pero tiene exigencias de obligado cumplimiento, sobre todo en lo referido a la calidad del valor conducta, a la transparencia de la vida personal, al respeto y consideración del otro, a la tolerancia en el disenso y la disciplina que evita el caos, todo esto en un marco de confiabilidad, de juego limpio, de honrada competencia.
No se puede ser decente a medias, ni servir bajo dos banderas. Tampoco puede la traición convertirse en simple travesura que se castiga con un tirón de orejas, ni la necesidad debe ser justificación para la impostura ideológica. Porque si esto se tolera sin sanción, cabe preguntarse cuál es el valor del mérito, cómo se reconoce la virtud de la lealtad y dónde ha quedado tirado el respeto personal hacia el ciudadano radical, afiliado o no, y a la ciudadanía en general.
La ansiedad electoralista de nuestros operadores ha creado un sonoro eufemismo para presentar, como algo más o menos digerible, sus coqueteos con los que nos abandonaron sin decir ni adiós: “panradicalismo”. Así llaman a esta maniobra, verdadero salvoconducto hacia la impunidad, que ni siquiera contempla, al menos para guardar las formas, algún tipo de “probation de entrecasa” que emprolije la ficción del reencuentro radical.
Con este clima de falsedades debemos convivir aquellos que tenemos el grave defecto de ser consecuentes con nuestras convicciones, los que no sabemos ser más que radicales, los que no buscamos candidaturas fuera del partido, los que advertimos que los principios no son una abstracción sino un compromiso ético no negociable, los que denunciamos el artero chantaje de la visión apocalíptica como recurso tramposo para embarcar al radicalismo en cualquier despropósito electoral de incierto resultado. No es fácil esta convivencia, lo sabemos por experiencia. No es fácil, pero podría serlo, en la propia medida en que el respeto entre nosotros evite que por alquimias electorales teñidas de oportunismo y ansiedades personales, se pretenda imponer al conjunto la obligación de comulgar con ruedas de molino, como gustaba ejemplificar don Crisólogo Larralde.
La ciudadanía democrática de nuestro país necesita recibir de parte de la Unión Cívica Radical, perentoriamente, todas las aclaraciones necesarias en el sentido de que su individualidad no volverá a encontrarse comprometida en acuerdo, alianza o pacto alguno que repugne a su historia, ni tampoco consentirá verse intoxicada por la compañía de los desertores. El abordaje de estos temas no puede dilatarse más, la ambigüedad confunde, es mala mensajera. El radicalismo debe presentarse como el actor más creíble, mas serio y fuerte en medio de esta sociedad llena de decepciones y desengaños. Saber jerarquizarse y jerarquizar la vida cívica. Y afrontar cualquier elección, imponiendo respeto y respetando al elector. No intentar su recuperación electoral mediante un golpe de efecto (pacto de Olivos), ni buscar un atajo milagroso (Alianza) o una pirueta sorprendente (Lavagna). Estos recursos pueden ser útiles para los eventuales aventureros de la política, pero no formaron ni formarán parte nunca de la cultura radical.
Si quiere hacer honor a su historia, que no es sólo la de sus gobiernos, el radicalismo no debe seguir rehuyendo culposamente la autocrítica. Debe admitir sus contradicciones de conducta, sus humanas debilidades y la erosión que ha sufrido su buen nombre, muchas veces injustamente y otras no tanto.
Y podría empezar por disculparse hasta con el más humilde y desconocido de los correligionarios por mantener trato con los traidores devenidos personajes y con desertores transformados en mendicantes hijos pródigos. Sepa la actual conducción partidaria, sepan los jefes parlamentarios y la dirigencia en general actuar rápidamente, antes de que el descrédito se torne ilevantable. Que la especulación electoral no nos condicione ni inspire nuestras decisiones. Tratar con el traidor huele a traición y a debilidad moral, aunque otorgue alguna eventual ventaja que, por importante que parezca, siempre será vergonzante.
En cambio, si se tiene el coraje de actuar como se debe, tal vez comencemos entre todos a recorrer el camino que nos lleve al reencuentro de los radicales con lo radical, para mejor servir a la Patria, que de eso se trata y no de otra cosa, cuando se entrega la vida a la pasión política.
Autocrítica y disculpas: un costo que vale la pena pagar en beneficio de todos.
Leer más...

Ricardo Alfonsín en Maciá

El diputado nacional Ricardo Alfonsín en Maciá, Entre Ríos, el 21 de Diciembre de 2009.

Leer más...

Ricardo Alfonsín es el político con mejor imagen del país

ENCUESTA FEDERAL DE “CALL BUSINESS”:
Lo sigue Cobos. Cristina, peor que Néstor. Para la mayoría, la situación económica es “mala”, pero el principal problema es la inseguridad
Una encuesta realizada por la consultora Call Business realizada durante la última semana de noviembre revela que el 64% de los entrevistados cree que la situación económica del país es mala, un 32% que es regular y un 4% es buena.

