Asumieron las nuevas autoridades de la UCR de Concordia

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Acto de asunción de las autoridades del Comité "Roberto Fleitas" de la UCR de Basavilbaso

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Benedetti: “Los entrerrianos no viven el clima de fiesta en que se muestra el gobernador”

“En las últimas semanas, Urribarri se ha hecho fotografiar en muchos actos y fiestas tradicionales que se celebran en la provincia, bailando en comparsas, sobre los escenarios, montando a caballo, en bicicleta, siempre festejando, al mejor estilo de cuando era menemista. Mientras, la situación de la provincia se deteriora día a día”, cuestionó el diputado nacional Atilio Benedetti, en Concepción del Uruguay, al finalizar el acto de asunción de las nuevas autoridades del comité Departamental del radicalismo. 

El vicepresidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical advirtió que “el modelo que aplica Urribarri se sostiene con endeudamiento creciente, dependencia absoluta del gobierno nacional y aumento desmesurado de la presión impositiva sobre los contribuyentes entrerrianos. Para el gobierno no hay inflación, pero a un vecino de cualquier pueblo de Entre Ríos, al impuesto inmobiliario provincial y municipal se lo aumentaron en cifras siderales, que muchos nunca podrán pagar”. “El bolsillo de los entrerrianos es devastado día a día por la inflación que genera las políticas de la presidenta Cristina Fernández, a las que tan fervientemente adhiere Urribarri, y están llevando al país y a la provincia a un marco de recesión y estancamiento de la actividad económica en la mayoría de los sectores productivos. Lo único que se mantiene en ascenso permanente en Entre Ríos es el gasto público”, subrayó luego. “El gobernador admitió que no podrá dar los aumentos que los estatales merecen, pero además debió pedir 250 millones de pesos más a la Nación para corregir el déficit fiscal. Mientras tanto, promete obras faraónicas como el mega-estadio de Paraná, y que tapa con otras promesas, como la de un nuevo complejo termal en Paraná. Urribarri cree que toda la vida le va a dar resultados hacer promesas de obras que nunca cumple, o nunca termina, como la pavimentación de la ruta 51 cuyo desastroso estado deja aislados a tres pueblos cada temporal en el departamento Gualeguaychú, o la pavimentación de la ruta 1 entre Chajarí con San Jaime, o el hospital de Nogoyá, o aquí en Concepción, la restauración de la Basílica, por citar solo algunos ejemplos”, sostuvo más adelante. También, destacó: “Luego de años de abundancia y de vacas gordas, los entrerrianos se encuentran en sus pueblos con muchos servicios públicos deficientes por falta de inversión en infraestructuras. En muchas ciudades hay problemas con la red de agua potable o de cloacas, deficiencias en el servicio eléctrico y caminos rurales y rutas destrozadas. Es que nada se hizo de aquel delirante Plan Quinquenal que Urribarri anunció en plena campaña electoral con bombos y platillos”. Finalmente, el legislador opositor hizo notar: “No se puede gobernar solamente con un relato, como pretenden la presidenta y el gobernador. Los entrerrianos no viven en el clima de fiesta que se muestra el gobernador, y las mentiras caen solas, por su propio peso”. Leer más...

BARAJAR Y DAR DE NUEVO: OTRA MIRADA SOBRE EL CONFLICTO DOCENTE

Por Juan Carlos Arralde, ex Senador Provincial (1999-2003) y ex Convencional Constituyente (2008) 
Desde aquella emblemática MARCHA BLANCA de 1.988 que sentó las bases de una militancia docente creciente, consolidada y combativa la “cuestión docente” pasó a ser dominada por el “CONFLICTO DOCENTE”, en una mutación sustantiva que puso sobre la mesa un inacabado debate sobre los derechos de los trabajadores de la educación en paralelo o por sobre el modelo educativo. El tema dista de tener visos de solución, en la medida en que las demandas gremiales de la familia docente no son atendidas por un Estado que no acierta en la asignación de recursos destinados a la educación y un Gobierno que administra un diálogo sin resultados concretos.- En el medio, una masa de docentes disconforme, atribulada y agotada por un conflicto sin fin. ¿ Cómo comenzar a cerrar un conflicto que no tiene ganadores sino solo derrotados ? Creo hay que barajar y dar de nuevo…pero sin las cartas marcadas.- En primer lugar, el Estado debe relanzar la CARRERA DOCENTE e incentivar la VOCACION DOCENTE, para evitar el ingreso al sistema de actores sin una verdadera pasión por la educación y solo llamados por la necesidad de acceder sin mayor esfuerzo a una salida laboral que garantiza un ingreso periódico, cobertura social y estabilidad laboral.- Esta meta básica se logra con medidas muy concretas: Una modificación de los planes de estudio de las Escuelas de Formación Docente que apunten al conocimiento significativo y a la excelencia académica y la extensión de la formación docente a 5 años. La concentración horaria de los docentes y la extensión de la jornada escolar. El diseño de competencias laborales destinadas a jóvenes que no proseguirán estudios superiores. Un esquema que seleccione los aspirantes a la carrera docente, que detecte la vocación del ingresante y facilite el acceso y permanencia del estudiante calificado, ya sea por su compromiso, sus valores o su dedicación. Una reestructuración del sistema de becas destinadas a la carrera docente que premie el mérito, la calidad y el compromiso. En segundo lugar, el Estado debe definir una política salarial que le asegure al docente una MUY BUENA REMUNERACION, esto es un salario que premie a un docente altamente calificado, de franca vocación y probada responsabilidad.- No estoy hablando de un buen sueldo..estoy hablando de un MUY BUEN SUELDO..que no es lo mismo.- La función docente no es una función más: un maestro forma niños, capacita jóvenes, transmite y educa en valores, debe predicar con el ejemplo y dar testimonio de lo que enseña. Sus tareas distan de ser una mera faena administrativa o un paso fugaz en la vida escolar de un alumno.- Un maestro es un referente social, un pilar en la construcción del conocimiento y básicamente un agente a quien los padres le confían su hijo para que lo forme. Definitivamente, tenemos que comprender que UN MAESTRO NO PUEDE ESTAR ENSEÑANDO MIENTRAS IMAGINA HASTA QUE DIA DEL MES LLEGARA CON SU SUELDO, en una carrera angustiante contra la inflación, las carencias económicas y la desazón por conocer el próximo cronograma de pagos. ¿ Cómo logramos estas metas ? Por lo pronto, hurgando sin anestesia en el presupuesto educativo y reasignando los recursos hacia donde deben ir, eliminando el gasto superfluo, improductivo e ineficiente. ¿ No se puede realizar esto por la rigidez presupuestaria que exhibe la educación ? Pues bien…entonces INCREMENTEMOS EL PRESUPUESTO, aun a costa de otros renglones mas flexibles, afinando el lápiz, demandando los recursos que la Nación nos adeuda, obteniendo el apoyo financiero de la Nación para la ejecución de un PLAN PILOTO DE CALIDAD EDUCATIVA, incrementando la recaudación propia, racionalizando el gasto….. ¿ Porqué no pensar en el diseño de un FONDO PROVINCIAL DE INCENTIVO EDUCATIVO que mejore el salario de los maestros ? Me pregunto porqué no podemos agudizar la inteligencia para lograr una masa de recursos afectados a la educación si la Legislatura se permite sancionar un IMPUESTO A LA HERENCIA para financiar la construcción de viviendas.- El Gobierno se jacta de asignar a la educación el 28% al que lo obliga el art. 268 de la Constitución Provincial…cuestión improbable por cierto pues no hay modo de verificar esa afirmación. Pero… ¿ porqué será que la sociedad tiene la sensación de que eso no es verdad o no es suficiente ? Porque el Estado gasta mucho, gasta mal, invierte poco y distribuye peor.- Es que no alcanza con construir escuelas nuevas y repartir computadoras portátiles si al mismo tiempo tenemos maestros poco capacitados, con escasa vocación y mal pagos. HAY QUE HACER LEYES PARA RELANZAR LA CARRERA DOCENTE, ESTIMULAR LA VOCACION DE ENSEÑAR y PREMIAR EL MERITO Y LA CALIDAD DEL MAESTRO. Entre tanto…no vendría mal que el Gobierne comience a devolver las sumas que retuvo por los paros docentes legales que la inmensa mayoría del sector ha hecho desde 2007 a la fecha.- Sería un buen comienzo para distender el diálogo, mezclar, barajar y dar de nuevo… Leer más...

