Cusinato busca crear un Fondo Especial Agropecuario con dinero de las retenciones

El diputado de la Nación por la UCR presentó un proyecto de Ley para la Creación de un Fondo Especial Agropecuario (FOESA) el que se integrará con el treinta por ciento (30%) de las retenciones a las exportaciones de los productos agropecuarios, autorizadas por la ley Nº 22.415 e instituidas a través de las Resoluciones del Ministerio de Economía e Infraestructura Nº 11/2002 y 35/2002 y sus modificatorias como la 125/ 2008 o las que en su futuro las reemplacen o sustituyan.
"Los recursos provenientes de este Fondo Especial Agropecuarios serán administrados por cada provincia, debiendo rendir cuenta anualmente sobre su destino al Gobierno de la Nación y podrán destinarse a inversiones edilicias; de infraestructura y equipamiento para la educación pública en todos sus niveles y modalidades, a obras de infraestructura y equipamiento para la salud pública, incluyendo hospitales, centros de salud, salas de primeros auxilios, dispensarios etc., a infraestructura y equipamiento para la Justicia, Policía, Bomberos y Defensa Civil e inversiones en infraestructura vial, mantenimiento de caminos y rutas con preferencia a aquellas obras relacionadas con el mejoramiento de los corredores, rutas y caminos relacionados con la producción agropecuaria", afirmó el ex candidato a gobernador por la Unión Cívica Radical.
Según Cusinato, "el FOESA, se distribuirá a todas las provincias, inclusive a la ciudad autónoma de Buenos Aires, en forma proporcional a la participación de las distintas jurisdicciones en las exportaciones, es decir que las provincias productoras que mas exportan serán las más beneficiadas".
Cusinato agregó que "como antecedentes para la Creación del Fondo Especial Agropecuario, tomamos los ejemplos de otros fondos que ya existen y que toman recursos pertenecientes a la Nación y lo distribuyen a algunas provincias como es el caso del Fondo Hídrico de Infraestructura creado por la Ley 26.181, el Fondo Especial del Tabaco, Ley 19.800 y el Fondo Especial de Salto Grande, creado por la Ley 24.954".
"Nuestro proyecto establece que este Fondo debe estar excluido de la materia sujeta a la regulación y disposición de la competencia presupuestaria atribuida por la Constitución de la Nación Argentina al Poder Ejecutivo Nacional y al jefe de Gabinete de Ministros, como lo son en estos momentos el Fondo Especial del Tabaco excluido del presupuesto por ley 24.465, y el Fondo Especial de Salto Grande, excluido del presupuesto por ley 25.671 y que son girados directamente a las provincias beneficiarias de dichos fondos", dijo el legislador nacional.
Finalmente Cusinato dijo que "la totalidad de la recaudación correspondiente al FOESA, será depositado en forma mensual y automática, en una cuenta recaudadora especial en el Banco de la Nación Argentina, a nombre del órgano de aplicación, con afectación especifica al cumplimiento de lo dispuesto en la ley presentada". Leer más...

Un fiasco llamado ONU

Por Pilar Rahola

Quizás serviría como memorial de los sueños rotos. Aquello que pudo ser y no fue. Joan Saura podría incorporarlo a su desmemoriado proyecto sobre la memoria histórica. Total, si como dijo Josep Benet se puede manipular de forma delirante la memoria más reciente de nuestra historia (y convertir a algunos insignes del comunismo catalán en hermanitas de la caridad), ¿cómo no inventar una historia de magníficas gestas con algo más lejano? La ONU da para casi todo. Para sus orígenes épicos, cuando se imaginó un organismo que velaría por los derechos humanos en el planeta. Nació para construir los puentes de la libertad, y, con mayor osadía, para garantizarlos. Pero la historia se truncó pronto en un baile de dictaduras, resoluciones sectarias y todo tipo de abusos que incluso ensuciaron su labor en zonas en conflicto. Entre los hitos más perversos, la resolución 3379, que, por impulso de Siria y Egipto, equiparó al sionismo con el racismo y el apartheid sudafricano. Aunque se derogó en el 91, cumplió con su intención de proscribir a Israel del plano internacional. Dicen los propios de la ONU que esa resolución, como otras igual de perversas, se explican en el marco de la guerra fría, cuando la alianza entre el bloque soviético y los países árabes intento demonizar a Israel y excluirla de la legalidad internacional. Sin embargo, esa explicación es, justamente, la que ahonda en la vergüenza de la ONU: su incapacidad para sustraerse a la manipulación de los países que la forman. Más de cien dictaduras conforman su Asamblea General. De ahí que la ONU, a pesar de su retórica, nunca haya hecho una resolución condenando el apartheid racista que sufren las mujeres en el islam. O ninguna contra el uso de niños bomba. O, por ejemplo, no sea capaz ni de condenar los atropellos de Rusia en Chechenia, ni los de Estados Unidos en Guantánamo. La ONU no existe para los derechos humanos. Existe para que payasos como Chávez conviertan su alto aparador en el escenario planetario de sus bajas pasiones. Como existió, en el pasado, para que Arafat hablara en la ONU con una pistola en la mano, poco tiempo después de haber sido asesinados 11 atletas judíos en las Olimpiadas de Munich. Pese a la rama de laurel que sostenía en la otra mano, Arafat certificó para siempre la severa enfermedad de la bienintencionada organización: valía todo si las presiones eran las adecuadas, incluso valía el terrorismo. Y por tener, incluso tuvo de secretario general a Kurt Waldheim, que había servido en el SA-ReiterCorps del Partido Nazi. Por supuesto, la resolución considerando a Israel un país racista se aprobó bajo su mandato.Los años no han mejorado su ambigua naturaleza. Se mantiene como un enorme dinosaurio, con una notable incapacidad de moverse hacia algún lado. En las zonas en conflicto, algunos de sus soldados han sido artífices de los abusos más graves. Y respecto a su capacidad de influencia política, para muestra el último botón, la maldad del régimen de Birmania ante sus propias víctimas. Es tan inútil la ONU que no ha conseguido ni tan sólo visitar el país durante semanas, y su secretario general ha sido ninguneado por la dictadura birmana, que no ha tenido ningún apuro en abandonar a millones de personas a su propia desgracia. En este caso, la ONU ha conseguido perpetrar algún papelito de condena, y, cual si fuera un poeta trágico, incluso ha lamentado la situación. Cierto. Puede que no tenga solución. Las dictaduras existen y la ONU es tan esclava de ellas que incluso es usada por las dictaduras, como blanqueador legal de sus miserias. Pero entonces, si es así, si la ONU no sirve para millones de mujeres esclavas, para miles de personas en Darfur, para miles de birmanos abandonados, ¿de qué sirve el viejo dinosaurio, más allá de dar voz a los iluminados del mundo? Sirve para que se rían de los derechos humanos en la propia organización que nació para preservarlos.

