El diputado nacional Ricardo Alfonsín en Maciá, Entre Ríos, el 21 de Diciembre de 2009.
Hace 4 días
jueves, 24 de diciembre de 2009
Ricardo Alfonsín en Maciá
miércoles, 23 de diciembre de 2009
Ricardo Alfonsín es el político con mejor imagen del país
ENCUESTA FEDERAL DE “CALL BUSINESS”:Lo sigue Cobos. Cristina, peor que Néstor. Para la mayoría, la situación económica es “mala”, pero el principal problema es la inseguridad
Una encuesta realizada por la consultora Call Business realizada durante la última semana de noviembre revela que el 64% de los entrevistados cree que la situación económica del país es mala, un 32% que es regular y un 4% es buena.
SITUACIÓN ECONÓMICA:
Consultados acerca de la percepción de la situación económica actual del país respecto a la existente el año pasado, un 60% dijo que es peor, un 28% que es igual, un 9% que mejor y el restante 3% no contestó o dijo no saber.
En cuanto a la percepción acerca de la situación económica del país para el próximo año, un 36% dijo que será peor, un 22% mejor, el 21% igual y el restante 21 % no contestó o dijo no saber.
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN:
Consultados por la evaluación de la gestión del actual Gobierno Nacional, el 52% dijo que es mala, el 41% regular y el 6% buena.
PRINCIPALES PROBLEMAS:
Al ser consultados sobre el principal problema del país hoy, el 29% dijo que es la inseguridad. Porcentaje similar se llevaron los gobernantes, la situación económica y la educación: 12%. La pobreza, por su parte, tuvo el 11% de las respuesta, mientras que la falta de trabajo el 10%, la falta de credibilidad en los políticos el 4%, la corrupción el 3%, la inflación el 1%, la intolerancia el 1%, la salud el 1%, el sistema energético el 1% y otros temas el 3%.
IMAGEN DE LOS POLÍTICOS:
En cuanto a la percepción de imagen de dirigentes políticos, el que mayor porcentaje obtuvo en la categoría “Muy Buena” es Julio Cobos, con un 10%, en categoría “Buena”Ricardo Alfonsín con 36,05%, en categoría “Regular” Daniel Scioli con 35,79% y en categoría “Mala”, Néstor Kirchner con 67,37%.
La suma de las categorías positivas (Muy buena y buena) arroja los siguientes resultados en materia de imagen positiva:
Ricardo Alfonsín: 45,26%
Julio Cobos: 42,63%
Carlos Reutemann: 27,11%
Francisco De Narváez: 26,32%
Daniel Scioli: 25,26%
Pino Solanas: 24,74%
Mauricio Macri: 24,47%
Elisa Carrió: 21,58%
Néstor Kirchner: 17,37%
Felipe Solá: 15,53%
Cristina Kirchner: 15%
Eduardo Duhalde: 11,58%
Mario Das Neves: 10,79%
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domingo, 20 de diciembre de 2009
Artusi: “Entre Ríos es la única provincia de la Región Centro que no reclama ante la Nación por los recursos que le pertenecen"
El diputado provincial José Antonio Artusi (UCR) manifestó que "lamentablemente, vemos cómo Entre Ríos es la única provincia de la Región Centro que no reclama como corresponde ante la Nación por los recursos que legítimamente le pertenecen".
El legislador radical indicó que "tanto la provincia de Córdoba como la de Sante Fe han recurrido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en demanda de fondos de los que la administración central se apodera de manera abusiva"; y recordó que tal camino fue propuesto por el bloque radical el año pasado, a través de un proyecto de ley de su autoría, que - de aprobarse - instruiría "al Poder Ejecutivo Provincial a promover y tramitar una demanda de la Provincia en contra del Estado Nacional, cuyo objeto será que se condene a la Nación abonar a la Provincia las sumas que correspondan por concepto de coparticipación tributaria federal, que resulten suficientes para compensar las pérdidas sufridas por la Provincia por el ejercicio inconstitucional, arbitrario y abusivo que llevó a cabo la Nación de sus facultades en materia fiscal".
Artusi expresó que "es penoso observar cómo Entre Ríos - cuna del federalismo argentino - tolera como si nada pasara este perverso cuadro de centralismo, que ahoga no sólo las finanzas provinciales, sino también la autonomía y el margen de maniobra de gobernadores e intendentes", y señaló que "esta crisis del federalismo fiscal se trasunta claramente en el presupuesto provincial".
El diputado Artusi consideró que la ejecución presupuestaria y el proyecto de presupuesto para el año que viene "muestran con nitidez una provincia que depende cada vez más del gobierno nacional, aumenta peligrosamente su déficit y su endeudamiento, pero a la vez deteriora el salario de sus trabajadores públicos, y carece de mecanismos para definir con racionalidad las inversiones en obras públicas, que además se subejecutan sistemáticamente".-
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El legislador radical indicó que "tanto la provincia de Córdoba como la de Sante Fe han recurrido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en demanda de fondos de los que la administración central se apodera de manera abusiva"; y recordó que tal camino fue propuesto por el bloque radical el año pasado, a través de un proyecto de ley de su autoría, que - de aprobarse - instruiría "al Poder Ejecutivo Provincial a promover y tramitar una demanda de la Provincia en contra del Estado Nacional, cuyo objeto será que se condene a la Nación abonar a la Provincia las sumas que correspondan por concepto de coparticipación tributaria federal, que resulten suficientes para compensar las pérdidas sufridas por la Provincia por el ejercicio inconstitucional, arbitrario y abusivo que llevó a cabo la Nación de sus facultades en materia fiscal".
Artusi expresó que "es penoso observar cómo Entre Ríos - cuna del federalismo argentino - tolera como si nada pasara este perverso cuadro de centralismo, que ahoga no sólo las finanzas provinciales, sino también la autonomía y el margen de maniobra de gobernadores e intendentes", y señaló que "esta crisis del federalismo fiscal se trasunta claramente en el presupuesto provincial".
El diputado Artusi consideró que la ejecución presupuestaria y el proyecto de presupuesto para el año que viene "muestran con nitidez una provincia que depende cada vez más del gobierno nacional, aumenta peligrosamente su déficit y su endeudamiento, pero a la vez deteriora el salario de sus trabajadores públicos, y carece de mecanismos para definir con racionalidad las inversiones en obras públicas, que además se subejecutan sistemáticamente".-
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sábado, 19 de diciembre de 2009
Entregar el petróleo es como entregar nuestra bandera
Por José Antonio Artusi
Textual: Fundamentos del proyecto de ley de hidrocarburos presentado el 19 de Marzo de 2009 por el bloque de diputados provinciales de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos, de autoría del diputado José Antonio Artusi.
Honorable Cámara:
“Entregar el petróleo es como entregar nuestra bandera”
Gral. Ing. Enrique Mosconi
En la sesión del 19 de Noviembre de 2008 ingresó a esta Cámara un proyecto de Ley de Hidrocarburos con el correspondiente Mensaje, remitido por el Poder Ejecutivo Provincial. El presente proyecto de ley pretende constituir una alternativa superadora de aquel, por considerarlo inadecuado y contrario a los intereses de la Provincia y de la Nación de la que formamos parte indisoluble, como se intentará demostrar en estos fundamentos.
No podemos dejar de señalar que hubiéramos preferido transitar un proceso de elaboración de esta iniciativa mucho más participativo y menos apresurado, pero es precisamente la injustificada celeridad que parece advertirse en algunos funcionarios y legisladores oficialistas lo que nos mueve a plantear nuestra disidencia con el proyecto del Ejecutivo y una propuesta alternativa que entendemos es claramente más compatible con la defensa de los intereses de los entrerrianos, en armonía con los de la Nación.
Se sostiene en el Mensaje del Poder Ejecutivo que “ la Constitución Nacional de 1994, en su artículo 124º estableció, tras un arduo debate de los constituyentes, que los recursos del subsuelo son dominio de los Estados provinciales donde se encuentran. Esta determinación significó un giro copernicano en la gestión de recursos naturales. En materia hidrocarburífera, ya en 1989 los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional Nº 1055, 1212 y 1589, ratificados posteriormente por la Ley nacional Nº 24.145, establecieron la desregulación del sector, modificando sustancialmente la operatividad de la Ley nacional Nº 17.319, que rige la actividad desde 1967. Hasta entonces, el Estado nacional, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado -YPF SE- era el responsable de la exploración, explotación y comercialización de los hidrocarburos en el país. La concentración decisoria en manos de la estatal, se mantuvo hasta 1990, cuando mediante el Decreto PEN Nº 2778 la Sociedad Estatal es transformada en Sociedad Anónima en los términos de la Ley N º 19.550 y se procede a iniciar la desintegración vertical de la empresa estatal.” Es altamente llamativo que se omita en el mensaje del Ejecutivo toda consideración valorativa sobre el proceso de entrega y saqueo de nuestros recursos hidrocarburíferos, iniciado precisamente en 1989, durante la presidencia de Carlos Menem, al amparo de las normas mencionadas. Es por ello que se hace necesario dejar en claro que “el programa de privatización y aniquilación del Estado como gestor, contralor y planificador del sector comienza en 1989 con las leyes nacionales 23.696 (de Reforma del Estado), 23.697 (de Emergencia Económica) y una serie de decretos. Prosigue con la conversión de YPF en Sociedad Anónima y la fijación de un cronograma de privatizaciones para el sector, para ceñirse en 1992 con las leyes 24.076 (Privatización de Gas del Estado) y 24.145 (Privatización de YPF SA y Federalización de los yacimientos de hidrocarburos). No obstante haber privatizado las dos empresas clave del sector, el programa petrolero neoliberal hubiera quedado inconcluso sin la inserción del artículo 124 en la reforma de la Constitución Nacional de 1994, que sustenta el aspecto “federal” del dominio jurídico de los hidrocarburos”. (1)
Continúa el mensaje del Ejecutivo aseverando que “la sanción de la Ley nacional Nº 24.145 se ratifica el proceso de desregulación y se establece la “provincialización” de los hidrocarburos. Esas normas permitieron a terceros privados acceder a áreas de exploración y a su explotación, mientras que la titularidad del recurso pasó a los Estados provinciales”. Se consigna más adelante que “la reciente sanción de la Ley nacional Nº 26.197, denominada “ley corta”, ratifica el traspaso pleno de los recursos y los contratos vigentes a las Provincias, estableciendo plazo para la elaboración de una nueva norma federal que garantice el desarrollo sectorial.” El juicio de los investigadores que hemos citado, Federico Bernal, Ricardo De Dicco, y J. F. Freda, con respecto a la “provincialización” de los recursos hidrocarburíferos, es terminante: “la provincialización no sólo es y ha sido la instancia más próxima a la privatización del subsuelo, sino que significa una privatización encubierta. Esta aseveración resulta irrefutable a la luz de dos hechos: 1) cada vez que pasó por la Casa Rosada un gobierno democrático y popular, las oligarquías provinciales (incluida la porteña) alzaban el sofisma de la federalización para debilitar la acción unificadora y estatizadora del gobierno; 2) la transferencia de la renta hidrocarburífera del Estado al sector privado en los años 90 primero pasó por la provincialización de los activos de YPF... La provincialización en Argentina marcha irresponsablemente a contramano de la tendencia mundial orientada hacia la fusión y centralización de las compañías petroleras y energéticas (estatales y privadas) , la aglutinación de naciones en bloque culturales, político-económicos y hasta militares, movilizadas fundamentalmente por factores geopolíticos energéticos… La provincialización logró además remover al país de la mesa de negociaciones, colocando en su lugar a provincias que nada pueden hacer ante la opulencia de ingresos y ganancias de las compañías. No sólo eso, sino que , comparativamente con la Nación (y las operadoras), sus magros productos brutos geográficos, su escasa población y posibilidades físicas de crecimiento y desarrollo económico autolimitan sus argumentos a la hora de solicitar mejores condiciones o mayores porcentajes de la renta…” (2)
La opinión del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO) sobre la “provincialización” y la denominada “ley corta”, a la que tilda de “ley de emiratos” no es menos contundente: “Se ha consumado, en la práctica, la más ignominiosa entrega del patrimonio hidrocarburífero perteneciente a todos los argentinos, a las multinacionales petroleras . El Gobierno Nacional y sus socios han incumplido con el mandato constitucional vigente, resignando la soberanía energética y renunciando a la herramienta fundamental en cuanto hace a la captura de rentas y al consiguiente poder necesario para lograr proveer a la defensa nacional y promover el bienestar de su pueblo... Ese falaz concepto de federalismo, pregonado por gobernadores inescrupulosos y serviles a las petroleras, y convertido en un dogma insensato contra las provincias más pobladas o de la pampa húmeda - a las que se culpa de todos los males cuando han sido sus habitantes quienes más han contribuido al desarrollo energético de la Nación- ha transferido la mayor riqueza común de todos los argentinos a capitales extranjeros, a los que Enrique Mosconi llamaba los " trusts internacionales del petróleo ". Al mismo tiempo reparte inequitativamente las riquezas del subsuelo: habrá una minoría de argentinos muy favorecidos (6.000.000) y una gran mayoría de perjudicados (32.000.000), situación que se agrava ante la crisis social en que estamos inmersos. Se habrá quebrado así el sistema solidario nacido con Y.P.F. Una antinomia mentirosa se ha creado entre quienes representamos una posición nacional y los compatriotas que creen defender los intereses de sus provincias; en realidad estamos discutiendo por la apropiación de una riqueza que hoy no es de la Nación , ni de las Provincia, pues se la llevan las multinacionales del petróleo…Podrá observarse que los grandes presidentes de nuestra historia energética como Yrigoyen, Alvear, Perón e Illia, sin dejar de mencionar a quienes desde José Figueroa Alcorta hasta Raúl Alfonsín -en el transcurso de su mandato- no adoptaron una concepción provincialista sobre la propiedad del subsuelo…Esos Presidentes, con altibajos y diferencias, aplicaron una política de Estado con concepción nacional, siguiendo la línea fijada por Enrique Mosconi en agosto de 1929: la toma del mercado significaba la continuidad del 9 de Julio, pues es ilusoria la independencia política si no se obtiene la económica” (3)
Las privatizaciones de YPF y de Gas del Estado y la seudo-“provincialización” de los recursos naturales, de la mano de un falso federalismo, fueron de este modo los mecanismos perversos para que el pueblo argentino perdiera el manejo estratégico de sus hidrocarburos y resignara una parte sustancial de la renta petrolera, que en el pasado, durante 7 décadas, contribuyera de manera importante a la concreción de la red vial, el parque hidroeléctrico, la red gasífera, y la redistribución de la riqueza. Ricardo De Dicco señala, citando un estudio de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, 2005), que “la participación del Estado en la renta petrolera decreció de un 44,6% en 2001 a un 36% en 2004 y 2005 mientras el resto fue acumulado por las empresas privadas. Al momento de la privatización total de YPF en 1999, el Estado participaba con casi el 42% de la renta petrolera…A modo comparativo, mientras que en Argentina el Estado participa con el 36% de la renta petrolera, en Ecuador y en Venezuela la participación del Estado fue de casi 67%. Ello no sólo se debe al bajo porcentaje de las regalías (12% cuando deberían ser del 50% para las provincias y 25% para el Estado nacional), sino a la inexistencia de una petrolera estatal.” (4)
A un lector desinformado y desprevenido que lea el mensaje del Poder Ejecutivo puede parecerle que la historia de la legislación petrolera y gasífera en la Argentina nació en 1994. No deja de ser sorprendente, sobre todo por provenir de un gobierno conducido por quienes se dicen seguidores de las ideas del ex presidente Juan Domingo Perón. No podrá encontrarse en el mensaje del Ejecutivo la más mínima mención al Artículo 40º de la Constitución Nacional de 1949, que establecía que: “Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación , con la correspondiente participación en su producto, que se convendrá con las provincias”. Tampoco podrá hallarse, a pesar de los recientes homenajes brindados a su memoria, ninguna referencia a las ideas del concordiense Arturo Sampay, convencional constituyente de 1949 mentor del referido artículo 40, y uno de los forjadores del constitucionalismo social en nuestro país, que sostuvo en ese momento: "Porque la nacionalización o estatización de los servicios públicos -que es lo mismo- al suplantar el espíritu y la organización capitalista de su gestión, permite fijar el precio y la distribución del servicio no en procura del lucro privado, sino por criterios de utilidad social…”.
