El derecho a la vivienda digna: una asignatura pendiente

Por José Antonio Artusi
A pesar del crecimiento récord de la economía argentina en los últimos 9 años, la posibilidad concreta de disfrutar del derecho constitucional a una vivienda digna sigue siendo una utopía para millones de argentinos. Lamentablemente, se ha avanzado muy poco en relación a lo que se podría haber hecho en materia de construcción de viviendas, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo.
Veamos primero el aspecto cuantitativo. Algunos datos oficiales: en 1987 se terminaron en todo el país 37.840 viviendas FONAVI, lo que representaba una vivienda cada 824 habitantes. En 2010, año de la última auditoría publicada, se terminaron sólo 6.140 viviendas FONAVI. Hay que tener en cuenta que la operatoria estrictamente correspondiente al FONAVI ha sido complementada a partir del 2004 por los denominados “programas federales de vivienda”, que de “federales” no tienen nada, financiados directamente por el gobierno nacional, asignando discrecionalmente fondos por parte de éste a cada provincia. Pero aún si computamos las viviendas terminadas de estos programas en 2010, 28.407, y las sumamos a las 6.140 del FONAVI, llegamos a un total de 34.547, o sea 3.293 menos que en 1987. Esta cantidad representa una vivienda terminada cada 1.161 habitantes. Vale decir que en 2010, luego de un período inédito de crecimiento macroeconómico, se terminaron menos viviendas tanto en términos absolutos como porcentuales, que 23 años antes, cuando el país se recuperaba lenta y trabajosamente de las consecuencias políticas y socio-económicas de la peor dictadura que registre nuestra historia, en plena crisis de la deuda externa y cuando nuestra producción exportable registraba precios notoriamente inferiores a los del 2010. Estos datos, entre otros factores, permiten entender porqué – como señaló la Relatora especial de Naciones Unidas para el derecho a la vivienda digna, Raquel Rolnik – “las ocupaciones de tierras y viviendas han representado en la historia reciente la forma más común de acceso al suelo y a la vivienda para los sectores populares”; o que – como expresa el investigador Raúl Fernández Wagner, “de cada 10 personas que en la Región Metropolitana acceden a una vivienda, el 60% compra un lote o alquila un cuarto en el mercado informal”. Vale decir que las respuestas oficiales al problema de la vivienda han sido claramente insuficientes e inadecuadas, lo que ha generado como lógica consecuencia la adopción de estrategias alternativas por parte de los sectores populares, ante la natural y angustiante preocupación por encontrar algo tan elemental y vinculado a una existencia digna como un lugar adecuado para vivir. En muchos casos los programas estatales de vivienda no sólo han sido insuficientes en cantidad sino que por algunos de sus atributos han contribuido a agravar ciertos problemas de nuestras ciudades. En este sentido, cabe señalar que la vivienda digna es mucho más que un techo bajo el cual guarecerse y debería considerarse como un elemento que junto a otros conforma un hábitat, que a su vez debe permitir el desarrollo sostenible, la integración comunitaria, y la construcción de ciudadanía en el marco de una verdadera democracia social. Las propias auditorías del FONAVI muestran a las claras algunos de estos problemas cualitativos de las políticas públicas, aunque soslayan o no enfatizan lo suficiente otros tales como la inadecuada localización de la mayoría de los conjuntos de vivienda y la falta de políticas de gestión del suelo por parte de municipios y provincias. Estos factores determinan en ocasiones que las operatorias oficiales terminan siendo más funcionales a los intereses de las empresas constructoras y la especulación inmobiliaria que a las necesidades y derechos de sus supuestos beneficiarios. Veamos algunas aseveraciones extraídas de manera textual de la última auditoría publicada, correspondiente al año 2010: - “Falta de planificación integral, previsión y coordinación entre los organismos que intervienen en la ejecución y aprobación de las obras de infraestructura básica para el normal funcionamiento de los barrios. Esto se ve reflejado en una importante cantidad de predios los cuales no cuentan con los servicios básicos antes de ser iniciadas las obras de viviendas”. - “En la mayoría de las provincias no existe una planificación integral ni una coordinación entre los distintos organismos para la ejecución de las obras de equipamiento comunitario. Cabe destacar que si bien en muchos casos se dejan previstos los espacios destinados para estos, en general, su construcción no acompaña al de las obras de viviendas, motivo por el cual dichos espacios se transforman muchas veces en depósitos de desperdicios”. - “La falta de equipamiento comunitario al momento de la adjudicación de las viviendas genera un desequilibrio en la demanda de los centros periférico de salud, de educación, etc. Esta situación resulta aun mas grave cuando se trata de numerosos conjuntos agrupados que constituyen sectores urbanos de cierta magnitud obligando a sus habitantes a recorrer importantes distancias para acceder al equipamiento”. - “Los nuevos barrios que se generan a través de los diferentes programas en desarrollo se caracterizan, en general, por constituir una yuxtaposición de conjuntos, muchas veces desvinculados o con escasa conexión al tejido urbano consolidado, situación que supone la ausencia de una elaborada planificación urbana que tenga en cuenta el impacto resultante y las condiciones emergentes de la nueva intervención como, por ejemplo, conexión con el transporte público, servicio de recolección de basura, integración social, acceso a la salud y educación entre otros.” - “En muchos casos, se ha observado que estos no cuentan con los mínimos requerimientos para el tránsito vehicular lo cual hace prever circunstancias de total intransitabilidad en épocas de lluvias.” - “Respecto al diseño urbano y de acuerdo a lo observado, no se consideran factores tales como orientación, mínimo asoleamiento, topografía y condiciones de futura ampliación de las viviendas. Estas condiciones se reflejan en un diseño totalmente homogéneo y en una disposición monótona de las unidades.” - “Por lo general se emplean modelo de manzanas que permiten trabajar con lotes en espejo de dimensiones tales que generan terrenos que varían entre 200 y 300 m2 de superficie. Estos se repiten casi sin grandes variaciones y sin tener en cuenta, por lo general, la topografía, orientación, asoleamiento, ambiente social y estética, etc. Estas situaciones, sumadas a que en algunos casos no se le da continuidad a la trama existente, genera una incidencia en el costo de las redes de infraestructura y su mantenimiento.” - “En general, la implantación de los prototipos, apareados o en tira, se realiza en forma indiscriminada en el terreno, esto es, no teniendo en cuenta las situaciones de esquina y las orientaciones más favorables como así mismo las características topográficas de los mencionados predios. Será conveniente combinar tipologías de viviendas agrupadas de media densidad y baja altura que permitan procurar el uso racional y lógico del terreno. Resulta tan perjudicial dilapidar el uso de las tierras como ajustar excesivamente provocando problemas de hacinamiento.” - “Se reitera la necesidad de efectuar estudios previos de impacto urbano-ambiental que contemplen adecuadas regulaciones del uso del suelo como así mismo una planificación de crecimiento y desarrollo en áreas de futuros asentamientos los cuales por la importancia de su extensión se constituirán en nuevos sectores urbanos.” - “Será necesario que esta planificación prevea el equipamiento necesario que debe acompañar a las obras de viviendas a los fines del normal funcionamiento de los barrios, esto es, centros de salud, educación, seguridad, etc., como así también de espacios verdes y sectores comerciales. Se advierte esta situación ya que se han observado importantes sectores de viviendas ya entregados que carecían de los mismos. En futuras intervenciones se deberá realizar un análisis previo de las características de los predios a fin de verificar si es necesario realizar el saneamiento de los mismos. Así mismo se recomienda estudiar la posibilidad de implementar para futuras intervenciones el empleo de distintos prototipos en respuesta a las diferentes situaciones de implantación y orientación.” Todas estas afirmaciones, extraídas de un documento oficial, no hacen más que ratificar la necesidad de una profunda reforma urbana, que garantice a todos el derecho a vivir en viviendas dignas y en ciudades acordes con la sociedad democrática e inclusiva que pretendemos construir. En una segunda parte nos referiremos a las herramientas de gestión que permitirían avanzar en ese sentido. José Antonio Artusi fue diputado provincial en Entre Ríos (2007-2011) y actualmente es Presidente del Comité Provincial de la UCR de Entre Ríos.- Leer más...

