Hace 4 días
domingo, 24 de marzo de 2013
El radicalismo uruguayense recordó el 24 de Marzo
El radicalismo de Concepción del Uruguay recordó un nuevo aniversario del 24 de marzo de 1976 con un acto que se desarrolló en torno al Monumento a Raúl Alfonsín en la Plaza Ramírez.
Tras las palabras del Presidente del Comité de Municipio de la UCR, Héctor "Cacho" Rodríguez, se dirigieron a los presentes Ezequiel González, Presidente del Comité Departamental de la Juventud Radical, y Julio Tomás Aguirre.
El acto culminó con la interpretación de temas musicales a cargo de Carla Percara.
A continuación, el texto completo el discurso de Ezequiel González:
"Hoy estamos reunidos para recordar los 37 años desde el inicio del golpe de estado más sangriento de nuestro país. Ultimo, gracias al compromiso de las personas que dejaron hasta su vida por permanecer así, para que el gobierno sea puesto por la elección popular y no por la decisión de un grupo de personas.
Estamos delante del busto de Raúl Alfonsín porque él fue una de las personas más significativas de esta lucha por la democracia y el respeto a las instituciones. Raúl, fue el único presidente en las elecciones del ’83 que nos garantizaba con coraje, con valor, enviar a los principales responsables de los asesinatos, torturas, violaciones y desapariciones, no sólo del gobierno militar, culpable de 30 mil desaparecidos y muchas más muertes, sino también de todos aquellos que levantando la falsa bandera de la “libertad” asesinaban a personas inocentes. También fue el responsable de crear la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), comisión que no integro el peronismo por buscar la amnistía con los represores y guerrilleros. Alfonsín tuvo que soportar intentos de asesinatos y golpes de estados, paros generales organizados por grupos opositores y el boicot a su gobierno por los grupos económicos dominantes.
Pero Raúl Alfonsín, solo fue el principio, los militantes de la década del ’80, sólo nos mostraron el camino. Nosotros, como radicales, debemos seguir peleando y luchando por la defensa de los derechos humanos, esas banderas que levantamos con orgullo, la de la vida, la de la paz. Porque aun en democracia, correligionarios, ciudadanos de Concepción, tenemos que sufrir la desaparición de personas, realizadas por sectores económicos y políticos mafiosos que quieren callarnos y hacer que vivamos con miedo de salir a la calle a expresar lo que pensamos e impidiendo que vivamos tranquilos. Sobre todo, quiero hacer hincapié en el gobierno actual, cuyo discurso es a favor de los DDHH y solamente realizo el descuelgue del cuadro de un represor, y por mas que celebremos que hoy los están juzgando otra vez, no debemos olvidar que ellos fueron cómplices de su liberación en los ‘90 por que en este gobierno que supuestamente defiende a los ciudadanos y sus derechos, hemos enfrentado la desaparición de personas entre los cuales se encuentran Luciano Arruga, Julio López, María Cash y Fernanda Aguirre; este Gobierno ha encubierto asesinatos que apagaron la luz a ciudadanos militantes de diferentes fuerzas políticas, solo por pensar diferente, como el caso de Mariano Ferreyra, también es responsable del asesinato, persecución y represión a grupos nativos, que pelean para defender sus costumbres y para que las corporaciones no les arrebaten sus tierras; tenemos que nombrar también la desaparición día a día de mujeres y niños, victimas de la trata de personas, arrebato de su libertad por personas despreciables que buscan ganancias explotando sexualmente a los demás, como no podemos olvidar los miles de argentinos que todavía viven bajo los índices de indigencia, no podemos hacer la “vista gorda” ante esta situación, ellos tienen derecho a la vivienda digna, a la educación y salud publica, a poseer las herramientas para llevar el pan a su hogar, eso también son los derechos humanos.
Por eso mismo, hoy es responsabilidad de nosotros de que el “nunca mas” sea para siempre teniendo memoria para no olvidar, expresemos la verdad para entender y luchemos para que la justicia sea para todos los argentinos.-"
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lunes, 18 de marzo de 2013
La discriminación de la provincia de Entre Ríos en los Programas Federales de Vivienda (2003-2010)
Hasta el año 2003, los institutos provinciales de vivienda dependían fundamentalmente de los recursos del FONAVI para financiar conjuntos de viviendas de interés social en sus respectivos territorios. El FONAVI asigna fondos a las provincias de manera automática, en virtud de un porcentaje que le corresponde a cada una, y que quedó fijado en la ley respectiva. Estos coeficientes, creados mediante una resolución en 1988 y ratificados por la ley 24.462 en 1995, fueron elaborados tratando de reflejar los déficits de vivienda en cada jurisdicción y debían actualizarse periódicamente, cosa que nunca se ha hecho. Más allá de la opinión que pueda tenerse acerca de la justicia o la equidad con la que estos índices reparten el total entre las provincias, este sistema cuenta con dos ventajas muy importantes: En primer lugar otorga previsibilidad. Los institutos provinciales de vivienda saben que pueden planificar sus propios presupuestos en función del presupuesto nacional, teniendo en cuenta que les corresponde un porcentaje fijo del FONAVI, que se nutre a su vez del 42% del impuesto a los combustibles. Por otro lado, al ser transferencias automáticas, previstas en la ley, elimina toda posibilidad de discrecionalidad por parte del gobierno nacional y fortalece de esta manera el sistema federal, asegurando la autonomía de los estados provinciales.
Sin embargo, a partir de 2003, y con el loable propósito de reactivar los proyectos FONAVI paralizados, y como parte de una estrategia tendiente a crear empleo en la industria de la construcción, se crearon un conjunto de programas financiados por el tesoro nacional, generalmente denominados en su conjunto, programas federales de vivienda. Si bien tuvieron la virtud de derivar mayores recursos a la construcción de viviendas en todo el país – en momentos en que el crecimiento macroeconómico lo permitía - la ineficiencia en el gasto, la falta de una adecuada política de urbanismo y ordenamiento territorial, y las carencias de los institutos provinciales de vivienda para proveer terrenos bien localizados derivó en que, por un lado, los programas federales no tuvieran el impacto cualitativo esperado en la reducción del déficit habitacional, y por otro, en verdaderos desastres urbanísticos que han reforzado el crecimiento desordenado y caótico de las ciudades, han potenciado la segregación social urbana, y no han logrado dar respuesta efectiva a la demanda legítima de vivienda digna como un derecho para los sectores más desposeídos de nuestra sociedad. A esas cuestiones, los aspectos cuantitativos y cualitativos de la política de vivienda, nos hemos referido antes y volveremos a hacerlo en próximas columnas. En esta nos referiremos a otra cuestión, a la discrecionalidad del gobierno nacional en la distribución de los recursos de los programas federales, y a la injusta discriminación a la que se ven sometidas algunas provincias, centrándonos en la provincia de Entre Ríos. Como resulta lógico, el mecanismo de los programas federales tiene la contracara de las ventajas del sistema del FONAVI; no es previsible, y condena a las provincias a la absoluta discrecionalidad de la Casa Rosada, con la consiguiente pérdida de autonomía y sometimiento político. Se trata, como otros instrumentos de las políticas públicas, de una formidable herramienta de disciplinamiento político y castigo de gobernadores “díscolos”. Siendo así, algún observador desprevenido podría suponer que la Provincia de Entre Ríos, con un Gobernador que se esmera en ser el más obsecuente e incondicional seguidor de los dictados de la Sra. Presidente, tendría que ser una de las provincias más beneficiadas en el reparto de esos recursos. Lamentamos desilusionar a ese hipotético lector. Nada más alejado de la realidad. El “federalismo de los recursos” es una más de las patrañas oficialistas.
Veamos. Entre 2003 y 2010 se transfirieron a las provincias y la CABA un total de $13.266.100.674 por programas federales. En el mismo período las transferencias automáticas del FONAVI ascendieron a $7.951.236.884. Durante esos 8 años, el 62,52% del total de los recursos transferidos correspondió a programas federales. Entre Ríos recibió en el período analizado $ 379.928.791 por programas federales, el 2,86% del total. Debe tenerse en cuenta que este porcentaje es menor que el 3,90% que corresponde a la alícuota de Entre Ríos en el reparto del FONAVI. Si dividimos ese monto de dinero por los 1.235.994 habitantes que arrojó el Censo 2010 en nuestra provincia, obtendremos una inversión en 8 años de $ 307,39 / habitante, por debajo de la media nacional, $ 330,68 / habitante. Entre Ríos se encuentra en el 7º lugar en este ranking de las provincias que menos recursos recibieron por habitante, sólo superada por San Luis, Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes. Obsérvese que, salvo San Luis y Corrientes, se trata de los 4 distritos más poderosos y ricos del país, que cuentan con economías diversificadas y cuantiosos recursos propios. No es el caso, por supuesto, de Entre Ríos. En el otro extremo, el de las más favorecidas en este ranking de recursos por habitante, se encuentran, en primer lugar, como no podía ser de otra manera, Santa Cruz, con $ 2.306,86 / habitante, Tierra del Fuego, con $ 1.956,74 / hab. y La Pampa, con $ 1.500,78 / hab. Vale decir que los santacruceños recibieron casi 7 veces más que los entrerrianos y 8 veces más que los correntinos.
