Por Ricardo Lafferriere
Los acontecimientos económicos que han concentrado la observación de analistas y de los ciudadanos, acaecidos en los últimos días; la incapacidad de reacción del gobierno; la insistencia en los dislates y el estrepitoso derrumbe de la imagen de la gestión kirchnerista en el exterior –reflejo de su deterioro interno-, están ubicando en este mes de mayo, lamentablemente, un punto de inflexión en el proceso político y económico argentino.
Detrás van quedando los lamentables retrocesos en el plano institucional, ya inocultables, como la desaparición del Congreso de cualquier debate serio sobre el rumbo nacional, el temor de una justicia sometida a la “Espada de Damocles” de la apertura de sumarios retorcidos en el Consejo de la Magistratura, el bastardeo de la lucha por los derechos humanos convertida en una mera consigna partidista y parcializada, la creciente presión para amordazar o limitar a la prensa, el sistemático ataque a la organicidad de los partidos políticos –incluso al peronismo- recurriendo a las más bajas artimañas de la corrupción ramplante, el alineamiento forzado de los gobiernos provinciales y municipales subordinados hasta en sus gastos más insignificantes a la discrecionalidad kirchnerista.
Todo eso –y mucho más- ha mostrado hasta hoy la pérdida progresiva e inexorable de la República. Los hechos de estas semanas agravan la situación, porque el que se nos puede comenzar a escapar de las manos no es ya sólo la República, sino el propio país.
El desborde inflacionario es a la vez un resultado y una causa. Resultado de decisiones económicas que no serían homologables en ningún país serio del mundo: desde China a Estados Unidos, desde Rusia hasta Brasil, desde Canadá hasta Chile, desde la India hasta Suecia, todo el planeta funciona con reglas de juego fundamentales que, con pequeñas variantes internas, se apoyan en principios básicos de la ciencia económica que, por estos lares, se insiste en ideologizar o descalificar como si se tratara de genios descubriendo la pólvora.
El endeudamiento público creciente, la disposición autoritaria de la riqueza privada como si fuera patrimonio personal de los funcionarios, la aplicación de normas inexistentes confiando en el alineamiento automático de los jueces temerosos para declarar su vigencia, la confiscación de bienes a través de mecanismos inconstitucionales e ilegales, la aplicación de la prepotencia de patotas a las transacciones económicas privadas, el desconocimiento liso y llano de decisiones judiciales por parte del Estado, la incentivación de conflictos económicos por el simple capricho de un expresidente convertido en autócrata de facto, son todos condimentos que han comenzado a desatar una creciente falta de confianza en el funcionamiento de la economía y de la sociedad. Y han desatado la inflación, fenómeno que en nuestra historia está unido a los mayores dramas y a las rupturas institucionales conflictivas.
Pero también es una causa. Importantes publicaciones del mundo democrático desarrollado han hecho conocer en estos días su negativa evaluación de la administración kirchnerista, y los medios económicos nacionales y extranjeros han destacado el creciente retiro de inversiones de nuestro país, traducido en el derrumbe de la cotización de los bonos del Estado –ya a un precio inferior a los títulos “defaulteados” que no ingresaron al canje- y a la venta de acciones de empresas argentinas, a liquidar en la plaza de Nueva York, para no tener riesgo alguno originado en los caprichos del poder. Resultado de la acción kirchnerista, y causa de nuevas decisiones que profundizan el aislamiento, la inflación además aleja crecientemente al sistema político de los ciudadanos, que se sienten cada día más esquilmados y desprotegidos.
La actitud de la administracion kirchnerista frente a estos hechos es sorprendente, rayana en el autismo, la soberbia y la irresponsabilidad. La repetición en tono de consigna de que el país cuenta con más de Cincuenta mil millones de dólares de reservas, que parece servir de argumento para cualquier advertencia, puede evaporarse en pocos días, como lo hicieron las divisas que respaldaban el valor del peso durante la convertibilidad: una corrida es difícilmente soportable por ninguna economía, y mucho menos si es acompañada de una desconfianza creciente en la capacidad del gobierno para definir decisiones correctas.
Tal es el caso del gobierno de Cristina Kirchner, que parece haber delegado en un ex funcionario sin competencia constitucional ni legal alguna, su marido ex presidente, importantes decisiones de gobierno que obstaculizan cerrilmente la propia marcha de la administración.
Las trabas a un acuerdo con el campo, apostando al agravamiento de la protesta en lugar de actuar como cualquier gobierno en cualquier lugar del mundo, buscando resolver los problemas, demuestra no sólo el rumbo perdido, sino una actitud de desprecio hacia la opinión pública, hacia los ciudadanos que expresan su reclamo, hacia las instituciones del país, hacia los funcionarios que buscan desesperados hendijas de esperanza y, por último, ante su propia esposa presidenta.
Mientras tanto, siguen los dislates, con sabor a corrupción. Los diarios de ayer, por ejemplo, han anoticiado que el proyecto faraónico estrella de la administración “K-K”, el renombrado “tren bala” –que cuando comenzó como idea no iba a comprometer fondos públicos, que luego pasó a tener sólo la garantía del Estado, y que por último se transformó en un proyecto que se realizará en su totalidad con fondos públicos que comenzarán a entregarse de inmediato en forma de bonos de nueva deuda-, no sólo fue adjudicado violando elementales normas de competencia, transparencia y correcta gestión, sino que además será el primer tren bala del mundo que tendrá... ¡un solo carril!
Y para culminar la cadena de despropósitos, la humillación más vergonzosa de contratarse, a cargo del propio Estado argentino, un “seguro de default” que cubra el posible incumplimiento de esa deuda. Como gusta decir a la primera magistrada... “por primera vez en la historia”. Ni el empréstito de la Baring Brothers llegó a semejante degradación de la dignidad nacional.
Cuatro mil millones de dólares de incremento en la deuda pública, destinados a una obra que está llena de interrogantes e incertidumbres, mientras el riesgo-país se coloca en el tope de los países de la región y mientras, a la vez, el Brasil consigue, por la impecable y persistente política económica que comenzara Fernando Henrique Cardoso y continuara Luis Alberto “Lula” da Silva, el codiciado “grado de inversión”, vale decir, ingresar en el reducido club de países del mundo respetados por la seriedad de su administración y la confiabilidad de su gestión económica al que se le puede prestar dinero y donde se puede invertir con tranquilidad porque respeta las reglas básicas del estado de derecho y de la economía.
En tanto, por acá se sigue kirchnerizando empresas mediante el mafioso y conocido procedimiento seguido en el caso de YPF de acorralar a sus dueños con conflictos gremiales prefabricados y regulaciones caprichosas. Nuevos empresarios “amigos”, que pasarán a integrar la lista de futuros investigados para cuando esta pesadilla termine, serán los beneficiados y testaferros de la nueva operación: Aerolíneas, ante la inexplicable complicidad –en ambos casos- de la administración española, sólo explicable en la decisión de liquidar activos en el país y tomar distancia de una economía que se sigue cerrando sobre sí misma al ritmo de un vórtice.
Hasta ahora, se nos ha estado escapando la República y lo sufríamos quienes tenemos vocación republicana y democrática. Ahora, con la inflexión de estos días, corremos el riesgo de que, además, el que se desborde sea el país. Los argentinos sabemos, por experiencia (1976, 1989, 2001...) lo que ello puede terminar significando.
Y nadie –incluidos Cristina y Néstor- podrá escapar a sus consecuencias.
Fuente:
NOTIAR
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El pasado viernes se realizó una reunión de la Juventud Radical Uruguay. En dicho encuentro se analizaron diversos temas:
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