Gustavo Calleja expresa que “ la Ley de Nacionalización que no pudieron conseguir ni Yrigoyen ni Alvear se plasma en el Art. 40 de la Constitución Nacional de 1949; …. El autor del mencionado artículo fue el miembro informante de la mayoría de la Comisión Revisora de la Constitución Arturo Sampay, un destacado constitucionalista… Decía Sampay: “No puedo menos que recordar con emoción a aquel gobernante argentino, Hipólito Yrigoyen, que pocos meses antes de su derrocamiento decía `que el subsuelo mineral de la República no puede ni debe ser objeto de otras explotaciones que las de la Nación misma”.” (5)
Calleja considera que “Yrigoyen fue el primer presidente en comprender en su real significado el tema petrolero y, especialmente, la importancia de su explotación exclusiva y soberana por parte del Estado Nacional, en cuanto a la captura de las rentas derivadas y su inversión en pos de la elevación del nivel de vida de los desposeídos, el crecimiento industrial con su paralela ruptura del modelo de la dependencia no competitiva vigente con Inglaterra y la ocupación efectiva del territorio nacional en base a la explotación integral de los hidrocarburos y a la efectiva presencia del poder nacional. Como sostiene Ricardo Rojas, era conciente que necesitaba las riquezas del subsuelo para hacer realidad una de sus más claras premisas: “La democracia no consiste sólo en la garantía de la libertad política; entraña a la vez la posibilidad para todos de poder alcanzar un mínimo de felicidad siquiera”…” “La visión de Yrigoyen en defensa del desarrollo industrial de la República se manifiesta cuando señala: “El petróleo se debe utilizar para el desarrollo de las industrias nacionales, pero desechando la idea de acelerar la extracción para llegar a exportarlo; esa riqueza es más útil al País en estado de combustible que transformada en valor metálico”. Mencionamos en esta charla a la actual posición del Presidente Lula, pero cómo no va a tener vigencia este concepto yrigoyeneano si en la actual crisis energética integral de nuestro país las exportaciones indiscriminadas, unidas a una explotación intensiva e irracional de los yacimientos, son y han sido las causas principales de la misma. Los argentinos apenas hemos tenido petróleo y gas para autoabastecernos, pero nunca para exportarlo, como es el caso de Venezuela, por ejemplo.” (6)
Al conmemorarse el año pasado el 101º aniversario del descubrimiento del petróleo argentino, decíamos que “los argentinos debíamos renovar nuestro compromiso en pos de recuperar nuestra soberanía energética, la renta petrolera al servicio del desarrollo y el bienestar del pueblo argentino, y la empresa estatal nacional que fue su sostén durante 7 décadas: Yacimientos Petrolíferos Fiscales, obra ideada por Hipólito Yrigoyen, consolidada por Marcelo de Alvear, engrandecida por funcionarios incorruptibles y patriotas como Enrique Mosconi, y defendida por un Presidente que cumplió sus promesas electorales en defensa del interés nacional como Arturo Illia. Ni los conservadores fraudulentos de la "década infame" ni los militares genocidas del "Proceso" se animaron a consumar la entrega del petróleo a las multinacionales que realizaron - sin avergonzarse - menemistas y kirchneristas en la hoy cínicamente denostada década de los ´90. Repsol no es YPF, y que utilice su nombre y sus colores (hasta para exhibirse como "hincha oficial" de la Selección de Fútbol...!) es una afrenta que los argentinos no debemos tolerar y que sólo puede darse en una sociedad adormecida que parece haber perdido la conciencia de la dignidad nacional… ;el petróleo es un recurso natural no renovable, de carácter estratégico, que debe resguardarse y explotarse en pos de obtener una renta que sirva - como lo hacía YPF - para financiar obras de infraestructura de transporte y de energías renovables, como la hidroeléctrica; que sustenten nuestra autodeterminación y soberanía energética en el futuro”
De todos modos, la denominada “ley corta” y la ley de hidrocarburos (en rigor, un bando militar de Onganía) son una realidad y mientras estén vigentes a ellas deberemos adaptarnos en lo que sea inevitable, procurando de todos modos evitar el saqueo de nuestros recursos en el futuro y propendiendo a una armoniosa articulación de los intereses de la provincia con los de la Nación , en el espíritu del verdadero federalismo que debemos defender. La legislación provincial a su vez deberá tender a orientar las futuras reformas que necesariamente deberán introducirse en la normativa nacional, en busca de retomar la concepción de los hidrocarburos como recursos estratégicos que el Estado debe poner al servicio del desarrollo sostenible, con autodeterminación nacional y redistribución equitativa de la riqueza.
Hemos sostenido en los fundamentos de un proyecto de resolución que “el mercado petrolero y de combustibles, en la Argentina y en el mundo, por razones técnicas y económicas que no es del caso detallar aquí en profundidad, es un mercado profundamente concentrado, en manos de pocos y poderosos actores que tienden a manejar una gran capacidad de maniobra en la fijación de los precios. Se trata, en general, de mercados monopólicos u oligopólicos, donde las leyes del mercado de la economía clásica, basadas en la libre competencia y en la interrelación de productores y consumidores como factores de la fijación de los precios no se verifica. Por el contrario, un número reducido de empresas poderosas frente a un vasto universo de consumidores individuales con escasa o nula capacidad de intervención en el mercado, configuran un esquema donde las grandes petroleras fijan las reglas del juego, en procura de maximizar sus beneficios. Esta sencilla razón, basada en la más pura ortodoxia de la economía clásica, y sin necesidad en absoluto de recurrir a tesis de raigambre marxista, es la que explica que durante décadas en la Argentina –hasta el gobierno de Carlos Menem – y desde siempre hasta ahora en la mayor parte de los países del mundo, el mercado petrolero y gasífero sufre una importante y decisiva intervención del Estado nacional, ya sea como empresario o como socio de las empresas privadas, o bien como regulador activo en procura de captar una parte sustancial de la renta petrolera para volcarla en beneficio del desarrollo de sus propias economías. Fue esa sencilla razón la que llevó a Yrigoyen, Alvear y Mosconi a perseguir con obstinación la creación y engrandecimiento de YPF y a romper los lazos de dominación colonial que significaba la presencia de empresas extranjeras pretendiendo imponer condiciones lesivas al interés nacional. Fue la misma razón la que llevó a Juan Domingo Perón a crear Gas del Estado.”
La gran diferencia de este proyecto con respecto al que remite el Poder Ejecutivo es que el nuestro impide– siguiendo la línea histórica del modelo nacional y racional de YPF y Gas del Estado hasta la ley de hidrocarburos de Onganía – la posibilidad de otorgar concesiones de explotación a empresas privadas. Hacerlo significaría, por parte de la provincia, convalidar el modelo de saqueo y entrega de nuestra renta petrolera que inició Menem y que continúa vigente. Por el contrario, se deja abierta la posibilidad de la concurrencia del capital privado de riesgo en la etapa de exploración, pero descubierto el yacimiento la provincia sólo puede otorgar la respectiva concesión a una empresa estatal, que reconoce a su vez el esfuerzo de la empresa privada al contratarla a los efectos de la explotación del recurso, pero reservándose el dominio y la capacidad de decisión (por ejemplo, para industrializar los hidrocarburos en nuestro territorio). De esta manera, la renta petrolera no sólo quedaría en la provincia a través de las regalías y los impuestos, si no también por intermedio de las utilidades y las inversiones de la empresa estatal a crearse, que – de otra manera – emprendería, al decir de Mosconi, “el camino del mar”, vale decir, constituirían remesas al exterior de filiales de las grandes empresas multinacionales del sector.
Por lo demás, el articulado de nuestro proyecto en algunos aspectos coincide formalmente con el del Poder Ejecutivo, sobre la estructura temática de la ley de hidrocarburos y de leyes provinciales de provincias hermanas que la han tomado como modelo; pero - vale la pena reiterarlo y enfatizarlo - con aquella diferencia de fondo que lo hace totalmente diferente en lo sustancial
Consideramos imperioso dejar sentado que estamos convencidos de que el presente proyecto se inscribe – en la medida de lo posible dadas las circunstancias – en el marco de los postulados doctrinarios históricos de la Unión Cívica Radical; los de Yrigoyen, de Alvear, de Mosconi, de Lebensohn, de Balbín, de Perette, de Illia. En tal sentido, cabe recordar que en las Bases de Acción Política sancionadas por la Convención Nacional en 1948 se planteaba, en el punto V, la “nacionalización de los servicios públicos, energía, transporte, combustibles y de aquellas concentraciones capitalistas que constituyen “carteles” o monopolios, resguardando en tal forma el ámbito de la iniciativa privada en su realidad creadora. Administración de los sectores nacionalizados por entes autárquicos nacionales y provinciales.” Mientras que las Bases de Acción Política sancionadas el 14 de Octubre de 1990 postulaban que “el Estado manejará los recursos energéticos, la ampliación de sus disponibilidades, el uso intensivo de los recursos renovables garantizando la igualdad de oportunidades para todos en materia de disponibilidad energética actual y futura en condiciones comparables de continuidad, calidad y acceso para todos los habitantes". (7)
Por las razones expuestas, es que solicitamos el pronto y favorable tratamiento del presente proyecto de ley.-
Bibliografía consultada:
1) y 2) Bernal, Federico; De Dicco, Ricardo, y Freda, José Francisco; Cien años de petróleo argentino: descubrimiento, saqueo y perspectivas; Buenos Aires, Capital Intelectual, 2008.
3) Editorial del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO), Buenos Aires, 30 de noviembre de 2006, en InfoMORENO nº 178.
4) De Dicco, Ricardo; 2010 ¿Odisea energética?: Petróleo y crisis, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2006.
5) y 6) Calleja, Gustavo; Yrigoyen, YPF y el petróleo, en internet http://www.impulsobaires.com.ar/nota.php?id=58670
7) Bases de Acción Política de la Unión Cívica Radical, 1948 y 1990.
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Textual: Fundamentos del proyecto de ley de hidrocarburos presentado el 19 de Marzo de 2009 por el bloque de diputados provinciales de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos, de autoría del diputado José Antonio Artusi.
Honorable Cámara:
“Entregar el petróleo es como entregar nuestra bandera”
Gral. Ing. Enrique Mosconi
En la sesión del 19 de Noviembre de 2008 ingresó a esta Cámara un proyecto de Ley de Hidrocarburos con el correspondiente Mensaje, remitido por el Poder Ejecutivo Provincial. El presente proyecto de ley pretende constituir una alternativa superadora de aquel, por considerarlo inadecuado y contrario a los intereses de la Provincia y de la Nación de la que formamos parte indisoluble, como se intentará demostrar en estos fundamentos.
No podemos dejar de señalar que hubiéramos preferido transitar un proceso de elaboración de esta iniciativa mucho más participativo y menos apresurado, pero es precisamente la injustificada celeridad que parece advertirse en algunos funcionarios y legisladores oficialistas lo que nos mueve a plantear nuestra disidencia con el proyecto del Ejecutivo y una propuesta alternativa que entendemos es claramente más compatible con la defensa de los intereses de los entrerrianos, en armonía con los de la Nación.
Se sostiene en el Mensaje del Poder Ejecutivo que “ la Constitución Nacional de 1994, en su artículo 124º estableció, tras un arduo debate de los constituyentes, que los recursos del subsuelo son dominio de los Estados provinciales donde se encuentran. Esta determinación significó un giro copernicano en la gestión de recursos naturales. En materia hidrocarburífera, ya en 1989 los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional Nº 1055, 1212 y 1589, ratificados posteriormente por la Ley nacional Nº 24.145, establecieron la desregulación del sector, modificando sustancialmente la operatividad de la Ley nacional Nº 17.319, que rige la actividad desde 1967. Hasta entonces, el Estado nacional, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado -YPF SE- era el responsable de la exploración, explotación y comercialización de los hidrocarburos en el país. La concentración decisoria en manos de la estatal, se mantuvo hasta 1990, cuando mediante el Decreto PEN Nº 2778 la Sociedad Estatal es transformada en Sociedad Anónima en los términos de la Ley N º 19.550 y se procede a iniciar la desintegración vertical de la empresa estatal.” Es altamente llamativo que se omita en el mensaje del Ejecutivo toda consideración valorativa sobre el proceso de entrega y saqueo de nuestros recursos hidrocarburíferos, iniciado precisamente en 1989, durante la presidencia de Carlos Menem, al amparo de las normas mencionadas. Es por ello que se hace necesario dejar en claro que “el programa de privatización y aniquilación del Estado como gestor, contralor y planificador del sector comienza en 1989 con las leyes nacionales 23.696 (de Reforma del Estado), 23.697 (de Emergencia Económica) y una serie de decretos. Prosigue con la conversión de YPF en Sociedad Anónima y la fijación de un cronograma de privatizaciones para el sector, para ceñirse en 1992 con las leyes 24.076 (Privatización de Gas del Estado) y 24.145 (Privatización de YPF SA y Federalización de los yacimientos de hidrocarburos). No obstante haber privatizado las dos empresas clave del sector, el programa petrolero neoliberal hubiera quedado inconcluso sin la inserción del artículo 124 en la reforma de la Constitución Nacional de 1994, que sustenta el aspecto “federal” del dominio jurídico de los hidrocarburos”. (1)
Continúa el mensaje del Ejecutivo aseverando que “la sanción de la Ley nacional Nº 24.145 se ratifica el proceso de desregulación y se establece la “provincialización” de los hidrocarburos. Esas normas permitieron a terceros privados acceder a áreas de exploración y a su explotación, mientras que la titularidad del recurso pasó a los Estados provinciales”. Se consigna más adelante que “la reciente sanción de la Ley nacional Nº 26.197, denominada “ley corta”, ratifica el traspaso pleno de los recursos y los contratos vigentes a las Provincias, estableciendo plazo para la elaboración de una nueva norma federal que garantice el desarrollo sectorial.” El juicio de los investigadores que hemos citado, Federico Bernal, Ricardo De Dicco, y J. F. Freda, con respecto a la “provincialización” de los recursos hidrocarburíferos, es terminante: “la provincialización no sólo es y ha sido la instancia más próxima a la privatización del subsuelo, sino que significa una privatización encubierta. Esta aseveración resulta irrefutable a la luz de dos hechos: 1) cada vez que pasó por la Casa Rosada un gobierno democrático y popular, las oligarquías provinciales (incluida la porteña) alzaban el sofisma de la federalización para debilitar la acción unificadora y estatizadora del gobierno; 2) la transferencia de la renta hidrocarburífera del Estado al sector privado en los años 90 primero pasó por la provincialización de los activos de YPF... La provincialización en Argentina marcha irresponsablemente a contramano de la tendencia mundial orientada hacia la fusión y centralización de las compañías petroleras y energéticas (estatales y privadas) , la aglutinación de naciones en bloque culturales, político-económicos y hasta militares, movilizadas fundamentalmente por factores geopolíticos energéticos… La provincialización logró además remover al país de la mesa de negociaciones, colocando en su lugar a provincias que nada pueden hacer ante la opulencia de ingresos y ganancias de las compañías. No sólo eso, sino que , comparativamente con la Nación (y las operadoras), sus magros productos brutos geográficos, su escasa población y posibilidades físicas de crecimiento y desarrollo económico autolimitan sus argumentos a la hora de solicitar mejores condiciones o mayores porcentajes de la renta…” (2)
La opinión del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO) sobre la “provincialización” y la denominada “ley corta”, a la que tilda de “ley de emiratos” no es menos contundente: “Se ha consumado, en la práctica, la más ignominiosa entrega del patrimonio hidrocarburífero perteneciente a todos los argentinos, a las multinacionales petroleras . El Gobierno Nacional y sus socios han incumplido con el mandato constitucional vigente, resignando la soberanía energética y renunciando a la herramienta fundamental en cuanto hace a la captura de rentas y al consiguiente poder necesario para lograr proveer a la defensa nacional y promover el bienestar de su pueblo... Ese falaz concepto de federalismo, pregonado por gobernadores inescrupulosos y serviles a las petroleras, y convertido en un dogma insensato contra las provincias más pobladas o de la pampa húmeda - a las que se culpa de todos los males cuando han sido sus habitantes quienes más han contribuido al desarrollo energético de la Nación- ha transferido la mayor riqueza común de todos los argentinos a capitales extranjeros, a los que Enrique Mosconi llamaba los " trusts internacionales del petróleo ". Al mismo tiempo reparte inequitativamente las riquezas del subsuelo: habrá una minoría de argentinos muy favorecidos (6.000.000) y una gran mayoría de perjudicados (32.000.000), situación que se agrava ante la crisis social en que estamos inmersos. Se habrá quebrado así el sistema solidario nacido con Y.P.F. Una antinomia mentirosa se ha creado entre quienes representamos una posición nacional y los compatriotas que creen defender los intereses de sus provincias; en realidad estamos discutiendo por la apropiación de una riqueza que hoy no es de la Nación , ni de las Provincia, pues se la llevan las multinacionales del petróleo…Podrá observarse que los grandes presidentes de nuestra historia energética como Yrigoyen, Alvear, Perón e Illia, sin dejar de mencionar a quienes desde José Figueroa Alcorta hasta Raúl Alfonsín -en el transcurso de su mandato- no adoptaron una concepción provincialista sobre la propiedad del subsuelo…Esos Presidentes, con altibajos y diferencias, aplicaron una política de Estado con concepción nacional, siguiendo la línea fijada por Enrique Mosconi en agosto de 1929: la toma del mercado significaba la continuidad del 9 de Julio, pues es ilusoria la independencia política si no se obtiene la económica” (3)
Las privatizaciones de YPF y de Gas del Estado y la seudo-“provincialización” de los recursos naturales, de la mano de un falso federalismo, fueron de este modo los mecanismos perversos para que el pueblo argentino perdiera el manejo estratégico de sus hidrocarburos y resignara una parte sustancial de la renta petrolera, que en el pasado, durante 7 décadas, contribuyera de manera importante a la concreción de la red vial, el parque hidroeléctrico, la red gasífera, y la redistribución de la riqueza. Ricardo De Dicco señala, citando un estudio de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, 2005), que “la participación del Estado en la renta petrolera decreció de un 44,6% en 2001 a un 36% en 2004 y 2005 mientras el resto fue acumulado por las empresas privadas. Al momento de la privatización total de YPF en 1999, el Estado participaba con casi el 42% de la renta petrolera…A modo comparativo, mientras que en Argentina el Estado participa con el 36% de la renta petrolera, en Ecuador y en Venezuela la participación del Estado fue de casi 67%. Ello no sólo se debe al bajo porcentaje de las regalías (12% cuando deberían ser del 50% para las provincias y 25% para el Estado nacional), sino a la inexistencia de una petrolera estatal.” (4)
A un lector desinformado y desprevenido que lea el mensaje del Poder Ejecutivo puede parecerle que la historia de la legislación petrolera y gasífera en la Argentina nació en 1994. No deja de ser sorprendente, sobre todo por provenir de un gobierno conducido por quienes se dicen seguidores de las ideas del ex presidente Juan Domingo Perón. No podrá encontrarse en el mensaje del Ejecutivo la más mínima mención al Artículo 40º de la Constitución Nacional de 1949, que establecía que: “Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación , con la correspondiente participación en su producto, que se convendrá con las provincias”. Tampoco podrá hallarse, a pesar de los recientes homenajes brindados a su memoria, ninguna referencia a las ideas del concordiense Arturo Sampay, convencional constituyente de 1949 mentor del referido artículo 40, y uno de los forjadores del constitucionalismo social en nuestro país, que sostuvo en ese momento: "Porque la nacionalización o estatización de los servicios públicos -que es lo mismo- al suplantar el espíritu y la organización capitalista de su gestión, permite fijar el precio y la distribución del servicio no en procura del lucro privado, sino por criterios de utilidad social…”.