Se podrá argumentar que el índice de recursos por habitante no es el más adecuado para medir la equidad en estos casos, dado que un distrito grande puede tener un déficit habitacional relativamente bajo, y a la inversa, y que de lo que se trata es de revertir desequilibrios regionales y no perpetuar las diferencias que hoy existen entre distritos ricos y pobres. Es razonable. Tomemos entonces otro indicador, aquel que mide el monto de recursos transferidos en relación a la cantidad de viviendas deficitarias. Consideramos aquí vivienda deficitaria tanto aquella que es irrecuperable (y exige por lo tanto la construcción de una nueva) como aquella que es recuperable (y demanda por lo tanto mejoras y/o ampliaciones) como las que presentan hacinamiento crítico. (FUENTE: Fundación Apertura en base a cálculo del Ieral sobre datos de la EPH, y datos de población del Censo Nacional 2010). En este caso, para Entre Ríos nos da $ 3.118,49 / vivienda deficitaria. Entre Ríos se encuentra también en el 7º lugar en este ranking de las provincias que menos recursos recibieron por vivienda deficitaria, sólo superada por las 6 ya nombradas. En el otro extremo, las mismas 3, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa, con $66.434,99/vivienda deficitaria, $60.021,12/vivienda deficitaria y $47.601,02/vivienda deficitaria, respectivamente. En este caso, por cada vivienda deficitaria en Santa Cruz se transfirió 21 veces más que a Entre Ríos y a Corrientes.
Dado que las alícuotas del FONAVI tampoco reflejan con ecuanimidad razonable en todos los casos la incidencia del déficit habitacional y la capacidad económica propia de las provincias, puede complementarse este análisis sumando a los recursos de los programas federales los transferidos de manera automática del FONAVI, calculando los totales y vinculando estos montos con la cantidad de viviendas deficitarias al 2010. De esta manera, si a los $ 379.928.791 que recibió Entre Ríos por programas federales entre 2003 y 2010 le sumamos los $ 315.657.464 por transferencias automáticas del FONAVI en dicho período, obtendremos un total de $ 695.586.255. Si dividimos dicho monto por la cantidad total de viviendas deficitarias nos dará $ 5.709,44/vivienda deficitaria. En este caso, Entre Ríos se encuentra en el 5º lugar de las provincias que menos recursos recibieron por vivienda deficitaria, solo superada por las 4 grandes: Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y CABA. En este caso, en la sumatoria de programas federales + FONAVI, Corrientes y San Luis recibieron más que Entre Ríos dado que se encuentran relativamente beneficiadas con la alícuota del FONAVI: 4,95% para Corrientes y 3,65% para San Luis, frente al 3.9% de Entre Ríos. Como el lector se imaginará, también en este caso en el otro extremo de la tabla están, pero en este orden, Tierra del Fuego, Santa Cruz, y La Pampa, con $ 110.620,47/vivienda deficitaria, $ 93.093,63/vivienda deficitaria y $ 63.392,94/deficitaria. Vale decir que, en la sumatoria de programas federales + FONAVI, se transfirieron a Santa Cruz 16 veces más que a Entre Ríos por vivienda deficitaria. Se han utilizado datos oficiales de las auditorías del FONAVI disponibles en la web www.vivienda.gov.ar y de la Fundación Apertura http://www.fundacion-apertura.com.ar/documentos/trabajos_de_consultoria/archivos/informe%20habitat-o3.pdf .
El artículo 25 de la Constitución de Entre Ríos establece que “el Estado promueve las condiciones para hacer efectivo el derecho de todos los habitantes a una vivienda digna, con sus servicios conexos y el espacio necesario para el desarrollo humano, en especial destinado a los sectores de menores recursos. Planifica y ejecuta una política concertada con los municipios, comunas e instituciones que lo requieran, con el aporte solidario de los interesados”. Para hacerlo realidad, y no mera declamación, harán falta recursos, voluntad política, y planes serios. Sin un genuino federalismo fiscal será difícil encontrar recursos suficientes. No avancemos tranquilos. Es hora de reaccionar, de involucrarse y de comprometerse en pos de un futuro mejor.- Leer más...
jueves, 14 de marzo de 2013
AL GARETE
Concepción del Uruguay, una ciudad a la deriva…
Por
José Antonio Artusi
“Al garete” es un
término náutico que significa, dicho de una embarcación
sin gobierno, “ser llevada por el viento o la corriente”. La segunda acepción del diccionario de la
Real Academia española es “ir a la deriva, sin dirección o propósito fijo”, y
el tercero, “fracasar o malograrse”. Se
trata, lamentablemente, de una expresión que bien puede servir como metáfora de
la realidad de la ciudad de Concepción del Uruguay desde hace al menos un
cuarto de siglo. En efecto, desde hace años nuestra ciudad es “llevada por el
viento o la corriente”, léase por decisiones o por factores que no manejamos
los uruguayenses; marcha “a la deriva, sin dirección o propósito fijo”, léase
sin rumbo, sin un verdadero plan estratégico de desarrollo; y que “fracasa” en numerosos
sectores y ve “malograrse” buena parte de las iniciativas y anhelos de sus
ciudadanos. Las consecuencias están a la vista de todos.
De todos modos, como a la rana que la sumergen en agua tibia y la van calentando de a poco y no se da cuenta, a los uruguayenses nos pasa algo parecido; es como que nos hemos
acostumbrado a la decadencia y el atraso, hemos naturalizado ciertos problemas y
por lo tanto casi no los notamos, y no nos escandalizamos ni nos indignamos
ante su persistencia.
Algunos ejemplos: el deterioro y el descuido de los espacios y
edificios públicos, la pésima gestión de
los residuos sólidos domiciliarios, la falta de un adecuado servicio de agua
potable, la deficiente prestación de los desagües cloacales y la falta de su
tratamiento, la creciente inseguridad ciudadana, la epidemia de accidentes de
tránsito, el mal estado de las calles, la falta de cuidado del patrimonio
arquitectónico, el retroceso relativo en materia de turismo, el deterioro de
las playas y paseos públicos, el descuido del arbolado urbano, el creciente
déficit de viviendas y las inadecuadas respuestas que frente a él se ensayan
desde el Estado, la falta de promoción de inversiones productivas, la parálisis
del puerto y el ferrocarril, y la ineficiencia y burocratización, en el peor
sentido de la palabra, de la administración municipal, etc., son sólo algunas
de las cuestiones que muestran a las claras
que estamos “al garete”.
Esta situación no es nueva, viene de unos cuantos años atrás, pero
se ha venido agravando en los últimos tiempos. Desde 1987, las sucesivas
gestiones municipales, todas peronistas, más allá de las diferencias de nombres,
se han caracterizado por un conjunto de atributos comunes que explican este declinar
constante de la ciudad: falta de planificación efectiva del desarrollo local
(entendido el planeamiento como “el cálculo que precede y preside la acción”, y
no como meros planes-libros que nadie lee y menos ejecuta pues en esa materia
somos los campeones del mundo), improvisación permanente en la toma de
decisiones de políticas públicas, caprichos de los mandatarios de turno,
injerencia indebida de intereses privados (a menudo foráneos) en la definición
de las acciones de gobierno, amiguismo, falta de controles y rendición de
cuentas, falta de transparencia, participación ciudadana reducida a una
consigna estéril y demagógica, clientelismo, etc.. Por lo tanto, no sería justo
responsabilizar a la actual gestión, que lleva poco más de un año de ejercicio
del mandato, de todos estos males. Sin embargo, tampoco puede dejarse de
observar que, pasado ya más de un año, no sólo no se observan señales que
permitan abrigar un margen de esperanza, sino que, por el contrario, se verifican
algunas decisiones que auguran más de lo mismo.
Un par de ejemplos corroboran lo señalado. Luego del malhadado
intento de un grupo empresario foráneo, con el apoyo desembozado del entonces
Presidente Municipal y del Gobernador Urribari, de quedarse con el inmueble de
la Terminal y con la concesión del Mercado 3 de Febrero para instalar allí un
infame casino electrónico a cambio de una canallesca nueva terminal mal
localizada y peor diseñada, en lo que constituía un escandaloso negociado en
detrimento del patrimonio y del interés público, no le quedó más remedio al
actual Presidente Municipal que rescindir aquel vergonzoso contrato. Ese
lamentable experimento constituyó la constatación más evidente de que – como dijera
Mario Bunge – “quien no planifica es víctima de algún planificador”. Pero
resulta que ahora, a tenor de informaciones periodísticas que no han sido
desmentidas, el Departamento Ejecutivo Municipal estaría “negociando” con estos
empresarios en otros términos, supuestamente más ventajosos para el municipio,
pero siempre manteniendo el fabuloso negocio de las “maquinitas”, lo que
demuestra lo increíblemente audaz y perjudicial para los uruguayenses que era
la propuesta original. Nada debe negociarse con quienes han demostrado burlarse
de los uruguayenses y faltarnos el respeto a quienes supimos alguna vez, lejana
en el tiempo, ser orgullosos ciudadanos de la capital histórica de la
provincia. No necesitamos casinos privados ni trasladar la terminal, sí es imperioso mejorarla, pues hoy es un bochornoso criadero de plagas, la imagen más
contundente de la desidia municipal.