Homenaje a Roque Carranza

A 27 años de su muerte, rendimos homenaje a la memoria del Ing. Roque Carranza. Lo recordamos a través de la reseña biográfica de Enrique Pereira en su Diccionario Biográfico Nacional de la Unión Cívica Radical.- 

  Carranza, Ing. Roque Guillermo (1919-1986). Fue un cabal militante radical, aunándose en su persona la faz de intelectual y la de hombre de acción. Nació en Córdoba el 29 de septiembre de 1919. Obtuvo el título de ingeniero industrial en la UBA, especializándose en temas de planeamiento, disciplina en la que gozaba de prestigio internacional. Durante sus estudios universitarios militó activamente en la vida universitaria, ocupando diversos cargos en las organizaciones estudiantiles. Decidido opositor durante los dos primeros gobiernos de Perón, durante el gobierno de Illia, se desempeñó como secretario del Consejo Federal de inversiones. Ejerció la docencia universitaria hasta su alejamiento de la cátedra en tiempos del dictador Onganía. En esa época era profesor en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, renunciando públicamente y con severos términos, solidarizándose con las víctimas de esa reaccionaria gestión, a cargo de un individuo de apellido Botet. También fue consultor de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados americanos y otros organismos internacionales y docente universitario en Chile, venezuela, Perú, etc. En 1983 alfonsín lo designó ministro de Obras y Servicios Públicos y, al producirse el deceso de Raúl Borrás fue nombrado Ministro de Defensa Nacional, en momentos de una delicada relación entre el gobierno radical y las Fuerzas armadas, que supo contribuir a mejorar. En este último cargo se desempeñaba al fallecer repentinamente el 8 de febrero de 1986. 