Gustavo Calleja expresa que “ la Ley de Nacionalización que no pudieron conseguir ni Yrigoyen ni Alvear se plasma en el Art. 40 de la Constitución Nacional de 1949; …. El autor del mencionado artículo fue el miembro informante de la mayoría de la Comisión Revisora de la Constitución Arturo Sampay, un destacado constitucionalista… Decía Sampay: “No puedo menos que recordar con emoción a aquel gobernante argentino, Hipólito Yrigoyen, que pocos meses antes de su derrocamiento decía `que el subsuelo mineral de la República no puede ni debe ser objeto de otras explotaciones que las de la Nación misma”.” (5)
Calleja considera que “Yrigoyen fue el primer presidente en comprender en su real significado el tema petrolero y, especialmente, la importancia de su explotación exclusiva y soberana por parte del Estado Nacional, en cuanto a la captura de las rentas derivadas y su inversión en pos de la elevación del nivel de vida de los desposeídos, el crecimiento industrial con su paralela ruptura del modelo de la dependencia no competitiva vigente con Inglaterra y la ocupación efectiva del territorio nacional en base a la explotación integral de los hidrocarburos y a la efectiva presencia del poder nacional. Como sostiene Ricardo Rojas, era conciente que necesitaba las riquezas del subsuelo para hacer realidad una de sus más claras premisas: “La democracia no consiste sólo en la garantía de la libertad política; entraña a la vez la posibilidad para todos de poder alcanzar un mínimo de felicidad siquiera”…” “La visión de Yrigoyen en defensa del desarrollo industrial de la República se manifiesta cuando señala: “El petróleo se debe utilizar para el desarrollo de las industrias nacionales, pero desechando la idea de acelerar la extracción para llegar a exportarlo; esa riqueza es más útil al País en estado de combustible que transformada en valor metálico”. Mencionamos en esta charla a la actual posición del Presidente Lula, pero cómo no va a tener vigencia este concepto yrigoyeneano si en la actual crisis energética integral de nuestro país las exportaciones indiscriminadas, unidas a una explotación intensiva e irracional de los yacimientos, son y han sido las causas principales de la misma. Los argentinos apenas hemos tenido petróleo y gas para autoabastecernos, pero nunca para exportarlo, como es el caso de Venezuela, por ejemplo.” (6)
Al conmemorarse el año pasado el 101º aniversario del descubrimiento del petróleo argentino, decíamos que “los argentinos debíamos renovar nuestro compromiso en pos de recuperar nuestra soberanía energética, la renta petrolera al servicio del desarrollo y el bienestar del pueblo argentino, y la empresa estatal nacional que fue su sostén durante 7 décadas: Yacimientos Petrolíferos Fiscales, obra ideada por Hipólito Yrigoyen, consolidada por Marcelo de Alvear, engrandecida por funcionarios incorruptibles y patriotas como Enrique Mosconi, y defendida por un Presidente que cumplió sus promesas electorales en defensa del interés nacional como Arturo Illia. Ni los conservadores fraudulentos de la "década infame" ni los militares genocidas del "Proceso" se animaron a consumar la entrega del petróleo a las multinacionales que realizaron - sin avergonzarse - menemistas y kirchneristas en la hoy cínicamente denostada década de los ´90. Repsol no es YPF, y que utilice su nombre y sus colores (hasta para exhibirse como "hincha oficial" de la Selección de Fútbol...!) es una afrenta que los argentinos no debemos tolerar y que sólo puede darse en una sociedad adormecida que parece haber perdido la conciencia de la dignidad nacional… ;el petróleo es un recurso natural no renovable, de carácter estratégico, que debe resguardarse y explotarse en pos de obtener una renta que sirva - como lo hacía YPF - para financiar obras de infraestructura de transporte y de energías renovables, como la hidroeléctrica; que sustenten nuestra autodeterminación y soberanía energética en el futuro”
De todos modos, la denominada “ley corta” y la ley de hidrocarburos (en rigor, un bando militar de Onganía) son una realidad y mientras estén vigentes a ellas deberemos adaptarnos en lo que sea inevitable, procurando de todos modos evitar el saqueo de nuestros recursos en el futuro y propendiendo a una armoniosa articulación de los intereses de la provincia con los de la Nación , en el espíritu del verdadero federalismo que debemos defender. La legislación provincial a su vez deberá tender a orientar las futuras reformas que necesariamente deberán introducirse en la normativa nacional, en busca de retomar la concepción de los hidrocarburos como recursos estratégicos que el Estado debe poner al servicio del desarrollo sostenible, con autodeterminación nacional y redistribución equitativa de la riqueza.
Hemos sostenido en los fundamentos de un proyecto de resolución que “el mercado petrolero y de combustibles, en la Argentina y en el mundo, por razones técnicas y económicas que no es del caso detallar aquí en profundidad, es un mercado profundamente concentrado, en manos de pocos y poderosos actores que tienden a manejar una gran capacidad de maniobra en la fijación de los precios. Se trata, en general, de mercados monopólicos u oligopólicos, donde las leyes del mercado de la economía clásica, basadas en la libre competencia y en la interrelación de productores y consumidores como factores de la fijación de los precios no se verifica. Por el contrario, un número reducido de empresas poderosas frente a un vasto universo de consumidores individuales con escasa o nula capacidad de intervención en el mercado, configuran un esquema donde las grandes petroleras fijan las reglas del juego, en procura de maximizar sus beneficios. Esta sencilla razón, basada en la más pura ortodoxia de la economía clásica, y sin necesidad en absoluto de recurrir a tesis de raigambre marxista, es la que explica que durante décadas en la Argentina –hasta el gobierno de Carlos Menem – y desde siempre hasta ahora en la mayor parte de los países del mundo, el mercado petrolero y gasífero sufre una importante y decisiva intervención del Estado nacional, ya sea como empresario o como socio de las empresas privadas, o bien como regulador activo en procura de captar una parte sustancial de la renta petrolera para volcarla en beneficio del desarrollo de sus propias economías. Fue esa sencilla razón la que llevó a Yrigoyen, Alvear y Mosconi a perseguir con obstinación la creación y engrandecimiento de YPF y a romper los lazos de dominación colonial que significaba la presencia de empresas extranjeras pretendiendo imponer condiciones lesivas al interés nacional. Fue la misma razón la que llevó a Juan Domingo Perón a crear Gas del Estado.”
La gran diferencia de este proyecto con respecto al que remite el Poder Ejecutivo es que el nuestro impide– siguiendo la línea histórica del modelo nacional y racional de YPF y Gas del Estado hasta la ley de hidrocarburos de Onganía – la posibilidad de otorgar concesiones de explotación a empresas privadas. Hacerlo significaría, por parte de la provincia, convalidar el modelo de saqueo y entrega de nuestra renta petrolera que inició Menem y que continúa vigente. Por el contrario, se deja abierta la posibilidad de la concurrencia del capital privado de riesgo en la etapa de exploración, pero descubierto el yacimiento la provincia sólo puede otorgar la respectiva concesión a una empresa estatal, que reconoce a su vez el esfuerzo de la empresa privada al contratarla a los efectos de la explotación del recurso, pero reservándose el dominio y la capacidad de decisión (por ejemplo, para industrializar los hidrocarburos en nuestro territorio). De esta manera, la renta petrolera no sólo quedaría en la provincia a través de las regalías y los impuestos, si no también por intermedio de las utilidades y las inversiones de la empresa estatal a crearse, que – de otra manera – emprendería, al decir de Mosconi, “el camino del mar”, vale decir, constituirían remesas al exterior de filiales de las grandes empresas multinacionales del sector.
Por lo demás, el articulado de nuestro proyecto en algunos aspectos coincide formalmente con el del Poder Ejecutivo, sobre la estructura temática de la ley de hidrocarburos y de leyes provinciales de provincias hermanas que la han tomado como modelo; pero - vale la pena reiterarlo y enfatizarlo - con aquella diferencia de fondo que lo hace totalmente diferente en lo sustancial
Consideramos imperioso dejar sentado que estamos convencidos de que el presente proyecto se inscribe – en la medida de lo posible dadas las circunstancias – en el marco de los postulados doctrinarios históricos de la Unión Cívica Radical; los de Yrigoyen, de Alvear, de Mosconi, de Lebensohn, de Balbín, de Perette, de Illia. En tal sentido, cabe recordar que en las Bases de Acción Política sancionadas por la Convención Nacional en 1948 se planteaba, en el punto V, la “nacionalización de los servicios públicos, energía, transporte, combustibles y de aquellas concentraciones capitalistas que constituyen “carteles” o monopolios, resguardando en tal forma el ámbito de la iniciativa privada en su realidad creadora. Administración de los sectores nacionalizados por entes autárquicos nacionales y provinciales.” Mientras que las Bases de Acción Política sancionadas el 14 de Octubre de 1990 postulaban que “el Estado manejará los recursos energéticos, la ampliación de sus disponibilidades, el uso intensivo de los recursos renovables garantizando la igualdad de oportunidades para todos en materia de disponibilidad energética actual y futura en condiciones comparables de continuidad, calidad y acceso para todos los habitantes". (7)
Por las razones expuestas, es que solicitamos el pronto y favorable tratamiento del presente proyecto de ley.-
Bibliografía consultada:
1) y 2) Bernal, Federico; De Dicco, Ricardo, y Freda, José Francisco; Cien años de petróleo argentino: descubrimiento, saqueo y perspectivas; Buenos Aires, Capital Intelectual, 2008.
3) Editorial del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO), Buenos Aires, 30 de noviembre de 2006, en InfoMORENO nº 178.
4) De Dicco, Ricardo; 2010 ¿Odisea energética?: Petróleo y crisis, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2006.
5) y 6) Calleja, Gustavo; Yrigoyen, YPF y el petróleo, en internet http://www.impulsobaires.com.ar/nota.php?id=58670
7) Bases de Acción Política de la Unión Cívica Radical, 1948 y 1990.
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El diputado Atilio Benedetti presentó iniciativas en procura de un mayor federalismo fiscal
El diputado nacional por la Unión Cívica Radical Atilio Benedetti asumió su banca con un importante trabajo previo que le permitió presentar un conjunto de proyectos de ley que apuntan a mejorar la performance fiscal de las provincias en general y de Entre Ríos en particular, en especial a aquellos que permitan revertir la tendencia por la cual la Nación copta fondos pertenecientes a las jurisdicciones y crea asimetrías inaceptables.En este sentido, las iniciativas apuntan a que las provincias recuperen su protagonismo que el gobierno de los Kirchner se ocuparon deliberadamente de subestimar.
Así, la eliminación Pre-Coparticipación de IVA y Ganancias; la Coparticipación del 100 % del Impuesto al Cheque; la modificación de la ley 26351 (Ley Martínez Raymonda) y lograr una Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) en el territorio provincial coadyuvan a consolidar el proceso que comenzó el 10 de diciembre.
“Es clave para la consolidación del fuerte bloque opositor que se constituyó en el Parlamento nacional trabajar mucho e inteligentemente, no sólo para cumplir la palabra empeñada en la campaña electoral con proyectos que apunten a la calidad del federalismo argentino, sino porque es necesario avanzar en el proceso que la sociedad nos exigen por la institucionalización de nuestro país a partir de una relación simétrica y equitativa entre la Nación y las provincias y dejar atrás un segmento de nuestra historia donde se fue perdiendo a la mano del Gobierno nacional fondos y recursos que han empobrecido el interior del país”, describió Atilio Benedetti.
Proyectos de Ley de Atilio Benedetti
1) Eliminación Pre-Coparticipación de IVA y Ganancias
Autor: Benedetti, Atilio; Co-Autores: Alfonsín Ricardo; Tunessi, Juan Pedro; Aguad, Oscar; Costa, Eduardo; Rioboo, Sandra; Giubergia, Miguel; Alvarez, Elsa; Orsolini, Pablo; Cusinato Gustavo; Forte, Ulises; Aspiazu, Lucio.
Síntesis: A partir de la privatización de las Jubilaciones, en la década de 1990, para compensar la pérdida de los aportes al sistema jubilatorio el Gobierno Nacional por distintas vías, comenzó a deducir de los fondos coparticipables determinados porcentajes de la recaudación del IVA y Ganancias. Al reestatizarse las AFJP, no tendría sentido seguir privando a las Provincias de su legítimo ingreso por coparticipación. La medida contenida en la Ley implica devolver a las Provincias un valor cercano a los 12.000 millones de pesos, que hoy el Gobierno Nacional asigna en forma discrecional y arbitraria, y hacer efectivo el principio Federal.
2) Coparticipación del 100% del Impuesto al Cheque
Autor: Benedetti, Atilio; Co-Autores: Alfonsín Ricardo; Tunessi, Juan Pedro; Aguad, Oscar; Costa, Eduardo; Rioboo, Sandra; Giubergia, Miguel; Alvarez, Elsa; Orsolini, Pablo; Cusinato Gustavo; Forte, Ulises; Aspiazu, Lucio.
Síntesis: el Impuesto a las Transacciones Financieras (Impuesto al Cheque) por una disposición especial ha quedado afuera del Régimen Regular de Coparticipación de los Impuestos Nacionales; sólo se coparticipa el 30%, quedando el 70% de lo recaudado con destino al Tesoro Nacional. Por esta Ley se dispone que la totalidad de lo recaudado por este Impuesto Nacional, se destine al Régimen de Coparticipación, distribuyendo entre Nación y Provincias los porcentajes generales que el mismo establece. Por esta vía se prevé devolver a las Provincias una suma estimada anualmente en 8.200 millones de pesos.
3) Modificación Ley 26351 (Ley Martínez Raymonda)
Autor: Benedetti, Atilio; Co-Autores: Alfonsín Ricardo; Tunessi, Juan Pedro; Aguad, Oscar; Costa, Eduardo; Rioboo, Sandra; Giubergia, Miguel; Alvarez, Elsa; Cusinato Gustavo; Forte, Ulises.
Síntesis: Persigue el propósito de recuperar para el País, el carácter de proveedor confiable de alimentos al Mundo, y dispone evitar cupos, restricciones cuantitativas, limitaciones o modificaciones que alteren los regímenes que rigen las exportaciones de granos y de carne, medidas que han provocado una caída en la producción que ha llegado a su vez, a poner en peligro el abastecimiento al mercado doméstico.-
4) Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA)
Autor: Benedetti, Atilio; Co-Autores: Alfonsín Ricardo; Tunessi, Juan Pedro; Aguad, Oscar; Costa, Eduardo; Rioboo, Sandra; Giubergia, Miguel; Alvarez, Elsa; Cusinato Gustavo; Orsolini, Pablo.
Síntesis: Se propicia la adecuación de funciones de la ONCCA , con autarquía económico-financiera y técnico-administrativa, en jurisdicción del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Se trata de un organismo técnico, para el fin del control y fiscalización den la cadena de producción agroalimentaria. No puede otorgar subsidios, ni intervenir arbitrariamente en los mercados. Su estructura es reducida y se financia con ingresos por registraciones y derechos. Se eliminan los ROES.-
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LAS JOYAS DE LA ABUELA
Por Esteban AgüeroAntes de entrar en el tema propiamente dicho creo oportuno aclarar que mis opiniones están siempre regidas por una visión de ciudad, mi visión, producto de muchos años de estar trabajando en el tema planificación.
Muchos dirán que qué se hizo en tantos años en materia de planificación y probablemente tengan una parte de razón. Porque lo cierto es que ningún gobierno municipal tuvo nunca una real intención de trabajar sobre la planificación de la ciudad y con planificación no me refiero a esos grandes anuncios rimbombantes como Plan Director, Plan estratégico, Plan de ordenamiento, plan de desarrollo y muchos etc., mas que se podrían agregar.
Nunca tuvieron ni siquiera la intención de planificar algo tan importante como los accesos a la ciudad o los desagües pluviales y lo cierto es que en esas condiciones de trabajo todo lo que se pudiera opinar iba a parar en el mejor de los casos a una caja de archivo. (Esta ciudad, desde 1974 ya va por su 6º Plan urbano, pagado por el Consejo Federal de Inversiones: CFI.)
Dicho esto, también me parece oportuno decir que dentro de esa visión he apoyado iniciativas privadas como la de Bahía Salamanca, Los bungalows del Yacth Club debajo de la barranca de la salamanca y el Puerto Norte en la zona de las balandras o del “lobope”, porque son zonas del estado Nacional o municipal sin ningún uso inmediato ni futuro, muy deterioradas y en las que la inversión privada las iba a revitalizar. Se podrá argumentar, como se argumentó, que se le quitaría las visuales del río a la ciudad, que el ciudadano común se vería privado de su disfrute, pero en realidad los proyectos contemplaban en todos los caso el paseo ribereño libre y gratuito. Esos proyectos, que lamentablemente no se concretaron hubieran mejorado notablemente nuestro perfil costero, pero fundamentalmente no perjudicaban a nadie y no se daba la propiedad. El estado seguía siendo siempre dueño de los terrenos.
Sí me he opuesto a la obra de la costanera sobre la isla del puerto porque, y la realidad lo ha demostrado, sólo será un dique con un camino de coronación a ninguna parte y con la imposibilidad de hacer construcciones ya que, como lo mostró esta creciente, habría que agregar 5m3 de relleno por cada m2 de terreno, algo totalmente imposible, irreal y antieconómico, con el agravante que cuando se quisiera pedir un subsidio para mejorar lo único que tenemos medianamente consolidado y en proceso de abandono como es Pelay y paso Vera, tendríamos, al momento de gestionar una ayuda económica, como una pesada carga los malgastados ¡¡¡100.000.000$!!!.
Dicho esto me voy a referir a la terminal de ómnibus.
La terminal de ómnibus es un caso totalmente distinto: Primero porque todo lo existente se podría poner en valor nuevamente con poco dinero en relación a la tremenda inversión que ya hay hecha allí, sin considerar el valor del terreno,. Segundo porque el traslado de la terminal requiere de una serie de estudios urbanísticos y de transito para poder resolver el mejor lugar de la misma para los usuarios por varios años, tarea ésta que desde que se empezó a hablar de ello no se ha hecho y de esto ya hace mas de 4 años, lo cual pone en evidencia lo dicho anteriormente sobre la falta de voluntad política de planificar.