Mario Barletta participará del acto de homenaje a Yrigoyen y Mosconi en Paraná

El Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos se encuentra abocado a la organización de una serie de actos en homenaje al Presidente Hipólito Yrigoyen y el Gral. Ing. Enrique Mosconi, con motivo de cumplirse próximamente el 90º aniversario de la creación de la empresa YPF (Yacimientos Petroleros Fiscales).
El 3 de Junio de 1922 se crea YPF por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. El Presidente Yrigoyen debió recurrir a esta vía sobre el final de su mandato ante la férrea y absurda oposición de los senadores conservadores, que le impidieron tener una ley de petróleo que lo consideraba un recurso estratégico y lo ponía al servicio del desarrollo nacional. El Presidente Marcelo de Alvear continúa la política petrolera de Yrigoyen y designa al frente de la empresa al Gral. Ing. Enrique Mosconi, quien asume el 17 de Octubre de 1922. Entre esa fecha y el infame golpe "con olor a petróleo" del 6 de Septiembre de 1930, en menos de 8 años, de la mano de Mosconi y bajo gobiernos radicales YPF se convirtió en una de las principales empresas petroleras del mundo y en la compañía que sirvió de modelo a las demás empresas estatales latinoamericanas. 70 años más tarde, el peronismo del Presidente Menem y el Gobernador Kirchner inicia el proceso de privatización y extranjerización de YPF y se pone en marcha una política energética irracional y antinacional, que deja de considerar a los hidrocarburos un recurso estratégico, con sus lógicas consecuencias, la entrega, el vaciamiento, el saqueo y la pérdida del autoabastecimiento y la soberanía energética. Hoy tenemos la responsabilidad de recuperar YPF y el petróleo en serio, para todos los argentinos, para volver a ponerlos en la senda de la que nunca debimos habernos apartado. En ese desafío, recordar y honrar la memoria de Yrigoyen y Mosconi no es un mero ejercicio de nostalgia por las glorias pasadas. Es una ratificación política hacia el futuro, para levantar con más fuerza que nunca banderas que nos pertenecen por derecho propio, las de la defensa de YPF y la renta petrolera al servicio del desarrollo con autodeterminación, en pos de la mejora de la calidad de vida de todos nuestros conciudadanos en el marco de una verdadera democracia social.-

