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Por Rogelio Alaniz
Escribo esta nota el jueves a la mañana, por lo que desconozco el desenlace del juicio popular “ético y político” contra los periodistas supuestamente comprometidos con la dictadura militar, organizado por las Madres de Plaza de Mayo que responden a Hebe de Bonafini. En realidad, no es necesario esperar hasta el jueves a la tarde, porque la condena ya ha sido emitida mucho antes, verificándose el principio de que los juicios populares no son más que puestas en escena con resultado previsible, lo opuesto a un juicio real donde se debate acerca de la culpabilidad o inocencia del imputado que -no olvidarlo- será siempre una persona en singular y nunca un colectivo social como en este caso.
Lo que corresponde preguntarse a continuación, es acerca de las consecuencias prácticas de esta condena. En principio no tiene ninguna, como tampoco la ha tenido el juicio popular que hace un año la misma institución celebró contra Martínez de Hoz. Sus efectos son simbólicos y, en todo caso, interesa interrogarse acerca de las consecuencias políticas de estos efectos simbólicos. Al respecto también podría decirse que la condena no agrega nada a lo que ya conocemos, es decir, no aporta ningún dato relevante acerca de lo que los jueces y la opinión pública en general, ya saben respecto de los “procesados”.
Como se dice en estos casos, es más de lo mismo, porque los supuestos testigos y fiscales repetirán su conocida cantinela y la defensa, sustancial a cualquier juicio, brillará por su ausencia, más allá de que el flamante tribunal ha accedido a la presencia de un “defensor oficial” cuya objetividad y empeño para argumentar a favor de sus defendidos es más una mascarada que otra cosa, recordando en ese sentido las peores experiencias de los “juicios populares” de las dictaduras totalitarias, en las que el defensor concluye solicitando una condena superior a la de los fiscales o, como en el caso del juicio contra Severino Di Giovanni, promovido por la dictadura militar de Uriburu, cuando el defensor oficial concluyó castigado por haberse esmerado demasiado en el cumplimiento de su rol.
Digamos, para ser serios, que los verdaderos juicios son los que se realizan en el marco de un estado de derecho, y no esta payasada que se celebra en nombre de los derechos humanos, violentando todos los principios que constituyen la cultura de los derechos humanos. Lo que de todos modos llama la atención es que en un contexto político en el que se están celebrando juicios en los tribunales contra los protagonistas del terrorismo de estado, al mismo tiempo se impulse esta iniciativa. ¿No les alcanza con lo que se está haciendo o existe alguna otra intencionalidad política que va más allá del juzgamiento del pasado?
En principio, resulta sospechosa la sintonía entre la iniciativa de Bonafini con los reiterados discursos de los Kirchner contra el periodismo y las empresa periodísticas. Sin ir mas lejos, esta semana Kirchner proclamó que el principal partido opositor son los periodistas, los periodistas que lo critican claro está. Kirchner da por sentado que la oposición en la Argentina está liquidada por lo que, la única oposición -¿por qué no barrera?- que queda en la Argentina son los periodistas, una afirmación que en caso de ser cierta seria gravísima porque, palabras más palabras menos, estaríamos en la antesala de la dictadura.
La conexión entre el juicio popular de Plaza de Mayo y el gobierno, merece mencionarse porque el episodio adquiere significado porque el Estado lo alienta, lo estimula o lo consiente. Conversando en estos días con un dirigente judío sobre el antisemitismo , me decía que los prejuicios contra los judíos siempre están latentes en las sociedades occidentales, pero el tema de ja de ser un prejuicio antipático cuando ese antisemitismo larval es asumido por el Estado, porque es entonces cuando se instala la persecución y el progrom.
Algo parecido ocurre con la iniciativa de Bonafini. Sin el apoyo del Estado el “juicio popular” no dejaría de ser un acto promovido por un puñado de lunáticos sin otra consecuencia que la que pueden provocar un grupo de inadaptados sociales. En las sociedades democráticas se sabe que hay que convivir con extremistas, resentidos y alienados de diferente calaña que en la mayoría de los casos suelen ser insignificantes minorías, pero el tema adquiere centralidad cuando el Estado se transforma en el avala y el garante de estas prácticas.