Esta es la biografía de Wikipedia: 
Roque Carranza, (n. en 1919 - m. San Miguel, Provincia de Buenos Aires, el 8 de febrero de 1986) fue un dirigente estudiantil reformista, ingeniero, economista y político argentino, miembro de la Unión Cívica Radical, fundador del Movimiento de Renovación y Cambio, que se desempeñó como Secretario Técnico del CONADE y Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación. Roque Carranza tuvo militancia universitaria reformista en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires UBA). Durante el gobierno del Presidente Juan D. Perón (1946-1955) mantuvo una posición fuertemente opositora llegando a organizar Comandos Civiles armados con el fin de contribuir al derrocamiento del gobierno peronista. En 1953 fue detenido junto a otros 12 radicales y acusado de organizar el atentado terrorista perpetrado en Plaza de Mayo el 15 de abril durante un acto de la CGT en el que murieron 6 personas y quedaron 95 heridos. En esas condiciones Carranza y los demás detenidos confesaron ser los autores y fueron condenados por asesinato. En 1955 fueron liberados por orden de Perón y entonces tanto Carranza como el resto de los detenidos denunciaron haber confesado bajo tortura, describiendo las circunstancias de la misma con lujo de detalles. Nunca volvió a investigarse quienes fueron los integrantes del grupo que colocó las bombas. En su actividad universitaria Carranza pertenecía desde los años 1950 al Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, junto con científicos como José Babini, Manuel Sadosky, Cora Ratto de Sadosky, Gregorio Klimovsky, y Oscar Varsavsky, entre otros. A partir de 1957 se integró al equipo el famoso matemático español Luis A. Santaló. Carranza adhirió a los principios de la economía desarrollista tal como venía siendo desarrollada por la CEPAL y en particular por Raúl Prebisch. Durante el gobierno del Presidente Arturo Illia (1963-1966) fue nombrado como Secretario Técnico de la CONADE, donde se destacó por la elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo 1965/1969 que constituyó el primer plan de desarrollo integral del país a mediano plazo, pero no llegó a ser aprobado por el Presidente Illia. Entre otras cosas el Plan establecía un mecanismo de planeamiento democrático, la integración industrial en los sectores más dinámicos y básicos y aún no desarrollados, para superar el desnivel existente entre la producción de bienes finales e intermedios, la diversificación de las exportaciones para atenuar las variaciones de los mercados internacionales, y un plan de infraestructura que fue adoptado espontáneamente por los municipios y las provincias durante muchos años. El Plan de Desarrollo de Carranza ha sido considerado por el radicalismo como uno de los documentos históricos de su pensamiento. Luego del golpe militar de 1966, que derrocara al Presidente Illia e instaurara una dictadura denominada Revolución Argentina, Carranza fue parte del grupo inicial liderado por Raúl Alfonsín, al que también pertenecían Bernardo Grinspun, Germán López, y Raúl Borrás, entre otros. En 1972 ese grupo se asociaría a la Junta Coordinadora Nacional para crear el Movimiento de Renovación y Cambio, dirigido por Alfonsín, como ala progresista de la Unión Cívica Radical, opuesta a la Línea Nacional, dirigida por Ricardo Balbín. Ese mismo año, como convencional nacional de la UCR, fue uno de los redactores de la Plataforma Electoral de 1972, de carácter social demócrata, realizada junto con Sergio Karakachoff, Germán López y Bernardo Grinspun. Luego del golpe militar del 24 de marzo de 1976 que instauró la dictadura llamada Proceso de Reorganización Nacional, Grinspun se mantuvo políticamente activo a pesar de la prohibición de la política dispuesta por el gobierno militar y fue parte del Comité de Redacción de la revista política Propuesta y Control, dirigida por Alfonsín. En 1983 fundó el Instituto Argentino de Energía General Mosconi, una organización no gubernamental con el fin de promover una visión desarrollista-cepaliana de la energía y el petróleo. Gestión como Ministro de Obras y Servicios Públicos (1983-1985) Al retornar la democracia en 1983, el presidente electo Raúl Alfonsín (1983-1989) lo designó como Ministro de Obras y Servicios Públicos, cargo que desempeñó hasta 1985. Entre los actos de su gestión se destacó la decisión de construir infraestructura para el polo petroquímico en Bahía Blanca, y la extensión de la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros. Gestión como Ministro de Defensa (27-may-1985; 8-feb-1986) En 1985 falleció el Ministro de Defensa Raúl Borrás, y Roque Carranza fue designado por el Presidente Alfonsín para reemplazarlo. Se trataba de un momento particularmente tenso debido a que se estaba tramitando el Juicio a las Juntas Militares y en las Fuerzas Armadas existía una fuerte oposición a los juzgamientos por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno militar. Durante su breve gestión llegó a proponerle a Brasil la construcción conjunta de un submarino nuclear, utilizando la tecnología desarrollada por la empresa estatal argentina INVAP. El proyecto fue descartado en la gestión del Presidente Carlos Menem (1989-1999) pero Brasil dio curso al proyecto y comenzó su desarrollo.2 Fallecimiento Roque Carranza falleció de un ataque cardíaco, el 8 de febrero de 1986, en una piscina de la repartición militar de Campo de Mayo. Debido a la situación del país y a las circunstancias poco habituales de su muerte, se sospechó la posibilidad de un asesinato, llegándose a realizar la denuncia. Las primeras investigaciones judiciales desestimaron la posibilidad y el caso fue archivado.3 A modo de homenaje lleva su nombre la estación del Ferrocarril General Mitre y de la Línea D del Subte de Buenos Aires, en Palermo. Originalmente se había decidido que esta última honraría al General Savio, pero poco después del deceso de Carranza las autoridades de Subterráneos de Buenos Aires cambiaron el nombre; teniendo lugar la inauguración poco más de un año más tarde, en 1987. 

A continuación reproducimos una carta de Gustavo Calleja en la que se recuerda a Roque Carranza como una de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de Perón: "Estimado Andrew Graham-Yooll: A raíz de una acertada referencia de Pepe Eliaschev sobre la deformación de hechos históricos relacionados con la huída definitiva de Juan Perón en una cañonera paraguaya y el retiro temporal de Fernando De la Rúa en helicóptero, se ha iniciado un debate, al que deseo aportar algunos datos, vinculados a la vigencia de las libertades ciudadanas y los derechos humanos durante la gestión presidencial de Juan Perón desde 1946 a 1955. Como antecedente, vale recordar que el Capitán Perón fue uno de más importantes ideólogos del General Uriburu en la Revolución del 30; circula en Internet una foto de ambos. Ese golpe "fascista y petrolero" contra Hipólito Yrigoyen y por que no, contra Enrique Mosconi, instauró en la República la tortura, que iría en aumento hasta la llegada de la Libertadora. Perón hizo sancionar las siguientes leyes represivas: 1) en 1948 la nº 13.234 referida a la "Movilización Nacional en tiempos de Guerra"; 2) en 1951 la nº 14.062 que establecía el "Estado de Guerra Interno" y 3) en 1951 la nº 14.117 sobre el "Alzamiento sobre Autoridades Constitucionales". Las nº 13.234 y nº 14.062 fueron derogadas por el Decreto-Ley nº 8.313/55 de la Libertadora, a causa de incluir la pena de muerte. Perón también aplicó la Ley nº 4.144 llamada de Residencia –originada en la presidencia de Roca, y la utilizó para expulsar del país a trabajadores extranjeros "contreras". Desde septiembre de 1951 hasta septiembre de 1955 gobernó sin la vigencia de las garantías establecidas en la Constitución. La primera de estas leyes resultada manifiestamente anticonstitucional, mientras que las dos restante estaban avaladas por la Constitución Peronista de 1949, en efecto, esta última agregó al Estado de Sitio –que no limitaba ninguna garantía constitucional-, el Estado de Prevención y Alarma, que si limitaba las garantías constitucionales. Vale recordar que la Ley que permitió la reforma de 1949 había sido sancionada sin haberse logrado el quórum constitucionalmente requerido e incluía la reelección eterna. Al amparo de esas leyes, miles de opositores –los contreras-, tuvieron que exiliarse mientras que otros fueron detenidos legal y clandestinamente, torturados y asesinados, en una República donde no existían ni un sólo juez o diario independiente. Los torturadores más famosos fueron el Tte. Cnel Jorge Osinde (el mismo de Ezeiza), los "hermanitos" Cardozo, los Comisarios de la Federal Benítez, Lombilla y Amoresano. Los torturados más conocidos fueron Cipriano Reyes –el gran gestor del 17 de octubre de 1945 y Jefe del Partido Laborista- quien también fue mutilado; el médico rosarino Ingalinella que murió a causa de las torturas siendo su cuerpo hecho desaparecer; Moisés Lebenshon, el más importante dirigente radical de la época, quien murió al poco tiempo de salir en libertad a causa del trato inhumano a que fue sometido durante más de ocho meses; Roque Carranza, mutilado e injustamente inculpado -y condenado-, de realizar un atentado pergeñado por la Federal en 1953 el estudiante Mario Bravo, etc… El condenado más famoso fue, sin dudas, Ricardo Balbín, mientras que Alfredo Palacios los era en el rubro de los exiliados. Ni que hablar de la sumisión a los Estados Unidos, donde se destacan la firma del TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) cuya inutilidad se vio en la Guerra de Malvinas, el "cajoneo" del Informe Rodríguez Conde-Juan Sábato y el consiguiente mantenimiento de los hiperbeneficios a la CADE y la aprobación del contrato petrolero más ignominioso de nuestra historia con la Standard Oil de California, que fuera dejado sin efecto por la Libertadora, en el cual se entregaba hasta la soberanía territorial de gran parte del territorio santacruceño. Las opiniones contrarias, la YPF, especial las insertas en sus libros "Del poder al exilio" y "La fuerza es el derecho de las bestias" nunca fueron superadas. El privatismo petrolero de Perón se aprecia, además, en su Pacto con Frondizi en 1958 –del cual derivaron sus delictivos contratos, anulados posteriormente por Arturo Illia, y en su apoyo al golpe "petrolero y medicamentoso" de 1966 contra Illia, elogios a Onganía incluidos)." Atentamente Gustavo A. Calleja 