SITUACIÓN ECONÓMICA:
Consultados acerca de la percepción de la situación económica actual del país respecto a la existente el año pasado, un 60% dijo que es peor, un 28% que es igual, un 9% que mejor y el restante 3% no contestó o dijo no saber.
En cuanto a la percepción acerca de la situación económica del país para el próximo año, un 36% dijo que será peor, un 22% mejor, el 21% igual y el restante 21 % no contestó o dijo no saber.
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN:
Consultados por la evaluación de la gestión del actual Gobierno Nacional, el 52% dijo que es mala, el 41% regular y el 6% buena.
PRINCIPALES PROBLEMAS:
Al ser consultados sobre el principal problema del país hoy, el 29% dijo que es la inseguridad. Porcentaje similar se llevaron los gobernantes, la situación económica y la educación: 12%. La pobreza, por su parte, tuvo el 11% de las respuesta, mientras que la falta de trabajo el 10%, la falta de credibilidad en los políticos el 4%, la corrupción el 3%, la inflación el 1%, la intolerancia el 1%, la salud el 1%, el sistema energético el 1% y otros temas el 3%.
IMAGEN DE LOS POLÍTICOS:
En cuanto a la percepción de imagen de dirigentes políticos, el que mayor porcentaje obtuvo en la categoría “Muy Buena” es Julio Cobos, con un 10%, en categoría “Buena”Ricardo Alfonsín con 36,05%, en categoría “Regular” Daniel Scioli con 35,79% y en categoría “Mala”, Néstor Kirchner con 67,37%.
La suma de las categorías positivas (Muy buena y buena) arroja los siguientes resultados en materia de imagen positiva:
Ricardo Alfonsín: 45,26%
Julio Cobos: 42,63%
Carlos Reutemann: 27,11%
Francisco De Narváez: 26,32%
Daniel Scioli: 25,26%
Pino Solanas: 24,74%
Mauricio Macri: 24,47%
Elisa Carrió: 21,58%
Néstor Kirchner: 17,37%
Felipe Solá: 15,53%
Cristina Kirchner: 15%
Eduardo Duhalde: 11,58%
Mario Das Neves: 10,79%
Leer más...

Artusi: “Entre Ríos es la única provincia de la Región Centro que no reclama ante la Nación por los recursos que le pertenecen"

El diputado provincial José Antonio Artusi (UCR) manifestó que "lamentablemente, vemos cómo Entre Ríos es la única provincia de la Región Centro que no reclama como corresponde ante la Nación por los recursos que legítimamente le pertenecen".

El legislador radical indicó que "tanto la provincia de Córdoba como la de Sante Fe han recurrido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en demanda de fondos de los que la administración central se apodera de manera abusiva"; y recordó que tal camino fue propuesto por el bloque radical el año pasado, a través de un proyecto de ley de su autoría, que - de aprobarse - instruiría "al Poder Ejecutivo Provincial a promover y tramitar una demanda de la Provincia en contra del Estado Nacional, cuyo objeto será que se condene a la Nación abonar a la Provincia las sumas que correspondan por concepto de coparticipación tributaria federal, que resulten suficientes para compensar las pérdidas sufridas por la Provincia por el ejercicio inconstitucional, arbitrario y abusivo que llevó a cabo la Nación de sus facultades en materia fiscal".
Artusi expresó que "es penoso observar cómo Entre Ríos - cuna del federalismo argentino - tolera como si nada pasara este perverso cuadro de centralismo, que ahoga no sólo las finanzas provinciales, sino también la autonomía y el margen de maniobra de gobernadores e intendentes", y señaló que "esta crisis del federalismo fiscal se trasunta claramente en el presupuesto provincial".
El diputado Artusi consideró que la ejecución presupuestaria y el proyecto de presupuesto para el año que viene "muestran con nitidez una provincia que depende cada vez más del gobierno nacional, aumenta peligrosamente su déficit y su endeudamiento, pero a la vez deteriora el salario de sus trabajadores públicos, y carece de mecanismos para definir con racionalidad las inversiones en obras públicas, que además se subejecutan sistemáticamente".-
Leer más...

Entregar el petróleo es como entregar nuestra bandera

Por José Antonio Artusi
Textual: Fundamentos del proyecto de ley de hidrocarburos presentado el 19 de Marzo de 2009 por el bloque de diputados provinciales de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos, de autoría del diputado José Antonio Artusi.

Honorable Cámara:

“Entregar el petróleo es como entregar nuestra bandera”
Gral. Ing. Enrique Mosconi