Fuente: www.pilarrahola.com Leer más...

¿POR QUÉ NO TENEMOS FERROCARRILES?

Por Eduardo Antonelli (Economista, UCR Salta)

¿Por qué?. La respuesta parece sencilla: “porque Menem los cerró” según su expresión: “ramal que para, ramal que cierra”. Sin embargo, la respuesta es un poco más compleja y se remonta a varias décadas atrás, allá por la década del 30 del Siglo XX.El gobierno de Justo surgido luego del golpe contra Yrigoyen en 1930, lanzó un plan de construcción de caminos buscando paliar la crisis de la economía mundial de 1929 que impactaba también sobre nuestra economía. Como resultado, se multiplicaron los caminos y por lo tanto la circulación de vehículos que comenzaron a competir con el ferrocarril, ya que los nuevos caminos habían sido construidos exactamente al lado de las vías férreas.
Esta construcción se financiaba con impuestos por lo que el tránsito estaba exento de ese costo para los vehículos, resultando el flete “más barato” que por ferrocarril ya que, mientras el camionero sólo tenía que gastar en combustible y amortización del vehículo, el ferrocarril absorbía además el mantenimiento de las vías, estaciones, señales, etc.
Claramente, se trataba de una competencia desleal porque es como pretender que las compañías de aeronavegación, además de comprar o alquilar sus aviones, mantenerlos, y pagar los costos del vuelo tuvieran
aparte que construir los aeropuertos, las torres de control, hacerse cargo de la radarización, etc
Obviamente, el Reino Unido, propietario entonces de los ferrocarriles, protestó, sin que el gobierno de entonces aceptara los reclamos y muy probablemente la reacción británica de refugiarse en sus dominios privilegiando las compras de carne vacuna a Australia y Canadá en detrimento de la Argentina haya tenido mucho que ver con la actitud de entonces hacia los ferrocarriles.
Los años siguientes mostraron el rearme ante la amenaza de Hitler y esa prioridad sumada al trato argentino discriminatorio al ferrocarril postergó su necesario reequipamiento, postergación que se tradujo en una indefinición total cuando el Reino Unido entró en guerra en Septiembre de 1939. Concluida la guerra y en el marco de un clamor alentado desde el gobierno de Perón por la argentinización del ferrocarril, éste paso a manos del estado argentino con grandes festejos del gobierno de entonces.
Se decía que era costumbre en tiempos del ferrocarril británico poner en hora el reloj con el arribo del tren, de una puntualidad ejemplar. Las anécdotas también cuentan que el tren que llegó a destino en el primer viaje de los ferrocarriles argentinos llegó cinco minutos tarde... lo que es un verdadero logro habida cuenta de los retrasos de hasta un día o más que se hicieron comunes pocos años después.
El ferrocarril estatal se caracterizó casi sin excepción por la ausencia total de inversiones en vías, material tractivo, rodante, señales, etc, con lo cual la calidad de los servicios se fue degradando a la vez que el propio gobierno alentaba, al menos por omisión, el no pago de boletos en el cinturón urbano capitalino como una “changa”, tal cual lo dice una popular canción: “y la changa cotidiana/de trepar por la ventana/a ese tren que los devuelve a su lugar...” (J. Marziali, "Los Obreros de Morón"). El resultado no podía ser otro que el colapso total del ferrocarril y así se fueron dando las “soluciones” consistentes en cerrar ramales y de más de 34.000 km de vías férreas hacia 1930 nos quedan aproximadamente la mitad...
A modo de consuelo, ante la pregunta desgarradora de los argentinos: “¿y ahora quién podrá ayudarnos?...” el gobierno nos ha puesto un camionero al frente de nuestro Belgrano, por supuesto, enteramente consustanciado con la problemática del ferrocarril y acérrimo defensor del mismo...

Fuente: Juventud Radical Salta Capital
www.ucrsalta.org.ar/jr Leer más...