Se dirá que el gobierno de los Kirchner ha condenado o ha tomado distancia de esto. Más o menos. Algunos funcionarios lo han hecho, otros han guardado silencio y algunos lo han justificado en nombre de la libertad de expresión, una respuesta donde no se sabe si celebrar el sentido del humor o condenar el descarnado cinismo. Por otro lado, nadie ignora que en los anaqueles de la picardía política un libreto al que se recurre con frecuencia es el de criticar de la boca para afuera mientras que por debajo de la mesa se estimula y se financia lo mismo que se condena. Esta verdad del poder la conocen todos los déspotas del planeta, y en la Argentina desde Juan Manuel de Rosas a Videla, todos los dictadores han repudiado o han hecho sugestivo silencio a los crímenes o desbordes de los mazorqueros de turno. Es por eso que no hace falta ser un pesquisa o un paranoico para percibir la estrategia común de los Kirchner con Bonafini: la condena al periodismo y a los periodistas.
Alguien dirá que el juicio no es contra los periodistas, sino contra los periodistas comprometidos con la dictadura. No lo creo. Y mucho menos lo creo después de que enchastraron las calles con fotos de periodistas, muchos de ellos progresistas, como si fueran delincuentes, porque lo único que faltó fue de que debajo de la foto estuviera el celebre “WANTED, vivo o muerto”. Asimismo llama la atención al observador más distraído la mezcla de personajes ¿Qué tiene que ver Magdalena Ruiz Guiñazú, integrante de la CONADEP con Mariano Grondona, apologista del proceso? Aparentemente nada, salvo el dato cierto y real que los dos, por diferentes razones, son opositores. Esta mezcla, esa suerte de cambalache autoritario, es también un recurso clásico de las técnicas autoritarias de propaganda, en la que el culpable, el malo, el contrarevolucionario, puede ser cualquiera.
Las opiniones de Grondona, Viale o Gelblung durante la dictadura militar ya son temas históricos, pero si algún juicio hay que hacerle a estos periodistas este juicio debe ser hecho en tribunales, con todas las garantías del caso, y no en una plaza popular. Recuerdo que Albert Camus cuando en el París recién liberado de la ocupación nazi, los más exaltados pedían linchamientos públicos, escribió en “Le Combat” que la diferencia de los demócratas con los nazis, la diferencia sustancial, decisiva, es que mientras ellos llevaban a sus víctimas al cadalso o al campo de concentración, los demócratas los llevan a los tribunales.
En 1974, la revista fascista “El caudillo”, financiada por el gobierno peronista de entonces, publicó una lista, con fotos incluidas, de los condenados a ser ejecutados por las Tres A. Las páginas se pegaron como afiches en las calles de Buenos Aires y lo único que se puede decir al respecto es que “cualquier coincidencia con la realidad es pura semejanza” .
Conversando con expertos en publicidad y lenguaje publicitario, me dijeron que la técnica de “El caudillo” es exactamente igual a la que ahora recurren quienes dicen militar en la vereda opuesta. En tiempos de Alfonsín, una revista de abierta filiación nazi y antisemita, “Cabildo” publicó una lista de periodistas guerrilleros y marxistas. También en este caso, “cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia”.
Carta Abierta no es El caudillo; Madres de Plaza de Mayo, sector Bonafini, no es Cabildo, pero sería deseable que esa afirmación que se me ocurre hacer al correr de la pluma, se encarguen de verificarla en términos prácticos ellos mismos. Decía que el juicio popular de Bonafini no aportará nada nuevo a lo que ya sabemos, ni provocará más consecuencias políticas que las que ya conocemos, pero el aval del gobierno a esta iniciativa, -aval real más allá de sus observaciones formales- abre un serio interrogante hacia el futuro. Por lo pronto, es hora de recordar una vez más que los argentinos hace rato que deberíamos saber que es peligroso jugar al carnaval con nafta y que no se debe golpear las puertas del infierno suponiendo que nadie va a responder o que el diablo no existe.
Fuente: www.rogelioalaniz.com.ar
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El Bloque de Diputados Provinciales de la Unión Cívica Radical se trasladó hasta Concepción del Uruguay para presentar en el Juzgado Federal a cargo del juez Román Pimental una denuncia penal por presunta comisión de un delito de acción pública.
A través del requerimiento judicial, los diputados radicales procuran conocer quién o quiénes y cómo se autorizó en el año 2004 la quema de documentación pública perteneciente a la Jefatura de la Policía Departamental de Concordia; y que días pasados fue requerida en el marco de una investigación por desaparición de personas en la causa “FISCALIA GENERAL SOLICITA DESARCHIVO POR DESAPARICION DE PERSONAS – CAUSA CONCORDIA – EXPDTE. Nº 55045.