En la sesión del 19 de Noviembre de 2008 ingresó a esta Cámara un proyecto de Ley de Hidrocarburos con el correspondiente Mensaje, remitido por el Poder Ejecutivo Provincial. El presente proyecto de ley pretende constituir una alternativa superadora de aquel, por considerarlo inadecuado y contrario a los intereses de la Provincia y de la Nación de la que formamos parte indisoluble, como se intentará demostrar en estos fundamentos.
No podemos dejar de señalar que hubiéramos preferido transitar un proceso de elaboración de esta iniciativa mucho más participativo y menos apresurado, pero es precisamente la injustificada celeridad que parece advertirse en algunos funcionarios y legisladores oficialistas lo que nos mueve a plantear nuestra disidencia con el proyecto del Ejecutivo y una propuesta alternativa que entendemos es claramente más compatible con la defensa de los intereses de los entrerrianos, en armonía con los de la Nación.
Se sostiene en el Mensaje del Poder Ejecutivo que “ la Constitución Nacional de 1994, en su artículo 124º estableció, tras un arduo debate de los constituyentes, que los recursos del subsuelo son dominio de los Estados provinciales donde se encuentran. Esta determinación significó un giro copernicano en la gestión de recursos naturales. En materia hidrocarburífera, ya en 1989 los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional Nº 1055, 1212 y 1589, ratificados posteriormente por la Ley nacional Nº 24.145, establecieron la desregulación del sector, modificando sustancialmente la operatividad de la Ley nacional Nº 17.319, que rige la actividad desde 1967. Hasta entonces, el Estado nacional, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado -YPF SE- era el responsable de la exploración, explotación y comercialización de los hidrocarburos en el país. La concentración decisoria en manos de la estatal, se mantuvo hasta 1990, cuando mediante el Decreto PEN Nº 2778 la Sociedad Estatal es transformada en Sociedad Anónima en los términos de la Ley N º 19.550 y se procede a iniciar la desintegración vertical de la empresa estatal.” Es altamente llamativo que se omita en el mensaje del Ejecutivo toda consideración valorativa sobre el proceso de entrega y saqueo de nuestros recursos hidrocarburíferos, iniciado precisamente en 1989, durante la presidencia de Carlos Menem, al amparo de las normas mencionadas. Es por ello que se hace necesario dejar en claro que “el programa de privatización y aniquilación del Estado como gestor, contralor y planificador del sector comienza en 1989 con las leyes nacionales 23.696 (de Reforma del Estado), 23.697 (de Emergencia Económica) y una serie de decretos. Prosigue con la conversión de YPF en Sociedad Anónima y la fijación de un cronograma de privatizaciones para el sector, para ceñirse en 1992 con las leyes 24.076 (Privatización de Gas del Estado) y 24.145 (Privatización de YPF SA y Federalización de los yacimientos de hidrocarburos). No obstante haber privatizado las dos empresas clave del sector, el programa petrolero neoliberal hubiera quedado inconcluso sin la inserción del artículo 124 en la reforma de la Constitución Nacional de 1994, que sustenta el aspecto “federal” del dominio jurídico de los hidrocarburos”. (1)
Continúa el mensaje del Ejecutivo aseverando que “la sanción de la Ley nacional Nº 24.145 se ratifica el proceso de desregulación y se establece la “provincialización” de los hidrocarburos. Esas normas permitieron a terceros privados acceder a áreas de exploración y a su explotación, mientras que la titularidad del recurso pasó a los Estados provinciales”. Se consigna más adelante que “la reciente sanción de la Ley nacional Nº 26.197, denominada “ley corta”, ratifica el traspaso pleno de los recursos y los contratos vigentes a las Provincias, estableciendo plazo para la elaboración de una nueva norma federal que garantice el desarrollo sectorial.” El juicio de los investigadores que hemos citado, Federico Bernal, Ricardo De Dicco, y J. F. Freda, con respecto a la “provincialización” de los recursos hidrocarburíferos, es terminante: “la provincialización no sólo es y ha sido la instancia más próxima a la privatización del subsuelo, sino que significa una privatización encubierta. Esta aseveración resulta irrefutable a la luz de dos hechos: 1) cada vez que pasó por la Casa Rosada un gobierno democrático y popular, las oligarquías provinciales (incluida la porteña) alzaban el sofisma de la federalización para debilitar la acción unificadora y estatizadora del gobierno; 2) la transferencia de la renta hidrocarburífera del Estado al sector privado en los años 90 primero pasó por la provincialización de los activos de YPF... La provincialización en Argentina marcha irresponsablemente a contramano de la tendencia mundial orientada hacia la fusión y centralización de las compañías petroleras y energéticas (estatales y privadas) , la aglutinación de naciones en bloque culturales, político-económicos y hasta militares, movilizadas fundamentalmente por factores geopolíticos energéticos… La provincialización logró además remover al país de la mesa de negociaciones, colocando en su lugar a provincias que nada pueden hacer ante la opulencia de ingresos y ganancias de las compañías. No sólo eso, sino que , comparativamente con la Nación (y las operadoras), sus magros productos brutos geográficos, su escasa población y posibilidades físicas de crecimiento y desarrollo económico autolimitan sus argumentos a la hora de solicitar mejores condiciones o mayores porcentajes de la renta…” (2)
La opinión del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO) sobre la “provincialización” y la denominada “ley corta”, a la que tilda de “ley de emiratos” no es menos contundente: “Se ha consumado, en la práctica, la más ignominiosa entrega del patrimonio hidrocarburífero perteneciente a todos los argentinos, a las multinacionales petroleras . El Gobierno Nacional y sus socios han incumplido con el mandato constitucional vigente, resignando la soberanía energética y renunciando a la herramienta fundamental en cuanto hace a la captura de rentas y al consiguiente poder necesario para lograr proveer a la defensa nacional y promover el bienestar de su pueblo... Ese falaz concepto de federalismo, pregonado por gobernadores inescrupulosos y serviles a las petroleras, y convertido en un dogma insensato contra las provincias más pobladas o de la pampa húmeda - a las que se culpa de todos los males cuando han sido sus habitantes quienes más han contribuido al desarrollo energético de la Nación- ha transferido la mayor riqueza común de todos los argentinos a capitales extranjeros, a los que Enrique Mosconi llamaba los " trusts internacionales del petróleo ". Al mismo tiempo