Y para finalizar, un fragmento de "Ezeiza" de Verbitsky, donde se relatan las torturas a las que fue sometido en las mazmorras peronistas: "Al ingeniero Roque Carranza, futuro ministro de los presidentes Illia y Alfonsín, le dijo que le convenía "confesarse autor de los hechos, a fin de evitar consecuencias para el declarante, que podría alcanzar a sus familiares, cuya detención iba a ordenar en ese momento". Carranza se negó. Lo vendaron, lo desnudaron, lo sentaron en una silla, le ataron una toalla húmeda al tobillo y lo picanearon. Después el jefe de los torturadores lo instó a "hacer una confesión completa. El deponente manifestó entonces que firmaría lo que le pusieran delante con tal que terminaran los procedimientos y se liberase a sus familiares". Este texto forma parte una semblanza del Coronel Jorge Manuel Osinde, uno de los máximos responsables de la represión en la época peronísta. Leer más...

Acto de asunción de las autoridades de la UCR del Departamento Uruguay

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OPINIÓN RADICAL

Publicación del Comité Nacional y de los bloques de senadores y diputados de la Unión Cívica Radical. N° 1, Diciembre de 1973.-

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Illia volvé...!

Por José Antonio Artusi
A modo de homenaje a la memoria de Arturo Umberto Illia, a 30 años de su fallecimiento.

Forma parte de las tantas "zonceras" argentinas - tonterías que se repiten como loros sin pensar demasiado lo que se dice - sostener que Arturo Umberto Illia, de cuya muerte se cumplen este 18 de Enero 30 años, fue un político honesto y austero, a la vez que un gobernante ineficiente, lento, ineficaz, y cultor de ideas vetustas, incapaz de comprender las exigencias de los nuevos tiempos.

Algunos de sus propios detractores, en una sutil y hábil maniobra para desmerecer su estatura histórica, enfatizan deliberadamente su ejemplaridad ética precisamente para enmascarar o negar su gigantesca dimensión de estadista exitoso como pocos, poseedor de una cultura inusual en los gobernantes argentinos, profundo conocedor del mundo y sus problemas, imbuido de una lúcida visión de futuro de los desafíos del país y de su gente

Pocas zonceras como ésta, reflejada en el recordado mote de la "tortuga", están más lejos de la realidad.

Por eso, a 30 años de la muerte de este gran prócer, a modo de homenaje, no repetiremos los lugares comunes referidos a su proverbial austeridad republicana y su inquebrantable honestidad administrativa. Nadie desconoce hoy que Illia se fue de la Casa Rosada más pobre que cuando entró, y que su única propiedad fue una casa donada por sus vecinos de Cruz del Eje, adquirida por suscripción popular. Pero sí muchos desconocen lo que fue capaz de hacer en tan breve lapso, desde el 12 de Octubre de 1963, en que asume la Presidencia de la República, hasta el 28 de Junio de 1966, en que es derrocado por un grupo de militares cuyo nombre quedará para siempre en la ignominia de la historia. En menos de 3 años, la "tortuga", entre otros muchos logros de gobierno;

- Eliminó las proscripciones al peronismo y al comunismo. y se promulgaron penalidades a la discriminación y violencia racial.

- Promulgó la Ley 16.459, del salario mínimo, vital y móvil, previa a la constitución del Consejo del Salario, integrado por representantes del Gobierno, los empresarios y los sindicatos.

- Promovió la Ley de Abastecimiento, destinada a controlar los precios de la canasta familiar y la fijación de montos mínimos de jubilaciones y pensiones.

- Cumpliendo estrictamente lo prometido en la campaña electoral, en la senda de Yrigoyen, Alvear y Mosconi, de defensa del petróleo argentino al servicio del desarrollo con autodeterminación, firmó los Decretos 744/63 y 745/63 que anulaban los contratos petroleros de Frondizi, por "vicios de ilegitimidad y ser dañosos a los derechos e intereses de la Nación"; recuperando así la soberanía energética.

- Aumentó la incidencia de la educación en el Presupuesto Nacional. Del 12% en 1963, al 17% en 1964, y al 23% en 1965. Promovió la educación popular, laica, gratuita y obligatoria. Fortaleció la autonomía universitaria y jerarquizó los estudios superiores hasta niveles nunca superados después.

- Puso en marcha el Plan Nacional de Alfabetización.

- Promulgó la Ley 16.462, de medicamentos, también llamada Ley Oñativia en homenaje al Ministro de Salud Arturo Oñativia. Establecía una política de precios y de control de medicamentos, congelando los precios a los vigentes a fines de 1963, fijando límites para los gastos de propaganda, imponiendo límites a la posibilidad de realizar pagos al exterior en concepto de regalías y de compra de insumos. La Ley de Medicamentos, al propio tiempo que promovía la industria de los laboratorios nacionales, disminuyó drásticamente el costo de los remedios medicinales, considerados un bien social.