Retenciones inconstitucionales

Por Félix Loñ
El cargo que bajo la denominación de retención se impone a la exportación de productos agropecuarios es un impuesto. Ello surge de que en la misma -y tan cuestionada por el campo- resolución 125/08, del 11 de marzo último, emitida por el Ministerio de Economía, se lo llama "derecho de exportación". Además, en los fundamentos de la mencionada medida se dice que "se dicta en función" de lo previsto en la ley 22.415 (Código Aduanero). Esta norma dispone (art. 754) que "el derecho de exportación específico deberá ser establecido por ley". De igual manera, la Constitución Nacional establece (art. 4) que el Tesoro Nacional se forma, entre otros, con los "derechos de importación y exportación" cuya determinación corresponde al Congreso (art. 75 inc. 1). Sin embargo, el código citado (art. 755) expresa que los derechos -retenciones- a las exportaciones pueden ser determinados por el Poder Ejecutivo, lo que implica una delegación legislativa que, con la amplitud con que fue consagrada, es inconstitucional a la luz de antigua jurisprudencia de la Corte Suprema (caso "Delfino", año 1927) la cual sostuvo que "no existe delegación legislativa sino cuando una autoridad investida de un poder determinado hace pasar el ejercicio de ese poder a otra autoridad o persona ". Luego agregó que existe "una distinción fundamental entre delegación de poder para hacer la ley y la de conferir cierta autoridad al Poder Ejecutivo o a un cuerpo administrativo, a fin de reglar los pormenores y detalles necesarios para la ejecución de aquélla. Lo primero no puede hacerse, lo segundo es admitido..." Los jueces supremos fueron precisos: el Legislativo solamente podría delegar la fijación de "pormenores y detalles". El Código Aduanero, al permitir la delegación para imponer el tributo sin intervención de la Legislatura, efectuó una delegación legislativa nítidamente inconstitucional a la luz de la Constitución y la jurisprudencia citada. Pero si esto ya era así antes de la reforma de la Constitución de 1994, lo es mucho más después de ella. En esta modificación (art. 76), se dispuso la prohibición de la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo "salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca". Concuerda con lo expuesto la Corte Suprema, en una sentencia, sin disidencias (Selcro S.A., 21/10/03), donde asimismo convalida su doctrina del citado caso Delfino. Ahora, los jueces máximos ratificaron que los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro poder que el Legislativo "el establecimiento de impuestos, contribuciones y tasas" y que "ni un decreto del Poder Ejecutivo ni una decisión (resolución) del jefe de Gabinete pueden crear válidamente una carga tributaria ni definir o modificar, sin sustento legal, los elementos esenciales de un tributo ". Añadieron que "no pueden caber dudas de que los aspectos sustanciales del derecho tributario no tienen cabida" dentro de la delegación legislativa que "la Constitución Nacional (art. 76) autoriza como excepción y bajo determinadas condiciones". Otra cuestión importante es la confiscatoriedad en que incurre la mentada resolución 125/08 en cuanto fija la retención en el 44 por ciento del valor del producto. Ese porcentaje se incrementa siguiendo al aumento del precio del bien que se exporta, llegando a absorber, según una escala progresiva, hasta el 95 por ciento de su mayor cotización. La Carta Magna ampara el derecho de propiedad estableciendo la prohibición de la confiscación de los bienes (arts. 14 y 17). La Corte Suprema ha interpretado que la incautación se concreta cuando el impuesto traspasa el 33 por ciento del valor de la propiedad o de la renta. Dentro de esa línea los magistrados supremos han insistido en que "esta pauta [la del 33%], por cierto, recuerda conocida jurisprudencia del Tribunal, relativa a que la confiscatoriedad se produce cuando la presión fiscal excede el señalado porcentaje" (Vizzoti, 14/09/2004). O sea, que cuando el gravamen supera el límite indicado, se altera en su sustancia el derecho patrimonial que abarca, para el caso concreto del campo, el dominio o arrendamiento de la tierra y de los bienes que ella produce. Más allá de las precedentes reflexiones, los sucesos que viene protagonizando el ruralismo han desenmascarado un estilo de gestión política que confunde autoridad con autoritarismo. En la democracia los funcionarios que ejercen el poder reciben las demandas de la sociedad, surgiendo las decisiones pertinentes del diálogo y el consenso. En cambio, el gobernante autoritario embiste, imponiéndose sin escuchar. También la protesta puso al desnudo la exacción que sufren los productores y las provincias por el acaparamiento que de los recursos hace el gobierno federal. De este modo, ha quedado en evidencia la necesidad de aprobar, como manda la Constitución, un nuevo régimen de coparticipación que plasme un reparto equitativo de los impuestos y haga realidad un auténtico federalismo. Se comprueba, así, que la conducción autoritaria, al aislarse de la sociedad, daña concretamente los intereses legítimos de las personas y de la comunidad, que juntos configuran la Nación. De la libertad, la igualdad, la participación y la tolerancia se nutre el progreso de los pueblos. El autor es profesor de Derecho Constitucional.

Fuente: La Nación Leer más...