Me parece oportuno aquí transcribir una carta a redacción enviada a un diario local en la cual cuestiono justamente el mal uso que se pretende hacer con los bienes de la Ciudad y que me parece importante para que se entienda mi razonamiento:
La ciudad: ¿Bien de uso o negocio inmobiliario?
He leído con profunda preocupación el artículo aparecido en vuestro diario el día 20 de febrero, referido a la aprobación del pliego de licitación para la refacción del hotel de la terminal de ómnibus. Específicamente las palabras del Dr. Carrozo que transcribo textualmente:”Carrozzo señaló que al Municipio le interesa tener una terminal nueva, entonces con esa cláusula se puede pedir un canje o contraprestaciones. Eso significa que a quien le interese el hotel o el predio y ofrezca hacer una terminal nueva, en contraprestación por las sumas que se manejen puede pedir la entrega de los bienes en la manzana donde está el complejo, sin perder el fin de rehabilitar básicamente el hotel.
Ya en un artículo anterior referido a la terminal de ómnibus, específicamente del día 24 de julio del 2005, remarqué el impacto que su localización genera en la ciudad a raíz de rumores que ya se hacían oír.
La decisión de construir una terminal nueva no puede ser un negocio inmobiliario en el cual una Institución, una Sociedad Anónima o un particular interesado le proponga graciosamente al municipio quedarse con la manzana y todo lo en ella plantado a cambio de construir una terminal en otro lado.
Es algo que afecta y concierne a toda la comunidad, que hace a la planificación de la ciudad, que involucra a otros medios de transporte como es el ferrocarril, que tiene que estar minuciosamente planificada. Y no puede ser por lo tanto una decisión arbitraria como es esa cláusula.
Agradezco desde ya su publicación. 22 feb. 06.
Esto es lo que me da pie al titulo de la nota: La manzana de la terminal y el mercado municipal son unas de las últimas “joyas de la abuela” que le quedan al municipio para enajenar dado que los promotores de la iniciativa privada solicitan la PROPIEDAD DE LA MANZANA de la Terminal y 50 AÑOS por el Mercado.
La sociedad debería reaccionar ante esto que es un avasallamiento a sus habitantes ya que no existe, al igual que con el puente a la isla, un pedido expreso de la comunidad. Sí es cierto que ha sido harto criticada la Terminal por el estado en que se encuentra, independientemente de que uno pueda pensar que hay una intención de dejar que todo se caiga para que la sociedad reclame. Pero ello no implica que se tenga que regalar a cualquiera que aparezca con unos espejitos de colores como es lo que le están vendiendo a la ciudad.
También es cierto que algunos comunicadores contribuyen a ello cuando dicen a través de sus medios: “Yo quiero una costanera para Uruguay, no se donde” o “Yo quiero una terminal nueva para Uruguay, no se donde”.
La terminal y el hotel son perfectamente recuperables sin tener que buscar mesías salvadores.
Lo del Mercado, aparte que debería ser considerada como OTRA iniciativa privada y no como una sola, ya que son dos proyectos distintos, ha sido siempre una presa codiciada por los inversores privados. Desde hoteles 4 estrellas a centros comerciales han prometido quienes en cada administración municipal se han presentado para hacerse cargo de ese espacio en pleno centro de la ciudad.
Los actores políticos y sociales, las entidades intermedias, los colegios profesionales, deberían tomar debida nota de lo que se está por hacer en esta ciudad, su ciudad, y discutir seriamente cual debería ser el destino de los bienes municipales en general y de estos dos en particular, para que no se siga enajenando el patrimonio de la ciudad.
Por último, quiero cerrar esta nota con unas palabras del Dr. Poggiese, que creo que fue quien mejor interpretó la idiosincrasia de esta ciudad, escritas en su informe preliminar del 4º plan urbano en 1995 (el 5º es el PECU y el 6º recién nos venimos a desayunar en las palabras del Arq. Federik que en la ciudad de Paraná lo están elaborando con una total prescindencia de quienes deberemos soportarlo):
“Respecto a las posibilidades de formalizar legalmente los avances en la formulación de un plan urbano deben ser evaluadas algunas tendencias históricas y algunos procesos coyunturales que han signado a esta ciudad:
· Una preferencia conservadora respecto a lo normativo, que rechaza la innovación.
· Cierta resistencia a aceptar que la vida urbana se complejiza y tratarla como si fuera simple, muchas veces con improvisación.
· La fragmentación de la insuficiente normativa urbanística local, que además de ser repetitiva y superpuesta sobre un escaso número de asuntos, presenta bajos niveles de coherencia y deficiencias serias en su calidad como normativa jurídica.
“Estas tendencias perduran todavía... pero ciertamente deberán ceder en un futuro mediano plazo cuando las evidencias de la improvisación y la falta de respuestas sean intransferibles a las responsabilidades de otros”.
Más claro imposible.
Esteban Agüero
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El Diputado Artusi propuso medidas y pidió informes sobre la gestión de los residuos patológicos en Concepción del Uruguay
El diputado provincial José Antonio Artusi (UCR) presentó este Viernes dos iniciativas vinculadas al grave problema de la inadecuada gestión de los residuos patológicos en Concepción del Uruguay.
En primer término, el legislador radical presentó un proyecto de resolución, por el que propone que la Cámara de Diputados solicite al Poder Ejecutivo Provincial "que disponga con urgencia todas las acciones necesarias a los efectos de garantizar el cumplimiento estricto del Decreto 6009/00, reglamentario de la Ley provincial 8880 en lo relativo a los residuos potencialmente biopatogénicos en el ámbito de la Municipalidad de Concepción del Uruguay". En los fundamentos del proyecto Artusi señaló que se "pretende requerir con urgencia al Poder Ejecutivo Provincial que disponga diversas acciones, en el marco de la normativa vigente y en uso de sus atribuciones, para garantizar la correcta gestión de los residuos patogénicos en la Ciudad de Concepción del Uruguay y evitar la contaminación ambiental y los riesgos para la salud que se pueden derivar de la falta de un manejo adecuado de los residuos de este tipo, que ha sido puesta en evidencia por un video entregado a autoridades locales y provinciales por la Asamblea Ciudadana Ambiental y luego dado a conocer públicamente en una conferencia de prensa".
José Antonio Artusi recordó que en 1991 fue sancionada la Ley nacional 24.051, de Residuos Peligrosos, y que dentro de las categorías sometidas a control se encuentran los residuos patogénicos y potencialmente patogénicos. En 1994 se sancionó en nuestra provincia la Ley 8880, por la que se dispuso la adhesión a la Ley nacional 24.051.Esta ley fue reglamentada recién en el 2000, por el Decreto 6009/00 (Reglamento de la Ley provincial 8880 en lo relativo a los residuos potencialmente biopatogénicos). Este reglamento establece minuciosamente las disposiciones a las que quedan sujetas las actividades de manejo, transporte, tratamiento y disposición final de residuos biopatogénicos
El diputado Artusi expresó que "es evidente que estamos ante un problema de una gravedad inusitada, frente al cual el Poder Ejecutivo Provincial no puede mirar para el costado, sino que debe actuar con celeridad, poniendo todos los recursos disponibles para colaborar con la Municipalidad de Concepción del Uruguay, pero a su vez procurando el estricto cumplimiento de la normativa vigente, en búsqueda de mitigar y/o remediar los daños causados y evitar hacia el futuro acciones en detrimento de la calidad del ambiente y la salud humana".
Además, el legislador uruguayense presentó un pedido de informes, que tomará estado parlamentario en la sesión del Lunes, por el que requiere diversos datos acerca del cumplimiento de las disposiciones del Decreto 6009/08 (Reglamento de la Ley Provincial 8880 en lo relativo a los residuos potencialmente biopatogénicos).-
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En primer término, el legislador radical presentó un proyecto de resolución, por el que propone que la Cámara de Diputados solicite al Poder Ejecutivo Provincial "que disponga con urgencia todas las acciones necesarias a los efectos de garantizar el cumplimiento estricto del Decreto 6009/00, reglamentario de la Ley provincial 8880 en lo relativo a los residuos potencialmente biopatogénicos en el ámbito de la Municipalidad de Concepción del Uruguay". En los fundamentos del proyecto Artusi señaló que se "pretende requerir con urgencia al Poder Ejecutivo Provincial que disponga diversas acciones, en el marco de la normativa vigente y en uso de sus atribuciones, para garantizar la correcta gestión de los residuos patogénicos en la Ciudad de Concepción del Uruguay y evitar la contaminación ambiental y los riesgos para la salud que se pueden derivar de la falta de un manejo adecuado de los residuos de este tipo, que ha sido puesta en evidencia por un video entregado a autoridades locales y provinciales por la Asamblea Ciudadana Ambiental y luego dado a conocer públicamente en una conferencia de prensa".
José Antonio Artusi recordó que en 1991 fue sancionada la Ley nacional 24.051, de Residuos Peligrosos, y que dentro de las categorías sometidas a control se encuentran los residuos patogénicos y potencialmente patogénicos. En 1994 se sancionó en nuestra provincia la Ley 8880, por la que se dispuso la adhesión a la Ley nacional 24.051.Esta ley fue reglamentada recién en el 2000, por el Decreto 6009/00 (Reglamento de la Ley provincial 8880 en lo relativo a los residuos potencialmente biopatogénicos). Este reglamento establece minuciosamente las disposiciones a las que quedan sujetas las actividades de manejo, transporte, tratamiento y disposición final de residuos biopatogénicos
El diputado Artusi expresó que "es evidente que estamos ante un problema de una gravedad inusitada, frente al cual el Poder Ejecutivo Provincial no puede mirar para el costado, sino que debe actuar con celeridad, poniendo todos los recursos disponibles para colaborar con la Municipalidad de Concepción del Uruguay, pero a su vez procurando el estricto cumplimiento de la normativa vigente, en búsqueda de mitigar y/o remediar los daños causados y evitar hacia el futuro acciones en detrimento de la calidad del ambiente y la salud humana".
Además, el legislador uruguayense presentó un pedido de informes, que tomará estado parlamentario en la sesión del Lunes, por el que requiere diversos datos acerca del cumplimiento de las disposiciones del Decreto 6009/08 (Reglamento de la Ley Provincial 8880 en lo relativo a los residuos potencialmente biopatogénicos).-
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lunes, 14 de diciembre de 2009
Artusi: "La recuperación del ferrocarril no será integral sin la reactivación del Puerto de Concepción del Uruguay"
El diputado provincial José Antonio Artusi (UCR) manifestó que "la largamente demorada recuperación del ferrocarril en la provincia de Entre Ríos requiere que vuelvan los trenes tanto de pasajeros como de cargas para ser una recuparación integral y sustentable, y el transporte de cargas no será viable si no se reactiva el puerto de Concepción del Uruguay, que hoy languidece como consecuencia del escaso interés que despierta el dragado del río Uruguay en las autoridades nacionales y provinciales".Artusi consideró que "un esquema de integración del transporte ferroviario y fluvial permitiría explotar adecuadamente las ventajas que poseen con respecto al transporte carretero; menor costo de fletes, menor siniestralidad, y menor impacto ambiental". El legislador uruguayense señaló que "Argentina debe ser uno de los pocos países del mundo que se dan el lujo de desperdiciar las enormes ventajas naturales que tiene para desarrollar los modos ferroviario y fluvial: relieve llano y ríos caudalosos", y lamentó "la irracional y absurda matriz de transporte que prima en nuestro país, obra de las "transformaciones" menemistas, con una desmedida primacía del transporte carretero sobre rutas congestionadas, con sus consecuencias de derroche de combustibles fósiles, encarecimiento de los fletes y una trágica siniestralidad vial, que hace que cada hora muera una persona en accidentes de tránsito".
El diputado Artusi expresó que "culmina el 2009 y cumplimos otro año sin dragado del río Uruguay, y lo que es peor, las expectativas para el año que viene no son más auspiciosas, dadas la promesas incumplidas y las excusas que nos hemos cansado de escuchar de los actuales gobernantes, tanto a nivel nacional como provincial y local".-
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La Asamblea Ambiental difundió un video con impactantes imágenes del basural de Concepción del Uruguay
La Asamblea Ambiental de Concepción del Uruguay brindó una conferencia de prensa en la tarde del Lunes. Se pudieron apreciar impactantes imágenes del basural a cielo abierto de la ciudad, con residuos patológicos tirados en el suelo e incinerados sin ningún tipo de cuidado, y bolsas de basura flotando y desparramadas por doquier.La inundación hizo que las aguas llegaran hasta los sectores donde se disponen los residuos, y se pueden observar enormes cantidades de bolsas de residuos flotando, y otras disperas en la vegetación del lugar. El video, tomado el Miércoles 9 de Diciembre, muestra claramente la llegada de un vehículo destinado a la recolección de residuos patológicos, y cómo dos operarios vuelcan en el lugar, cercano al borde del agua, las bolsas rojas, a las que posteriormente prenden fuego.
La Asamblea difundió el siguiente documento:
ASAMBLEA CIUDADANA AMBIENTAL C.DEL URUGUAY
Comisión para la problemática de la basura.
Resúmen-borrador de la situación del BCA y Propuesta Alternativa
El actual B.C.A municipal,presenta las características comunes a todos estos sistemas, agravado como en éste caso por la saturación y el desborde de la descarga diaria de algo mas de 70 toneladas de R.S.U. y también industriales aunque éstos en menor medida.
Contaminación Hídrica.
Hay presencia de residuos en charcas estancadas alrededor del basural, contaminación y falta de oxígeno en aguas de arroyo aledaño y brazo del Puente de Hierro..Esto se agrava en días de lluvia debido al arrastre.
Contaminación Atmosférica
Permanentemente se perciben olores nauseabundos en las proximidades de la cava originada por la biodegradación de materia orgánica (sulfuro de hidrógeno H25).
Otro factor contaminante es la "quema", la cual según testimonios de algunos recolectores tiene diversos orígenes como por ej :
- Personas que llegan hasta la zona a dejar basura.
-Dos conocidas empresas de la ciudad - identificados por sus vehículos que arrojan sus descartes industriales para luego quemarlos.
Esta sería las principal causa de la quema.
- En algunas oportunidades se han quemado neumáticos para iluminar la tarea nocturna de separación.
- Un hornero ( ladrillero) del lugar, que había denunciado estos incendios, nos manifestó que desde el municipio adjudicaron las quemas a internas, ,riñas territoriales entre recolectores.
Otras veces se han producido accidentalmente.
Las incineraciones casi constantes sin equipos de control ,los residuos domésticos con contenidos de cloro ( lavandina ,etc,) generan dioxinas ,furanos, derivados cancerígenos y aportan al efecto invernadero. .La gran cantidad de plásticos agravan el problema.
La densa humareda afecta la zona,particularmente a la Escuela N ° 38 Roque Sáenz Peña .
Sus docentes comentaron que numerosas veces han debido tapar de alguna manera las rendijas entre la puerta y el piso para preservar el aula del humo.
Hay alumnos diagnosticados con patologías relacionadas a éste problema.
Los responsables de dicha escuela, han organizado algunas reuniones con vecinos y autoridades municipales para dar solución a ésto pero sin tener hasta ahora alguna expectativa razonable. Solo se continúa echando tierra arriba de la basura.
Desconocemos al momento, si el municipio ha dispuesto alguna guardia o vigilancia de recolectores o personal municipal para prevenir "quemas" tal como lo habían prometido en una de las reuniones.
Los funcionarios Dr Bertelotti y Sergio Bravo ,oportunamente requeridos por asambleístas de ésta comisión, ofrecieron a la Asamblea Ambiental una entrevista a coordinar fecha y lugar para tratar el tema.
Contaminación del suelo
La acumulación de basura en el volcadero ,genera microorganismos patógenos y sustancias tóxicas teniendo en cuenta que a pocos metros del lugar funciona un criadero de cerdos y un grupo habitacional de viviendas no hace mucho tiempo inaugurado donde obtuvimos algunas entrevistas.
Impacto en Fauna y Flora
Se observan a simple vista, bolsas de polietileno pendiendo de sarandíes de un arroyo aledaño y deshecho que por el desborde ya llegan a caminos circundantes deteriorando el paisaje.
Otra amenaza son los vectores (animales que se alimentan de residuos) muy transmisores de enfermedades infecciosas ( Leptospirosis etc)
Daños económicos y sociales
A medida que crece el colapso del basural, se van devaluando las propiedades cercanas a éste.
Según testimonios, personas que buscaban eludir la ley, habrían hallado ahí refugio transitorio.
Además de ser un medio de vida, la larga actividad en un BCA incorpora también una cultura, por lo que muchos recolectores son renuentes a a la erradicación definitiva del volcadero y también por desconocer otros sistemas de tratamiento de residuos como por ej ; una moderna Planta a la que podrían ser integrados y dignificados como trabajadores.
A pesar de que ésta evaluación que hemos hecho de la situación no reúne los elementos técnicos ni la rigurosidad científica de una investigación, nuestras observaciones en el lugar, los testimonios, y las entrevistas directas nos llevan a considerar que :
. La acumulación diaria de algo más de 70 toneladas de basura, con volumen y el grado de contaminación alcanzada en el basural a cielo abierto público.
- El rechazo cada vez firme y generalizado de la comunidad más próxima.
- Pedido de Audiencia Pública de vecinos de Talita ,para tratar el proyecto Relleno Sanitario San Cayetano, al cual l llaman, Relocalización, no contestado por el municipio con plazo vencido.
- Los Incipientes BCA clandestinos como el que se está formando en Barrio Mosconi (detràs de la cancha del Club Rivadavia).
- El municipio que intenta solucionar esto con el proyecto Relleno Sanitario San Cayetano en la zona de Talita, donde es resistido por sus vecinos y su asamblea que ya han demandado judicialmente, el BCA actual ha colapsado y la negativa oficial a poner en marcha una moderna Planta de Tratamiento / Recuperación de Residuos Sólidos Urbanos.
Debido a lo reseñado aquí ,la situación del basurero municipal ha colapsado y aún el proyecto de Relleno Sanitario creemos que no es confiable por el temor de que termine siendo mas de lo mismo con otra denominación.
