Hace 1 semana
viernes, 6 de agosto de 2010
Artusi: “El radicalismo debe intensificar su rol opositor y convertirse en alternativa”
A propósito de ello, el referente de la UCR de Gualeguaychú y ex presidente de la Juventud Radical, Alfredo Vitale, aportó que “para ser oposición hay que estar preparados”, y opinó que “hay perspectivas y muchas posibilidades de ganar las elecciones 2011”. Los radicales también se refirieron a la figura del ex gobernador Sergio Montiel, y coincidieron en minimizar la imagen negativa que puede representar para la UCR el cuestionamiento a su gestión de gobierno. “El radicalismo en su conjunto, como expresión política, tiene todavía una asignatura pendiente en esta tarea de reforzar su rol opositor”, admitió Artusi al tiempo que consideró que “la sociedad está reclamando alternativas” y advirtió que “uno y otro peronismo en definitiva son dos caras de la misma moneda”. En ese sentido, el legislador aseveró que en la Cámara de Diputados la única oposición ha sido la UCR. “Nosotros hemos sido los únicos que criticamos el presupuesto, que votamos en contra; los únicos que hemos tenido posiciones alternativas por ejemplo en el tema de hidrocarburos, que nadie se acuerda ahora pero puede ser un tema trascendente en el futuro”, dijo e insistió: “Pero comparto que a eso falta agregarle, articulando con todos los estamentos partidarios, no sólo una voz opositora, sino una voz alternativa. Sobre todo porque se acerca 2011 y la sociedad entrerriana debe ver que es necesario otro proyecto de provincia; y el radicalismo, en el marco del Acuerdo Cívico y Social, debe ser una propuesta superadora”.
En diálogo con el programa Fuera de Juego (Canal 2 – Gualeguaychú), Artusi negó que exista en el radicalismo el temor de que ante un pronunciamiento opositor, el peronismo responda enrostrándole el período de Montiel. “Convengamos que esto sucede insistentemente”, acentuó, y rápidamente corrió el eje de discusión para indicar que en el centenario partido “se avecinan etapas de recambio de autoridades institucionales”, y enfatizar: “Nosotros somos respetuosos de esos tiempos. Este debate habrá que darlo, y en definitiva los dirigentes y los afiliados definirán de qué manera podemos encolumnarnos todos detrás de una propuesta. Las autoridades del partido, el año que viene van a tener una responsabilidad muy grande como lo es conformar una propuesta de gobierno, articular electoralmente el Acuerdo Cívico y Social, llevar adelante la campaña electoral y, si ganamos, como pensamos que vamos a ganar las elecciones de 2011, defender al gobierno en su primer año de gestión. Hay que ponerse ya a trabajar en eso”.
Alfredo Vitale, por su parte, retomó el interrogante en cuanto al ex gobernador por la UCR, y espetó que “en 27 años de democracia, sería injusto enrostrar todos nuestros pesares al gobierno de Montiel o a los dos períodos radicales que hubo en la provincia, cuando todo el resto de los períodos han sido de gobiernos justicialistas”. Tras ello, aclaró: “Cuando hablamos de oposición, no se trata sólo de decir ‘son temerosos’, ‘no salen’. Para ser oposición hay que estar preparados, no se trata de oponerse por oponerse”, y en tal sentido precisó que en la UCR de Gualeguaychú se están llevando a cabo jornadas de capacitación sobre municipalismo. “Si queremos ser gobierno, tenemos que estar capacitados para dar una respuesta a la gente. No se trata de ganar por ganar. Sí, hay perspectivas y muchas posibilidades de ganar las elecciones 2011, pero nos estamos preparando para ello. Creemos que debemos salir cuando es necesario, y para dar respuestas concretas a la sociedad, no para formar una burbuja”, recalcó.
Consultado sobre si no considera que la UCR ha desperdiciado un tiempo importante en cuanto al envión que le generó el haber ganado las últimas elecciones legislativas, Artusi reconoció que “evidentemente la sociedad puede percibir un adormecimiento”, pero fundamentó: “El plano legislativo nacional cambió porque hay renovación de autoridades cada dos años y eso permitió nuevas mayorías en el Congreso de la Nación, y permitió cosas como la Asignación Universal por Hijo -que es un logro de la oposición, porque el gobierno de Cristina Kirchner, antes que la oposición lo consagrara como ley, lo instrumentó por decreto-. Nosotros, en la provincia, no tenemos esa posibilidad porque todavía tenemos la representación legislativa de 2007, luego de una mala elección del radicalismo, y somos solo seis diputados en el bloque, de modo tal que nos cuesta mucho trabajo”.
“Es una tarea enorme para un partido que no tiene recursos económicos, que todo lo hace con mucho esfuerzo”, continuó Artusi e insistió en que “el desafío principal es político, es romper esta trampa en que sale Urribarri diciendo una cosa o anunciando algo, y aparece Busti ejerciendo esta falsa oposición”. “Nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante por clarificar a la sociedad que en definitiva son lo mismo. Lo que se dice es muy parecido a fuegos de artificios, pero no es realmente una oposición política de parte de ellos, forman parte de ese peronismo que ha demostrado que no está en condiciones de insertar a la provincia en el camino del progreso, con crecimiento sostenido, igualitario y con oportunidades para todos los entrerrianos. Tienen una matriz de acumulación de poder y de ejercicio de poder en la función pública que los entrerrianos ya conocen”, asentó.
En ese punto, el diputado marcó que “es necesario cambiar profundamente”, y volvió sobre la figura de Montiel: “Nosotros también hemos cometido errores cuando fuimos gobierno, pero hay una generación de radicales con experiencia partidaria y alguna experiencia legislativa. Somos muchos a los que no se nos puede acusar de que estuvimos en el gobierno de Montiel, y reconocemos los aciertos y los errores de todos los gobiernos radicales, pero no vemos que los justicialistas se hagan cargo de todos sus desastres desde Isabel Perón con López Rega, pasando por Menem y por tantas otras cosas”, cotejó el radical.
Y ahondó: “El justicialismo en sus distintas versiones ha instalado una demonización de la figura de Montiel. Yo no formé parte de su gestión, pero hay que reconocer que tuvo algunos aciertos, en la época más difícil que nos tocó vivir, como son la Tarjeta Sidecreer, la UADER”. “Creo que es un dirigente de peso, importante, con una experiencia valiosa, que obviamente cumplió un ciclo. Seguramente tiene mucho para aportar todavía como una voz con experiencia, pero no creo que esté en condiciones de encabezar el proceso, porque en esta instancia en particular hace falta un proceso de renovación del radicalismo. Por internas o por acuerdo tenemos que producir una importante renovación dirigencial e imprimirle un dinamismo”, definió descartando una candidatura del caudillo.
Finalmente, el diputado de la UCR planteó que “más que mirar al pasado, es necesario trabajar para construir un programa de gobierno en cada municipio y para la provincia”. “La provincia tiene déficits estructurales: los problemas ambientales, los problemas de desarrollo, la educación, la inseguridad. No basta con copiar la plataforma de la elección anterior, hay que elaborar en serio un programa transformador y progresista de gobierno. Por eso hace falta un partido político consolidado, que se oponga a esto pero que a su vez sea alternativa. Solos, creemos que no lo podemos hacer, por eso el año pasado construimos el Acuerdo Cívico y Social, que hay que consolidarlo; queremos que se sume el Partido Socialista, queremos ofrecer una alternativa de gobierno realmente transformadora para la provincia de Entre Ríos”, cerró.
Fuente: Análisis Digital http://www.analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=130245 Leer más...
viernes, 9 de julio de 2010
José Antonio Artusi: "hemos perdido la soberanía energética"
El diputado provincial José Antonio Artusi, presidente del bloque de la UCR de Entre Ríos, manifestó que "los cortes de gas a las industrias, problema grave que se suma a otros como el desabastecimiento de gas en garrafas y la suba del precio de los combustibles líquidos, muestran a las claras que los argentinos hemos perdido la soberanía energética". Artusi lamentó "profundamente que empresas entrerrianas tengan que ver paralizada su producción, o bien encarecido su proceso productivo, como consecuencia de la falta de gas natural; problema que se tendría que haber previsto hace rato y que no reconoce otra causa que la continuidad de un modelo de política energética que es contrario al interés nacional"
El legislador uruguayense expresó que "el modelo energético de entrega y extranjerización de nuestros recursos y nuestas empresas, como YPF y Gas del Estado, ejecutado por Menem con el beneplácito de todo el peronismo y agravado por Néstor Kirchner y Cristina Fernández, determinó que enmpresas en su mayor parte extranjeras se dedicaran alegremente a explotar lo que durante años habían explorado las empresas nacionales, a exportar irracionalmente todo lo que se pudiera, y a remitir al exterior las cuantiosas utilidades obtenidas en mercados monopólicos de servicios públicos".
El diputado Artusi señaló que "además, las demoras en avanzar en el plan nuclear y en nuevos emprendimientos hidroeléctricos han configurado una matriz energética distorsionada, excesivamente dependiente de los hidrocarburos, que se potencia a su vez con la matriz de transporte, que en virtud de la excesiva incidencia del transporte carretero es a su vez un gran consumidor de combustibles fósiles no renovables".
José Antonio Artusi opinó "que será necesario cambiar de raíz este modelo antinacional y antipopular a partir de 2011, recuperar el rol del Estado y capturar la renta energética a través de empresas nacionales y estatales de hidrocarburos, al servicio del desarrollo integral de todo el país". Leer más...
El legislador uruguayense expresó que "el modelo energético de entrega y extranjerización de nuestros recursos y nuestas empresas, como YPF y Gas del Estado, ejecutado por Menem con el beneplácito de todo el peronismo y agravado por Néstor Kirchner y Cristina Fernández, determinó que enmpresas en su mayor parte extranjeras se dedicaran alegremente a explotar lo que durante años habían explorado las empresas nacionales, a exportar irracionalmente todo lo que se pudiera, y a remitir al exterior las cuantiosas utilidades obtenidas en mercados monopólicos de servicios públicos".
El diputado Artusi señaló que "además, las demoras en avanzar en el plan nuclear y en nuevos emprendimientos hidroeléctricos han configurado una matriz energética distorsionada, excesivamente dependiente de los hidrocarburos, que se potencia a su vez con la matriz de transporte, que en virtud de la excesiva incidencia del transporte carretero es a su vez un gran consumidor de combustibles fósiles no renovables".
José Antonio Artusi opinó "que será necesario cambiar de raíz este modelo antinacional y antipopular a partir de 2011, recuperar el rol del Estado y capturar la renta energética a través de empresas nacionales y estatales de hidrocarburos, al servicio del desarrollo integral de todo el país". Leer más...
