La adhesión y apoyo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos a la Campaña de nacionalización del Petróleo y del Gas argentinos llevada adelante por organizaciones sociales, fue impulsada por el diputado provincial, José Antonio Artusi (UCR-Uruguay) junto a su par Marcelo Alcides López (UCR-Concordia) a través de un proyecto de resolución presentado en la Cámara baja.
El texto propicia adherir e invitar a hacerlo a la Cámara de Senadores de Entre Ríos, a la Campaña impulsada en ese sentido por el Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO), y la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FETERA), entre otras organizaciones sociales, y comunicar su contenido al Congreso de la Nación, al poder Ejecutivo Nacional, al poder Ejecutivo Provincial, a las demás Legislaturas del país al MORENO y a FETERA.
En los fundamentos se incluyen declaraciones en el mismo sentido formuladas por los Concejos Deliberantes de Tartagal y de Ensenada, y también iniciativas promovidas por la Unión Cívica Radical en 9 de Julio y en Santa Rosa.
Los fundamentos
Los diputados radicales recordaron que el 13 de diciembre pasado: "se cumplieron 100 años del descubrimiento del petróleo argentino en Comodoro Rivadavia y a propósito de este aniversario, diversas organizaciones sociales y políticas, así como Concejos deliberantes de diversas localidades del país, han expresado opiniones y han puesto en marcha acciones tendientes al logro de la recuperación de la renta petrolera para el Estado nacional, de modo de propender al desarrollo con autodeterminación de nuestro país".
Artusi ese mismo día en el recinto de la Cámara de Diputados de Entre Ríos al momento de los homenajes, expresó: "Lamentablemente debemos decir que esta fecha, que debió haber sido una fecha de festejo, nos encuentra a los argentinos sin demasiados elementos para festejar, pero sí con muchas razones para redoblar el compromiso en pos de la recuperación del petróleo argentino y en pos de la utilización de la renta petrolera en función del desarrollo nacional."
Iniciativa en Tartagal
También en los fundamentos de este proyecto de resolución se hizo referencia a que en Tartagal (Salta), "en el año 2006, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una Declaración por la que se reclamó al Poder Ejecutivo Nacional, la Nacionalización de los recursos hidrocarburíferos y su explotación por administración estatal bajo control de los trabajadores, y se exigió al gobierno salteño la anulación de una convocatoria a licitación pública para la entrega de nuevas áreas petroleras"
Esta declaración del Concejo Deliberante de Tartagal tiene su correlato con "la decisión del gobierno de Bolivia de nacionalizar los recursos petroleros y la simultánea convocatoria a adjudicación de nuevas áreas en exploración y eventualmente en producción de hidrocarburos en la Provincia de Salta".
En sus considerandos se señalo: "las consecuencias de la privatización petrolera de la década pasada han sido nefastas en todos los sentidos. Fruto de la ausencia de inversiones y exploración de las concesionarias, se ha reducido a la mitad las reservas disponibles y el país esta amenazado de tener que importar crudo en 3 años y gas en 5. Las compañías han desenvuelto una explotación parasitaria de las inversiones realizadas por años por el estado nacional imponiendo la masiva pérdida de puestos de trabajo y la destrucción de las conquistas laborales de los trabajadores petroleros.-
Que los precios internacionales de los hidrocarburos están en el nivel mas alto de la historia. Que las concesiones realizadas en el marco de la Ley 17319 habilitan un saqueo liso y llano de los recursos con compañías que apenas liquidan de un 6% a un 12 % de regalías de un volumen de producción completamente subcalculado y sin que exista control alguno de parte del estado.
Que de este modo la renta petrolera se va casi en su totalidad de la provincia e incluso del país fugando los capitales indispensables para cualquier política de desarrollo y planificación económica que pueda industrializar el recurso, crear fuentes de trabajo y financiar la gran obra publica necesaria para paliar el déficit en materia de viviendas, salud, educación e infraestructura.-
Que, en resumen la política de entrega del recurso petrolero ha sido y es la principal fuente de empobrecimiento de los trabajadores y el pueblo de Salta.-
Que la decisión del gobierno boliviano al nacionalizar el petróleo es el resultado, obligado, de una política de privatizaciones similar a la de la Argentina que condujo a este pueblo hermano a una situación sin salida y a la rebelión popular para exigir la nacionalización del gas y la recuperación de la renta petrolera.
