EL GOBIERNO ENTRERRIANO NO PRIORIZA LA EDUCACIÓN

Por José Antonio Artusi 
Tras una década de crecimiento sostenido de la economía y de aumento de la recaudación fiscal y las exportaciones, Entre Ríos es una de las provincias argentinas cuyos gobiernos son incapaces de garantizar un salario docente que permita el normal inicio del ciclo lectivo. Esta realidad incontrastable muestra a las claras, junto con los negativos índices que evidencian el deterioro de la calidad del sistema educativo, que para esta administración la educación pública dista de estar entre las verdaderas prioridades de su gestión, más allá de las palabras, las excusas y los relatos.  
 La educación pública, laica, gratuita y obligatoria, acorde a las exigencias del siglo XXI para todos los entrerrianos es un requisito indispensable para la consolidación del sistema democrático republicano y la construcción de una sociedad más justa, integrada y solidaria. 
Ello por varias razones; de tipo político, porque es necesario "educar al soberano", o sea formar ciudadanos capaces de asumir responsablemente sus derechos y obligaciones cívicas; de tipo social, porque la escuela en nuestro país y sobre todo en nuestra provincia, fue un extraordinario instrumento de integración social, en el que nuestros abuelos, gringos y criollos, católicos y agnósticos, judíos y musulmanes, ricos y pobres, aprendieron a reconocerse como iguales y como compatriotas. Y de tipo económico, porque no hay sociedades desarrolladas sin un pueblo culto e instruido, que haga de la ciencia, la tecnología y el conocimiento la clave del crecimiento y la generación de riqueza. 
Durante los últimos años, a pesar de haber resignado recursos de manera injustificable ante la Nación, en el marco de una crisis inédita del federalismo fiscal, el gobierno provincial ha dispuesto de fondos como nunca antes. Sin embargo, la falta de una planificación estratégica de la acción de gobierno, la definición incorrecta de prioridades, y el crecimiento del gasto superfluo e improductivo han impedido que se recupere de una manera razonable el poder adquisitivo del salario de los docentes, deteriorado por una inflación real que todos sabemos no es la que reflejan las estadísticas del INDEC. Esta crisis del sistema educativo en general se agrava porque afecta sobre todo a las escuelas estatales, produciendo una brecha perversa entre éstas y las de gestión privada. Se consolida de esta manera una cada vez más preocupante segmentación entre escuelas para pobres y escuelas para ricos. La inoperancia de la gestión pública la sufren más, como suele suceder en estos casos, los sectores más vulnerables y desposeídos de la sociedad. 
En Enero de este año la recaudación propia de impuestos de la provincia de Entre Ríos aumentó un 43,8%, producto principalmente de la inflación y el aumento de la presión impositiva. La coparticipación federal de impuestos aumentó en la Región Centro en el primer bimestre un 30%. Sin embargo el gobierno ofrece de manera extorsiva a los docentes un porcentaje escalonado sustancialmente menor, que no compensa el efecto de la inflación en el poder adquisitivo del salario. 
Recomponer el salario docente es un primer paso, necesario pero no suficiente. El gobierno no debe escatimar esfuerzos en pos de lograrlo, para poder dar después los demás pasos que nos lleven a un sistema educativo del que volvamos a sentirnos orgullosos.-