A partir de la información periodística publicada por el Diario Junio Digital, se conoció el hecho y posteriormente la existencia de un acta del Archivo General de la Provincia de Entre Ríos de fecha 10 de marzo de 2004, donde consta que en Concordia se procedió a la eliminación por medio de la incineración de documentación policial que se hallaba archivada en la Jefatura de Policía Departamental Concordia.
CORRELACIÓN DE HECHOS
Como dato relevante, en la presentación el Bloque de Diputados de la UCR deja constancia que mientras se destruía la documentación, “ese mismo día, el 10 de marzo de 2004, la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos daba media sanción al Proyecto de Ley –Expte. Nº 13.656, iniciado el 29 de diciembre de 2003- y que luego obtendría sanción definitiva, por el cual se creó el ‘Registro Único de la Verdad’ -actualmente Ley Nº 9577-, en cuyo marco el Sr. Roque Minatta, Subsecretario de Derechos Humanos solicitó la exhibición de esta documentación ‘expurgada’”.
“El dato cobra relevancia puesto que de la lectura del diario de sesiones se colige la inminencia de la sanción de esta ley que reforzaba la obligación de poner esa documentación ‘expurgada’ a disposición de los interesados”, advierten en la denuncia.
Lo que se pone en evidencia es que “con mucha cercanía se sancionaría definitivamente la ley que, de acuerdo a su redacción, obligaría inexorablemente a la exhibición de la documentación destruida ese mismo día: ‘Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo Provincial a través del organismo citado, pondrá a disposición del ‘Registro Único de la Verdad’ los archivos de la Policía de la Provincia y de cualquiera de las dependencias de los tres Poderes del Estado Provincial y entes descentralizados, autárquicos y organismos municipales que refieran a dicha represión” .
En otro párrafo, destacan: “La ley evitó poner el límite del año 1976 a la obligación de conservar y exhibir esos archivos a diferencia de otras legislaciones provinciales que fijaban ese año 1976 como límite para exhibir la documentación, por lo tanto era obvio que la documentación anterior a ese año que fue destruida debía ser conservada”, sostienen los diputados en la presentación judicial.
LEY DE ARCHIVOS
Conforme los artículos 8 y 17 de la Ley 7452, si los archivos tuvieran más de 30 años de antigüedad podrían considerarse documentos históricos que deben conservarse en el Archivo; o bien, si tuvieren menor antigüedad, podrían catalogarse como documentos administrativos que también deberían estar bajo custodia del Archivo.
“En la práctica, es usual que sea el propio gobernador quien autorice el expurgo de expedientes previa intervención del la Dirección del Archivo General de la Provincia, tal como puede observarse en el trámite dado por el DECRETO Nº 3564 MGJEOySP, por el cual se autorizó el expurgo de actuaciones administrativas del año 1987 hasta el año 1991, con previa intervención de la Dirección del Archivo General de la Provincia”, advierten.
Los legisladores también hacen notar que “la Policía de Entre Ríos, desde hace años introdujo la práctica de microfilmar documentos, lo cual podría haber evitado esta pérdida”.
DELITOS CONEXOS DE LESA HUMANIDAD
En el escrito se señalan varios antecedentes en los que podría encuadrarse la quema de estos archivos. Por ejemplo: “El 30 de abril de 2003, la Sala I de la Cámara Federal falló que los delitos conexos a los de lesa humanidad también son imprescriptibles. Lo hizo en un expediente sobre la desaparición de documentación relacionada con desaparición de personas.
La Cámara Nacional Criminal y Correccional Federal, Sala 1, en el caso “Rovira, Miguel Angel”, 14.03.2008, considera también a los delitos perpetrados antes del 24 de marzo de 1.976 por la organización “Triple A” como delitos de Lesa Humanidad y por lo tanto imprescriptibles.
Asimismo, resulta relevante la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 24 de agosto de 2004, en la causa Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/homicidio calificado y asociación ilícita y otros Causa n° 259C.A. 533. XXXVIII. Recurso de Hecho, en la cual también se consideran de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles aquellos delitos.
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El diputado provincial José Antonio Artusi, Presidente del bloque de la UCR, visitó este Lunes la localidad de Colonia Elía (Departamento Uruguay). El legislador, acompañado por el Presidente del Comité Departamental de la UCR, José Luis Gurne, participó de una reunión con dirigentes y militantes locales, a quienes brindó una reseña de su labor legislativa luego de poco más de dos años de mandato. El diputado Artusi expresó que "hemos sido una oposición responsable pero firme ante un gobierno sin ideas y subordinado a la Casa Rosada, pero además hemos marcado permanentemente, ante cada déficit o error del gobierno, una propuesta alternativa superadora".