- Hizo crecer la economía como nunca antes. El PBI, luego de un retroceso del -2,4% en 1963, creció un 10,3% en 1964 y un 9,1% en 1965. El Producto Bruto Industrial, luego de un retroceso de -4,1% en 1963, creció un 18,9% (sí, leyó bien, casi 19%) en 1964 y un 13,8% en 1965.

- Disminuyó la deuda externa, de 3.400 millones de dólares a 2.600 millones.

- Hizo crecer el ingreso de los trabajadores: el salario real horario creció entre diciembre de 1963 y diciembre de 1964 un 9,6%.

- Hizo bajar la desocupación: pasó de 8,8% en 1963 a 5,2% en 1966.

- Se opuso a la intervención armada de los Estados Unidos en la República Dominicana. Obtuvo una resolución favorable en la ONU, que obligaba a Gran Bretaña a la discusión sobre la soberanía en las islas Malvinas, en el marco que orientaba la descolonización de todos los territorios hasta entonces sometidos a diversos grados de dominación imperialista.

- Fue un impulsor convencido de la planificación indicativa, con el Plan Nacional de Desarrollo, un riguroso modelo de transformación democrática de las estructuras económicas y sociales.

- Intentó modificar la ley de asociaciones profesionales: el manejo de los fondos se repartiría, de acuerdo con esa iniciativa, entre la central, la Federación provincial y el sindicato de base. Se estipulaba, asimismo, la participación de las minorías en las direcciones gremiales.

- Gobernó sin estado de sitio, combatió la incipiente insurgencia guerrillera con la fuerza de la ley, levantó proscripciones, y fue un celoso defensor de la independecia de los poderes y de la libertad de prensa.

- Promovió un activo desarrollo de la hidroelectricidad - impulsando entre otros el proyecto de la represa de Salto Grande - y la energía atómica

Vale la pena recordar que Ramiro Casasbellas, periodista de Primera Plana, publicación abanderada en escribir barbaridades contra el gobierno de Illia , reconocía tardíamente: “El gobierno de Don Arturo Illia no abusó un milímetro de sus poderes; en cambio, buena parte de los ciudadanos abusamos de los derechos que ese gobierno cuidó y afianzó con celo extraordinario. Al recato en el mandato lo denominamos ‘vacío de poder’; al irrestricto cumplimiento de las leyes, empezando por la máxima ‘formalidad democrática’; a la moderación ‘lentitud’; a la labor silenciosa y certera, sin autobombos ni desplantes, ‘ineficacia’ y ‘burocratismo’; al repudio de la demagogia, ‘sectarismo’; al ánimo de concordia, ‘falta de autoridad’; y a la severa reivindicación de una doctrina nacional, popular y cristiana, ‘exigencias de comité’. Éramos nosotros los sectarios, los que carecíamos de autoridad”.

Los opositores al gobierno de Illia, miopes y mezquinos en su gran mayoría, caricaturizaron y vilipendiaron su gobierno, ayudando a la conspiración de los grandes intereses transnacionales que alentaron su derrocamiento. De ciertos periodistas, de ciertos políticos, de la burocracia sindical, de las fuerzas armadas; la dignidad de la República todavía espera un mea culpa y una autocrítica.

A 30 años de su muerte, la memoria y el ejemplo de Arturo Illia nos obigan a seguir luchando por la verdadera "revolución democrática" a la que el entregó sus mejores esfuerzos.-

José Antonio Artusi

Foto: Arturo Umberto Illia en un acto en Concepción del Uruguay. Archivo del Instituto Hipólito Yrigoyen.

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EL RADICALISMO DEFIENDE LA UADER

El Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos y el Bloque de Diputados Provinciales reiteran su inclaudicable voluntad de defender y jerarquizar la UADER, obra de un gobierno radical que contó en su difícil gestación con la oposición cerrada del peronismo. Rechazamos los intentos de desnaturalizarla a través de proyectos inconsultos como el de la Senadora (MC) Blanca Osuna, que pretende crear otra universidad sobre la base de la UADER y reclamamos una vez más la concreción definitiva de su normalización. Nos solidarizamos con la comunidad educativa de la UADER y exigimos que todo proyecto tendiente a introducir reformas cuente con su activa participación y protagonismo. Por todo ello adherimos y convocamos a la marcha convocada en defensa de la UADER, a realizarse el día Jueves 18 de Octubre a partir de las 18 horas en la ciudad de Paraná. Leer más...