reparte inequitativamente las riquezas del subsuelo: habrá una minoría de argentinos muy favorecidos (6.000.000) y una gran mayoría de perjudicados (32.000.000), situación que se agrava ante la crisis social en que estamos inmersos. Se habrá quebrado así el sistema solidario nacido con Y.P.F. Una antinomia mentirosa se ha creado entre quienes representamos una posición nacional y los compatriotas que creen defender los intereses de sus provincias; en realidad estamos discutiendo por la apropiación de una riqueza que hoy no es de la Nación , ni de las Provincia, pues se la llevan las multinacionales del petróleo…Podrá observarse que los grandes presidentes de nuestra historia energética como Yrigoyen, Alvear, Perón e Illia, sin dejar de mencionar a quienes desde José Figueroa Alcorta hasta Raúl Alfonsín -en el transcurso de su mandato- no adoptaron una concepción provincialista sobre la propiedad del subsuelo…Esos Presidentes, con altibajos y diferencias, aplicaron una política de Estado con concepción nacional, siguiendo la línea fijada por Enrique Mosconi en agosto de 1929: la toma del mercado significaba la continuidad del 9 de Julio, pues es ilusoria la independencia política si no se obtiene la económica” (3)
Las privatizaciones de YPF y de Gas del Estado y la seudo-“provincialización” de los recursos naturales, de la mano de un falso federalismo, fueron de este modo los mecanismos perversos para que el pueblo argentino perdiera el manejo estratégico de sus hidrocarburos y resignara una parte sustancial de la renta petrolera, que en el pasado, durante 7 décadas, contribuyera de manera importante a la concreción de la red vial, el parque hidroeléctrico, la red gasífera, y la redistribución de la riqueza. Ricardo De Dicco señala, citando un estudio de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, 2005), que “la participación del Estado en la renta petrolera decreció de un 44,6% en 2001 a un 36% en 2004 y 2005 mientras el resto fue acumulado por las empresas privadas. Al momento de la privatización total de YPF en 1999, el Estado participaba con casi el 42% de la renta petrolera…A modo comparativo, mientras que en Argentina el Estado participa con el 36% de la renta petrolera, en Ecuador y en Venezuela la participación del Estado fue de casi 67%. Ello no sólo se debe al bajo porcentaje de las regalías (12% cuando deberían ser del 50% para las provincias y 25% para el Estado nacional), sino a la inexistencia de una petrolera estatal.” (4)
A un lector desinformado y desprevenido que lea el mensaje del Poder Ejecutivo puede parecerle que la historia de la legislación petrolera y gasífera en la Argentina nació en 1994. No deja de ser sorprendente, sobre todo por provenir de un gobierno conducido por quienes se dicen seguidores de las ideas del ex presidente Juan Domingo Perón. No podrá encontrarse en el mensaje del Ejecutivo la más mínima mención al Artículo 40º de la Constitución Nacional de 1949, que establecía que: “Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación , con la correspondiente participación en su producto, que se convendrá con las provincias”. Tampoco podrá hallarse, a pesar de los recientes homenajes brindados a su memoria, ninguna referencia a las ideas del concordiense Arturo Sampay, convencional constituyente de 1949 mentor del referido artículo 40, y uno de los forjadores del constitucionalismo social en nuestro país, que sostuvo en ese momento: "Porque la nacionalización o estatización de los servicios públicos -que es lo mismo- al suplantar el espíritu y la organización capitalista de su gestión, permite fijar el precio y la distribución del servicio no en procura del lucro privado, sino por criterios de utilidad social…”.
Gustavo Calleja expresa que “ la Ley de Nacionalización que no pudieron conseguir ni Yrigoyen ni Alvear se plasma en el Art. 40 de la Constitución Nacional de 1949; …. El autor del mencionado artículo fue el miembro informante de la mayoría de la Comisión Revisora de la Constitución Arturo Sampay, un destacado constitucionalista… Decía Sampay: “No puedo menos que recordar con emoción a aquel gobernante argentino, Hipólito Yrigoyen, que pocos meses antes de su derrocamiento decía `que el subsuelo mineral de la República no puede ni debe ser objeto de otras explotaciones que las de la Nación misma”.” (5)
Calleja considera que “Yrigoyen fue el primer presidente en comprender en su real significado el tema petrolero y, especialmente, la importancia de su explotación exclusiva y soberana por parte del Estado Nacional, en cuanto a la captura de las rentas derivadas y su inversión en pos de la elevación del nivel de vida de los desposeídos, el crecimiento industrial con su paralela ruptura del modelo de la dependencia no competitiva vigente con Inglaterra y la ocupación efectiva del territorio nacional en base a la explotación integral de los hidrocarburos y a la efectiva presencia del poder nacional. Como sostiene Ricardo Rojas, era conciente que necesitaba las riquezas del subsuelo para hacer realidad una de sus más claras premisas: “La democracia no consiste sólo en la garantía de la libertad política; entraña a la vez la posibilidad para todos de poder alcanzar un mínimo de felicidad siquiera”…” “La visión de Yrigoyen en defensa del desarrollo industrial de la República se manifiesta cuando señala: “El petróleo se debe utilizar para el desarrollo de las industrias nacionales, pero desechando la idea de acelerar la extracción para llegar a exportarlo; esa riqueza es más útil al País en estado de combustible que transformada en valor metálico”. Mencionamos en esta charla a la actual posición del Presidente Lula, pero cómo no va a tener vigencia este concepto yrigoyeneano si en la actual crisis energética integral de nuestro país las exportaciones indiscriminadas, unidas a una explotación intensiva e irracional de los yacimientos, son y han sido las causas principales de la misma. Los argentinos apenas hemos tenido petróleo y gas para autoabastecernos, pero nunca para exportarlo, como es el caso de Venezuela, por ejemplo.” (6)