Diputados radicales reclaman informes sobre transporte de sustancias tóxicas por el río Uruguay

El diputado provincial José Antonio Artusi presentó un proyecto de resolución por el que propone solicitar a la Comisión Administradora del río Uruguay y a la Prefectura Naval Argentina que informen acerca del transporte fluvial por el río Uruguay de sustancias químicas peligrosas y / o tóxicas; y acerca de las medidas adoptadas para proteger el medio acuático de acuerdo a lo solicitado por la Cámara de Diputados a través de una resolución aprobada el 27 de Noviembre del año pasado, a instancias del Diputado Osvaldo Fernández.
La iniciativa del legislador radical también impulsa que la delegación argentina ante la CARU requiera con la mayor urgencia posible de la República Oriental del Uruguay la autorización para efectuar estudios e investigaciones de carácter científico en áreas de jurisdicción uruguaya, tendientes a evaluar el impacto ambiental y la incidencia en la contaminación del medio acuático de la planta de producción de celulosa de la empresa Botnia, situada en la localidad de Fray Bentos.

A continuación, el texto del proyecto:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°.- Dirigirse a la Delegación argentina de la Comisión Administradora del Río Uruguay (C.A.R.U) y a la Prefectura Naval Argentina a los efectos de solicitarles se sirvan informar con la mayor amplitud posible a esta H. Cámara:
a) Acerca del transporte fluvial por el río Uruguay, en el tramo que corresponde a la provincia de Entre Ríos, de sustancias químicas peligrosas y/o tóxicas.
b) Acerca de las medidas adoptadas y/o a adoptar, dentro de sus respectivas competencias y jurisdicción, tendientes a proteger y preservar el medio acuático y prevenir su contaminación, en términos generales, y en términos específicos de acuerdo a lo solicitado por esta H. Cámara a través de la Resolución aprobada el día 21 de Noviembre de 2007 y enviada a ambos organismos por nota 1476 con fecha 29 de Noviembre de 2007.

ARTICULO 2°.- Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional a los efectos de que instruya a la Delegación argentina de la Comisión Administradora del río Uruguay (C.A.R.U.), ordenando que requiera con la mayor urgencia posible de la República Oriental del Uruguay la autorización para efectuar estudios e investigaciones de carácter científico en áreas de jurisdicción uruguaya tendientes a evaluar el impacto ambiental y la incidencia en la contaminación del medio acuático de la planta de producción de celulosa de la empresa Botnia, situada en la localidad de Fray Bentos, Departamento Río Negro, de la República Oriental del Uruguay, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 40, 41, 44 y concordantes del Estatuto del río Uruguay.

Artículo 3º.- DE FORMA.-

ARTUSI

FUNDAMENTOS

H. Cámara:
El presente proyecto pretende complementar una resolución sancionada por este cuerpo el día 21 de Noviembre de 2007. Correspondió a una iniciativa del Diputado Osvaldo Fernández (Expte. 16.411) que fue tratada sobre tablas, aprobada en general y en particular, y de la que se remitieron copias a la C.A.R.U. y a la Prefectura Naval Argentina por nota 1476 del día 29 de Noviembre de 2007.
En los fundamentos del proyecto mencionado, el Diputado Fernández sostenía en ese momento que “el Fiscal Nacional del Uruguay en lo Civil de 3er. Turno, Dr. Enrique Viana, interpuso en los primeros días de este mes una serie de Pedidos de Informes dirigidos a organismos gubernamentales de la República Oriental del Uruguay en relación a la habilitación y operación de la planta pastera finlandesa Botnia, ubicada en cercanías de la localidad de Fray Bentos. En uno de sus interrogantes, el Fiscal Viana sostiene que “ha trascendido públicamente que, en ocasión de la operativa vinculada a la citada fábrica, se verificará, desde la zona portuaria de Nueva Palmira hasta la de Fray Bentos, el periódico trasiego de varios productos químicos, de alta toxicidad, todos insumos para la misma, y por vía de navegación en aguas del Río Uruguay, con los consabidos peligros ambientales que ello entraña”.
Es sabido que la mencionada planta fabril comenzó el año pasado su proceso de producción, con el consiguiente arribo de insumos por vía terrestre y fluvial, y el envío del producto final desde Fray Bentos hasta Nueva Palmira en barcazas especialmente construidas a tal fin. Sin embargo, lo que la ciudadanía entrerriana desconoce es el impacto ambiental, verificado o potencial, que tanto el mencionado transporte de sustancias tóxicas y/o peligrosas así como el vertido al río Uruguay de efluentes industriales puede o podrá causar al recurso hídrico compartido y a sus ecosistemas asociados.
Por lo tanto, creemos necesario que esta H. Cámara vuelva a requerir de los organismos mencionados su atención a efectos de que brinden la información solicitada.
Además, el Artículo 2º pretende responder a la preocupación ya mencionada acerca de la falta de información ambiental que vulnera derechos de la sociedad civil en esta cuestión, y que genera un clima de incertidumbre y zozobra en vastos sectores de nuestra comunidad. Esta incertidumbre se agiganta en la medida en que la Dirección Nacional de Medio Ambiente de la República Oriental del Uruguay da a conocer datos del monitoreo de la calidad ambiental en Fray Bentos y su entorno, pero limitados solamente a la calidad del aire, y sin auditorías de organismos técnicos de nuestro país que hagan que podamos tomarlos como válidos. En virtud de ello, requerimos que esta H. Cámara se dirija al Poder Ejecutivo Nacional para que instruya a la Delegación argentina en la Comisión Administradora del río Uruguay en el sentido de requerir con la mayor urgencia posible de la República Oriental del Uruguay la autorización para efectuar estudios e investigaciones de carácter científico en áreas de jurisdicción uruguaya tendientes a evaluar el impacto ambiental y la incidencia en la contaminación del medio acuático de la planta de producción de celulosa de la empresa Botnia.
La mencionada autorización permitiría complementar los estudios científicos similares con idéntico propósito que se deberían estar realizando en jurisdicción argentina, y sobre cuyos resultados esta H. Cámara ha solicitado informes que hasta ahora no tienen respuesta. Es menester destacar que el Artículo 44º del Estatuto del río Uruguay establece que: “Cada parte autorizará a la otra a efectuar estudios e investigaciones de carácter científico en su respectiva jurisdicción, siempre que le haya dado aviso previo a través de la Comisión con la adecuada antelación e indicando las características de los estudios e investigaciones a realizarse y las áreas y plazo en que se efectuarán”.