El programa de actos previsto para el Sábado 2 de Junio de 2012 incluye actividades en Villaguay y Paraná. En Villaguay, con la organización del Comité Departamental de la UCR y la Juventud Radical, se realizará el descubrimiento de una placa recordatoria en el Boulevard Enrique Mosconi. En Paraná, (Casa del Partido, San Martín 543) está prevista una Conferencia de Prensa a las 17.00 horas con la presencia de legisladores nacionales y posteriormente se llevará a cabo a partir de las 19.00 horas el Acto Central de Homenaje con la presencia, entre otros dirigentes, del Ing. Mario Barletta, Presidente del Comité Nacional de la UCR:  Leer más...

ENTRE RÍOS ES DISCRIMINADA EN LOS PROGRAMAS “FEDERALES” DE VIVIENDA

Por José Antonio Artusi
Venimos denunciando desde hace años la crisis del federalismo fiscal, que produce un efecto perverso al generar dependencia de las provincias hacia el gobierno nacional y por ende termina vulnerando la esencia de nuestra organización política federalista, o sea la autonomía de las provincias.
De esta manera, miles de millones de pesos por año, que corresponden a los entrerrianos, son apropiados de manera abusiva e ilegítima por el gobierno nacional, sin que nuestro gobierno atine siquiera a esbozar una mínima queja. No se trata de que los recursos no se inviertan en las provincias, obviamente; no podría ser de otro modo. Pero se invierten de una manera discrecional, a veces transfiriendo directamente fondos de la Nación a los municipios, a veces beneficiando excesivamente a unas provincias en detrimento de otras, y siempre ejerciendo un sometimiento político de las jurisdicciones provinciales.
Los denominados Programas Federales de Vivienda, que comenzaron a ejecutarse a partir del año 2004, son una prueba palpable de esta crisis, que refuta por completo la falaz alusión a un supuesto e inexistente “federalismo de los recursos”, que suele mencionar el Gobernador Urribarri. A diferencia de los fondos del FONAVI, que se distribuyen automáticamente entre las provincias de acuerdo a un índice fijado en la ley, los recursos de los programas “federales” de vivienda – que de federales no tienen nada – se reparten entre las distintas jurisdicciones de manera absolutamente discrecional, generando como podrá imaginarse rápidamente el lector profundas asimetrías y por ende notorias injusticias.
Según datos oficiales de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y el INDEC, entre 2004 y 2010 Entre Ríos recibió $ 306,48 por habitante desde los Programas "Federales" de Vivienda. Santa Cruz, en el mismo período, $ 2.279,09 por habitante, casi 7,5 veces más. Los entrerrianos estamos incluso por debajo de la media nacional, $ 328,40 por habitante.
Urge revertir esta situación, porque a pesar de la mayor inversión que suponen los programas federales de vivienda, aún con fondos extra a los del FONAVI (con los que por otra parte se construye hoy una cantidad insignificante de viviendas) no ha logrado llegarse a los ritmos de terminación de viviendas que se registraban en la década del 80 y del 90, con situaciones macroeconómicas muchísimo más gravosas que la que se vienen dando desde hace 9 años, en los que se verificó el período de mayor crecimiento del PBI de la historia argentina. Para corroborar esto, podríamos decir que en 1988 se terminaron 2.469 viviendas FONAVI en Entre Ríos. Luego, nunca más se alcanzó a superar esa cantidad. En 2010, 22 años después, se terminaron sólo 125 viviendas FONAVI. Aún si les sumamos las 2.339 viviendas terminadas de los programas "federales" llegamos a 2.464, o sea 5 menos que en el ´88. Avancemos tranquilos... Leer más...

¡Devuélvannos lo que es de ustedes!

Repsol y la expropiación de YPF en Argentina
Por Jordi Borja
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YPF

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LA JUVENTUD RADICAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES FRENTE A LA RECUPERACION DE MALVINAS EN 1982