Al conmemorarse el año pasado el 101º aniversario del descubrimiento del petróleo argentino, decíamos que “los argentinos debíamos renovar nuestro compromiso en pos de recuperar nuestra soberanía energética, la renta petrolera al servicio del desarrollo y el bienestar del pueblo argentino, y la empresa estatal nacional que fue su sostén durante 7 décadas: Yacimientos Petrolíferos Fiscales, obra ideada por Hipólito Yrigoyen, consolidada por Marcelo de Alvear, engrandecida por funcionarios incorruptibles y patriotas como Enrique Mosconi, y defendida por un Presidente que cumplió sus promesas electorales en defensa del interés nacional como Arturo Illia. Ni los conservadores fraudulentos de la "década infame" ni los militares genocidas del "Proceso" se animaron a consumar la entrega del petróleo a las multinacionales que realizaron - sin avergonzarse - menemistas y kirchneristas en la hoy cínicamente denostada década de los ´90. Repsol no es YPF, y que utilice su nombre y sus colores (hasta para exhibirse como "hincha oficial" de la Selección de Fútbol...!) es una afrenta que los argentinos no debemos tolerar y que sólo puede darse en una sociedad adormecida que parece haber perdido la conciencia de la dignidad nacional… ;el petróleo es un recurso natural no renovable, de carácter estratégico, que debe resguardarse y explotarse en pos de obtener una renta que sirva - como lo hacía YPF - para financiar obras de infraestructura de transporte y de energías renovables, como la hidroeléctrica; que sustenten nuestra autodeterminación y soberanía energética en el futuro”
De todos modos, la denominada “ley corta” y la ley de hidrocarburos (en rigor, un bando militar de Onganía) son una realidad y mientras estén vigentes a ellas deberemos adaptarnos en lo que sea inevitable, procurando de todos modos evitar el saqueo de nuestros recursos en el futuro y propendiendo a una armoniosa articulación de los intereses de la provincia con los de la Nación , en el espíritu del verdadero federalismo que debemos defender. La legislación provincial a su vez deberá tender a orientar las futuras reformas que necesariamente deberán introducirse en la normativa nacional, en busca de retomar la concepción de los hidrocarburos como recursos estratégicos que el Estado debe poner al servicio del desarrollo sostenible, con autodeterminación nacional y redistribución equitativa de la riqueza.
Hemos sostenido en los fundamentos de un proyecto de resolución que “el mercado petrolero y de combustibles, en la Argentina y en el mundo, por razones técnicas y económicas que no es del caso detallar aquí en profundidad, es un mercado profundamente concentrado, en manos de pocos y poderosos actores que tienden a manejar una gran capacidad de maniobra en la fijación de los precios. Se trata, en general, de mercados monopólicos u oligopólicos, donde las leyes del mercado de la economía clásica, basadas en la libre competencia y en la interrelación de productores y consumidores como factores de la fijación de los precios no se verifica. Por el contrario, un número reducido de empresas poderosas frente a un vasto universo de consumidores individuales con escasa o nula capacidad de intervención en el mercado, configuran un esquema donde las grandes petroleras fijan las reglas del juego, en procura de maximizar sus beneficios. Esta sencilla razón, basada en la más pura ortodoxia de la economía clásica, y sin necesidad en absoluto de recurrir a tesis de raigambre marxista, es la que explica que durante décadas en la Argentina –hasta el gobierno de Carlos Menem – y desde siempre hasta ahora en la mayor parte de los países del mundo, el mercado petrolero y gasífero sufre una importante y decisiva intervención del Estado nacional, ya sea como empresario o como socio de las empresas privadas, o bien como regulador activo en procura de captar una parte sustancial de la renta petrolera para volcarla en beneficio del desarrollo de sus propias economías. Fue esa sencilla razón la que llevó a Yrigoyen, Alvear y Mosconi a perseguir con obstinación la creación y engrandecimiento de YPF y a romper los lazos de dominación colonial que significaba la presencia de empresas extranjeras pretendiendo imponer condiciones lesivas al interés nacional. Fue la misma razón la que llevó a Juan Domingo Perón a crear Gas del Estado.”
La gran diferencia de este proyecto con respecto al que remite el Poder Ejecutivo es que el nuestro impide– siguiendo la línea histórica del modelo nacional y racional de YPF y Gas del Estado hasta la ley de hidrocarburos de Onganía – la posibilidad de otorgar concesiones de explotación a empresas privadas. Hacerlo significaría, por parte de la provincia, convalidar el modelo de saqueo y entrega de nuestra renta petrolera que inició Menem y que continúa vigente. Por el contrario, se deja abierta la posibilidad de la concurrencia del capital privado de riesgo en la etapa de exploración, pero descubierto el yacimiento la provincia sólo puede otorgar la respectiva concesión a una empresa estatal, que reconoce a su vez el esfuerzo de la empresa privada al contratarla a los efectos de la explotación del recurso, pero reservándose el dominio y la capacidad de decisión (por ejemplo, para industrializar los hidrocarburos en nuestro territorio). De esta manera, la renta petrolera no sólo quedaría en la provincia a través de las regalías y los impuestos, si no también por intermedio de las utilidades y las inversiones de la empresa estatal a crearse, que – de otra manera – emprendería, al decir de Mosconi, “el camino del mar”, vale decir, constituirían remesas al exterior de filiales de las grandes empresas multinacionales del sector.
Por lo demás, el articulado de nuestro proyecto en algunos aspectos coincide formalmente con el del Poder Ejecutivo, sobre la estructura temática de la ley de hidrocarburos y de leyes provinciales de provincias hermanas que la han tomado como modelo; pero - vale la pena reiterarlo y enfatizarlo - con aquella diferencia de fondo que lo hace totalmente diferente en lo sustancial
Consideramos imperioso dejar sentado que estamos convencidos de que el presente proyecto se inscribe – en la medida de lo posible dadas las circunstancias – en el marco de los postulados doctrinarios históricos de la Unión Cívica Radical; los de Yrigoyen, de Alvear, de Mosconi, de Lebensohn, de Balbín, de Perette, de Illia. En tal sentido, cabe recordar que en las Bases de Acción Política sancionadas por la Convención Nacional en 1948 se planteaba, en el punto V, la “nacionalización de los servicios públicos, energía, transporte, combustibles y de aquellas concentraciones capitalistas que constituyen “carteles” o monopolios, resguardando en tal forma el ámbito de la iniciativa privada en su realidad creadora. Administración de los sectores nacionalizados por entes autárquicos nacionales y provinciales.” Mientras que las Bases de Acción Política sancionadas el 14 de Octubre de 1990 postulaban que “el Estado manejará los recursos energéticos, la ampliación de sus disponibilidades, el uso intensivo de los recursos renovables garantizando la igualdad de oportunidades para todos en materia de disponibilidad energética actual y futura en condiciones comparables de continuidad, calidad y acceso para todos los habitantes". (7)
Por las razones expuestas, es que solicitamos el pronto y favorable tratamiento del presente proyecto de ley.-