En la oportunidad se trataron diversos temas, entre ellos el nuevo encuadre constitucional de los municipios a partir de la reforma de 2008 y la necesidad de contar con una ley orgánica de municipios que jerarquice la autonomía municipal y favorezca gestiones locales transparentes y participativas, donde el vecino sea protagonista directo en la toma de decisiones y en el control de los negocios públicos.
Artusi consideró que "se abre para el radicalismo, en el marco del Acuerdo Cívico y Social, una oportunidad cierta de disputar electoralmente con éxito el año que viene, y ello debe llevarnos con responsabilidad y madurez a redoblar esfuerzos en pos de articular proyectos progresistas y factibles en todos los niveles".
José Antonio Artusi señaló que "más allá de la fecha de las elecciones, que opera como una cortina de humo que posterga los grandes debates, es preciso diagnosticar con claridad los problemas de la provincia y ofrecer propuestas que vayan al fondo de los verdaderos problemas de los entrerrianos".
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Este lunes a las 11.30, en la oficina del secretario de medio ambiente, Fernando Raffo, los ambientalistas concurrieron a pedir explicaciones.
En diálogo con Otra Sudestada por Radio Franca, Cristina Tejedor, integrante de la Asamblea Ambiental, en relación a la Avenida Costanera en la Isla del Puerto, reclamó "que se cumpla la ley". En ese sentido, Tejedor explicó que no "se ha respetado la autonomía de la ciudad", por la falta de autorizaciones que tiene la obra.
Es por ese motivo que este lunes por la mañana, la Asamblea Ambiental se presentó en la oficina del Secretario de Medio Ambiente de la provincia, Fernando Raffo, para que informe sobre la situación ambiental de la obra. El funcionario provincial se encuentra "tironeado", ya que esta semana se reunirá con el vicegobernador José Lauritto, quien ha hecho público su total respaldo a la obra en la Isla del Puerto.
Los asambleístas estuvieron acompañados por la concejal Ana María Gile y por el diputado José Antonio Artusi, así como por el Presidente del Comité de Municipio de la UCR, Héctor "Cacho Rodríguez", entre otros dirigentes de la oposición.-
Fuente: http://www.eldiadeuruguay.com.ar/ y http://www.losprincipiosonline.com.ar/
Foto: LP
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El diputado provincial José Antonio Artusi (UCR) consideró que "el inicio de la obra del puente a la Isla del Puerto de Concepción del Uruguay requiere imperiosamente la autorización correspondiente por parte del municipio, que en este caso sería el Certificado de Licencia Ambiental previsto en la ordenanza 6495, que regula el procedimiento técnico - administrativo de la Evaluación de Impacto Ambiental".
Artusi expresó que la propia Secretaría de Medio Ambiente ha incluido a la mencionada Ordenanza dentro del cúmulo de normas a cumplimentar, por lo que en la última sesión presentó un proyecto de resolución por el que propone solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente que exija a la Municipalidad de Concepción del Uruguay que habilite el proceso de decisión en materia ambiental previsto en la Ordenanza n° 6495, que requiera a las autoridades municipales que revoquen y/o suspendan el permiso otorgado mediante Resolución n°28760 hasta tanto se cumplimente el procedimiento previsto en la Ordenanza n° 6495, y que se notifique a la empresa contratista que se abstenga de avanzar en la instalación del obrador, hasta tanto se cumplimenten todos los procedimientos legales exigibles, en especial los establecidos por la Ordenanza n° 6495.
El Diputado Artusi reprodujo de esta manera lo solicitado oportunamente por el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical de Concepción del Uruguay.
Artusi señaló que, además, no es excusa válida argumentar que la Isla del Puerto no está dentro de la jurisdicción municipal, puesto que el Artículo 240 de la Constitución reformada en 2008 establece que los municipios "podrán ejercer acciones de protección ambiental más allá de sus límites territoriales, en tanto se estén afectando o puedan afectarse los intereses locales". Pero aún cuando así no fuera, el legislador radical recordó que la Ordenanza 6495 dispone claramente que la infraestructura que se localice en el dominio público y/o en áreas de protección forma parte del listado de proyectos sujetos obligatoriamente a la presentación de Estudio de Impacto Ambiental.