Lo más notable es que la propia administración municipal impulsó
durante 2010 la revisión del Plan Estratégico que databa de fines de los´90. En
Agosto de 2010 se publicó el Documento Principal del Plan Estratégico 2010 –
2025. Por diversas razones, no participé en esa instancia, pero debo reconocer
que, más allá de las bondades y déficits del proceso que le dio origen, el Plan
contiene un producto interesante, consistente en una Cartea de Ideas-Proyectos,
cuya elaboración “se llevó adelante considerando los objetivos de cada eje
estratégico y las opiniones de expertos
calificados del ámbito local y provincial”. Pues bien, en esa Cartera de
Ideas-Proyectos se hace una mención tangencial al posible traslado de la terminal,
pero no precisamente en la localización “planificada” por empresarios privados
sino en la intersección de la Avenida Uncal y las vías del ferrocarril
(Proyecto 60: Programa de nuevas centralidades urbanas). Obviamente, a ningún “experto
calificado” ni a ningún actor social de la comunidad local se le ocurrió
concebir la absurda idea de un casino electrónico privado en una ciudad que ya
cuenta con un casino administrado por el IAFAS.
El segundo ejemplo: el Concejo Deliberante acaba de aprobar una
ordenanza remitida por el DEM por la que se recategoriza el sector del ex
autódromo Mena, quitándole su condición de área verde para transformarlo en un
área residencial supuestamente destinada a construir viviendas en el marco de
un programa de “erradicación de villas”. No puede dejarse de señalar que el hecho
de que se utilice el término “erradicación de villas” y no urbanización u otro
similar, dice mucho acerca de la concepción del partido de gobierno sobre el
tema, más cercana a la manipulación clientelar y demagógica de las necesidades
de los desposeídos que de la promoción del derecho a la vivienda digna y el
derecho a la ciudad para todos. En definitiva, se sigue la lógica perversa de
los conjuntos de viviendas del IAPV de ubicarlos en áreas periféricas, carentes
de equipamiento e infraestructura, a menudo en condiciones de degradación
ambiental, constituyendo verdaderos ghettos que atentan contra la integración
social. En esta cuestión, el Plan Estratégico no sólo no dice nada de esta idea
traída de los pelos y carente de fundamentación técnica, sino que propone
alternativas sustancialmente diferentes, de las que nadie se acuerda.
Refresquemos entonces la memoria: el Proyecto 19 (Campus Universitario UCU)
prevé el “desarrollo del nuevo campus universitario de la UCU en el viejo
Circuito Mena (zona Parque de la Ciudad). Este desarrollo incluirá la
localización de las distintas facultades de la universidad, áreas deportivas,
biblioteca y espacios públicos”. Con respecto a la vivienda social, con buen
criterio, y para evitar los horrores urbanísticos perpetrados por el IAPV en
localizaciones periféricas e inadecuadas alejadas de todo, el Plan prevé varios
proyectos: el 2 (Regularización dominial en sectores vulnerables), el 4 (Programa
de Mejoramiento de Barrios), el 63 (Programa de vivienda local), el 64 (Banco
Municipal de Tierra), el 65 (Programa de crecimiento urbano controlado), el 66
(Urbanización terreno del ferrocarril), y el 70 (Relocalización Unidad Penal).
Nada o muy poco se ha hecho para avanzar en estas iniciativas, al menos que se
conozca públicamente. Lo mismo puede decirse del resto de los 95 proyectos del
Plan Estratégico.
Es hora de reaccionar. Para no seguir “al garete”…
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miércoles, 13 de marzo de 2013
martes, 12 de marzo de 2013
GRACIAS RAÚL
lunes, 11 de marzo de 2013
Estatizaciones con pocos beneficios sociales
Por Aldo Neri
El populismo latinoamericano, del cual es ejemplo nuestro país, tiene un discurso inspirado frecuentemente en el socialismo antiguo y, a la par, conductas que contradicen totalmente aquel noble antecedente. Racionalización, quizás, de su crudo pragmatismo de poder.
Y uno de los artilugios con que autoengaña su mala conciencia cuando es gobierno, es el recurso a la estatización de bienes y servicios: “¡estatizamos y ya está! , lo estatizado pasa a servir al pueblo y no a las conveniencias del mercado”. ¡Pero ojalá esta ingenuidad fuera cierta!
La ingrata realidad es que estatizar no implica necesariamente socializar, en el sentido de aporte al beneficio de las mayorías; contrariamente, puede castigarlas con daños distintos pero equivalentes a los peores que imprime el poder discriminador de la ganancia . Los argentinos recordamos no pocos ejemplos de empresas del Estado parasitadas por el sindicato y los empresarios contratistas, con desprecio del interés de sus rehenes usuarios. Y también recordamos cómo esta memoria legitimó, junto a la crisis económica, la privatización de muchas de ellas mediante el remate a precio de saldo que ejecutó el peronismo en los ‘90, tras haberlas estatizado cuarenta años antes. El mero crecimiento del Estado, de los bienes y servicios públicos, no es garantía de progreso para la comunidad a la que sirve. Puede ser grande y fofo, como dijera alguna vez Prebisch , reflexionando sobre Estados de nuestro continente. Como es el argentino, muy ampliado en estos años; y para tomar sólo un parámetro, recordemos que el empleo público crece entre 2007 y 2011 al 6.1% anual, en tanto el privado al 3.2%, y ello no sirvió para mejorar las funciones estatales ni sus carencias . Y aún queda afuera la fila de beneficiarios de programas sociales de subsidios, aspirantes a ingresar en los padrones del empleo público (porque la política redistributiva del gobierno pasa por esas transferencias, sin intervenir en la matriz de la desigualdad de nuestra sociedad), con la utilidad de ser una herramienta electoral en épocas de prosperidad fiscal, tal como resultaron los años recientes. ¿De qué Estado al servicio del pueblo estamos hablando cuando nos informan que desde el 2004 ocho de cada diez de los chicos que se incorporan a la enseñanza básica buscaron la escuela o el colegio privados y no los públicos? Y es el Estado que practica un federalismo retórico y a la par controla los recursos financieros como arbitrio de sometimiento político de provincias y municipios. Y el que subsidia a la producción automotriz para que cada familia de clase media tenga por lo menos un auto, al tiempo que millones de su bienamado pueblo pobre viaja hacinado todos los días en trenes suburbanos destartalados (eso sí, casi gratis). Y son también los estados de la Nación y de la CABA, peleados por mala política, los que duplican la policía e imponen al contribuyente los gastos suntuarios de la fiesta. Grande y fofo, en lugar de un estado social que redistribuye el ingreso y la riqueza a través del impuesto que pagan todos, pero más los que más tienen y ganan; a través del fomento del empleo genuino; de la seguridad social universal e igualitaria asentada en un derecho de ciudadanía, y disminuyendo paulatinamente los programas de subsidio focalizado, inevitablemente discrecionales; y lo hace también orientando el crédito y las inversiones hacia prioridades de utilidad mayoritaria, no a caprichos consumistas de los “satisfechos”, como los llamara Galbraith. Y en esa empresa, por cierto que hay instituciones y servicios que deben ser responsabilidad directa del Estado, pero sin olvidar que en muchas áreas es posible la “socialización” de la acción privada,mediante marcos regulatorios adecuados y garantías de participación ciudadana . No digo que la crisis del Estado sea toda culpa de la presidenta Cristina, o de su marido; sé que la cosa viene de lejos y que somos difíciles los argentinos. Pero acéptenme que ellosdesaprovecharon la oportunidad más formidable que tuvimos en el último siglo de intentar su reforma , en la salida de una crisis con las mejores condiciones económicas. Repechar la cuesta ahora será más peliagudo. Y la responsabilidad grande que le cabe a la Presidenta es crear un clima de confianza, sin el cual los cambios serán gestos mentirosos. Leer más...
El populismo latinoamericano, del cual es ejemplo nuestro país, tiene un discurso inspirado frecuentemente en el socialismo antiguo y, a la par, conductas que contradicen totalmente aquel noble antecedente. Racionalización, quizás, de su crudo pragmatismo de poder.
Y uno de los artilugios con que autoengaña su mala conciencia cuando es gobierno, es el recurso a la estatización de bienes y servicios: “¡estatizamos y ya está! , lo estatizado pasa a servir al pueblo y no a las conveniencias del mercado”. ¡Pero ojalá esta ingenuidad fuera cierta!