Bibliografía consultada:
1) y 2) Bernal, Federico; De Dicco, Ricardo, y Freda, José Francisco; Cien años de petróleo argentino: descubrimiento, saqueo y perspectivas; Buenos Aires, Capital Intelectual, 2008.

3) Editorial del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO), Buenos Aires, 30 de noviembre de 2006, en InfoMORENO nº 178.

4) De Dicco, Ricardo; 2010 ¿Odisea energética?: Petróleo y crisis, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2006.

5) y 6) Calleja, Gustavo; Yrigoyen, YPF y el petróleo, en internet http://www.impulsobaires.com.ar/nota.php?id=58670

7) Bases de Acción Política de la Unión Cívica Radical, 1948 y 1990.
Leer más...

El diputado Atilio Benedetti presentó iniciativas en procura de un mayor federalismo fiscal

El diputado nacional por la Unión Cívica Radical Atilio Benedetti asumió su banca con un importante trabajo previo que le permitió presentar un conjunto de proyectos de ley que apuntan a mejorar la performance fiscal de las provincias en general y de Entre Ríos en particular, en especial a aquellos que permitan revertir la tendencia por la cual la Nación copta fondos pertenecientes a las jurisdicciones y crea asimetrías inaceptables.

En este sentido, las iniciativas apuntan a que las provincias recuperen su protagonismo que el gobierno de los Kirchner se ocuparon deliberadamente de subestimar.
Así, la eliminación Pre-Coparticipación de IVA y Ganancias; la Coparticipación del 100 % del Impuesto al Cheque; la modificación de la ley 26351 (Ley Martínez Raymonda) y lograr una Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) en el territorio provincial coadyuvan a consolidar el proceso que comenzó el 10 de diciembre.
“Es clave para la consolidación del fuerte bloque opositor que se constituyó en el Parlamento nacional trabajar mucho e inteligentemente, no sólo para cumplir la palabra empeñada en la campaña electoral con proyectos que apunten a la calidad del federalismo argentino, sino porque es necesario avanzar en el proceso que la sociedad nos exigen por la institucionalización de nuestro país a partir de una relación simétrica y equitativa entre la Nación y las provincias y dejar atrás un segmento de nuestra historia donde se fue perdiendo a la mano del Gobierno nacional fondos y recursos que han empobrecido el interior del país”, describió Atilio Benedetti.

Proyectos de Ley de Atilio Benedetti

1) Eliminación Pre-Coparticipación de IVA y Ganancias
Autor: Benedetti, Atilio; Co-Autores: Alfonsín Ricardo; Tunessi, Juan Pedro; Aguad, Oscar; Costa, Eduardo; Rioboo, Sandra; Giubergia, Miguel; Alvarez, Elsa; Orsolini, Pablo; Cusinato Gustavo; Forte, Ulises; Aspiazu, Lucio.
Síntesis: A partir de la privatización de las Jubilaciones, en la década de 1990, para compensar la pérdida de los aportes al sistema jubilatorio el Gobierno Nacional por distintas vías, comenzó a deducir de los fondos coparticipables determinados porcentajes de la recaudación del IVA y Ganancias. Al reestatizarse las AFJP, no tendría sentido seguir privando a las Provincias de su legítimo ingreso por coparticipación. La medida contenida en la Ley implica devolver a las Provincias un valor cercano a los 12.000 millones de pesos, que hoy el Gobierno Nacional asigna en forma discrecional y arbitraria, y hacer efectivo el principio Federal.

2) Coparticipación del 100% del Impuesto al Cheque
Autor: Benedetti, Atilio; Co-Autores: Alfonsín Ricardo; Tunessi, Juan Pedro; Aguad, Oscar; Costa, Eduardo; Rioboo, Sandra; Giubergia, Miguel; Alvarez, Elsa; Orsolini, Pablo; Cusinato Gustavo; Forte, Ulises; Aspiazu, Lucio.
Síntesis: el Impuesto a las Transacciones Financieras (Impuesto al Cheque) por una disposición especial ha quedado afuera del Régimen Regular de Coparticipación de los Impuestos Nacionales; sólo se coparticipa el 30%, quedando el 70% de lo recaudado con destino al Tesoro Nacional. Por esta Ley se dispone que la totalidad de lo recaudado por este Impuesto Nacional, se destine al Régimen de Coparticipación, distribuyendo entre Nación y Provincias los porcentajes generales que el mismo establece. Por esta vía se prevé devolver a las Provincias una suma estimada anualmente en 8.200 millones de pesos.

3) Modificación Ley 26351 (Ley Martínez Raymonda)
Autor: Benedetti, Atilio; Co-Autores: Alfonsín Ricardo; Tunessi, Juan Pedro; Aguad, Oscar; Costa, Eduardo; Rioboo, Sandra; Giubergia, Miguel; Alvarez, Elsa; Cusinato Gustavo; Forte, Ulises.
Síntesis: Persigue el propósito de recuperar para el País, el carácter de proveedor confiable de alimentos al Mundo, y dispone evitar cupos, restricciones cuantitativas, limitaciones o modificaciones que alteren los regímenes que rigen las exportaciones de granos y de carne, medidas que han provocado una caída en la producción que ha llegado a su vez, a poner en peligro el abastecimiento al mercado doméstico.-

4) Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA)
Autor: Benedetti, Atilio; Co-Autores: Alfonsín Ricardo; Tunessi, Juan Pedro; Aguad, Oscar; Costa, Eduardo; Rioboo, Sandra; Giubergia, Miguel; Alvarez, Elsa; Cusinato Gustavo; Orsolini, Pablo.
Síntesis: Se propicia la adecuación de funciones de la ONCCA , con autarquía económico-financiera y técnico-administrativa, en jurisdicción del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Se trata de un organismo técnico, para el fin del control y fiscalización den la cadena de producción agroalimentaria. No puede otorgar subsidios, ni intervenir arbitrariamente en los mercados. Su estructura es reducida y se financia con ingresos por registraciones y derechos. Se eliminan los ROES.-
Leer más...

LAS JOYAS DE LA ABUELA

Por Esteban Agüero
Antes de entrar en el tema propiamente dicho creo oportuno aclarar que mis opiniones están siempre regidas por una visión de ciudad, mi visión, producto de muchos años de estar trabajando en el tema planificación.
Muchos dirán que qué se hizo en tantos años en materia de planificación y probablemente tengan una parte de razón. Porque lo cierto es que ningún gobierno municipal tuvo nunca una real intención de trabajar sobre la planificación de la ciudad y con planificación no me refiero a esos grandes anuncios rimbombantes como Plan Director, Plan estratégico, Plan de ordenamiento, plan de desarrollo y muchos etc., mas que se podrían agregar.