Textual: Declaración de la Juventud Radical de la Provincia de Buenos del 11 de Abril de 1982.-
La Juventud Radical de la provincia de Buenos Aires, coherente con la posición que la U.C.R. ha sostenido en materia de política internacional con respecto a la usurpación de las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, frente a los acontecimientos de público conocimiento, ratifica la reivindicación de nuestra soberanía, pues repudiamos el imperialismo y el colonialismo, que son formas de dominación que atacan a la soberanía de las naciones.
Decimos coherentemente, pues durante el gobierno de Arturo Illia, la Argentina arrancó en el seno de las Naciones Unidas por primera vez en ese foro internacional, el reconocimiento de la condición de territorio ocupado por una potencia colonialista, que había invadido el archipiélago. Merece destacarse que este triunfo diplomático fue producto de una política que en lo interno respetó al hombre, que desarrolló la cultura y la educación, protegió el aparato productivo de la nación y sus riquezas naturales, como nunca luego se hizo y que, en síntesis, convirtió a la Argentina en una nación soberana digna de respeto en todo el mundo. Ningún país votó en contra de la Argentina en 1965, en aquella época regía la soberanía popular, esto es, gobernaban el país los representantes del pueblo, funcionaba el Congreso, el poder judicial era independiente, las provincias eran autónomas: era una República representativa y federal, había libertad y democracia.
La soberanía nacional es el ejercicio práctico de del derecho a la autodeterminación del pueblo en lo que hace a todas sus manifestaciones: cultura, educación, política, economía, bienestar, etc.; no agotándose exclusivamente en la ocupación territorial.
La soberanía que reclamamos sobre las islas del Atlántico Sur es la misma que queremos ejercer en todo el territorio de la Nación. Hoy hemos recuperado el territorio ocupado por la fuerza hace 149 años por los ingleses, nos queda todavía la inmensa tarea de que el pueblo argentino ?a través de la plena vigencia de la Constitución Nacional ? sea quien rija los destinos de la Nación y poder ejercer plenamente la soberanía en toda la extensión de su significado.
Pretendemos ejercer plenamente la soberanía popular, sin condicionamientos ni límites al disenso, y ejercer en consecuencia la soberanía nacional sobre todo el territorio de la nación.
Sin embargo la Juventud Radical no puede dejar de resaltar que este acto de recuperación se contradice gravemente con toda la política desarrollada por el proceso. En efecto, este gobierno avasalló la soberanía popular ejerciendo la fuerza. Ha prescindido del pueblo y sus canales de expresión, los partidos políticos. Ha comprometido ?sin legitimidad alguna- el patrimonio nacional destruyendo el aparato productivo, provocando una desocupación de niveles inéditos. Ha expresado su decisión de entregar el dominio del subsuelo y la plataforma submarina en favor de empresas multinacionales.
El régimen militar, igualmente, ha reprimido a los argentinos que han sufrido la destrucción de sus fuentes de trabajo, del salario y de la posibilidad que sus hijos accedan a la enseñanza pública y gratuita, ha minado las bases del sistema de seguridad social, ha despreciado la capacidad intelectual y moral de los argentinos privándolos de la creación y goce del arte y de la cultura.
El día 30 de marzo de 1982 se abrió fuego contra obreros desarmados y se llegó a asesinar fríamente a un manifestante y herir a muchos más por haber cometido el "delito" de reclamar a las autoridades "Paz, Pan y Trabajo".
Este aislamiento no se limitó a nuestras fronteras. También se aisló a de la comunidad internacional haciéndose acreedor de la peor de las reputaciones, caracterizándosela como una dictadura fascista. Así, la justa reivindicación de nuestros derechos soberanos sobre las Islas ha quedado diluida, entre otras cosas, por la violación sistemática de los derechos humanos con su secuela de muertos y desaparecidos, presos y exiliados.
En este marco, agravado por la imprevisión e irresponsabilidad gubernativa, se produce el hecho militar. No se contempló para producir tal hecho el estado de vulnerabilidad de la Nación argentina, caracterizado por:
a) Moral del pueblo quebrantada por la crisis social, económica y cultural, agravada por la corrupción más grosera que conoció el país.
b) Economía devastada, con sus resortes básicos en manos extranjeras.
c) Desprestigio internacional del gobierno militar, considerado como una dictadura fascista en un plan de expansión militarista.