José Antonio Artusi lamentó que el Ejecutivo Municipal se resista a convocar a Audiencia Pública para tratar este controvertido tema, "seguramente porque tienen pocos argumentos para exponer a la ciudadanía, tratándose de un proyecto farónico que comenzó presupuestado en 80 millones de pesos, ya va en 100 de los que se han desembolsado 10 en concepto de anticipo financiero, y seguramente terminará costando 150, que todos los entrerrianos pagaremos como deuda pública".
Finalmente, el Presidente del Bloque de Diputados de la UCR opinó que "parece una burla a los uruguayenses que se pretenda avanzar a toda costa con este capricho, que no figura en ninguno de los muchos planes que tuvo la ciudad, que no fue reclamado jamás por ningún sector, en el mismo sitio de la Defensa Sur, a pocos metros de donde debió haberse localizado la planta de efluentes cloacales, que se podría materializar con un presupuesto mucho más acotado, y que permitiría solucionar o al menos mitigar considerablemente el problema de la contaminación bacteriológica del Balneario Itapé".-
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El diputado provincial José Antonio Artusi (UCR) consideró que "en Argentina las empresas petroleras, en su mayoría extranjerizadas, hacen lo que quieren con el precio de los combustibles porque hemos perdido la soberanía energética a partir de la privatización de YPF y de la seudoprovincialización de los recursos hidrocarburíferos, que en realidad ha sido una privatización encubierta y ha colocado a las provincias petroleras en una situación de debilidad para negociar frente a actores mucho más poderosos".
El legislador uruguayense hizo estas declaraciones a propósito de las "continuas alzas en el precio de los combustibles y de los problemas de desabastecimiento que se han presentado recientemente", y consideró que "los aumentos y la escasez continuarán mientras los argentinos no nos decidamos en serio a recuperar nuestra soberanía energética, que perdimos de la mano de la entrega de nuestros recursos a principios de los ´90, cuando Menem y Kirchner lo hicieron".
Artusi señaló que "no revertiremos efectivamente este cuadro desfavorable para los intereses nacionales hasta que recuperemos una YPF estatal y nacional, como tienen la enorme mayoría de los países del mundo que privilegian sus propios intereses".
Artusi reiteró su oposición al proyecto de ley de hidrocarburos del Poder Ejecutivo Provincial, que cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, y consideró "absurdo y contradictorio", que el gobierno haya avanzado en acuerdos con la empresa Repsol YPF aún antes de tener el marco normativo. De todos modos, el legislador radical consideró que "ese acuerdo es nulo, dado que el Ejecutivo se extralimitó en sus funciones".
Finalmente, José Antonio Artusi se pronunció a favor de "una política nacional de hidrocarburos que recupere la renta petrolera al servicio del desarrollo con autodeterminación, articulada de manera genuina con los intereses de todas las provincias, en el marco de un verdadero federalismo que no pierda de vista la defensa de los intereses nacionales".
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El diputado provincial José Antonio Artusi (UCR) envió una nota al Presidente Municipal de Concepción del Uruguay, Marcelo Bisogni, en la que le plantea algunas consideraciones referidas al proceso de revisión del Plan Estratégico de Concepción del Uruguay.
En la misiva, el legislador uruguayense manifesta que celebra "que el Departamento Ejecutivo Municipal haya tomado la decisión política de “iniciar un proceso de planificación estratégica del desarrollo local, dando continuidad a las iniciativas antecedentes”, pero a la vez expresa que "el proceso de planificación corre serio riesgo de desvirtuarse si no se toman a tiempo decisiones fundamentales para asegurar la participación social genuina y para acordar con los actores sociales involucrados un conjunto de pautas metodológicas que sirvan para generar lazos de confianza y asunción de compromisos por parte de todos". El diputado Artusi afirmó compartir en todos sus términos un documento recientemente difundido por el Acuerdo Cívico y Social, en el que se señala que "han transcurrido ya 12 años desde la elaboración del PECU, y ni ésta ni las dos anteriores administraciones municipales, todas del Partido Justicialista, han mostrado el menor interés en aplicar los ejes estratégicos allí enunciados" y se afirma que "nuestra ciudad ha sido lamentablemente durante todos estos años un claro ejemplo de antiplanificación, improvisación y caprichos permanentes. Se ha menospreciado además el capital social y de conocimiento de nuestra propia comunidad". El Documento del ACyS también consigna que "la participación ciudadana y la transparencia son un componente clave de todo verdadero plan estratégico de desarrollo, y son precisamente la participación y la transparencia las que han brillado por su ausencia a lo largo de esos 12 años", y que "no sólo se han ignorado absolutamente los ejes estratégicos del PECU, sino que se han decidido de manera inconsulta por parte del Departamento Ejecutivo Municipal una serie de proyectos de gran magnitud, que no forman parte ni del PECU ni de ningún plan anterior y que no han sido demandadas por ningún actor social de nuestra comunidad, tales como la costanera en la Isla del Puerto, la localización de un basural en Talita y la entrega de la Terminal y el Mercado 3 de Febrero".