Es por ello que solicitamos el pronto y favorable tratamiento del presente proyecto.-
José Antonio Artusi

Leer más...

La Juventud Radical, contra el Tren Bala y a favor de la Movilidad Previsional

Militantes de la Juventud Radical de Concepción del Uruguay, encabezados por su Presidente, Leandro Solís, repartieron folletos y juntaron firmas en la Peatonal en la tarde del Sábado.

Los jóvenes radicales convocaron a los transeúntes firmar la planilla de la iniciativa popular para impulsar un proyecto de Ley en el Congreso Nacional que garantice la movilidad previsional, en pos de jubilaciones dignas.

Además, numerosos vecinos firmaron un petitorio que expresa la oposición de la ciudadanía a la faraónica iniciativa del tren bala y propone en cambio la reactivación de un sistema ferroviario de cargas y pasajeros para todos los argentinos.

También el conflicto del gobierno con el sector agropecuario concitó la atención de la Juventud Radical, por lo que la mesa también recibió numerosas firmas en un petitorio reclamando la derogación de la Resolución 125 del Ministerio de Economía, que estableció las retenciones móviles, y abogando por la restitución al Congreso Nacional de la facultad constitucional de fijar los impuestos.

Los jóvenes militantes de la UCR estuvieron acompañados por el ex concejal Fabián Parlatto y por el Diputado Provincial José Antonio Artusi.

Acciones similares serán realizadas próximamente en diversos puntos de la ciudad.-

Leer más...

Artusi: "La lucha por el federalismo fiscal es mucho más que un reclamo sectorial"

El Diputado Provincial José Antonio Artusi (UCR) expresó que "la protesta de los productores agropecuarios ha tenido la virtud de desnudar el perverso centralismo fiscal - y por ende político - que impera en nuestro país". Por ello, enfatizó que "la lucha por el federalismo económico es mucho más que un reclamo sectorial. A través de diversos mecanismos, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se apropia indebidamente de una enorme masa de recursos que les corresponden legítimamente a las provincias".
Artusi manifestó que "las retenciones son sólo uno de estos mecanismos; fueron justificables en medio de la crisis y nadie piensa hoy que deban desaparecer de un día para el otro, pero con alícuotas superiores al 35% son confiscatorias, han sido impuestas de manera inconstitucional por el Poder Ejecutivo Nacional avasallando el Congreso; y al disminuir la renta de los productores hacen bajar la recaudación del impuesto a las ganancias, que - a diferencia de las retenciones - sí se coparticipa a las provincias".
"Además", agregó el legislador radical "existen otras maneras a través de las cuales el gobierno central se queda ilegalmente con recursos de las provincias". Entre éstas, mencionó a "la grosera violación de la ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos, que en su Artículo 7 establece claramente que "el monto a distribuir a las provincias no podrá ser inferior al 34% de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central, tengan o no el carácter de distribuibles por esta Ley". Sin embargo, según informó el Diputado Artusi, "en los últimos años los recursos transferidos a las provincias nunca han alcanzado ese piso mínimo. Se estima que en el 2008 el porcentaje que se transferirá automáticamente a las provincias será de sólo el 25%; de esta manera la provincia de Entre Ríos resignaría este año más de 1.100 millones de pesos, lo que debe sumarse a los montos de años anteriores".
El legislador uruguayense opinó que "si a esto le sumamos lo que la provincia deja de percibir como consecuencia de la aplicación de las retenciones desde el año 2002, nos encontraríamos ante una suma astronómica, que hace empalidecer los 1.600 millones de pesos que se pretenden hacer pasar como una supuesta e inexistente "reparación histórica". La verdadera "reparación histórica" consistirá en que los entrerrianos recuperemos los recursos que legítimamente nos pertenecen, para poder decidir entre todos las obras de infraestructura que demande un verdadero plan estratégico de desarrollo sostenible que hoy no vemos; y nunca en concesiones graciosas de la Presidencia de la Nación a cambio de la sumisión política de nuestros gobernantes".-
Finalmente, José Antonio Artusi manifestó que "además, no habrá posibilidades de dar respuesta cabal a los reclamos salariales de los trabajadores de la educación, del Estado y de los municipios, si la provincia no recupera los recursos que hoy van a parar indebidamente a las arcas del gobierno nacional".-

DIPUTADO PROVINCIAL JOSÉ ANTONIO ARTUSI
Bloque de la Unión Cívica Radical - Entre Ríos
www.joseantonioartusi.radicales.org.ar

"En el año del 25º aniversario de la Recuperación de la Democracia" Leer más...