El pueblo sufrirá los resultados de ésta imprevisión porque el mayor peso de la crisis sobreviniente caerá sobre sus espaldas, ya que no se tuvo en cuenta:
a) La reacción de las naciones, europeas y americanas, fundamentalmente; y las decisiones de los organismos internacionales como la ONU, la OEA y el Movimiento de Países no alineados.
b) Las medidas económicas de embargos, bloqueo de fondos, vencimientos de deuda externa y consecuentes moratorias, cese de importaciones de material imprescindible, incluso de uso militar.
Párrafo aparte merece señalar la irresponsabilidad con que se ha presentado el hecho consumado al pueblo, de una medida que si bien involucra una reivindicación territorial sentida y anhelada por todos, no ha tenido presente la gravedad de la situación del país. Es así porque:
a) Existe el peligro de la internacionalización del conflicto.
b) El desprecio a la vida que significa una guerra. Es oportuno recordar que los constituyentes de 1853 reservaron al congreso nacional la facultad de declarar la guerra y a la Cámara de Diputados de la Nación ?representantes del pueblo de la nación- la iniciativa de las leyes sobre reclutamiento de tropas. En cambio hoy el pueblo es llamado a una guerra sin haber consultado antes su opinión y es convocado a Plaza de Mayo a manifestar su apoyo, cuando tres días antes fue reprimido salvajemente por quienes hoy hablan de la unidad de los argentinos.
c) Por la utilización de la reivindicación histórica para paliar el creciente deterioro de y crisis interna del proceso.
d) Por jugar con el sentimiento patriótico de nuestro pueblo que siempre ha defendido la soberanía cuando ésta ha estado en peligro.
Es por eso que la ratificación que el pueblo en su conjunto, sin distinción de banderías o sectores, ha realizado, no deberá ser interpretada por las actuales autoridades como una adhesión a la política gubernamental ya que el pueblo sigue viendo con preocupación y angustia a quien lo desconoció como fuente legítima de poder y ahora lo convoca a enfrentar una situación que puede terminar en un conflicto armado.
El apoyo que reclama el gobierno ante el hecho consumado y la eventual agresión británica encontrará la condigna respuesta popular, pero ella significará también la exigencia que, de aquí en mas las decisiones sean tomadas y compartidas por quienes realmente lo representan. Esta exigencia implica la reafirmación de lo expresado por la Multipartidaria en orden a la defensa integral de los recursos naturales y específicamente de los hidrocarburos, defensa que significa la irrenunciabilidad de la propiedad de la nación sobre el subsuelo, garantizando el monopolio de YPF. Deberá revertirse necesariamente esta política de hambre y desocupación y deberá volverse al Estado de Derecho, con la plena vigencia de la soberanía popular. Dentro de este marco la dictadura militar deberá mantener informado al pueblo dela república sobre las condiciones en que se dispone a negociar por vía diplomática ya que no solo es irrenunciable el territorio recuperado sino también los derechos soberanos sobre el mismo, no debiendo permitirse en consecuencia, que la negociación se traduzca en concesiones económicas o militares a alguna de las superpotencias (EE.UU o URSS).
Nos preocupa la acción del gobierno que parece no comprender la seriedad de la situación y fomenta desde los medios de comunicación el espíritu belicista, sin dar las explicaciones del caso y sin importarle qué piensa el país.
Tanto las declaraciones del gobierno como la manifestación del sábado 10 de abril son muestra del objetivo oculto de la medida: ganar espacio político para obtener una salida fácil y elegante e imponer un manto de olvido a lo que ellos hicieron desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha.
La soberanía se debe defender día a día, en forma pacifica, pero indeclinable. Hoy parece que quien la renunció y entregó el orgullo nacional se desespera por recuperar su imagen a cualquier costo. Hay que mantener la serenidad que nos impone nuestra conciencia limpia.
No prestaremos apoyo al gobierno militar, no queremos sumarnos a las voces irresponsables que cantan loas a las FFAA demostrando una total inconciencia sobre la seriedad de la situación actual, ya que éste gobierno demostró durante 6 años su incapacidad para conducir los destinos de la Nación.
Solo apoyaremos la acción de defensa nacional pero participando en las decisiones e imponiendo los cambios impostergables.