- Rechazo a éstos sistemas en muchas ciudades como por ej en Alvear. En donde el propio HCD impugnó el EPIA ( Estudio Previo de Impacto Ambiental) y el proyecto .
PROPUESTA ALTERNATIVA
Como Comisión proponemos:
1- Instar a las autoridades municipales, a definir públicamente y CONCRETAR una política integral que resuelva la cuestión sanitario - ambiental en relación a los R.S.U. de nuestra ciudad.
2- Que la Asamblea Ambiental promueva una Jornada Ciudadana de Información sobre la problemática socio - ambiental de la basura en general y del humo en particular. Sumémonos a la tarea de nuestros compañeros de Paraná de la Asamblea de los Martes, Asamblea por los Espacios Públicos, Foro Ecologista, y Auto convocados.
3- A partir de que somos consumidores y por lo tanto productores de residuos, todos debemos ser responsables y a la vez protagonistas. Desde la Asamblea convocar a toda la comunidad a un gran debate sobre el tema: Ciudadanos, instituciones educativas, organizaciones intermedias, ambientalistas y todas las organizaciones sociales para "saber de que se trata"
Promover una GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) y Audiencia Pública para definir la futura puesta en marcha de una Planta de Recuperación / Tratamiento de Residuos Urbanos.
Actividades Concretas:
Que la asamblea y sus comisiones de instalen en lugares públicos a considerar, como por ej el Multieventos para contactarse con vecinos, medios periodísticos, etc, para concientizar, informar etc. acerca de las distintas actividades que se está llevando a cabo y otras acciones que puedan surgir del debate de las reuniones.
Comisión para la cuestión de la basura.
C.del Uruguay 09 de Julio de 2009
Hèctor Bogado, Jorge Villarreal, Sara Godoy, Luis Cozza, Raúl Shneider y Julio Bruno.
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domingo, 13 de diciembre de 2009
La defensa de YPF: Enrique Mosconi
Si las nuevas generaciones argentinas necesitan encontrar una figura a la que invocar, en defensa de la soberanía nacional, esa personalidad es la del general Enrique Mosconi, ejemplo del militar consustanciado con su país. Porque para Mosconi la soberanía nacional no comenzaba ni terminaba en los discursos celebratorios de fechas patrióticas, ni eran una metáfora de circunstancia.
"Resulta inexplicable la existencia de ciudadanos
que quieren enajenar nuestros depósitos de
petróleo acordando concesiones de exploración
y explotación al capital extranjero, para
favorecer a éste con las crecidas ganancias que
de tal actividad se obtiene, en lugar de reservar
en absoluto tales beneficios para acrecentar el
bienestar moral y material del pueblo argentino.
Porque entregar nuestro petróleo es como
entregar nuestra bandera"
Enrique Mosconi
Para él, soberanía y nacionalidad, eran algo tangible: la defensa del patrimonio argentino, sus riquezas naturales, eran los hombres y mujeres que con su trabajo escriben las páginas más auténticas de la nacionalidad.
Fue un tenaz defensor de los intereses petrolíferos nacionales durante los ocho años que permaneció como director de la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Supo impulsar a la nueva empresa, no sólo multiplicando su producción sino dotándola de la estructura necesaria para el cumplimiento de sus objetivos básicos. Luego de una prestigiosa carrera militar, el general Mosconi dedicó su accionar a tratar de conseguir una política que permitiera resultados positivos para el país. En su libro "El petróleo argentino y la ruptura de los trusts petrolíferos inglés y norteamericano el 1º de agosto de 1929", expuso sus ideas centradas en una política de "puerta cerrada" y monopolio estatal que -según sus palabras- "terminará con la lucha entre los trusts e YPF". En ese sentido, Mosconi afirmó: "Dos organizaciones, la fiscal y la privada, no pueden coexistir, pues representan intereses antagónicos, destinados a vivir en una lucha de la cual sólo por excepción saldrá triunfante la organización estatista. Para asegurar para nuestro país la riqueza petrolera debe encararse a fondo la cuestión, siendo ello imposible de lograr mientras el Estado no monopolice íntegramente la explotación de sus yacimientos".
Nacido en Buenos Aires el 21 de febrero de 1877 cursó estudios en el Colegio Militar de la Nación, al que ingresó en mayo de 1891. Ingresó luego a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y desempeñó el cargo de subdirector general de Arsenales de Guerra desde 1914 a 1918.
Luego de graduarse como ingeniero civil, se le reconoció como profesional militar pasando al arma de ingenieros. Durante su prestación de servicios viajó a Italia, Bélgica y Alemania donde realizó estudios para la construcción de la usina hidroeléctrica y a gas pobre que funcionaba en Campo de Mayo.
Antes de regresar al país en 1914, patentó en Alemania y cedió al Ministerio de Guerra de la Argentina un dispositivo para cambio de trocha en rodados militares. Otra vez en la Argentina volvió a comandar el cuerpo de Ingenieros hasta ser nombrado subdirector general de Arsenales de Guerra en 1915. Fue designado luego director del Arsenal Esteban de Luca y en marzo de 1920 -ejerciendo el cargo de director de Aeronáutica- fundó el Grupo 1º de Aviación dando así impulso al arma.
Romper los trusts
A través del libro citado y varios trabajos periodísticos explicó Mosconi sus ideas sobre la cuestión petrolera. En una nota publicada en "Noticias Gráficas" del 17 de setiembre de 1932, señaló: "El país reclama una ley que garantice al pueblo argentino el usufructuo total de los beneficios derivados de las explotaciones petrolíferas y que esto se realice en la mayor tranquilidad, libre de la áspera lucha de intereses que pone a prueba, y a menudo mancha, el honor de las personas y la dignidad de las funciones públicas".
"Se trata -continuaba Mosconi- de un asunto demasiado complejo, constituido por múltiples especializaciones que deben ser consultadas para formular un proyecto que coordine con unidad de doctrina las distintas actividades que integran la industria petrolífera y defender así, esta fundamental riqueza pública, establecer el conveniente ordenamiento de su explotación y alcanzar los objetivos que imponen el presente y el porvenir económico de la Nación".
Designado titular de la Dirección General de YPF, el 19 de octubre de 1922, el general Mosconi consiguió a lo largo de sus ocho años de gestión que la empresa pasara de una producción de 348.888 metros cúbicos de petróleo en 1922 a 872.171 metros cúbicos en 1929. Defensor del patrimonio petrolífero del país, puso de manifiesto más de una vez su opinión adversa a los trusts. En el artículo anteriormente citado agregaba a propósito de un proyecto parlamentario sobre hidrocarburos que "es decididamente propulsor del capital privado, que en nuestro país forman casi sin excepción, empresas extranjeras filiales de los grandes trusts y, lo que es peor, descuida este proyecto la necesidad de impulsar el desenvolvimiento de YPF, colocado con respecto a los trusts en inferioridad de condiciones".
Tenaz opositor de los trusts petrolíferos ingleses y norteamericanos señaló en esa oportunidad, y ante las controversias suscitadas por "el trance de acaparamiento" de la Standard Oil -efectivizada mediante la concesión petrolífera en Salta-, "me aferro ahora más que nunca al concepto de puerta cerrada y monopolio que terminará con la actual lucha de predominio entre los trusts e YPF, lucha cuya aspereza irá siempre en aumento".
En el transcurso de su mandato inauguró la Destilería de La Plata -en diciembre de 1925- que entró en producción inmediatamente elaborando nafta, kerosene, fuel oil y a menos de cinco meses de su habilitación comenzó la producción de nafta de aviación. El año 1926 señala la entrada de YPF en el mercado de combustibles con sus propios productos. Dos años después comenzó la explotación de petróleo en Salta y debido a una intensa exploración llevada a cabo en la zona noroeste, se produjo en 1933 el descubrimiento petrolífero de Tranquitas.
En la faz comercial la empresa ganó terreno rápidamente bajo la gestión de Mosconi que en agosto de 1929 rebajó el precio de la nafta en todo el país concretando una nueva rebaja tres meses más tarde. Resalta aún más este acontecimiento comercial si se tiene en cuenta que desde 1928 tenía vigencia en el plano internacional el convenio Achnacarry -firmado entre Standard Oil, Royal Dutch, Shell y Anglo Persian- regido por el principio del "as is" y según el cual cada empresa conservaba la posición que tenía en el mercado en el momento en que se firmara el acuerdo.
La exposición de las ideas del general Mosconi denotaban su preocupación por asegurar los beneficios de la explotación petrolera nacional a través de una legislación adecuada. "El monopolio (sin expropiación de las concesiones existentes) acabará con los rozamientos y lucha de intereses -afirmaba el entonces titular de YPF- con los entorpecimientos y falsas canalizaciones de los trámites legales y reglamentarios de los expedientes. Acabará asimismo con la intromisión de elementos extraños en nuestra política interna, con el soborno, cada vez más alarmante. Evitará futuras complicaciones y perturbaciones en nuestra economía, en nuestro derecho y nuestra soberanía. Usufructuaremos así, íntegramente, en paz y tranquilidad, con honor y dignidad, como podemos y debemos hacerlo, los beneficios de nuestras explotaciones petrolíferas".
Aquella mañana de 1922
Una mañana de agosto de 1922, Mosconi se enteró que la empresa norteamericana West India Oil Co., la única que vendía nafta de aviación, se negaba a suministrarla sin pago adelantado. El entonces coronel Mosconi entrevistó al gerente de la empresa, para ratificar la noticia. Sí, era así. Mosconi le replicó al gerente de la compañía extranjera según cuenta en su libro: "Advierta que el Servicio Aeronáutico del Ejército no debe un centavo a su compañía; que se trata de una repartición militar solvente y dependiente del Ministerio de Guerra y que, por lo tanto, no sólo me sorprenden sus manifestaciones y su exigencia, sino que las considero impertinentes y no las acepto".
Más tarde comentará Mosconi: "Allí, en el mismo escritorio me propuse juramentándome conmigo mismo, cooperar con todos los medios legales para romper los trusts". Hacia esa meta iba Mosconi el 1º de agosto de 1929, cuando YPF rebajó el precio del litro de nafta y tomó "la dirección y el contralor del mercado de combustible líquido en la Argentina". El juramento de 1922, "romper los trusts" había sido satisfecho.
Pero todo se lo llevará el vendaval del 6 de setiembre de 1930, hasta que en 1931, el presidente Uriburu lo citó en la Casa Rosada para anunciarle -para ordenarle- que viajara a Italia en misión de estudios. Era un destierro disfrazado y continuará -aunque retorne al país- en esa condición. El general Justo lo designará director del Tiro y Gimnasia del Ejército. Era algo inaudito. El viejo luchador quedaba relegado a un papel protocolar. Poco después un ataque de hemiplejia lo fulminaría y el 31 de diciembre era retirado de oficio como general de división. Inválido, en el ostracismo político, fallecía el 4 de junio de 1940.
Al memorar su ejemplo -un ejemplo vigente para estos días-, vale la pena recordar aquella sentencia en la que afirmó: "Es bueno vitorear a la Patria, pero es mejor ayudarla a vivir contribuyendo a su engrandecimiento y bienestar".
Fuente: http://www.argenpress.info/
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"Resulta inexplicable la existencia de ciudadanos
que quieren enajenar nuestros depósitos de
petróleo acordando concesiones de exploración
y explotación al capital extranjero, para
favorecer a éste con las crecidas ganancias que
de tal actividad se obtiene, en lugar de reservar
en absoluto tales beneficios para acrecentar el
bienestar moral y material del pueblo argentino.
Porque entregar nuestro petróleo es como
entregar nuestra bandera"
Enrique Mosconi
Para él, soberanía y nacionalidad, eran algo tangible: la defensa del patrimonio argentino, sus riquezas naturales, eran los hombres y mujeres que con su trabajo escriben las páginas más auténticas de la nacionalidad.
Fue un tenaz defensor de los intereses petrolíferos nacionales durante los ocho años que permaneció como director de la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Supo impulsar a la nueva empresa, no sólo multiplicando su producción sino dotándola de la estructura necesaria para el cumplimiento de sus objetivos básicos. Luego de una prestigiosa carrera militar, el general Mosconi dedicó su accionar a tratar de conseguir una política que permitiera resultados positivos para el país. En su libro "El petróleo argentino y la ruptura de los trusts petrolíferos inglés y norteamericano el 1º de agosto de 1929", expuso sus ideas centradas en una política de "puerta cerrada" y monopolio estatal que -según sus palabras- "terminará con la lucha entre los trusts e YPF". En ese sentido, Mosconi afirmó: "Dos organizaciones, la fiscal y la privada, no pueden coexistir, pues representan intereses antagónicos, destinados a vivir en una lucha de la cual sólo por excepción saldrá triunfante la organización estatista. Para asegurar para nuestro país la riqueza petrolera debe encararse a fondo la cuestión, siendo ello imposible de lograr mientras el Estado no monopolice íntegramente la explotación de sus yacimientos".
Nacido en Buenos Aires el 21 de febrero de 1877 cursó estudios en el Colegio Militar de la Nación, al que ingresó en mayo de 1891. Ingresó luego a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y desempeñó el cargo de subdirector general de Arsenales de Guerra desde 1914 a 1918.
Luego de graduarse como ingeniero civil, se le reconoció como profesional militar pasando al arma de ingenieros. Durante su prestación de servicios viajó a Italia, Bélgica y Alemania donde realizó estudios para la construcción de la usina hidroeléctrica y a gas pobre que funcionaba en Campo de Mayo.
Antes de regresar al país en 1914, patentó en Alemania y cedió al Ministerio de Guerra de la Argentina un dispositivo para cambio de trocha en rodados militares. Otra vez en la Argentina volvió a comandar el cuerpo de Ingenieros hasta ser nombrado subdirector general de Arsenales de Guerra en 1915. Fue designado luego director del Arsenal Esteban de Luca y en marzo de 1920 -ejerciendo el cargo de director de Aeronáutica- fundó el Grupo 1º de Aviación dando así impulso al arma.
Romper los trusts
A través del libro citado y varios trabajos periodísticos explicó Mosconi sus ideas sobre la cuestión petrolera. En una nota publicada en "Noticias Gráficas" del 17 de setiembre de 1932, señaló: "El país reclama una ley que garantice al pueblo argentino el usufructuo total de los beneficios derivados de las explotaciones petrolíferas y que esto se realice en la mayor tranquilidad, libre de la áspera lucha de intereses que pone a prueba, y a menudo mancha, el honor de las personas y la dignidad de las funciones públicas".
"Se trata -continuaba Mosconi- de un asunto demasiado complejo, constituido por múltiples especializaciones que deben ser consultadas para formular un proyecto que coordine con unidad de doctrina las distintas actividades que integran la industria petrolífera y defender así, esta fundamental riqueza pública, establecer el conveniente ordenamiento de su explotación y alcanzar los objetivos que imponen el presente y el porvenir económico de la Nación".
Designado titular de la Dirección General de YPF, el 19 de octubre de 1922, el general Mosconi consiguió a lo largo de sus ocho años de gestión que la empresa pasara de una producción de 348.888 metros cúbicos de petróleo en 1922 a 872.171 metros cúbicos en 1929. Defensor del patrimonio petrolífero del país, puso de manifiesto más de una vez su opinión adversa a los trusts. En el artículo anteriormente citado agregaba a propósito de un proyecto parlamentario sobre hidrocarburos que "es decididamente propulsor del capital privado, que en nuestro país forman casi sin excepción, empresas extranjeras filiales de los grandes trusts y, lo que es peor, descuida este proyecto la necesidad de impulsar el desenvolvimiento de YPF, colocado con respecto a los trusts en inferioridad de condiciones".
Tenaz opositor de los trusts petrolíferos ingleses y norteamericanos señaló en esa oportunidad, y ante las controversias suscitadas por "el trance de acaparamiento" de la Standard Oil -efectivizada mediante la concesión petrolífera en Salta-, "me aferro ahora más que nunca al concepto de puerta cerrada y monopolio que terminará con la actual lucha de predominio entre los trusts e YPF, lucha cuya aspereza irá siempre en aumento".
En el transcurso de su mandato inauguró la Destilería de La Plata -en diciembre de 1925- que entró en producción inmediatamente elaborando nafta, kerosene, fuel oil y a menos de cinco meses de su habilitación comenzó la producción de nafta de aviación. El año 1926 señala la entrada de YPF en el mercado de combustibles con sus propios productos. Dos años después comenzó la explotación de petróleo en Salta y debido a una intensa exploración llevada a cabo en la zona noroeste, se produjo en 1933 el descubrimiento petrolífero de Tranquitas.
En la faz comercial la empresa ganó terreno rápidamente bajo la gestión de Mosconi que en agosto de 1929 rebajó el precio de la nafta en todo el país concretando una nueva rebaja tres meses más tarde. Resalta aún más este acontecimiento comercial si se tiene en cuenta que desde 1928 tenía vigencia en el plano internacional el convenio Achnacarry -firmado entre Standard Oil, Royal Dutch, Shell y Anglo Persian- regido por el principio del "as is" y según el cual cada empresa conservaba la posición que tenía en el mercado en el momento en que se firmara el acuerdo.
La exposición de las ideas del general Mosconi denotaban su preocupación por asegurar los beneficios de la explotación petrolera nacional a través de una legislación adecuada. "El monopolio (sin expropiación de las concesiones existentes) acabará con los rozamientos y lucha de intereses -afirmaba el entonces titular de YPF- con los entorpecimientos y falsas canalizaciones de los trámites legales y reglamentarios de los expedientes. Acabará asimismo con la intromisión de elementos extraños en nuestra política interna, con el soborno, cada vez más alarmante. Evitará futuras complicaciones y perturbaciones en nuestra economía, en nuestro derecho y nuestra soberanía. Usufructuaremos así, íntegramente, en paz y tranquilidad, con honor y dignidad, como podemos y debemos hacerlo, los beneficios de nuestras explotaciones petrolíferas".