DIPUTADOS RADICALES CONDENARON EL ATAQUE A LA CTA
El Bloque de Diputados Provinciales de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos repudia enérgicamente el ataque pepetrado contra la sede de la CTA de Paraná y condena las amenazas sufridas por sus dirigentes.
Nos solidarizamos con la Central de Trabajadores Argentinos y hacemos una vez más un llamado al conjunto de los entrerrianos a rechazar toda forma de intolerancia y violencia política. Exigimos al gobierno provincial la máxima celeridad y diligencia para esclarecer estos hechos.-
José Antonio Artusi
Presidente del Bloque de Diputados Provinciales de la UCR de Entre Ríos
http://www.diputadosradicaleser.blogspot.com/ Leer más...
Nos solidarizamos con la Central de Trabajadores Argentinos y hacemos una vez más un llamado al conjunto de los entrerrianos a rechazar toda forma de intolerancia y violencia política. Exigimos al gobierno provincial la máxima celeridad y diligencia para esclarecer estos hechos.-
José Antonio Artusi
Presidente del Bloque de Diputados Provinciales de la UCR de Entre Ríos
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lunes, 5 de julio de 2010
El impacto de la crisis del federalismo fiscal en la política habitacional
El Fondo Nacional de la Vivienda se integra con un porcentaje de la recaudación del impuesto a los combustibles y sus recursos son distribuidos entre las provincias de acuerdo a una serie de coeficientes dispuestos oportunamente. En el caso de Entre Ríos, tal coeficiente es el 3,90%.
Podrá discutirse la justicia de esta distribución, y de hecho la ley 24.464 establece la necesidad de revisarla cada dos años, disposición que no ha tenido cumplimiento. Pero lo cierto es que brinda una mínima garantía acerca de los fondos que recibirá cada instituto provincial de vivienda cada año y evita el reparto discrecional de fondos por parte del gobierno nacional. En tal sentido, es similar al sistema de coparticipación federal de impuestos.
Sin embargo, a partir de 2003 los ingresos de los institutos provinciales de vivienda comenzaron a tener otra fuente de ingresos del gobierno nacional, que se suman a los ingresos por recuperos de cuotas y a "otros ingresos", tales como venta de pliegos: los denominados "programas federales", "diversos Programas y Subprogramas con el objetivo de disminuir el déficit habitacional existente en el país, ejecutando una política habitacional activa a través de la ejecución de Programas Federales desarrollados para mejorar el acceso a la vivienda de los sectores mas desfavorecidos." (Informe de Auditorias FO.NA.VI y Programas Federales
Ejercicio 2008). A diferencia de los ingresos FONAVI, los ingresos de los programas federales no están sujetos a un índice fijo, sino que pueden, y de hecho son, como veremos, ser distruibidos de manera absolutamente discrecional por parte del gobierno nacional.
Es así que en Entre Ríos los "programas federales" hacen su ingreso tímidamente en 2003, con $ 1.115.784, sumándose a los $ 20.553.207 correspondientes a los ingresos FONAVI. En el 2004 ya representan más de la mitad de estos, y en el 2005 los superan, siendo más del doble. Allí comienzan a decaer en términos absolutos, hasta llegar a ser menos del doble en el 2008: $ 21.065.742 de programas federales contra $ 47.152.838 de ingresos FONAVI.
Es interesante destacar que los ingresos totales, a pesar del aporte que significan los programas federales a partir de 2003, no alcanzan a recuperarse del impacto de la inflación verificada a partir de la salida de la convertibilidad. Es así que los ingresos totales para el caso de Entre Ríos(FONAVI+programas federales+recupero de cuotas+otros ingresos) fueron en 2001 de $ 33.283.343. En 2008, los ingresos totales nominales fueron de $ 92.929.574, que llevados a pesos constantes de 1993 teniendo en cuenta el índice de precios de la construcción del INDEC equivalen a $ 29.727.951.
Pero volvamos a los programas federales para ver cómo el gobierno nacional distribuye estos fondos entre las distintas jurisdicciones. A tal efecto tomaremos datos oficiales extraídos de los Informes de Auditorias FO.NA.VI y Programas Federales de los Ejercicios del 2001 al 2008. Hasta el 2007 pueden consultarse en http://www.vivienda.gov.ar/ y el informe del 2008 me fue facilitado por la oficina del diputado nacional Atilio Benedetti, integrante de la Comisión de Vivienda. Debería publicarse en internet.
Podría esperarse, a priori, que la participación de cada provincia en la percepción del total de ingresos de los programas federales tenga alguna correlación con el porcentaje que les corresponde de los fondos del FONAVI. Sin embargo, la realidad echa por tierra esta presunción. Entre Ríos, que - recordemos - recibe el 3.90% de los recursos del FONAVI, ha recibido sistemáticamente mucho menos en concepto de ingresos de los programas federales: concretamente, el 1,22% en 2003, el 2,78% en el 2004, el 4,40 en el 2005%, el 2,37% en el 2006, el 1,62% en el 2007, y sólo el 1% en el 2008. Como puede apreciarse, el único año de la serie en que el porcentaje supera el 3,90% del FONAVI es el 2005, y lo hace por un escaso 0,5%.
Obviamente, no a todas las jurisdicciones les ha ido tan mal. En el 2007 la provincia de Entre Ríos recibió $ 33.079.722 en concepto de programas federales. Si dividimos tal cifra por la cantidad de habitantes, teniendo en cuenta las proyecciones demográficas del INDEC, nos da $ 26,62 por habitante, prácticamente la mitad del promedio nacional, que fue $ 51,85 por habitante. Sin embargo, para Santa Cruz los programas federales de vivienda significaron $ 543,13 por habitante, 20 veces más que en Entre Ríos. En 2008 las cosas empeoraron, ya que los ingresos de los programas federales en Entre Ríos - a diferencia de los ingresos FONAVI que aumentaron por el aumento de los combustibles - disminuyeron en términos absolutos, llegando a sólo $ 21.065.742, o sea $ 16,77 por habitante, lo que representa solamente un tercio del promedio nacional y casi 35 veces menos que los $ 581,40 por habitante de la provincia de Santa Cruz.
No es necesario decir, por obvio, que miles de ciudadanos de nuestra provincia se ven privados del derecho al acceso a una vivienda digna, consagrado en el artículo 25 de la Constitución reformada en 2008.
Las auditorías del FONAVI tienen información interesante que sirve como insumo para otros análisis, y hay cosas que no dice, que iremos diciendo.
Por ahora baste con estas reflexiones para demostrar que la necesidad de recuperar el federalismo fiscal no es una cantinela de la oposición. Es una necesidad imperiosa de los entrerrianos y de los argentinos, si es que queremos en serio marchar hacia una democracia social, republicana y federal. El derecho a la vivienda y el concepto novedoso del derecho a la ciudad son pilares fundamentales de esa sociedad inclusiva y solidaria que queremos construir.-
José Antonio Artusi
Presidente del Bloque de Diputados Provinciales de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos Leer más...
sábado, 3 de julio de 2010
Homenaje a Hipólito Yrigoyen
En la oportunidad, Pablo Remolif se refirió a la personalidad del prócer y destacó sus virtudes democráticas y republicanas. Leer más...
jueves, 1 de julio de 2010
RINDIERON HOMENAJE A LA MEMORIA DE LEANDRO ALEM
El acto contó con la presencia de militantes y dirigentes del centenario partido. Para referirse a la personalidad y la obra del fundador de la UCR hizo uso de la palabra el Prof. Celomar Argachá.
ALGUNAS FRASES DEL FUNDADOR DEL RADICALISMO
LEANDRO ALEM
1896-1RO DE JULIO-2010
"La vida política de un pueblo marca la condición en que se encuentra; marca su nivel moral, marca el temple y la energía de su carácter. El pueblo donde no hay vida política, es un pueblo corrompido y en decadencia, o es víctima de una brutal opresión."
"El ejército está constituido para defender las leyes y las instituciones, no para servir de pedestal a las tiranías. "
"No antepongas nunca los intereses pequeños o personales a los altos enigmas patrióticos y no abandonando jamás la línea recta que yo seguí en mi azarosa existencia, habrás rendido el mejor homenaje a mi memoria. "
"No desfallezcas en esta grande obra que inicias llena de fe y de entusiasmo, y si alguna vez necesitáis la ayuda de un hombre joven de largas barbas, pronunciad mi nombre, y correré presuroso a ocupar mi puesto con el ardor, la fe y la esperanza de los primeros años."
"La vida política forma esas grandes agrupaciones, que llámeseles como ésta, populares, o llámeseles partidos políticos, son las que desenvuelven la personalidad del ciudadano, le dan conciencia de su derecho y el sentimiento de la solidaridad en los destinos comunes."
"No hay, no puede haber buenas finanzas, donde no hay buena política. Buena política quiere decir, respeto a los derechos; buena política quiere decir, aplicación recta y correcta de las rentas públicas; buena política quiere decir, protección a las industrias útiles y no especulación aventurera para que ganen los parásitos del poder; buena política quiere decir, exclusión de favoritos y de emisiones clandestinas."
"El desaliento, el quebranto, la inmoralidad, no surgen de los bajos fondos sociales. Vienen de las alturas. Hoy se sacrifica todo, el honor, la palabra, la fe jurada ante los hijos y la patria, para descender luego a los goces materiales, por gustar con fruición de sibaritas los placeres de la sensualidad y el de gobierno. Hoy no se busca la posición política para poner a su servicio talento, carácter, patriotismo, sino para que aquella sirva a los fugaces caprichos de oscuros bienes, de miserables sueños..."
"¡Desgraciados los pueblos que no tienen ideales!" Leer más...
sábado, 26 de junio de 2010
EL GOLPE DEL 66
Por Ramiro Pereira y José Antonio Artusi
Es nuestra obligación recordar y condenar el golpe de estado del 28 de junio de 1966, resaltando las figuras ejemplares de los mandatarios derrocados en el orden nacional y provincial, evocando sus virtudes cívicas y haciendo votos por el fortalecimiento de la República Democrática , el afianzamiento de las instituciones estatales y su legitimidad ante la ciudadanía, legitimidad en orden a la transparencia y a las realizaciones: la revolución democrática que el pueblo quiere y espera.
Ha habido desde 1930 seis golpes de estado. Hace años se les llamaba golpes militares. Ahora, como si se descubriera gran cosa, con pretensiones de especificación se los denomina golpes cívico-militares. Hubo seis de esos golpes en la Argentina contra gobiernos constitucionales: 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976.
Recordar con prioridad el último de estos golpes es atendible: la tiranía atroz y sanguinaria que profundizó el terrorismo de Estado y lo llevó a niveles nunca vistos lo amerita. Y los radicales fuimos gobierno cuando se condenó a los responsables: aquí no hubo impunidad como la hubo en Uruguay, en Brasil, en Chile, en España. Los radicales ganamos en 1983 y prometimos y cumplimos: hicimos que hubiera juicios justos en el marco del estado de Derecho.