La ingrata realidad es que estatizar no implica necesariamente socializar, en el sentido de aporte al beneficio de las mayorías; contrariamente, puede castigarlas con daños distintos pero equivalentes a los peores que imprime el poder discriminador de la ganancia . Los argentinos recordamos no pocos ejemplos de empresas del Estado parasitadas por el sindicato y los empresarios contratistas, con desprecio del interés de sus rehenes usuarios. Y también recordamos cómo esta memoria legitimó, junto a la crisis económica, la privatización de muchas de ellas mediante el remate a precio de saldo que ejecutó el peronismo en los ‘90, tras haberlas estatizado cuarenta años antes. El mero crecimiento del Estado, de los bienes y servicios públicos, no es garantía de progreso para la comunidad a la que sirve. Puede ser grande y fofo, como dijera alguna vez Prebisch , reflexionando sobre Estados de nuestro continente. Como es el argentino, muy ampliado en estos años; y para tomar sólo un parámetro, recordemos que el empleo público crece entre 2007 y 2011 al 6.1% anual, en tanto el privado al 3.2%, y ello no sirvió para mejorar las funciones estatales ni sus carencias . Y aún queda afuera la fila de beneficiarios de programas sociales de subsidios, aspirantes a ingresar en los padrones del empleo público (porque la política redistributiva del gobierno pasa por esas transferencias, sin intervenir en la matriz de la desigualdad de nuestra sociedad), con la utilidad de ser una herramienta electoral en épocas de prosperidad fiscal, tal como resultaron los años recientes. ¿De qué Estado al servicio del pueblo estamos hablando cuando nos informan que desde el 2004 ocho de cada diez de los chicos que se incorporan a la enseñanza básica buscaron la escuela o el colegio privados y no los públicos? Y es el Estado que practica un federalismo retórico y a la par controla los recursos financieros como arbitrio de sometimiento político de provincias y municipios. Y el que subsidia a la producción automotriz para que cada familia de clase media tenga por lo menos un auto, al tiempo que millones de su bienamado pueblo pobre viaja hacinado todos los días en trenes suburbanos destartalados (eso sí, casi gratis). Y son también los estados de la Nación y de la CABA, peleados por mala política, los que duplican la policía e imponen al contribuyente los gastos suntuarios de la fiesta. Grande y fofo, en lugar de un estado social que redistribuye el ingreso y la riqueza a través del impuesto que pagan todos, pero más los que más tienen y ganan; a través del fomento del empleo genuino; de la seguridad social universal e igualitaria asentada en un derecho de ciudadanía, y disminuyendo paulatinamente los programas de subsidio focalizado, inevitablemente discrecionales; y lo hace también orientando el crédito y las inversiones hacia prioridades de utilidad mayoritaria, no a caprichos consumistas de los “satisfechos”, como los llamara Galbraith. Y en esa empresa, por cierto que hay instituciones y servicios que deben ser responsabilidad directa del Estado, pero sin olvidar que en muchas áreas es posible la “socialización” de la acción privada,mediante marcos regulatorios adecuados y garantías de participación ciudadana . No digo que la crisis del Estado sea toda culpa de la presidenta Cristina, o de su marido; sé que la cosa viene de lejos y que somos difíciles los argentinos. Pero acéptenme que ellosdesaprovecharon la oportunidad más formidable que tuvimos en el último siglo de intentar su reforma , en la salida de una crisis con las mejores condiciones económicas. Repechar la cuesta ahora será más peliagudo. Y la responsabilidad grande que le cabe a la Presidenta es crear un clima de confianza, sin el cual los cambios serán gestos mentirosos. Leer más...
EL GOBIERNO ENTRERRIANO NO PRIORIZA LA EDUCACIÓN
Por José Antonio Artusi
Tras una década de crecimiento sostenido de la economía y de aumento de la recaudación fiscal y las exportaciones, Entre Ríos es una de las provincias argentinas cuyos gobiernos son incapaces de garantizar un salario docente que permita el normal inicio del ciclo lectivo. Esta realidad incontrastable muestra a las claras, junto con los negativos índices que evidencian el deterioro de la calidad del sistema educativo, que para esta administración la educación pública dista de estar entre las verdaderas prioridades de su gestión, más allá de las palabras, las excusas y los relatos.
La educación pública, laica, gratuita y obligatoria, acorde a las exigencias del siglo XXI para todos los entrerrianos es un requisito indispensable para la consolidación del sistema democrático republicano y la construcción de una sociedad más justa, integrada y solidaria.
Ello por varias razones; de tipo político, porque es necesario "educar al soberano", o sea formar ciudadanos capaces de asumir responsablemente sus derechos y obligaciones cívicas; de tipo social, porque la escuela en nuestro país y sobre todo en nuestra provincia, fue un extraordinario instrumento de integración social, en el que nuestros abuelos, gringos y criollos, católicos y agnósticos, judíos y musulmanes, ricos y pobres, aprendieron a reconocerse como iguales y como compatriotas. Y de tipo económico, porque no hay sociedades desarrolladas sin un pueblo culto e instruido, que haga de la ciencia, la tecnología y el conocimiento la clave del crecimiento y la generación de riqueza.
Durante los últimos años, a pesar de haber resignado recursos de manera injustificable ante la Nación, en el marco de una crisis inédita del federalismo fiscal, el gobierno provincial ha dispuesto de fondos como nunca antes. Sin embargo, la falta de una planificación estratégica de la acción de gobierno, la definición incorrecta de prioridades, y el crecimiento del gasto superfluo e improductivo han impedido que se recupere de una manera razonable el poder adquisitivo del salario de los docentes, deteriorado por una inflación real que todos sabemos no es la que reflejan las estadísticas del INDEC. Esta crisis del sistema educativo en general se agrava porque afecta sobre todo a las escuelas estatales, produciendo una brecha perversa entre éstas y las de gestión privada. Se consolida de esta manera una cada vez más preocupante segmentación entre escuelas para pobres y escuelas para ricos. La inoperancia de la gestión pública la sufren más, como suele suceder en estos casos, los sectores más vulnerables y desposeídos de la sociedad.
En Enero de este año la recaudación propia de impuestos de la provincia de Entre Ríos aumentó un 43,8%, producto principalmente de la inflación y el aumento de la presión impositiva. La coparticipación federal de impuestos aumentó en la Región Centro en el primer bimestre un 30%. Sin embargo el gobierno ofrece de manera extorsiva a los docentes un porcentaje escalonado sustancialmente menor, que no compensa el efecto de la inflación en el poder adquisitivo del salario.
Recomponer el salario docente es un primer paso, necesario pero no suficiente. El gobierno no debe escatimar esfuerzos en pos de lograrlo, para poder dar después los demás pasos que nos lleven a un sistema educativo del que volvamos a sentirnos orgullosos.- Leer más...
Tras una década de crecimiento sostenido de la economía y de aumento de la recaudación fiscal y las exportaciones, Entre Ríos es una de las provincias argentinas cuyos gobiernos son incapaces de garantizar un salario docente que permita el normal inicio del ciclo lectivo. Esta realidad incontrastable muestra a las claras, junto con los negativos índices que evidencian el deterioro de la calidad del sistema educativo, que para esta administración la educación pública dista de estar entre las verdaderas prioridades de su gestión, más allá de las palabras, las excusas y los relatos.
La educación pública, laica, gratuita y obligatoria, acorde a las exigencias del siglo XXI para todos los entrerrianos es un requisito indispensable para la consolidación del sistema democrático republicano y la construcción de una sociedad más justa, integrada y solidaria.
Ello por varias razones; de tipo político, porque es necesario "educar al soberano", o sea formar ciudadanos capaces de asumir responsablemente sus derechos y obligaciones cívicas; de tipo social, porque la escuela en nuestro país y sobre todo en nuestra provincia, fue un extraordinario instrumento de integración social, en el que nuestros abuelos, gringos y criollos, católicos y agnósticos, judíos y musulmanes, ricos y pobres, aprendieron a reconocerse como iguales y como compatriotas. Y de tipo económico, porque no hay sociedades desarrolladas sin un pueblo culto e instruido, que haga de la ciencia, la tecnología y el conocimiento la clave del crecimiento y la generación de riqueza.
Durante los últimos años, a pesar de haber resignado recursos de manera injustificable ante la Nación, en el marco de una crisis inédita del federalismo fiscal, el gobierno provincial ha dispuesto de fondos como nunca antes. Sin embargo, la falta de una planificación estratégica de la acción de gobierno, la definición incorrecta de prioridades, y el crecimiento del gasto superfluo e improductivo han impedido que se recupere de una manera razonable el poder adquisitivo del salario de los docentes, deteriorado por una inflación real que todos sabemos no es la que reflejan las estadísticas del INDEC. Esta crisis del sistema educativo en general se agrava porque afecta sobre todo a las escuelas estatales, produciendo una brecha perversa entre éstas y las de gestión privada. Se consolida de esta manera una cada vez más preocupante segmentación entre escuelas para pobres y escuelas para ricos. La inoperancia de la gestión pública la sufren más, como suele suceder en estos casos, los sectores más vulnerables y desposeídos de la sociedad.