Interés general y reclamo sectorial

Por Ramiro Pereira

La presidente de la Nación en su discurso del 25 de mayo expresó que antes del interés de un sector se encuentra el del conjunto social. Y en efecto, el fundamento racional del poder político se haya en la soberanía popular, la cual coincide -o debe coincidir- con el interés general.

Es sin duda cierto que el interés general está por sobre los reclamos de las “fuerzas vivas” de una sociedad, expresada en las diversas corporaciones, aunque no es menos cierto que la armonía social y el desarrollo de un país debe encontrarse en la compatibilización de las diversas aspiraciones sectoriales, subordinadas siempre al bienestar general, generalidad que nunca puede hacerse a costa de los derechos civiles, políticos y sociales del individuo, cuya eminente dignidad es el eje central de la democracia republicana.

Debe decirse sin embargo, que este oficialismo no tiene autoridad alguna para reclamar que en la Argentina no opere la lógica corporativa, la cual se ha fomentado, excluyendo como interlocutores válidos a las organizaciones partidarias, y sobre todo, inhibiendo la labor institucional del Poder Legislativo.
Esta desmesurada atribución de facultades al Ejecutivo Nacional va mucho más allá de las dos razones que podrían justificarlo parcialmente, cuales son la emergencia -contemplada en las modificaciones introducidas por la reforma constitucional de 1994- y la complejidad técnica de cuestiones que son más propias del poder administrador, para lo que existe la reglamentación de las leyes. Por otra parte, el amplio predominio de las fuerzas oficialistas en el reparto del poder institucional hace aún más visible la desaprensión hacia las formalidades republicanas, mentalidad que define tanto a las derechas autoritarias como a quienes durante las décadas del ’60 y ’70 veían en la democracia una tortuga lenta que obstaculizaba la revolución social.

El oficialismo gobierna al margen de la legalidad, por resolución del Ejecutivo y con una reglamentación de los Decretos de Necesidad y Urgencia sancionado por el parlamento que tergiversa el concepto mismo de ley del Congreso.
¿Qué autoridad tiene un gobierno eminentemente patrimonialista, que confunde lo que es público y lo que es privado de manera escandalosa, para reclamar a un sector que ceda en sus intereses... sectoriales?

No se trata pues de la formulación de tecnicismos legales que no se compadecen con la complejidad de los procesos históricos. Vemos con preocupación que el desprecio a la ley es, en realidad, el desprecio a la palabra y a la posibilidad de elegir la racionalidad política como camino para la discusión sobre la cosa pública.

Hemos escuchado además a hombres del oficialismo expresar, con ligereza y soberbia, cosas que si bien ya no nos asombran, son igualmente preocupantes, básicamente centradas en que las decisiones del gobierno son las que interpretan el interés general, y que cuestionar las medidas de gobierno es no respetar el resultado electoral de octubre pasado.
El interés general es un concepto político, y va más allá de la legitimad para ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo. Cuestionar medidas gubernamentales es inherente al ejercicio de los derechos civiles y políticos.

La soberbia de la actual versión del justicialismo en el gobierno pretende estar haciendo epopeya en clave de izquierda. Pura estética. Una política que tienda a la igualdad social entrañaría, a los efectos de la distribución del ingreso que se declama, reformas en el sistema tributario orientadas a limitar la repercusión impositiva en los bienes y servicios básicos y la aplicación de criterios en el gasto público que hagan posible que los ciudadanos con ingresos fijos o sin ingresos salariales tengan efectivo acceso a servicios esenciales cuya prestación está a cargo de las instituciones estatales, lo que a su vez implica mejorar capacidades de gestión.

Aunque parezca una perogrullada, la democracia argentina que el 30 de octubre próximo cumple 25 años demanda a sus gobernantes que sean mas... democráticos.

Ramiro Pereira

Vicepresidente 2º del Comité Nacional de la Juventud Radical Leer más...

Para los radicales, el Gobierno choca dos veces con la misma piedra

El bloque de diputados del partido centenario cuestionó al Poder Ejecutivo por ignorar al Congreso en el tema retenciones.
“Más allá de la opinión que se pueda tener sobre la utilidad o no de las medidas anunciadas por el Gobierno, está claro que el error más grave es volver a ignorar al Congreso como organismo con potestad exclusiva para fijar impuestos”, señaló el titular del bloque de la UCR, Oscar Aguad.El legislador cordobés agregó que “también hay que preguntarle al Gobierno en qué piensa gastar el dinero que pretende recaudar con este impuesto. Si desde diciembre de 2007 nuestro país tiene un presupuesto aprobado y con pleno financiamiento, alguien en el Gobierno deberá explicar para qué se quiere esta nueva exacción”.“Tercamente, el Gobierno reitera el mismo error que disparó el conflicto, que es haber tomado de manera inconstitucional y sin debate una decisión que es de exclusiva potestad del Congreso de la Nación. La facultad de fijar impuestos y de decidir el destino de lo recaudado es exclusiva de los legisladores –agregó el jefe radical-. Cuando el Gobierno fijó la resolución 125 originó un conflicto que se hubiera evitado si se hubiese respetado el camino parlamentario”.Concluyó diciendo que casi tres meses después, “como si no hubiera corrido suficiente agua, elige el mismo mecanismo, tensando aún más la cuerda y condenándonos a todos a un nuevo fracaso”. Asimismo el bloque radical emitió un comunicado en el que advierte que “el Gobierno nacional parece empecinado en persistir en su soberbia y desconocer la realidad”, en relación a los anuncios que efectuara el jefe de Gabinete respecto a las retenciones agropecuarias. Más adelante expresan los legisladores radicales que “después de escuchar el engorroso y fatigante mensaje, plagado de inexactitudes, lo único que queda en claro es que el gobierno sigue sin comprender la falta de rentabilidad de muchos sectores productivos, la necesidad de fortalecer las economías regionales, aportar previsibilidad a los productores y no desperdiciar una situación internacional favorable para nuestra producción”. “Las soluciones saldrán del diálogo y nunca de decisiones unilaterales e inconsultas”, concluyó expresando el bloque radical, a la vez que exhortó al oficialismo en la Cámara baja a concurrir a la sesión especial del martes 3 de junio de 2008, a las 15.30 para debatir la derogación de las retenciones y una serie de proyectos vinculados a la producción agropecuaria y las economías regionales.