Pero vemos a veces con tristeza y preocupación que se enuncia en canales de televisión oficiales una línea de enlace entre los golpes de 1955 y 1976: en el medio, nada. gobiernos sin legitimidad, poco representativos, democracias semi-tuteladas.
En el infortunio de las luchas argentinas encontramos a nuestro partido apoyando el golpe de Estado de 1955. Había razones para ello, pero a la luz de la historia, ninguna que lo justifique. No hay justificación para los golpes de estado. Y por eso los Argentinos de hoy somos mejores que antes. ¿Y en 1966? Se podrá decir que era un gobierno minoritario: esto no es cierto; el 7 de julio de 1963 la Unión Cívica Radical del Pueblo obtuvo el 25,15% de los sufragios emitidos, frente al 19,42% de votos en blanco que expresaban al peronismo; con 169 sobre 239 votos del Colegio Electoral, la fórmula Illia-Perette fue elegida para el período constitucional 1963-1969, en momentos en que la elección era indirecta y no había segunda vuelta.
No nos vamos a detener en el Frente Nacional y Popular encabezado por el conservador Vicente Solano Lima. Si vamos a dejar sentado que en la provincia del Chaco, ocupó la gobernación un dignísimo hombre del justicialismo, Deolindo Felipe Bittel, y sobre todo, que en las elecciones legislativas de 1965 el peronismo pudo participar, tanto que se alzó con el triunfo en la provincia de Buenos Aires. No aquí en Entre Ríos, donde ganamos los radicales con la boleta encabezada por el victoriense Isidro Balbi, quien había presidido la comisión investigadora de los contratos petroleros suscriptos por el gobierno de Frondizi. En la Cámara de Diputados de la Nación , tras la contienda electoral sin proscripciones de 1965, la UCR del Pueblo quedó con 70 bancas y el peronismo con 52 escaños.
Pero lo cierto es que la apertura democrática iniciada con los radicales del pueblo se vio frustrada por la ciega incomprensión de la inmensa mayoría de los actores sociales, políticos y culturales. La falta de vocación democrática en la sociedad conspiró contra un partido que parecía viejo, gobernando en el marco de un sistema que parecía obsoleto: recordemos que estaban los fascinados por la aurora revolucionaria que emanaba de Cuba, que había pasado prontamente de una democratización pluralista al stalinismo caribeño. Ahí está “La hora de los hornos”, testimoniando en lo pertinente, el desprecio a la inmensa figura de Illia, cuyos afanes reformistas y progresistas eran desconocidos y ninguneados por quienes marchaban en política bajo un sendero luminoso de seguridades revolucionarias.
Y luego, los cultores del orden tecnocrático, las gentes de los tiempos: económico, social y luego político. El felón militar indigno que usurpó la presidencia de la Nación en 1966 era el representante de las fuerzas vivas que impondrían el orden para que la chusma, la masa, no se equivocara autogobernándose. Buena parte del peronismo apoyó ese golpe de estado. Es imposible no recordar a Vandor. Por eso enoja la liviandad con que a veces se trata al gobierno de Illia y a su figura, como si fuera un mero viejito bueno, un político honrado y nada más; y no un estadista incomparable que logró éxitos aún inigualados y defendió el interés nacional con lucidez y coraje.
Forma parte de las tantas "zonceras" argentinas sostener que Illia fue un político honesto y austero, a la vez que un gobernante ineficiente, lento, ineficaz, y cultor de ideas vetustas, incapaz de comprender las exigencias de los nuevos tiempos.
Algunos de sus propios detractores, en una sutil y hábil maniobra para desmerecer su estatura histórica, enfatizan deliberadamente su ejemplaridad ética precisamente para enmascarar o negar su gigantesca dimensión de estadista exitoso como pocos, poseedor de una cultura inusual en los gobernantes argentinos, profundo conocedor del mundo y sus problemas, imbuido de una lúcida visión de futuro de los desafíos del país y de su gente
Pocas zonceras como ésta, reflejada en el recordado mote de la "tortuga", están más lejos de la realidad.
Por eso, no repetiremos los lugares comunes referidos a su proverbial austeridad republicana y su inquebrantable honestidad administrativa. Nadie desconoce hoy que Illia se fue de la Casa Rosada más pobre que cuando entró, y que su única propiedad fue una casa donada por sus vecinos de Cruz del Eje, adquirida por suscripción popular. Pero sí muchos desconocen lo que fue capaz de hacer en tan breve lapso, desde el 12 de Octubre de 1963, en que asume la Presidencia de la República , hasta el 28 de Junio de 1966, en que es derrocado por un grupo de militares cuyo nombre quedará para siempre en la ignominia de la historia. En menos de 3 años, la "tortuga", entre otros muchos logros de gobierno;
- Eliminó las proscripciones al peronismo y al comunismo y se promulgaron penalidades a la discriminación y violencia racial.
- Promulgó la Ley 16.459, del salario mínimo, vital y móvil, previa a la constitución del Consejo del Salario, integrado por representantes del Gobierno, los empresarios y los sindicatos.
- Promovió la Ley de Abastecimiento, destinada a controlar los precios de la canasta familiar y la fijación de montos mínimos de jubilaciones y pensiones.
- Cumpliendo estrictamente lo prometido en la campaña electoral, en la senda de Yrigoyen, Alvear y Mosconi, de defensa del petróleo argentino al servicio del desarrollo con autodeterminación, firmó los Decretos 744/63 y 745/63 que anulaban los contratos petroleros de Frondizi, por "vicios de ilegitimidad y ser dañosos a los derechos e intereses de la Nación "; recuperando así la soberanía energética.
- Aumentó la incidencia de la educación en el Presupuesto Nacional. Del 12% en 1963, al 17% en 1964, y al 23% en 1965. Promovió la educación popular, laica, gratuita y obligatoria. Fortaleció la autonomía universitaria y jerarquizó los estudios superiores hasta niveles nunca superados después.
- Puso en marcha el Plan Nacional de Alfabetización.
- Promulgó la Ley 16.462, de medicamentos, también llamada Ley Oñativia en homenaje al Ministro de Salud Arturo Oñativia. Establecía una política de precios y de control de medicamentos, congelando los precios a los vigentes a fines de 1963, fijando límites para los gastos de propaganda, imponiendo límites a la posibilidad de realizar pagos al exterior en concepto de regalías y de compra de insumos. La Ley de Medicamentos, al propio tiempo que promovía la industria de los laboratorios nacionales, disminuyó drásticamente el costo de los remedios medicinales, considerados un bien social.
- Hizo crecer la economía como nunca antes. El PBI, luego de un retroceso del -2,4% en 1963, creció un 10,3% en 1964 y un 9,1% en 1965. El Producto Bruto Industrial, luego de un retroceso de -4,1% en 1963, creció un 18,9% (sí, leyó bien, casi 19%) en 1964 y un 13,8% en 1965.
- Disminuyó la deuda externa, de 3.400 millones de dólares a 2.600 millones.
- Hizo crecer el ingreso de los trabajadores: el salario real horario creció entre diciembre de 1963 y diciembre de 1964 un 9,6%.
- Hizo bajar la desocupación: pasó de 8,8% en 1963 a 5,2% en 1966.
- Se opuso a la intervención armada de los Estados Unidos en la República Dominicana. Obtuvo una resolución favorable en la ONU , que obligaba a Gran Bretaña a la discusión sobre la soberanía en las islas Malvinas, en el marco que orientaba la descolonización de todos los territorios hasta entonces sometidos a diversos grados de dominación imperialista.
- Fue un impulsor convencido de la planificación indicativa, con el Plan Nacional de Desarrollo, un riguroso modelo de transformación democrática de las estructuras económicas y sociales.
- Intentó modificar la ley de asociaciones profesionales: el manejo de los fondos se repartiría, de acuerdo con esa iniciativa, entre la central, la Federación provincial y el sindicato de base. Se estipulaba, asimismo, la participación de las minorías en las direcciones gremiales.
- Gobernó sin estado de sitio, combatió la incipiente insurgencia guerrillera con la fuerza de la ley, levantó proscripciones, y fue un celoso defensor de la independencia de los poderes y de la libertad de prensa.
- Promovió un activo desarrollo de la hidroelectricidad - impulsando entre otros el proyecto de la represa de Salto Grande - y la energía atómica
Vale la pena recordar que Ramiro Casasbellas, periodista de Primera Plana, publicación abanderada en escribir barbaridades contra el gobierno de Illia , reconocía tardíamente: “El gobierno de Don Arturo Illia no abusó un milímetro de sus poderes; en cambio, buena parte de los ciudadanos abusamos de los derechos que ese gobierno cuidó y afianzó con celo extraordinario. Al recato en el mandato lo denominamos ‘vacío de poder’; al irrestricto cumplimiento de las leyes, empezando por la máxima ‘formalidad democrática’; a la moderación ‘lentitud’; a la labor silenciosa y certera, sin autobombos ni desplantes, ‘ineficacia’ y ‘burocratismo’; al repudio de la demagogia, ‘sectarismo’; al ánimo de concordia, ‘falta de autoridad’; y a la severa reivindicación de una doctrina nacional, popular y cristiana, ‘exigencias de comité’. Éramos nosotros los sectarios, los que carecíamos de autoridad”.
Los opositores al gobierno de Illia, miopes y mezquinos en su gran mayoría, caricaturizaron y vilipendiaron su gobierno, ayudando a la conspiración de los grandes intereses transnacionales que alentaron su derrocamiento. De ciertos periodistas, de ciertos políticos, de la burocracia sindical, de las fuerzas armadas; la dignidad de la República todavía espera un mea culpa y una autocrítica.
El 28 de junio de 1966, en el medio de la indiferencia social, cayó una oportunidad que tuvo la Argentina de construirse como sociedad moderna, libertaria, con altos niveles de igualdad social. Leer más...
Es nuestra obligación recordar y condenar el golpe de estado del 28 de junio de 1966, resaltando las figuras ejemplares de los mandatarios derrocados en el orden nacional y provincial, evocando sus virtudes cívicas y haciendo votos por el fortalecimiento de la República Democrática , el afianzamiento de las instituciones estatales y su legitimidad ante la ciudadanía, legitimidad en orden a la transparencia y a las realizaciones: la revolución democrática que el pueblo quiere y espera.
Ha habido desde 1930 seis golpes de estado. Hace años se les llamaba golpes militares. Ahora, como si se descubriera gran cosa, con pretensiones de especificación se los denomina golpes cívico-militares. Hubo seis de esos golpes en la Argentina contra gobiernos constitucionales: 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976.