Documento del MORENO sobre la situación energética

El MORENO ha venido sosteniendo, desde su fundación, la defensa de la propiedad inalienable del Estado de los recursos naturales y de su papel rector en la prestación de los servicios públicos. El desarrollo de las políticas neoliberales en el conjunto de la economía, iniciado en la década de los años ´90, llevó a la privatización y el desguace de las empresas estatales y al avance de las empresas multinacionales del sector energético, lo que ha culminado en una situación crítica de pérdida del autoabastecimiento de energía y déficit pronunciado de su balanza comercial, particularmente del sector hidrocarburífero. La reciente promulgación de la ley 26741 sobre la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina, generó por una parte grandes críticas, y por otra limitadas esperanzas. Las críticas parten de diversos sectores políticos y de muchos de los técnicos que, durante años, ejecutaron las políticas en energía. Para ellos la toma de control de YPF S.A. representaría un paso que, más allá de castigar a Repsol por sus fallas e incumplimientos -que los gobiernos aprobaron o al menos toleraron- generaría principalmente el rechazo y la desconfianza de las grandes empresas multinacionales, lo que limitaría las nuevas inversiones necesarias para avanzar en la oferta de hidrocarburos y la recuperación del autoabastecimiento. Por otra parte la letra de la ley 26741 -que declara de interés público el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, establece principios muy generales de política en ese sector, y declara sujeta a expropiación a YPF S.A.- generó expectativas. Estas nos resultaron limitadas, a quienes promovemos desde siempre la necesidad de que el Estado maneje soberanamente la producción, distribución y comercialización de los bienes energéticos y los servicios públicos. Seguimos sosteniendo que los hidrocarburos son bienes estratégicos y que el Estado argentino, tal como sucedía en nuestro país hasta 1989, y como sucede en prácticamente todos los países del mundo, debe volver a asumir esas funciones directrices. La ley no apuntó claramente a avanzar en esa dirección. En principio señalábamos que YPF S.A, de la que se tomó posesión del 51% a través de la ley 26741, sólo representa un tercio de la oferta de petróleo y gas y alrededor del 25% de las reservas, y que continuaría operando como sociedad anónima, sin los controles que se aplican a las empresas estatales. No se planteaba ningún cambio en las relaciones del Estado con las demás petroleras (se refirma la posibilidad de que YPF establezca “todo tipo de acuerdos con otras empresas, públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras”, art17). Además la composición de la intervención primero, y luego del nuevo Directorio de YPF, no alentaba a suponer ningún cambio sustancial. Opinábamos que debían derogarse los decretos desreguladores de Menem del año 1989, que otorgaban libre disponibilidad de los hidrocarburos extraídos y de las divisas que generaran su exportación. Y que debían anularse las concesiones otorgadas y las prorrogadas por extensos períodos en forma irregular. Desde la sanción de la ley de Soberanía Hidrocarburífera, se fueron sucediendo declaraciones y hechos que ahondaron las dudas sobre el alcance y carácter de la nueva gestión. La Presidente de la Nación reafirmó el modelo de empresa mixta elogiando, dentro de esa visión, la gestión del Ing. Estenssoro quien, en los principios de los años ´90, inició el proceso de desmembramiento y reducción de YPF, con su “Plan de Transformación Global”. Por su parte el Ing. Galuccio, presidente y principal ejecutivo de YPF S.A., anunciaba las líneas generales de las políticas que se aplicarían para aumentar la producción de hidrocarburos: la reactivación de los yacimientos maduros, el crecimiento de la refinación y la comercialización, y la explotacion de yacimientos no convencionales, en arenas compactas (tight) y en esquistos (shale). La aplicación intensiva de técnicas de recuperación, y un aumento de los pozos perforados (1019 en 2013, un 50% más que en 2011) llevarían a un crecimiento de la producción del 6% anual entre 2013 y 2017. Y la exploración de hidrocarburos no convencionales se multiplicaría por diez para el petróleo y por veinte, en el caso del gas entre 2013 y 2017. Este plan requeriría erogaciones de 3500 millones de dólares en 2012, y de 7000 millones de dólares anuales entre 2013 y 2017. Ante la situación económica, y en particular ante el déficit de la balanza comercial energética, se buscó activamente involucrar a las empresas multinacionales en los nuevos planes que proyectaba la nueva YPF. Si bien en medio de la embestida contra Repsol previa a la intervención de YPF S.A, otras empresas habían sido acusadas de la caída de la producción y sufrido la quita de concesiones, en un informe sobre la evolución de la crisis energética se culpaba casi exclusivamente a Repsol. Hasta ahora no se ha avanzado significativamente en lograr nuevas inversiones de las multinacionales que -por lo que trasciende de las reuniones mantenidas con ellas- pretenden la libre disponibilidad del hidrocarburo y las divisas. La situación financiera se ha complicado también por la pérdida de las líneas de crédito bancario que antes tenía abiertas YPF por gestión de Repsol. Por lo tanto no parece fácil conseguir financiamiento externo a través de préstamos o emisión de acciones. Al mismo tiempo se busca incrementar los ingresos desde el mercado interno a través de los precios de los hidrocarburos: continuó el aumento de precios de YPF en el surtidor, los del gas subieron, a 5,20 u$ el millón de Btu para las centrales eléctricas (a través de Cammesa (aunque luego se dijo que fue suspendido), y recientemente se aumentó un 300%, a $ 0,60 el metro cúbico en pozo, el GNC para automotores. Pero no se ha contemplado fijar el precio de la garrafa de gas licuado (GLP), que pesa fuertemente en la economía de muchos hogares pobres. Tampoco se intenta seriamente reducir el déficit revisando los subsidios a los combustibles para el transporte público. El próximo intento será obtener $3500 millones emitiendo Obligaciones Negociables de YPF en el mercado interno y exhortando a los grandes capitales nacionales a invertir en la empresa. En cuanto al aumento de la oferta de hidrocarburos es alentador que haya culminado la ampliación de la refinería de Ensenada, que permitirá producir más gasoil, y que se reanude la producción de yacimientos inactivos. Para asegurar la provisión externa de hidrocarburos y atender la demanda que no cubre la producción nacional, se logró un nuevo compromiso de Bolivia para que aumente -en años sucesivos- el volumen de gas inyectado diariamente por gasoducto, a mayores precios. También se reanudaron tratativas con Venezuela, para garantizar la provisión de gasoil y tal vez lograr apoyo para la construcción de una nueva refinería. Se negociaron compras de nuevas cargas de GNL por barco -aunque reduciendo de los 80 previstas a 56- debiendo remplazar las que debía proveer Repsol, que rechazó cumplir con 10 envíos como represalia por la estatización de parte de su paquete accionario en YPF S.A. Entre quienes apoyamos críticamente la sanción de la ley 26741, surgieron prontamente numerosas dudas y objeciones sobre las formas con que se está encarando la gestión, considerando el perfil de los distintos funcionarios que intervienen y la falta de coherencia entre las acciones encaradas por ellos, amén de los conflictos de intereses que se suscitan entre las provincias. A todos sorprendió que la intervención de YPF S.A. fuera confiada al ministro De Vido -ejecutor principal de las políticas que durante las presidencias de Néstor Kirchner y de Cristina F. de Kirchner, condujeron a la crisis energética actual- acompañado por Axel Kicillof, funcionario de creciente influencia sobre la presidente . Luego se constituyó el nuevo directorio -presidido por Miguel Galuccio, profesional formado en la YPF de Estenssoro- al que se incorporaron economistas de perfil neoliberal, sindicalistas que apoyaron la privatización y representantes de las provincias productoras de hidrocarburos. Los tres funcionarios han intervenido, a veces conjuntamente y en otras separadamente, en distintos niveles de tratativas con las empresas y gobiernos extranjeros, y en la designación de funcionarios en YPF; en diversas actitudes