En Enero de este año la recaudación propia de impuestos de la provincia de Entre Ríos aumentó un 43,8%, producto principalmente de la inflación y el aumento de la presión impositiva. La coparticipación federal de impuestos aumentó en la Región Centro en el primer bimestre un 30%. Sin embargo el gobierno ofrece de manera extorsiva a los docentes un porcentaje escalonado sustancialmente menor, que no compensa el efecto de la inflación en el poder adquisitivo del salario.
Recomponer el salario docente es un primer paso, necesario pero no suficiente. El gobierno no debe escatimar esfuerzos en pos de lograrlo, para poder dar después los demás pasos que nos lleven a un sistema educativo del que volvamos a sentirnos orgullosos.- Leer más...
sábado, 9 de marzo de 2013
Los radicales hacemos justicia con la memoria
A 30 años de la recuperación de la democracia
Por Leandro Despouy
En 2013 se cumplen 30 años del triunfo de Raúl Alfonsín en las elecciones presidenciales y del retorno de la democracia en la Argentina. Desde ese momento el país ingresó en una de las experiencias de reconstrucción institucional y política más trascendentes de toda su historia y se enraizaron los cimientos que perduran y apuntalan la continuidad institucional hasta nuestros días. Fueron tantas las medidas que se adoptaron desde el inicio mismo de la transición que basta con recordar solo algunas de ellas para comprender la dimensión del proyecto político que encarnó Raúl Alfonsín y su vocación republicana. La creación de la CONADEP, la publicación del Nunca Más, el Juicio a la Juntas Militares, la incorporación de numerosos tratados y convenciones de derechos humanos a nuestra legislación interna, la igualación de las mujeres con los hombres en el ejercicio de la patria potestad y la equiparación en derechos de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales fueron un claro ejemplo de los aportes realizados por el gobierno radical en materia de derechos humanos durante el proceso de la transición democrática. Además, se restablecieron los derechos relacionados con la libertad de aprender y enseñar de estudiantes y docentes, se promovió eficazmente la integración regional, la paz y la vigencia de los derechos humanos en el mundo; se impulsaron planes nacionales de alimentación y alfabetización dirigidos a los sectores más desprotegidos junto al impulso del cooperativismo; se incentivó la participación política en todos los niveles y se respetó plenamente la libertad de expresión. Sin embargo, en la última década, una suerte de innoble y engañoso revisionismo histórico intenta imponer una narración sobre la construcción de la democracia y los derechos humanos basada en omisiones y tergiversaciones, que han desfigurado el papel trascendental del radicalismo en el nacimiento y vigencia de un Estado de derecho moderno. En realidad, la UCR fue el pilar fundamental en el proceso de transición y consolidación democrática en la Argentina y ese camino, con avances y retrocesos de todos los gobiernos que la sucedieron, ha sido sostenido por la sociedad hasta hoy. Por todo ello, resulta imperativo que el radicalismo a 30 años de la recuperación de la democracia desarrolle actividades constantes en todo el país en las que se jerarquice el rol que tuvo nuestra fuerza política desde su nacimiento y en particular en el proceso de transición y consolidación definitiva de la democracia en la Argentina.. No se trata de desconocer lo que han hecho otros gobiernos en la materia ni de ignorar la encomiable y valiente labor desarrollada por los organismos de derechos humanos, algunos creados con anterioridad al golpe de Estado, como la APDH, de la que Raúl Alfonsín fue uno de los fundadores, en 1975, cuando se luchaba contra la Triple A. La causa de los derechos humanos trasciende una visión retrospectiva del terrorismo de Estado. Cabe examinar la situación actual de los derechos humanos y de no omitir el estado de exclusión en el que se encuentran millones de argentinos que no tienen acceso al agua potable, a la salud, a la educación, a la vivienda digna; o que carecen de empleo. No se puede desconocer la postergación y el hostigamiento de los Pueblos Originarios, ni la situación de usuarios y consumidores víctimas de la corrupción; ni las consecuencias de los graves daños de la contaminación ambiental en el país. En síntesis, se trata de rescatar los hechos más significativos de la reconstrucción democrática y los aportes que ha hecho nuestro partido para su vigencia. Es necesario transmitir a la sociedad, sobre todo a los más jóvenes que no vivieron la experiencia democrática del 83, la tarea que realizó la UCR en el gobierno y de esa manera, además, hacer, justicia con la memoria. En un momento como el actual, repliquemos la exitosa experiencia que vivimos en 2008, cuando se conmemoraron 25 años del retorno de la democracia y durante el cual se desplegaron numerosas iniciativas en forma conjunta y coordinada entre los distintos actores de la vida partidaria. Ello permitió, entre otras cosas, rendir homenaje en vida al ex presidente Raúl Alfonsín y reposicionar al radicalismo a través de numerosos actos partidarios e institucionales que se realizaron a lo largo y ancho del país. Como entonces, sería oportuno constituir un ámbito de coordinación para conmemorar los 30 años de democracia, integrado por la Juventud Radical, la Franja Morada, la Organización de Trabajadores Radicales, las Mujeres Radicales por la Igualdad, los representantes partidarios en la FUA, el Comité y la Convención Nacional al igual que los Bloques de Diputados y Senadores Nacionales y otras personalidades y militantes de la vida partidaria. En este contexto, algunos de los hechos más importantes que deberíamos tener en cuenta a lo largo de este año y que pueden servir de base para reivindicar la labor que ha desarrollado nuestro partido, son los siguientes: Mañana, 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y en el contexto de las conmemoraciones que organizará el Comité Nacional y la Comisión de la Mujer de la UCR sería una buena oportunidad para reivindicar el rol trascendente que tuvo el gobierno de Raúl Alfonsín para equiparar los derechos de las mujeres con los de los hombres en el ejercicio de la patria potestad. Las reformas promovidas por el gobierno radical en el Código Civil se ajustaban al nuevo tiempo inaugural de la democracia, extendiéndola al seno mismo de la vida familiar y otorgando a la mujer los mismos derechos que al hombre para decidir sobre la vida y destino de sus hijos. Durante este periodo se avanzó, además, en la equiparación de los derechos de los niños, otorgándoles los mismos derechos a los hijos matrimoniales y extramatrimoniales. El próximo 24 de marzo se cumple un nuevo aniversario del golpe de estado de 1976 y es importante que la UCR ocupe las calles del país, reivindicando la presencia que tuvo nuestro partido en la lucha contra la dictadura cuando condenaba la represión, la violación de los DDHH y reclamaba pacíficamente el retorno de la democracia. Una presencia masiva de militantes en las marchas y movilizaciones de repudio a aquel golpe de Estado se corresponde con el aval y el peso histórico de la UCR en la causa de los derechos humanos y con la voluntad política de avanzar en consensos básicos y acciones comunes con otras fuerzas políticas y sociales en la perspectiva de encarar con éxito los importantes desafíos que tenemos los argentinos en el siglo XXI. Asimismo, es importante tener presente que el próximo 10 de diciembre se cumplirán 30 años del histórico día en el que Raúl Alfonsín asumió como presidente de los argentinos y anunció al pueblo, desde el balcón del Cabildo, que se iniciaban “100 años de democracia en la Argentina”. Esas expresiones, realizadas hace 30 años, en momentos en que comenzábamos a dejar atrás la etapa mas trágica de nuestra historia, sonaban utópicas, pero venían acompañadas del peso simbólico de la fecha elegida por Alfonsín para asumir su mandato un 10 de diciembre en coincidencia con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por las Naciones Unidas. Dado que este año tendrán lugar las elecciones legislativas nacionales, provinciales y municipales, el mejor homenaje que le podemos hacer a Raúl Alfonsín, a nuestro partido y a la Democracia es trabajar duramente pensando en el futuro y teniendo bien presente lo más rico y genuino de nuestra historia, porque ello permitirá recuperar la credibilidad de la ciudadanía en la capacidad de la UCR para responder a las necesidades crecientes de nuestro pueblo, avanzar en la senda del progreso y profundizar la democracia social en la Argentina.
Buenos Aires, 7 de marzo de 2013 Leer más...