Aquella mañana de 1922
Una mañana de agosto de 1922, Mosconi se enteró que la empresa norteamericana West India Oil Co., la única que vendía nafta de aviación, se negaba a suministrarla sin pago adelantado. El entonces coronel Mosconi entrevistó al gerente de la empresa, para ratificar la noticia. Sí, era así. Mosconi le replicó al gerente de la compañía extranjera según cuenta en su libro: "Advierta que el Servicio Aeronáutico del Ejército no debe un centavo a su compañía; que se trata de una repartición militar solvente y dependiente del Ministerio de Guerra y que, por lo tanto, no sólo me sorprenden sus manifestaciones y su exigencia, sino que las considero impertinentes y no las acepto".
Más tarde comentará Mosconi: "Allí, en el mismo escritorio me propuse juramentándome conmigo mismo, cooperar con todos los medios legales para romper los trusts". Hacia esa meta iba Mosconi el 1º de agosto de 1929, cuando YPF rebajó el precio del litro de nafta y tomó "la dirección y el contralor del mercado de combustible líquido en la Argentina". El juramento de 1922, "romper los trusts" había sido satisfecho.
Pero todo se lo llevará el vendaval del 6 de setiembre de 1930, hasta que en 1931, el presidente Uriburu lo citó en la Casa Rosada para anunciarle -para ordenarle- que viajara a Italia en misión de estudios. Era un destierro disfrazado y continuará -aunque retorne al país- en esa condición. El general Justo lo designará director del Tiro y Gimnasia del Ejército. Era algo inaudito. El viejo luchador quedaba relegado a un papel protocolar. Poco después un ataque de hemiplejia lo fulminaría y el 31 de diciembre era retirado de oficio como general de división. Inválido, en el ostracismo político, fallecía el 4 de junio de 1940.
Al memorar su ejemplo -un ejemplo vigente para estos días-, vale la pena recordar aquella sentencia en la que afirmó: "Es bueno vitorear a la Patria, pero es mejor ayudarla a vivir contribuyendo a su engrandecimiento y bienestar".
Fuente: http://www.argenpress.info/
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UNA OPORTUNIDAD PERDIDA
Textual: Declaración de la Unión Cívica Radical de Concepción del UruguayEl último 10 de diciembre el intendente Marcelo Bisogni comenzó a transitar su séptimo año como Presidente Municipal.
En lo últimos veintiséis años el justicialismo ha tenido mayoría absoluta en el Concejo Deliberante y ha sido gobierno durante 22 años.
La gestión de Bisogni es la más larga desde el comienzo de la democracia y ha heredado la mejor situación económica, financiera y fiscal que se recuerde desde 1983.-
Le corresponde a la oposición hacer un balance de gestión para ponerlo a disposición de los ciudadanos
Creemos que el Presidente Municipal no ha representado a sus representados, omitiendo ponerse al frente de todos y cada uno de los reclamos que han movilizado a esta ciudad, sino que ha optado siempre por representar más fielmente lo que han sugerido el poder central nacional y provincial. · El tema del dragado es claro ejemplo de esto; · no acompaño la protesta de los productores agropecuarios que tuvo la virtud de desnudar el perverso centralismo fiscal. El reclamo de federalismo económico era mucho más que un reclamo sectorial y a pesar de los petitorios de vastos sectores de la comunidad, Bisogni siguió siendo el mejor alumno de Uribarri-Lauritto y el matrimonio K . Bisogni nada dijo de los mecanismos por el que se apropia la nación indebidamente de una enorme masa de recursos que les corresponden legítimamente a las provincias y por ende a los municipios. El incumplimiento y la falta de interés en defender los intereses uruguayenses han afectado los intereses locales orientados al bien común.
Si el municipio hubiese recibido lo que corresponde, según algunas estimaciones comprobables, solo en los últimos cinco años, - más de sesenta millones de pesos -, nos encontraríamos hoy con un monto significativamente más importante que el de los 10 millones de pesos, de los 1.600 millones de pesos que se pretenden hacer pasar como una supuesta e inexistente "reparación histórica". La verdadera "reparación histórica" consistirá en que los uruguayenses recuperemos los recursos que legítimamente nos pertenecen, para poder decidir entre todos las obras de infraestructura que necesitamos.
Bisogni y Laurito nunca se pusieron de acuerdo sobre los aspectos que tienen que ver con los recursos humanos del municipio.
Al inicio de su gestión el intendente denuncio que en la estructura administrativa del municipio no existía la cadena de mandos. (Veníamos de la gestión Laurito). Es evidente que esto después de 6 años no se ha resuelto, es mas, se ha agravado, a tal punto que su relación con el sindicato municipal es la más conflictiva de los últimos tiempos. Hoy se denuncia el incumplimiento de la ordenanza 2660 y sus modificatorias en la Dirección Provincial de Trabajo.
La estructura del municipio, con dos pilares: 1) la planta permanente 2) distintas modalidades de tercerización: monotributistas, cooperativas, contratos a términos y pasantías que desfinancian las cajas de jubilaciones y los sistemas de salud.
Con respecto a la obra publica, en años como dijimos, de resultados fiscales favorables...
¿ Que es lo que han hecho respecto a los principales problemas de nuestra ciudad ?
Una gestión, a la que la oposición acompaño con la declaración de la emergencia sanitaria en el año 2004 para que se pudiesen solucionar los graves problemas del agua potable, de la planta de tratamiento de residuos cloacales y residuos domiciliarios, luego de seis años no se ha podido avanzar en el plan maestro ni en un centro de reciclado o nuevas alternativas de gestión de residuos urbanos, pero si se gestiona la costanera de la isla del puerto pretendiendo gastar mas de 100 millones de pesos en una obra que nadie pidió.
Sin embargo no se resuelve lo de la planta de tratamiento cloacales ni la cuenca del arroyo las animas, ni la cuenca del gato, y cientos de vecinos hoy inundados sufren las consecuencias de la lógica de la justicia social de este intendente, con obras que pudieron haberse encarado y que cuestan menos que la planta de asesores políticos o de personal contratado que actualmente tiene el municipio.
Después de 6 años seguimos sin aportes a la transparencia. Cientos de pedidos de informes sin contestar a los concejales. Proyectos desde la oposición reclamando digitalizar toda la información presupuestaria, de recursos y gastos a través de una pagina en Internet.
Nada de ello ha sucedido.
Después de 6 años aun no se envió el pliego para la designación por parte del HCD del Juez de Faltas.
Después de 6 años el transito sigue siendo un caos, a pesar de la emergencia vial que propuso la oposición como aporte a solucionarlo.
Después de 6 años el Municipio sigue sin planificar ni fijar políticas de estado que nos permitan saber cuales son las prioridades y los objetivos.
Después de 6 años duermen en algún cajón, las propuestas de la oposición insistiendo en la puesta en marcha del mecanismo del defensor del pueblo, de la banca abierta o de la implementación concreta del Concejo deliberante juvenil, a pesar de las exigencias de la nueva ley 3001 orgánica de municipios y de la nueva Constitución de Entre Ríos en este sentido.
Después de 6 años se siguen presentando presupuestos subvaluados para después hacer de la ejecución presupuestaria una flagrante ilegalidad.
Después de 6 años, aguardamos por resultados concretos en la aplicación de la Auditoria ciudadana que esta misma gestión inicio; aguardamos la convocatoria sincera al dialogo político, tantas veces reclamado por la oposición; aguardamos expresiones contundentes a la omisión del gobierno nacional de fondos para el dragado en el presupuesto después de numerosas asambleas donde se hicieron anuncios y discursos rimbombantes; aguardamos explicaciones sobre porque ahora el asfaltado se cobra y antes de las elecciones por la reelección, se le mintió a la gente diciendo que era gratis.
Después de 6 años aparecen y desaparecen con velocidades inusitadas mega proyectos turísticos y traslados de terminal con inversiones que nadie sabe que aval tienen o de lejanos lugares como la India (que quizás ya nadie recuerde, pero que se anunciaron)
Después de 6 años nos encontramos que se han devastado las organizaciones intermedias, disuelto la juntas vecinales, y hasta se negó la audiencia pública a los vecinos auto convocados por el agua y los vecinos de Talita que reclaman por el basural.
Aguardamos la convocatoria a elecciones para lograr nuestra carta orgánica y la autonomía municipal, después del anuncio de que seriamos la primera ciudad en tenerla.
Después de 6 años aumentaron más del doble el personal político y los empleados municipales, ingresados sin concurso alguno.
Después de 6 años, no tenemos, más Expo Joven, ni Expo, ni rendiciones claras de los subsidios de la fiesta de la playa, ni plan de desarrollo turístico, ni foro cultural, ni Ecutur,
Después de 6 años nada ha cambiado, Seguimos en un camino sin retorno. El del atraso, la arbitrariedad, la soberbia, la impunidad, la ineficiencia, la corrupción y la falta de transparencia.
Seguimos aguardando, la ciudad merece otra realidad.
UNION CIVICA RADICAL
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
DEPARTAMENTO URUGUAY
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RAUL ALFONSIN: SU POLITICA DE DERECHOS HUMANOS EN LA INCIPIENTE DEMOCRACIA ARGENTINA
Por César Arrondo
Con el advenimiento de la Democracia en Argentina y el triunfo del radical Raúl Alfonsín, una de las primeras medidas, tal cual se había comprometido en la campaña electoral, fue crear una comisión con destacadas personalidades de nuestra sociedad, con el propósito de recibir las denuncias sobre desaparición de personas. Cabe recordar, que en ese mismo proceso electoral, el candidato a Presidente del Partido Peronista, el Dr. Ítalo Luder, propicia una “Ley de auto amnistía”, como única propuesta para resolver el tema de Derechos Humanos en la República Argentina.
En tal sentido, a cinco días de asumir la Presidencia de la Nación , más precisamente el 15 de diciembre de 1983, Alfonsín firmó el Decreto 187/83, por el cual propicia constituir una Comisión Nacional, que tendrá como objeto esclarecer los hechos relacionados con la desaparición de personas ocurridas en el país. Así nació la CONADEP.
Las funciones taxativas de esta Comisión serán la de recibir pruebas y denuncias sobre los hechos y remitirlas a la justicia, si ellas están relacionadas con la presunta comisión de delitos, como así también, averiguar el destino o paradero de las personas desaparecidas y toda otra circunstancias relacionada con la localización de las mismas. También el Decreto 187, establece en su articulado, que la Comisión tendrá la tarea de ubicar a los niños desaparecidos, sustraídos a la tutela de sus padres y emitir un informe final, con la explicación detallada de los hechos investigados, a los 180 días a partir de su constitución.
Para llevar adelante esta tarea, el Decreto 187/83 estipula la integración de 16 miembros, invitando además a las Cámaras del Congreso de la Nación a integrar a tres miembros de su cuerpo, lo cual materializó la Cámara de Diputados de la Nación , al designar a Santiago Marcelino López, Hugo Piucill y Horacio Huarte, mientras que el Senado de la Nación , donde el Gobierno de Alfonsín no contaba con una mayoría de miembros, nunca envió sus representantes a la CONADEP. Con el objeto de guardar la máxima objetividad en la tarea que debía llevar adelante la Comisión , el Presidente Alfonsín tomó la determinación que de la misma participaran ciudadanos con gran prestigio nacional e internacional. En este sentido, entre las personalidades que integraron la CONADEP “Ad Honoren”, podemos mencionar a los integrantes: Ernesto Sábato, Ricardo Colombres; René Favaloro, Hilario Fernández Long, Carlos Gatinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall Meyer, Jaime de Nevares, Eduardo Rabossi y Magdalena Ruiz Guiñazú. Con el fin de garantizar un óptimo funcionamiento de la Comisión se constituyeron los siguientes Departamentos y sus responsables: El Departamento de Declaraciones, bajo la responsabilidad de la señora Graciela Fernández Meijide; El Departamento de Documentación y Proceso de información, bajo la responsabilidad de Dr. Daniel Salvador; El Departamento de Procedimiento, bajo la responsabilidad del Dr. Raúl Aragón; El Departamento de Asuntos Legales, bajo la responsabilidad del Dr. Leopoldo Silgueira. Resulta importante destacar que al constituirse la Comisión , el 29 de diciembre de 1983, fue elegido como Presidente de la CONADEP el escritor Ernesto Sábato.
La CONADEP relevó miles de casos de desaparición, secuestro, tortura y ejecuciones. En tal sentido, con cada uno de los casos denunciados se conformo un legajo numerado. La Comisión compiló más de 50.000 páginas de documentación, la cual, fue entregada al Presidente Alfonsín el 20 de diciembre de 1984, sirviendo de fuente documental para el libro Nunca Más, y el posterior juicio que se llevó adelante contra las Tres Juntas militares y dirigentes guerrilleros que violaron los Derechos Humanos, los cuales, fueron condenados a cadena perpetua, para más adelante, ser amnistiados por el Presidente peronista Carlos Menen.
No fue tarea fácil la emprendida por el Presidente Alfonsín, al llevar adelante una investigación y posterior juicio inéditos para el continente americano y el mundo, cuyo corolario fue condenar a las tres Juntas Militares y guerrilleros que violaron los Derechos Humanos, donde históricamente en Argentina, se le daba una la vuelta de página a estos delicados temas, decretando una amplia amnistía. Muchos se preguntarán ¿porque no se llegó al final con los juicios?, En tal sentido, si avanzamos en el desarrollo de la gestión Alfonsín, podremos apreciar que la economía y el accionar de los grupos económicos, no son un tema menor para cualquier gestión de gobierno, que quita y otorga poder y resulta determinante en la cimentación de los gobiernos. En este sentido, Alfonsín recibió un país quebrado, con una deuda externa sin precedentes. Además, cabe dejar en claro que el concierto internacional de países desarrollados, que aplaudieron el retorno a la democracia de la Argentina , no entendieron o no quisieron entender, que un sistema democrático emergente se sustenta con un buen desarrollo económico, fuentes de trabajo y bienestar para los ciudadanos, los cuales, luego de muchos años de sufrimiento y prohibiciones, habían depositado la esperanza en la nueva Democracia. Para lograr este objetivo, se necesitaba de muchas inversiones provenientes del extranjero, pero bueno, está claro que la Argentina al no ser un país estratégico en el tablero del ajedrez mundial, no tuvo su Plan Marshall. En definitiva, las ayudas de países desarrollados al país fueron efímeras, lo cual determinó que la incipiente democracia se tornara débil.
A lo antes mencionado, hay que sumarle los intentos de golpe de estado llevados adelante por los oficiales medios del Ejercito, entre ellos, los protagonizados por los Coroneles Mohamed Ali Seineldín y Aldo Rico, cuya verdadera reivindicación era poner fin a los juicios iniciados por Alfonsín. En tal sentido, en la encrucijada que solo los estadistas deben sortear, entre el abismo y mantener las Instituciones democráticas, Alfonsín en soledad, opto por esta última, dando lugar a las leyes de obediencia debida y punto final, que dieron por finalizados los juicios. Cabe recordar que los militares antes mencionados, luego de finalizadas sus carreras castrenses, se han sumado a la política argentina, afiliándose al Partido Peronista, siendo en la actualidad el Coronel Aldo Rico, el referente en una importante ciudad del Gran Buenos Aires, del ex Presidente Néstor Kirchner, como así también su hija María del Carmen Rico Diputada Nacional hasta hace unos días, en representación del Frente Para la Victoria (FPV), armado político del peronismo del matrimonio Kirchner.
Se cumplen 26 años de esta importante acción de gobierno instrumentada por el Presidente Alfonsín, muchos han querido deliberadamente negar o ningunear esta parte de al historia de nuestro país. Hoy tenemos una democracia que mucho le debe a las determinaciones tomadas en su momento por este ex presidente argentino. Seguro se podrá avanzar mucho en materia de Derechos Humanos en el futuro, pero lo realizado en esos años duros, sólo fue posible de la mano del estadista que pudo conducir con firmeza el barco de la República en medio de sentimientos encontrados, posicionamientos sectoriales y corporativos en el tema de Derechos Humanos. Es cierto que estas políticas ponían al país al borde del abismo, al ser desarrolladas en tiempos de crisis e inestabilidad, pero existía una razón ética para su implementación, más allá que la democracia pendiera de un hilo de seda. Nunca se podrán comparar las políticas implementadas en el retorno de la Democracia con la acción descolgar un cuadro de un militar en un regimiento, cuando el Ejercito Argentino, hoy carece de total poder. En tal sentido, una forma de dar continuidad a ese inédito proceder en materia de Derechos Humanos de cara al futuro, ya que hoy que gozamos de una democracia consolidada que posibilita es continuar con los juicios interrumpidos por los alzamientos militares como se está llevando acabo. Además se debería anular los Decretos de indultos a las Juntas Militares y dirigentes guerrilleros que violaron los Derechos Humanos y retornarlos a prisión perpetua, como así también, iniciar los postergados juicios de investigación sobre la desaparición de casi 2.000 compatriotas, que tuvieron lugar entre los años 1974 y 1976 y lograr el esclarecimiento de la primer desaparición en democracia ocurrido hace tres años en la ciudad de La Plata , me refiero al ciudadano Julio López. Las políticas de Derechos Humanos que se implementen en el futuro, deben ser para todos los ciudadanos, sobre todo, para los que hoy sufren esas privaciones. Será la Democracia Argentina la que deba garantizar la vigencia de todos los Derechos Humanos a los ciudadanos argentinos, ya que muchos de ellos hoy se encuentran al margen de los mismos, como por ejemplo: el acceso a una vivienda digna, el derecho a la salud, a la educación, a la libertad sindical, a la libertad de opinión, a crear ciudadanía y a tener la seguridad de poder vivir, convivir y progresar, en una República que se precie de tal.
Prof. César Arrondo/UNLP
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Con el advenimiento de la Democracia en Argentina y el triunfo del radical Raúl Alfonsín, una de las primeras medidas, tal cual se había comprometido en la campaña electoral, fue crear una comisión con destacadas personalidades de nuestra sociedad, con el propósito de recibir las denuncias sobre desaparición de personas. Cabe recordar, que en ese mismo proceso electoral, el candidato a Presidente del Partido Peronista, el Dr. Ítalo Luder, propicia una “Ley de auto amnistía”, como única propuesta para resolver el tema de Derechos Humanos en la República Argentina.