y expresiones se trasluce una competencia por espacios de poder, que generalmente termina dirimiéndose en la presidencia de la Nación. Las empresas recelan de estas contradicciones y contramarchas, así como de la indefinición de competencias entre la Nación y las provincias. Las provincias productoras -agrupadas desde hace tiempo en la OFEPHI- son las únicas que participan en el directorio de YPF; y sus acciones serían ´sindicadas´ con las de la Nación, por lo que Nación y provincias actuarán casi como una sola voluntad en el directorio. La exclusión del resto del país no hace más que reforzar las actitudes egoístas de los gobiernos de la OFEPHI frente al conjunto del país, que ha financiado el desarrollo hidrocarburífero a través de la YPF estatal, a lo largo de la historia. Pretenden disponer de los hidrocarburos, aumentar el precio en boca de pozo -por presión de las empresas- y aumentar las regalías, pero al mismo tiempo reclaman que se les subsidie el consumo interno y se congelen las tarifas. Buena parte de los fondos con los que se enjuga el déficit fiscal de varias provincias, se obtienen de las regalías de yacimientos cedidos por la Nación, o de los adelantos de las empresas a cuenta de futuras regalías, y el resto lo aporta la coparticipación federal, más generosa con ellas que con otras jurisdicciones, como la provincia de Buenos Aires. El día 25 de julio entraron en vigencia los decretos 1277/2012 y 1278/2012. El primero reglamenta la ley 26741, definiendo los contenidos de un Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas y creando una Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica (CPyCE) de dicho plan, que deberá “…asegurar y promover las inversiones necesarias…” en todas las etapas y en todos los subsectores de la actividad hidrocarburífera. Esa comisión estará conformada por tres funcionarios, representantes de los ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de Planificación Federal. Se crea además el Registro Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas y se establecen las obligaciones de todos los actores del sector de informar anualmente sobre los planes anuales de inversiones; además la CpyCE “…auditará y fiscalizará en forma trimestral el cumplimiento del Plan Anual…” (Anexo I, art 15,19 y 26), para lo cual “…se encuentran obligados a suministrar la información técnica, cuantitativa y/o económica, conforme a las pautas que establezca la Comisión de Planificación…” (art 11,16 y 23). Además, según los arts. 27 y 28 se establecerán criterios que regirán las operaciones en el mercado interno, se publicarán precios de referencia de venta y de los componentes de los costos -que permitan obtener ‘un margen razonable de ganancia’- y se auditarán y fiscalizarán periódicamente los precios reales y los costos informados por los productores. Pero lo más importante es que el decreto 1277 deroga diversos artículos de los decretos 1055/89, 1212/89 y 1589/89, eliminando la cobertura legal al privilegio de los mecanismos de mercado por sobre cualquier regulación, la libre disponibilidad de los hidrocarburos y de las divisas obtenidas por su exportación, la libre importación y exportación, la libertad de precios, la exención de aranceles aduaneros. Efectivamente, el decreto amplía el alcance de la ley 26741, que declaraba los hidrocarburos “de interés público”, les da carácter de bien estratégico y otorga al Estado la herramienta legal para conducir el desarrollo del sector y avanzar en la recuperación de la renta hidrocarburífera. El otro decreto, 1278/2012, aparece reforzando el peso de la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo -del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas- a cargo de Axel Kiciloff, uno de los funcionarios integrantes de la CPyCE junto con el Secretario de Energía, D.Cameron, y del Secretario de Comercio Interior, G.Moreno. Axel Kiciloff, virtual viceministro de Economía, manejará las políticas y acciones del Estado en las empresas en las que el Estado y/o el Ministerio de Economía tienen participación minoritaria y en las inversiones del Fondo de Garantía de la ANSES. La aparición de los decretos y el nombramiento de los funcionarios de la CPyCE despertaron particularmente la reacción de las grandes petroleras y movilizaron también a muchas administraciones provinciales. Se escucharon, en público y en reuniones con funcionarios, quejas de las petroleras que piden aclaraciones por las normas que atribuyen a la Nación facultades que, alegan, por ley están en manos de las provincias, como el control de las inversiones y la sanción de multas y el quite de áreas (Dto 1277, Anexo I, art.29, 30,31); y advirtieron que no decidirían nuevas inversiones hasta que no se aclararan las incompatibilidades. En las provincias no petroleras se sigue argumentando contra la discriminación en la composición del directorio de la nueva YPF. Por su parte las provincias integrantes de la OFEPHI, que tienen asiento en el directorio y compiten entre sí por su peso relativo, ven ahora retaceado su poder por la nueva normativa, en favor del gobierno nacional. Además como no disponen de capital para integrar su participación accionaria en YPF, convinieron en un ´pacto federal´ que podrían ceder, sin licitación, áreas revertidas a YPF, o prorrogar las concesiones en áreas que la empresa considere estratégicas. A las manifestaciones de los funcionarios nacionales y provinciales y de las empresas del sector, se han agregado opiniones de políticos, técnicos y aun de algunos dirigentes sindicales que han apoyado las privatizaciones. De la mayoría han surgido objeciones al avance del gobierno nacional sobre las atribuciones de las provincias, llegando a tachar de inconstitucionales los decretos 1277 y 1278, denunciando un avance ´estatizante´sobre el sector hidrocarburífero -que, alegan, ahuyentarían la inversión de las grandes empresas del sector- y recelando del crecimiento de la influencia del viceministro Kiciloff. Atendiendo a cómo se financiarán las medidas inmediatas para el 2012 y el plan de recuperación de YPF que el Ing. Galuccio anunciara para el período 2013-2017, vemos que por ahora no se manifiestan avances significativos en lograr nuevos acuerdos de inversiones o de aumentos de producción con otras empresas. En particular los planes de inversión para explorar y explotar los yacimientos de gas/petróleo´shale´ y gas/petróleo ´tight´ se deberían considerar con mucho cuidado, en primer lugar por el impacto ambiental, pero también atendiendo prioritariamente en las inversiones a las necesidades de nuestro autoabastecimiento, frente al interés particular de las grandes multinacionales en la explotación de nuestros recursos no convencionales. En el MORENO entendemos que las nuevas normas, aunque tibias en algunos aspectos, son positivas en el camino de recuperar el rol del Estado que siempre reivindicamos. Si bien el avance sobre las empresas multinacionales y las competencias provinciales en el sector hidrocarburífero no ha sido ´prolijo´, confiamos en que se puede avanzar hacia un régimen genuinamente federal, con control popular, que rompa con un entorno de negocios que se ha venido instalando entre las grandes empresas del sector y las administraciones provinciales. Pero experiencias anteriores sobre las políticas del gobierno nacional que colaboraron con la consolidación de ese entorno, no ayudan a inspirar confianza. El cambio de rumbo señalado por las últimas medidas debería ser ratificado, al mismo tiempo que por las acciones inequívocas de los nuevos administradores, por un balance franco de las políticas aplicadas en la última década y de la actuación de los funcionarios responsables. Superar la crítica situación del abastecimiento de hidrocarburos y de la balanza comercial energética, requiere un gran esfuerzo nacional que pueda sobreponerse a la presión de los grandes intereses empresarios del sector y de los círculos de poder económico, que se ejerce también a través de los administradores funcionales a esos intereses. Entendemos como tarea primordial para lograrlo, alcanzar la unidad de objetivos y de acción de los trabajadores y sus organizaciones combativas, con los sectores políticos progresistas y las organizaciones populares defensoras del patrimonio nacional. Buenos Aires, 27 de agosto de 2012 HUGO PALAMIDESSI GUSTAVO CALLEJA JOSE RIGANE Vicepresidente Vicepresidente Presidente Leer más...