Que la convocatoria a licitación publica para la exploración y explotación de las áreas "Tartagal Oriental", "Hickman"," Morillo", " La Unión " y "Malvalay" por parte del gobierno de la provincia se hace en el mismo marco legal que llevo a la privatización petrolera de la década pasada y hasta es probable que queden en manos de los mismos grupos empresarios que han llevado a la actual crisis de reservas y fuga de divisas.-
Que hoy se discute en el país la posibilidad de que el gobierno vaya en ayuda de la compañía Repsol capitalizándola con recursos del estado en lugar de una política de nacionalización del recurso para recuperar el patrimonio del que se ha despojado al país en estos años de concesión".
Del Concejo Deliberante de Ensenada
Artusi refirió también a que el Concejo Deliberante de Ensenada aprobó por unanimidad en la Sesión Ordinaria del Jueves 26 de abril de 2007, bajo el Nº 8, la siguiente Resolución:
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante, al cumplirse 100 años del descubrimiento del Petróleo Nacional, ve con agrado, acompaña e impulsa el debate y acciones en pos de la Nacionalización de los recursos petroleros.-
Artículo 2º: Comuníquese fehacientemente al Sr. Presidente de la Nación Argentina, Dr. Carlos Néstor Kirchner, a la Sra. Ministra de Economía y Producción, al Sr. Ministro de Planificación Federal, Inversión Publica y Servicios; a los Sres. Presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación y la Pcia. de Buenos Aires, al Sr. Intendente Municipal, don Mario Secco; a la ENARSA, al MORENO; a la FETERA y a los trabajadores petroleros a través de su organización Sindical SUPeH - Sindicato Unido Petroleros e Hidrocarburíferos de Ensenada y Supe Federación.-
Otras iniciativas impulsadas por la UCR
Un proyecto de similares características fue propuesto por el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical de la localidad bonaerense de 9 de Julio, en tanto el Comité de la Unión Cívica Radical de Santa Rosa, La Pampa, aprobó el día 22 de agosto de 2006, la siguiente declaración, con la firma de la
Lic. Luciana Rastelli, Secretaria, y el Ing. Leandro Altolaguirre, Presidente:
"La provincialización fue decidida por la última convención constituyente, cuando ya estaba consumado el mayor crimen económico del país, la entrega de YPF y Gas del Estado. La provincialización se consumó en la nueva Constitución como manera de hacer irreversible las privatizaciones.
Los hidrocarburos forman parte del patrimonio nacional, es la principal fuente energética que posibilitó, y que debería permitir el desarrollo independiente del país. Fue la joya mas codiciada de nuestras riquezas, desde su descubrimiento a principios del siglo veinte, las empresas extranjeras intentaron dominar nuestros recursos energéticos.
Era muy claro el interés por parte de las compañías extranjeras por quedarse con nuestros recursos energéticos, les posibilitaba además de un gran negocio con pingües ganancias, la posibilidad de doblegar y dominar un país haciéndose dueño de su energía.
Ya a principios del siglo anterior la provincia de Salta, gobernada por la oligarquía, logró otorgar concesiones de explotación a empresas norteamericanas. Los argumentos que usaron son muy parecidos a los que hoy defienden la provincialización. Provincializar significa que el petróleo argentino quede en manos de las 10 provincias petroleras que manejarán el total del recurso. Ellas suman el 15% de los habitantes del país, mientras que el 85% restante habita las 14 provincias sin petróleo.
Sería bueno recordar que fue el gobierno nacional a través de YPF quien exploró y desarrolló el petróleo argentino, y lo hizo en favor de todas las provincias. El enorme costo del desarrollo petrolero fue asumido por todo el país, y fue en beneficio de todas sus provincias y sus habitantes. De haber quedado el manejo en las provincias, estas deberían haber recurrido inexorablemente al capital extranjero, y la experiencia histórica demuestra que las empresas extranjeras son por naturaleza depredadoras.