Finalmente, desde el Acuerdo Cívico y Social uruguayense se formulan algunas consideraciones sobre el rol de los partidos políticos, la participación ciudadana, y se reitera una solicitud de convocatoria al diálogo: "- Nos preocupa sobremanera que los partidos políticos, actores esenciales del sistema representativo con jerarquía constitucional, no hayan sido convocados a integrar el Consejo de Revisión del PECU. - Alertamos acerca del riesgo que significa que se convoque a las instituciones de la ciudad a participar en un escenario de seudo planificación, al sólo efecto de legitimar iniciativas que nosotros hemos condenado por diversas razones, y que han sido decididas sin el más mínimo rigor metodológico, sin evaluar costos y beneficios, y sin sopesar alternativas. - Instamos al Departamento Ejecutivo Municipal a desandar el camino transitado, convocando a los partidos políticos a integrar el Consejo de Revisión, para iniciar un proceso serio de planificación participativa, sin condicionantes, y donde se debatan ampliamente las prioridades y los lineamientos que debe asumir el desarrollo de nuestra ciudad. - Reiteramos la solicitud al Sr. Presidente Municipal a recibirnos para dialogar sobre estas cuestiones, habida cuenta de que el Acuerdo Cívico y Social reitera una vez más su vocación de priorizar en serio la planificación estratégica y la participación ciudadana para la toma de las grandes decisiones públicas.-"
Además, la nota del diputado Artusi al Intendente Bisogni fue acompañada, a modo de aportes concretos, por una ponencia denominada "Teoría y práctica de la planificación y gestión del desarrollo local en Concepción del Uruguay", que analiza la evolución de diversas instancias de planificación, desde el PLANUR hasta el PECU; y por una serie de iniciativas legislativas vinculadas directa o indirectamente a la ciudad de Concepción del Uruguay. En la nómina figuran diversos proyectos de ley, entre ellos los siguientes:
Expediente 17.173. Creando el Consejo de la Hidrovía del río Uruguay, con sede en Concepción del Uruguay.
Expediente 17.691. Proyecto de ley para la Gestión Integral de los Residuos Domiciliarios en la provincia de Entre Ríos
Expediente 17.726. Declarando a la ciudad de Concepción del Uruguay “Capital Histórica” de la Provincia de Entre Ríos.
En proceso de redacción: proyecto de ley creando un Fondo para la Promoción de la Industria Naval en la Provincia de Entre Ríos, a cargo de un ente con sede en Concepción del Uruguay.
También se consignan algunos proyectos de resolución, entre los que se destacan los siguientes:
Expediente 16.485. Solicitando se implemente un programa de emergencia de dragado del río Uruguay.
Expediente 16.540. Repudiando el traslado de dragas desde el río Uruguay hacia el río Paraná.
Expediente 16.986. Solicitando al Poder Ejecutivo Provincial y a la Municipalidad de Concepción del Uruguay la convocatoria a un concurso nacional de ideas para la refuncionalización y urbanización del predio que ocupara el Hospital Justo José de Urquiza, en el marco de la reformulación del Plan Estratégico de Concepción del Uruguay.
Expediente 16.988. Solicitando un plan de control y monitoreo de la calidad del agua de playas, a través de convenios con los municipios involucrados, universidades y organismos técnicos nacionales.
Expediente 17.376. Solicitando se incluyan en el presupuesto nacional 2010 partidas para el dragado del río Uruguay. Aprobado el 08/07/09.
Expediente 17.383. Solicitando la realización del Estudio de Impacto Ambiental y/o Factibilidad Ambiental de proyecto de un puente sobre el riacho Itapé y una avenida costanera en la Isla del Puerto de Concepción del Uruguay.
Expediente 17.449. Solicitando a la Secretaría de Medio Ambiente que publique en su página web una reseña del proyecto de una costanera en la Isla del Puerto de Concepción del Uruguay y el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa contratista y requiriendo que se convoque a Audiencia Pública a los efectos de tratar el proyecto mencionado.