En tal sentido, a cinco días de asumir la Presidencia de la Nación , más precisamente el 15 de diciembre de 1983, Alfonsín firmó el Decreto 187/83, por el cual propicia constituir una Comisión Nacional, que tendrá como objeto esclarecer los hechos relacionados con la desaparición de personas ocurridas en el país. Así nació la CONADEP.
Las funciones taxativas de esta Comisión serán la de recibir pruebas y denuncias sobre los hechos y remitirlas a la justicia, si ellas están relacionadas con la presunta comisión de delitos, como así también, averiguar el destino o paradero de las personas desaparecidas y toda otra circunstancias relacionada con la localización de las mismas. También el Decreto 187, establece en su articulado, que la Comisión tendrá la tarea de ubicar a los niños desaparecidos, sustraídos a la tutela de sus padres y emitir un informe final, con la explicación detallada de los hechos investigados, a los 180 días a partir de su constitución.
Para llevar adelante esta tarea, el Decreto 187/83 estipula la integración de 16 miembros, invitando además a las Cámaras del Congreso de la Nación a integrar a tres miembros de su cuerpo, lo cual materializó la Cámara de Diputados de la Nación , al designar a Santiago Marcelino López, Hugo Piucill y Horacio Huarte, mientras que el Senado de la Nación , donde el Gobierno de Alfonsín no contaba con una mayoría de miembros, nunca envió sus representantes a la CONADEP. Con el objeto de guardar la máxima objetividad en la tarea que debía llevar adelante la Comisión , el Presidente Alfonsín tomó la determinación que de la misma participaran ciudadanos con gran prestigio nacional e internacional. En este sentido, entre las personalidades que integraron la CONADEP “Ad Honoren”, podemos mencionar a los integrantes: Ernesto Sábato, Ricardo Colombres; René Favaloro, Hilario Fernández Long, Carlos Gatinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall Meyer, Jaime de Nevares, Eduardo Rabossi y Magdalena Ruiz Guiñazú. Con el fin de garantizar un óptimo funcionamiento de la Comisión se constituyeron los siguientes Departamentos y sus responsables: El Departamento de Declaraciones, bajo la responsabilidad de la señora Graciela Fernández Meijide; El Departamento de Documentación y Proceso de información, bajo la responsabilidad de Dr. Daniel Salvador; El Departamento de Procedimiento, bajo la responsabilidad del Dr. Raúl Aragón; El Departamento de Asuntos Legales, bajo la responsabilidad del Dr. Leopoldo Silgueira. Resulta importante destacar que al constituirse la Comisión , el 29 de diciembre de 1983, fue elegido como Presidente de la CONADEP el escritor Ernesto Sábato.
La CONADEP relevó miles de casos de desaparición, secuestro, tortura y ejecuciones. En tal sentido, con cada uno de los casos denunciados se conformo un legajo numerado. La Comisión compiló más de 50.000 páginas de documentación, la cual, fue entregada al Presidente Alfonsín el 20 de diciembre de 1984, sirviendo de fuente documental para el libro Nunca Más, y el posterior juicio que se llevó adelante contra las Tres Juntas militares y dirigentes guerrilleros que violaron los Derechos Humanos, los cuales, fueron condenados a cadena perpetua, para más adelante, ser amnistiados por el Presidente peronista Carlos Menen.
No fue tarea fácil la emprendida por el Presidente Alfonsín, al llevar adelante una investigación y posterior juicio inéditos para el continente americano y el mundo, cuyo corolario fue condenar a las tres Juntas Militares y guerrilleros que violaron los Derechos Humanos, donde históricamente en Argentina, se le daba una la vuelta de página a estos delicados temas, decretando una amplia amnistía. Muchos se preguntarán ¿porque no se llegó al final con los juicios?, En tal sentido, si avanzamos en el desarrollo de la gestión Alfonsín, podremos apreciar que la economía y el accionar de los grupos económicos, no son un tema menor para cualquier gestión de gobierno, que quita y otorga poder y resulta determinante en la cimentación de los gobiernos. En este sentido, Alfonsín recibió un país quebrado, con una deuda externa sin precedentes. Además, cabe dejar en claro que el concierto internacional de países desarrollados, que aplaudieron el retorno a la democracia de la Argentina , no entendieron o no quisieron entender, que un sistema democrático emergente se sustenta con un buen desarrollo económico, fuentes de trabajo y bienestar para los ciudadanos, los cuales, luego de muchos años de sufrimiento y prohibiciones, habían depositado la esperanza en la nueva Democracia. Para lograr este objetivo, se necesitaba de muchas inversiones provenientes del extranjero, pero bueno, está claro que la Argentina al no ser un país estratégico en el tablero del ajedrez mundial, no tuvo su Plan Marshall. En definitiva, las ayudas de países desarrollados al país fueron efímeras, lo cual determinó que la incipiente democracia se tornara débil.
A lo antes mencionado, hay que sumarle los intentos de golpe de estado llevados adelante por los oficiales medios del Ejercito, entre ellos, los protagonizados por los Coroneles Mohamed Ali Seineldín y Aldo Rico, cuya verdadera reivindicación era poner fin a los juicios iniciados por Alfonsín. En tal sentido, en la encrucijada que solo los estadistas deben sortear, entre el abismo y mantener las Instituciones democráticas, Alfonsín en soledad, opto por esta última, dando lugar a las leyes de obediencia debida y punto final, que dieron por finalizados los juicios. Cabe recordar que los militares antes mencionados, luego de finalizadas sus carreras castrenses, se han sumado a la política argentina, afiliándose al Partido Peronista, siendo en la actualidad el Coronel Aldo Rico, el referente en una importante ciudad del Gran Buenos Aires, del ex Presidente Néstor Kirchner, como así también su hija María del Carmen Rico Diputada Nacional hasta hace unos días, en representación del Frente Para la Victoria (FPV), armado político del peronismo del matrimonio Kirchner.
Se cumplen 26 años de esta importante acción de gobierno instrumentada por el Presidente Alfonsín, muchos han querido deliberadamente negar o ningunear esta parte de al historia de nuestro país. Hoy tenemos una democracia que mucho le debe a las determinaciones tomadas en su momento por este ex presidente argentino. Seguro se podrá avanzar mucho en materia de Derechos Humanos en el futuro, pero lo realizado en esos años duros, sólo fue posible de la mano del estadista que pudo conducir con firmeza el barco de la República en medio de sentimientos encontrados, posicionamientos sectoriales y corporativos en el tema de Derechos Humanos. Es cierto que estas políticas ponían al país al borde del abismo, al ser desarrolladas en tiempos de crisis e inestabilidad, pero existía una razón ética para su implementación, más allá que la democracia pendiera de un hilo de seda. Nunca se podrán comparar las políticas implementadas en el retorno de la Democracia con la acción descolgar un cuadro de un militar en un regimiento, cuando el Ejercito Argentino, hoy carece de total poder. En tal sentido, una forma de dar continuidad a ese inédito proceder en materia de Derechos Humanos de cara al futuro, ya que hoy que gozamos de una democracia consolidada que posibilita es continuar con los juicios interrumpidos por los alzamientos militares como se está llevando acabo. Además se debería anular los Decretos de indultos a las Juntas Militares y dirigentes guerrilleros que violaron los Derechos Humanos y retornarlos a prisión perpetua, como así también, iniciar los postergados juicios de investigación sobre la desaparición de casi 2.000 compatriotas, que tuvieron lugar entre los años 1974 y 1976 y lograr el esclarecimiento de la primer desaparición en democracia ocurrido hace tres años en la ciudad de La Plata , me refiero al ciudadano Julio López. Las políticas de Derechos Humanos que se implementen en el futuro, deben ser para todos los ciudadanos, sobre todo, para los que hoy sufren esas privaciones. Será la Democracia Argentina la que deba garantizar la vigencia de todos los Derechos Humanos a los ciudadanos argentinos, ya que muchos de ellos hoy se encuentran al margen de los mismos, como por ejemplo: el acceso a una vivienda digna, el derecho a la salud, a la educación, a la libertad sindical, a la libertad de opinión, a crear ciudadanía y a tener la seguridad de poder vivir, convivir y progresar, en una República que se precie de tal.
Prof. César Arrondo/UNLP
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Etica y derechos humanos
Por Rogelio Alaniz
Un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El texto sigue despertando esperanzas y aprensiones. La redacción es sencilla, precisa y sabia. El que supone que es vulgar, simple u obvia se equivoca. En el prólogo y los treinta artículos están condensados los principios fundamentales que deberían orientar a una sociedad civilizada
Una encuesta en Europa y Estados Unidos dice que el ochenta por ciento de la gente de menos de cuarenta años ignora su existencia y sus contendidos. En lo regímenes totalitarios la resolución es más sencilla: la difusión del texto está prohibida. Sin ir más lejos, en Cuba su divulgación es causal de prisión. Como siempre, las dictaduras suelen ser más concientes que las democracias acerca de lo que les conviene.
Como todo texto cargado de significados la Carta de la ONU admite diversas interpretaciones. Cuando hablamos de derechos humanos pareciera que todos sabemos de lo que estamos hablando, pero las dificultades empiezan no bien nos detenemos a reflexionar sobre sus contenidos.
Juan Manuel Casella, ex ministro de Alfonsín, definió a los derechos humanos como la ética de la democracia. Bella y precisa caracterización para pensar uno de los problemas decisivos de la vida política moderna, porque no hay un solo dato significativo de la historia política de los últimos tres siglos que no haya tenido en cuenta el tema de los derechos del hombre. Las revoluciones inglesa, francesa y norteamericana le otorgaron una importancia decisiva.
Cuando el 10 de diciembre de 1948, luego de haber atravesado los horrores de la guerra, las Naciones Unidas redacta una declaración de principios de treinta artículos que sintetiza la tradición liberal con la tradición socialista y religiosa. A partir de allí los derechos humanos dejan de ser el patrimonio de un partido o de una corriente ideológica para transformarse en una conquista civilizatoria.
Programa de realizaciones políticas y propuesta hacia el futuro, los derechos humanos pueden ser pensados desde la ética o desde el derecho, pero antes que nada importa pensarlos desde su exclusiva dimensión política.
Como diría Cornelius Castoriadis;: “Desde el momento en que se plantea la cuestión social y política, la ética se vincula a la política”. Los derechos humanos pueden ser un conjunto de normas piadosas, pero antes que nada deben ser el producto de un orden institucional articulado. Su vigencia o su ausencia comprometen a toda la sociedad. Norbert Lechner sostiene que “la violación de los derechos humanos es una violación a la sociedad”, por lo que, pensar los derechos humanos es pensar en un orden político que nos compromete a todos.
Dicho así suena muy lindo, pero es necesaria una nueva vuelta de tuerca. Los derechos humanos trascienden la política entendida como práctica del poder, porque su objetivo es ponerle límites al poder. Gerard Soulier lo dice muy bien. “ Los derechos humanos son esencialmente políticos, mas no son toda la política, ellos tienen justamente como objetivo impedir que la política sea un todo, enteramente confundida con el poder”.
La experiencia enseña que una política de derechos humanos enfrenta dos peligros: la ultraderecha que predica a favor de la dictadura y la ultraizquierda que se vale de estas banderas para saldar cuentas con el pasado.
Para la ultraderecha, los derechos humanos existen pero no son universales. Son para ellos y nada más. Para la izquierda tradicional, los derechos humanos sólo se podrán realizar luego de la revolución social. Por motivos aparentemente opuestos unos y otros coinciden en que su existencia está condicionada a las necesidades del Estado, del Estado corporativo y fascista o del futuro estado proletario y revolucionario, para el caso lo mismo da.
Como dijera Marx, en el capitalismo los derechos humanos son una ilusión que se supera a través de una revolución que permitirá salir del reino de la necesidad para acceder al reino de la libertad por el camino de la abolición de la propiedad privada. Sólo así, dice, se sale de la trampa alienada del ciudadano burgués y se ingresa en el reino de la emancipación política. Atendiendo a lo que nos dice la experiencia acerca de los cien millones de muertos provocados por el comunismo en el siglo veinte, no hay motivos para alentar esperanzas humanistas.
La pregunta a hacerse a continuación es acerca de cuáles son en términos prácticos los derechos humanos que un sistema político debe preservar y proteger. Para Hannah Arendt “sólo existe un único derecho humano” y agrega a continuación: ” El hombre es privado de sus derechos humanos cuando se le priva de su derecho a tener derechos.”
En la Argentina las organizaciones de derechos humanos se constituyeron cuando el terror estatal y paraestatal asesinaba a mansalva y el primer derecho a defender era el derecho a la vida. No es casualidad que la APDH se haya fundado a fines de 1975. Tampoco es casualidad que haya estado integrada por un amplio abanico político y religioso. Entonces, las urgencias de salvar vidas y protegerse no permitía sectarismos de ninguna clase. Bastaba con un mínimo de decencia personal y generosidad política.
La resistencia a la dictadura se pensó como un proyecto amplio y no sectario. Había mucho miedo flotando en el aire como para darse el lujo de ser sectario. Un sacerdote, un pastor, un rabino un dirigente conservador, un intelectual gestionando en diferentes ámbitos podían salvar vidas y su presencia nos hacían sentir que no estábamos tan solos. Es más, el gran esfuerzo de los militantes era lograr la adhesión para esta causa de sectores tradicionales y conservadores capaces de vibrar de indignación por lo que estaba haciendo la dictadura militar en esos años.
Hoy los tiempos han cambiado y pareciera que si no se es marxista leninista o si no se aprueba a libro cerrado el accionar de las organizaciones armadas de los años setenta no se puede ser un defensor de los derechos humanos. El sectarismo en sus versiones más áridas y mediocres, más fanáticas y necias se ha instalado en un tema que exige lo opuesto para realizarse: tolerancia, rechazo a subordinar los derechos humanos a una estrategia de poder, desconfianza a quienes adhieren a un pasado edulcorado por la nostalgia, el resentimiento y el fracaso.
Pensar en una estrategia adecuada es algo más complejo que agitar consignas que pueden llegar a ser justas, pero no permite darle estatura institucional. La condena a un represor no alcanza a configurar una real estrategia de derechos humanos. La condena puede estar motivada por razones individuales o, como dijera José Mujica, por el afán de venganza, entendible humanamente pero muy alejado de lo que debe ser un diseño institucional serio.
Las instituciones conocidas como de “derechos humanos” trabajan sobre el pasado y allí reside su virtud, pero también su límite. Ajustar cuentas con torturadores puede ser estimulante, pero es apenas un punto de partida que para perfeccionarse debe integrarse a una estrategia amplia de construcción del estado derecho, la garantía última de un orden político fundado en los derechos humanos.
Desacoplar los juicios a los represores de la democracia política y el estado de derecho provoca deslizamientos ideológicos hacia el extremismo, reduce la justicia a una aventura personal y deja abierta la posibilidad de ser manipulado por el poder político de turno. Que los Kirchner sean hoy los abanderados de esta causa y, además, los proveedores de puestos y rentas, confirma que la trampa ha dado resultado.
Fuente: http://www.rogelioalaniz.com.ar/
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Un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El texto sigue despertando esperanzas y aprensiones. La redacción es sencilla, precisa y sabia. El que supone que es vulgar, simple u obvia se equivoca. En el prólogo y los treinta artículos están condensados los principios fundamentales que deberían orientar a una sociedad civilizada
Una encuesta en Europa y Estados Unidos dice que el ochenta por ciento de la gente de menos de cuarenta años ignora su existencia y sus contendidos. En lo regímenes totalitarios la resolución es más sencilla: la difusión del texto está prohibida. Sin ir más lejos, en Cuba su divulgación es causal de prisión. Como siempre, las dictaduras suelen ser más concientes que las democracias acerca de lo que les conviene.
Como todo texto cargado de significados la Carta de la ONU admite diversas interpretaciones. Cuando hablamos de derechos humanos pareciera que todos sabemos de lo que estamos hablando, pero las dificultades empiezan no bien nos detenemos a reflexionar sobre sus contenidos.
Juan Manuel Casella, ex ministro de Alfonsín, definió a los derechos humanos como la ética de la democracia. Bella y precisa caracterización para pensar uno de los problemas decisivos de la vida política moderna, porque no hay un solo dato significativo de la historia política de los últimos tres siglos que no haya tenido en cuenta el tema de los derechos del hombre. Las revoluciones inglesa, francesa y norteamericana le otorgaron una importancia decisiva.
Cuando el 10 de diciembre de 1948, luego de haber atravesado los horrores de la guerra, las Naciones Unidas redacta una declaración de principios de treinta artículos que sintetiza la tradición liberal con la tradición socialista y religiosa. A partir de allí los derechos humanos dejan de ser el patrimonio de un partido o de una corriente ideológica para transformarse en una conquista civilizatoria.
Programa de realizaciones políticas y propuesta hacia el futuro, los derechos humanos pueden ser pensados desde la ética o desde el derecho, pero antes que nada importa pensarlos desde su exclusiva dimensión política.
Como diría Cornelius Castoriadis;: “Desde el momento en que se plantea la cuestión social y política, la ética se vincula a la política”. Los derechos humanos pueden ser un conjunto de normas piadosas, pero antes que nada deben ser el producto de un orden institucional articulado. Su vigencia o su ausencia comprometen a toda la sociedad. Norbert Lechner sostiene que “la violación de los derechos humanos es una violación a la sociedad”, por lo que, pensar los derechos humanos es pensar en un orden político que nos compromete a todos.
Dicho así suena muy lindo, pero es necesaria una nueva vuelta de tuerca. Los derechos humanos trascienden la política entendida como práctica del poder, porque su objetivo es ponerle límites al poder. Gerard Soulier lo dice muy bien. “ Los derechos humanos son esencialmente políticos, mas no son toda la política, ellos tienen justamente como objetivo impedir que la política sea un todo, enteramente confundida con el poder”.
La experiencia enseña que una política de derechos humanos enfrenta dos peligros: la ultraderecha que predica a favor de la dictadura y la ultraizquierda que se vale de estas banderas para saldar cuentas con el pasado.