Recordar con prioridad el último de estos golpes es atendible: la tiranía atroz y sanguinaria que profundizó el terrorismo de Estado y lo llevó a niveles nunca vistos lo amerita. Y los radicales fuimos gobierno cuando se condenó a los responsables: aquí no hubo impunidad como la hubo en Uruguay, en Brasil, en Chile, en España. Los radicales ganamos en 1983 y prometimos y cumplimos: hicimos que hubiera juicios justos en el marco del estado de Derecho.
Pero vemos a veces con tristeza y preocupación que se enuncia en canales de televisión oficiales una línea de enlace entre los golpes de 1955 y 1976: en el medio, nada. gobiernos sin legitimidad, poco representativos, democracias semi-tuteladas.
En el infortunio de las luchas argentinas encontramos a nuestro partido apoyando el golpe de Estado de 1955. Había razones para ello, pero a la luz de la historia, ninguna que lo justifique. No hay justificación para los golpes de estado. Y por eso los Argentinos de hoy somos mejores que antes. ¿Y en 1966? Se podrá decir que era un gobierno minoritario: esto no es cierto; el 7 de julio de 1963 la Unión Cívica Radical del Pueblo obtuvo el 25,15% de los sufragios emitidos, frente al 19,42% de votos en blanco que expresaban al peronismo; con 169 sobre 239 votos del Colegio Electoral, la fórmula Illia-Perette fue elegida para el período constitucional 1963-1969, en momentos en que la elección era indirecta y no había segunda vuelta.
No nos vamos a detener en el Frente Nacional y Popular encabezado por el conservador Vicente Solano Lima. Si vamos a dejar sentado que en la provincia del Chaco, ocupó la gobernación un dignísimo hombre del justicialismo, Deolindo Felipe Bittel, y sobre todo, que en las elecciones legislativas de 1965 el peronismo pudo participar, tanto que se alzó con el triunfo en la provincia de Buenos Aires. No aquí en Entre Ríos, donde ganamos los radicales con la boleta encabezada por el victoriense Isidro Balbi, quien había presidido la comisión investigadora de los contratos petroleros suscriptos por el gobierno de Frondizi. En la Cámara de Diputados de la Nación , tras la contienda electoral sin proscripciones de 1965, la UCR del Pueblo quedó con 70 bancas y el peronismo con 52 escaños.
Pero lo cierto es que la apertura democrática iniciada con los radicales del pueblo se vio frustrada por la ciega incomprensión de la inmensa mayoría de los actores sociales, políticos y culturales. La falta de vocación democrática en la sociedad conspiró contra un partido que parecía viejo, gobernando en el marco de un sistema que parecía obsoleto: recordemos que estaban los fascinados por la aurora revolucionaria que emanaba de Cuba, que había pasado prontamente de una democratización pluralista al stalinismo caribeño. Ahí está “La hora de los hornos”, testimoniando en lo pertinente, el desprecio a la inmensa figura de Illia, cuyos afanes reformistas y progresistas eran desconocidos y ninguneados por quienes marchaban en política bajo un sendero luminoso de seguridades revolucionarias.
Y luego, los cultores del orden tecnocrático, las gentes de los tiempos: económico, social y luego político. El felón militar indigno que usurpó la presidencia de la Nación en 1966 era el representante de las fuerzas vivas que impondrían el orden para que la chusma, la masa, no se equivocara autogobernándose. Buena parte del peronismo apoyó ese golpe de estado. Es imposible no recordar a Vandor. Por eso enoja la liviandad con que a veces se trata al gobierno de Illia y a su figura, como si fuera un mero viejito bueno, un político honrado y nada más; y no un estadista incomparable que logró éxitos aún inigualados y defendió el interés nacional con lucidez y coraje.
Forma parte de las tantas "zonceras" argentinas sostener que Illia fue un político honesto y austero, a la vez que un gobernante ineficiente, lento, ineficaz, y cultor de ideas vetustas, incapaz de comprender las exigencias de los nuevos tiempos.
Algunos de sus propios detractores, en una sutil y hábil maniobra para desmerecer su estatura histórica, enfatizan deliberadamente su ejemplaridad ética precisamente para enmascarar o negar su gigantesca dimensión de estadista exitoso como pocos, poseedor de una cultura inusual en los gobernantes argentinos, profundo conocedor del mundo y sus problemas, imbuido de una lúcida visión de futuro de los desafíos del país y de su gente
Pocas zonceras como ésta, reflejada en el recordado mote de la "tortuga", están más lejos de la realidad.
Por eso, no repetiremos los lugares comunes referidos a su proverbial austeridad republicana y su inquebrantable honestidad administrativa. Nadie desconoce hoy que Illia se fue de la Casa Rosada más pobre que cuando entró, y que su única propiedad fue una casa donada por sus vecinos de Cruz del Eje, adquirida por suscripción popular. Pero sí muchos desconocen lo que fue capaz de hacer en tan breve lapso, desde el 12 de Octubre de 1963, en que asume la Presidencia de la República , hasta el 28 de Junio de 1966, en que es derrocado por un grupo de militares cuyo nombre quedará para siempre en la ignominia de la historia. En menos de 3 años, la "tortuga", entre otros muchos logros de gobierno;
- Eliminó las proscripciones al peronismo y al comunismo y se promulgaron penalidades a la discriminación y violencia racial.
- Promulgó la Ley 16.459, del salario mínimo, vital y móvil, previa a la constitución del Consejo del Salario, integrado por representantes del Gobierno, los empresarios y los sindicatos.
- Promovió la Ley de Abastecimiento, destinada a controlar los precios de la canasta familiar y la fijación de montos mínimos de jubilaciones y pensiones.
- Cumpliendo estrictamente lo prometido en la campaña electoral, en la senda de Yrigoyen, Alvear y Mosconi, de defensa del petróleo argentino al servicio del desarrollo con autodeterminación, firmó los Decretos 744/63 y 745/63 que anulaban los contratos petroleros de Frondizi, por "vicios de ilegitimidad y ser dañosos a los derechos e intereses de la Nación "; recuperando así la soberanía energética.
- Aumentó la incidencia de la educación en el Presupuesto Nacional. Del 12% en 1963, al 17% en 1964, y al 23% en 1965. Promovió la educación popular, laica, gratuita y obligatoria. Fortaleció la autonomía universitaria y jerarquizó los estudios superiores hasta niveles nunca superados después.
- Puso en marcha el Plan Nacional de Alfabetización.
- Promulgó la Ley 16.462, de medicamentos, también llamada Ley Oñativia en homenaje al Ministro de Salud Arturo Oñativia. Establecía una política de precios y de control de medicamentos, congelando los precios a los vigentes a fines de 1963, fijando límites para los gastos de propaganda, imponiendo límites a la posibilidad de realizar pagos al exterior en concepto de regalías y de compra de insumos. La Ley de Medicamentos, al propio tiempo que promovía la industria de los laboratorios nacionales, disminuyó drásticamente el costo de los remedios medicinales, considerados un bien social.
- Hizo crecer la economía como nunca antes. El PBI, luego de un retroceso del -2,4% en 1963, creció un 10,3% en 1964 y un 9,1% en 1965. El Producto Bruto Industrial, luego de un retroceso de -4,1% en 1963, creció un 18,9% (sí, leyó bien, casi 19%) en 1964 y un 13,8% en 1965.
- Disminuyó la deuda externa, de 3.400 millones de dólares a 2.600 millones.
- Hizo crecer el ingreso de los trabajadores: el salario real horario creció entre diciembre de 1963 y diciembre de 1964 un 9,6%.
- Hizo bajar la desocupación: pasó de 8,8% en 1963 a 5,2% en 1966.
- Se opuso a la intervención armada de los Estados Unidos en la República Dominicana. Obtuvo una resolución favorable en la ONU , que obligaba a Gran Bretaña a la discusión sobre la soberanía en las islas Malvinas, en el marco que orientaba la descolonización de todos los territorios hasta entonces sometidos a diversos grados de dominación imperialista.
- Fue un impulsor convencido de la planificación indicativa, con el Plan Nacional de Desarrollo, un riguroso modelo de transformación democrática de las estructuras económicas y sociales.
- Intentó modificar la ley de asociaciones profesionales: el manejo de los fondos se repartiría, de acuerdo con esa iniciativa, entre la central, la Federación provincial y el sindicato de base. Se estipulaba, asimismo, la participación de las minorías en las direcciones gremiales.
- Gobernó sin estado de sitio, combatió la incipiente insurgencia guerrillera con la fuerza de la ley, levantó proscripciones, y fue un celoso defensor de la independencia de los poderes y de la libertad de prensa.
- Promovió un activo desarrollo de la hidroelectricidad - impulsando entre otros el proyecto de la represa de Salto Grande - y la energía atómica
Vale la pena recordar que Ramiro Casasbellas, periodista de Primera Plana, publicación abanderada en escribir barbaridades contra el gobierno de Illia , reconocía tardíamente: “El gobierno de Don Arturo Illia no abusó un milímetro de sus poderes; en cambio, buena parte de los ciudadanos abusamos de los derechos que ese gobierno cuidó y afianzó con celo extraordinario. Al recato en el mandato lo denominamos ‘vacío de poder’; al irrestricto cumplimiento de las leyes, empezando por la máxima ‘formalidad democrática’; a la moderación ‘lentitud’; a la labor silenciosa y certera, sin autobombos ni desplantes, ‘ineficacia’ y ‘burocratismo’; al repudio de la demagogia, ‘sectarismo’; al ánimo de concordia, ‘falta de autoridad’; y a la severa reivindicación de una doctrina nacional, popular y cristiana, ‘exigencias de comité’. Éramos nosotros los sectarios, los que carecíamos de autoridad”.
Los opositores al gobierno de Illia, miopes y mezquinos en su gran mayoría, caricaturizaron y vilipendiaron su gobierno, ayudando a la conspiración de los grandes intereses transnacionales que alentaron su derrocamiento. De ciertos periodistas, de ciertos políticos, de la burocracia sindical, de las fuerzas armadas; la dignidad de la República todavía espera un mea culpa y una autocrítica.
El 28 de junio de 1966, en el medio de la indiferencia social, cayó una oportunidad que tuvo la Argentina de construirse como sociedad moderna, libertaria, con altos niveles de igualdad social. Leer más...
domingo, 23 de mayo de 2010
DÉFICIT DE VIVIENDA: UN PROBLEMA SIN RESPUESTAS ADECUADAS DESDE EL ESTADO
En Entre Ríos, como en el resto del país, el déficit de vivienda configura un grave problema, que muestra con contundencia la enorme brecha que existe entre la enunciación de algunos derechos de raigambre constitucional y su goce efectivo en la realidad cotidiana.