Expediente 17.560. Solicitando al Poder Ejecutivo Provincial y a la Municipalidad de Concepción del Uruguay que dispongan acciones tendientes a la reformulación y actualización del Plan Estratégico de la ciudad y la convocatoria a un concurso nacional de ideas para la elaboración de un Plan Maestro de Ordenamiento Territorial del Borde Costero.
Expediente 17.596. Solicitando se declare de interés legislativo provincial el proyecto de investigación “Las viviendas de madera industrializadas moduladas priorizando el uso del eucaliptos”, desarrollado por el Grupo de Investigación GECOMA de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCU. Aprobado el 21/10/09.
Expediente 17.686. Solicitando la actualización de los análisis de factibilidad técnica y económica de la Defensa Norte contra inundaciones de Concepción del Uruguay.
Expediente 17.723. Solicitando el estricto cumplimiento del Decreto 6009/00 reglamentario de la Ley provincial 8880 en lo relativo a la gestión de los residuos patogénicos en la ciudad de Concepción del Uruguay.
Expediente 17.844. Solicitando a la Secretaría de Medio Ambiente que exija al Departamento Ejecutivo Municipal el cumplimiento de la Ordenanza 6495 en el caso de la obra de una costanera en la Isla del Puerto de Concepción del Uruguay.
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En el marco de la visita que el diputado nacional Ricardo Alfonsín realiza en la provincia, este sábado por la noche participó de un acto en el Club 1º de Mayo de Chajarí, donde el legislador manifestó: “En 2011 el radicalismo va a ser gobierno en Entre Ríos y en la Nación, porque es necesario recuperar la oportunidad perdida por este gobierno”
A través de un comunicado de prensa enviado a APF se destaca que “también el dirigente remarcó la importante labor que realizan los legisladores nacionales entrerrianos y destacó la presencia de Atilio Benedetti”.
Alfonsín agradeció el afecto y el fervor con el que lo recibieron en Chajarí, y subrayó “el trabajo que realizan los legisladores nacionales Gustavo Cusinato, Arturo Vera y Jorge Chemes”.
En otra parte de su alocución, el diputado indicó: “En 1983 llegamos a la presidencia de la mano de Raúl Alfonsín para terminar con la era de las dictaduras militares, en 2011 tenemos que empezar una nueva etapa, para terminar con la dictadura de la pobreza el estancamiento y la injusticia”.
Del acto participó también el presidente de la Unión Cívica Radical entrerriana, Carlos Cecco, la diputada provincial Mirta Alderete y los legisladores nacionales Agustín Portela y Lucio Aspiazu, de la provincia de Corrientes.
Este domingo Alfonsín asistió a un acto en el comité de la UCR de Feliciano, y luego compartió un almuerzo popular en el Polideportivo Municipal de San Jaime de la Frontera, al que concurrieron más de 600 personas. (APF.Digital)
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El Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos consideró "un exabrupto" a "los agravios del ex gobernador Jorge Busti vertidos a través de sus voceros, ante la preocupación que hemos manifestado en torno a la situación institucional de la provincia por las intenciones del peronismo de manosear el mecanismo electoral".
Para el radicalismo "las agrupaciones en las que se escuda Busti, deberían recomendarle que le va a ser mas util analizar el código penal y recordar la situación judicial de varios de sus amigos de ruta y funcionarios como Daniel Rossi (ex vicegobernador condenado), Abelardo Pacayut (procesado y a juicio oral por la desaparicion de 20 millones de dólares), Daniel Yedro (condenado), Cretón Pereyra, Oscar Mori y otras joyitas de sus distintas gestiones de gobierno a los cuales respaldó y hoy mágicamente parece haberlos olvidado"
La UCR recordó palabras del periodista, Miguel Bonasso, hoy en el peronismo federal, cuando dijo: "El gobernador Jorge Busti está más cerca del Código Penal que de la política", y sostuvo: "Por más que Busti haga lo que haga por limpiar su imagen, sus gestiones de gobierno serán recordadas por haber desmantelado y endeudado a la provincia, por la cantidad de hechos de corrupción que las han caracterizado, por no haber dejado una sola obra futurista para Entre Ríos en tres períodos de gobierno, y por haber sumergido en la pobreza inclusive a su propia ciudad, Concordia, que también lo sufrió como intendente".
Finalmente la UCR apuntó: "Antes de ayer menemista y después antimenemista, ayer kirchnerista y después antikirchnerista, este camaleón de la política rodeado de buitres enriquecidos con los dineros de los entrerrianos, pretende dar lecciones a un partido centenario como la Unión Cívica Radical que tiene obras y realizaciones para todos los tiempos, y que hoy se ofrece como alternativa de cambio una vez más, para depurar a la política entrerriana de personajes nefastos como Busti y sus amigos".