11 de abril de 1982.
Junta Ejecutiva de la JUVENTUD RADICAL de la Provincia de Buenos Aires Leer más...

Gas del Estado: a 20 años de su entrega, "diputruchos" mediante

Por José Antonio Artusi
Se cumplen 20 años de una fecha ingrata y vergonzoza: el 26 de Marzo de 1992, el peronismo, con el apoyo de socios como la UCEDE (partido en el que militaba el actual Vicepresidente), consumaba el que quizás sea el mayor fraude de la historia parlamentaria argentina: la aprobación de la privatización de la empresa Gas del Estado con un quórum falso, al que accedió con la presencia en las bancas de colaboradores de legisladores justicialistas, los famosos "diputruchos".

Presidió esa vergonzoza sesión el diputado del PJ de la Provincia de Buenos Aires Alberto Pierri. Juan Abrahan Kenan, "asesor" del diputado Julio Manuel Samid, fue el único en ser identificado, pero no fue el único diputrucho, hubo cinco más, todos colaboradores de diputados peronistas. El Presidente del bloque del PJ era Jorge Matzkin. La Cámara de Diputados no impuso ninguna sanción ante tamaña irregularidad y consintió el fraude, pero la Justicia condenó en 1994 a Samid y Kenan a algunos meses de prisión en suspenso, confirmando el delito cometido. Pero ya era tarde, el 28 de Diciembre de 1992 (sí, el 28 de Diciembre) la privatización de Gas del Estado había sido consumada.
Los antecedentes de Gas del Estado se remontan al 1° de Agosto de 1929, - durante la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen, que había creado YPF 7 años antes - cuando su Director, el Gral. Ing. Enrique Mosconi dispuso la toma del mercado de combustibles líquidos y determinó que los precios serían determinados por el Estado nacional y no por empresas extranjeras.
El 5 de Marzo de 1945 se decretó la nacionalización del gas y el 1° de Enero de 1946 se creó la Dirección Nacional de Gas del Estado, como ente separado de YPF, siendo su primer Director el Ing. Julio Canessa, formado en la doctrina y concepción estratégica de Mosconi.
La Constitución de 1949 estableció en su Artículo 40 que "los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás formas naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias".
Resulta al menos paradójico que quienes se dicen seguidores del movimiento político que fundó Juan Domingo Perón hayan actuado con tanta determinación para liquidar una empresa identificada con uno de los logros más trascendentales de su primer gobierno, que logró que Argentina cuente con uno de los gasoductos más extensos del mundo. Pero no debiera sorprendernos, se trata de una más de las permanentes manifestaciones que hacen de la contradicción permanente un rasgo central de su identidad; rasgo evidenciado con patética contundencia cuando entonaron las estrofas de us marcha partidaria cuando consumaron la entrega de YPF en el recinto de la Cámara de Diputados.
Gas del Estado llegó a ser la tercer empresa de su tipo en el mundo, y era considerada, junto a la estatal francesa Gaz de France, uno de los mejores ejemplos en prestación del servicio público de gas natural. Al momento de su privatización era la segunda empresa en facturación en la Argentina, detrás de YPF.
La privatización, descuartización y extranjerización de Gas del Estado no fue un hecho aislado; formó parte del proceso de desgüace del Estado, entrega de nuestros recursos estratégicos y pérdida de la soberanía energética y la renta hidrocarburífera que comenzó en 1989 con Carlos Menem y continúa hoy, a pesar de los maquillajes y esfuerzos dialécticos que se intentan desde el gobierno nacional.
Gas del Estado, tasada por técnicos de Petrobras en 25 mil millones de dólares, se vendió por la décima parte y se convirtió en 11 sociedades privadas con mayoría de capitales extranjeros, rompiendo el modelo nacional integrado, racional y centralizado, como corresponde a un recurso estratégico no renovable.
Luego de la entrega se dejaron de construir gasoductos troncales y se sólo se hicieron para exportar, alternativa inconcebible en un país como el nuestro que dista de tener reservas de magnitud como para darse el lujo de la exportación.
Las consecuencias de todo este desgraciado proceso están a la vista: disminución de la producción y el horizonte de reservas, necesidad creciente de importar gas a precios cada vez más altos, falta de una empresa clave para la intervención del Estado en un mercado estratégico, provincias enteras sin acceso al gas natural, sectores carenciados de la sociedad obligados a consumir costoso gas en garrafas, cortes en el suministro a industrias, y aumento inminente vía recorte de subsidios a usuarios de gas natural.
No habrá solución a estos problemas si no media un cambio profundo y genuino en la política energética nacional, volviendo a la senda de Yrigoyen y Mosconi de la que nunca debimos apartarnos.- Leer más...

SOMOS LA VIDA, SOMOS LA PAZ, SOMOS EL JUICIO A LA JUNTA MILITAR. DEBEMOS SER LA DEMOCRACIA SOCIAL

A 36 años del golpe de Estado del 24 de Marzo de 1976, el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos adhiere y convoca a participar de todas las actividades previstas para recordar la fecha, en procura de no olvidar nuestro pasado, para que NUNCA MÁS existan dictaduras, terrorismo de Estado y violaciones aberrantes a los derechos humanos en nuestro país.

Es nuestra obligación ejercitar la memoria y reflexionar de manera crítica acerca de las circunstancias que llevaron al trágico desenlace de la dictadura. Por eso, repudiamos como hemos hecho siempre a los usurpadores de la voluntad popular y renovamos nuestro compromiso inalterable con la democracia representativa y republicana y con la vigencia irrestricta del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos.
Lo hacemos desde nuestra pertenencia al partido político que, desde el primer momento en el gobierno a partir del 10 de Diciembre de 1983, logró que la Argentina pueda exhibir orgullosa ante el mundo su condición de único país que juzgó en el marco de la ley a los responsables del más aberrante proceso de violación sistemática de los derechos humanos más elementales.
Lo hacemos también recordando con respeto a todas sus víctimas, y rescatando en especial el ejemplo ciudadano, pacífico y militante de nuestros mártires, entre otros Sergio Karakachoff, Mario Abel Amaya y Angel Pissarello.
Lo hacemos recordando también, lamentablemente, que la violación a los derechos humanos y la abominable práctica de la "desaparición" de personas no comenzaron el 24 de marzo de 1976, sino antes, durante un gobierno surgido de la voluntad popular, como producto del accionar terrorista y criminal de bandas parapoliciales y paraestatales como la Triple A que contaron con la aquiescencia o la tolerancia de sectores vinculados al gobierno de turno.
Lo hacemos recordando también, aunque sea doloroso y algunos prefieran olvidarlo, que el gobierno del Presidente Raúl Alfonsín también ordenó juzgar, en el marco de la ley y con todas las garantías de defensa, a los responsables de violaciones a los derechos humanos por parte de bandas armadas que se habían arrogado la representación popular sin que nadie se las hubiera otorgado, y que fueron en muchos casos responsables de de baños de sangre y actos de violencia absolutamente injustificados, muchos de ellos durante la vigencia de las instituciones de la Constitución nacional.
Nuestro compromiso hoy, recuperada la democracia formal, es profundizarla y asegurarla para los tiempos, haciendo realidad el sueño de la democracia social y la vigencia plena de todos los derechos humanos, no sólo los políticos en el plano formal, sino también los económicos y sociales en el plano de la realidad cotidiana, para cumplir el mandato yrigoyeneano de lograr que la democracia no consista sólo en la garantía de la libertad política, sino que entrañe a la vez la posibilidad para todos de poder alcanzar un mínimum de felicidad siquiera.