Fuente: www.parlamentario.com Leer más...

Diputados radicales repudiaron hechos de violencia en Federación

El bloque de Diputados Provinciales de la UCR, repudió "enérgicamente el incendio del automóvil del Concejal Rastelli de la UCR de Federación y los saqueos y destrucción de dos radios independientes de esa ciudad".
En un comunicado los diputados de la UCR indicaron: "Indudablemente que quienes ejercitan esta violencia se sienten respaldados implícitamente por la intolerancia gobernante para con los que difieren con su proyecto político.
Estas prácticas violentas de tratar de silenciar a quienes piensan diferente, son inadmisibles para nuestra Democracia de 25 Años y no deben ser toleradas por nuestro pueblo. Callarlas implica complicidad" remarcaron.
Y agregaron: "Seguiremos denunciando cada vez que alguien pone en peligro la libre expresión de sus ideas y sobre todo si lo hace para denunciar posibles irregularidades en el manejo de las cuestiones públicas".
Finalmente el bloque radical en la Cámara baja provincial manifestó: "Nos solidarizamos con todos los radicales y demás habitantes de Federación frente a este salvaje hecho".

JAIME BENEDETTI, MIRTA ALDERETE, JOSE MARIA MISER, MARCELO LOPEZ, OSCAR CARDOSO Y Y JOSE ANTONIO ARTUSI

BLOQUE DIPUTADOS PROVINCIALES DE LA U C R Leer más...

Contundente declaración del Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay reclamando el dragado

En la sesión que tuvo lugar este Jueves en horas de la noche, el Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay aprobó por unanimidad una contundente declaración en la que se solicita un programa de emergencia para lograr el dragado del río Uruguay a 23 pies al 0 entre su desembocadura y el puerto local.
El proyecto ingresó con la firma de la totalidad de los concejales del cuerpo, y fue aprobado tras las intervenciones del Presidente, Carlos Scelzi, quien bajó a ocupar su banca para defender la iniciativa, y del Presidente del Bloque de la UCR, Guillermo Grandi, en el mismo sentido.
Estaba presente en el recinto el Diputado Provincial José Antonio Artusi (UCR), quien tras el final de la sesión fue invitado a hacer uso de la palabra y agradeció la actitud de los ediles.

A continuación, el texto completo del proyecto:

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY
ENTRE RIOS
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

PROYECTO DE RESOLUCION

VISTO:
La problemática planteada en el Puerto de Concepción del Uruguay por la Falta de Dragado del Río Uruguay en el tramo que abarca desde su desembocadura hasta dicho Puerto, y la consecuente escasa profundidad de la vía navegable que ha impedido o al menos dificultado la operatoria del Puerto de esta ciudad, y…

CONSIDERANDO:

Que la actividad Portuaria es uno de los motores económicos productivos más importantes de Concepción del Uruguay, la cual atraviesa una situación de crisis ante la inoperatividad del Puerto por la Falta de Dragado.

Que el Puerto de esta ciudad posee óptimas instalaciones, una capacidad de carga de 1.000 toneladas/hs y una capacidad de almacenamiento de cereales de 40.000 toneladas lo que lo trasforma a nivel provincial como el de mejores condiciones en cuanto a sus instalaciones.

Que al contar en toda su vía con una perfecta señalización, está en condiciones óptimas para recibir Buques de Ultramar, pero que debido a la profundidad del Río resulta casi inutilizable.

Que este Dragado aliviaría el tránsito pesado y liviano en nuestras rutas otorgando de este modo mayor fluidez al tránsito vehicular, preservación en su mantenimiento a la vez que evitaría en un porcentaje importante el flagelo que representan los accidentes de tránsito.

Que es entonces sumamente Urgente que se proceda a la brevedad al dragado del Río Uruguay desde su desembocadura hasta nuestro Puerto único de Ultramar Argentino del mencionado río.

Que esto NO implica de modo alguno ir en contra de los intereses de los vecinos de Gualeguaychú en la lucha contra las pasteras, con quien compartimos plenamente la Defensa a un ambiente saludable, ya que dicho dragado no beneficiaria a la empresa Botnia instalada en el Margen del Río Uruguay, atento a que la misma opera con muelles propios y barcazas que requieren escasa profundidad –operando en el Puerto de Nueva Palmira-por ello el único perjudicado por la Falta de Dragado es el Puerto de Concepción del Uruguay.