Para la ultraderecha, los derechos humanos existen pero no son universales. Son para ellos y nada más. Para la izquierda tradicional, los derechos humanos sólo se podrán realizar luego de la revolución social. Por motivos aparentemente opuestos unos y otros coinciden en que su existencia está condicionada a las necesidades del Estado, del Estado corporativo y fascista o del futuro estado proletario y revolucionario, para el caso lo mismo da.
Como dijera Marx, en el capitalismo los derechos humanos son una ilusión que se supera a través de una revolución que permitirá salir del reino de la necesidad para acceder al reino de la libertad por el camino de la abolición de la propiedad privada. Sólo así, dice, se sale de la trampa alienada del ciudadano burgués y se ingresa en el reino de la emancipación política. Atendiendo a lo que nos dice la experiencia acerca de los cien millones de muertos provocados por el comunismo en el siglo veinte, no hay motivos para alentar esperanzas humanistas.
La pregunta a hacerse a continuación es acerca de cuáles son en términos prácticos los derechos humanos que un sistema político debe preservar y proteger. Para Hannah Arendt “sólo existe un único derecho humano” y agrega a continuación: ” El hombre es privado de sus derechos humanos cuando se le priva de su derecho a tener derechos.”
En la Argentina las organizaciones de derechos humanos se constituyeron cuando el terror estatal y paraestatal asesinaba a mansalva y el primer derecho a defender era el derecho a la vida. No es casualidad que la APDH se haya fundado a fines de 1975. Tampoco es casualidad que haya estado integrada por un amplio abanico político y religioso. Entonces, las urgencias de salvar vidas y protegerse no permitía sectarismos de ninguna clase. Bastaba con un mínimo de decencia personal y generosidad política.
La resistencia a la dictadura se pensó como un proyecto amplio y no sectario. Había mucho miedo flotando en el aire como para darse el lujo de ser sectario. Un sacerdote, un pastor, un rabino un dirigente conservador, un intelectual gestionando en diferentes ámbitos podían salvar vidas y su presencia nos hacían sentir que no estábamos tan solos. Es más, el gran esfuerzo de los militantes era lograr la adhesión para esta causa de sectores tradicionales y conservadores capaces de vibrar de indignación por lo que estaba haciendo la dictadura militar en esos años.
Hoy los tiempos han cambiado y pareciera que si no se es marxista leninista o si no se aprueba a libro cerrado el accionar de las organizaciones armadas de los años setenta no se puede ser un defensor de los derechos humanos. El sectarismo en sus versiones más áridas y mediocres, más fanáticas y necias se ha instalado en un tema que exige lo opuesto para realizarse: tolerancia, rechazo a subordinar los derechos humanos a una estrategia de poder, desconfianza a quienes adhieren a un pasado edulcorado por la nostalgia, el resentimiento y el fracaso.
Pensar en una estrategia adecuada es algo más complejo que agitar consignas que pueden llegar a ser justas, pero no permite darle estatura institucional. La condena a un represor no alcanza a configurar una real estrategia de derechos humanos. La condena puede estar motivada por razones individuales o, como dijera José Mujica, por el afán de venganza, entendible humanamente pero muy alejado de lo que debe ser un diseño institucional serio.
Las instituciones conocidas como de “derechos humanos” trabajan sobre el pasado y allí reside su virtud, pero también su límite. Ajustar cuentas con torturadores puede ser estimulante, pero es apenas un punto de partida que para perfeccionarse debe integrarse a una estrategia amplia de construcción del estado derecho, la garantía última de un orden político fundado en los derechos humanos.
Desacoplar los juicios a los represores de la democracia política y el estado de derecho provoca deslizamientos ideológicos hacia el extremismo, reduce la justicia a una aventura personal y deja abierta la posibilidad de ser manipulado por el poder político de turno. Que los Kirchner sean hoy los abanderados de esta causa y, además, los proveedores de puestos y rentas, confirma que la trampa ha dado resultado.
Fuente: http://www.rogelioalaniz.com.ar/
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Dónde “nada el pájaro y vuela el pez…”
Por José Antonio ArtusiEl 16 de Abril de 2001, el diario La Nación publicó un breve pero esclarecedor artículo de Mario Bunge, titulado “La idea de proyecto nacional”, que debería estar en el escritorio de todo gobernante. El artículo finaliza con una aseveración contundente y con una pregunta inquietante: “Quien no planifica es víctima de algún planificador. Si esto se sabe en países tan diferentes como Luxemburgo y Canadá, ¿llegará a saberse en la Argentina ?” Nosotros podríamos agregar “¿llegará a saberse en Concepción del Uruguay?”.
El interrogante surge a propósito del análisis del interés manifestado por parte de dos empresas para realizar, bajo la modalidad de “Iniciativa Privada”, un “desarrollo turístico comercial”, que comprende:
- El traslado de la Terminal de ómnibus, mediante la construcción de una nueva en un predio situado sobre el acceso de tránsito pesado.
- La construcción, en el predio de la actual Terminal y el ex hotel Francisco Ramírez, de un complejo comercial y un apart hotel de 4 estrelllas.
- La “puesta en valor” del Mercado 3 de Febrero, transformándolo en un centro comercial, de espectáculos, y sala de juegos de azar.
Los empresarios pretenden que se convoque a licitación pública bajo el régimen de iniciativa privada y, de imponerse, que se les otorgue la propiedad del inmueble de la actual Terminal y la concesión de la explotación del complejo ubicado en el Mercado 3 de Febrero por 50 años.
La iniciativa, contrariando toda lógica y prudencia, fue presentada en un espectacular show en el Auditorio Carlos María Scelzi, aún antes de que los concejales tomen conocimiento, con la presencia y el aval del Presidente Municipal, el Vice Gobernador y el Gobernador de la provincia.
Posteriormente, uno de los empresarios asistió a una sesión del Concejo Deliberante en comisión, en la que dejó más dudas que certezas.
En primer lugar, debemos alertar a la ciudadanía acerca de la absoluta inconveniencia del mecanismo de “iniciativa privada” para definir grandes decisiones que afectan de manera gravitante el desarrollo urbano de la ciudad, como en el caso que nos ocupa. El mecanismo de “iniciativa privada”, regulado por la Ordenanza 4217, remite a la ley provincial 8291, de 1989, que adhiere a su vez a la ley nacional 23.696, eufemísticamente denominada de “reforma del Estado”, cuando debió haberse llamado de “desgüace y de entrega del Estado”; obra intelectual del entonces Ministro Dromi, en el inicio de la década menemista. Nada bueno puede esperarse de todas esas normas, y la ordenanza 4217 debería ser derogada si queremos evitar problemas mayores en el futuro. La Unión Cívica Radical, conciente de estos peligros y en defensa de los intereses de los uruguayenses, así lo propuso en su última plataforma electoral.
La denominada “iniciativa privada” consiste en la identificación por parte de algún empresario de alguna oportunidad de negocios con bienes públicos, en la declaración de interés público por el municipio, y en la posterior convocatoria a licitación pública para la concesión respectiva, en la que el iniciador tiene ciertas ventajas. Se trata de un mecanismo intrínsecamente tramposo, por cuanto ningún empresario va a dejar de presentar su iniciativa de modo tal de tener ventajas abrumadoras con respecto a posibles competidores en la licitación pública. En este caso se agrega el escandaloso apoyo político-institucional evidenciado por la presencia de las máximas autoridades locales y provinciales en el show de presentación.
Pero además, la “iniciativa privada” tiene un problema insoluble como mecanismo de toma de decisiones en grandes obras de urbanismo, que queda reflejado en el certero título de un documento difundido recientemente por la Unión Cívica Radical de Concepción del Uruguay: “el mundo del revés”. En efecto, en las ciudades que planifican seriamente su desarrollo urbano – y que por ende no son víctimas de otros planificadores – las grandes decisiones acerca de las localizaciones y los usos a asignar a los edificios públicos se toman en el marco de escenarios de planificación estratégica, con la participación activa de todos los actores sociales, y con rigurosos estándares técnicos, que sopesan adecuadamente los pros y los contras de cada alternativa, priorizando siempre la defensa del interés público. Es obvio que las empresas privadas, que no tienen por misión otra cosa que maximizar sus ganancias, y no la defensa de los intereses del conjunto, no pueden ser quienes decidan acerca de cuestiones tan trascendentes para el futuro de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes tales como la localización de la Terminal , el destino del actual predio de la terminal, y el destino del Mercado 3 de Febrero. En tal caso, estaríamos en el mundo del revés, donde nada el pájaro y vuela el pez…
De todos modos, corresponde también analizar algunos aspectos específicos de la propuesta, para desentrañar los peligros adicionales que de ella se derivan.
- La localización de la Terminal : se pretende hacer creer a los uruguayenses que la actual localización de la Terminal es inadecuada. Quién lo dice? Qué estudio técnico lo convalida? Sólo se esgrimen argumentos endebles y sin mayor fundamento, que algunos repiten como loros y que se pretende que todos aceptemos como verdad revelada. Pero la realidad indica que no existen razones valederas que aconsejen el traslado de la actual Terminal. El arquitecto Estaban Agüero ha mostrado con claridad en un artículo las ventajas de mantener una localización céntrica como la actual, y los inconvenientes que se derivarían de un eventual traslado a un lugar más alejado, sobre la base de la experiencia comparada de otras ciudades entrerrianas y argentinas. Pero quizás más importante: quién debe decidir sobre esta cuestión: un par de empresas foráneas interesadas en hacer negocios con bienes públicos, o los uruguayenses en el marco de un proceso serio de planificación del desarrollo de la ciudad?
- El destino del ex hotel Francisco Ramírez: sobre esta cuestión surgen muchísimas dudas. Es razonable pensar en esa localización para un complejo comercial y hotelero de categoría? Es sensato pensar en un eje turístico entre dos polos formados por el centro de la ciudad y el predio de la actual Terminal? Si se piensa en la eventual permanencia de la Terminal en su actual localización, podría en cambio plantearse destinar el edificio del viejo hotel, hoy convertido en un hotel de palomas, ratas y cucarachas por obra de la actual y anteriores gestiones, a la concreción de un centro administrativo para oficinas municipales y provinciales, lo que podría contribuir a la descongestión del micro-centro de la ciudad, hoy con graves problemas de estacionamiento y de tránsito.
- El destino del Mercado 3 de Febrero: también aquí aparecen numerosos interrogantes. Qué sentido tiene un centro de espectáculos en un complejo que no tiene estacionamiento? Es razonable pensar en un “casino electrónico” privado, a escasas cuadras del casino estatal? Ya nos hemos referido a los peligros de la privatización del juego en otro artículo, por lo que no abundaremos sobre esa cuestión; pero su posibilidad es un punto que no puede ignorarse a la hora de evaluar esta “iniciativa privada”. Es necesario vincular indefectiblemente la realización de un centro comercial en este edificio a la entrega de la propiedad del inmueble de la Terminal ? También aquí podrían plantearse programas de necesidades más convenientes, adecuados a la idiosincrasia de los uruguayenses y a la defensa de sus intereses, en el marco de un verdadero proceso de desarrollo local, es decir endógeno, y no impuesto como espejitos de colores desde afuera.
Hacia una propuesta alternativa
Si bien la iniciativa analizada tiene tantas contraindicaciones y genera tantas dudas, no es menos cierto que la ciudad necesita una Terminal en condiciones razonables y que no de la deplorable imagen de la actual. Es verdad también que urge encontrar un destino razonable al edificio del ex hotel, para que deje de ser sólo un albergue para alimañas. Es verdad que podría sacarse mejor provecho al Mercado 3 de Febrero y es verdad que el desarrollo turístico de la ciudad necesita un emprendimiento hotelero de categoría. Pero para avanzar razonablemente hacia el logro de estos objetivos, debemos replantearnos con mucha fuerza dónde estamos y hacia dónde queremos ir, confiando en nuestras propias fuerzas y no dejando que nos vendan ilusiones dictadas por intereses que no son los nuestros. Un mínimo de lucidez y dignidad así lo exige. Es por eso imprescindible que comience a gestarse un esbozo de propuesta alternativa, sin dueño, o mejor dicho del que todos los uruguayenses seamos dueños. Aporto al debate que debe surgir para elaborar esa propuesta las siguientes ideas:
- Retomar el camino de la planificación participativa del desarrollo de la ciudad
En el mensaje de apertura de sesiones ordinarias 2009, el Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal expresó que desde la Subsecretaría de Planeamiento “se solicitó a las distintas áreas municipales el aporte de sugerencias para la elaboración del Nuevo Plan Estratégico de Concepción del Uruguay, elaborando un informe base para dar comienzo a un trabajo mancomunado localmente y con respaldo de la Secretaría de Planificación de la Provincia ". A su vez, el Secretario de Planeamiento de la provincia ha manifestado en declaraciones públicas, en alusión al autor de este artículo que “solamente desde la ignorancia se puede argumentar que no existe una acción de planeamiento urbano en Concepción del Uruguay. Desde hace ya más de dos meses un equipo multidisciplinario financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) está realizando la puesta al día del plan estratégico urbano”. Efectivamente, he argumentado desde la ignorancia, porque desconocía hasta ese momento, como lo desconoce prácticamente la totalidad de los uruguayenses, que se había puesto en marcha un proceso de planificación. De todos modos, si así fuera, lo están haciendo de la peor manera posible, casi en secreto, y sin el menor atisbo de participación ciudadana. Mi ignorancia habla peor de los responsables de esa supuesta planificación que de mí.
Urge rescatar en serio la notable tradición uruguayense en materia de planificación y convocar a todos los sectores sin exclusiones a debatir con grandeza el futuro de la ciudad. En ese escenario, no se puede desechar el camino ya recorrido por anteriores instancias de planificación. Una de ellas fue el Plan Estratégico de Concepción del Uruguay, elaborado con la coordinación del arquitecto Alfredo Garay durante la gestión de Luis Enrique Bermúdez. El Eje de Diagnóstico número 4 de dicho plan, referido a la estructura urbana, señala que “la ciudad carece de una directiva clara, capaz de persuadir a la sociedad de la conveniencia y oportunidad de invertir coordinadamente recursos en la ciudad, en el marco de una regulación que permita estructurar la ciudad correctamente, poniendo en valor el patrimonio construido y abriendo nuevos espacios para la construcción de la modernidad”. A este Eje de Diagnóstico se le contraponía un Eje Estratégico, consistente en “implementar un plan urbanístico para la ciudad de Concepción del Uruguay”. Uno de los problemas detectados en este deje de diagnóstico era que “existen dificultades para identificar grandes espacios donde intervenir con nuevos programas y proyectos que superen la escala parcelaria para asumir una verdadera escala urbana”. Frente a este problema se proponía una línea de acción, identificada como “grandes intervenciones de urbanismo (obras públicas y privadas)”. Dos de los puntos de esta línea de acción consistían en el llamado a concurso nacional de ideas para la refuncionalización del área del viejo hospital y el llamado a concurso de proyecto para la remodelación del Mercado Municipal.
- Definir la localización de la Terminal : en el marco de un programa de ordenamiento del tránsito y el transporte. Adelanto mi opinión favorable a mantener la actual localización, por su centralidad y su vinculación con vías jerarquizadas de penetración.
- Definir el uso a asignar al edificio del ex hotel de la Terminal : deben evaluarse detenidamente las diferentes alternativas posibles, sopesando sus ventajas y desventajas. Una alternativa podría ser destinar el edificio a albergar un centro administrativo para oficinas públicas provinciales y municipales. Esta iniciativa permitiría iniciar un proceso de descentralización de la burocracia municipal, acercando los trámites al vecino, y a su vez descongestionar el área del micro centro.
- Definir el destino del Mercado 3 de Febrero: con las mismas consignas que en el caso anterior. Una alternativa podría ser configurar un centro comercial y cultural jerarquizado, descartando cualquier tipo de salas de juegos de azar.
- Definir la localización de un complejo turístico y hotelero: una alternativa posible podría ser parte del predio del viejo hospital. Esta localización tiene muchas ventajas con respecto a la de la Terminal. En principio, parece ilógico plantear un eje turístico en sentido Este Oeste, entre de dos polos como podrían ser el centro de la ciudad con el complejo del mercado y el predio de la actual Terminal. Las vías que comunican estos polos carecen de atractivos paisajísticos e históricos y no son canales aptos para el tránsito peatonal. Parece mucho más atinado plantear un eje turístico y por ende comercial en sentido Norte Sur, entre dos polos que podrían ser el Balneario Itapé y la Defensa Sur (y el día de mañana quizás una costanera que llegue hasta frente a Santa Cándida) y el Parque de la Ciudad y el terreno del viejo autódromo al Norte, pasando por el centro de la ciudad y el predio del viejo hospital. Este eje Norte Sur sí tiene atractivos naturales y concentra la mayor parte del patrimonio histórico de la ciudad. Un complejo hotelero y gastronómico en el predio del viejo hospital podría revitalizar toda esa zona, de enorme valor paisajístico, y podría dotar a la ciudad de equipamiento del que carece para promocionar el turismo de eventos todo el año, por ejemplo con un centro de convenciones, anfiteatro para espectáculos al aire libre, etc.
- Definir los programas de necesidades y las pautas urbanísticas de las intervenciones: priorizando los verdaderos intereses de los uruguayenses y alentando un urbanismo integrador y abierto, democrático e inclusivo, que jerarquice y rescate el espacio público como ámbito de encuentro y socialización, en resguardo del derecho a la ciudad para todos sus habitantes.
- Convocar a concursos nacionales de proyectos para seleccionar las mejores alternativas de diseño: sobre las bases de los programas de necesidades y las pautas urbanísticas definidas previamente. Puede utilizarse a este efecto un convenio suscripto con el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Entre Ríos.
- Convocar a licitación pública para otorgar las concesiones correspondientes: sobre la base de los proyectos seleccionados por concurso, garantizando la competencia y la transparencia del proceso y desechando en todos los casos la transferencia de la propiedad del suelo público.
Uruguayenses, tengamos un poco de dignidad y de respeto por nuestra propia historia. Defendamos lo nuestro. No seamos víctimas de planes ajenos. Tengamos nuestros propios planes. Y llevémoslos a la práctica.
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