La bandera de la provincialización es mentirosa y demagoga, es tratar de sacar una aparente ventaja rápida para las provincias petroleras en detrimento del interés nacional. Yrigoyen y Alvear fueron firmes en contra de la pretensión salteña, y el presidente Illia fue firme en anular los contratos firmados por Frondizi. La línea histórica radical es muy clara y concluyente, nos define en gran medida como radicales luchar por la nacionalización de las fuentes energéticas, recuperarlas de la entrega realizada por el peronismo menemista, y luchar por que los recursos continúen en la órbita nacional, la de todos los argentinos, y no en las manos de las provincias".
En definitiva, creyendo firmemente que los homenajes sólo sirven si están acompañados por expresiones concretas de voluntad política es que solicitamos a la H. Cámara el pronto y favorable tratamiento al presente proyecto, adjuntando a continuación el texto adjunto a la planilla en la que las organizaciones mencionadas invitan a la ciudadanía firmar el petitorio en pos de la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos y gasíferos del país.
¿POR QUE DEBEMOS NACIONALIZARLOS?
"Argentinos: el único recurso con que cuentan los pueblos para financiar con independencia su desarrollo son las riquezas naturales de sus territorios. Entre todas ellas, la más requerida porque se acaba, son los hidrocarburos. Todos los países los han defendido y si no los tienen, salen a buscarlos. Desde su descubrimiento en nuestro país en 1907, se fue construyendo una gran política de Estado que durante más de 80 años fue desarrollada por gobiernos de distinto signo: el conservador Figueroa Alcorta, los radicales Alvear, Irigoyen, Frondizi, Illia y Alfonsín, y Juan Perón. Esa política establecía que los combustibles eran un servicio público y un bien social. YPF y Gas del Estado eran empresas sociales construidas desde la inversión y el ahorro nacional y donde llegaban hacían caminos y ciudades, hospitales y escuelas, y los gasoductos se trazaban para llevar combustible barato a productores y usuarios.
Todos sabemos que esos beneficios se perdieron con la salvaje privatización lanzada por Menem en 1989, que a pesar de haber sido repudiada y vencida por millones de votos, fue mantenida hasta hoy por todos los gobiernos. Los combustibles, de bien social pasaron a ser un negocio y un commodity internacional, haciéndolos pagar como si fueran importados cuando son producidos en el país y a bajo costo. El colmo del abuso es el escandaloso precio de la garrafa de gas.
Como si fuera poco, la privatización demostró su fracaso: después de 15 años es incapaz de mantener el autoabastecimiento que habíamos logrado y volveremos a importar; las reservas bajaron de 25 años a 7 y las petroleras no cumplieron con su obligación de perforar nuevos pozos para reponer los caudales extraídos; no se construyó ni un metro de gasoducto para abastecer a la mitad de las ciudades y provincias que no lo tienen; el tesoro nacional perdió una renta aproximada de más de 10.000 millones de dólares anuales que le permitían financiar la industria y políticas sociales.
¿Puede nacionalizarse el petróleo y el gas? La experiencia boliviana demuestra que sí, y sin el anunciado caos económico o el retiro de las petroleras. Hoy el 75% del pueblo argentino reclama nacionalizar los hidrocarburos mientras el gobierno nacional profundiza la política del menemismo al transferir a las provincias las concesiones que mantenía la Nación. En la Reforma Constitucional de 1994, la provincialización del petróleo y gas fue canjeada por la reelección de Menem, dejando en manos de las 10 provincias petroleras el manejo total del recurso. Ellas suman el 15% de los habitantes del país, mientras que el 85% restante que habita las 14 provincias sin petróleo –Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, etc.- financiaron su exploración, investigación, extracción e industrialización durante 80 años. Con un barril internacional a 75 dólares, un costo de producción en el país inferior a 5 dólares, y recibiendo las mas bajas regalías del continente –menos del 12%- no hay mayor negocio para las provincias que asociarse a la Nación en la patriada por recuperar el 100% de los hidrocarburos y repartirlos con equidad entre ellas y el conjunto del pueblo.
Por estas razones, ciudadanos de todas las ideas y sectores, de la ciudad y el campo, del trabajo, el comercio, la producción, la cultura o la técnica, hoy se suman a la gran patriada de superar el millón de firmas por la nacionalización del petróleo y el gas y la modificación del artículo nº 124 de la Constitución, que los provincializa. En suma: o se está por el país y la nacionalización de los hidrocarburos, o se está con las petroleras contra los intereses del pueblo argentino."
Hace 1 día
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