Nunca tuvieron ni siquiera la intención de planificar algo tan importante como los accesos a la ciudad o los desagües pluviales y lo cierto es que en esas condiciones de trabajo todo lo que se pudiera opinar iba a parar en el mejor de los casos a una caja de archivo. (Esta ciudad, desde 1974 ya va por su 6º Plan urbano, pagado por el Consejo Federal de Inversiones: CFI.)
Dicho esto, también me parece oportuno decir que dentro de esa visión he apoyado iniciativas privadas como la de Bahía Salamanca, Los bungalows del Yacth Club debajo de la barranca de la salamanca y el Puerto Norte en la zona de las balandras o del “lobope”, porque son zonas del estado Nacional o municipal sin ningún uso inmediato ni futuro, muy deterioradas y en las que la inversión privada las iba a revitalizar. Se podrá argumentar, como se argumentó, que se le quitaría las visuales del río a la ciudad, que el ciudadano común se vería privado de su disfrute, pero en realidad los proyectos contemplaban en todos los caso el paseo ribereño libre y gratuito. Esos proyectos, que lamentablemente no se concretaron hubieran mejorado notablemente nuestro perfil costero, pero fundamentalmente no perjudicaban a nadie y no se daba la propiedad. El estado seguía siendo siempre dueño de los terrenos.
Sí me he opuesto a la obra de la costanera sobre la isla del puerto porque, y la realidad lo ha demostrado, sólo será un dique con un camino de coronación a ninguna parte y con la imposibilidad de hacer construcciones ya que, como lo mostró esta creciente, habría que agregar 5m3 de relleno por cada m2 de terreno, algo totalmente imposible, irreal y antieconómico, con el agravante que cuando se quisiera pedir un subsidio para mejorar lo único que tenemos medianamente consolidado y en proceso de abandono como es Pelay y paso Vera, tendríamos, al momento de gestionar una ayuda económica, como una pesada carga los malgastados ¡¡¡100.000.000$!!!.
Dicho esto me voy a referir a la terminal de ómnibus.
La terminal de ómnibus es un caso totalmente distinto: Primero porque todo lo existente se podría poner en valor nuevamente con poco dinero en relación a la tremenda inversión que ya hay hecha allí, sin considerar el valor del terreno,. Segundo porque el traslado de la terminal requiere de una serie de estudios urbanísticos y de transito para poder resolver el mejor lugar de la misma para los usuarios por varios años, tarea ésta que desde que se empezó a hablar de ello no se ha hecho y de esto ya hace mas de 4 años, lo cual pone en evidencia lo dicho anteriormente sobre la falta de voluntad política de planificar.
Me parece oportuno aquí transcribir una carta a redacción enviada a un diario local en la cual cuestiono justamente el mal uso que se pretende hacer con los bienes de la Ciudad y que me parece importante para que se entienda mi razonamiento:
La ciudad: ¿Bien de uso o negocio inmobiliario?
He leído con profunda preocupación el artículo aparecido en vuestro diario el día 20 de febrero, referido a la aprobación del pliego de licitación para la refacción del hotel de la terminal de ómnibus. Específicamente las palabras del Dr. Carrozo que transcribo textualmente:”Carrozzo señaló que al Municipio le interesa tener una terminal nueva, entonces con esa cláusula se puede pedir un canje o contraprestaciones. Eso significa que a quien le interese el hotel o el predio y ofrezca hacer una terminal nueva, en contraprestación por las sumas que se manejen puede pedir la entrega de los bienes en la manzana donde está el complejo, sin perder el fin de rehabilitar básicamente el hotel.
Ya en un artículo anterior referido a la terminal de ómnibus, específicamente del día 24 de julio del 2005, remarqué el impacto que su localización genera en la ciudad a raíz de rumores que ya se hacían oír.
La decisión de construir una terminal nueva no puede ser un negocio inmobiliario en el cual una Institución, una Sociedad Anónima o un particular interesado le proponga graciosamente al municipio quedarse con la manzana y todo lo en ella plantado a cambio de construir una terminal en otro lado.
Es algo que afecta y concierne a toda la comunidad, que hace a la planificación de la ciudad, que involucra a otros medios de transporte como es el ferrocarril, que tiene que estar minuciosamente planificada. Y no puede ser por lo tanto una decisión arbitraria como es esa cláusula.
Agradezco desde ya su publicación. 22 feb. 06.
Esto es lo que me da pie al titulo de la nota: La manzana de la terminal y el mercado municipal son unas de las últimas “joyas de la abuela” que le quedan al municipio para enajenar dado que los promotores de la iniciativa privada solicitan la PROPIEDAD DE LA MANZANA de la Terminal y 50 AÑOS por el Mercado.
La sociedad debería reaccionar ante esto que es un avasallamiento a sus habitantes ya que no existe, al igual que con el puente a la isla, un pedido expreso de la comunidad. Sí es cierto que ha sido harto criticada la Terminal por el estado en que se encuentra, independientemente de que uno pueda pensar que hay una intención de dejar que todo se caiga para que la sociedad reclame. Pero ello no implica que se tenga que regalar a cualquiera que aparezca con unos espejitos de colores como es lo que le están vendiendo a la ciudad.
También es cierto que algunos comunicadores contribuyen a ello cuando dicen a través de sus medios: “Yo quiero una costanera para Uruguay, no se donde” o “Yo quiero una terminal nueva para Uruguay, no se donde”.
La terminal y el hotel son perfectamente recuperables sin tener que buscar mesías salvadores.
Lo del Mercado, aparte que debería ser considerada como OTRA iniciativa privada y no como una sola, ya que son dos proyectos distintos, ha sido siempre una presa codiciada por los inversores privados. Desde hoteles 4 estrellas a centros comerciales han prometido quienes en cada administración municipal se han presentado para hacerse cargo de ese espacio en pleno centro de la ciudad.
Los actores políticos y sociales, las entidades intermedias, los colegios profesionales, deberían tomar debida nota de lo que se está por hacer en esta ciudad, su ciudad, y discutir seriamente cual debería ser el destino de los bienes municipales en general y de estos dos en particular, para que no se siga enajenando el patrimonio de la ciudad.
Por último, quiero cerrar esta nota con unas palabras del Dr. Poggiese, que creo que fue quien mejor interpretó la idiosincrasia de esta ciudad, escritas en su informe preliminar del 4º plan urbano en 1995 (el 5º es el PECU y el 6º recién nos venimos a desayunar en las palabras del Arq. Federik que en la ciudad de Paraná lo están elaborando con una total prescindencia de quienes deberemos soportarlo):
“Respecto a las posibilidades de formalizar legalmente los avances en la formulación de un plan urbano deben ser evaluadas algunas tendencias históricas y algunos procesos coyunturales que han signado a esta ciudad:
· Una preferencia conservadora respecto a lo normativo, que rechaza la innovación.
· Cierta resistencia a aceptar que la vida urbana se complejiza y tratarla como si fuera simple, muchas veces con improvisación.
· La fragmentación de la insuficiente normativa urbanística local, que además de ser repetitiva y superpuesta sobre un escaso número de asuntos, presenta bajos niveles de coherencia y deficiencias serias en su calidad como normativa jurídica.
“Estas tendencias perduran todavía... pero ciertamente deberán ceder en un futuro mediano plazo cuando las evidencias de la improvisación y la falta de respuestas sean intransferibles a las responsabilidades de otros”.
Más claro imposible.
Esteban Agüero
Leer más...