Buena parte de las angustias cotidianas de millones de compatriotas se desprenden de la circunstancia de no contar con la posibilidad cierta de acceder a una vivienda digna y adecuada. Viviendas mal localizadas, por lo general distantes de los centros urbanos, segregadas en verdaderos ghettos urbanos o suburbanos, con cobertura insuficiente de servicios públicos, sin adecuados equipamientos urbanos y espacios verdes, rodeadas de espacios públicos degradados e inseguros; son una realidad incontrastable que sufren a diario miles de personas en muchas de nuestras ciudades. Esto, cuando el Estado ha logrado al menos brindar lo que ampulosamente se exhibe como “solución habitacional”. En muchos otros casos, ni siquiera se accede a eso, y lo que aparece son asentamientos irregulares en terrenos fiscales, villas de emergencia, ocupaciones ilegales, construcciones precarias hechas por los propios pobladores, etc.. La inseguridad en la tenencia, la falta generalizada de una política integral de vivienda, y la cristalización de un patrón inequitativo de distribución de la riqueza, con vastos sectores de la población sumergidos en la pobreza o en la indigencia de manera estructural, impide que estas aproximaciones espontáneas a la búsqueda de soluciones al problema de la vivienda arrojen resultados demasiado alentadores, y configuran por lo general intentos desesperados por encontrar al menos “un lugar donde vivir”. Aún así, no se puede dejar de reconocer que sin estos esfuerzos espontáneos de los sectores marginales urbanos la crisis de la vivienda adquiriría dimensiones mucho mayores.
Tuve el honor de colaborar en su momento con el bloque de convencionales constituyentes de la Unión Cívica Radical, y propuse en relación a este tema un anteproyecto que varios convencionales radicales hicieron suyo y presentaron como proyecto de reforma. La redacción del artículo a incluir era la siguiente: "Quedan garantizados en la Provincia para todos sus habitantes los derechos a una vivienda digna y a un hábitat adecuado para el desarrollo humano. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivos estos derechos, planificando y regulando la utilización del suelo y promoviendo el ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación y con miras al uso racional y equitativo del territorio y los recursos naturales. La comunidad participará en las plusvalías que genere la inversión de los entes estatales en obras de infraestructura de servicios públicos y equipamiento comunitario". El proyecto fue tratado junto con otros que se referían a la vivienda, y finalmente surgió un texto que dió origen al actual artículo 25 de la Constitución provincial, que establece textualmente: "El Estado promueve las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho de todos los habitantes a una vivienda digna, con sus servicios conexos y el espacio necesario para el desarrollo humano, en especial destinado a los sectores de menores recursos. Planifica y ejecuta una política concertada con los municipios, comunas e instituciones que lo requieran, con el aporte solidario de los interesados". Como se puede apreciar, algunos conceptos quedaron, lamentablemente, en el camino, pero se consolidaron otros. No se pudo incorporar la mención a la obligación del Estado de la regulación del uso del suelo y el ordenamiento territorial ni la participaciónde la comunidad en las plusvalías o rentas extraordinarias que se generan en inmuebles de privados por efecto de las inversiones públicas, inspirado en la Constitución de España, entre otros textos constitucionales. Pero debe reconocerse que son positivas las incorporaciones de la prioridad a otorgar a los sectores de menores recursos y la concertación de políticas de vivienda entre la provincia, los municipios y las comunas.
En nuestra provincia, lamentablemente, las disposiciones constitucionales distan de tener un reflejo coherente en las políticas públicas. El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda se limita a administrar los planes del FONAVI y los planes federales del gobierno nacional; y difícilmente pueda segurarse que el "Estado promueve las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho de todos los habitantes a una vivienda digna", y mucho menos que las políticas tienen un sesgo "en especial destinado a los sectores de menores recursos". Un grave problema es la generalizada falta de coordinación y articulación entre los municipios y la provincia, y por lo general - con honrosas excepciones que confirman la regla - los municipios no implementan políticas de gestión del suelo, por lo que carecen de bancos de tierra que permitan alojar los nuevos conjuntos de vivienda en áreas adecuadas, de acuerdo a un proceso racional de planificación del desarrollo urbano. Las consecuencias están a la vista: conjuntos de vivienda cada vez más alejados, en tierras baratas pero muchas veces inadecuadas desde el punto de vista ambiental, en zonas prácticamente rurales, sin suficiente infraestructura y equipamiento. Esto refuerza una tendencia a la expansión urbana, con patrones de baja densidad, que encarecen cada vez más el tendido de redes de servicios públicos, que a su vez se transforma en un problema cada vez más acuciante para municipios desfinanciados. Se configura de esta manera un círculo vicioso, frente al que no se responde con políticas adecuadas. Por otro lado, los sectores más marginados de la sociedad, ante la falta de respuestas desde el Estado, optan por realizar asentamientos informales en tierras públicas o privadas, buscando condiciones mínimas de accesibilidad y centralidad.
Urge encontrar políticas adecuadas para enfrentar con racionalidad y equidad estos dilemas. Ni el crecimiento económico ni el mercado resolverán mágicamente el problema de la vivienda. Se necesita una acción articulada de todos los niveles del Estado, desde la Nación hasta los municipios. A nivel nacional es imprescindible contar con una ley marco de ordenamiento territorial y uso del suelo, y también es necesario tener una legislación de ese tipo a nivel provincial. Estamos abocados a la redacción de una propuesta en ese sentido. Por otra parte, es necesario que el gobierno nacional refuerce el programa FONAVI con sentido federal, y deje de lado la discrecionalidad arbitraria de los programas federales. A nivel provincial, es menester articular esfuerzos entre la provincia y los gobiernos locales, como manda la Constitución, para tener políticas de gestión del suelo que permitan tener viviendas dignas para todos, viviendas que construyan ciudad, y por ende ciudadanía.
Existen algunos pocos ejemplos de municipios, en nuestra provincia y en otras, que muestran cómo se puede tener políticas locales de gestión del suelo que permiten a las administraciones municipales hacerse de tierra bien localizada en áreas consolidadaes, evitando de esta manera la expansión descontrolada, con los consiguientes mayores costos y degradación de la estructura urbana. Es hora de aprender de esos ejemplos.- Leer más...
sábado, 22 de mayo de 2010
NUEVAS UNIDADES PENITENCIARIAS
Por Ernesto Toledo
En la emisión de EL DIARIO, del dia 2 de Abril, bajo el Titulo:” El Gobierno Proyecta relocalizar las Cárceles”, el Periodista que firma la nota bajo las letras M.P.empieza recordando la letra y el espíritu del Art.18 de la Constitución Nacional que dice: “Las Cárceles deberán ser sanas y limpias y no para castigo…….” Y afirma que la realidad de las Cárceles de Entre Ríos es otra y otras consideraciones absolutamente ciertas.- Me permito agregar que esto no se cumple en ninguna Cárcel del País y me atrevería a afirmar que tampoco en ninguna Cárcel del Mundo.-
La ocasión es propicia para agregar algunas reflexiones sobre este tema. Por cierto que comparto el propósito del Gobierno, de querer reemplazar la obsolescencia de los edificios de las Unidades Penales de la Provincia , en algunos casos construyéndolas lejos del medio urbano por obvias razones de seguridad sobre todo para los vecinos.-
Lo que quiero agregar ya ha sido expuesto en trabajos, publicaciones y otros comentarios en diversos ámbitos por lo que puedo ser reiterativo no obstante por la iniciativa que acabo de leer quisiera agregar con espíritu de colaboración que el Gobierno que pretende llevar a cabo esta iniciativa, debiera tener en cuenta que estamos en el Siglo XXI, a días de festejar el Bicentenario de nuestra Patria y el 29 de agosto próximo se cumplen 200 años del nacimiento de Juan B.Alberdi, el Compatriota mas esclarecido del siglo 19, por lo tanto ya es tiempo de cambiar las cosas con sentido de futuro por lo menos en este tema las Cárceles, que tienen que dejar de ser “escuelas de delincuentes” como han sido y son hasta ahora.-
Esto no se resuelve con nuevos y modernos edificios, que por supuesto son necesarios y en buena hora que lo sean.- Hay que modificar y cambiar lo que yo llamo “El Clima del Penal”, lo que ocurre en toda Cárcel después de las 22 hs.en adelante, es el otro mundo del Penal que desde afuera no se ve y no se puede controlar y es allí donde se gestan los episodios de violencia , indisciplina y corrupción en todas sus formas; allí se manejan códigos que solo conocen los mas veteranos quienes se encargan de hacer cumplir y conocer a los novicios o recién llegados que rápidamente asimilan su estilo y forma de ser, su actitud, incluso su lenguaje cuyo manejo supone años de vivir detrás de las rejas.-
La vida dentro del Penal es regida por Internos veteranos que adquieren tal estado por sus antecedentes de reincidentes en delitos contra la propiedad y en asalto a mano armada, individuos violentos y agresivos que tienen un desprecio total por la vida humana que pueden matar o hacer matar a quien pretenda rebelarse.- El resultado de todo ese ambiente es el aprendizaje de toda forma de delito porque los que enseñan son verdaderos maestros y la prueba de lo que afirmamos se puede medir en los índices de reincidencia, donde surge la evidencia de que el que recupera la libertad en su gran mayoría vuelve a reincidir en el mismo o en otros delitos.-
NUESTRA PROPUESTA: Hay que destinar una Unidad para el alojamiento y estadía del Individuo que por primera vez comete un Delito y en esa calidad llega a la Cárcel , no conoce sus códigos, no sabe lo que le espera, tiene una actitud de temor.- Ese individuo jamás debe estar en contacto con el resto del Penal, por ningún motivo, escolar, laboral, deportivo, etc.etc.el y los compañeros de alojamiento deben ser también Primarios, es decir están todos en las mismas condiciones, no hay caudillos, todos están en un plano de igualdad y deben someterse a las normas y reglamentaciones de la Institución Penitenciaria , que debe ser ejercida por Personal capacitado con preparación suficiente para manejar conductas antisociales que mediante un trabajo serio, responsable, humano, con participación de la familia, maestros de escuela diferenciada, y maestros de los distintos oficios que se deben enseñar en ese ámbito: carpintería, mecánica, electricista, herrero y muchos mas y también una intensa practica deportiva sobre todo para los mas jóvenes y otras actividades recreativas, bajo un régimen de disciplina atenuado, sin celdas de castigo, porque en ese ámbito, jamás habrá motines, huelgas, actos de violencia de todo tipo, peleas y uso de armas blancas que se elaboran en la misma Unidad.-Individuos que cuando recuperen la libertad, por lo menos no caigan en la reincidencia y con lo que aprendieron puedan reinsertarse en la Sociedad.-
Por ultimo, Entre Ríos debiera contar con una Colonia Penal de Régimen Abierto como las de Baradero, Gorina en La Plata o Santa Rosa de la Pampa o la Unidad 30 del Servicio Penitenciario Federal Dr.Julio Alfonsin que aloja a Menores y que son modelo, no se conocen porque no son noticias, en ellas no pasa nada todo es normal, no hay motines, actos de violencia fugas etc.etc.-Estos establecimientos fueron visitados por el suscripto y el entonces Subsecretario de Justicia Dr.Juan Godoy .- Durante nuestra gestión intentamos crear una Colonia Penal con esas características en el. Hogar Escuela Roque Sáenz Peña de la ciudad de Viale, un predio de mas de 300 Has, que alojaba en esa época a 17 menores, se hizo el proyecto pero no se pudo concretar porque no se encontró un local que pudiera albergar a esos Menores para no tener que llevarlos a otros lugares y desarraigarlos de su ámbito natural.-
Toda esta Política Penitenciaria debiera ser consensuada con todos los Partidos Políticos con posibilidades de ser Gobierno, porque son Políticas de Estado que requieren para su ejecución y cumplimiento varios periodos de Gobierno por lo que debieran tener continuidad mejorándolos en lo posible pero jamás suspenderlos.- La Salud , la Educación y el Trabajo debieran ser prioridad en un Programa de Gobierno cualquiera sea el signo Politico del Partido Gobernante.-
Dr.Ernesto Toledo
ExDirector Gral.del Servicio Penitenciario Leer más...