Que esta en la agenda prioritaria de este HCD poner todo su empeño en que se concrete en forma Urgente el Dragado aludido, realizando para ello todas las gestiones a su alcance en pos de este fin.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY, ELEVA EL SIGUIENTE PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1: Solicítese al Poder Ejecutivo Nacional, al Poder Ejecutivo Provincial, al Instituto Portuario de la Provincia de Entre Ríos y a aquellos con Poder de Decisión sobre el tema se instrumente en forma perentoria un Programa de Emergencia que avance en la concreción del Dragado de Río Uruguay desde el KM 0 hasta el Puerto de Concepción del Uruguay, con una profundidad de 23 pies al 0.-

Artículo 2: Atento a la vital importancia y tratamiento que el tema amerita convóquese en fecha y horario a convenir al Sr. Vice Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, a los Legisladores Provinciales del Dpto. Uruguay, a los Representantes del Departamento Ejecutivo Municipal a la reunión con los miembros del HCD y de aquellos sectores vinculados a esta actividad económica a realizarse en el Salón del Honorable Concejo Deliberante de esta ciudad con el fin de aunar esfuerzos y acciones en Pro de la consecución de este logro.

Artículo 3: Remítase copia de la Presente a los Honorables Concejos Deliberantes de la Costa del Río Uruguay, a la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia y a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia solicitando su adhesión al Proyecto de Resolución.-

Artículo 4: De Forma.- Leer más...

Diputados de la UCR no concurrirán a la firma del acta de "reparación"

"Los entrerrianos desearíamos poder solucionar nuestros problemas con nuestros propios recursos"
Para el Bloque de Diputados Radicales, "la firma del Acta de 'Sumisión' Histórica representa el peor mensaje que se puede dar a la sociedad entrerriana. Se trata de la exhibición más obscena de la abultada billetera del gobierno central, de una billetera que creció con recursos provinciales y que hoy se muestra para premiar a los gobernadores que con actitud sumisa y complaciente permitieron ese crecimiento. Los entrerrianos queremos poder solucionar nuestros problemas con nuestros recursos".
"El natural festejo y gratitud que nace ante las buenas noticias no puede adormecer la conciencia de la comunidad. No era ésta la manera en que los entrerrianos pretendíamos que se nos pagara la deuda que la nación mantiene con la provincia. No queremos que se nos 'repare' sin consultarnos, menos en este momento en que nuestros productores y la mayoría de los entrerrianos luchamos contra excesivas retenciones a nuestra producción".
"Desde el gobierno central, con fogoneada expectativa quieren sorprendernos con algo que pretenden presentar como un obsequio cuyo contenido sólo conoceremos cuando abramos el envoltorio. Por eso solo han dejado trascender algunas generalidades del 'Acta de Reparación Histórica': 'obras de infraestructura vial, portuaria, energéticas, de saneamiento, salud, vivienda y escuelas'. Ni siquiera nos informaron sobre el monto y el plazo de las obras. Sólo se destaca la construcción de una autovía entre Paraná y Concordia que costaría unos setecientos millones. Pero ni siquiera sabemos a quiénes se consultó sobre la prioridad de esta obra".
"Más aún, existen serios y fundados reparos respecto de la misma. El Consejo Empresario de Entre Ríos, como resultado de los foros de infraestructura que realiza y actualiza desde 1999, publicó el trabajo Infraestructura y Competitividad, donde sostiene: "Prescindiendo de la Ruta Nac. 14, los volúmenes de tránsito no demandan autovías, pero sí rutas con estándares de seguridad y estructura que las hagan satisfactorias por un lapso de al menos una década. La cuantiosa inversión que requeriría convertir una ruta principal en autopista puede aprovecharse inteligentemente en obras requeridas para obtener dicho nivel de resolución en toda la trama considerada de uso extraprovincial y de interconexión Este-Oeste"
"Antes que nuevas rutas tenemos que reparar y mantener las que ya existen, que en su gran mayoría se encuentran desechas generando gastos imposibles de afrontar por una Vialidad Provincial que no cuenta con presupuesto suficiente. Tenemos muchas necesidades insatisfechas, tenemos que construir y reparar escuelas, hospitales, centros de salud, pagar mejores salarios; invertir en infraestructura que ahorre gastos y que facilite la generación de recursos, como es el asfaltado y enripiado de caminos hoy intransitables".
"La inmensa mayoría de los entrerrianos, junto con los actuales reclamos de los productores de todo el país, estamos clamando por instituciones, por mayor transparencia, por participación, democracia y federalismo, por respeto a nuestra dignidad. Sin embargo se nos invitó a la firma de un "acta de reparación histórica" cuyo contenido hasta ahora es secreto. No sabemos cuáles serán las obras que se anunciarán para nuestra provincia. Los legisladores, incluidos los oficialistas y los opositores, no sabemos de qué se trata, no nos permitieron debatir ni consultar a nuestros representados sobre las obras que más necesitamos en la provincia".
"La verdadera reparación vendrá cuando verdaderamente se respete nuestra autonomía social, política e impositiva. Cuando se respeten las instituciones de la República. Por todo lo expuesto, el Bloque de diputados de la UCR agradece la invitación recibida pero anticipa que no concurrirá a la firma del 'Acta de Reparación Histórica'".

Diputados Jaime Benedetti, José Antonio Artusi, Marcelo López, Mirta Alderete, Oscar Cardoso y José María Miser
BLOQUE DE DIPUTADOS RADICALES Leer más...