El Diputado Artusi propuso medidas y pidió informes sobre la gestión de los residuos patológicos en Concepción del Uruguay

El diputado provincial José Antonio Artusi (UCR) presentó este Viernes dos iniciativas vinculadas al grave problema de la inadecuada gestión de los residuos patológicos en Concepción del Uruguay.

En primer término, el legislador radical presentó un proyecto de resolución, por el que propone que la Cámara de Diputados solicite al Poder Ejecutivo Provincial "que disponga con urgencia todas las acciones necesarias a los efectos de garantizar el cumplimiento estricto del Decreto 6009/00, reglamentario de la Ley provincial 8880 en lo relativo a los residuos potencialmente biopatogénicos en el ámbito de la Municipalidad de Concepción del Uruguay". En los fundamentos del proyecto Artusi señaló que se "pretende requerir con urgencia al Poder Ejecutivo Provincial que disponga diversas acciones, en el marco de la normativa vigente y en uso de sus atribuciones, para garantizar la correcta gestión de los residuos patogénicos en la Ciudad de Concepción del Uruguay y evitar la contaminación ambiental y los riesgos para la salud que se pueden derivar de la falta de un manejo adecuado de los residuos de este tipo, que ha sido puesta en evidencia por un video entregado a autoridades locales y provinciales por la Asamblea Ciudadana Ambiental y luego dado a conocer públicamente en una conferencia de prensa".
José Antonio Artusi recordó que en 1991 fue sancionada la Ley nacional 24.051, de Residuos Peligrosos, y que dentro de las categorías sometidas a control se encuentran los residuos patogénicos y potencialmente patogénicos. En 1994 se sancionó en nuestra provincia la Ley 8880, por la que se dispuso la adhesión a la Ley nacional 24.051.Esta ley fue reglamentada recién en el 2000, por el Decreto 6009/00 (Reglamento de la Ley provincial 8880 en lo relativo a los residuos potencialmente biopatogénicos). Este reglamento establece minuciosamente las disposiciones a las que quedan sujetas las actividades de manejo, transporte, tratamiento y disposición final de residuos biopatogénicos
El diputado Artusi expresó que "es evidente que estamos ante un problema de una gravedad inusitada, frente al cual el Poder Ejecutivo Provincial no puede mirar para el costado, sino que debe actuar con celeridad, poniendo todos los recursos disponibles para colaborar con la Municipalidad de Concepción del Uruguay, pero a su vez procurando el estricto cumplimiento de la normativa vigente, en búsqueda de mitigar y/o remediar los daños causados y evitar hacia el futuro acciones en detrimento de la calidad del ambiente y la salud humana".
Además, el legislador uruguayense presentó un pedido de informes, que tomará estado parlamentario en la sesión del Lunes, por el que requiere diversos datos acerca del cumplimiento de las disposiciones del Decreto 6009/08 (Reglamento de la Ley Provincial 8880 en lo relativo a los residuos potencialmente biopatogénicos).-
Leer más...

Artusi: "La recuperación del ferrocarril no será integral sin la reactivación del Puerto de Concepción del Uruguay"

El diputado provincial José Antonio Artusi (UCR) manifestó que "la largamente demorada recuperación del ferrocarril en la provincia de Entre Ríos requiere que vuelvan los trenes tanto de pasajeros como de cargas para ser una recuparación integral y sustentable, y el transporte de cargas no será viable si no se reactiva el puerto de Concepción del Uruguay, que hoy languidece como consecuencia del escaso interés que despierta el dragado del río Uruguay en las autoridades nacionales y provinciales".

Artusi consideró que "un esquema de integración del transporte ferroviario y fluvial permitiría explotar adecuadamente las ventajas que poseen con respecto al transporte carretero; menor costo de fletes, menor siniestralidad, y menor impacto ambiental". El legislador uruguayense señaló que "Argentina debe ser uno de los pocos países del mundo que se dan el lujo de desperdiciar las enormes ventajas naturales que tiene para desarrollar los modos ferroviario y fluvial: relieve llano y ríos caudalosos", y lamentó "la irracional y absurda matriz de transporte que prima en nuestro país, obra de las "transformaciones" menemistas, con una desmedida primacía del transporte carretero sobre rutas congestionadas, con sus consecuencias de derroche de combustibles fósiles, encarecimiento de los fletes y una trágica siniestralidad vial, que hace que cada hora muera una persona en accidentes de tránsito".
El diputado Artusi expresó que "culmina el 2009 y cumplimos otro año sin dragado del río Uruguay, y lo que es peor, las expectativas para el año que viene no son más auspiciosas, dadas la promesas incumplidas y las excusas que nos hemos cansado de escuchar de los actuales gobernantes, tanto a nivel nacional como provincial y local".-
Leer más...