En la emisión de EL DIARIO, del dia 2 de Abril, bajo el Titulo:” El Gobierno Proyecta relocalizar las Cárceles”, el Periodista que firma la nota bajo las letras M.P.empieza recordando la letra y el espíritu del Art.18 de la Constitución Nacional que dice: “Las Cárceles deberán ser sanas y limpias y no para castigo…….” Y afirma que la realidad de las Cárceles de Entre Ríos es otra y otras consideraciones absolutamente ciertas.- Me permito agregar que esto no se cumple en ninguna Cárcel del País y me atrevería a afirmar que tampoco en ninguna Cárcel del Mundo.-
La ocasión es propicia para agregar algunas reflexiones sobre este tema. Por cierto que comparto el propósito del Gobierno, de querer reemplazar la obsolescencia de los edificios de las Unidades Penales de la Provincia , en algunos casos construyéndolas lejos del medio urbano por obvias razones de seguridad sobre todo para los vecinos.-
Lo que quiero agregar ya ha sido expuesto en trabajos, publicaciones y otros comentarios en diversos ámbitos por lo que puedo ser reiterativo no obstante por la iniciativa que acabo de leer quisiera agregar con espíritu de colaboración que el Gobierno que pretende llevar a cabo esta iniciativa, debiera tener en cuenta que estamos en el Siglo XXI, a días de festejar el Bicentenario de nuestra Patria y el 29 de agosto próximo se cumplen 200 años del nacimiento de Juan B.Alberdi, el Compatriota mas esclarecido del siglo 19, por lo tanto ya es tiempo de cambiar las cosas con sentido de futuro por lo menos en este tema las Cárceles, que tienen que dejar de ser “escuelas de delincuentes” como han sido y son hasta ahora.-
Esto no se resuelve con nuevos y modernos edificios, que por supuesto son necesarios y en buena hora que lo sean.- Hay que modificar y cambiar lo que yo llamo “El Clima del Penal”, lo que ocurre en toda Cárcel después de las 22 hs.en adelante, es el otro mundo del Penal que desde afuera no se ve y no se puede controlar y es allí donde se gestan los episodios de violencia , indisciplina y corrupción en todas sus formas; allí se manejan códigos que solo conocen los mas veteranos quienes se encargan de hacer cumplir y conocer a los novicios o recién llegados que rápidamente asimilan su estilo y forma de ser, su actitud, incluso su lenguaje cuyo manejo supone años de vivir detrás de las rejas.-
La vida dentro del Penal es regida por Internos veteranos que adquieren tal estado por sus antecedentes de reincidentes en delitos contra la propiedad y en asalto a mano armada, individuos violentos y agresivos que tienen un desprecio total por la vida humana que pueden matar o hacer matar a quien pretenda rebelarse.- El resultado de todo ese ambiente es el aprendizaje de toda forma de delito porque los que enseñan son verdaderos maestros y la prueba de lo que afirmamos se puede medir en los índices de reincidencia, donde surge la evidencia de que el que recupera la libertad en su gran mayoría vuelve a reincidir en el mismo o en otros delitos.-
NUESTRA PROPUESTA: Hay que destinar una Unidad para el alojamiento y estadía del Individuo que por primera vez comete un Delito y en esa calidad llega a la Cárcel , no conoce sus códigos, no sabe lo que le espera, tiene una actitud de temor.- Ese individuo jamás debe estar en contacto con el resto del Penal, por ningún motivo, escolar, laboral, deportivo, etc.etc.el y los compañeros de alojamiento deben ser también Primarios, es decir están todos en las mismas condiciones, no hay caudillos, todos están en un plano de igualdad y deben someterse a las normas y reglamentaciones de la Institución Penitenciaria , que debe ser ejercida por Personal capacitado con preparación suficiente para manejar conductas antisociales que mediante un trabajo serio, responsable, humano, con participación de la familia, maestros de escuela diferenciada, y maestros de los distintos oficios que se deben enseñar en ese ámbito: carpintería, mecánica, electricista, herrero y muchos mas y también una intensa practica deportiva sobre todo para los mas jóvenes y otras actividades recreativas, bajo un régimen de disciplina atenuado, sin celdas de castigo, porque en ese ámbito, jamás habrá motines, huelgas, actos de violencia de todo tipo, peleas y uso de armas blancas que se elaboran en la misma Unidad.-Individuos que cuando recuperen la libertad, por lo menos no caigan en la reincidencia y con lo que aprendieron puedan reinsertarse en la Sociedad.-
Por ultimo, Entre Ríos debiera contar con una Colonia Penal de Régimen Abierto como las de Baradero, Gorina en La Plata o Santa Rosa de la Pampa o la Unidad 30 del Servicio Penitenciario Federal Dr.Julio Alfonsin que aloja a Menores y que son modelo, no se conocen porque no son noticias, en ellas no pasa nada todo es normal, no hay motines, actos de violencia fugas etc.etc.-Estos establecimientos fueron visitados por el suscripto y el entonces Subsecretario de Justicia Dr.Juan Godoy .- Durante nuestra gestión intentamos crear una Colonia Penal con esas características en el. Hogar Escuela Roque Sáenz Peña de la ciudad de Viale, un predio de mas de 300 Has, que alojaba en esa época a 17 menores, se hizo el proyecto pero no se pudo concretar porque no se encontró un local que pudiera albergar a esos Menores para no tener que llevarlos a otros lugares y desarraigarlos de su ámbito natural.-
Toda esta Política Penitenciaria debiera ser consensuada con todos los Partidos Políticos con posibilidades de ser Gobierno, porque son Políticas de Estado que requieren para su ejecución y cumplimiento varios periodos de Gobierno por lo que debieran tener continuidad mejorándolos en lo posible pero jamás suspenderlos.- La Salud , la Educación y el Trabajo debieran ser prioridad en un Programa de Gobierno cualquiera sea el signo Politico del Partido Gobernante.-
Dr.Ernesto Toledo
ExDirector Gral.del Servicio Penitenciario Leer más...
jueves, 29 de abril de 2010
Bonafini y los juicios populares
Por Rogelio Alaniz
Escribo esta nota el jueves a la mañana, por lo que desconozco el desenlace del juicio popular “ético y político” contra los periodistas supuestamente comprometidos con la dictadura militar, organizado por las Madres de Plaza de Mayo que responden a Hebe de Bonafini. En realidad, no es necesario esperar hasta el jueves a la tarde, porque la condena ya ha sido emitida mucho antes, verificándose el principio de que los juicios populares no son más que puestas en escena con resultado previsible, lo opuesto a un juicio real donde se debate acerca de la culpabilidad o inocencia del imputado que -no olvidarlo- será siempre una persona en singular y nunca un colectivo social como en este caso.
Lo que corresponde preguntarse a continuación, es acerca de las consecuencias prácticas de esta condena. En principio no tiene ninguna, como tampoco la ha tenido el juicio popular que hace un año la misma institución celebró contra Martínez de Hoz. Sus efectos son simbólicos y, en todo caso, interesa interrogarse acerca de las consecuencias políticas de estos efectos simbólicos. Al respecto también podría decirse que la condena no agrega nada a lo que ya conocemos, es decir, no aporta ningún dato relevante acerca de lo que los jueces y la opinión pública en general, ya saben respecto de los “procesados”.
Como se dice en estos casos, es más de lo mismo, porque los supuestos testigos y fiscales repetirán su conocida cantinela y la defensa, sustancial a cualquier juicio, brillará por su ausencia, más allá de que el flamante tribunal ha accedido a la presencia de un “defensor oficial” cuya objetividad y empeño para argumentar a favor de sus defendidos es más una mascarada que otra cosa, recordando en ese sentido las peores experiencias de los “juicios populares” de las dictaduras totalitarias, en las que el defensor concluye solicitando una condena superior a la de los fiscales o, como en el caso del juicio contra Severino Di Giovanni, promovido por la dictadura militar de Uriburu, cuando el defensor oficial concluyó castigado por haberse esmerado demasiado en el cumplimiento de su rol.
Digamos, para ser serios, que los verdaderos juicios son los que se realizan en el marco de un estado de derecho, y no esta payasada que se celebra en nombre de los derechos humanos, violentando todos los principios que constituyen la cultura de los derechos humanos. Lo que de todos modos llama la atención es que en un contexto político en el que se están celebrando juicios en los tribunales contra los protagonistas del terrorismo de estado, al mismo tiempo se impulse esta iniciativa. ¿No les alcanza con lo que se está haciendo o existe alguna otra intencionalidad política que va más allá del juzgamiento del pasado?
En principio, resulta sospechosa la sintonía entre la iniciativa de Bonafini con los reiterados discursos de los Kirchner contra el periodismo y las empresa periodísticas. Sin ir mas lejos, esta semana Kirchner proclamó que el principal partido opositor son los periodistas, los periodistas que lo critican claro está. Kirchner da por sentado que la oposición en la Argentina está liquidada por lo que, la única oposición -¿por qué no barrera?- que queda en la Argentina son los periodistas, una afirmación que en caso de ser cierta seria gravísima porque, palabras más palabras menos, estaríamos en la antesala de la dictadura.
La conexión entre el juicio popular de Plaza de Mayo y el gobierno, merece mencionarse porque el episodio adquiere significado porque el Estado lo alienta, lo estimula o lo consiente. Conversando en estos días con un dirigente judío sobre el antisemitismo , me decía que los prejuicios contra los judíos siempre están latentes en las sociedades occidentales, pero el tema de ja de ser un prejuicio antipático cuando ese antisemitismo larval es asumido por el Estado, porque es entonces cuando se instala la persecución y el progrom.
