El radicalismo presentó un proyecto en la comisión de Nuevos Derechos y Garantías sobre acceso a la información pública que contiene una innovación con respecto a las demás iniciativas presentadas hasta el momento. El mismo, marca no sólo el acceso a tal derecho sino también pretende garantizar el derecho al reparto equitativo de los órganos de prensa en la distribución de la publicidad oficial.
El proyecto de los convencionales de la UCR, que lleva la firma de Jorge Daniel Monge y Griselda De Paoli, pretende que el Estado garantice, no sólo el derecho al acceso de la información sino que también “garantice la adjudicación de la publicidad oficial en los medios de prensa que se inscriban a tal fin en forma objetiva y equitativa, respetando la pluralidad y prescindiendo de la postura ideológica que los mismos puedan asumir”. Acceso a la información pública “En la actualidad se considera que el derecho al acceso a la información constituye un derecho humano, además de un medio más eficiente de participación y control de la ciudadanía sobre los actos de gobierno”, argumentó el convencional, Y agregó que “como derivación de la forma republicana y representativa escogida por nuestro país, todos los actos que el Estado realiza deben ser públicos y transparentes. Por ello se hace necesario consagrar este derecho en el nuevo texto constitucional y con mayor razón si se tiene en cuenta el valor que tiene para el ejercicio de otros derechos y el contralor en sí mismo de los actos de gobierno”. La iniciativa, en su primera parte, expresa que “toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna en forma irrestricta, informal y gratuita y en término perentorio, de cualquiera de los poderes del Estado, así cómo de los entes, empresas u organismos en los que el Estado tenga participación. El principio será la publicidad de toda la información pública”. Además sostiene que “excepcionalmente y por tiempo limitado, podrá suspenderse dicho derecho fundada y razonablemente, cuando deba preservarse la información por mediar razones de Estado, que pongan en juego intereses públicos superiores”. La iniciativa contempla, además, que “en caso de denegatoria o mora en suministrar la información se admitirá la interposición de la acción de amparo sin más trámite”. Publicidad oficial El expediente, que lleva el Nº 807 y fue presentado el pasado 8 de abril, consigna que “el Estado garantizará la adjudicación de la publicidad oficial en los medios de prensa que se inscriban a tal fin en forma objetiva y equitativa, respetando la pluralidad y prescindiendo de la postura ideológica que los mismos puedan asumir”. Al fundamentar su propuesta, Monge indicó que “también debe incluirse en el texto constitucional el derecho al reparto equitativo de la publicidad oficial reglamentándose los mecanismos para su distribución en forma objetiva y equitativa en los medios de prensa evitando que se haga un reparto inequitativo de las partidas asignadas a tal fin y evitar que se distribuya la pauta publicitaria en función de las posturas de los medios de prensa frente al gobierno de turno”. Asimismo, remarcó que “las partidas que se asignan para publicidad, son fondos públicos y en consecuencia deben utilizarse aventando toda sospecha de favoritismo o su otorgamiento como premios a quienes son afines al gobierno y como contrapartida su retaceo o marginación a guisa de castigo de los medios de prensa que tienen opiniones independientes o son críticos de los actos de gobierno”. “La adjudicación de la publicidad oficial debe regirse por los principios de interés general, no discriminación, veracidad, transparencia, responsabilidad, eficacia y austeridad en el gasto”, concluyó.
Fuente: Página Política
Hace 5 días
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