Por Leandro Despouy
En 2013 se cumplen 30 años del triunfo de Raúl Alfonsín en las elecciones presidenciales y del retorno de la democracia en la Argentina. Desde ese momento el país ingresó en una de las experiencias de reconstrucción institucional y política más trascendentes de toda su historia y se enraizaron los cimientos que perduran y apuntalan la continuidad institucional hasta nuestros días. Fueron tantas las medidas que se adoptaron desde el inicio mismo de la transición que basta con recordar solo algunas de ellas para comprender la dimensión del proyecto político que encarnó Raúl Alfonsín y su vocación republicana. La creación de la CONADEP, la publicación del Nunca Más, el Juicio a la Juntas Militares, la incorporación de numerosos tratados y convenciones de derechos humanos a nuestra legislación interna, la igualación de las mujeres con los hombres en el ejercicio de la patria potestad y la equiparación en derechos de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales fueron un claro ejemplo de los aportes realizados por el gobierno radical en materia de derechos humanos durante el proceso de la transición democrática. Además, se restablecieron los derechos relacionados con la libertad de aprender y enseñar de estudiantes y docentes, se promovió eficazmente la integración regional, la paz y la vigencia de los derechos humanos en el mundo; se impulsaron planes nacionales de alimentación y alfabetización dirigidos a los sectores más desprotegidos junto al impulso del cooperativismo; se incentivó la participación política en todos los niveles y se respetó plenamente la libertad de expresión. Sin embargo, en la última década, una suerte de innoble y engañoso revisionismo histórico intenta imponer una narración sobre la construcción de la democracia y los derechos humanos basada en omisiones y tergiversaciones, que han desfigurado el papel trascendental del radicalismo en el nacimiento y vigencia de un Estado de derecho moderno. En realidad, la UCR fue el pilar fundamental en el proceso de transición y consolidación democrática en la Argentina y ese camino, con avances y retrocesos de todos los gobiernos que la sucedieron, ha sido sostenido por la sociedad hasta hoy. Por todo ello, resulta imperativo que el radicalismo a 30 años de la recuperación de la democracia desarrolle actividades constantes en todo el país en las que se jerarquice el rol que tuvo nuestra fuerza política desde su nacimiento y en particular en el proceso de transición y consolidación definitiva de la democracia en la Argentina.. No se trata de desconocer lo que han hecho otros gobiernos en la materia ni de ignorar la encomiable y valiente labor desarrollada por los organismos de derechos humanos, algunos creados con anterioridad al golpe de Estado, como la APDH, de la que Raúl Alfonsín fue uno de los fundadores, en 1975, cuando se luchaba contra la Triple A. La causa de los derechos humanos trasciende una visión retrospectiva del terrorismo de Estado. Cabe examinar la situación actual de los derechos humanos y de no omitir el estado de exclusión en el que se encuentran millones de argentinos que no tienen acceso al agua potable, a la salud, a la educación, a la vivienda digna; o que carecen de empleo. No se puede desconocer la postergación y el hostigamiento de los Pueblos Originarios, ni la situación de usuarios y consumidores víctimas de la corrupción; ni las consecuencias de los graves daños de la contaminación ambiental en el país. En síntesis, se trata de rescatar los hechos más significativos de la reconstrucción democrática y los aportes que ha hecho nuestro partido para su vigencia. Es necesario transmitir a la sociedad, sobre todo a los más jóvenes que no vivieron la experiencia democrática del 83, la tarea que realizó la UCR en el gobierno y de esa manera, además, hacer, justicia con la memoria. En un momento como el actual, repliquemos la exitosa experiencia que vivimos en 2008, cuando se conmemoraron 25 años del retorno de la democracia y durante el cual se desplegaron numerosas iniciativas en forma conjunta y coordinada entre los distintos actores de la vida partidaria. Ello permitió, entre otras cosas, rendir homenaje en vida al ex presidente Raúl Alfonsín y reposicionar al radicalismo a través de numerosos actos partidarios e institucionales que se realizaron a lo largo y ancho del país. Como entonces, sería oportuno constituir un ámbito de coordinación para conmemorar los 30 años de democracia, integrado por la Juventud Radical, la Franja Morada, la Organización de Trabajadores Radicales, las Mujeres Radicales por la Igualdad, los representantes partidarios en la FUA, el Comité y la Convención Nacional al igual que los Bloques de Diputados y Senadores Nacionales y otras personalidades y militantes de la vida partidaria. En este contexto, algunos de los hechos más importantes que deberíamos tener en cuenta a lo largo de este año y que pueden servir de base para reivindicar la labor que ha desarrollado nuestro partido, son los siguientes: Mañana, 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y en el contexto de las conmemoraciones que organizará el Comité Nacional y la Comisión de la Mujer de la UCR sería una buena oportunidad para reivindicar el rol trascendente que tuvo el gobierno de Raúl Alfonsín para equiparar los derechos de las mujeres con los de los hombres en el ejercicio de la patria potestad. Las reformas promovidas por el gobierno radical en el Código Civil se ajustaban al nuevo tiempo inaugural de la democracia, extendiéndola al seno mismo de la vida familiar y otorgando a la mujer los mismos derechos que al hombre para decidir sobre la vida y destino de sus hijos. Durante este periodo se avanzó, además, en la equiparación de los derechos de los niños, otorgándoles los mismos derechos a los hijos matrimoniales y extramatrimoniales. El próximo 24 de marzo se cumple un nuevo aniversario del golpe de estado de 1976 y es importante que la UCR ocupe las calles del país, reivindicando la presencia que tuvo nuestro partido en la lucha contra la dictadura cuando condenaba la represión, la violación de los DDHH y reclamaba pacíficamente el retorno de la democracia. Una presencia masiva de militantes en las marchas y movilizaciones de repudio a aquel golpe de Estado se corresponde con el aval y el peso histórico de la UCR en la causa de los derechos humanos y con la voluntad política de avanzar en consensos básicos y acciones comunes con otras fuerzas políticas y sociales en la perspectiva de encarar con éxito los importantes desafíos que tenemos los argentinos en el siglo XXI. Asimismo, es importante tener presente que el próximo 10 de diciembre se cumplirán 30 años del histórico día en el que Raúl Alfonsín asumió como presidente de los argentinos y anunció al pueblo, desde el balcón del Cabildo, que se iniciaban “100 años de democracia en la Argentina”. Esas expresiones, realizadas hace 30 años, en momentos en que comenzábamos a dejar atrás la etapa mas trágica de nuestra historia, sonaban utópicas, pero venían acompañadas del peso simbólico de la fecha elegida por Alfonsín para asumir su mandato un 10 de diciembre en coincidencia con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por las Naciones Unidas. Dado que este año tendrán lugar las elecciones legislativas nacionales, provinciales y municipales, el mejor homenaje que le podemos hacer a Raúl Alfonsín, a nuestro partido y a la Democracia es trabajar duramente pensando en el futuro y teniendo bien presente lo más rico y genuino de nuestra historia, porque ello permitirá recuperar la credibilidad de la ciudadanía en la capacidad de la UCR para responder a las necesidades crecientes de nuestro pueblo, avanzar en la senda del progreso y profundizar la democracia social en la Argentina.
Buenos Aires, 7 de marzo de 2013 Leer más...
miércoles, 6 de marzo de 2013
EL SISTEMA ELECTRICO ARGENTINO
Documento del MORENO, Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora
EL ORIGEN DE LA CRISIS
No resulta novedoso proclamar que el sistema eléctrico de nuestro país está en una coyuntura crítica. Casi todos los técnicos del sector -con excepción de los responsables de algunas empresas y los funcionarios oficiales- aún con diagnósticos diversos, vienen denunciando el deterioro creciente del servicio, la difícil ecuación económica que afecta a las finanzas del Estado y de subsectores de la actividad, y las vacilaciones e incongruencias que caracterizan a las políticas aplicadas por las autoridades. Tampoco es novedad para los usuarios que sufren los cortes y las caídas de tensión en el suministro por lo que, particularmente este verano, sus manifestaciones de protesta han ido creciendo en intensidad. Hoy día no es un secreto para nadie que, si bien el deterioro se hizo evidente en la última década, las raíces de la crisis están en las reformas aplicadas en la década de los ´90. La generación y el transporte troncal de energía eléctrica fueron entonces librados al mercado, dejando de ser un servicio público. Dentro de la política global de privatización de las empresas del Estado, se desmembraron Agua y Energía Eléctrica, Hidronor, Segba; se vendieron -o se concesionó la explotación- de la gran mayoría de las plantas generadoras ; se fragmentó la distribución en el área metropolitana de Bs As y la operación de transporte en alta tensión; se multiplicaron las empresas pero se redujo drásticamente el personal, sobre todo técnico, y se eliminaron las escuelas de formación y capacitación; se privatizaron distribuidoras provinciales. La nueva normativa, que se iniciara con la sanción del Marco Regulatorio del sector -ley 24065-, fijó reglas de operación y comercialización que favorecieron a las empresas, las que hicieron grandes ganancias desde los primeros años de los ´90 ; la destrucción de la integración vertical dio origen a un esquema de no regular la generación y sí hacerlo con el transporte y la distribución, donde aumentos en la base se trasladaban hacia el consumidor final. En ese período la instalación de equipos de ciclo combinado y de turbinas de gas recompuso por algún tiempo la