Algo parecido ocurre con la iniciativa de Bonafini. Sin el apoyo del Estado el “juicio popular” no dejaría de ser un acto promovido por un puñado de lunáticos sin otra consecuencia que la que pueden provocar un grupo de inadaptados sociales. En las sociedades democráticas se sabe que hay que convivir con extremistas, resentidos y alienados de diferente calaña que en la mayoría de los casos suelen ser insignificantes minorías, pero el tema adquiere centralidad cuando el Estado se transforma en el avala y el garante de estas prácticas.
Se dirá que el gobierno de los Kirchner ha condenado o ha tomado distancia de esto. Más o menos. Algunos funcionarios lo han hecho, otros han guardado silencio y algunos lo han justificado en nombre de la libertad de expresión, una respuesta donde no se sabe si celebrar el sentido del humor o condenar el descarnado cinismo. Por otro lado, nadie ignora que en los anaqueles de la picardía política un libreto al que se recurre con frecuencia es el de criticar de la boca para afuera mientras que por debajo de la mesa se estimula y se financia lo mismo que se condena. Esta verdad del poder la conocen todos los déspotas del planeta, y en la Argentina desde Juan Manuel de Rosas a Videla, todos los dictadores han repudiado o han hecho sugestivo silencio a los crímenes o desbordes de los mazorqueros de turno. Es por eso que no hace falta ser un pesquisa o un paranoico para percibir la estrategia común de los Kirchner con Bonafini: la condena al periodismo y a los periodistas.
Alguien dirá que el juicio no es contra los periodistas, sino contra los periodistas comprometidos con la dictadura. No lo creo. Y mucho menos lo creo después de que enchastraron las calles con fotos de periodistas, muchos de ellos progresistas, como si fueran delincuentes, porque lo único que faltó fue de que debajo de la foto estuviera el celebre “WANTED, vivo o muerto”. Asimismo llama la atención al observador más distraído la mezcla de personajes ¿Qué tiene que ver Magdalena Ruiz Guiñazú, integrante de la CONADEP con Mariano Grondona, apologista del proceso? Aparentemente nada, salvo el dato cierto y real que los dos, por diferentes razones, son opositores. Esta mezcla, esa suerte de cambalache autoritario, es también un recurso clásico de las técnicas autoritarias de propaganda, en la que el culpable, el malo, el contrarevolucionario, puede ser cualquiera.
Las opiniones de Grondona, Viale o Gelblung durante la dictadura militar ya son temas históricos, pero si algún juicio hay que hacerle a estos periodistas este juicio debe ser hecho en tribunales, con todas las garantías del caso, y no en una plaza popular. Recuerdo que Albert Camus cuando en el París recién liberado de la ocupación nazi, los más exaltados pedían linchamientos públicos, escribió en “Le Combat” que la diferencia de los demócratas con los nazis, la diferencia sustancial, decisiva, es que mientras ellos llevaban a sus víctimas al cadalso o al campo de concentración, los demócratas los llevan a los tribunales.
En 1974, la revista fascista “El caudillo”, financiada por el gobierno peronista de entonces, publicó una lista, con fotos incluidas, de los condenados a ser ejecutados por las Tres A. Las páginas se pegaron como afiches en las calles de Buenos Aires y lo único que se puede decir al respecto es que “cualquier coincidencia con la realidad es pura semejanza” .
Conversando con expertos en publicidad y lenguaje publicitario, me dijeron que la técnica de “El caudillo” es exactamente igual a la que ahora recurren quienes dicen militar en la vereda opuesta. En tiempos de Alfonsín, una revista de abierta filiación nazi y antisemita, “Cabildo” publicó una lista de periodistas guerrilleros y marxistas. También en este caso, “cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia”.
Carta Abierta no es El caudillo; Madres de Plaza de Mayo, sector Bonafini, no es Cabildo, pero sería deseable que esa afirmación que se me ocurre hacer al correr de la pluma, se encarguen de verificarla en términos prácticos ellos mismos. Decía que el juicio popular de Bonafini no aportará nada nuevo a lo que ya sabemos, ni provocará más consecuencias políticas que las que ya conocemos, pero el aval del gobierno a esta iniciativa, -aval real más allá de sus observaciones formales- abre un serio interrogante hacia el futuro. Por lo pronto, es hora de recordar una vez más que los argentinos hace rato que deberíamos saber que es peligroso jugar al carnaval con nafta y que no se debe golpear las puertas del infierno suponiendo que nadie va a responder o que el diablo no existe.
Fuente: www.rogelioalaniz.com.ar
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Escribo esta nota el jueves a la mañana, por lo que desconozco el desenlace del juicio popular “ético y político” contra los periodistas supuestamente comprometidos con la dictadura militar, organizado por las Madres de Plaza de Mayo que responden a Hebe de Bonafini. En realidad, no es necesario esperar hasta el jueves a la tarde, porque la condena ya ha sido emitida mucho antes, verificándose el principio de que los juicios populares no son más que puestas en escena con resultado previsible, lo opuesto a un juicio real donde se debate acerca de la culpabilidad o inocencia del imputado que -no olvidarlo- será siempre una persona en singular y nunca un colectivo social como en este caso.
Lo que corresponde preguntarse a continuación, es acerca de las consecuencias prácticas de esta condena. En principio no tiene ninguna, como tampoco la ha tenido el juicio popular que hace un año la misma institución celebró contra Martínez de Hoz. Sus efectos son simbólicos y, en todo caso, interesa interrogarse acerca de las consecuencias políticas de estos efectos simbólicos. Al respecto también podría decirse que la condena no agrega nada a lo que ya conocemos, es decir, no aporta ningún dato relevante acerca de lo que los jueces y la opinión pública en general, ya saben respecto de los “procesados”.
Como se dice en estos casos, es más de lo mismo, porque los supuestos testigos y fiscales repetirán su conocida cantinela y la defensa, sustancial a cualquier juicio, brillará por su ausencia, más allá de que el flamante tribunal ha accedido a la presencia de un “defensor oficial” cuya objetividad y empeño para argumentar a favor de sus defendidos es más una mascarada que otra cosa, recordando en ese sentido las peores experiencias de los “juicios populares” de las dictaduras totalitarias, en las que el defensor concluye solicitando una condena superior a la de los fiscales o, como en el caso del juicio contra Severino Di Giovanni, promovido por la dictadura militar de Uriburu, cuando el defensor oficial concluyó castigado por haberse esmerado demasiado en el cumplimiento de su rol.
Digamos, para ser serios, que los verdaderos juicios son los que se realizan en el marco de un estado de derecho, y no esta payasada que se celebra en nombre de los derechos humanos, violentando todos los principios que constituyen la cultura de los derechos humanos. Lo que de todos modos llama la atención es que en un contexto político en el que se están celebrando juicios en los tribunales contra los protagonistas del terrorismo de estado, al mismo tiempo se impulse esta iniciativa. ¿No les alcanza con lo que se está haciendo o existe alguna otra intencionalidad política que va más allá del juzgamiento del pasado?
En principio, resulta sospechosa la sintonía entre la iniciativa de Bonafini con los reiterados discursos de los Kirchner contra el periodismo y las empresa periodísticas. Sin ir mas lejos, esta semana Kirchner proclamó que el principal partido opositor son los periodistas, los periodistas que lo critican claro está. Kirchner da por sentado que la oposición en la Argentina está liquidada por lo que, la única oposición -¿por qué no barrera?- que queda en la Argentina son los periodistas, una afirmación que en caso de ser cierta seria gravísima porque, palabras más palabras menos, estaríamos en la antesala de la dictadura.
La conexión entre el juicio popular de Plaza de Mayo y el gobierno, merece mencionarse porque el episodio adquiere significado porque el Estado lo alienta, lo estimula o lo consiente. Conversando en estos días con un dirigente judío sobre el antisemitismo , me decía que los prejuicios contra los judíos siempre están latentes en las sociedades occidentales, pero el tema de ja de ser un prejuicio antipático cuando ese antisemitismo larval es asumido por el Estado, porque es entonces cuando se instala la persecución y el progrom.
Algo parecido ocurre con la iniciativa de Bonafini. Sin el apoyo del Estado el “juicio popular” no dejaría de ser un acto promovido por un puñado de lunáticos sin otra consecuencia que la que pueden provocar un grupo de inadaptados sociales. En las sociedades democráticas se sabe que hay que convivir con extremistas, resentidos y alienados de diferente calaña que en la mayoría de los casos suelen ser insignificantes minorías, pero el tema adquiere centralidad cuando el Estado se transforma en el avala y el garante de estas prácticas.
Se dirá que el gobierno de los Kirchner ha condenado o ha tomado distancia de esto. Más o menos. Algunos funcionarios lo han hecho, otros han guardado silencio y algunos lo han justificado en nombre de la libertad de expresión, una respuesta donde no se sabe si celebrar el sentido del humor o condenar el descarnado cinismo. Por otro lado, nadie ignora que en los anaqueles de la picardía política un libreto al que se recurre con frecuencia es el de criticar de la boca para afuera mientras que por debajo de la mesa se estimula y se financia lo mismo que se condena. Esta verdad del poder la conocen todos los déspotas del planeta, y en la Argentina desde Juan Manuel de Rosas a Videla, todos los dictadores han repudiado o han hecho sugestivo silencio a los crímenes o desbordes de los mazorqueros de turno. Es por eso que no hace falta ser un pesquisa o un paranoico para percibir la estrategia común de los Kirchner con Bonafini: la condena al periodismo y a los periodistas.
Alguien dirá que el juicio no es contra los periodistas, sino contra los periodistas comprometidos con la dictadura. No lo creo. Y mucho menos lo creo después de que enchastraron las calles con fotos de periodistas, muchos de ellos progresistas, como si fueran delincuentes, porque lo único que faltó fue de que debajo de la foto estuviera el celebre “WANTED, vivo o muerto”. Asimismo llama la atención al observador más distraído la mezcla de personajes ¿Qué tiene que ver Magdalena Ruiz Guiñazú, integrante de la CONADEP con Mariano Grondona, apologista del proceso? Aparentemente nada, salvo el dato cierto y real que los dos, por diferentes razones, son opositores. Esta mezcla, esa suerte de cambalache autoritario, es también un recurso clásico de las técnicas autoritarias de propaganda, en la que el culpable, el malo, el contrarevolucionario, puede ser cualquiera.
Las opiniones de Grondona, Viale o Gelblung durante la dictadura militar ya son temas históricos, pero si algún juicio hay que hacerle a estos periodistas este juicio debe ser hecho en tribunales, con todas las garantías del caso, y no en una plaza popular. Recuerdo que Albert Camus cuando en el París recién liberado de la ocupación nazi, los más exaltados pedían linchamientos públicos, escribió en “Le Combat” que la diferencia de los demócratas con los nazis, la diferencia sustancial, decisiva, es que mientras ellos llevaban a sus víctimas al cadalso o al campo de concentración, los demócratas los llevan a los tribunales.