ANTES DE PENSAR EN DELIRIOS REFORMISTAS HAY QUE RESPETAR Y CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN VIGENTE

Por José Antonio Artusi
 Está claro que el partido de gobierno, tanto a nivel nacional como provincial, reeditando sus peores antecedentes en materia de anti-republicanismo y vocación hegemónica, no descarta la absurda y descabellada posibilidad de intentar la reforma de los respectivos textos constitucionales para permitir la posibilidad de la re-reelección, y – si les fuera posible – la de la reelección indefinida. La sabia Constitución Nacional de 1853-60 y la progresista Constitución Provincial entrerriana de 1933 imponían con razonabilidad la restricción a aspirar a un nuevo mandato para el titular del Poder Ejecutivo en funciones. Tal disposición no constituía una proscripción, como tantas veces se ha sostenido falazmente, sino que representaba la garantía, firmemente fundada en el principio republicano de la periodicidad de los mandatos, de que el circunstancial gobernante no pusiera los resortes de la administración al servicio de su propia permanencia en el poder. Fue este principio el que defendiera magníficamente Moisés Lebensohn en la Convención Constituyente de 1949, al expresar, en un discurso imperecedero: “el artículo 77 de la Constitución es la garantía suprema de las libertades populares y la última valla contra la arbitrariedad. Puede un gobernante avasallar todos los derechos. Su poder tiene límite cierto, plazo infranqueable en esa prohibición. Su remoción es el objeto de la reforma, y el radicalismo se opone a este in totum, en su conjunto, en defensa del orden democrático y de las libertades fundamentales, y en lealtad con la historia y el destino de nuestra patria.” En la misma línea, argumentaba Sergio Montiel en 1994: “al respecto cabe preguntar cómo se puede hacer para que en un país que tiene todavía estos vicios en su vida democrática, un gobierno se contenga y evite que un sistema de reelección ponga al servicio del candidato, el propio Presidente, todo el aparato del Estado para inclinar la elección a su favor”.
En las reformas constitucionales de 1994 y 2008, a nivel nacional y provincial respectivamente, se introdujo la posibilidad de la reelección, pero acotada solamente a un período. Basta una rápida lectura al texto de nuestra Constitución Provincial sancionada en 2008 para darse cuenta que la mayoría de los nuevos derechos e institutos incorporados en ese momento son todavía una asignatura pendiente: - Derecho al acceso a la información pública - Adjudicación de publicidad oficial a través de pautas objetivas establecidas por ley. - Seguro provincial de salud y medicamento como un bien social básico. - Derecho a un ingreso mínimo indispensable para la subsistencia (Art. 24). - Derecho a la vivienda digna (Art. 25). - Fondo partidario permanente (Art. 29). - Designación por concurso de directores de hospitales y directores departamentales de escuelas. - Ley de ética pública. - Audiencia pública. - Consejo Económico y Social. - Banco de la Provincia. - Organismo de aplicación de la política ambiental (Art. 84). - Defensoría del Pueblo. - Cartas orgánicas municipales. - Régimen de comunas (juntas de gobierno); etc…
 Como nos enseñara Alberdi, hoy más que nunca, “conservar la Constitución es el secreto de tener Constitución”. En nuestro caso además de conservarla, debiéramos empezar por cumplirla.- Leer más...

La UCR de Entre Ríos adhiere a la campaña por el boleto educativo universal y gratuito

El Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos expresa su adhesión al Plan de Lucha Nacional por el BOLETO EDUCATIVO UNIVERSAL y GRATUITO de la Federación Universitaria Argentina.

La meta de esta iniciativa es erradicar las condiciones de desigualdad, que condenan a miles de familias a no poder enviar a sus hijos a la Escuela, a miles de jóvenes a abandonar la secundaria para buscar trabajo o a muchos universitarios a dejar las aulas a causa de sus necesidades económicas. A la fecha existen numerosos Proyectos sobre Boleto Educativo en el Congreso de la Nación, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, pero las necesidades de los estudiantes siguen sin ser cubiertas, y miles de niños y jóvenes se ven excluídos directamente del sistema educativo, u obligados a abandonarlo. Cabe señalar que el diputado radical Miguel Bazze presentó un proyecto de ley para que se declare la “gratuidad del transporte terrestre de pasajeros para todo el ámbito de la educación pública”, que incluye a “todos los alumnos, maestros, docentes, profesores, personal auxiliar y administrativo de los establecimientos de los niveles inicial, primario y secundario de todas las escuelas públicas de gestión estatal y de gestión privada con subsidio estatal; los de las universidades públicas estatales y de los institutos terciarios y de formación técnica y profesional o de educación superior”. Adherimos a la convocatoria de la FUA a los estudiantes secundarios y terciarios, a los docentes y trabajadores de la educación, y a las organizaciones en general a sumarse al reclamo, para que el Congreso de la Nación y el Estado asuman sus responsabilidades y garanticen a todos y todas los estudiantes de la Argentina el Derecho a la Educación. Leer más...