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La concentración convocada por diversos sectores de la comunidad de Concepción del Uruguay se transformó en una asamblea popular en el Auditorio "Arturo Illia" del Centro Cívico.
Los vecinos que se hicieron presentes en la explanada del Centro Cívico a las 21 horas fueron invitados a ingresar al Auditorio Municipal "Arturo Illia", que resultó reducido para albergar a los numerosos vecinos que se hicieron presentes para expresar diveros reclamos, centrados fundamentalmente en los problemas en el servicio de agua potable y en la necesidad de solucionar los inconvenientes provcados por el desborde del arroyo de Las Animas en el Barrio San Vicente.
Una vez en el interior del auditorio, el Presidente Municipal Marcelo Bisogni y el Vicegobernador José Eduardo Lauritto debieron soportar una extensa lista de intervenciones de los ciudadanos que hicieron oír su voz, en algunos casos de manera airada y exaltada, exigiendo soluciones concretas a diversos problemas.
Los recientes problemas en la provisión de agua, los desbordes de las cloacas, la presencia de basura en las calles, el mal estado de éstas, y el deterioro en general del espacio público fueron algunos de los puntos que se reiteraron a lo largo de la reunión. A su vez, se reclamó por parte de varios oradores que se fijen prioridades, con menciones expresas a la obra de la isla del puerto, que cuenta con un presupuesto de más de 100 millones de pesos.
También se reclamó que el Sr. Intendente convoque a audiencias públicas para tratar todos estos temas y permitir de esta manera la participación ciudadana en la toma de decisiones.
Las intervenciones de Bisogni y Lauritto estuvieron centradas en el anuncio del próximo llamado a licitación para ejecutar las obras previstas en el plan maestro de agua potable, pero en líneas generales no cubrieron las expectativas de los presentes, que reiteradamente interrumpieron a los funcionarios.
La asamblea, por momentos caótica y desordenada, en un local que no tenía audio ni aire acondicionado, debió suspenderse porque en el local estaba previsto realizar un recital, por lo que los presentes se trasladaron a la explanada del Centro Cívico y allí prosiguió informalmente la discusión. Finalmente, muchos de los vecinos manifestaron su insatisfacción por la falta de resultados concretos de la reunión y se retiraron con muchas dudas acerca de cómo podría seguir la evolución de tantos reclamos ciudadanos.
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Declaración del bloque de diputados provinciales de la UCR
El debate por la reforma política debe ser profundo, integral y que incluya las grandes discusiones de fondo como la jerarquización de los partidos políticos, la boleta única, el financiamiento de la política, el control de la publicidad oficial, la derogación de la ley Castrillón, además de la conveniencia de fijar reglas claras y permanentes en cuanto al calendario electoral.
En cambio, en este escenario, vemos que el justicialismo en todas sus vertientes intenta acomodar circunstancialmente el cronograma electoral en uno u otro sentido de acuerdo a la conveniencia coyuntural de sus facciones internas. Lamentablemente, los dos sectores del justicialismo coinciden en privilegiar sus intereses ocasionales y acotan la discusión a una mera puja de poder entre sectores internos del PJ; porque no otra cosa significa que la reforma política quede circunscrita a cuándo les conviene a unos y a otros que se hagan las elecciones.
Dar un debate que es vital para la ciudadanía en estas condiciones debilita las normas que regulan la competencia política, desordena la ingeniería electoral, vulnera el carácter colectivo de la toma de decisiones, lo que termina socavando y deslegitimando el sistema democrático. Por ello impugnamos cualquier intento de tomar de rehenes a los ciudadanos para disputar con fines internistas un tema tan trascendente como es la reforma política.
Reafirmamos que es necesario y conveniente fijar por ley de una vez y para siempre la fecha de las elecciones. Tal como tal como propusimos en el proyecto de ley de Régimen Electoral y Sistema de Partidos Políticos que ingresáramos en la sesión anterior, el último domingo de septiembre nos parece una fecha adecuada, pues no es demasiado lejana a la renovación de autoridades, permite, por un lado, que el gobierno finalice su mandato sin mayores presiones y, por otro, que quienes tienen la responsabilidad del nuevo gobierno tengan tiempo suficiente para armar sus equipos.
José Antonio Artusi. Jaime Benedetti. Oscar Cardoso, Mirta Alderete. José María Miser. Marcelo López
Bloque de Diputados Provinciales de la Unión Cívica Radical
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