En 1974, la revista fascista “El caudillo”, financiada por el gobierno peronista de entonces, publicó una lista, con fotos incluidas, de los condenados a ser ejecutados por las Tres A. Las páginas se pegaron como afiches en las calles de Buenos Aires y lo único que se puede decir al respecto es que “cualquier coincidencia con la realidad es pura semejanza” .
Conversando con expertos en publicidad y lenguaje publicitario, me dijeron que la técnica de “El caudillo” es exactamente igual a la que ahora recurren quienes dicen militar en la vereda opuesta. En tiempos de Alfonsín, una revista de abierta filiación nazi y antisemita, “Cabildo” publicó una lista de periodistas guerrilleros y marxistas. También en este caso, “cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia”.
Carta Abierta no es El caudillo; Madres de Plaza de Mayo, sector Bonafini, no es Cabildo, pero sería deseable que esa afirmación que se me ocurre hacer al correr de la pluma, se encarguen de verificarla en términos prácticos ellos mismos. Decía que el juicio popular de Bonafini no aportará nada nuevo a lo que ya sabemos, ni provocará más consecuencias políticas que las que ya conocemos, pero el aval del gobierno a esta iniciativa, -aval real más allá de sus observaciones formales- abre un serio interrogante hacia el futuro. Por lo pronto, es hora de recordar una vez más que los argentinos hace rato que deberíamos saber que es peligroso jugar al carnaval con nafta y que no se debe golpear las puertas del infierno suponiendo que nadie va a responder o que el diablo no existe.
Fuente: www.rogelioalaniz.com.ar
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lunes, 26 de abril de 2010
Diputados radicales presentaron una denuncia para conocer quienes y cómo ordenaron la destrucción de archivos policiales
El Bloque de Diputados Provinciales de la Unión Cívica Radical se trasladó hasta Concepción del Uruguay para presentar en el Juzgado Federal a cargo del juez Román Pimental una denuncia penal por presunta comisión de un delito de acción pública.
A través del requerimiento judicial, los diputados radicales procuran conocer quién o quiénes y cómo se autorizó en el año 2004 la quema de documentación pública perteneciente a la Jefatura de la Policía Departamental de Concordia; y que días pasados fue requerida en el marco de una investigación por desaparición de personas en la causa “FISCALIA GENERAL SOLICITA DESARCHIVO POR DESAPARICION DE PERSONAS – CAUSA CONCORDIA – EXPDTE. Nº 55045.
A partir de la información periodística publicada por el Diario Junio Digital, se conoció el hecho y posteriormente la existencia de un acta del Archivo General de la Provincia de Entre Ríos de fecha 10 de marzo de 2004, donde consta que en Concordia se procedió a la eliminación por medio de la incineración de documentación policial que se hallaba archivada en la Jefatura de Policía Departamental Concordia.
CORRELACIÓN DE HECHOS
Como dato relevante, en la presentación el Bloque de Diputados de la UCR deja constancia que mientras se destruía la documentación, “ese mismo día, el 10 de marzo de 2004, la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos daba media sanción al Proyecto de Ley –Expte. Nº 13.656, iniciado el 29 de diciembre de 2003- y que luego obtendría sanción definitiva, por el cual se creó el ‘Registro Único de la Verdad’ -actualmente Ley Nº 9577-, en cuyo marco el Sr. Roque Minatta, Subsecretario de Derechos Humanos solicitó la exhibición de esta documentación ‘expurgada’”.
“El dato cobra relevancia puesto que de la lectura del diario de sesiones se colige la inminencia de la sanción de esta ley que reforzaba la obligación de poner esa documentación ‘expurgada’ a disposición de los interesados”, advierten en la denuncia.
Lo que se pone en evidencia es que “con mucha cercanía se sancionaría definitivamente la ley que, de acuerdo a su redacción, obligaría inexorablemente a la exhibición de la documentación destruida ese mismo día: ‘Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo Provincial a través del organismo citado, pondrá a disposición del ‘Registro Único de la Verdad’ los archivos de la Policía de la Provincia y de cualquiera de las dependencias de los tres Poderes del Estado Provincial y entes descentralizados, autárquicos y organismos municipales que refieran a dicha represión” .
En otro párrafo, destacan: “La ley evitó poner el límite del año 1976 a la obligación de conservar y exhibir esos archivos a diferencia de otras legislaciones provinciales que fijaban ese año 1976 como límite para exhibir la documentación, por lo tanto era obvio que la documentación anterior a ese año que fue destruida debía ser conservada”, sostienen los diputados en la presentación judicial.
LEY DE ARCHIVOS
Conforme los artículos 8 y 17 de la Ley 7452, si los archivos tuvieran más de 30 años de antigüedad podrían considerarse documentos históricos que deben conservarse en el Archivo; o bien, si tuvieren menor antigüedad, podrían catalogarse como documentos administrativos que también deberían estar bajo custodia del Archivo.
“En la práctica, es usual que sea el propio gobernador quien autorice el expurgo de expedientes previa intervención del la Dirección del Archivo General de la Provincia, tal como puede observarse en el trámite dado por el DECRETO Nº 3564 MGJEOySP, por el cual se autorizó el expurgo de actuaciones administrativas del año 1987 hasta el año 1991, con previa intervención de la Dirección del Archivo General de la Provincia”, advierten.
Los legisladores también hacen notar que “la Policía de Entre Ríos, desde hace años introdujo la práctica de microfilmar documentos, lo cual podría haber evitado esta pérdida”.
DELITOS CONEXOS DE LESA HUMANIDAD
En el escrito se señalan varios antecedentes en los que podría encuadrarse la quema de estos archivos. Por ejemplo: “El 30 de abril de 2003, la Sala I de la Cámara Federal falló que los delitos conexos a los de lesa humanidad también son imprescriptibles. Lo hizo en un expediente sobre la desaparición de documentación relacionada con desaparición de personas.
La Cámara Nacional Criminal y Correccional Federal, Sala 1, en el caso “Rovira, Miguel Angel”, 14.03.2008, considera también a los delitos perpetrados antes del 24 de marzo de 1.976 por la organización “Triple A” como delitos de Lesa Humanidad y por lo tanto imprescriptibles.
Asimismo, resulta relevante la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 24 de agosto de 2004, en la causa Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/homicidio calificado y asociación ilícita y otros Causa n° 259C.A. 533. XXXVIII. Recurso de Hecho, en la cual también se consideran de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles aquellos delitos. Leer más...
A través del requerimiento judicial, los diputados radicales procuran conocer quién o quiénes y cómo se autorizó en el año 2004 la quema de documentación pública perteneciente a la Jefatura de la Policía Departamental de Concordia; y que días pasados fue requerida en el marco de una investigación por desaparición de personas en la causa “FISCALIA GENERAL SOLICITA DESARCHIVO POR DESAPARICION DE PERSONAS – CAUSA CONCORDIA – EXPDTE. Nº 55045.
A partir de la información periodística publicada por el Diario Junio Digital, se conoció el hecho y posteriormente la existencia de un acta del Archivo General de la Provincia de Entre Ríos de fecha 10 de marzo de 2004, donde consta que en Concordia se procedió a la eliminación por medio de la incineración de documentación policial que se hallaba archivada en la Jefatura de Policía Departamental Concordia.
CORRELACIÓN DE HECHOS
Como dato relevante, en la presentación el Bloque de Diputados de la UCR deja constancia que mientras se destruía la documentación, “ese mismo día, el 10 de marzo de 2004, la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos daba media sanción al Proyecto de Ley –Expte. Nº 13.656, iniciado el 29 de diciembre de 2003- y que luego obtendría sanción definitiva, por el cual se creó el ‘Registro Único de la Verdad’ -actualmente Ley Nº 9577-, en cuyo marco el Sr. Roque Minatta, Subsecretario de Derechos Humanos solicitó la exhibición de esta documentación ‘expurgada’”.
“El dato cobra relevancia puesto que de la lectura del diario de sesiones se colige la inminencia de la sanción de esta ley que reforzaba la obligación de poner esa documentación ‘expurgada’ a disposición de los interesados”, advierten en la denuncia.
Lo que se pone en evidencia es que “con mucha cercanía se sancionaría definitivamente la ley que, de acuerdo a su redacción, obligaría inexorablemente a la exhibición de la documentación destruida ese mismo día: ‘Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo Provincial a través del organismo citado, pondrá a disposición del ‘Registro Único de la Verdad’ los archivos de la Policía de la Provincia y de cualquiera de las dependencias de los tres Poderes del Estado Provincial y entes descentralizados, autárquicos y organismos municipales que refieran a dicha represión” .
En otro párrafo, destacan: “La ley evitó poner el límite del año 1976 a la obligación de conservar y exhibir esos archivos a diferencia de otras legislaciones provinciales que fijaban ese año 1976 como límite para exhibir la documentación, por lo tanto era obvio que la documentación anterior a ese año que fue destruida debía ser conservada”, sostienen los diputados en la presentación judicial.
LEY DE ARCHIVOS
Conforme los artículos 8 y 17 de la Ley 7452, si los archivos tuvieran más de 30 años de antigüedad podrían considerarse documentos históricos que deben conservarse en el Archivo; o bien, si tuvieren menor antigüedad, podrían catalogarse como documentos administrativos que también deberían estar bajo custodia del Archivo.
“En la práctica, es usual que sea el propio gobernador quien autorice el expurgo de expedientes previa intervención del la Dirección del Archivo General de la Provincia, tal como puede observarse en el trámite dado por el DECRETO Nº 3564 MGJEOySP, por el cual se autorizó el expurgo de actuaciones administrativas del año 1987 hasta el año 1991, con previa intervención de la Dirección del Archivo General de la Provincia”, advierten.
Los legisladores también hacen notar que “la Policía de Entre Ríos, desde hace años introdujo la práctica de microfilmar documentos, lo cual podría haber evitado esta pérdida”.
DELITOS CONEXOS DE LESA HUMANIDAD
En el escrito se señalan varios antecedentes en los que podría encuadrarse la quema de estos archivos. Por ejemplo: “El 30 de abril de 2003, la Sala I de la Cámara Federal falló que los delitos conexos a los de lesa humanidad también son imprescriptibles. Lo hizo en un expediente sobre la desaparición de documentación relacionada con desaparición de personas.
La Cámara Nacional Criminal y Correccional Federal, Sala 1, en el caso “Rovira, Miguel Angel”, 14.03.2008, considera también a los delitos perpetrados antes del 24 de marzo de 1.976 por la organización “Triple A” como delitos de Lesa Humanidad y por lo tanto imprescriptibles.
Asimismo, resulta relevante la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 24 de agosto de 2004, en la causa Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/homicidio calificado y asociación ilícita y otros Causa n° 259C.A. 533. XXXVIII. Recurso de Hecho, en la cual también se consideran de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles aquellos delitos. Leer más...
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