José Antonio Artusi
Presidente
Comité Provincial de la UCR de Entre Ríos  Leer más...

UN SISTEMA ENFERMO

Declaración del Presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos, José Antonio Artusi.-

A pesar del ampuloso y autopropagandista discurso oficial, trás casi una década de vigoroso crecimiento macroeconómico y aumento de la recaudación, la realidad en materia de salud pública en la Provincia de Entre ríos muestra una panorama francamente desalentador, que no se compadece con la mayor disponibilidad de recursos con las que ha contado la actual y las anteriores gestiones de gobierno, del mismo signo político desde 2003.

La suspensión de las prestaciones al IOSPER en clínicas y sanatorios por atrasos en los pagos y las dificultades y problemas de todo orden que deben sufrir quienes acuden a centros de salud y hospitales públicos son la manifestación más visible de la crisis en la coyuntura. Está claro que se sigue aplicando la vieja receta neoliberal de destinar los aportes de los trabajadores a otros menesteres sin importarles que miles de entrerrianos queden sin cobertura de su obra social, ni que profesionales que ejercen en su tierra puedan tener un marco de prevision.
Pero además, aunque menos visibles, problemas estructurales como la insuficiencia evidente de políticas de promoción, prevención y atención primaria de la salud, la demora en implementar el seguro provincial de salud, el retroceso en la regionalización hospitalaria, el incumplimiento de la clásula constitucional que ordena que los directores de hospital se designen por concurso, la falta de articulación del sector salud con otras areas de las políticas públicas como educación y vivienda, la insuficiencia de acciones en materia de educación sexual y salud sexual y reproductiva, la falta de avances en materia ambiental, entre tantas otras cuestiones, demuestran a las claras que se ha venido improvisando y colocando parches, sin un plan estratégico que de respuestas a la necesidad de revisar profundamente el sistema de salud, que - como en todo el país - se caracteriza por su fragmentación y desarticulación, en el que la masa de recursos que se invierten no se compadece con los resultados alcanzados.
Tras haber perdido lastimosamente 9 años al interrumpir la iniciativa de la última gestión radical que procuraba que el Estado provincial incursionara en la producción pública de medicamentos a través de una
empresa propia, con un laboratorio en marcha en la ciudad de Federal, ahora se reconoce que es necesario evaluar la posibilidad de avanzar en esta materia. No hay excusas más que la revancha politica y la intolerancia que hayan justificado en su momento la clausura del proyecto de laboratorio de Federal. cerrando una iniciativa que ya contaba con partes ejecutadas y previsiones presupuestarias, y que de haberse concretado hubiera signficado ahorros concretos y la posibilidad cierta de poner a disposición de todos los entrerrianos el acceso a medicamentos como un bien social.
Si no se pudo avanzar en la reforma del sistema de salud en épocas de vacas gordas, es al menos imperioso evitar que el inminente ajuste golpee sobre todo a quienes menos tienen, y en ese sentido la política sanitaria es fundamental para brindar igualdad de oportunidades a todos los entrerrianos para disfrutar efectivamente del derecho a la salud reconocido en la Constitución Provincial reformada en 2008.
En este sentido es menester señalar también la incomprensible demora en reglamentar nuevos derechos e institutos incorporados al texto constitucional. Basta leer el Artículo 19 para tomar conciencia de la enorme distancia que media entre el mandato constitucional y la dolorosa realidad:
"La Provincia reconoce la salud como derecho fundamental, desarrollando políticas de atención primaria. La asistencia sanitaria será gratuita, integral, adecuada y oportuna. Será prioritaria la inversión en salud, garantizando el primer nivel de atención, así como la formación y capacitación. Se implementará un seguro provincial de salud para toda la población y una progresiva descentralización hospitalaria. El medicamento es un bien social básico. El Estado regula y fiscaliza el circuito de producción, comercialización y consumo de éstos y de los productos alimenticios, tecnología médica y acredita los servicios en salud. La ley propenderá a jerarquizar el nivel de atención hospitalaria de tiempo completo".-

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CONVOCAN A ENCUENTRO DE CONCEJALES RADICALES EN VILLA CLARA

CONVOCAN A ENCUENTRO DE CONCEJALES RADICALES: El Comité Provincial de la UCR convoca a participar del ENCUENTRO DE CONCEJALES RADICALES de ENTRE RÍOS, que tendrá lugar el próximo día Sábado 17 de Marzo en la localidad de Villa Clara, Departamento Villaguay.

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Atilio Benedetti y José Antonio Artusi participaron de la reunión del Comité Federal de la UCR

El titular del radicalismo, Mario Barletta, se reunió en el Comité Nacional con con los presidentes de distritos de todo el país, donde dieron inicio a la diagramación de una agenda de actividades conjuntas. Barletta planteó a los participantes de este encuentro la necesidad de lograr consensos internos en los temas de coyuntura, fijando posiciones muy firmes en aquellos asuntos que signifiquen equivocaciones serias del Gobierno nacional.