potencia disponible, pero luego no se invirtió en nuevas máquinas porque, en general, las empresas aplicaron las utilidades a operaciones financieras o las remitieron a sus casas matrices en el exterior. Se produjeron cambios en la propiedad de las empresas, que se fue concentrando, y hacia fines de los ´90, ya no operaba la tan especial ´libre competencia´ en la generación, ni la prohibición para una misma firma de poseer intereses simultáneamente en los distintos subsectores de generación, transporte y distribución. Tras años de crecimiento económico y aumento de la demanda de energía, la salida de la convertibilidad monetaria a principios del 2002 y la conmoción de la economía que generó, alteraron aún más el equilibrio del sector en su conjunto, por los reajustes irregulares en la asignación de costos y distribución de cargas impositivas entre los distintos sectores y en las tarifas. Así el marco regulatorio eléctrico, que fuera fijado en el marco de la convertibilidad, fue reglamentado y modificado innumerables veces, y también ignorado o violado en disposiciones y acuerdos con las empresas del sector. La falta de inversiones suficientes en el sector llevó a un deterioro progresivo del servicio, tanto en la potencia disponible como en la confiabilidad y calidad del suministro. Simultáneamente se iba produciendo la caída en la extracción de gas natural, mientras aumentaba su peso como principal fuente primaria en la generación eléctrica, sin olvidar que, desde mediados de los 90,´se intensificaron las exportaciones. LA ÚLTIMA DECADA En 2004, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) advirtió a las autoridades del área sobre la crisis que sobrevenía en el sector, y que involucraba al suministro de gas, cuya producción estaba cayendo . El Gobierno nacional elaboró entonces un Plan Energético 2004-2008 en el cual comprometía: la ejecución de diversas obras en generación, transporte y distribución; la aplicación de un plan de ahorro de energía; medidas de normalización de los mercados mayoristas de electricidad (MEM) y del gas (MEG); consolidación de acuerdos para importación de gas (con Bolivia), fueloil (con Venezuela) y energía eléctrica (con Brasil). En lo que concierne a la generación, hasta varios años después la potencia instalada creció mas lentamente que la demanda , a pesar de que se encararon -como obras principales por su potencia- la terminación de la central nuclear CNA II y la elevación de la cota de Yaciretá (la cota de 83m de Yaciretá se alcanzó en 2011, y CNA II no está aún operativa). En los últimos años se incorporaron centrales de turbogas y centrales de gas en boca de pozo y se convirtieron centrales en ciclos combinados. También hubo incorporación de autoproducción por parte de grandes empresas industriales y de extractoras de gas, que alimentan al Sistema Interconectado una vez satisfecho su consumo . Pero seguramente la peor medida adoptada en los últimos tiempos es el plan de Generación Distribuída, por el que se incorporan equipos móviles alimentados con fuel oil o gasoil-de pocos megawatt de potencia, bajo rendimiento, fuertes emisiones al ambiente- que se instalan en zonas o ciudades para cubrir el déficit de generación . La mayor parte de toda la potencia incorporada aumenta la dependencia del gas y los combustibles líquidos . Se han incorporado algunas obras hidroeléctricas menores, pero recién ahora se aprecian progresos en las gestiones sobre Garabí-Panambí (compartida con Brasil, en el río Uruguay), Los Blancos (en Mendoza) y las centrales Kirchner-Cepernic (río Santa Cruz), mientras se posterga Chihuido, en el río Neuquén. Sobre la central en el brazo Aña Cua -en Yaciretá- y sobre Corpus (también sobre el Paraná y compartida con Paraguay) parece haber solo declaraciones. En los últimos años se ha puesto en marcha el programa de expansión de energías renovables (GENREN): se han inaugurado varios parques eólicos (principalmente en Chubut, Santa Cruz, Buenos Aires) y hay muchos otros en proyecto, pero su contribución a la oferta global es todavía poco relevante; mucho menor aún es la de los generadores solares y con biocombustibles. Hoy día apenas se satisface la demanda de potencia, en particular la máxima de pico que, entre 2002 y 2012, aumentó más del 60%, llegando a 22.000 MW este año, mientras que la potencia incorporada, casi toda financiada por el Estado, sólo aumentó un 30% . Y casi nada se ha hecho para moderar la demanda; el plan de Uso Racional de la Energía Eléctrica (PUREE, en dos etapas, 2004 y 2005) solo consistió en aplicar premios y castigos al ahorro o aumento del consumo comercial y residencial con pautas muy discutibles e incomprensibles para la mayoría de los usuarios, lo que no produjo consecuencias significativas, lo mismo que incentivar el uso de lámparas de bajo consumo, o de limitar la iluminación pública. Luego el plan PRONUREE (Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía, decreto 140/2007) estableció muchas líneas de acción en el corto y mediano plazo y para muchos sectores del consumo, pero poco y nada de ello se implementó y los resultados fueron prácticamente nulos. En el transporte en alta tensión, dentro del Plan Federal de Transporte de ampliación del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y con el Fondo Fiduciario de Transporte Eléctrico Federal (FFTEF) se concretaron varias de las obras programadas: la 3ª. línea de Yaciretá y las interconexiones NOA-NEA, Choele Choel a Pto Madryn a Pico Truncado, Comahue-Cuyo y la línea “minera” La Rioja-Recreo. Menos se ha logrado en la distribución troncal (en 133kV y 220kV), gestionada a través de seis empresas, las Distros Troncales, con jurisdicción en distintas regiones o provincias, lo que en ocasiones dificulta los acuerdos sobre las obras y su financiación. La distribución en baja tensión es el subsector más sensible al malestar de los usuarios: los cortes y caídas de tensión en el suministro son originados en su mayor parte por las fallas en el equipamiento -subestaciones, cámaras, cables- y, de no ser así, igualmente la empresa distribuidora es responsable del correcto suministro de electricidad, por ser un servicio público y por estar fijado en los contratos originales Hoy día las protestas más frecuentes y virulentas de los usuarios de servicios públicos son generadas, principalmente en el AMBA, por las fallas del servicio eléctrico y las deficiencias en las reparaciones que, la mayoría de las veces, se deben al escaso personal dedicado, a su condición de tercerizados y su consecuente escasa experiencia profesional. Y este verano en el AMBA, ante los cortes, proliferan los grupos generadores portátiles en viviendas colectivas y pequeños comercios y talleres. La dispersión de empresas distribuidoras en todo el país, de larga historia, se vio agravada luego de las privatizaciones. En particular, la distribución en el área metropolitana (AMBA) y La Plata, que quedó a cargo de Edenor y Edesur, y de Edelap, respectivamente -partiendo de una situación precaria- se fue deteriorando aceleradamente ante el crecimiento del consumo, como resultado de la baja inversión. Fallas importantes en las obras (recordemos el incendio de la subestación de Edesur recién estrenada en 1999 y el prolongado apagón que le siguió) y en la prestación de los servicios de mantenimiento ante fallas, no fueron castigadas debidamente por el ente regulador (ENRE) . LA ECONOMIA DEL SECTOR La tendencia de las políticas del Gobierno Nacional ha sido en general, por un lado tratar de sostener la rentabilidad privada, principalmente en el mercado de generadores y transportistas; por otro en la última, tratar de no provocar rechazo de los usuarios hacia el Gobierno, evitando aumentos importantes de tarifas -o retrotrayéndolos-, sobre todo en el sector residencial. Políticas con objetivos similares se desarrollaron en el subsector eléctrico, y en el de los hidrocarburos, principal fuente primaria de la generación eléctrica. Y se han convertido en una pesada carga para el presupuesto nacional, amén de alentar a empresas del sector eléctrico a amenazar con abandonar el sector sino se las subsidia, cada vez más. A los costos en exceso originados en una estructura sectorial plagada de empresas innecesarias que no compiten, es innegable que aumentaron los costos. Para alentar mayor producción de gas se ha aumentado el precio que deben pagar las usinas eléctricas, pero la diferencia es subsidiada a través de Cammesa; también se subsidia la importación de electricidad y el fueloil -que algunas usinas consumen cuando se les restringe el gas- parte del cual también se importa, por falta de capacidad de refinación en el país . También han aumentado los costos laborales, como resultado de los ajustes de los salarios otorgados en el sector ante el proceso inflacionario. Paralelamente las tarifas al consumidor, se han ajustado de manera desigual; los consumidores industriales y comerciales han tenido aumentos mayores que los residenciales. Especialmente en el área de Buenos Aires y La Plata, hasta ahora, se habían contenido los aumentos a los usuarios residenciales; mayores tarifas de base, o el agregado de impuestos con diversas aplicaciones, o el castigo por aumento de consumo, fueron casi siempre rechazados enérgicamente por la mayoría de los usuarios. Lo mismo sucedió más tarde con la anulación de los subsidios -al consumo domiciliario de gas y electricidad- que se intentó en 2011, y luego se suspendió . Actualmente las distribuidoras del AMBA, Edesur y Edenor, se presentan en situación de alto endeudamiento , que las propias empresas y los técnicos y políticos que las apoyan atribuyen exclusivamente a que las tarifas pagadas por los usuarios del área metropolitana no cubren los crecientes costos. La diferencia con la situación en otras ciudades y zonas del país depende de las tarifas de otras distribuidoras -y también de las cargas impositivas- que fijan los gobiernos provinciales, considerando también la generación de unidades de su propiedad. . Para las finanzas públicas la importación de energía y los subsidios directos a las empresas del