"La UCR está mostrando más que un rol opositor fuerte, un rol responsable con un análisis exhaustivo de las cuestiones de gestión”, explicó el ex intendente de Santa Fe a los medios de comunicación presentes de la sede partidaria.
En la reunión también se enfatizó sobre la necesidad de alcanzar una mayor cohesión partidaria para lograr convertir al radicalismo en una alternativa nacional al kirchnerismo.
De este importante encuentro participaron, entre otros, por el Comité Nacional: los vicepresidentes, Alicia Mastandrea, Atilio Benedetti y Francisco Fonseca; el secretario general, Juan Manuel Casella y el tesorero, Miguel Giubergia; Diputados y Senadores Nacionales. Asimismo se hicieron presentes los titulares del radicalismo de la Capital Federal, Carlos Más Vélez; Buenos Aires, Miguel Bazze; La Pampa, Juan Carlos Marino; Mendoza, Alfredo Cornejo; Chaco, Víctor Zimmerman; Entre Ríos, José Antonio Artusi; Formosa, Martín Hernández; Jujuy, Mario Pizarro; Misiones, Germán Bordon; Neuquén, Alejandro Vidal y por Salta, Ana María Hernández.
El Presidente del Comité Provincial de la UCR de Entre Ríos, José Antonio Artusi, planteó la necesidad de recuperar al radicalismo como un partido nacional y federal, y puso énfasis en la importancia de posicionar a la UCR como el partido abanderado de la recuperación de la soberanía energética y el manejo de nuestros recursos naturales, en especial los hidrocarburíferos. En tal sentido, Artusi recordó que el próximo 3 de Junio se cumplirán 90 años de la creación de YPF, primera empresa petrolera estatal del mundo, a través de un decreto del Presidente Hipólito Yrigoyen. "Los argentinos deben saber que a YPF la hicieron, la engrandecieron y defendieron gobernantes y funcionarios radicales, entre quienes no podemos dejar de mencionar, además de Yrigoyen, al Gral. Ing. Enrique Mosconi y a los Presidentes Alvear, Illia y Alfonsín. Y debe saber el pueblo que fueron peronistas, con responsabilidades centrales de Menem y Kirchner, los que la entregaron y extranjerizaron"; enfatizó Artusi.-
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El gobierno no privilegia la educación

Declaración del Presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos, José Antonio Artusi
Tras casi una década de crecimiento sostenido de la economía y de aumento de la recaudación fiscal y las exportaciones, Entre Ríos es una de las provincias argentinas cuyos gobiernos son incapaces de garantizar un salario docente que permita el normal inicio del ciclo lectivo. Esta realidad incontrastable muestra a las claras, junto con los negativos índices que evidencian el deterioro de la calidad del sistema educativo, que para esta administración la educación pública dista de estar entre las verdaderas prioridades de su gestión, más allá de las palabras y los discursos.

La educación pública, laica, gratuita y obligatoria, acorde a las exigencias del siglo XXI para todos los entrerrianos es un requisito indispensable para la consolidación del sistema democrático republicano y la construcción de una sociedad más justa, integrada y solidaria. Ello por varias razones; de tipo político, porque es necesario "educar al soberano", de tipo social, porque la escuela en nuestro país y sobre todo en nuestra provincia, fue un extraordinario instrumento de integración social, en el que nuestros abuelos gringos y criollos, católicos y judíos, musulmanes y ateos, ricos y pobres, aprendieron a reconocerse como iguales y como compatriotas. Y de tipo económico, porque no hay sociedades desarrolladas sin un pueblo culto e instruido, que haga de la ciencia, la tecnología y el conocimiento la clave del crecimiento económico.
Durante los últimos años, a pesar de haber resignado recursos de manera injustificable ante la Nación, en el marco de una crisis inédita del federalismo fiscal, el gobierno provincial ha dispuesto de fondos como nunca antes. Sin embargo, la falta de una planificación estratégica de la acción de gobierno, la definición incorrecta de prioridades, y el crecimiento del gasto superfluo e improductivo han impedido que se recupere de una manera razonable el poder adquisitivo del salario de los docentes, deteriorado por una inflación real que todos sabemos no es la que reflejan las estadísticas del INDEC.
Esta crisis del sistema edcuativo en general se agrava porque afecta sobre todo a las escuelas estatales, produciendo una brecha perversa entre éstas y las de gestión privada. Se consolida de esta manera una cada vez más preocupante segmentación entre escuelas para pobres y escuelas para ricos. La inoperancia de la gestión pública la sufren más, como suele suceder en estos casos, los sectores más vulnerables y desposeídos de la sociedad.
Recomponer el salario docente es un primer paso, necesario pero no suficiente. El gobierno no debe escatimar esfuerzos en pos de lograrlo, para poder dar después los demás pasos que nos lleven a un sistema educativo del que volvamos a sentirnos orgullosos.- Leer más...