sector se ha convertido en un problema de primera magnitud. La importación de energéticos -en parte destinada a usinas eléctricas (el 45% del gasoil) y sin impuestos- ascendió en 2012 a 7383 millones de dólares. El gasoil, el gas natural licuado, el gas natural y el fueloil han ocupado el 2º, 3º, 5º y 6º lugar, respectivamente, en la lista de los productos importados. Los subsidios al sector eléctrico se estimaron en $17.000 millones en 2012. EL ULTIMO AÑO El año pasado, ante la difícil situación económica - con la pérdida del superávit fiscal y comercial- el Gobierno Nacional pareció adoptar cambios significativos en la política energética. La toma del control del 51% de YPF S.A. y la sanción de la ley 26741 de Soberanía Hidrocarburífera, anunciaban como objetivos el ejercicio de la soberanía en el sector, el aumento de la producción de gas y petróleo con vistas a la reconquista del autoabastecimiento, la recuperación por el Estado del control y de una mayor renta del sector. Pero pronto diversos hechos y declaraciones oficiales pusieron en la duda la orientación del cambio, principalmente la reafirmación del carácter de empresa mixta, la pertenencia del dominio jurisdiccional del subsuelo en manos de las provincias, el mantenimiento del objetivo exportador y la integración del directorio de YPF -con personas de orientación privatizadora y provincialista-, el diagnóstico sobre la responsabilidad de Repsol en la gestión de vaciamiento llevada a cabo en YPF y la ausencia de cargos legales a los responsables y la enunciación de la participación privada en proyectos importantes del sector. Luego el decreto 1277/12 que reglamentó la ley 26741, avanzó en la concepción soberanista, centralizando el control del sector, definiendo un plan de inversiones y designando una comisión de planificación y coordinación . Paralelamente, la nueva dirección de YPF presentaba su plan de trabajo en el corto y mediano plazo siguiendo los dictados de la ley, e inició conversaciones con distintas petroleras para lograr mayores inversiones en exploración y explotación . Por ahora la financiación de la expansión de YPF la sostienen prioritariamente los préstamos del ANSES y adelantos del Tesoro Nacional, y para acrecentar sus ingresos YPF ha aumentado el precio de las naftas y emitido títulos en el mercado de capitales. Nada se ha hecho tendiente a la transformación de los contratos de concesión vigentes en convenios de explotación, ni se ha avanzado en la realización de estudios de nivel e independientes destinados a la determinar el potencial hidrocarburífero del país, tanto en lo referido a las reservas convencionales como no convencionales y, en este último caso, sobre las consecuencias económicas, sociales y ambientales que podrían derivar de su eventual explotación.. Producir más gas es una de las prioridades que se fijó YPF; no obstante en el lapso transcurrido desde la asunción del nuevo directorio, la producción total del país, así como la propia- descendió, por lo que recientemente se creó un nuevo plan de incentivos, en remplazo del anterior “Gas Plus” que no logró aumentar la producción. Para mejorar las cuentas de la electricidad, asi como las de gas, se han creado cargos fijos en las facturas bimestrales -de montos crecientes con el consumo, de hasta $300- con el fin, se dice, de constituir un fondo para que las empresas inviertan en nuevas instalaciones; pero la experiencia no permite ser optimista sobre el proceder de las empresas . La situación de las distribuidoras de electricidad del AMBA es tan crítica que el Gobierno, a través de Cammesa que administra los subsidios, está ejerciendo un mayor control sobre las mismas . La Comisión de Planificación y Coordinación les ha pedido información detallada sobre los costos, y ha trascendido que se buscaría cambiar la estructura de precios marginales por otra de “costo plus” (precio=costo+ganancia razonable) como la que regulaba los precios de Segba antes de la privatización. QUÉ HACER En el MORENO creemos que las políticas aplicadas hoy no conducen a la recuperación de la soberanía energética que hará posible que la energía se convierta en un bien social en Argentina. Se mantiene una estructura de protección de los intereses de grandes monopolios: siguen rigiendo normas que mantienen estructuras de precios y un sistema de concesiones por largos períodos, obsoleto ya en casi todo el mundo. El ritmo y la orientación de las inversiones responden, no a las necesidades del país y de una política de integración regional, sino a los intereses y las estrategias globales de las grandes multinacionales, para captar la mayor parte de la renta energética y disponer libremente de ella . La gestión actual no responde cabalmente a una planificación global del sector energético que abarque todo el país, por las potestades de las distintas provincias y la dispersión de empresas. Además no existe una conducción unificada, porque distintos funcionarios -de YPF, la Secretaría de Energía, el Ministerio de Planificación, la Secretaría de Comercio Interior- interaccionan entre sí con grandes dificultades, ya que tienen visiones encontradas sobre las políticas a aplicar, o compiten por apoyos políticos. Para cambiar el rumbo se requiere un control integral del sector por parte del Estado Nacional, con una planificación global y una gestión unificada en grandes empresas estatales, con la colaboración de todas las provincias y el control de organismos oficiales autónomos con participación popular. En el MORENO sostenemos que se debe estatizar el 100% de YPF, renegociar o anular los contratos eliminando la figura de concesión, derogar la Ley Corta, reformar los marcos regulatorios de la electricidad y el gas, prohibir las exportaciones de petróleo y derivados, realizar una auditoría global de reservas convencionales y no convencionales, y un estudio profundo del impacto social y ambiental de las explotaciones. Pero para hacer posible este cambio de rumbo, debe existir la voluntad política de encararlo; si la hubiera, el pueblo lo apoyará, y será posible fijar nuevas reglas del juego y las empresas las aceptarán; la experiencia de las nacionalizaciones en Bolivia o en Ecuador, muestran que un gobierno genuinamente democrático y popular, tiene el poder para hacerlo. Buenos Aires, 5 de marzo de 2013 HUGO PALAMIDESSI GUSTAVO CALLEJA JOSE RIGANE Vicepresidente Vicepresidente Presidente (011)155 139 6800 (0221) 154 284 815 (0223) 155 331 970 HUGO RIZZUTO Vicepresidente Leer más...
sábado, 2 de marzo de 2013
La Corriente Arturo Illia se reunió en Villaguay
El primer tema abordado fue el análisis de lo ocurrido en el pasado Congreso Partidario, donde la Corriente obtuvo un contundente triunfo en las designaciones de los miembros de la Mesa del Congreso y en del Tribunal del Partido. En segundo lugar se informó sobre las presentaciones judiciales que está haciendo el Comité Provincia al respecto de los afiliados que han sido dados de baja del padrón radical por aparecer afiliados a otra fuerza política, con la falsificación de sus firmas. En tercer término se realizó la discusión política y se pusieron en común las distintas posiciones sobre la conveniencia de converger en un frente electoral o de participar como UCR en los próximos comicios legislativos. La Corriente Illia resolvió que en la próxima asamblea se decidirá la posición para llevar al Congreso Partidario de abril, en el que se deberá definir la posición del partido respecto a la política de alianzas.
Para finalizar se aprobó un documento político, que se transcribe a continuación:
Declaración política de la Corriente Arturo Illia
Para nosotros, radicales que estamos en la construcción de mejores estados de democracia, no hay nada más democrático que la transparencia en la gestión pública, cuando se ejerce el gobierno en representación de los intereses del pueblo. Nuestros diputados como mayor representación opositora en la legislatura provincial, han insistido en denunciar claramente los repetidos intentos del gobierno urribarrista por vivir en un permanente estado de excepción a la legislación que regula el funcionamiento del Estado. No creemos que la excepción a las reglamentaciones, sea el camino que nos afiance en el progreso, ya que en lugar de ofrecer reglas claras a todos, le otorga poder para beneficiar solo a los amigos que gobiernan en los distintos distritos, transformándolos en súbditos mendicantes. Respetamos y acompañamos la denuncia de los Intendentes, concejales, presidentes y vocales de Juntas de Gobierno que reclaman, mayor presupuesto para realizar las reformas y transformaciones en sus comunidades.
No entendemos como a pesar de haber gozado de la mayor curva de crecimiento de los últimos 50 años, el justicialismo en el gobierno no fue capaz o no quiso dejar sentadas las bases de un modelo coparticipativo que distribuyera los ingresos de manera transparente, basado en una política de estado sustentable y consensuada con las fuerza políticas. Es indispensable que la opinión pública tenga pleno conocimiento de la conducta política del gobernante, los vínculos políticos ocultos ya que sin esas condiciones, si juzgamos por los resultados, solamente resulta ser un mandadero de los poderosos. El estado republicano que heredamos de Urquiza, se hace pedazos cuando el gobernador, sus funcionarios, sus propios legisladores y ahora también los aliados, eligen la senda del contubernio, la política de los hechos consumados, la obediencia debida, o del simulacro democrático, basándose en su mayoría automática, quiere asfixiar cualquier intento de poner límite a su voluntad unitaria y neoliberal.
Advertimos a los entrerrianos, que de esta manera, se acentúan los rasgos autoritarios del gobierno. Frente a ello, los radicales vamos a redoblar esfuerzos y poner todas las fuerzas en construir poder político, en resaltar las buenas gestiones, en destacar conductas ejemplares despojadas de veleidades pasajeras, en llegar con nuestro mensaje de republica, constitución y progreso en paz y justicia.
VILLAGUAY MARZO 2 DE 2013 Leer más...
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